Sentencia 1997-08913 de enero 27 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCION A

Rad.: 52001-23-31-000-1997-08913-01(18754)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Gonzalo Ortiz Guerra y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintisiete de enero de dos mil doce

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Nariño el día 25 de mayo de 2000, mediante la cual dispuso:

“Primero: Declarar que la Nación colombiana —Rama judicial— Fiscalía General de la Nación, [es] patrimonialmente responsable por la detención injusta de la cual fue víctima el señor Gonzalo Ortiz Guerra, lo mismo que por la retención ilegal de un vehículo automotor de propiedad de Mirtha Tayra Guiomar Chamorro.

Segundo: Condenar a la Nación colombiana —Rama judicial— Fiscalía General de la Nación, como consecuencia de la anterior declaración, a pagar los siguientes valores:

Perjuicios materiales:

En favor de Gonzalo Ortiz Guerra, como daño emergente la suma de un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos m/cte. ($ 1.484.000) y por pago de honorarios profesionales de abogado que lo defendió en el proceso de que dan cuenta los autos. Y la suma de un millón trescientos ochenta y tres mil ochocientos sesenta y tres pesos m/cte. ($ 1.383.863), como lucro cesante y por razón de no haber percibido remuneración durante el tiempo de detención. Total: $ 2.567.863 (sic)(1).

Por perjuicios morales al señor Gonzalo Ortiz guerra la cantidad de quinientos (500) gramos de oro fino como directo perjudicado. Y a su hijo Erick Joe Ortiz Rosero, la cantidad de doscientos (200) gramos de oro fino.

(…)

A favor de Mirtha Tayra Guiomar Chamorro y por concepto de perjuicios materiales (daño emergente) la suma de setecientos cuarenta mil pesos m/cte ($ 740.000), por pago de honorarios profesionales del abogado que procuró la recuperación del automotor retenido.

Se condena así mismo pero en abstracto a pagar a los entes demandados y a favor de Mirtha Tayra Guiomar Chamorro, los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, desprendidos de la parálisis del vehículo durante el tiempo que permaneció retenido por cuenta de la Fiscalía.

(…)

Denegar las demás pretensiones de la demanda”.

I. Antecedentes

1. La demanda.

En escrito presentado el día 14 de octubre de 1997, los ciudadanos Gonzalo Ortiz Guerra, en nombre propio y en el de su hijo Erick Joe Ortiz Rosero; Mirtha Tayra Guiomar Chamorro Noguera y Claudio Alberto Mora Vela, quienes actúan en nombre propio y en el de sus hijos menores Giovanny Alberto, Jessica Tatiana y Christian Alejandro Mora Chamorro, a través de apoderado judicial, formularon demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, contra la Nación – Ministerio de Justicia del Derecho y Fiscalía General, con el fin de que se les declare administrativamente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados, como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la cual habría sido objeto el primero de ellos y por la detención ilegal de un vehículo automotor.

En este sentido se solicitó en la demanda, a título de indemnización por perjuicios morales, un monto equivalente a 1.000 gramos de oro para cada actor y la suma total de $ 105’000.000, por perjuicios materiales (fls. 1 a 8 cdno. 1).

2. Los hechos.

La parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos:

Indicó que la señora Mirtha Tayra Guiomar Chamorro Noguera adquirió un camión marca Mitsubishi, modelo 1995, de placas SDL 830, el cual era destinado para el transporte de carga, cuyo conductor era el señor Gonzalo Ortiz Guerra, quien el día 17 de abril de 1996 se desplazó desde Bogotá hacia el municipio de La Hormiga (Putumayo) para transportar una carga en el citado automotor.

Señaló que durante el recorrido, el conductor recogió a una persona y el día 18 de abril de 1996, en el municipio de Mocoa, fueron objeto de una requisa por parte de miembros de la Policía Nacional, quienes hallaron en el interior del vehículo 12 canecas de líquido y por considerar esa carga como sospechosa ante la posible comisión de un ilícito, el conductor y su acompañante fueron retenidos y privados de su libertad; asimismo, se incautó el automotor.

Agregó que mediante proveído de fecha 3 de mayo de 1996, se profirió medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación en contra de las personas capturadas, decisión que fue revocada el día 30 de julio de 1996 y, por consiguiente, los sindicados fueron puestos en libertad.

Señaló, además, que el día 12 de diciembre de ese mismo año se precluyó la investigación porque el hecho no había existido, decisión que fue confirmada a través de resolución calendada en febrero 28 de 1997.

Añadió que el automotor continuó incautado hasta el día 5 de mayo de 1997; sin embargo, una vez el bien fue desvinculado del proceso penal recayó sobre el mismo una medida de embargo que fue decretada dentro de un proceso ejecutivo adelantado por la entidad financiera en contra de la propietaria del automotor como consecuencia del incumplimiento en el pago de las cuotas del crédito otorgado para adquirir el automotor, por cuanto aquéllas, según la demanda, se cancelaban con el producido del vehículo destinado al transporte de bienes y mercancías.

3. Contestación de la demanda.

Notificada del auto admisorio, la Nación, actuando a través del Ministerio de Justicia y del Derecho y por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma, pues sostuvo que “(…) basta leer detenida y analíticamente las diferentes providencias judiciales, para denotar la argumentación legal, lógica y seria y en donde en absoluto, en ninguna de las providencias atacadas por la parte actora, se cometió error grosero e ilegal, pues todas tuvieron asidero en la normatividad positiva y no fue producto del capricho de la autoridad judicial”.

Posteriormente, la parte demandada se opuso a las indemnizaciones solicitadas en el libelo introductorio, por cuanto los perjuicios materiales, según su juicio, no se hallan probados y en relación con los montos solicitados por perjuicios morales, los consideró excesivos (fls. 82 a 92 cdno. 1).

Nuevamente la Nación, esta vez por conducto de la Fiscalía General, rechazó las imputaciones en su contra, por considerar que “(…) actuó conforme a sus obligaciones constitucionales y legales (…)”.

Luego de referirse al marco jurídico que regula su actuación y prevé sus facultades, sostuvo que en este asunto “no se tomó una decisión judicial marginándose del ordenamiento jurídico, ni se desconoció en forma flagrante el debido proceso, ni los demás derechos fundamentales para poder pregonar la detención preventiva injusta”.

Y adicionó que

“(…) no se vislumbra responsabilidad a favor de nuestra representada, porque su actuación nació a consecuencia de una requisa, la cual afloraba sospechas del líquido que transportaban, señalando como autor del ilícito al quejoso. Entonces mal podría un fiscal descalificar o rechazar la demostración de la ocurrencia del hecho, en donde además existían graves indicios en contra del actor, ello sería someter a la justicia a la incertidumbre y ligereza, y también privar al deber de denunciar impuesto por la ley” (fls. 102 a 106 cdno. 1).

4. Vinculación al proceso de la Nación – Rama judicial.

Mediante auto de octubre 11 de 1999 se ordenó la vinculación al proceso de la Rama judicial, por conducto de la dirección ejecutiva de administración judicial (fls. 212 a 213 cdno. 1), ente que dio contestación a la demanda en el sentido de sostener que a la Fiscalía General de la Nación le corresponde investigar la comisión de delitos y, con ocasión de tal potestad, adoptó las decisiones que en su oportunidad dispusieron la captura y consiguiente privación de la libertad de los sindicados.

5. Alegatos de conclusión en primera instancia.

5.1. El Ministerio de Justicia y del Derecho señaló, en síntesis, que frente a estos casos no ostenta la representación judicial de la Nación, por cuanto ello le corresponde a la dirección ejecutiva de administración judicial (fls. 290 a 292 cdno. 1).

5.2. La Nación, Rama Judicial, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto en este asunto no se configuran los presupuestos para configurar la responsabilidad patrimonial del Estado (fls. 301 a 304 cdno. 1).

5.3. La Fiscalía General de la Nación, por su parte, señaló que en el sub lite no existe falla del servicio alguna que le resulte atribuible, amén de que cuenta con el deber legal de retener los bienes que lleguen a utilizarse para la comisión de delitos (fls. 305 a 309 cdno. 1).

5.4. La parte actora, a su turno, sostuvo que sí le asiste responsabilidad patrimonial al Estado por los daños causados a los actores, dado que el señor Ortiz Guerra fue privado de su libertad de manera injusta, con fundamento en los artículos 414 del entonces CPP, 68 de la Ley 270 de 1996 y 90 superior (fls. 310 y 311 cdno. 1).

5.5. Finalmente, el Ministerio Público consideró que sí se halla comprometida la responsabilidad de la Administración, dado que tan solo 2 días después de la retención del actor, se logró determinar que la conducta era atípica (fls. 313 a 322 cdno. 1).

6. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia proferida el 25 de mayo de 2000, accedió a las pretensiones de la demanda porque consideró que la privación de la libertad de que fue objeto el señor Gonzalo Ortiz Guerra fue injusta, habida cuenta que no resultaba procedente tal medida ante la ausencia de los requisitos previstos en el artículo 388 del entonces Código de Procedimiento Penal.

En relación con los perjuicios solicitados por la demandante Mirtha Tayra Guiomar Chamorro, el Tribunal Administrativo a quo señaló que los perjuicios morales deprecados por la retención del automotor no fueron acreditados y en cuanto al lucro cesante reclamado sostuvo que el dictamen pericial que los cuantificó carece de fundamentación, por lo cual dictó condena en abstracto en este punto.

El tribunal de primera instancia denegó, igualmente, la indemnización solicitada por la pérdida del automotor, por cuyo embargo la entidad financiera canceló las sumas que le adeudaba la actora, pues según se indicó en la sentencia apelada, “no hay prueba que acredite que la deudora (…) contrajo la obligación con FES., para ser cubierta exclusivamente con los dineros que produzca el servicio público del automotor retenido. Además, la entidad acreedora no suministra ningún otro dato que prueba una relación de tal magnitud” (fls. 330 a 345 c ppal).

7. La apelación.

Inconformes con la referida sentencia de primera instancia, las partes interpusieron recurso de apelación.

7.1. Impugnación de la parte actora.

Señaló que si bien no existe una certificación en la cual conste que la obligación contraída con la entidad financiera para adquirir el automotor, ilegalmente retenido, debiere cubrirse mes tras mes con el producido de dicho vehículo, lo cierto es que por el hecho atribuible al Estado, esto es por la incautación del bien por parte de la Fiscalía, la propietaria del automotor no pudo continuar sufragando las cuotas de la obligación por ella asumida, de allí que el proceso ejecutivo en su contra se hubiere promovido después de que el camión fue retenido, por manera que son hechos que “(…) no dejan otra conclusión, real, coherente, justa y ostensiblemente acertada de que el proceso ejecutivo de la FES sobrevino a causa de la retención injusta e ilegal del vehículo (…)”.

Indicó, además, que el Tribunal Administrativo a quo no tuvo en cuenta una prueba documental emitida por la empresa transportadora a la cual se hallaba afiliado el automotor retenido, por medio de la cual se certificó la utilidad reportada por dicho bien como consecuencia de la labor productiva a la cual era destinado.

Cuestionó igualmente a la denegación de los perjuicios morales reclamados a favor de la señora Chamorro Noguera y sus familiares, por considerar que los mismos “son lógicamente deducibles e inevitable consecuencia de los perjuicios materiales causados con la falla en el servicio. Pues si la demandante perdió su único bien que proporcionaba además de la cuota para su propio pago, lo necesario para el sustento diario de su familia, desde luego que no se puede desprender del padecimiento económico el moral”.

Finalmente, la parte actora solicitó el incremento de los perjuicios materiales reconocidos al señor Gonzalo Ortiz Guerra, dado que la suma a él reconocida se fundamentó en el dictamen pericial, cuando este aún no había sido aclarado, puesto que con ocasión de la solicitud de aclaración, se incrementó el monto determinado por los peritos y, por lo tanto, dicho valor fue el que debió reconocerse (fls. 363 a 365 cdno. ppal).

7.2. Impugnación de la Nación – Fiscalía General.

Reiteró lo expuesto en sus alegaciones finales en primera instancia en el sentido de sostener, de un lado, que “No se aprecia por parte del funcionario judicial instructor, un comportamiento anormalmente deficiente, abiertamente ilegal, ostensible y manifiestamente errado (…)”, situación necesaria para que opere una falla en el servicio en cabeza del Estado; de otra parte, reiteró que la Fiscalía General de la Nación contaba con la potestad de retener el automotor señalado en la demanda (fls. 374 a 378 cdno. ppal).

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

Los sujetos procesales guardaron silencio en esta etapa del proceso (fl. 383 cdno ppal).

II. Consideraciones

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la administración de justicia y el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la Administración de justicia conocen en primera instancia los Tribunales Administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado(2).

2. Responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación respecto de las condenas que se profieran en contra de la Nación por sus actuaciones.

Para la fecha de presentación de la demanda, la representación judicial de la Nación, en los casos en los cuales se discutía la responsabilidad del Estado por hechos imputables a la administración de justicia, estaba a cargo de la dirección ejecutiva de administración judicial, entidad que fue debidamente notificada y representada dentro del presente asunto.

No obstante lo anterior, la Sala en reiterada jurisprudencia ha señalado que si bien es cierto la Fiscalía General de la Nación pertenece a la rama judicial, también lo es que esta entidad goza de autonomía administrativa y presupuestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución.

Así pues, debido a tal autonomía las condenas que se profieran en contra de la Nación, por las actuaciones realizadas por la Fiscalía, deberán ser cumplidas o pagadas con el presupuesto de esta, tal como lo ha determinado esta corporación(3).

Dado que en el sub lite la Nación estuvo debidamente representada por la dirección ejecutiva de administración judicial, resulta procedente dirimir la controversia planteada y en caso de que se llegare a dictar alguna condena dentro de este proveído, esta debe ser asumida por la Fiscalía General de la Nación, con cargo a su presupuesto, como incluso lo dispuso el fallo apelado.

3. Responsabilidad de la parte demandada.

La Subsección analizará, de manera separada, la responsabilidad atribuida al ente demandado por los hechos concretos y diferentes que se le han imputado, a saber: i) la privación injusta de la libertad de la cual habría sido objeto el demandante Gonzalo Ortiz Guerra y ii) la supuesta retención ilegal del automotor en el cual se habría transportado el material que dio lugar al proceso penal relacionado con este asunto.

3.1. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de sus ciudadanos, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la administración de justicia.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, resulta necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por razón de la privación injusta de la libertad a la cual habría sido sometido el señor Ortiz Guerra desde el 18 de abril de 1996 hasta el 30 de julio de ese mismo año, con lo cual se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la corporación ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996, frente a lo cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido igualmente la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos(4):

“Para resolver el asunto es necesario remitirse al artículo 68 de la Ley 270 de 1996, según el cual quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado la correspondiente reparación de perjuicios. En relación con este precepto, sostuvo la Corte lo siguiente en la misma Sentencia C-037 de 1996:

‘Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.

En virtud de lo anterior, y a propósito de lo explicado en torno al artículo 66 del presente proyecto, debe entenderse que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente y el procedimiento a seguir respecto de la responsabilidad proveniente del error judicial en que incurran las demás autoridades judiciales.

Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible (subraya la Sala)’.

En sentencia del 2 de mayo de 2007(5), la Sala señaló que una lectura aislada del artículo 68 de la Ley 270, junto con las consideraciones tenidas en cuenta por la Corte Constitucional para declarar exequible el proyecto de dicha disposición, podría conducir a entender que la referida norma estatutaria habría restringido el ámbito de posibilidades dentro de las cuales sería posible declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención ordenada por autoridad judicial dentro de una investigación penal, a aquellos casos en los cuales tenga lugar ‘una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria’, es decir a supuestos en los cuales se acredite una falla del servicio de administración de justicia de las características descritas por la Corte en el apartado que se acaba de reproducir.

Sin embargo, tal conclusión no consulta la obligación del intérprete de buscar el sentido de las disposiciones no de forma aislada e inconexa, sino en el conjunto tanto del cuerpo normativo en el cual se insertan, como de la totalidad del ordenamiento jurídico y, en especial, poniéndolas en contacto con aquellos preceptos de la norma fundamental que no pueden soslayarse al momento de precisar su contenido y alcance. En consecuencia, mal podría identificarse el significado del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, prescindiendo de una hermenéutica sistemática con las demás normas de la misma ley estatutaria que regulan el objeto al cual ella se refiere o, peor aún, omitiendo conectarla con el artículo 90 constitucional, piedra angular del régimen de responsabilidad del Estado operante en Colombia desde que rige la Carta Política de 1991.

Teniendo en cuenta el criterio expuesto, la Sala concluyó, en la precitada sentencia, que para concretar el alcance del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 resulta imperioso conectarlo con el enunciado normativo contenido en el artículo 65 ibídem, de acuerdo con el cual ‘el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales’, norma que no introduce limitación o condicionamiento alguno encaminado a impedir el juzgamiento o la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado como consecuencia de la actividad de la administración de justicia, distinto de la causación de un daño antijurídico. No podía preverlo, por lo demás, como quiera que con ello conculcaría la regulación efectuada por el artículo 90 de la Carta, que igualmente constituye el concepto de ‘daño antijurídico’ en el elemento central cuya concurrencia debe evidenciarse para que proceda el reconocimiento de la responsabilidad estatal —siempre, claro está, que ese daño pueda imputarse jurídicamente a una autoridad pública—.

No es viable, en consecuencia, considerar que un precepto contenido en una ley estatutaria pudiera restringir los alcances que a la responsabilidad del Estado le vienen determinados desde el artículo 90 de la Constitución. Al remarcarlo así, la propia Corte Constitucional no hace otra cosa que señalar que, más allá de las previsiones contenidas en la comentada Ley 270 de 1996, los parámetros a los cuales se ciñe la responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas son los estructurados por el artículo 90 de la Carta, que pueden ser precisados, mas no limitados, por una norma infraconstitucional. El anterior aserto encuentra refuerzo adicional en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Estatutaria de la administración de justicia, el cual, desarrollando el querer del plurimencionado artículo 90 constitucional, amplía el plexo de hipótesis en las cuales puede declararse la responsabilidad del Estado derivada de la función de administración de justicia, al estatuir que ‘quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación’ (negrillas del original).

Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 referida a la calificación de injusta de la privación de la libertad y el alcance que la Corte Constitucional le ha dado a la norma no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los cuales el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como de los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la administración de justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado a la que se hizo referencia en apartado precedente ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996 (Se destaca en esta oportunidad).

En definitiva, no resultan compatibles con el artículo 90 de la Constitución, interpretaciones de normas infraconstitucionales que restrinjan la cláusula general de responsabilidad que aquél contiene. Partiendo de la conclusión anterior, la Sala determinó que en el artículo 90 de la Constitución Política tienen arraigo, aún después de la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996, todos los supuestos en los cuales se produce un daño antijurídico imputable a la administración de justicia que no están contemplados —más no por ello excluidos, se insiste en el premencionado artículo 68 de la ley estatutaria de la administración de justicia— , entre ellos, como en los eventos en los cuales se impone a un ciudadano una medida de detención preventiva como consecuencia de la cual se le priva del ejercicio del derecho fundamental a la libertad pero posteriormente se le revoca tal medida al concluir que los aspectos fácticos por los cuales el investigado fue detenido no constituyeron hecho delictuoso alguno, supuesto que estaba previsto en el artículo 414 del CPP, y que compromete la responsabilidad de la Administración, pues con su actuación causó un daño antijurídico consistente en la privación de la libertad en contra de quien no cometió el hecho delictuoso imputado, circunstancia que torna injusta la medida y que debe ser reparada por la autoridad que produjo el hecho (destaca la subsección).

En este sentido, la Sala, en sentencia del 26 de marzo de 2008(6), precisó:

‘3. Visto lo anterior, debe tenerse en cuenta que la privación de la libertad que se discute en este proceso, ocurrió entre el primero de octubre de 1996 y el 30 de octubre de 1997, cuando había entrado a regir la ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, promulgada el 15 de marzo de 1997, y en cuyo artículo 68 se establece: ‘Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios (…)’.

Respecto del mismo artículo, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota en la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando esta sea ilegal o arbitraria. En jurisprudencia reciente(7), se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, contempladas en el derogado artículo 414 del decreto 2700 de 1991, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad en las cuales se haya arribado a cualquiera de los tres supuestos a los que hacía referencia la citada disposición. Es decir, que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta ‘porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible’, se configura un evento de detención injusta. A las hipótesis citadas se les ha agregado el evento de absolución en aplicación del in dubio pro reo.

De acuerdo con los principios tutelares del Estado Social y Democrático de Derecho, entre los cuales la libertad y la justicia ocupan un lugar privilegiado, frente a la materialización de cualquiera de las hipótesis enunciadas, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o por in dubio pro reo, se habrá de calificar sin ambages como detención injusta. Es por ello, que se trata de una responsabilidad objetiva, dado que en eventos de esta naturaleza, ambos valores se encuentran en juego y un argumento de tipo utilitarista, en el sentido de afirmar que se trata de una carga que se debe soportar en bien de la mayoría, no tiene justificación alguna’(8)” (negrillas y subrayas de la Subsección).

La Sala ha considerado necesario presentar estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto y las normas aplicables, las cuales serán tenidas en cuenta para valorar el acervo probatorio que se ha incorporado al proceso, con el fin de establecer si está demostrada en este caso —como en efecto lo está—, la responsabilidad de la entidad demandada, por la privación injusta de la libertad del señor Gonzalo Ortiz Guerra.

3.2. El material probatorio que obra en el proceso.

Al proceso se allegó, por parte de la Fiscalía General de la Nación, copia autenticada del proceso penal 12.192 (cdnos. 2 y 3), adelantado en contra del aquí demandante Gonzalo Ortiz Guerra, con ocasión del cual se le privó de su libertad, expediente que será valorado por la corporación por cuanto se allegó al proceso por la propia entidad demandada, según oficio 001 de julio 1º de 1999 (fl. 187 cdno. 1), en cumplimiento al requerimiento hecho por la Secretaría del Tribunal Administrativo a quo, con ocasión del auto de pruebas de fecha 9 de abril de ese mismo año (fl. 184 cdno. 1).

Al respecto, esta Subsección ha sostenido(9):

“Y en cuanto a la Fiscalía General de la Nación, se observa que si bien dentro de su contestación a la demanda no hizo alusión alguna a los medios de prueba solicitados y/o aportados por los demás sujetos procesales ni tampoco solicitó la práctica de prueba alguna, lo cierto es que la aludida prueba trasladada fue aportada por dicha entidad, de conformidad con el auto de pruebas y el oficio librado para tal fin, cuestión que despeja cualquier duda en relación con el aporte al proceso de tal medio probatorio y su consiguiente mérito, puesto que, en suma, fue allegado por la propia entidad demandada”.

Dentro de la aludida prueba trasladada reposan, entre otros medios de convicción, las siguientes pruebas documentales:

— Copia del acta de captura del señor Gonzalo Ortiz Guerra, de fecha 18 de abril de 1996, por parte de la Policía Nacional (Mocoa – Putumayo), por la supuesta violación de la Ley 30 de 1986 (fl. 3 cdno. 3).

— Copia de la Resolución de Apertura de Instrucción 084, proferida por el 19 de abril de 1996 por la Fiscalía 20 Local de Mocoa en contra de la mencionada persona (fls. 6 y 7 cdno. 3).

— Copia de la boleta de retención 011 de fecha 19 de abril de 1996, mediante la cual la Fiscalía de conocimiento solicitó al Director de la cárcel del circuito judicial de Mocoa (Putumayo) mantener recluido al señor Ortiz Guerra en dicha penitenciaría (fl. 8 cdno. 3).

— Copia de la Resolución proferida el 3 de mayo de 1996, por medio de la cual se resolvió la situación jurídica del procesado en el sentido de dictar medida de aseguramiento en su contra sin beneficio de excarcelación, por la supuesta infracción a la Ley 30 de 1986 (fls. 83 a 86 cdno. 3). La anterior decisión fue impugnada directamente por el propio afectado, señor Gonzalo Ortiz Guerra, tal como lo acredita la copia del memorial contentivo del recurso de apelación por él interpuesto (fls. 152 a 157 cdno. 3).

— Copia de la decisión dictada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional el día 29 de julio de 1996, a través de la cual se desató el recurso de apelación interpuesto por el sindicado contra la decisión contenida en la resolución fechada el 3 de mayo de ese mismo año (fls. 205 a 213 cdno. 3); dentro de la decisión de segunda instancia se revocó la medida de aseguramiento impuesta al aquí demandante y se ordenó su libertad inmediata, de acuerdo con lo siguiente:

“(…) la única prueba considerada como válida para la identificación de las sustancias incautadas, es aquella que se practicó por parte del Fiscal Veinte Local con presencia del perito … y que empece a la utilización de los reactivos adecuados no permitió la determinación de la clase de sustancia (…).

Necesariamente esta circunstancia procesal conlleva a la aceptación de que el hecho investigado es atípico y en consecuencia así se pretendan construir indicios en contra de los indagatoriados, no puede afectarse su situación jurídica con medida de aseguramiento” (Se destaca).

— Copia del oficio 2800 de julio 30 de 1996, por medio del cual la Fiscalía General de la Nación le solicitó al Director de la cárcel judicial de Mocoa (Putumayo) dejar en libertad al señor Ortiz Guerra (fl. 226 cdno. 3).

— Copia de la decisión calendada en diciembre 12 de 1996, a través de la cual se precluyó la investigación adelantada en contra del ahora demandante Gonzalo Ortiz Guerra, con fundamento en lo siguiente:

“(…) los hechos a que se contrae la presente investigación tuvieron ocurrencia el 19 (sic) de abril del año que avanza, fecha en que fue sometido a una requisa el camión distinguido con las placas SLD-830 afiliado a la empresa encomiendas Tele-carga sucursal Pasto (Nariño), habiendo encontrado en el interior del mismo y en medio de comestibles y otros elementos relacionados en la instrucción 12 canecas de 55 galones contentivas de sustancia líquida.

(…)

Ante los resultados de los experticios químico legales es menester tener en cuenta que las normas rectoras de la ley penal y concretamente el artículo 3 del mismo estatuto, predica que para que una conducta sea típica debe estar plenamente descrita en la ley como delito.

Tal como se observa a la instrucción no se han allegado pruebas que modifiquen el valor de los mencionados experticios, por tanto el hecho investigado no se encuentra subsumido en ninguno de los tipos penales descritos en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y demás disposiciones (…)”. (fls. 254 a 256 cdno. 3) – (Se deja destacado en negrillas y en subrayas).

Dentro de esta decisión también se dispuso la entrega del automotor retenido a su propietaria, señora Chamorro Noguera, aspecto sobre el cual se volverá más adelante.

— Copia de la decisión de segunda instancia, dictada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional el día 28 de febrero de 1997, mediante la cual se confirmó la decisión —consultada— que precluyó la investigación a favor del señor Ortiz Guerra, por cuanto “el hecho es atípico” (fls. 277 a 282 cdno. 3).

— Certificación —original aportada con la demanda— emitida por el INPEC, según la cual el señor Gonzalo Ortiz Guerra ingresó a la cárcel del Circuito Judicial de Mocoa el día 19 de abril de 1996 y salió de dicho centro penitenciario el día 30 de julio de ese mismo año, según boleta de libertad 26 (fl. 33 cdno. 1).

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la corporación encuentra que el demandante Gonzalo Ortiz Guerra fue privado de su derecho a la libertad desde el 18 de abril de 1996 hasta el 30 de julio de ese mismo año, sindicado de la infracción a la Ley 30 de 1986, pero la Fiscalía General de la Nación precluyó posteriormente la investigación a favor del ahora accionante, debido a que la conducta no constituía un hecho punible. 

Por consiguiente, se impone concluir que el actor no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la Administración de resarcir a dicha persona por ese hecho, tal como se dejó indicado en precedencia. 

3.3. Indemnización de perjuicios.

3.3.1. Perjuicios morales.

La parte actora solo se opuso en este punto a la indemnización dispuesta por perjuicios materiales a favor de la víctima directa del daño, por manera que el monto reconocido al señor Ortiz Guerra y a su hijo Erick Joe Ortiz(10), a título de perjuicios morales, será mantenida por la Sala, pero en términos de salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Lo anterior resulta procedente en consideración a las pautas trazadas en la sentencia de 6 de septiembre de 2001 (Exps. 13.232 y 15.646), en la cual se sugirió la cantidad equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes como indemnización para los perjuicios morales en los eventos de mayor intensidad, con lo cual se abandonó el criterio de aplicación extensiva de las normas que sobre la materia se habían adoptado en el Código Penal, por considerarlo improcedente y para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo, que ordenan la reparación integral y equitativa del daño y la tasación de las condenas en moneda legal colombiana, respectivamente.

Así las cosas, para convertir la condena en salarios mínimos legales mensuales vigentes, se parte de la reflexión de que la indemnización ordenada por el tribunal de primera instancia fue de 500 gramos oro para la víctima directa del daño y 200 gramos de ese mismo metal precioso para su hijo, de modo que se efectuará ese mismo reconocimiento en el monto equivalente a 50 y 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno, respectivamente.

3.3.2. Perjuicios materiales.

En relación con los perjuicios materiales reconocidos en la sentencia apelada a favor del señor Ortiz Guerra y que constituye en este aspecto concreto el motivo de disenso mediante el recurso de alzada, se encuentra que en la demanda se solicitó, por este rubro, lo siguiente:

“(…) ($ 10.000.000) por concepto de daño emergente, que corresponde a los gastos en honorarios profesionales de Defensores que debió contratar el demandante Gonzalo Ortiz Guerra, en procura de lograr su libertad lo más pronto posible, y una menor parte en contratación de alimentación y algunas pertenencias para hacer más liviano y llevadero su paso por la Cárcel Judicial de Mocoa”.

(…) ($ 2.000.000) por concepto de lucro cesante a favor de Gonzalo Ortiz Guerra, que corresponde a los salarios que dejó de percibir en cuatro meses que estuvo privado de su libertad injustamente, a razón de $ 500.000.oo mensuales aproximadamente” (fl. 2 cdno. 1).

El Tribunal Administrativo a quo accedió a esta pretensión, pero en una cuantía inferior a la solicitada, pues reconoció la suma total de $ 2’867.863, discriminada así:

— $ 1’484.000, a título de daño emergente y que corresponde a lo que el actor habría cancelado a un profesional del Derecho para que lo representare en el proceso penal que debió afrontar.

— $ 1’383.863, por concepto de lucro cesante “por razón de no haber percibido remuneración durante el tiempo de detención”.

Para el reconocimiento de los anteriores montos, el Tribunal de primera instancia acogió una prueba pericial practicada en el proceso, mediante la cual se cuantificaron tales valores.

La parte actora se opuso a la indemnización reconocida, por considerar que la misma se efectuó sin tener en consideración el incremento que frente a esos valores se efectuó al momento de aclarar la pericia, esto es la suma total de $ 4’335.800, la cual, según su juicio, debió reconocérsele.

• Daño emergente

En cuanto al daño emergente solicitado y que habría consistido en los gastos que por servicios profesionales requirió el actor para afrontar el proceso penal, la Subsección encuentra que dentro del dictamen pericial practicado en el proceso se calculó ese rubro en la suma de $ 1’184.000, el cual resultó de actualizar el monto de $ 800.000, suma que según un recibo de pago aportado con la demanda habría cancelado el actor a un profesional del Derecho por tal concepto.

Si bien es cierto que se allegó el recibo 33, fechado en abril 19 de 1996, según el cual el señor Gonzalo Ortiz Guerra habría efectuado el pago de $ 800.00 por concepto de “honorarios proceso violación Ley 30-86 Fiscalía Regional”, también lo es que el beneficiario de esa suma de dinero, señor José Gustavo Ospina, cuya firma, identificación y número de la tarjeta profesional de abogado aparecen descritos en el interior del documento, no fue la persona que en realidad representó al procesado y, por consiguiente, no puede accederse a una indemnización en concreto con base en una prueba documental que no arroja certeza suficiente acerca del monto del perjuicio causado.

En efecto, según el proceso penal traído a este litigio —cuya eficacia probatoria quedó definida anteriormente—, el señor Gonzalo Ortiz Guerra estuvo representado judicialmente por varios abogados, a saber: i) un primer profesional del derecho, doctor Víctor Manuel Morales Arteaga, quien lo asistió a partir de la diligencia de indagatoria celebrada el día 20 de abril de 1996 (fl. 17 cdno. 3); ii) posteriormente, el sindicado y ahora demandante confirió el día 23 de abril de ese mismo año, otro mandato al abogado Hugo Gabriel Abello Padilla (fl. 54 cdno. 3), quien lo representó a lo largo de casi toda la investigación penal, pues solo hasta el día 21 de noviembre de 1996 –poco antes de precluirse la investigación a favor de su defendido, lo cual ocurrió el 12 de diciembre siguiente– dicho apoderado renunció al poder a él conferido (fl. 251 cdno. 3), sin embargo, se encuentra que a través de otro memorial, radicado ante la Fiscalía de conocimiento el día 30 de septiembre de ese año, el sindicado le iii) otorgó otro poder a la abogada Lucero Muñoz Romero (fl. 237 cdno. 3), para que asumiere su defensa en el tantas veces aludido proceso penal.

Así las cosas, está claro que el abogado José Gustavo Ospina, quien figura en el recibo 33 como beneficiario de la suma de $ 800.000, por concepto de honorarios profesionales en el proceso penal adelantado en contra del señor Gonzalo Ortiz Guerra, no fue quien asistió judicialmente al actor en la investigación penal, razón por la cual esa única prueba documental allegada para acreditar el perjuicio material reclamado no arroja la fuerza de convicción suficiente para determinar la cuantía de la erogación ahora reclamada.

Nótese cómo el aludido recibo de pago fue emitido el día 19 de abril de 1996, es decir, un día antes de la diligencia de indagatoria, dentro de la cual, se reitera, intervino como abogado defensor el abogado Víctor Manuel Morales Arteaga y no el doctor José Gustavo Ospina, quien según dicho documento habría recibido del sindicado el día anterior a tal diligencia el monto por concepto de honorarios profesionales para representar al sindicado, cuestión que denota aún más la incertidumbre probatoria respecto de dicha prueba y, por ende, del pago en sí mismo.

La subsección encuentra que el demandante en este litigio contó con una representación judicial a lo largo del proceso penal y que la misma, según se vio, se surtió a través de varios mandatarios judiciales, por lo cual se accederá a la indemnización pero mediante condena en abstracto, habida cuenta de que el recibo de pago antes anotado carece de eficacia probatoria por las arzones que se han expuesto, motivo por el cual la parte actora deberá, mediante trámite incidental, allegar la documentación idónea que demuestre el quantum de lo que debió pagar a quienes lo representaron en la investigación penal.

La liquidación de los perjuicios señalados en precedencia deberá efectuarse mediante trámite incidental, el cual deberá ser promovido por el demandante dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del auto del tribunal administrativo a quo que ordene cumplir lo dispuesto en esta providencia, según las previsiones contenidas en los artículos 172 del CCA, y 135 a 137 del CPC.

• Lucro cesante

La subsección estima procedente la indemnización decretada por esta clase de perjuicio material y para su cuantificación no se requiere de la prueba técnica decretada en el litigio, la cual tuvo en cuenta la actividad laboral ejercida por el actor (conductor de vehículo de transporte de carga) y el salario mínimo legal mensual vigente para el año en que la víctima fue privada de su libertad (1996); sin embrago, se advierte que la indemnización será limitada al monto solicitado en la demanda, con base en el principio de congruencia de la sentencia.

En el proceso se acreditó que el señor Gonzalo Ortiz Guerra se dedicaba al transporte de carga y que precisamente en desarrollo de dicha actividad productiva fue objeto de la medida de aseguramiento en su contra.

Para efectos de acreditar el salario percibido por la víctima al momento de su detención, se allegó al proceso una certificación emitida por la señora Chamorro Noguera, según la cual el señor Ortiz Guerra percibía un ingreso mensual de $ 500.000, como conductor del automotor de propiedad de la primera (fl. 73 cdno. 1).

Si bien la aludida prueba documental proviene de quien ostenta la condición de parte en este litigio, la Sala le otorgará eficacia probatoria en la medida en que en el presente caso convergen dos causas distintas por cuya virtud se demandó la responsabilidad patrimonial del Estado; dicho de otra manera, el señor Gonzalo Ortiz Guerra demandó la responsabilidad de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto, en tanto que la señora Chamorro Noguera pretende el resarcimiento de los perjuicios que se le habrían causado como consecuencia de la supuesta retención ilegal del automotor del cual ella es propietaria.

Por consiguiente, dado que en este asunto se trata, en suma, de una evidente acumulación de procesos, la prueba documental antes descrita puede y debe acogerse, habida cuenta de que para la causa —o mejor— para el proceso del señor Gonzalo Ortiz Guerra, la señora Chamorro Noguera no funge como parte actora y, por lo tanto, no se afecta el mérito probatorio de dicha certificación laboral, amén de que se trata de una prueba que necesariamente debía provenir de la mencionada señora, habida cuenta de su condición de empleadora respecto del señor Ortiz Guerra.

En consecuencia, se adoptará como salario base de liquidación, la suma de $ 500.000, los cuales, actualizados a valor presente(11), arrojan un monto de $ 1’578.720, más el incremento del 25%, por concepto del correspondiente factor prestacional ($ 394.680), lo cual determina un ingreso base de liquidación de $ 1’973.400.

Se precisa, además, que el lucro cesante se debe liquidar, como lo ha sostenido la Sala, teniendo en cuenta el período consolidado comprendido entre el tiempo durante el cual el actor estuvo privado de la libertad y el lapso que según las estadísticas una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral.

Acerca del período a liquidar en los eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el observatorio laboral y ocupacional colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses)(12)(13).

El señor Ortiz Guerra estuvo privado de su libertad a partir del día 18 de abril de 1996 hasta el 30 de julio de ese mismo año, período al cual, según se indicó, debe agregársele el tiempo durante el cual una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel.

S = $ 1’973.400(1+ 0.004867)11.8 – 1

______________________________

0.004867

Se precisa que el exponencial (11.8) al cual se eleva la cifra dentro de la fórmula aritmética antes descrita, corresponde al número de meses trascurridos desde la fecha de la privación de la libertad del actor (abril 18 de 1996) hasta la fecha en que recobró tal derecho (julio 30 de 1996), más el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral (8.75 meses).

La anterior operación arroja el siguiente monto: S = $ 23’907.956

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la pretensión por lucro cesante a favor de la víctima se limitó en la demanda, de manera concreta, a la suma de $ 2’000.000, cantidad que actualizada a valor presente arroja un monto de $ 4’988.657(14), por manera que en aplicación al mencionado principio de congruencia, se reconocerá esta última suma al demandante, a título de indemnización por lucro cesante.

4. Responsabilidad de la parte demandada por la incautación del automotor en el cual se transportaba la sustancia que dio lugar a la investigación penal.

En relación con la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la retención de automotores a causa de una investigación penal —previa incautación por parte de la Policía Nacional— por la posible violación a la Ley 30 de 1986 y normas concordantes, la Sección Tercera del Consejo de Estado, ante un caso similar al que ahora se analiza, consideró(15):

“(…) encuentra la Sala que la situación a la que se vio avocado el demandante con ocasión de la incautación de su vehículo se origina en dos situaciones fácticas distintas, con sus respectivas implicaciones jurídicas: de una parte la responsabilidad estatal derivada de la imposición de una medida preventiva y punitiva de naturaleza jurisdiccional respecto de un bien privado y de otra parte la responsabilidad estatal derivada de sus obligaciones como depositario de bienes objeto de tales medidas.

(…)

(…) situaciones como la descrita ameritan un estudio en concreto a efectos de determinar si las particulares circunstancias del caso dan lugar a concluir, o no, que el ciudadano en quien recaen tales medidas precautelativas en el ámbito punitivo efectivamente debe soportar sus consecuencias. Dadas las graves implicaciones que tales consecuencias comportan para los titulares de los bienes afectados, resultan predicables y por tanto plenamente aplicables los criterios que ha venido siguiendo esta corporación a propósito de la detención preventiva de personas.

Ha dicho la Sala que aun cuando el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado comporta la posibilidad de restringir la libertad personal con fines preventivos, en determinadas circunstancias esa detención bien puede llegar a ser calificada de injusta y por ende constitutiva de un daño antijurídico, incluso en aquellos eventos en los cuales la absolución del sindicado deviene de la aplicación del principio del in dubio pro reo por no haberle sido desvirtuada la presunción de inocencia que lo ampara constitucionalmente(16).

Como aspectos fundantes de dichos planteamientos ha esgrimido la Sala(17) que ‘carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas’ e invocando el postulado general contenido en el artículo 2º de la Constitución Política en cuanto a que uno de los fines esenciales de la organización estatal es la protección de las libertades y los derechos de todas las personas residentes en Colombia, precepto que también alude expresamente a sus bienes; ha recordado igualmente que

‘Entre las consideraciones acerca de la naturaleza del daño antijurídico se ha sostenido que, en cada caso, ha de corresponder al juez determinar si el daño va más allá de lo que, normalmente y sin compensación alguna, debe soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada y comportarse como un sujeto solidario. En ese orden de ideas, no pocas veces se ha concluido que constituye daño antijurídico aquel que se experimenta en el ámbito puramente material, por vía de ejemplo, cuando se devalúa un bien inmueble por la proximidad de un puente vehicular que ha sido construido y puesto en funcionamiento para el bienestar de toda la colectividad’.

Del mismo modo, la Sala ha reconocido la existencia de daños antijurídicos originados en situaciones distintas a la detención preventiva de personas, como cuando se restringen las libertades de locomoción y circulación e incluso ante la imposición de cauciones prendarias, cuando tales restricciones y medidas resultan injustificadas y el afectado con las mismas ‘no originó el hecho que dio lugar a la medida cautelar’. En dicha oportunidad expuso la Sala las siguientes consideraciones: 

‘Para la Sala es claro que si se exonera a un sindicado bajo el supuesto de que quedó establecido en el plenario que él no cometió el hecho del que se le acusa, la restricción a la libertad de locomoción y de residencia a la que se le sometió, le produjo un daño antijurídico que no estaba obligado a soportar y, por consiguiente, hay lugar a indemnizarlo. Lo que a juicio de la Sala compromete la responsabilidad de la administración en estos eventos es la antijuridicidad del daño padecido por la víctima, como que esta no tiene el deber de padecerlo.

De manera que, las obligaciones derivadas de la medida cautelar dineraria (caución prendaria) la obligación de no cambiar de domicilio ni salir del país sin previa autorización de la autoridad judicial respectiva, a la postre pueden generar un daño antijurídico cuando se establezca, entre otras hipótesis que la conducta no fue cometida por el sindicado. En tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se hizo padecer al sindicado’(18)

Por esta misma senda argumentativa es perfectamente posible entonces llegar a la conclusión de que en el presente caso la imposición de la medida de incautación respecto del vehículo del señor Jacobo Arends Gonzalez fue injustificada, más aún cuando resultó exonerado de la responsabilidad penal que le fue imputada en razón a la presunta ilicitud en la utilización de dicho automotor, lo cual conduce necesariamente a calificar de antijurídico el daño patrimonial consecuente” (Se destaca). 

De conformidad con la copia del oficio 0265, dirigido por la Policía del municipio de Mocoa (Putumayo) al Fiscal Regional de dicho municipio el día 19 de abril de 1996, la Sala encuentra que el automotor conducido por el señor Ortiz Guerra “fue inmovilizado en momentos en que el personal adscrito a la Estación Mocoa realizaba puesto de control sobre la Avenida Colombia de la ciudad” (fl. 1 cdno. 3).

La retención del automotor obedeció a la impresión que se tuvo por parte de la Policía Nacional, de que allí se transportaban “sustancias precursoras [de] estupefacientes (METIL – ETIL – CETONA)”, según da cuenta de ello el inventario de vehículos decomisados por las autoridades policiales (fl. 5 cdno. 3) y las declaraciones emitidas por los agentes que participaron en el hecho, señores Enrique Tapiero Gutiérrez (fl. 9 cdno. 3), Pedro Ignacio López Sepúlveda (fl. 12 cdno. 3) y Germán Enrique Padilla Orbes (fl. 41 cdno. 3).

No obstante, según las diferentes decisiones proferidas al interior de la investigación penal y que llevaron, precisamente, a la preclusión de la investigación a favor de los sindicados, dan cuenta de que el vehículo conducido por el señor Ortiz Guerra no fue utilizado para el transporte de narcóticos o sustancias relacionadas cong aquellos, pues incluso dentro de la decisión que resolvió la situación jurídica de los vinculados al proceso penal —y que paradójicamente les impuso medida de aseguramiento con detención preventiva—, así se determinó:

‘(…) las pruebas arrimadas a la foliatura y especialmente de la inspección judicial (…) y prueba de campo (…) se estableció que las sustancias examinadas arrojaron resultados negativos para amoniaco, carbonatos o bicarbonatos, alcaloides y para cocaína y sus derivados, pruebas que están siendo respaldadas con el resultado del análisis del laboratorio de Investigación Científica zona sur occidental Labici, mediante la cual se estableció que la muestra examinada ‘Contiene una mezcla compleja de solventes orgánicos, los cuales no se encuentran controlados por la Ley 30 de 1986 y sus decretos reglamentarios’”.

Por consiguiente, la Sala estima que la imposición y subsistencia de la medida en contra de la parte demandante, consistente en la incautación del automotor por el término durante el cual se adelantó la investigación penal, sobrepasó la carga pública que estaban llamados a resistir los actores como consecuencia del ejercicio del ius puniendi por parte del Estado. Así ha discurrido la Subsección, al abordar el estudio de un caso similar(19)

“En consecuencia, al haberse precluído el proceso penal en contra del señor Edberto Benavides, precisamente porque no se probó que el vehículo por él conducido estuviere siendo utilizado para el transporte de narcóticos y dado que la imposición y subsistencia de dicha medida, en el transcurso de más de un año durante el cual se adelantó la investigación penal, radicó, en suma, en la sospecha que en tal sentido tuvo en su momento el miembro del comando de la Policía de Mocoa, se impone concluir que la incautación de dicho bien sobrepasó la carga pública que estaban llamadas a resistir las demandantes como consecuencia del ejercicio del ius puniendi por parte del Estado”.

5. Indemnización de perjuicios.

5.1. Perjuicios morales.

En la demanda se solicitó un monto equivalente a 1.000 gramos de oro para cada demandante, esto es para los señores Mirtha Tayra Guiomar Chamorro Noguera (propietaria del bien retenido(20)) y Claudio Alberto Mora Vela(21), así como para sus hijos Giovanny Alberto, Jessica Tatiana y Christian Alejandro Mora Chamorro(22), con fundamento en lo siguiente:

“(…) es incalculable el dolor moral que sufrieron al ser privados de su herramienta de trabajo que suministraba los ingresos mensuales suficientes para vivir en familia una vida modesta, como lo fue el furgón de placas SDL-830, ya que al ser retenido no solo dejaron de obtener los ingresos necesarios para el sustento de la familia, sino que además desde entonces la madre de familia a nombre de quien se obtuvo el vehículo, incurrió en mora en las cuotas mensuales que pagaba a la FES y hoy afronta un proceso ejecutivo con una liquidación considerablemente elevada que no solo conllevará a la pérdida total del vehículo sino a quedar en deuda con la corporación y a estar en inminente posibilidad de ser objeto de embargo y secuestro de los demás bienes muebles y enseres, que la familia Mora Chamorro ha obtenido con grandes esfuerzos. Padecimiento moral que en ambos casos, no solo lo sufrieron los demandantes sino como acontece en tales circunstancias, lo padecen los familiares y menores que dependen económicamente de estos, como en el caso de los esposos Mora Chamorro que se vieron obligados a cambiar a sus hijos de colegio privado a uno oficial y de poco agrado de los menores” (fl. 2 cdno. 1).

La indemnización solicitada por este concepto fue denegada por el Tribunal Administrativo a quo, en cuanto consideró que el perjuicio reclamado no se hallaba probado, argumento rebatido en el recurso de apelación, en los siguientes términos:

“son lógicamente deducibles e inevitable consecuencia de los perjuicios materiales causados con la falla en el servicio. Pues si la demandante perdió su único bien que proporcionaba además de la cuota para su propio pago, lo necesario para el sustento diario de su familia, desde luego que no se puede desprender del padecimiento económico el moral”.

Para efectos de establecer si la pretensión que aquí se analiza resulta, o no, procedente, necesariamente debe efectuarse un análisis acerca de lo sucedido con el bien mueble incautado, el cual fue objeto de una medida de embargo decretada en un proceso ejecutivo adelantado por la entidad financiera en contra de la propietaria del automotor, cuya garantía a favor de la acreedora habría sido el mismo vehículo, amén de que el relato de los hechos relacionados con dicho proceso ejecutivo servirá para resolver las demás pretensiones que, por perjuicios materiales, se solicitó en la demanda, tal como se expondrá más adelante.

Al respecto se encuentra que al proceso fue allegado, en copia autenticada, el proceso ejecutivo 1436 adelantado por la Fundación FES en contra de la señor Mirtha Tayra Guiomar Chamorro Noguera, el cual fue solicitado por la parte actora en la demanda (fl. 6 cdno. 1). La anterior prueba fue decretada en primera instancia a través de auto de 4 de septiembre de 1998 (fl. 148 cdno. 1); la Secretaría del Tribunal Administrativo a quo libró para tal fin el correspondiente oficio No. 5103 (fl. 155 cdno. 1); el Despacho judicial requerido, mediante auto de 6 de octubre de 1998, ordenó la expedición de las copias autenticadas del aludido proceso ejecutivo (fl. 156 cdno. 1) y esa decisión fue acatada por la Secretaría correspondiente, según las certificaciones secretariales sobre la expedición de copias auténticas del aludido proceso, las cuales obran a folios 25 y 83 de los cuadernos 4 y 5 del expediente, respectivamente.

Los documentos y diligencias que obran dentro de la referida prueba trasladada serán objeto de valoración probatoria en este proceso, dado que la entidad demandada (la Nación) adhirió a ese medio probatorio(23).

Al respecto, esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido, en forma pacífica y reiterada, que la admisión de la prueba solicitada por una de las partes y recaudada con el asentimiento o la propia voluntad de la otra parte representa la renuncia al —o mejor constituye una modalidad de— ejercicio del derecho de contradicción y admite que la prueba sea valorada sin necesidad de reproducir su práctica, de modo que no le es dable al juez de la causa desconocer ese interés e insistir en la exigencia del cumplimiento de una formalidad cuyo objeto constituye la protección del derecho sustancial (art. 228 CPC)(24).

Pues bien, de acuerdo con los medios de convicción que reposan en la aludida prueba trasladada, se encuentra acreditado que la Fundación FES instauró demanda en ejercicio de la acción ejecutiva en contra de la señora Mirtha Tayra Guiomar Chamorro Noguera, con el propósito de obtener el pago de la suma de $ 16’240.922, con fundamento en el pagaré 42533 de 22 de marzo de 1995 (fls. 1 y 2 cdno. 5), pues según se narró en esa demanda, la ejecutada “suscribió con la Fundación FES, el contrato de prenda sin tenencia Nº 120320637 el 13-03-95, abierto y de primer grado” respecto del automotor identificado, así:

“Clase: Camión

Tipo: Furgon

Marca: Mitsubishi

Color: Blanco

Modelo: 1.995

Placas: SDL-830

Nº Motor: 4D31-B63481

Nº Chasis: FE44E-A72308

Contrato que garantiza el pago de obligaciones en su contra hasta por la suma de $ 24.5000.000”.

Para la Sala no existe duda alguna que se trató del mismo automotor retenido por la Policía Nacional en el municipio de Mocoa (Putumayo), el día 18 de abril de 1996 y vinculado al proceso penal que dio lugar al litigio que aquí se dirime(25).

También da cuenta el referido proceso ejecutivo que el juez de conocimiento libró mandamiento de pago en contra de la aquí demandante, a través de auto de 24 de junio de 1996 y se dispuso el embargo del automotor de su propiedad (fls. 10 a 12 cdno. 5), medida cautelar que fue inscrita en la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de San Juan de Pasto, según lo acredita el oficio OJ-386 de julio 8 de ese año, según el cual:

“En cumplimiento a lo ordenado por su despacho mediante providencia del veinticuatro (24) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996), le informo que en el historial del vehículo de placas SDL-830, de propiedad de la señora Mirtha Tayra Chamorro Noguera, se inscribió el embargo” (fl. 13 cdno. 5).

Posteriormente, el día 25 de julio de 1996, se adelantó la respectiva diligencia de secuestro del automotor embargado, según la copia del acta de la diligencia que obra en el proceso trasladado a este juicio (fl. 22 cdno. 5). La medida adoptada le fue comunicada a la Dirección Nacional de Estupefacientes, ente que tenía a su cargo el automotor retenido, porque así lo dispuso la Fiscalía que en ese momento adelantó la investigación penal a la cual se hallaba vinculado el vehículo (fl. 26 cdno. 5).

El bien retenido fue destinado, en forma provisional, por la Dirección Nacional de Estupefacientes al Cabildo Indígena de Camentsa de Sibundoy (Putumayo), por medio de la Resolución 0702 de mayo 5 de 1997 (fls. 65 a 68 cdno. 5); sin embargo, mediante diligencia celebrada el 28 de julio de 1997, el representante de dicho cabildo hizo entrega del bien a la persona designada por el secuestre, tal como lo demuestra la copia del acta que obra a folios 63 y 64 del cuaderno 5 del expediente.

Ahora bien, mediante oficio 8395, calendado en abril 22 de 1997, la Dirección Regional de Fiscalías informó al Juzgado Promiscuo del Circuito de Mocoa la decisión proferida por la Fiscalía General de la Nación el día 12 de diciembre de 1996 —en cuya virtud se precluyó la investigación a favor del también actor Gonzalo Ortiz Rivera—, mediante la cual se ordenó la entrega del vehículo vinculado al proceso penal a su respectiva propietaria, esto es a la señora Chamorro Noguera, decisión confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, el día 28 de febrero de 1997 (fl. 39 cdno. 5).

El bien retenido por la Fiscalía General de la Nación no fue devuelto a su propietaria, debido a la medida de embargo que lo afectó; mediante sentencia de 4 de diciembre de 1997, el Juzgado de conocimiento del proceso ejecutivo dispuso seguir adelante con la ejecución en contra de la ejecutada (fls. 74 y 75 cdno. 5).

No obstante, antes de efectuarse la liquidación del crédito correspondiente e incluso de que se hubiere designado a los peritos avaluadores, la parte ejecutante le solicitó al Juez de la causa dar por terminado el proceso ejecutivo, de acuerdo con lo siguiente:

“No existen bienes diferentes al vehículo gravado con prenda que permitan el recaudo total de la obligación. El citado bien directamente hace parte del pago parcial que acepta la Fundación F.E.S. como pago de la obligación” (fl. 78 cdno. 5) – (Destaca la Sala).

Por lo tanto, a través de proveído de 28 de julio de 1998, se concluyó el proceso ejecutivo en contra de la demandante y se ordenó el desembargo del automotor (fl. 80 cdno. 5), medida que fue acatada por la Secretaría de Tránsito y Transporte correspondiente (fl. 82 cdno. 5).

De conformidad con el anterior recuento, está claro que la demandante Chamorro Noguera perdió el vehículo automotor de su propiedad como consecuencia del incumplimiento en las obligaciones contraídas para con la entidad financiera que le otorgó un crédito con garantía prendaria, la cual recaía precisamente sobre dicho bien, situación que dio lugar al respectivo proceso ejecutivo, en cuyo trámite la entidad acreedora (ejecutante) recibió el automotor como parte de pago de su acreencia.

La Subsección encuentra, sin embargo, que la parte actora no acreditó la causación del perjuicio moral, puesto que no existe prueba alguna que así lo determine, sin que dicho perjuicio pueda presumirse —como prácticamente lo propone la parte actora— por el solo hecho de la pérdida del bien:

“El desarrollo del tema en la jurisprudencia nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume(26)(27). (Se destaca).

En ese sentido, la Sala, ante un caso similar, consideró:(28)

“Específicamente en cuanto a la prueba de ese daño moral, ha recalcado la Sala que:

“La especial naturaleza de este perjuicio implica su cabal demostración, sin que resulte suficiente para darlo por existente y en consecuencia, para considerarlo indemnizable con probar la titularidad del derecho y la antijurídica lesión del mismo imputable a una autoridad pública(29) (se resalta).

De manera que frente al caso concreto, teniendo en cuenta que el dinero es un bien mueble de carácter fungible y que ante la inminencia de su pérdida el demandante dijo haber resultado moralmente afectado, es necesario recurrir a las pruebas obrantes en el expediente, con el fin de establecer si las mismas otorgan a la Sala certeza sobre la existencia y justificación de tal perjuicio” (negrillas del original, subrayas adicionales).

Si bien es cierto que la jurisprudencia ha aceptado que la pérdida total o parcial de bienes materiales puede causar aflicción, tristeza o congoja a su titular, también ha insistido en que la especial naturaleza de este perjuicio amerita su demostración, sin que resulte suficiente probar el derecho y la lesión del mismo. Al respecto, la Sala ha sostenido(30):

“IV. A propósito de los daños morales, la doctrina ha considerado que estos son ‘esos dolores, padecimientos, etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y que por otra parte, constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente satisfactoria’(31).

No obstante, la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, como el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso(32)”. (Negrillas y subrayas fuera del texto original).

Aunque con la demanda se allegaron unas certificaciones de matrícula en dos establecimientos educativos de la ciudad de San Juan de Pasto de uno de los hijos de la actora (fls. 15 y 16 cdno. 1), lo cierto es que tales documentos no resultan suficientes para derivar el perjuicio por lo que habría sido el cambio de colegio de uno de los actores y mucho menos de que ello fuere imputable a la parte accionada, pues como lo ha sostenido la corporación, ante estos casos, además, se requiere “que amén de la demostración del perjuicio moral exista la relación de causalidad con el hecho atribuido a la Administración Pública”(33).

Dado que en el caso concreto no obra prueba alguna que acredite el daño moral aducido por la parte demandante, como consecuencia de la pérdida de su bien mueble, se confirmará en este punto la decisión impugnada.

5.2. Perjuicios materiales.

Se solicitaron en la demanda en los siguientes términos:

“(…)

d). Treinta y seis millones de pesos m/c. ($ 36.000.000), o mayor suma si resultare probada, por concepto de daño emergente ocasionado a los esposos mora chamorro e hijos, en razón de la liquidación aproximada que entregó en el mes de julio del año en curso el juzgado primero promiscuo del circuito de mocoa dentro del proceso ejecutivo Nº 1436 instaurado por la FES en contra de la señora Mirtha Tayra Guiomar Chamorro Noguera, en razón de la mora en que incurrió en el pago de la cuota mensual desde el mes en que fue retenido injustamente el furgón de su propiedad.

e). Cincuenta y cuatro millones de pesos m/c ($ 54.000.000) por concepto de lucro cesante a favor de los esposos Mora Chamorro e hijos, equivalentes al producido libre que recibían del trabajo prestado por el furgón de su propiedad afiliado a la empresa Telecarga de esta ciudad, a razón de $ 3.000.000.oo mensuales desde abril de 1996 hasta el mes de septiembre de 1997, es decir en 18 meses: cuatro que estuvo por cuenta de la Fiscalía y los restantes por cuenta del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Mocoa.

f). Lucro cesante futuro: la suma de tres millones de pesos m/c ($ 3.000.000) mensuales, a partir del mes de Octubre del año en curso hasta cuando se indemnice integralmente a los esposos Mora Chamorro e hijos, teniendo en cuenta el incremento anual en los precios al consumidor, por concepto del producido que suministraba mensualmente el furgón, libre de los pagos obligatorios de cuota, conductor, gastos de mantenimiento y reabastecimiento del vehículo, etc”.

El tribunal administrativo a quo señaló, al respecto, lo siguiente:

“(…) los únicos que se reconocerán expresamente y a favor de la dueña del vehículo serán los materiales por Daño Emergente y referente al pago que efectuó tal persona a un abogado y para que procure recuperar el vehículo retenido. La suma cancelada asciende a $ 740.000, incluyendo los reajustes por actualización”.

El anterior reconocimiento se fundamentó en la prueba pericial practicada en el proceso; sin embargo, la Sala encuentra que tal pretensión no fue solicitada en el libelo introductorio y, por consiguiente, se revocará el reconocimiento que por ese rubro efectuó el Tribunal de primera instancia.

Dentro de la sentencia recurrida se abordó el análisis de los demás pretensiones, así:

“(…) los referentes a los cubiertos a la Fundación FES por concepto de cuotas dejadas de cancelar y que provocaron la pérdida del automotor al ser secuestrado y luego cancelado con él los valores adeudados, serán denegados, ya que no hay prueba que acredite que la deudora Mirtha Tayra Guiomar Chamorro, contrajo la obligación con FES para ser cubierta exclusivamente con los dineros que produzca el servicio público del automotor retenido. Además, la entidad acreedora no suministra ningún otro dato que pruebe una relación de tal magnitud.

E igual suerte correrán los perjuicios materiales por concepto de Lucro Cesante, en concreto, toda vez que el concepto pericial agregado a los autos y en el cual se establece su monto, carece en absoluto de fundamentación. Pues, por un lado, si bien el camión permaneció paralizado por un lapso largo, ello se debió a la medida de secuestro adoptada a petición de la entidad FES, como acreedora. Y, por otro, no hay base alguna en los cálculos efectuados por los peritos que sirva para afirmar que tal vehículo dejó de producir un mínimo libre de $ 3.000.000 mensuales.

No obstante lo anterior, con respecto a estos últimos, se hará condenación en abstracto y para ello se seguirán estas pautas:

a) Con pruebas fehacientes se establecerá el producido mensual líquido del automotor retenido.

b) Se procederá luego a establecer con precisión los meses que el vehículo dejó de producir por el solo efecto de la retención ilegal (…)” (fl. 343 c ppal).

Las pretensiones formuladas en la demanda, a título de perjuicios materiales, en síntesis, son: i) daño emergente, derivado de la pérdida del automotor (letra d) y ii) lucro cesante —consolidado y futuro— (letras e) y f)).

5.2.1. Daño emergente.

A juicio de la Sala, la primera de las mencionadas pretensiones está llamada a prosperar, dado que si bien no existe una prueba directa y específica que determine que a través de la utilidad reportada por el automotor se sufragaba la obligación crediticia que contrajo la demandante para con la Fundación FES, lo cierto es que en el proceso existen otros medios de convicción que permiten derivar el perjuicio de la retención del bien y, por ende, atribuirlo al Estado, amén de que mal haría en exigirse una prueba formal que establezca cuál es el origen de los recursos destinados para cubrir una obligación crediticia, cuya información, además, no le fue exigida a la deudora por parte de la entidad acreedora, según lo demuestran la copia del respectivo contrato de prenda sin tenencia y el pagaré que lo soportaba (fls. 4 y 6 cdno. 5).

Según se dejó indicado anteriormente, la actora ha argumentado que debido a la incautación del automotor de su propiedad dejó se sufragar las cuotas del crédito asumido con la Fundación FES, por cuanto tal acreencia habría sido cancelada, hasta antes de la detención del bien, con parte de la utilidad reportada por este último.

Ese señalamiento, a juicio de la Sala, resulta coherente y razonable con la información que obra en el expediente, tal como se pasa a exponer:

De conformidad con los hechos narrados en la demanda ejecutiva instaurada por la entidad financiera en contra de la demandante, se encuentra que en el hecho número 3 se indicó “El plazo para el pago periódico de la obligación se encuentra vencido desde el 22-04-96” (fl. 1 cdno. 5), esto es 4 días después de haberse confiscado el automotor de la actora; la demanda se presentó el día 18 de junio de 1996 (fl. 2 vto. cdno. 5), es decir, después de haber transcurrido un término razonable para predicar la mora de la señora Chamorro Noguera, por cuanto la siguiente cuota del crédito —segunda atrasada— se hallaba próxima a vencer, habida cuenta que cada cuota debía cancelarse el día 22 de cada mes, a partir del mes de abril del año 1995, según lo estipulado en el pagaré 42533 —que soportó la deuda— (fl. 4 cdno. 5).

Ahora bien, la Sala encuentra que a este proceso se allegó, de manera directa por parte de la Compañía de Financiamiento Comercial —FES—, una certificación emitida el día 6 de octubre de 1998 (fl. 154 cdno. 1), según la cual la obligación contraída por la demandante “entró en mora desde la primera cuota” y fue enviada a cobro jurídico el día 26 de Abril de 1996.

La anterior prueba podría dar lugar a entender que la propietaria del automotor incautado habría incurrido en mora mucho antes de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a este litigio, habida consideración que el crédito a ella otorgado y por cuya virtud se promovió el proceso ejecutivo, fue legalizado en el mes de marzo de 1995 (fl. 154 cdno. 1), de allí que las cuotas de la obligación se hicieren exigibles a partir del mes de abril de ese año, esto es un año antes a la retención del automotor; sin embargo, la Subsección cuenta con otra información y otros aspectos que permiten deducir que ello no fue así.

Según se acaba de indicar, la propia parte ejecutante señaló en forma expresa que la obligación entró en mora desde el día 22 de abril de 1996 (fl. 1 cdno. 5), señalamiento que coincide con otros dos aspectos importantes que permiten colegir que en realidad esa fue la fecha en la cual la actora inició el incumplimiento en el pago de las cuotas pactadas, a saber:

i) Dentro de la demanda ejecutiva(34) también se hizo referencia a la ‘cláusula aceleratoria’(35) pactada en el contrato de prenda sin tenencia como justificación para iniciar el cobro ejecutivo de la deuda, por manera que si la mora de la deudora hubiere sido anterior a la retención del automotor, esto es un año atrás, según la certificación allegada por la FES, qué sentido habría tenido recurrir a una estipulación contractual que permitía, desde el atraso de la primera cuota, buscar el pago de toda la obligación a través de un proceso de ejecución, cuando lo cierto es que supuestamente la obligación habría entrado en mora desde su primera cuota, o sea un año atrás a los hechos;

ii) El capital perseguido por la FES mediante el proceso ejecutivo correspondió a la suma de $ 16’240.922 y no por el valor total del crédito desembolsado a la deudora, el cual era de $ 19’500.000 (fl. 4 cdno. 5), cuestión que permite evidenciar que la demandante sí abonó al capital de la deuda, dado que este se hallaba reducido en casi $ 3’000.000 al momento de promover el proceso ejecutivo y, por esa razón, se le resta nuevamente credibilidad al señalamiento de que la mora de la deudora habría sido desde la primera cuota exigible de la obligación.

Así las cosas, se encuentra entonces determinado que el incumplimiento en el pago de las cuotas de la obligación crediticia por parte de la demandante coincidió —y como se concluirá a continuación provino— con la retención del automotor.

Ocurre que buena parte de las piezas procesales que integran la investigación penal dan cuenta de que el automotor incautado era destinado al transporte de carga y que se hallaba vinculado a la empresa Telecarga S.A., tal como se dejó consignado, entre otros documentos, i) en el acta de la diligencia de inspección judicial practicada el 22 de abril de 1996 (fl. 99 cdno. 3), ii) en el oficio remitido por la Fiscalía Regional de Mocoa a la Dirección Nacional de Estupefacientes, mediante la cual se dejó a disposición de este último ente el automotor retenido (fl. 52 cdno. 3), y iii) en la resolución que precluyó la aludida investigación (fl. 256 cdno. 3).

Lo anterior se halla igualmente corroborado con la certificación emitida el 5 de junio de 1996, por el Director Operativo de la Compañía Transportadora Telecarga S.A., de la ciudad de San Juan de Pasto, según la cual “el vehículo marca Mitsubishi, Modelo 1995, Placas SDL 830, color blanco, tipo furgón, capacidad 4.5. toneladas, se halla formalmente vinculado a esta empresa” (fl. 74 cdno. 1).

Allí se indicó, además, que el automotor fue utilizado hasta el día 16 de abril de 1996 y tenía utilidades mensuales por valor de $ 5’000.000.

De conformidad con todo lo anterior, la Sala estima que la pérdida del bien sí fue consecuencia de la retención del mismo y, por consiguiente, que el perjuicio material derivado de dicha pérdida le resulta imputable a la Nación, comoquiera que se estableció que el incumplimiento en el pago de las cuotas del crédito, soportado con el vehículo como garantía, devino de su cese de actividades ante su retención.

Resulta cierto, como se indicó en precedencia, que no existe una prueba concreta y directa que determine que con la utilidad arrojada por el automotor, se cubría la obligación periódica crediticia; sin embargo, no por esa razón debe denegarse el reconocimiento del perjuicio deprecado, cuando los hechos hablan por sí solos, a lo cual conviene reiterar que mal haría en exigirse una prueba de esa naturaleza si, por un lado, en la documentación por medio de la cual se legalizó el crédito prendario nunca se le exigió a la deudora establecer cuáles serían los recursos con que cubriría cada cuota y, por el otro, resulta lógico y usual que las obligaciones financieras se sufraguen con las utilidades o prestaciones económicas percibidas por cada deudor, por manera que resulta completamente natural que parte de la utilidad reportada por el bien como contraprestación a su labor productiva, fuese destinada por la accionante al pago de la deuda —cuya cuota mensual, bueno es precisarlo, era de la considerable suma de $ 1’102.000 para esa época (año 1996 – fl. 154 cdno. 1)— y ante la cesación de dicha actividad económica, resulta igualmente admisible y comprensible que las obligaciones dinerarias, en este caso el crédito con la FES, hubiere resultado afectado.

Lo anterior, en modo alguno, resulta de la inferencia simple y llana de los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación. No, ello obedece a los hechos que se han probado en el proceso, esto es i) que la demandante contrajo un crédito con garantía prendaria sobre un automotor de su propiedad; ii) que el vehículo era destinado al transporte de carga y se hallaba vinculado a una empresa transportadora; iii) que con ocasión de esa actividad productiva, el bien fue retenido por la Policía Nacional y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación ante una investigación penal en contra del conductor del vehículo porque se creyó que allí se transportaban sustancias ilegales; iv) que a la par con la incautación del camión, su propietaria incurrió en mora en el pago de su deuda prendaria; v) que como consecuencia de tal incumplimiento, se inició el proceso ejecutivo correspondiente en contra de la deudora, por parte de la entidad financiera; vi) que una vez las autoridades determinaron que en el vehículo no se cometió hecho punible alguno, se dispuso su entrega inmediata a la propietaria, pero ello no fue posible porque sobre el automotor pesaba una medida de embargo decretada en dicho juicio ejecutivo y que, por consiguiente, vii) el bien fue entregado a la parte ejecutante como parte del pago de la deuda, por lo cual la actora perdió su vehículo.

Por lo tanto, la Subsección estima que el reconocimiento que por daño emergente se solicita, más que una determinación sustentada en hechos probados en el proceso, resulta justa ante una situación derivada de una actuación atribuible al ente demandado.

De este modo, se accederá al perjuicio deprecado pero no en la cuantía solicitada en la demanda, sino en el monto por el cual la entidad financiera ejecutó a la demandante y que, en suma, fue el valor que la deudora pagó a su contraparte con su automotor, esto es la suma de $ 16’240.922, la cual se actualizará a valor presente.

Para ese cálculo se acogerá el mes de julio de 1998, como fecha inicial para la actualización de la renta, dado que en esa fecha se profirió la decisión que concluyó el proceso ejecutivo ante la entrega del bien al ejecutado como parte del pago de la obligación insoluta (fl. 80 cdno. 5).

Ra = Rh ($ 16’240.922) x índice final – enero/12 (109.95)

___________________________________________

índice inicial – julio/98 (51.27)

Ra = $ 34’829.128

5.2.2. Lucro cesante.

• Lucro cesante consolidado

La Sala también lo estima procedente, dado que a partir de la retención del automotor cesó la actividad económica que a través del bien ejercía su propietaria.

Aunque en la certificación emitida por la empresa transportadora a la cual se hallaba afiliado el automotor se indicó que las utilidades reportadas ascendían al monto de $ 5’000.000, lo cierto es que la parte actora limitó dicha utilidad a la cifra de $ 3’000.000 y también lo hizo respecto del tiempo a indemnizar, por cuanto solicitó la indemnización a partir del mes de abril de 1996 hasta el mes de septiembre de 1997 y no hasta la fecha en que perdió su bien, esto es julio de 1998, cuando el Juez de conocimiento dio por concluido el proceso ejecutivo porque la ejecutante se quedó con el automotor.

Por lo tanto, para la cuantificación de la indemnización se tendrán en cuenta los parámetros fijados en la demanda, en aplicación al principio de congruencia.

Ra = Rh ($ 3’000.000) x índice final – sept/97 (43.66) = $ 3’776.817

____________________________________________________

índice inicial – abril/96 (34.68)

S = $ 3’776.817 (1+ 0.004867)17 – 1

____________________________

0.004867

Se precisa que el exponencial (17) al cual se eleva la cifra dentro de la fórmula aritmética antes descrita, corresponde al número de meses trascurridos desde la fecha de la retención del automotor (abril de 1996) y la fecha solicitada en la demanda (septiembre de 1997).

La anterior operación matemática arroja el siguiente monto: S = $ 66’767.694

• Lucro cesante futuro

La Sala lo considera improcedente, dado que la parte impugnante pretende, en suma, que se le indemnice un rubro por un término indeterminado como si existiere total certeza de que el automotor de su propiedad, en el caso de que no lo hubiere perdido, continuaría afiliado a la misma empresa, dedicado a la actividad productiva que desarrollaba y, además, reportando utilidades en todo momento, aspectos que carecen de soporte y, por lo mismo, tornan ese perjuicio en incierto y eventual, lo cual impide su reconocimiento.

A lo anterior se adiciona que si bien existe una certificación emitida por la compañía transportadora a la cual se encontraba afiliado el vehículo y que en ese documento se señaló que el automotor ejercía una actividad económica a través del transporte de mercancía —razón que llevó a reconocer el lucro cesante consolidado—, lo cierto es que esa prueba no permite determinar hasta cuándo y bajo qué circunstancias continuaría operando el automotor.

6. Condena en costas.

Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícase la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, el día 25 de mayo de 2000, la cual quedará así:

“Primero: Declarar a la Nacion – Fiscalia General, administrativamente responsable, por la detención injusta a la que fue sometido el señor Gonzalo Ortiz Guerra, así como por la retención ilegal del vehículo automotor de propiedad de la demandante Mirtha Tayra Guiomar Chamorro.

Segundo: COndenar a la Nacion – Fiscalia General, a pagar a los actores, lo siguiente:

a). A favor del señor Gonzalo Ortiz Guerra, la suma equivalente a 50 SMLMV, a título de perjuicios morales.

b). A favor del actor Erick Joe Ortiz, la suma equivalente a 20 SMLMV, por concepto de perjuicios morales.

c). A favor del señor Gonzalo Ortiz Guerra, el monto de $ 4’988.657, a título de lucro cesante.

d). A favor de la señora Mirtha Tayra Guiomar Chamorro, la suma de $ 34’829.128.oo, a título de daño emergente.

e). A favor de la señora Mirtha Tayra Guiomar Chamorro, la suma de $ 66’767.694.oo, a título de lucro cesante.

f). Condenar, en abstracto, a la Nación – Fiscalía General a pagar al demandante Gonzalo Ortiz Guerra, a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma que resulte liquidada como consecuencia del respectivo incidente, con fundamento en lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

g). Deniéganse las demás súplicas de la demanda.

h). Sin condena en costas”.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Carlos Alberto Zambrano Barrera—Hernan Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez.

1 En realidad la sumatoria de esos valores arroja el monto de $ 2’867.863.

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 2008 00009.

3 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 5 de junio de 2001, Exp: C-736, actor: dirección ejecutiva de administración judicial, M.P. Ligia López Díaz, reiterada por la Sección Tercera de la corporación, en sentencia de 11 de febrero de 2009, Exp. 15.769; recientemente reiterada, a su vez, por esta Subsección en sentencia de abril 27 de 2011, Exp. 20.749. M.P, Gladys Agudelo Ordóñez.

4 Sentencia de 25 de febrero de 2009, Exp. 25.508.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 201. Exp.: 15.463.

6 Sentencia del 26 de marzo de 2008, Exp. 16.902. M.P.: Dr. Enrique Gil Botero.

7 Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2007, Exp.: 15.463.

8 Ver también sentencia proferida por la Sala el 23 de abril de 2008, expediente 17.534. M.P.: Dr. Enrique Gil Botero, en la cual se concluyó:
i) Las hipótesis establecidas en el artículo 414 del CPP de 1991 (Decreto-Ley 2700) mantienen vigencia para resolver, de manera objetiva, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones injustas de la libertad, en las cuales se haya arribado a cualquiera de las conclusiones a las que hace referencia la citada disposición, inclusive, con posterioridad a la Ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la corporación.
(...)
v) En conclusión, cuando se atribuye la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, existen eventos precisos y específicos en los cuales la jurisprudencia —con fundamento en el principio iura novit curia—, ha aceptado la definición de la controversia a través de la aplicación de títulos de imputación de carácter objetivo, en los cuales, la conducta asumida por la administración pública no juega un papel determinante para la atribución del resultado. Por el contrario, las demás situaciones que desborden ese específico marco conceptual, deberán ser definidas y desatadas a partir de la verificación de una falla del servicio en cabeza del aparato estatal’.

9 Sentencia de febrero 9 de 2011, Exp. 17.490.

10 Cuyo parentesco en primer grado de consanguinidad se halla acreditado con el certificado del registro civil de nacimiento del actor Erick Joe Ortiz (fl. 71 cdno. 1).

11 índice final – enero/12 (109.5)
___________________________
índice inicial – abril/96 (34.68)

12 Cfr. URIBE G., José Ignacio y GÓMEZ R., Lina Maritza, «Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003», en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168, reiterada en sentencias de 14 de abril de 2010, Exp. 18.860. M.P. Enrique Gil Botero y de 8 de junio de 2011, Exp. 19.502, proferida por esta Subsección.

14 Ra = Rh ($ 2’000.000) x índice final – enero/12 (109.95)
______________________________________________
IPC inicial – oct/97 (presentación demanda) - (44.08)

15 Sentencia de 7 de octubre de 2009, Exp. 17.377, reiterada por esta Subsección ante un caso similar, mediante sentencia de 9 de febrero de 2011, Exp. 17.490.

16 Sentencia del 10 de junio de 2009. Exp. 16.201.

17 Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Exp. 13.168

18 Sentencia del 6 de marzo de 2008, Exp. 16075. Consejera Ponente Dra. Ruth Stella Correa Palacio.

19 Sentencia de 9 de febrero de 2011, Exp. 17.490.

20 Según lo demuestra la certificación emitida por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de San de Juan de Pasto (fl. 14 cdno. 5). En sentencia del 23 de abril de 2009, Exp. 16.837, en gran síntesis, se precisó:
“Como colofón a la cadena de previsiones normativas aludidas, la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre actualmente en vigor estableció como requisitos uniformes tanto en materia civil como en el ámbito mercantil para hacer efectiva la tradición de los automóviles, la entrega material del automotor, por una parte y, por otra, la inscripción del negocio jurídico correspondiente en el Registro Nacional Automotor, obligación esta consignada de forma expresa en el artículo 47 del citado conjunto normativo, en los términos que se transcriben a continuación (…)” (se destaca).

21 Cónyuge de la actora Mirtha Tayra Guiomar Chamorro, según la copia autenticada de su registro civil de matrimonio (fl. 11 cdno. 1).

22 Cuyo parentesco en primer grado de consanguinidad se halla aprobado con sus respectivos registros civiles de nacimientos, aportados con la demanda en copia autenticada (fls. 12 a 14 cdno. 1).

23 “Pruebas:
(…)
2. Tenerse en cuenta las pruebas solicitadas por el actor en B. Pruebas trasladadas, numerales 1 – 2 en su demanda”. (fl. 90 cdno. 1).

24 En este sentido se pronunció la Sala en sentencia de 2 de mayo de 2002, Exp. 13.247, sentencia de 22 de abril de 2004, Exp.15.088, sentencia de diciembre 4 de 2006, Exp. 15.723 y de 23 septiembre de 2009, Exp. 17.532, entre muchas otras decisiones.

25 Según la copia del acta de inventario de vehículos, elaborada el día 19 de marzo de 1996, el automotor incautado era un camión, tipo furgón, marca Mitsubishi, color blanco, de placas SDL-830, modelo 1995, cuyo motor era el número 4D31 B63481 y con Nº de chasis FE44E-A72308 (fl. 5 cdno. 3).

26 Sentencias del 5 de octubre de 1989, Exp.: 5320, del 9 de noviembre de 1994, Exp.: 9367 Consejero Ponente Dr. Carlos Betancur Jaramillo y del 11 de noviembre de 1999, Exp.: 12.652, Consejero Ponente Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros.

27 Sentencia del 13 de abril de 2000, ex. 11.892. Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque, reiterada en sentencia de 11 de noviembre de 2009, Exp. 17.119, entre muchas otras.

28 Sentencia de 11 de noviembre de 2009, Exp. 17.119.

29 Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 15.351.

30 Sentencia dictada el 18 de marzo de 2004, Exp. 14.589. M.P. Ricardo Hoyos Duque, reiterada en sentencias de febrero 18 de 2010, Exp. 17.542 y de 23 de junio de 2011, Exp. 19.097, esta última proferida por la Subsección A.

31 Renato Scognamiglio. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. trad. de Fernando Hinestroza, Bogotá, Edit. Antares, 1962. pág. 46.

32 Sentencia del 24 de septiembre de 1987, Exp. 4039.

33 Sentencia de 11 de febrero de 2009, Exp. 16.980.

34 En el hecho 4 se narró: “(…) El evento de la mora se ha configurado, de tal manera que la Fundación FES declara vencido el plazo para el pago (Cláusula aceleratoria)”.

35 “Séptima clausula aceleratoria.—FES considerará de plazo vencido todas las obligaciones a cargo de El deudor prendario y podrá exigir el pago inmediato de ellas en los siguientes casos: (…) c) Si el deudor prendario incumple una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato (…)”.