Sentencia 1997-08775 de junio 9 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Rad. 52001-23-31-000-1997-08775-01(19283)

Actor: Jaime Ernesto Enrique Estrella y Otros.

Demandado: Nación-Ministerio del Interior y Justicia; Ministerio de Defensa-Policía Nacional; Rama Judicial; Fiscalía General de la Nación

Ref.: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., nueve de junio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y la demandada, Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia del 24 de marzo de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.

1. Previo a resolver de fondo, debe señalarse que el recurso de apelación contra la sentencia, lo interpusieron la parte actora y una de las entidades demandadas, Fiscalía General de la Nación, por lo tanto, la Sala resolverá a partir de lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(1), es decir, abordará el asunto de acuerdo con las limitaciones que le impone la norma citada respecto de la condena impuesta a las entidades demandadas que no impugnaron la providencia de primera instancia.

2. Con fundamento en el acervo probatorio que obra en el proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

2.1. Conforme al proceso penal allegado al expediente y solicitado como prueba por la parte actora y las demandadas Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, el señor Harold Armando Calderón Torres y su padre fueron víctimas de un secuestro extorsivo, hecho en el fue asesinado (sic) este último; por tal razón, y como único sobreviviente y testigo directo de los hechos, el señor Calderón Torres fue llamado por la Fiscalía Regional de San Juan de Pasto para que reconociera, en los archivos fotográficos de la entidad, a los presuntos autores del delito (fls. 120 y 121, cdno. 1 del expediente penal).

2.2. La audiencia de reconocimiento fotográfico se realizó el 8 de febrero de 1995, en la cual el testigo identificó al señor Jaime Ernesto Enríquez Estrella, como alias “Juancho”, miembro de la banda de delincuentes que participó en el secuestro y homicidio de su padre.

En la referida diligencia se indicó:

“Me llamo Harold Armando Calderón Torres, tengo 29 años, soy arquitecto, natural y vecino de esta ciudad, sin parentesco para con los sindicados, soy hijo del señor José Calderón. Preguntado: ... sírvase dar de manera clara y detallada las características de las personas que el 31 de enero pasado secuestraron a Ud. (sic) y a su padre José Calderón y posteriormente asesinaron a este, secuestradores a quien Ud., los ha referenciado con los sobrenombres que les llamaban sus compañeros, esto es: “Juancho”, “el negro” y “el indio”, personas que lograron huir de la Policía? (sic) el día de su rescate? Contestó: … Juancho: De mediana estatura de 1.65 a 1.70 mts. de 30 a 37 años de edad, blanco, cabello liso, peinado a un lado bastante abundante, bigote poco poblado, cara un poquito ancha de un peso aproximado entre 65 a 70 kilos, era espaldón, no le alcancé a ver más. Acto seguido se pone a disposición del señor Harold Armando Calderón Torres, tres (3) álbumes fotográficos que de delincuentes clasificados por diferentes delitos, se llevan en el DAS seccional Nariño y Putumayo y se interroga nuevamente al señor Calderón así: Bajo el juramento que ha rendido, sírvase manifestar si entre las fotografías que le ponen de presente reconoce Ud., a las personas que el día 31 de enero pasado, en la variante Daza, lo secuestraron a Ud., y a su padre, a quien asesinaron posteriormente. (Luego de examinar los álbumes) Contestó: Señor fiscal, este es uno de ellos a quien lo llamaban Juancho, quien aparece aquí con el álbum con el nombre de Jaime Estrella identificado con C.C. Nº 73.352.261. La fiscalía deja constancia que el señor Harold Calderón se refiere a la persona que aparece en fotografía a color en la página 9ª de uno de los álbumes del DAS, reseñado dentro del grupo de extorsión y efectivamente con el nombre de Jaime Estrella, en la 3ª fila horizontal en la 2ª y 4ª columna...” (fls. 165 y 166, cdno. 1 del expediente penal).

2.3. Por lo anterior, el 9 de febrero de 1995, se libró orden de captura en contra de Jaime Ernesto Enríquez Estrella, sindicado de los delitos de secuestro extorsivo y homicidio (fl. 138, cdno. 1 del expediente penal). El 11 de febrero siguiente, fue detenido por miembros de la Sijín, según consta en el informe de novedades de la Policía Nacional, seccional Pasto (fl. 5, cdno. 3).

2.4. El 24 de febrero de 1995, se realizó una diligencia de reconocimiento en fila de personas, en la que se encontraba el detenido Jaime Ernesto Enríquez Estrella y el testigo principal de los hechos, Harold Armando Calderón Torres, no lo reconoció como “alias Juancho” ni como partícipe en los punibles.

Así se dejó consignado en el acta respectiva:

“... Acto seguido se hizo comparecer al procesado que va a ser objeto de la diligencia JAIME E/ (sic) ENRÍQUEZ ESTRELLA y se solicitó la presencia de seis (6) personas más, de similares condiciones físicas y con todos ellos se procedió a hacer una fila, advirtiéndole al sindicado que va a ser reconocido, que puede escoger el sitio que a bien tuviere dentro de la fila. El testigo se encuentra ubicado en un sitio desde donde no puede observar a las personas, ni aquellas pueden verlo. Seguidamente se interroga al testigo reconocedor así: PREGUNTADO: Sírvase hacer una descripción clara y precisa de las características de la persona que Ud., sindica como autora del delito que se investiga? CONTESTÓ: JUANCYO (sic) lo llamaban, de 1,65 a 1,70 Mts. de estatura, tez blanca más o menos de 70 kilos de peso, un poco pronunciado de pómulos, cejas grandes, pobladas, espaldón, nariz grande, boca un poquito ancha, bigote no (ilegible) sin barba, cabello abundante (ilegible) se coloca al testigo reconocedor en un punto desde donde puede observar la fila de personas y desde donde a él no pueden verlo y se lo interroga de la siguiente manera: PREGUNTADO: Sírvase manifestar bajo la gravedad del juramento que ha rendido si dentro de la fila de personas que está observando, se encuentra aquella a quien Ud., se refiere en su declaración rendida ante este despacho como la autora del delito que se investiga ... CONTESTÓ: Señor fiscal, la persona a quien me he referido en mi declaración, no se encuentra en la fila de personas que se me ha colocado. Se deja constancia que la fila de personas estuvo integrada por... EL SINDICADO JAIME ERNESTO ESTRELLA (sic)” (mayúsculas en original) (fl. 341, cdno. 1 del expediente penal).

2.5. El 27 de febrero de 1995, la fiscalía delegada ante los jueces regionales de Cali se abstuvo de decretar la medida de aseguramiento en contra de Jaime Ernesto Enríquez Estrella y canceló la orden de captura respectiva, en consideración a que en el proceso penal no existían pruebas suficientes que constituyeran indicios graves para inferir responsabilidad penal alguna.

2.6. El 16 de agosto de 1996, la fiscalía delegada ante los jueces regionales de Cali, declaró parcialmente cerrada la investigación penal en lo que se relacionaba al sindicado Jaime Ernesto Enríquez Estrella y el 13 de noviembre de 1996, precluyó la investigación en su contra, toda vez que no había “cometido intelectual ni materialmente” los hechos delictivos de los que se le acusaban (fls. 467 y 468, cdno. 2 del expediente penal).

2.7. En relación con la inocencia del demandante y la imposibilidad de que éste hubiere participado en el secuestro extorsivo y homicidio por los que se le vinculó penalmente, el señor Alfonso Huertas Zura, indicó, en declaración rendida ante el tribunal de primera instancia, lo siguiente:

“Sí o (sic) conosco (sic) al señor JAIME ENRÍQUEZ ESTRELLA, hace aproximadamente unos de (sic) 8 a 10 años, porque EL trabajó en el Departamento Administrativo de Seguridad como detective en esa institución. Yo también laboré en la misma institución y por esa razón nos conocíamos. Por hechos que desconozco el se desvinculó dela (sic) institución, pero constantemente nos encontrábamos en la ciidad (sic) y dialogábamos det (sic) temas varios. Respecto a la diligencia que se está adelantando acá, tengo entendido de que se trata de una demanda formulada por JAIME ENRÍQUEZ ESTRELLA en contra de unos agentes dela (sic) Policía por una detención arbitraria que a el le hicieron para el día de los hechos que si mal no estoy fue en el año de 1995, un día miércoles, no estoy seguro, yo me encontré con JAIME ENRÍQUEZ ESTRELLA en el Parque Nariño de la ciudad de Pasto, más exactamente en el negocio denominado EL PUNTO ROJO, donde tomamos gaseosa y charlamos por varios minutos, para esa fecha yo laboraba en el Departamento Administrativo de Seguridad como Jefe de la Unidad de Orden Público y tenía como dotación un radio de comunicación estando con JAIME en el lugar antes mencionado, escuché una comunicación por radio donde se informaba el secuestro del señor PEPE CALDERÓN y se solicitaba a las unidades que tenían radio dirigirse hasta las instalaciones dela (sic) seccional para salir con destino a la vía panamericana que desde Pasto conduce al Mpio (sic) de Chachagüí, de esta situación se enteró JAIME ENRÍQUEZ ESTRELLA por cuento (sic) escuché (sic) la comunicación por radio y fuera de eso le manifesté que tenía que dirigirme hasta la seccional con el fin de verificar la información del secuestro del Dr. JOSÉ CALDERÓN, nos despedimos y no volví a saber de JAIME sino cuando la esposa de EL, no recuero (sic) el nombre me manifestaba que JAIME se hallaba en la SIJÍN que estaba detenido y que si yo podía ir a esas instalaciones, le manifesté que no lo podía hacer, por cuanto desconocía en ese momento en ese momento las razones de detención y que además ellos eran entidades diferentes a la nuestra por lo tanto que consiguiera un abogado para que fuera y mirara a JAIME ESTRELLA en estas instalaciones. No recuerdo si pasaron 2 o 3 días, cuando me llegó una razón de JAIME ENRÍQUEZ ESTRELLA donde me manifestana (sic) que si yo podía testificar ante la Fiscalía Regional, ya que a él lo estaban acusando del secuestro del secuestro (sic) del Sr. JOSÉ CALDERÓN y que además que lo sindicaban que el era el jefe de la banda. Conciente (sic) que el día de esos hechos estuve con él, le manifesté que efectivamente yo podría testificar ante la fiscalía, fui citado por la Unidad Regional del Cuerpo Técnico de Investigación quien estaba adelantando el proceso donde efectivamente rendí mi testimonio de acuerdo a lo que a mí me constaba, que era que el día de los hechos en horas de la mañana si no estoy mal siendo aproximadamente las 10, JAIME ENRÍQUEZ ESTRELLA estuvo conmigo, no más.

“(...).

“PREGUNTA: Cuando Ud. escuchó por su radio la noticia del secuestro del Sr. CALDERÓN, éste acavaba (sic) de producirse? CONTESTÓ: Si, me informaban o informaban (sic) por radio de que acavaban (sic) de secuestrar al Sr. JOSÉ CALDERÓN y que los delincuentes o secuestradores se dirigían por la vía a Chachagüí y que por easa (sic) razón me trasladé hasta la Seccional con el fin de dar apoyo a los demás compañeros que estaan (sic) dispuestos a salir a esos lugares, cuando llegué a la Seccional ya había alido (sic) unos compañeros, no recuerdo quienes, y por tal razón me quedé laborando normalmente” (mayúsculas en original) (fls. 35 a 37, cdno. 2).

2.8. Respecto al maltrato físico que le propinaron a Jaime Ernesto Enríquez Estrella, los miembros de la Sijín cuando estaba detenido, el señor Byron Ovidio Ortega Guerrero, indicó:

“Me metieron otra vez en el calaboso (sic) donde yo había estado y a JAIME lo metieron a otro, como a las 9 y media de la noche, entró un civil y un uniformado hacia el calaboso (sic) donde estaba JAIME, lo sacaron esposado y después de 20 minutos escuché que gritaba, como si lo estuvieran torturando, después de una hora y media más o menos lo sacaron y lo llevaron arrastrado entre dos, JAIME iba inconsciente, eran civiles de la Sijín, lo llevaban arrastrado, lo metieron otra vez, luego regresaron ellos y se fueron. Al otro día en la mañana me tomaron una declaración y me entreraon (sic) la moto y me soltaron, antes de salir fui a ver a JAIME en el calaboso (sic), fui a despedirme cuando lo vi estaba acostado en un rincón y sin poderse mover, me mostró las muñecas y manos y estaban sangradas, me dijo: ‘ve como me hicieron’ y los tovillos (sic) estaba (sic) hinchados y no se podía parar, me salí y me fui a mi casa...” (mayúsculas en original) (fl. 41, cdno. 2).

Así mismo, el señor Luis Omar Guerrero Orbes, manifestó:

“... llegaron unos agentes con revólveres en mano y nos detuvieron, nos trasladaron al CARMEN, nos pidieron los papeles del carro y nosotros no los llevábamos y también nos acusaron de robo de vehículo que después se comprobó con los papeles que el vehículo era legal, cuando llegamos allí nos encontramos que el Sr. BYRON estaba detenido, en lasinstalaciones (sic) de El Carmen, los agentes nos insultaban y nos trataban mal con palabras soeces, como a las 7 a 8 dela (sic) noche nos traladaron (sic) al calaboso (sic), a mi hermano y a mí nos colocaron en una celda, al fondo, a BYRON lo colocaron a manos (sic) izquierda entrando al parqueadero y a JAIME al lado izquierdo en la parte trasera, a las 9 y media a 10 de la noche sentimos que corrieron el pasaron (sic) de la puerta de JAIME, miramos que lo llevaron a JAIME dos personas, uno uniformado y uno de vicil (sic), estaba esposado, nosotros oíamos murmullos, no muy claro, al cabo deuna (sic) hora más o menos, regresaron, venían tres viciles (sic) dos de ellos cargándolo a JAIME porque venía desmanejado (sic), atrastandolo (sic), lo dejaron en lacelda (sic) y nosotros oíamos que se quejaba, los quejidos eran bastante dolorosos, inclusive nosotros hicimos un llamado a los agentes para que lo vieran que qué era lo que sucedía, después deunos (sic) 45 minutos, le preguntamos que qué pasa, EL ya había reaccionado y nos confesó que estaba muy mal, que lo habían golpeado, le habían sajado el brazo izquierdo...” (mayúsculas en original) (fls. 42 y 43, cdno. 2).

Como consecuencia de los golpes propinados, el Instituto de Medicina Legal, seccional Pasto, le fijó al demandante una incapacidad médico legal de 7 días, así se indicó en el correspondiente informe:

“Refiere que hace tres días fue torturado por agentes de la SIJÍN.

“Examinado hoy a las 3:00 p.m. en primer reconocimiento médico legal, presenta escoriaciones (sic) leves en la cara posterior de las muñecas y en tobillo derecho.

“Lesiones causadas por elemento contundente.

“Con base en lo anterior, se fija una incapacidad médico legal definitiva de siete (7) días, sin secuelas” (mayúsculas en original) (fl. 6, cdno. 2).

2.8.(sic) En cuanto a la abrupta terminación de las relaciones laborales del demandante por su vinculación al proceso penal, el señor Santiago Vásquez Guerrero, señaló:

“Yo le vendía oro, alajas (sic) de oro para negocio, con bastante frecuencia, el era cliente mío que le vendía joyas al por mayor para negocio, ... ante esta situación que se le presentó yo no quise seguir teniendo negocios con éste señor” (mayúsculas en original) (fl. 38, cdno. 2).

Igualmente, el señor Luis Alfonso Pérez Granja, manifestó:

“...cierta vez el amigo JAIME ENRÍQUEZ me preguntaba a qué me dedicaba yo, a qué trabajo (sic), le contesté que tenía conocimiento deferretería (sic) y materiales eléctricos y de mis andanzas porque yo me fui desde pelado al norte y aprendí este trabajo, el me dijo que le gustaría trabajar conmigo y así lo hicimos, nos fijamos un capital de trabajo, el fue socio mío, y viajábamos para Cali, Armenia, Pereira, Medellín, llevaba yo materiales eléctricos que compraba yo en el Ecuador y de allá traigo materiales a Pasto, los cuales yo los vendo a las ferreterías, nos iba muy bien, buenos ingresos, todo fue así hasta el día que el había tenido (sic) un problema, una acusación por la Policía, me di cuenta por la prensa que había matado a don PEPE CALDERÓN, de allí que se vinieron (sic) esas cosas me desice (sic) de él, ya no siguió trabajando conmigo…” (mayúsculas en original) (fl. 44, cdno. 2).

Y el señor Juan Carlos Guerrero Enríquez, indicó:

“Conosco (sic) al señor JAIME ENRÍQUEZ ESTRELLA, comercialmente lo conocía en el año 92, en ese entonces tenía de propiedad un almacén llamado llamado (sic) Eléctrico Sony Mag, … el Sr. JAIME ENRÍQUEZ ESTRELLA se fue dando a conocer en mi almacén por un excelente cliente en compras de artículos eléctricos y ferretería, en el año 93 llegando a un nivel de carácter comercial que él iba a otras ciudades de Colombia y traía los artículos requeridos por mi empresa, tanto así que en muchas ocasiones le dada (sic) adelantos para que me suministrata (sic) mercancía. Uno de los vínculos también de la forma (sic) de conocerlo fue con el señor LUIS ALFONSO PÉREZ que viajaba en compañía de JAIME ENRÍQUEZ ESTRELLA tengo entendido a Guayaquil (Ecuador) y a Panamá a traer mercancía que yo les requería para el almacén. Estoy hablando de cuantías mayores de 5 millones de pesos, un promedio, esta a (sic) sido la forma hasta el año 95... Me enteré precisamente en el año 95 de febreropor (sic) medio del Diario del Sur y la radio en noticieros que el Dr. JAIME ENRÍQUEZ ESTRELLA había sido detenido por la justicia por haber participado en el secuestro y muerte del Sr. CALDERÓN que me almiró (sic) demasiado y a la vez no lo creía por las razones comerciales del Dr. JAIME ENRÍQUEZ de tres años que laboramos en el comercio sabía que el señor era una persona honesta, trabajadora y cumplidora de sus compromisos y me almiró (sic) mucho esta noeticia (sic). A raíz de esta noticia yo le cerré créditos y vinculación comercial a mi empresa por razones de cuidar mi dinero, porque no sabía si era verdad o no lo que habían comunicado en la radio y prensa...” (mayúsculas en original) (fls. 45 y 46, cdno. 2).

2.9. Respecto al daño ocasionado al demandante y a su familia, por la divulgación en los medios de comunicación de la noticia de su supuesta participación en los hechos delictivos, se allegó con la demanda el original de la primera página de un periódico local llamado “Diario del Sur”, en el cual se informa sobre la captura del secuestrador del industrial José Calderón, así:

“Golpe a la delincuencia.

“Cae secuestrador.

“La captura del sexto integrante de la banda de plagiarios que dio muerte al industrial José Calderón, fue producto de una efectiva labor de inteligencia.

“El viernes en la noche, en el sector de Los dos Puentes la Policía capturó a otro de los delincuentes de la banda que el pasado 31 de enero secuestró a José Calderón, asesinado por los delincuentes, y Harold Calderón, liberado por las autoridades.

“Como Jaime Ernesto Enríquez fue identificado el sujeto retenido, quien está sindicado de secuestro extorsivo y homicidio y quien, al parecer, forma parte de otras organizaciones delictivas que operan en el departamento de Nariño. El secuestrador se movilizaba en un vehículo marca Toyota de placa AN 9965 colores rojo y marfil y al momento de su captura estaba en compañía de otros dos sujetos quienes se encuentran, también, a órdenes de las autoridades para establecer sus posibles nexos con la banda.

“Sobre Enríquez Estrella pesa orden judicial emitida por la Fiscalía Regional de Pasto, es casado, de treinta años de edad y cursó estudios secundarios, con él son ya seis los delincuentes pertenecientes a la banda de plagiarios que el pasado dos de febrero se enfrentó a la Policía, lo que condujo a la liberación del ingeniero Harold Calderón y que además causó la muerte del dirigente campesino José Heriberto López.

“(...).

“El operativo durante el cual se dio captura al sujeto estuvo a cargo del jefe de la Sijín comando de departamento Policía Nariño, el cual fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento previo” (fls. 53 y 54, cdno. 1).

Igualmente, en el recorte de periódico allegado con la demanda, se encuentra la fotografía del demandante junto a un vehículo tipo campero, en donde se lee el siguiente texto:

“Tras una paciente labor de inteligencia, la Policía capturó a Jaime Ernesto Enríquez Estrella, sindicado de pertenecer a la banda de plagiarios que secuestró al industrial José Calderón y a su hijo Harold en hechos ocurridos el 31 de enero pasado que conmovieron a la ciudadanía nariñense” (fl. 54, cdno. 1).

En relación con la valoración de los recortes de prensa o periódicos que son allegados como prueba, es necesario reiterar que las noticias difundidas en medios escritos, verbales, o televisivos, en términos probatorios, en principio no dan fe de la ocurrencia de los hechos en ellos contenidos, sino simplemente, de la existencia de la noticia o de la información; por consiguiente, no es posible dar fuerza de convicción a dichos documentos, en cuanto se relacionan con la configuración del daño antijurídico y su imputación a la organización pública, en tanto que a partir de los mismos no se puede derivar certeza sobre el acaecimiento y las condiciones de tiempo, modo y lugar de los sucesos allí reseñados(2).

No obstante lo anterior, conviene precisar que en el caso concreto, el conjunto de documentos resultan apreciables en cuanto se relacionan con la vulneración al bien jurídico constitucional relacionado con el buen nombre, honra y honor del demandante Jaime Ernesto Enríquez Estrella, comoquiera que a partir de los recortes de periódicos aportados, se evidencia la publicación de una noticia en su contra que lo expuso a un escarnio público, situación que indudablemente genera una grave afectación a sus derechos fundamentales.

3. Ahora bien, se requiere efectuar una labor de sistematización jurisprudencial, en tratándose del régimen de responsabilidad patrimonial - extracontractual del Estado derivada de la administración de justicia, con base en las siguientes premisas:

3.1. Los artículos 66 a 69 de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de Administración de Justicia), contienen las hipótesis bajo las cuales el Estado puede resultar responsable, a causa de: i) privación injusta de la libertad, ii) error jurisdiccional, o iii) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

3.2. Identificado el supuesto de responsabilidad, se deberá determinar el título de imputación aplicable al caso concreto, bien a través de un sistema subjetivo de falla del servicio, o mediante uno de naturaleza objetivo.

3.3. En eventos de privación injusta de la libertad, se deben tener en cuenta algunos aspectos y parámetros que, en los últimos años, han sido trazados por la jurisprudencia de esta corporación, criterios que podrían catalogarse en los siguientes términos:

i) Las hipótesis establecidas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (D.L. 2700) mantienen vigencia para resolver, de manera objetiva, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones injustas de la libertad, en las cuales se haya arribado a cualquiera de las conclusiones a las que hace referencia la citada disposición, inclusive, con posterioridad a la Ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la corporación(3).

ii) Cuando se absuelva a la persona sindicada, en aplicación del in dubio pro reo(4)—strictu sensu—, de conformidad con los planteamientos contenidos en las sentencias proferidas en los procesos números 13.168 (2006)(5) y 15.463 (2007)(6), el juez de lo contencioso administrativo deberá constatar siempre, que el aparato jurisdiccional ordinario penal, sí haya aplicado efectivamente esa figura procesal penal que integra el derecho al debido proceso.

En otros términos, la responsabilidad de la administración pública derivada de la absolución o su equivalente, con apoyo en la máxima de que la “duda se resuelve a favor del procesado”, se analiza y aplica a través de un régimen objetivo, pero siempre y cuando se logre verificar, fehacientemente, que el juez penal al momento de evaluar el material probatorio —que por cierto necesariamente debe existir con pruebas tanto en contra como a favor del sindicado o acusado—(7), manejó una duda razonable que le impidió llegar a la plena certeza sobre la materialización y autoría de la conducta punible.

iii) La absolución o preclusión de la investigación que emana de falencias probatorias en la instrucción o juicio penal, traduciría en verdad una falla del servicio que no puede considerarse como una conclusión establecida a partir de la aplicación del mencionado principio del in dubio pro reo. Por consiguiente, en estos eventos, es necesario que la parte demandante en el proceso contencioso administrativo de reparación, demuestre, de manera clara, que la privación de la libertad se produjo a partir del error del funcionario, o del sistema, derivado éste de una ausencia probatoria que sustentara la detención preventiva.

No es que se sitúe, por capricho, a la persona en un grado mayor de exigencia probatoria, sino que en estos eventos en los cuales la decisión no se refiere a la aplicación del principio de la duda razonable —porque materialmente no hay incertidumbre, en tanto no hay medios probatorios en ninguno de los extremos de la relación procesal— o en los cuales la libertad se produce por la absolución o su equivalente en alguno de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, es necesario demostrar que la medida de aseguramiento fue arbitraria(8).

iv) Como se aprecia, en cada caso concreto de reparación por privación injusta de la libertad, corresponde determinar a las partes y al operador jurídico en qué supuesto se enmarcó dicha privación, a efectos de tener claridad sobre el título de imputación aplicable al asunto respectivo, comoquiera que no toda absolución, preclusión de la investigación, o cesación del procedimiento penal, se deriva de la aplicación del instrumento del in dubio pro reo, motivo por el cual, no siempre se deducirá la responsabilidad de la organización pública a través de un régimen de naturaleza objetiva.

v) En conclusión, cuando se atribuye la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, existen eventos precisos y específicos en los cuales la jurisprudencia —con fundamento en el principio iura novit curia—, ha aceptado la definición de la controversia a través de la aplicación de títulos de imputación de carácter objetivo, en los cuales, la conducta asumida por la administración pública no juega un papel determinante para la atribución del resultado. Por el contrario, las demás situaciones que desborden ese específico marco conceptual, deberán ser definidas y desatadas a partir de la verificación de una falla del servicio en cabeza del aparato estatal.

4. Trazado el anterior panorama, para la Sala es claro que el asunto sub examine, debe ser analizado desde la perspectiva del título de imputación objetivo, comoquiera que el supuesto fáctico que se debate, se enmarca en las puntuales hipótesis que dan lugar a resolver la controversia a partir de allí.

De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso de la referencia, se encuentra plenamente demostrado que el señor Jaime Ernesto Enríquez Estrella estuvo privado de la libertad durante el periodo comprendido entre el 11 y el 28 de febrero de 1995, como el presunto autor de los delitos de secuestro extorsivo y homicidio según el reconocimiento fotográfico realizado por el testigo principal de los hechos.

Así mismo, está probado que la investigación penal por los delitos mencionados se declaró parcialmente cerrada respecto del señor Enríquez Estrella, y con posterioridad se precluyó, con fundamento en que no cometió los hechos delictivos.

En este orden de ideas, es evidente la existencia de un daño antijurídico que el demandante no tenía la obligación jurídica de soportar, pues no existía razón alguna para la limitación de los derechos que le fueron afectados.

Si bien es cierto que en un Estado social de derecho los ciudadanos deben contribuir a la materialización de los objetivos trazados para la búsqueda de los fines comunes, y para ello es necesario, en algunos casos, que se tengan que someter a ciertas restricciones de derechos y garantías —entre ellas la libertad—(9), es claro que existen eventos concretos y determinadas circunstancias, que configuran la obligación objetiva de reparar los daños derivados de una privación considerada injusta(10).

Ahora bien, en el escrito de apelación, la Fiscalía General de la Nación, consideró que la restricción a la libertad de Jaime Ernesto Enríquez Estrella, fue justificada en razón a los elementos de juicio que obraban en el proceso penal, puesto que el reconocimiento fotográfico, realizado por el sobreviviente al secuestro, que lo señalaba como autor de los hechos delictivos era determinante y suficiente para privarlo de la libertad.

Para la Sala esta afirmación es discutible, si bien es cierto que la vinculación del demandante al proceso penal se fundamentó en una declaración válida realizada por un testigo legítimo para el caso investigado, no hay lugar a dudas que el señor Enríquez Estrella era inocente de los delitos que se le imputaban y por tal razón, no debió soportar la carga de una privación de la libertad que a todas luces fue injusta.

Adicionalmente, quedó establecido con los testimonios transcritos con anterioridad, que el afectado fue víctima de tortura en el curso de su detención, así lo afirmaron las personas que se encontraban en los calabozos de la Sijín quienes señalaron que fue golpeado y maltratado por las personas que lo tenían bajo su custodia.

Todo indica que la tortura arbitrariamente propinada al afectado, se dirigía a obtener su confesión en relación con el delito del que se le acusaba, sin embargo, para la fiscalía, esta circunstancia resulta irrelevante, a pesar de haber sido acreditada mediante un dictamen de medicina legal. Lo anterior pone en duda la supuesta solidez que la demandada señala respecto de la prueba que alega como eximente de responsabilidad por ausencia de imputación.

La preclusión de la investigación en favor de Jaime Ernesto Enríquez Estrella, es suficiente y torna en inequívoca la aplicación de la consecuencia jurídica de la privación de la libertad, consagrada en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal de 1991(11), comoquiera que frente a la materialización de cualquiera de esas hipótesis normativas, se debe calificar sin ambages la privación de la libertad como injusta(12).

Así las cosas, es incuestionable que en el presente caso, el título de imputación del daño debe ser el objetivo, conforme a la normatividad señalada, ya que se logró determinar, por parte de la justicia penal, que el sindicado no cometió el delito por el cual fue investigado.

Es importante resaltar, que la mencionada detención no sólo configuró, una violación al derecho a la libertad personal contenido en los artículos 13 y 28 de la Constitución Política, también se desconocieron derechos fundamentales al honor, el buen nombre y la honra(13), que están protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en consecuencia, es necesario definir y explicar los conceptos jurídicos correspondientes, para así determinar si existió vulneración alguna en el presente caso.

La doctrina, en relación con la delimitación jurídica del concepto del honor, ha señalado lo siguiente:

“En el lenguaje ordinario(14) ‘honor’ es la cualidad moral que nos lleva al cumplimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y de nosotros mismos, así como la ‘gloria o buena reputación’ que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas. De esta última acepción se puede extraer una definición de honor en sentido objetivo o trascendente, pero queda fuera de tal definición el aspecto inmanente o subjetivo. De ahí que no fuere de extrañar que las primeras definiciones de honor, dentro de la jurisprudencia, incidieran exclusivamente en el aspecto social del bien honor.

“Sin embargo, ese doble carácter objetivo y subjetivo, sí que puede inferirse de la palabra ‘honra’ definida, entre otras acepciones, como ‘estima y respeto de la dignidad propia’ (sentido subjetivo) y buena opinión y fama adquirida por la virtud y el mérito (sentido objetivo).

“La palabra ‘fama’ se define en un doble aspecto: como ‘opinión que las gentes tienen de una persona’, lo que conecta con la dimensión objetiva o social del honor, y como ‘opinión que la gente tiene de la excelencia de un sujeto en su profesión o arte’. Esta última significación nos lleva a la idea de ‘honor’ en el sentido de ‘reputación profesional’(15).

“Ya es clásica en nuestra doctrina la definición dada por de cupis, el cual define honor como ‘la dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona’(16).

“En esta definición, como en casi todas, se aprecia que el derecho al honor tiene un doble carácter, que ha sido recogido acertadamente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo: el carácter subjetivo o inmanente y el carácter objetivo o trascendente. El primero viene determinado por la estimación que cada persona tiene de sí mismo. Mientras que el segundo de ellos consistiría en la estimativa que los demás hacen de nuestra dignidad(17).

“Con la delimitación de ese doble carácter, inmanente y trascendente, se pretende señalar que los ataques al honor se desenvuelven tanto en el marco interno de la propia intimidad personal y familiar, como en el ambiente social o profesional en el que cada persona se mueve. Así pues, el honor es un derecho a no ser escarnecido o humillado ante uno mismo o ante los demás(18).

“Además, el derecho al honor, al igual que ocurre con el resto de derechos de la personalidad, tienen su fundamento en la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad...”(19).

De lo transcrito se puede establecer que el concepto de honor no sólo se refiere al ámbito interno, personal y familiar de un individuo, sino que también comprende lo externo, social y profesional de este, por lo tanto, cualquier vulneración o alteración a estos conceptos debe ser resarcida, toda vez que integran los derechos fundamentales del individuo.

“Si el honor es por tanto, un bien jurídico de primer orden —siquiera no sea superior al de la vida— habrá de pertenecer al mundo del derecho. Y en efecto, el honor mismo es un derecho, el derecho al honor. Derecho que emana de la dignidad de la persona humana, por lo cual lo tienen todos los hombres. Es un derecho que se adquiere por el nacimiento y que no se pierde nunca totalmente.

“(...).

“El honor forma con la vida, la libertad, la seguridad personal y la honestidad, los valores fundamentales del individuo ‘per se’, que vienen defendiendo inveteradamente todos los códigos del mundo. No es por tanto el honor una vana entelequia, sino una realidad del mundo de las cosas ideales o incorporales, y, si aún se quiere, de las espirituales. Es un concepto universal, el honor es el alma de la sociedad, cuyo cuerpo visible lo componen cuantos individuos lo habitan...”(20).

Ahora bien, en varias oportunidades la jurisprudencia nacional ha protegido los derechos a la honra(21) y al buen nombre(22) desde la perspectiva del carácter objetivo del derecho al honor(23), no obstante, comoquiera que todos estos conceptos hacen parte integral de los derechos de la personalidad y en atención a la condición inherente de valores fundamentales susceptibles de protección, se debe entender que integran un solo bien jurídico constitucional, por lo tanto, la vulneración por parte del Estado a alguno de estos derechos fundamentales debe ser indemnizado.

Analizando el caso concreto, se tiene que el señor Enríquez Estrella fue presentado por el periódico de la región como integrante de la banda de secuestradores de un importante comerciante del departamento de Nariño, así mismo se publicó su fotografía al momento de la captura en las instalaciones de la Policía Nacional. Igualmente, obran en el expediente varias declaraciones, trascritas con anterioridad, en las que se indica que como consecuencia de la información divulgada por los medios locales, las relaciones laborales del actor finalizaron abruptamente.

De lo anterior se concluye fácilmente que los derechos al buen nombre, honra y honor de Jaime Ernesto Enríquez Estrella, fueron seriamente quebrantados con la divulgación en el periódico regional de su supuesta participación en el secuestro y posterior asesinato de un reconocido comerciante de la región. Si bien es cierto que no es ilegal la divulgación de las investigaciones penales adelantadas por los órganos competentes en los medios de comunicación, salvo las excepciones de ley, sí se debe destacar que cuando la noticia hace aparecer al investigado como responsable de los hechos cuando hasta ahora se está adelantando el proceso correspondiente, se distorsiona el concepto público que se tiene del individuo afectando gravemente su imagen, prestigio y reputación, en contravía del respeto inherente a la dignidad de la persona(24).

Se observa con claridad meridiana la vulneración del bien jurídico constitucional del cual hacen parte los derechos fundamentales al honor, buen nombre y honra. En relación con la reparación de este perjuicio, la Sala ha aceptado que aún cuando, en principio, se debería hacer una rectificación por parte de quien informó erróneamente utilizando similares medios e igual difusión, esto sólo es efectivo si se realiza en un período inmediato o cercano a la divulgación de la noticia, de lo contrario, podría tener un efecto contraproducente, de allí que, en estos casos la condena a una suma de dinero es lo adecuado(25).

Aunado a lo anterior, es necesario precisar que conforme a lo acreditado en el proceso, el afectado fue víctima de maltrato físico durante su detención, configurándose así el delito de tortura(26), prohibido por la Constitución(27) y los tratados internacionales(28), ya que atenta gravemente contra la vida e integridad física de las personas.

Al respecto, la doctrina ha señalado lo siguiente:

“La idea de que el cuerpo, más que la inteligencia, era el asiento de la verdad perduró en Europa medieval, donde la tortura se aplicó regularmente en investigaciones religiosas y civiles. Encerrada en el cuerpo del testigo, no en sus palabras, la ‘verdad’ debía ser extraída mediante tortura...

“La noción de la verdad como algo impersonal, existente fuera de la mente humana, comenzó a desaparecer a causa del surgimiento del concepto ilustrado del individuo en el siglo XVIII. Después, la tortura fue sencillamente vista como un medio para alcanzar un fin: el que el testigo dijera la verdad que ocultaba en su mente. La tortura pasó gradualmente de los tribunales a los calabozos y a las cárceles clandestinas, donde ha permanecido desde entonces.

“Voltaire se pronunció contra la tortura, y Cesare Beccaria escribió en De los delitos y de las penas en 1764:

‘Ningún hombre puede ser juzgado criminal hasta que se le declare culpable…Si es culpable, debe sufrir únicamente el castigo ordenado por las leyes, y la tortura se vuelve ociosa, pues la confesión es innecesaria. ‘Si no es culpable, se torturaría a un inocente, porque, a ojos del derecho, ningún hombre cuyos crímenes no hayan sido probados es culpable’...”(29).

Y la Corte Constitucional se ha pronunciado categóricamente así:

“Ha recordado la Corte que el objetivo de prevenir y sancionar la tortura, se erige para los Estados y las sociedades democráticas en un imperativo ético y jurídico, en tanto dicha práctica contradice la condición esencial de dignidad del ser humano, su naturaleza y los derechos fundamentales que se predican inherentes a la misma, por lo que la misma está expresamente proscrita en el ordenamiento internacional.(30)

“Así se desprende claramente de, entre otros, i) el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos(31), ii) el artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(32), iii) el artículo 5.2. de la Convención Americana de Derechos Humanos(33), iv) el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre(34), v) el artículo 3º, común a los convenios de Ginebra, relativo a la protección contra la tortura en personas protegidas por el Derecho Internacional en caso de conflicto armado.

“La tortura ha sido en este sentido objeto de diversos instrumentos internacionales tendientes a prevenirla y sancionarla, dentro de los que cabe recordar particularmente i) la Declaración sobre la Protección de todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes(35); ii) la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes(36); iii) la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura(37); iv) el Estatuto de la Corte Penal Internacional(38)(39).

El Estado social de derecho se centra en la protección de la persona y en el respeto a la dignidad humana, de allí que, los derechos fundamentales adquieren una dimensión trascendental, y la defensa de la libertad, la seguridad, la integridad física y moral de los ciudadanos es fundamental.

“El hombre es un fin en sí mismo. Su dignidad depende de la posibilidad de autodeterminarse (C.N., art. 16). Las autoridades están precisamente instituidas para proteger a toda persona en su vida, entendida en un sentido amplio como “vida plena”. La integridad física, psíquica y espiritual, la salud, el mínimo de condiciones necesarias para la existencia digna, son elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la autorealización individual y social”(40).

“La dignidad humana y la solidaridad son principios fundantes del Estado social de derecho. Las situaciones lesivas de la dignidad de la persona repugnan al orden constitucional por ser contrarias a la idea de justicia que lo inspira. La reducción de la persona a mero objeto de una voluntad pública o particular (V. gr. esclavitud, servidumbre, destierro), los tratos crueles inhumanos o degradantes (C.N., art. 12) son conductas que desconocen la dignidad humana...”(41).

Así las cosas, comoquiera que está debidamente probado que al señor Jaime Ernesto Enríquez Estrella le infligieron tratos físicos denigrantes que llegaron al extremo de ocasionarle una incapacidad de 7 días, no hay lugar a dudas que sus derechos fundamentales fueron gravemente vulnerados, su vida, integridad y dignidad estuvieron en peligro, y comoquiera que el Estado tiene el deber de garantizar la protección de sus ciudadanos bajo unas condiciones mínimas de orden material, este tipo de conductas, como la que se configuró en el asunto sub examine, deben ser proscritas.

Ahora bien, es necesario dejar claro que en la demanda, la parte actora no solicitó una indemnización autónoma por la violación a los bienes jurídicos mencionados, sólo se limitó a relacionarlos cuando se refirió a los perjuicios morales, así:

“El equivalente en moneda nacional de 1.000 gramos de oro fino para cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios morales o “Pretium doloris”, consistentes en el profundo trauma psíquico que produce el hecho de saberse víctima de un acto arbitrario nacido de la falta de responsabilidad de la administración, en aplicación del artículo 106 del Código Penal, máxime cuando el hecho se produce por un error administrativo o jurisdiccional, que conllevó para mi mandante no solo la pérdida de uno de los más valiosos y preciados derechos fundamentales del ser humano cual es el de la libertad, sino en igual forma la pérdida de la reputación, el buen nombre, y el prestigio personal a nivel social y laboral, lo que ha incidido notablemente en forma negativa en sus perspectivas laborales y económicas, amén de las graves torturas físicas y psicológicas que le fueron aplicadas por parte del personal de la Policía Nacional” (fl. 2, cdno. 1).

Y lo mismo ocurrió en la sustentación del recurso de apelación, en la que se consignó lo siguiente:

“Nuestra inconformidad estriba entonces, en primer término en el no reconocimiento por el a quo de los perjuicios materiales solicitados, y, en el escaso reconocimiento que en la providencia impugnada se les hace a los actores, por concepto de perjuicios morales, puesto que el daño subjetivo que a todos ellos les acarreó el hecho de las torturas inflingidas a Jaime Ernesto por la Policía Nacional y su detención injusta, es inconmesurable (sic), pues no solo es el dolor moral que las mismas les ocasionaron, sino y tal vez lo más grave, la violación consecuencial de varios de los derechos fundamentales con que contamos los ciudadanos en Colombia, tales como el derecho al buen nombre, al prestigio personal, familiar y comercial, la pérdida de su reputación, etc., todo lo cual ha influido incluso, para que todos los miembros de esta familia tuviesen que emigrar de esta ciudad en busca de nuevos horizontes, puesto que en una ciudad tan pequeña como lo es San Juan de Pasto, ese estigma de ser supuestamente una familia de secuestradores y homicidas queda indeleble en la mente de los ciudadanos, máxime si a la noticia se le dio tan extraordinario despliegue publicitario por la prensa hablada y escrita de la ciudad, lo cual hizo eco de la rueda de prensa realizada por la Policía Nacional, quien lo sometió al más infame escarnio público, al presentarlo como el jefe de la banda que plagió y luego asesinó al señor Calderón” (fls. 325 y 326, cdno. ppal.).

Por lo anterior, la Sala se debe limitar estrictamente a lo solicitado en la demanda y en el escrito de apelación, toda vez que una decisión contraria, se traduciría en un exceso en las facultades del juez contencioso, por tal razón, si bien es cierto que la violación de los bienes jurídicos constitucionales explicados anteriormente, merece el reconocimiento de una indemnización independiente de los demás perjuicios solicitados —morales y materiales—, en el asunto sub examine no es posible hacerlo, pues la parte actora delimitó sus pretensiones por estos conceptos en lo deprecado por perjuicio moral; así las cosas, la Sala aumentará la indemnización por este perjuicio, respecto a Jaime Ernesto Enríquez Estrella, ya que conforme a los hechos de la demanda y las pruebas que obran en el proceso, es evidente que este daño se presentó en su mayor magnitud, no sólo por la privación injusta de la libertad sino por la vulneración a los derechos fundamentales mencionados y explicados.

Adicionalmente, se da por probado el perjuicio moral en los demás actores con ocasión del daño alegado en la demanda, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el sufrimiento de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad.

En consecuencia, se aumentarán las sumas otorgadas en primera instancia por concepto de perjuicios morales y se otorgarán en salarios mínimos legales mensuales, así:

Jaime Ernesto Enríquez Estrella (afectado) = 60 smlv

Ilda Leonor Pastas Castillo (esposa) = 30 smlv

Juan Francisco Enríquez Pastas (hijo) = 25 smlv

Julián Danilo Enríquez Riveros (hijo) = 25 smlv

Francisco Enríquez (padre) = 30 smlv

Alicia del Carmen Estrella (madre) = 30 smlv

Finalmente, en relación con los perjuicios materiales que fueron negados por el tribunal y que fueron solicitados nuevamente en el recurso de apelación, se tiene que al proceso fue allegado un contrato de trabajo a término fijo por un año, el cual, según afirmaciones de la parte actora, fue terminado debido a los antecedentes penales del señor Enríquez Estrella, sin embargo, de esto no existe prueba en el proceso y los testigos que a ello se refieren tuvieron conocimiento de esta situación a través del demandante.

Ahora bien, en el proceso obran varias declaraciones de personas que tenían negocios con el actor relacionados con la compra y venta de artículos de ferretería y joyería, quienes señalaron que no siguieron con sus relaciones comerciales debido a la vinculación del señor Enríquez Estrella a la investigación por el secuestro y homicidio de un reconocido comerciante del departamento de Nariño (fls. 38, 44 y 45, cdno. 2).

Para la Sala, estas declaraciones son suficientes para probar el perjuicio solicitado, pero no lo son para demostrar la magnitud del mismo, comoquiera que no son consecuentes respecto al monto que el demandante devengaba por los negocios de compra y venta, de allí que, se concederá indemnización por lucro cesante con fundamento en el salario mínimo legal mensual vigente para la época de los hechos, ya que su negación porque no se ha determinado el nivel de ingresos del afectado, resulta abiertamente contraria a la equidad, cuando está plenamente probado que el mismo ejercía una actividad lucrativa lícita(42).

Comoquiera que el actor fue privado de su libertad durante 18 días, se ordenará el pago de la suma equivalente a los días de salario dejados de trabajar pero actualizada a la fecha de esta providencia.

Mediante Decreto 2872 de 1994, se estableció el salario mínimo legal mensual vigente para el año de 1995, correspondiente a $ 118.933.50, suma que equivalía a 30 días de trabajo, sin embargo, como la detención fue por 18 días, el valor correspondiente a esos días equivale a $ 71.360. Sin embargo, comoquiera que este valor es menor al equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para el año 2010, se realizará la liquidación con base a este último, así:

 

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El valor correspondiente a perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, es de $ 309.000.El valor correspondiente a perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, es de $ 309.000.

Respecto al daño emergente, obra en el proceso una constancia del doctor Armando Burbano Jaramillo, abogado que representó judicialmente al señor Enríquez Estrella en el proceso penal adelantado en su contra por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio, en la cual señaló que por concepto de honorarios le fue cancelada la suma de $ 5’000.000 (fl. 24, cdno. 1). Para la Sala esta prueba es suficiente para dar por probado el perjuicio solicitado, así que se procederá a hacer la actualización de la suma respectiva:

 

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Así las cosas, el total de la indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, actualizado a la fecha, es de $ 18’.301.519.

En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícase el numeral tercero de la sentencia proferida el 24 de marzo de 2000, por el Tribunal Administrativo de Nariño, el cual quedará así:

“Declárase a la Nación-Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa y Policía Nacional, patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados a los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad del señor Jaime Ernesto Enríquez Estrella.

“Condénase a la Nación-Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa y Policía Nacional, a pagar a los actores las siguientes sumas de dinero:

Por concepto de perjuicios morales a:

Jaime Ernesto Enríquez Estrella (afectado) = 60 smlv

Ilda Leonor Pastas Castillo (esposa) = 30 smlv

Juan Francisco Enríquez Pastas (hijo) = 25 smlv

Julián Danilo Enríquez Riveros (hijo) = 25 smlv

Francisco Enríquez (padre) = 30 smlv

Alicia del Carmen Estrella (madre) = 30 smlv

Por concepto de perjuicios materiales en favor de Jaime Ernesto Enríquez Estrella, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 309.000 y por daño emergente, $18’301.519”.

2. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

3. Dése cumplimiento a los dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. Expídanse las copias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado.

5. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Inciso primero: “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia proferida el 17 de junio de 2004, Expediente 15.450 y sentencia del 4 de diciembre de 2007, Expediente 15.498.

(3) Sobre el particular, consultar la sentencia de 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(4) “La certeza perseguida por el derecho penal máximo está en que ningún culpable resulte impune, a costa de la incertidumbre de que también algún inocente pueda ser castigado. La certeza perseguida por el derecho penal mínimo está, al contrario, en que ningún inocente sea castigado, a costa de la incertidumbre de que también algún culpable pueda resultar impune. Los dos tipos de certeza y los costes ligados a las incertidumbres correlativas reflejan intereses y opciones políticas contrapuestas: por un lado, la máxima tutela de la certeza pública respecto de las ofensas ocasionadas por los delitos; por otro lado, la máxima tutela de las libertades individuales respecto de las ofensas ocasionadas por las penas arbitrarias... La certeza del derecho penal mínimo de que ningún inocente sea castigado viene garantizada por el principio del in dubio pro reo. Este es el fin al que atienden los procesos regulares y sus garantías. Y expresa el sentido de la presunción de no culpabilidad del imputado hasta prueba en contrario: es necesaria la prueba —es decir, la certidumbre, aunque sea subjetiva— no de la inocencia sino de su culpabilidad, sin tolerarse la condena sino exigiéndose la absolución en caso de incertidumbre. La incertidumbre es en realidad resuelta por una presunción legal de inocencia en favor del imputado precisamente porque la única certidumbre que se pretende del proceso afecta a los presupuestos de las condenas y de las penas”. FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Ed. Trotta, pág. 106.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) “Cuando no resultan refutadas ni la hipótesis acusatoria ni las hipótesis en competencia con ella, la duda se resuelve, conforme al principio del in dubio pro reo, contra la primera”. Ibíd. págs. 151 - 152.

(8) “Los historiadores de las ideas atribuyen fácilmente a los filósofos y juristas del siglo XVIII el sueño de una sociedad perfecta; pero ha habido también un sueño militar de la sociedad; su referencia fundamental se hallaba no en el estado de naturaleza, sino en los engranajes cuidadosamente subordinados de una máquina, no en el contrato primitivo, sino en las coerciones permanentes, no en los derechos fundamentales, sino en la educación y formación indefinidamente progresivos, no en la voluntad general, sino en la docilidad automática”. FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar. Ed. Siglo Veintiuno, 27ª ed., pág. 173. “Como lo muestran los objetos anteriores, la prioridad de la libertad significa que la libertad solamente puede ser restringida en favor de la libertad en sí misma”. RAWLS, John. Teoría de la justicia. Ed. Fondo de Cultura Económica, pág. 273.

(9) “La prisión provisional constituye una grave intromisión en el derecho fundamental a la libertad de toda persona, por lo que su regulación, tanto doctrinal como legal y jurisprudencial, es objeto de la máxima atención, no sólo en el plano interno de cada Estado sino también en el plano internacional, lo que evidencia su trascendencia real... La prisión provisional indebida, como expresión de la violación de los derechos humanos, por lo que el ordenamiento jurídico dispensa a la víctima una garantía específica de reparación...”. GARCÍA PONS, Enrique. Responsabilidad del Estado: la justicia y sus límites temporales. Ed. J.M. Bosch, págs. 232 y 239.

(10) Sentencia proferida por la Sección Tercera de esta corporación el 4 de diciembre de 2007, Expediente 15.498, C.P. Enrique Gil Botero.

(11) “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(12) “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Por esta razón, la justicia rechaza el que la pérdida de libertad de algunos sea justificada en el mayor bienestar compartido por otros. No puede permitirse que el sacrificio impuesto sobre unos pocos sea sobreseído por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos... los derechos garantizados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales. Siendo las primeras virtudes de las actividades humanas, la verdad y la justicia son innegociables” (negrilla nuestra) John Rawls. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1971, págs. 3-4, citado por MEJÍA Quintana, Óscar. Carácter y proyección de la filosofía del derecho en el pensamiento contemporáneo. Ed. Universidad Nacional de Colombia, pág. 22.

(13) ART. 15.—Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

“En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

“La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

“Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley”.

ART. 21.—“Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección”.

(14) Diccionario de la Real Academia Española, edición 1992.

(15) Vid. Infra, epígrafe: Honor y fama (entendida como reputación profesional).

(16) Vid. De Cupis, A., I diritti Della personalit, cit., págs. 251 y ss.

(17) “La inmanencia o sismicidad, representada por la estimación que cada persona hace de sí misma; y la trascendencia o exterioricidad, integrado por el reconocimiento que los demás hacen de nuestra dignidad”. Vid. Entre otras, STS de 23 de marzo de 1987 (RAJ 1716), de 26 de junio de 1987 y 2 de marzo de 1989.

(18) Vid. SSTS de 4 de febrero de 1993 (RAJ 824) y de 21 de julio de 1993 (RAJ 6273).

(19) PLAZA PENADES, Javier. El derecho al honor y la libertad de expresión. Editorial Tirant lo blanch. Valencia, 1996, págs. 31 y ss.

(20) CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José Luis. Honor, intimidad e imagen. Editorial Bosch. Barcelona, 1996, pág. 29.

(21) “Esta corporación ha sostenido que el derecho a la honra, se refiere “a la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana”(40). Igualmente, ha señalado que este derecho está íntimamente relacionado con las actuaciones de cada persona, pues de ellas depende la forma como transfiere su imagen y son ellas las que en últimas fundamentan un criterio objetivo respecto de la honorabilidad del comportamiento del ciudadano en la sociedad.

“La doctrina de esta corporación sobre el alcance de dicho derecho, se ha desarrollado en dos campos, en primer lugar, vinculando su desarrollo al concepto del honor, es decir, a la buena reputación que se presume por parte del individuo a partir de la ejecución de un comportamiento virtuoso, y en segundo lugar, superando dicho criterio eminentemente subjetivo, y en su lugar, sujetándolo a la conformidad o aquiescencia del sujeto con las opiniones que los demás tienen sobre sus virtudes”. Corte Constitucional, Sentencia T-787 del 18 de agosto de 2004.

(22) “El buen nombre es un derecho típicamente proyectivo, que supone la constante valoración a través del tiempo de la conducta del individuo, a partir de las acciones realizadas en su esfera de convivencia. Así mismo, en reiterada jurisprudencia se ha expresado que los miembros de la sociedad juzgan los comportamientos de las personas, los evalúan y califican. Es por eso que este derecho depende única y exclusivamente de quien pretende ser el titular del mismo, pues es de acuerdo a su proceder en el medio social o de su actuar en el mundo de lo público, de donde se desprende la imagen que el resto de los individuos va a tener de él.

“Por consiguiente, el derecho al buen nombre, es una valoración individual y colectiva que tiene su origen en todos los actos y hechos que una persona realice, para que, a través de ellos, la comunidad realice un juicio de valor sobre su comportamiento”. Corte Constitucional, Sentencia T-787 del 18 de agosto de 2004.

(23) Ver entre otras las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-026, C-060 y C-063 de 1994, C-489 de 2002, T-679 de 2005, y del Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, Expediente 15.183, del 29 de enero de 2009, Expediente 16.576 y del 28 de mayo de 2009, Expediente AC-2008-01091.

(24) Sobre las implicaciones del concepto de la dignidad humana en la privación de la libertad, véase la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 14 de abril de 2010, Expediente 18.960, C.P. Enrique Gil Botero.

(25) “En lo que atañe a la reparación del perjuicio y tratándose, concretamente, de la vulneración del derecho a la honra, se ha aceptado que ella se realiza mediante la rectificación efectuada por quien distribuyó la información errónea, utilizando los mismos medios y con una difusión similar. Así las cosas, habría sido procedente, en principio, ordenar que la rectificación se efectuara en debida forma, por parte del director del DAS; sin embargo, para efectos de establecer el contenido de la condena por imponer, el juez debe buscar, en cada caso, el mecanismo que, de mejor manera, garantice la reparación del daño causado, y en el que hoy se resuelve, es necesario tomar en consideración que la rectificación debe efectuarse, normalmente, dentro de un período determinado, a fin de garantizar la compensación efectiva del perjuicio, dado que, cuando ha pasado mucho tiempo, el recuerdo de un hecho que ha dejado de ser actual podría tener en la ciudadanía un efecto contraproducente. Los hechos objeto del presente proceso ocurrieron hace casi nueve años, de manera que, en opinión de la Sala, la condena en dinero constituye la solución más apropiada”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia proferida el 25 de enero de 2001, Expediente 11.413, C.P. Alier Hernández Enríquez.

(26) ART. 178, Código Penal: “El que inflija a una persona dolores o sufrimientos, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a doscientos setenta (270) meses, multa de mil sesenta y seis punto sesenta y seis (1066.66) a tres mil (3000) salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad.

“En la misma pena incurrirá el que cometa la conducta con fines distintos a los descritos en el inciso anterior.

“No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o inherente a ellas”.

(27) ART. 12, Constitución Política: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

(28) Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 5º, prohibición de torturas; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ley 16 de 1972, artículo 5º, derecho a la integridad física; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Ley 70 de 1986, artículo 1º; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Ley 409 de 1997.

(29) LYONS, Lewis. Historia de la tortura. Editorial Diana. México, 2005, págs. 127 y 128.

(30) Ver Sentencia C-351 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.

(31) ART. 5º—Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

(32) ART. 7º—Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

(33) ART. 5º—Derecho a la integridad personal.

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

(34) ART. 1º—Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

(35) A.G. res. 3452 (XXX), anexo, 30 U.N. GAOR Supp. (Nº 34) pág. 91, ONU Doc. A/10034 (1975).

ART. 2º—Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

ART. 3º—Ningún Estado permitirá o tolerará la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

(36) Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984. Entrada en vigores 26 de junio de 1987. ART. 2º— 1. Todo Estado parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.

2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.

3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura.

(37) ART. 1º—Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente convención.

(38) ART. 7º

Crímenes de lesa humanidad.

1. A los efectos del presente estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: (...).

f) Tortura;

(...).

(39) Sentencia C-148 de 2005.

(40) Sentencia T-499 de 1992.

(41) Sentencia T-505 de 1992.

(42) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 5 de octubre de 2004, Expediente 6975, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena.