Sentencia 1997-08870 de junio 9 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad. 23001-23-31-000-1997-08870-01(18536)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Eder Jiménez Sánchez y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Ref.: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., nueve de junio de dos mil diez

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que para el momento en el cual se propuso el recurso de apelación, la cuantía de la demanda alcanzaba aquella exigida para que en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera segunda instancia ante esta corporación (D. 597/88).

2. Objeto del recurso de apelación.

En el sub lite, corresponde a la Sala determinar si le asiste razón a la sentencia de primera instancia, en tanto consideró que la entidad demandada no es responsable de los perjuicios causados al demandante, con ocasión de la explosión de una bomba al interior de su establecimiento comercial.

3. El daño sufrido por los demandantes.

3.1. Está demostrado en el proceso que el señor Eder Antonio Jiménez Sánchez, es el propietario del establecimiento de comercio denominado La Orquídea —ubicado en la calle 29 con carrera 6 en la ciudad de Montería— departamento de Córdoba, el cual funciona en un local comercial que tiene arrendado y en el cual también tiene el lugar de su residencia.

Así lo indicaron los testimonios de los señores Alirio González Aristizabal (fls. 52 a 53, cdno. 1), Carlos Miguel Arias Morales (fls. 53 a 54 cdno. 1).

En efecto, en su declaración el señor Carlos Miguel Arias Morales (fls. 53 a 54, cdno. 1) expresó:

“Preguntado: Sírvase decirnos si tiene usted conocimiento de un contrato de arrendamiento de un local comercial situado en la calle 29 con carrera 6ª, existente entre el señor Eder Jiménez Sánchez y la empresa que usted administra. Contestó: Sí existió el contrato él era el que tenía la Orquídea en el local comercial y ellos vivían en la parte de arriba, no sé desde cuando tiene el contrato ni el valor del mismo pero lo que sí le puedo decir es que cesó en la fecha del acontecimiento de la bomba…”.

El señor Alirio González Aristizabal (fls. 52 a 53, cdno. 1), manifestó:

“Preguntado: Sírvase informarnos qué clase de negocio tenía el señor Eder Jiménez en ese lugar y desde cuando. Contestó: Tenía una cafetería y panadería, desde cuando no sé exactamente, aproximadamente unos ocho o nueve años, exactamente no se…”.

Considera la Sala pertinente señalar que para acreditar la titularidad del establecimiento de comercio, la parte actora allegó copia de un documento que dice provenir de la Cámara de Comercio de Montería, y en el que se dice certificar la propiedad del mencionado establecimiento de comercio, el cual se encuentran en copia simple y por tanto carece de valor probatorio en los términos de los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, dado que las copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretenda hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria (1).

Al respecto, se aclara que la ausencia de la copia auténtica o del original del certificado de cámara de comercio sobre la titularidad del establecimiento de comercio, si bien constituye un documento idóneo para acreditar tal circunstancia, el mismo no es el única prueba con la que pueda demostrase dicha propiedad, toda vez que en el sistema probatorio colombiano se acogió el sistema de la libre apreciación de la prueba.

En efecto, el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil(2) establece que “las pruebas deberán apreciarse en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica”, es decir, que el juez se encuentra facultado para realizar una evaluación del material probatorio de manera amplia para obtener, mediante razonamientos lógicos y de inferencia, la certeza sobre los hechos que se discuten en el proceso(3).

Ahora bien, la vigencia del sistema de la libre apreciación de la prueba, no implica que el ordenamiento jurídico(4) no exija, para efectos de acreditar ciertos hechos, que al proceso se aporten determinadas pruebas, en ausencia de las cuales los mismos no pueden tenerse demostrados, como sucede en el caso de la propiedad inmueble(5) o del estado civil de las personas(6).

Lo anterior significa que por regla general el juez puede acudir a todos los medios de prueba que se hubieren aportado al proceso, para efectos de tener por demostrados los hechos discutidos en el mismo y por excepción, la ley exige una prueba específica para efectos de que se acrediten algunos otros.

Por otra parte, el artículo 28 del Código de Comercio, establece la obligación en cabeza de todo comerciante de inscribir en el registro mercantil, entre otros actos, aquellos que tengan que ver con la apertura de establecimientos de comercio y de sucursales y todos los que modifiquen la propiedad o la administración de los mismos y el artículo 37 íbídem, establece que el comerciante que incumpla con este deber estará sujeto a las sanciones que imponga la superintendencia respectiva.

Los libros y archivos en que la inscripción es llevada, pueden ser consultados por cualquier persona, primordialmente porque la nota característica del registro mercantil es la publicidad(7), razón por la cual las cámaras de comercio están en el deber de certificar sobre todos los actos y documentos inscritos, con la finalidad, además, de probar el acto de inscripción(8) y de hacer oponibles frente a terceros todos aquellos actos que se encuentran registrados.

La situación descrita, no implica que el registro mercantil no cumpla otras finalidades(9) y que no tenga implicaciones en el campo probatorio, toda vez que en varias normas del Código de Comercio se señalan tales efectos(10), como sucede precisamente en el caso de los establecimientos de comercio, cuando el numeral 2º del artículo 32 del Decreto-Ley 410 de 1971, consagra que se presume “como propietario del establecimiento quien así aparezca en el registro”.

Así las cosas, lo que las normas del registro mercantil establecen, en cuanto al aspecto probatorio del registro mercantil en relación con el establecimiento de comercio, es una presunción sobre la propiedad del mismo, sin que ello signifique que tal circunstancia no pueda acreditarse, en virtud del principio de la libre apreciación de la prueba, con los demás medios de prueba que al proceso se allegaron y que permitan identificar que una persona ejerce una actividad comercial con un conjunto de bienes organizados para realizar los fines de una empresa.

Sobre este aspecto, la Sala tangencialmente se pronunció en la sentencia de 14 de mayo de 2009, en un proceso en el cual si bien se aportó en copia auténtica el certificado de cámara y comercio, también se tuvo acreditada la propiedad del establecimiento comercial con los testimonios que se practicaron en el proceso:

“Sobre el particular se impone señalar que de acuerdo con el certificado de la Cámara de Comercio de Armenia que obra a folio 171 del cuaderno de pruebas, el señor Gustavo Salazar tenía registrado a su nombre el negocio comercial denominado Club Billares Pielroja desde el 2 de enero de 1972, incluyendo la fecha en que ocurrieron los hechos de la demanda, el cual estaba ubicado en el edificio Las Vegas, sin embargo nada dice en relación con la señora Giraldo de Salazar. Por otra parte, las declaraciones de los señores Rodrigo Cardona González y Humberto Quintero Herrera indican que el señor Gustavo Salazar Calderón tenía un local de billares funcionando en el edificio Las Vegas antes del movimiento telúrico ocurrido el 25 de enero de 1999 (fls. 85-86, 91-92, cdno. pruebas)” (11) (resalta la Sala).

Así las cosas, en el presente asunto, con los testimonios a los que se hizo referencia se tiene probado que el señor Eder Jiménez Sánchez es el titular del establecimiento comercial denominado La Orquídea, sin que para acreditar tal situación sea indispensable el certificado de cámara de comercio.

3.2. Que el establecimiento de comercio y los bienes que tenía en el segundo piso del local, sufrieron graves daños como consecuencia de una explosión que se presentó al interior del mismo, de conformidad con el informe pericial rendido en el trámite del proceso, en el cual si bien no se hace una descripción pormenorizada de dichos daños, sí indicó que el establecimiento ubicado en la carrera 6ª calle 29 “lugar en el que ocurrieron los hechos, fue el que más sufrió daños en todas sus partes” (fls. 89 a 90, cdno.1).

De igual manera en sus testimonios los señores Alirio González Aristizabal (fls. 52 a 53, cdno. 1) y Wilson Paternina Daza (fls. 54, 56 y 57, cdno. 1) afirman que vieron que el establecimiento de comercio del demandante estaba bastante deteriorado.

Así en su declaración el señorWilson Paternina Daza (fls. 54, 56 y 57, cdno. 1) afirmó:

“Cuando llegué abajo en el primer nivel que tiene el local, que tiene un restaurante, lo encontré completamente destrozado, los congeladores, vitrinas destruidos por completo, las paredes rajadas o agrietadas, la cocina destruida, como un ochenta por ciento del primer nivel estaba completamente destruido, uno en realidad le era más rápido contar lo que estaba bueno, que en realidad era muy poquito, y en el segundo nivel que era su residencia, se vino el techo encima, el cielo raso, las paredes se rajaron, los ventiladores se dañaron, las ventanas se destruyeron, se quemó gran parte de las cosas personales que él tenía arriba en su residencia, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel estaban completamente destruidos por la rotura que tenían las paredes en el primer nivel, parece que las del segundo nivel se inclinaron a caerse, quedó sin vivienda, sin local comercial, sin trabajo y sin nada, quedó en nada, se le fue todo su patrimonio”.

Por su parte el señor Alirio González Aristizabal (fls. 52 a 53, cdno. 1), expresó:

“Para mí ese negocio quedó totalmente acabado, inclusive en la parte de arriba ellos habían remodelado un poco el techo y eso quedó totalmente acabado, la parte de abajo se le quemaron los enfriadores y quedó totalmente acabado. Yo me di cuenta al otro día que yo pasé por allá y le dije a Eder que me mostrara cómo había quedado todo y ahí fue cuando me di cuenta que esta todo muy destruido”.

4. Los daños sufridos por el demandante, fueron causados con un artefacto explosivo.

Está acreditado en el expediente que el 28 de junio de 1990 se produjo un acto terrorista en la ciudad de Montería, Córdoba, concretamente al interior del local comercial donde funcionaba el establecimiento La Orquídea, de propiedad del señor Eder Antonio Jiménez Sánchez. Así se acreditó con el oficio dirigido al a quo, por el coordinador del Cuerpo Técnico Investigativo, CTI, de la Fiscalía General de la Nación, el 18 de mayo de 1998, en el que le informó sobre la existencia del proceso penal que se adelantó por estos hechos y al cual adjuntó copia fotostática del álbum 43 de 1997, correspondiente a la inspección judicial que se realizó en el sitio, el mismo día en el que se produjo la explosión (fl. 62, cdno. 1).

De igual manera en el diligenciamiento de la orden de trabajo 0546 de 1998, remitida por la Unidad de Criminalística de la Fiscalía General de la Nación, se indicó:

“Misión de trabajo:

“En la orden de trabajo de la referencia se nos solicita informe fotográfico, explosión bomba del día 10 de marzo de 1.997.

“Labor realizada:

“Nos trasladamos al palacio de justicia y nos entrevistamos con el señor Emiliano Montes, secretario y firmante del oficio de la referencia que no nos explicó la necesidad de ellos tener en el proceso una fotocopia del álbum fotográfico que nosotros hicimos en relación con la bomba explosiva del 10 de marzo de 1.997 en la calle 29 con carrera 6 esquina “heladería La Orquídea”.

“Al respecto anexamos al presente fotocopia del álbum fotográfico 0043 de 1997 que consta de 38 fotografías en veinte folios”.

Cada una de las fotos de dicho registro, viene acompañada de una explicación que da cuenta de la detonación del artefacto explosivo dejado en el establecimiento La Orquídea y de los daños que como consecuencia del mismo se produjeron en dicho negocio y en inmuebles del sector (fls. 65 a 79).

Por su parte el testigo Alirio González Aristizabal (fls. 52 a 53, cdno. 1), en su declaración expresó:

“... yo supe que él fue víctima de una bomba dos veces, una sé que fue puesta en un triciclo afuera del negocio de ellos que está ubicado en la calle 29 con 5ª o 6ª, no sé, junto a la policía, la fecha exacta no la sé; la otra fue puesta en una parte del baño en el mismo negocio, que me di cuenta yo, eso quedó totalmente destruido; yo lo supe porque yo estaba en el negocio mío y allá llegaron con la noticia, no recuerdo quien llegó y después yo le hablé por teléfono a la mamá de Liliana, la esposa de Eder Jiménez, y le pregunté qué había ocurrido y ella me dijo que le habían puesto una bomba en el baño del negocio y le pregunté si sabía quién era o a quién se la pusieron y ella me dijo que no sabía”.

En igual sentido se pronunciaron los testigos Carlos Miguel Arias Morales (fls. 53 a 54, cdno. 1) y Wilson Paternina Daza (fls. 54, 56 y 57, cdno. 1), quienes son contestes en señalar que al interior del negocio de propiedad del demandante, se dejó un artefacto explosivo cuya detonación dejó seriamente afectado no solo el local en el que funcionaba, sino los bienes que hacían parte del mismo.

5. Responsabilidad del Estado por actos terroristas dirigidos en su contra.

El artículo 90 de la Constitución prevé que el Estado es responsable de los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas cuando dichos daños le sean imputables. Conforme a esta norma, la responsabilidad patrimonial del Estado no puede derivarse frente a todos los daños antijurídicos que sufran las personas, ni siquiera frente a todos los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de sus servidores, porque en todo caso se requiere que tales daños le sean atribuibles.

Los criterios de atribución han sido elaborados por la jurisprudencia de la corporación, bajo dos títulos básicos: de responsabilidad subjetiva por falla del servicio y de responsabilidad objetiva por daño especial o riesgo excepcional. En todos estos regímenes o criterios de imputación se requiere que la actividad desplegada por el Estado sea finalmente la causa del daño bien de manera exclusiva, o concurrente con la de la víctima o de un tercero. Tales criterios están vinculados, obviamente, con el desarrollo mismo del Estado y, por lo tanto, podrían ser diferentes. Sin embargo, en todo caso para poder atribuir al Estado un daño se requiere, conforme al artículo 90 de la Constitución, demostrar que el mismo fue obra del Estado, por haber sido este su autor, bien por haberlo causado directamente, o por haberlo propiciado.

Los daños antijurídicos causados por terceros ajenos al Estado, en tanto constitutivos de causa extraña, no le son imputables a este, salvo cuando el hecho del tercero ha sido facilitado por el mismo Estado, por ejemplo, por haber omitido su deber de protección de los asociados; o cuando tales daños constituyen la concreción del riesgo creado de manera consciente y lícita por el Estado, por ejemplo, los daños producidos con ocasión de una actuación policiva dirigida a detener a un delincuente que huye armado, o los daños causados a los vecinos de las bases militares o policiales, cuando estas son atacadas por grupos al margen de la ley, porque si bien dichas bases tienen como finalidad la de defender a sus pobladores, representan un riesgo grave y excepcional para quienes habitan en sus inmediaciones.

Por lo tanto, los daños sufridos por las víctimas de actos terroristas cometidos por terceros son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y estas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque(12).

También ha determinado la Sala la imputabilidad al Estado por los daños sufridos por quienes son sometidos a la exposición a un riesgo de naturaleza excepcional, creado por la administración en cumplimiento del deber constitucional y legal de proteger a la comunidad en general. Ha dicho la Sala:

“En otros eventos ... la imputabilidad surge de la creación de un riesgo, que es considerado excepcional, en la medida en que supone la puesta en peligro de un grupo particular de ciudadanos, como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a proteger a la comunidad en general. No se trata aquí, entonces, de la existencia de una acción u omisión reprochable de la administración, sino de la producción de un daño que, si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional, creado conscientemente por esta, en cumplimiento de sus funciones. Y es la excepcionalidad del riesgo lo que hace evidente la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado”(13).

Para que el hecho violento del tercero pueda ser imputable al Estado, se requiere que este haya sido dirigido contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal(14) .

Por lo tanto, se ha considerado que no le son imputables al Estado los daños causados por actos violentos cometidos por terceros cuando estos son dirigidos indiscriminadamente contra la población, con el fin de sembrar pánico y desconcierto social y no contra un objetivo estatal específico, bien o persona, claramente identificable como objetivo para los grupos al margen de la ley. Ha dicho la Sala:

“Si el atentado es indiscriminado, no es selectivo, y tiene como fin sembrar pánico y desconcierto social como una forma de expresión, por sus propias características cierra las puertas a una posible responsabilidad estatal ya que es un acto sorpresivo en el tiempo y en el espacio, planeado y ejecutado sigilosamente, y por lo mismo, en principio imposible de detectar por los organismos encargados de la seguridad pública y como ya se ha dicho, los deberes del Estado, que son irrenunciables y obligatorios, no significan que sea por principio omnisciente, omnipresente ni omnipotente, para que responda indefectiblemente y bajo toda circunstancia”(15).

En síntesis, los daños que sufran las personas como consecuencia del conflicto armado interno, le son imputables al Estado cuando se demuestra que son consecuencia de una falla del servicio de la administración o del riesgo creado por la entidad estatal con el fin de cumplir su función de garantizar la vida e integridad de las personas y que el ataque estuvo dirigido concretamente contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal(16).

En la misma hipótesis la Sala ha inferido la imputabilidad de daño al Estado, bajo el título de imputación del daño especial, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“Si bien la falla del servicio ha sido el fundamentado de la responsabilidad en la generalidad de las sentencias por actos terroristas, también se destacan los casos en que se ha considerado que se produjo un daño especial porque el acto estuvo dirigido contra un objetivo claro, representativo de la entidad estatal en ejecución del cual se afectó un interés particular. Se ha entendido que por razones de equidad esos daños no deben ser asumidos por la víctima, sino por el Estado que es el objetivo contra el cual están dirigidos, quien con su actividad ha generado dicha reacción y por lo tanto están a su cargo…(17)”.

Como puede apreciarse en ambos títulos de imputación, esto es, daño especial y riesgo excepcional, se parte de la existencia, como situación fáctica, de que el daño se produzca con ocasión de un ataque dirigido por terceros en contra de un establecimiento militar o policivo o un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal.

6. En el caso concreto.

6.1. No se acreditó la falla del servicio alegada en la demanda.

En el presente asunto la parte actora señaló que los perjuicios de orden material sufridos en el establecimiento de comercio de propiedad del actor y en los bienes que tenía en el lugar de su residencia por la explosión ocurrida, son imputables a la entidad demandada a título de falla del servicio, como quiera que la fuerza pública ya tenía conocimiento, por el hecho de que acciones terroristas de similar magnitud ya habían ocurrido en el sector, de la posibilidad de que atentados como el que se presentó se repitieran y, a pesar de ello, no tomó las medidas de seguridad necesarias para evitarlo.

Por su parte el tribunal consideró que dicha falla no se presentó como quiera que no se demostró que en contra del actor o de su establecimiento de comercio se hubieran realizado amenazas de atentado, o que por esta razón se hubiera solicitado protección especial de parte de la autoridades de policía, razón por la cual no se incumplieron las obligaciones de vigilancia y seguridad que están en cabeza de la entidad demandada.

Al respecto, la Sala considera que no obra en el proceso prueba alguna de que dicho atentado hubiera ocurrido en circunstancias que permitan considerar que la administración deba asumir la responsabilidad por los daños ocasionados como consecuencia del mismo.

En efecto, por una parte, no existe evidencia de que el acto terrorista hubiera sido causado por agentes del Estado y por otra, tampoco se demostró que el actor hubiera solicitado protección especial para él, su familia o su establecimiento comercial, por la existencia de amenazas en su contra, razón por la cual por este aspecto la entidad demandada no incurrió en una falla del servicio por incumplimiento de las obligaciones de protección que le corresponden.

Por el contrario, en el expediente se encuentra acreditado que el actor no solicitó que en su favor se tomaran medidas de seguridad, según se constata de la certificación expedida por el comandante de la Policía de Córdoba en la que se indicó: “Con respecto a su literal b, no existen en nuestros archivos, peticiones escritas o verbales solicitadas por Eder Antonio Jiménez Sánchez, con respecto a lo expuesto en dicho literal [el cual hace referencia al hecho de que el demandante haya solicitado protección especial de la Policía Nacional]” (fl. 99, cdno. 1).

Por otra parte, en relación con el clima generalizado de inseguridad que se vivía en la ciudad de Montería, no obra prueba que permita inferir tal circunstancia, como quiera que para acreditar tal situación, se aportaron con la demanda recortes de periódico, los cuales solo tienen valor probatorio para efectos de considerar que esa fue la noticia que se publicó, pero en manera alguna permiten acreditar la ocurrencia de los hechos que allí se exponen(18).

Ahora bien, si en gracia de discusión la Sala considerará acreditadas tales circunstancias por tratarse de hechos notorios, los mismos no implican que la explosión de la bomba en la cafetería de propiedad del actor fuera previsible, razón por la cual no podía exigírsele a la entidad demandada la realización de actuaciones dirigidas a evitar o enfrentar eficientemente el ataque perpetrado.

En efecto, el hecho de que en el sector se viviera un ambiente de inestabilidad por actos terrorista ocurridos con anterioridad, no hacía previsible para la entidad demandada un atentado como el ocurrido, toda vez que se trató de un acto sorpresivo, planeado y ejecutado discretamente, razón por la cual, si bien los deberes de protección y vigilancia del Estado son irrenunciables y obligatorios, no implicaban que en el sub lite este fuera omnisciente ni omnipresente, para efectos de advertir la existencia de un artefacto explosivo en el baño del establecimiento comercial La Orquídea.

Circunstancia distinta sería aquella en la cual, en los alrededores del lugar se hubieran dejado vehículos u otros elementos sospechosos como en otras ocasiones había ocurrido y que, por ende, exigían de las autoridades la máxima precaución en la ejecución de medidas de control para evitar que se repitieran, pero el hecho de que manos criminales ingresaran a un establecimiento comercial privado, sobre el cual no existían amenazas concretas y procedieran a dejar una bomba al interior del baño, es una situación totalmente imprevisible para las autoridades de policía encargadas de garantizar la seguridad en el sector.

La Sala ya se ha pronunciado en eventos similares, considerando que a pesar de las particulares circunstancias de violencia que existían, por la forma en que se dieron los hechos no le era posible a la fuerza pública prever y evitar la ocurrencia del acto terrorista. En efecto en sentencia de 21 de febrero de 2002(19), se expuso el siguiente criterio:

“En consecuencia, considera la Sala que a pesar de que la violencia desatada por las organizaciones delincuenciales para esa época constituía un hecho notorio, no hay lugar a condenar al Estado en el presente caso, porque este no era previsible.

“Las medidas de seguridad se reforzaron en relación con los sitios y personas que se consideraron más vulnerables y no puede calificarse como falla del servicio el no haber extendido esas medidas al resto de la población, porque una actuación de este tipo no era posible. Por lo tanto, no se hizo otra cosa que disponer de los recursos humanos y logísticos con que se contaba para proteger a la población, brindando seguridad donde se consideró que existía mayor riesgo; asunto distinto es que los autores del hecho hayan elegido un lugar de la ciudad ajeno a la entidades públicas para cometer el hecho criminal, pues su fin no era otro que el de causar terror generalizado” (resalta la Sala).

En otras palabras, a pesar de que la violencia desatada por las organizaciones delincuenciales para esa época, podría considerarse como un hecho notorio, no hay lugar a condenar al Estado en el presente caso, ya que por la forma en que ocurrió el atentado, el mismo no le imponía el deber a las autoridades de evitar la ocurrencia del mismo, razón por la cual se configura la causal de exoneración consistente en el hecho exclusivo del tercero como causante del daño antijurídico reclamado en la demanda.

6.2. En el sub lite, el daño tampoco es imputable a título de daño especial.

En el sub examine, la parte actora sostiene que en todo caso, como la acción criminal se dirigió en contra de la estación policía ubicada en el sector, procede la indemnización, en virtud de que fue sometido a una alteración en el principio de la igualdad de las cargas públicas que no está en obligación de soportar.

El tribunal en la sentencia impugnada, consideró que se acreditó que el acto terrorista se perpetró en contra de la Fundación para la Paz de Córdoba entidad que colinda con el establecimiento del actor y no contra el comando de la policía del sector, razón por la cual no es procedente la indemnización respectiva.

Considera la Sala que en el proceso, solo se acreditó que la estación de Policía del Departamento de Córdoba se encuentra ubicada en la carrera 6ª con calle 29, al frente del local en el cual funcionaba la cafetería Orquídea, según se constata del croquis del sector elaborado por el perito nombrado en el trámite del proceso (fl. 89, cdno. 1), circunstancia de la cual no puede tenerse acreditado el hecho de que una bomba ubicada al interior del establecimiento comercial de la parte actora, más específicamente en el baño del local comercial donde el mismo funcionaba, estuviera dirigido en contra de dicha estación de policía.

Por lo tanto como en el proceso no se acreditó cuál era el objetivo de la bomba puesta en la cafetería del actor, no puede considerarse responsable a la entidad demandada con fundamento en el título de imputación daño especial, ni en el riesgo excepcional.

En efecto, según se indicó, para que el hecho violento del tercero pueda ser imputable al Estado, se requiere que este haya sido dirigido contra un establecimiento militar o policivo, o un funcionario representativo de la cúpula estatal, toda vez que en ese momento se genera el riesgo que el particular no se encuentra en el deber de soportar, aspecto probatorio cuya carga era de la parte demandante y que en el presente procesó no resultó acreditado.

Es importante reiterar que, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(20), la prueba de los supuestos de hecho a través de los cuales se asegura la causación de un daño incumbe al actor. La carga de la prueba está sustentada, como también ha precisado la Sala(21), en el principio de auto-responsabilidad(22) de las partes, que se constituye en requerimiento de conducta procesal facultativa predicable a quien le interesa sacar avante sus pretensiones y evitar una decisión desfavorable(23).

No se trata aquí, entonces, de la producción de un daño que es causa de la realización de un riesgo excepcional creado por la administración, sino que más bien, de las pruebas practicadas, se desprende con claridad que se trató de un atentado terrorista dirigido indiscriminadamente contra habitantes de la ciudad de Montería, cuyo objetivo no era la afectación de personas o establecimientos específicos de carácter estatal, sino la alteración del orden público, la intimidación y la creación de un ambiente de zozobra en la comunidad.

Por lo expuesto la sentencia impugnada será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE el fallo impugnado, esto es aquel proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 27 de abril de 2000, mediante el cual se negaron las pretensiones formuladas por la parte actora en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) “… la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle ´el mismo valor probatorio del original´ es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos…”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.

(2) Norma aplicable al proceso contencioso administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, según el cual “en los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del de Procedimiento Civil, en lo relacionado con la adminisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.

(3) Devis Echandía Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Biblioteca Jurídica Dike, pág. 84. En este mismo sentido López Blanco Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil. Dupré, pág. 79.

(4) Sobre el sistema de la tarifa legal de pruebas, el profesor Hernando Devis Echandía expone: “las legislaciones y, en ausencia de estas, las costumbres judiciales, han regulado esta materia, en una o en otra forma, desde tiempo antiquísimos; y lo han hecho ora sujetando al juez a reglas abstracta preestablecidas que señalan la conclusión que forzosamente debe aceptar en presencia o por la ausencia de determinados medios de prueba…” en este mismo sentido lo indica el profesor Jario Parra Quijano en su texto Manual de Derecho Probatorio, Ediciones Librería el Profesional, págs. 43 y siguientes.

(5) La Sala ha señalado que de conformidad con las normas civiles, para acreditar la propiedad es necesario demostrar el título y el modo, razón por la cual debe aportarse el negocio celebrado y el acto de inscripción en la oficina respectiva. Ver entre otras sentencias las proferidas el 28 de abril de 2010, Expediente 18615; 14 de mayo de 2009, Expediente 25901, entre otras.

(6) De conformidad con el artículo 105 del Decreto 1260 de 1970, el certificado del registro civil es la prueba del parentesco. Ver sentencia de 3 de mayo de 2007, Expediente 25020; 21 de septiembre de 2000, Expediente 11766.

(7)Sobre este aspecto consultar el texto Principio del Derecho Comercial del profesor Madriñan de la Torre. Temis, pág. 110 siguientes. De igual manera el texto Derecho Comercial del profesor José Gabino Pinzón. Editorial Temis, pág. 276 y siguientes.

(8) El artículo 30 del Código de Comercio, establece “toda inscripción se probará con certificado expedido por la cámara de comercio…”.

(9) Así por ejemplo el profesor José Ignacio Narváez, en su obra Derecho Mercantil Colombiano, pág. 198, señala que el registro mercantil de nuestro país tiene una función constitutiva de ciertos actos jurídicos, preventiva de la competencia desleal y sanatoria de algunos vicios.

(10) En relación con otras disposiciones que relacionadas con los efectos probatorios del registro mercantil, ver el numeral 1º del artículo 13 y el artículo 117 del Código de Comercio.

(11) Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente 25901, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(12) Con fundamento en ese título de imputación se accedió a las pretensiones de los demandantes en sentencias de la Sala Plena de 16 de julio de 1996, Expediente 422 y de la Sección de 11 de diciembre de 1990, Expediente 5417; 21 de marzo de 1991, Expediente 5595; 19 de agosto de 1994, Expediente 9276 y 8222; 13 de octubre de 1994, Expediente 9557; 2 de febrero de 1995, Expediente 9273; 16 de febrero de 1995, Expediente 9040; 30 de marzo de 1995, Expediente 9459; 27 de julio de 1995, Expediente 9266; 15 de agosto de 1995, Expediente 10.286; 6 de octubre de 1995, Expediente 9587; 14 de marzo de 1996, Expediente 11.038; 29 de marzo de 1996, Expediente 10.920; y 29 de agosto de 1996, Expediente 10.949 y 11 de julio de 1996, Expediente 10.822, entre otras.

(13) Sentencia del 10 de agosto de 2000, Expediente 11.518. En el mismo sentido, sentencia del 18 de octubre de 2000, Expediente 11.834.

(14) Sentencia de 23 de septiembre de 1994, Expediente 7577.

(15) Sentencia de 27 de enero 2000, Expediente 8490. En igual sentido, sentencias de 3 de noviembre de 1994, Expediente 7310; 15 de marzo de 1996, Expediente 9034; 28 de abril de 1994, Expediente 7733; 17 de junio de 1973, Expediente 7533; 10 de agosto de 2000, Expediente 11.585; 21 de febrero de 2002, Expediente 13.661, 20 de mayo de 2004, Expediente 14.405; de 13 de mayo de 1996, Expediente 10.627 y 5 de septiembre de 1996, Expediente 10.461, entre otras.

(16) Sentencia de 23 de septiembre de 1994, Expediente 7577.

(17) Sentencia de 8 de febrero de 1999, Expediente 10731. Ver entre otras sentencias de 23 de septiembre de 1994, en la que por primera vez se aplicó el daño especial como título de imputación por atentados terrorista, Expediente 8577; 21 de febrero de 2002, Expediente 13661.

(18) En relación con el valor probatorio de las publicaciones en periódicos la Sala, en sentencia de 10 de junio de 2009. Expediente 18.108, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, expuso el siguiente criterio: “Y, de otra parte, unos periódicos que según la parte demandante corresponden a publicaciones realizadas en los periódicos El Tiempo y El Nuevo Día, respectivamente, con los cuales pretendió demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el accidente y la responsabilidad de la entidad demandada. No obstante, esos documentos carecen por completo de valor probatorio, porque se desconoce su autor y su contenido no ha sido ratificado y, adicionalmente, por tratarse de las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas dentro de un proceso como una prueba testimonial, dado que carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio, en particular porque no fueron suministradas ante un funcionario judicial, no fueron rendidas bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador dio cuenta de su dicho (CPC, art. 227), y por el contrario, este tenía el derecho a reservarse sus fuentes. Estos artículos pueden ser apreciados como prueba documental y por lo tanto, dan certeza de la existencia de las informaciones, pero no de la veracidad de su contenido. Debe recordarse que el documento declarativo difiere de la prueba testimonial documentada. Por lo tanto, si bien el documento puede contener una declaración de tercero, el contenido del mismo no puede ser apreciado como un testimonio, es decir, la prueba documental en este caso da cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial”. Sobre el valor probatorio de los artículos de prensa, ver sentencia de 15 de junio de 2000, Expediente 13.338.

(19) Consejo de Estado. Sección Tercera, M.P. Ricardo Hoyos Duque. Expediente 13661.

(20) “(…) incumbe a las partes probar el supuesto dehecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

(21) Sentencia de 16 de abril de 2007, Expediente AP-44001-23-31-000-2005-00483-01.

(22) Parra Quijano Jairo, Manual de derecho probatorio, Librería Ediciones del Profesional, 2004, pág. 242.

(23) Betancur Jaramillo, Carlos, De la prueba judicial, Ed. Diké.1982, pág. 147.