Sentencia 1997-08934 de noviembre 15 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad. 23001233100019970893401

Consejera Ponente:

Dr. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Petrona Sierra de Fuentes y otros

Demandado: La Nación - Inpec

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., quince de noviembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Medellín el 31 de mayo de 2001, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, por razón de la cuantía.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, hunde sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado colombiano, contenidos en el artículo 1º superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el daño, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(1).

Verificada la ocurrencia de un daño, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que éste se hace responsable de su reparación, pero esta atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(2).

Del caso concreto

El señor Pedro Antonio Fuentes Gómez, tenía un vehículo particular y con él se dedicaba a prestar servicio de transporte público, el 4 de noviembre en horas de la noche fueron requeridos sus servicios por dos sujetos que lo contrataron en el terminal de transportes de Lorica, el carro era conducido por el señor Sergio Enrique Burgos García.

Cuando ya habían avanzado en el trayecto, los ocupantes ordenaron detener el carro y no mirar hacia atrás, pero como el señor Fuente Gómez no obedeció, le dispararon en la cabeza, resultando muerto instantáneamente.

Posteriormente se conoció que el autor del crimen era un individuo que se había fugado de la cárcel de Lorica y que el arma con la cual cometió el asesinato la hurtó a uno de los guardianes.

Del problema jurídico a resolver

Se trata de establecer si el INPEC, debe responder por los perjuicios inflingidos por la muerte del señor Pedro Antonio Fuentes Gómez, causada por un individuo que se fugó de la cárcel de Lorica, ya que su evasión del centro carcelario tuvo origen en una presunta omisión en la vigilancia y seguridad de la penitenciaría, quien además se apropió del arma de dotación de uno de los guardianes y la utilizó para perpetrar el crimen.

De las pruebas obrantes en el proceso

1. Se aportaron copias de los registros civiles de los demandantes y partida de bautizo de Pedro Antonio Fuentes Gómez y Petrona Sierra Sánchez (fls. 22 a 30).

2. Copia del registro civil de matrimonio católico celebrado entre Pedro Antonio Fuentes Gómez y Petrona Sierra Sánchez (fl. 21).

3. Factura expedida por la Funeraria San Vicente, por concepto de gastos exequiales de Pedro Antonio Fuentes Gómez por valor de $ 600.000.

4. Registro civil de defunción de la víctima, con fecha 5 de noviembre de 1996 (fl. 32).

5. Fotocopia de las tarjetas de Kardex manual que se lleva en el Inpec, con los datos e información relacionada con el interno Iván Mejía Fernández del Turco (fls. 61 a 63).

6. Copia autenticada del proceso penal adelantado por el Juzgado Penal del Circuito de Lorica, contra Iván Mejía Fernández del Turco por el delito de homicidio en concurso con hurto, las cuales cumplen con los requisitos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil para poder ser valoradas en este proceso (fls. 64 a 217).

7. Declaraciones de Alcides Londoño Martelo, Arnildo Urrutia, Lácides Perez Ballesteros y Jairo Alvarez Martínez, quienes depusieron acerca de la ocupación de la víctima y la aflicción padecida por sus familiares por su muerte (fls. 220 a 228).

8. Copia autenticada de la Necropsia Nc-96 59 del señor Pedro Antonio Fuentes Gómez, donde consta que la causa de la muerte fue shock neurogénico por estallido de tallo cerebral y cerebelo, causado por proyectil de arma de fuego (fl. 257).

9. Copia del levantamiento del cadáver 8, de noviembre 5 de 1996 (fl. 66).

Como hechos probados relevantes para el proceso encontramos

En primer lugar, está probada la legitimación por activa, ya que se allegaron los registros civiles de quienes demandan.

Está acreditada también la muerte del señor Pedro Antonio Fuentes Gómez, la cual se prueba con el registro civil de defunción allegado al proceso, con el protocolo de necropsia y el acta de levantamiento del cadáver.

En cuanto a las circunstancias en que se presentaron los hechos, se conoció a través de la declaración rendida por el señor Sergio Enrique Burgos, obrante en la investigación penal allegada a este proceso, que se encontraba con la víctima en el terminal de transporte de Lorica, y como a las once de la noche dos individuos le solicitaron transporte, él iba conduciendo, a su lado estaba el señor Fuentes Gómez y los pasajeros venían en el puesto de atrás, ellos ordenaron detener el vehículo y como Pedro preguntó qué pasaba, le dijeron que no mirara para atrás, pero como él miró le dispararon en la cabeza, y murió enseguida, después lo bajaron del carro y lo dejaron a la orilla de la carretera, continuando el trayecto con el conductor. Más adelante lo bajaron y lo encerraron en el baúl del carro, amarrándolo con una pita pero él logró salirse y se tiró del carro en movimiento, luego pidió ayuda y denunció el hecho a las autoridades.

La autoría de la muerte, se probó con la copia del proceso penal adelantado contra Iván Mejía Fernández del Turco, por los delitos de homicidio y hurto allegado al proceso, el cual fue condenado a la pena de treinta y seis años y seis meses de prisión.

Se probó también con la comunicación suscrita por el director de la Cárcel de Lorica, que Iván Mejía Fernández del Turco, se encontraba privado de la libertad en dicha institución donde pagaba una condena de 28 meses por el delito de violación a la Ley 30 de 1986, y que se fugó el 4 de noviembre hurtando un revolver con el que amenazó a los guardianes (fl. 103).

En cuanto al arma hurtada por el señor Mejía Fernández del Turco y recuperada el 25 de febrero de 1997, obra en el proceso penal diligencia de inspección, donde se consignó que se trata de un revolver calibre 38 largo, marca llama modelo Cassidy, de fabricación original, pero se dejó constancia de que no se realizó inspección al proyectil puesto que no se encontró ninguno, de manera que esta prueba no es concluyente respecto de que esta fuera el arma con la que se causó la muerte al señor Fuentes Gómez.

Al punto es importante señalar, que tal como consta en las providencias mediante las cuales se profirió medida de aseguramiento y resolución de acusación por parte de la Fiscalía 23 Seccional de Lorica, el sindicado acepta el hurto del arma a uno de los guardianes y admite también la fuga, pero afirma que ella ocurrió el 6 de noviembre y por tanto niega enfáticamente haber causado la muerte al Pedro Antonio Fuentes Gómez.

No obstante lo anterior, en el proceso existen pruebas que señalan que el arma hurtada fue la utilizada para el crimen, entre ellas, se cuenta con lo declarado por el señor Sergio Enrique Burgos García, testigo presencial quien manifestó que de los dos individuos sólo uno iba armado, lo cual unido a la aceptación de su hurto por parte de Mejía Fernández del Turco y de que se estableció fehacientemente su participación en los hechos, permiten afirmar lo anterior con grado de certeza.

Del daño

En el presente proceso el daño consiste en la muerte del señor Pedro Antonio Fuentes Gómez, ocurrida entre la media noche del día 4 y el amanecer del día 5 de noviembre de 1996, como consecuencia de una herida con arma de fuego, hecho que fue debidamente acreditado con el registro civil de defunción, el acta de levantamiento del cadáver y la necropsia realizada.

De la imputación

Ahora bien, acreditado el daño, debe abordarse el análisis del otro elemento de la responsabilidad. Desde el plano de la imputación, corresponde determinar si la muerte causada, es atribuible a la entidad demandada.

Previamente debe advertirse que el principal motivo de inconformidad del apelante con la decisión de primera instancia, lo constituye el título de imputación, por cuanto el análisis del caso se hizo bajo el régimen de la falla probada del servicio y se concluyó que no existía prueba suficiente de la fallas en la vigilancia y seguridad del centro penitenciario que dieron lugar a la fuga del preso, ya que no se conocieron las circunstancias que rodearon el escape, sin que pudiera afirmarse entonces ni la falla, ni el nexo causal entre ésta y el daño.

En efecto, considera el apelante que el título de imputación debe ser el de la presunción de responsabilidad por actividades peligrosas tales como el manejo de armas, donde la responsabilidad es objetiva y el Estado sólo se exonera probando caso fortuito, hecho exclusivo de la víctima o hecho de un tercero.

Acerca de este planteamiento y sólo con el ánimo de responder los argumentos planteados en el recurso, vale la pena indicar que en el presente caso no resulta aplicable la teoría de la responsabilidad por riesgo excepcional, puesto que ella está concebida para aquellos eventos en que el daño es causado por agentes de la entidad, mediante el uso de instrumentos o actividades que implican un riesgo fuera de lo común para los administrados, como por ejemplo el uso de armas de fuego, las redes eléctricas, etc., pero en el sub judice ese elemento no está presente, ya que a pesar de tratarse de un daño causado con un arma que era de dotación oficial de un guardián del Inpec, la misma no es utilizada por la persona que la tiene a su cargo, ni la conducta generadora del daño tiene ninguna relación con el servicio.

Así lo ha dicho la Sala:

“Ahora bien, la Sala ha estimado que en aquellos casos en los que se debate la obligación del Estado de indemnizar el perjuicio generado por la utilización de armas de dotación oficial, se debe aplicar el sistema objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional, toda vez que el Estado asume los riesgos a que expone a la sociedad con ocasión de la utilización de artefactos peligrosos o por el desarrollo de actividades de igual naturaleza. En tal sentido, para efectos de determinar la responsabilidad, resulta irrelevante el análisis de la licitud o ilicitud de la conducta asumida por los agentes estatales, comoquiera que es suficiente para imputar el daño antijurídico, a título de riesgo excepcional, la demostración de que este fue causado por el artefacto o por la realización de la actividad peligrosa cuya guarda se encontraba a cargo del Estado. Sin embargo, éste podrá ser exonerado de responsabilidad demostrando que la imputación no existe o es apenas aparente, cuando el hecho ha tenido ocurrencia por la intervención de un elemento extraño: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima(3).

Adicionalmente, solicita también el apelante que se aplique la teoría del daño antijurídico, por cuanto ni la víctima, ni su familia, tenían el deber jurídico de soportar el descuido de los guardias del Inpec, que permitieron la fuga del preso y que éste se apropiara de un arma, para luego asesinar a una persona de bien, frente a lo cual se precisa que la existencia del daño antijurídico es incuestionable en el presente caso, pero no puede olvidarse que para que exista responsabilidad no basta con la verificación de ese elemento, es necesario también que éste pueda ser imputado al Estado.

Alegó el impugnante la existencia de una falla del servicio, que atribuye a la violación de los deberes funcionales de vigilancia y custodia por parte de los guardianes que no impidieron la fuga del recluso, y que él califica de desidia o descuido y por consiguiente, indebido funcionamiento del servicio carcelario.

En relación con este argumento debe precisarse que en eventos como el que aquí se analiza, el Consejo de Estado ha considerado que el titulo de imputación aplicable es la falla del servicio y efectivamente, ella en el presente caso estaría determinada por la omisión de la autoridad pública en el cumplimiento de sus deberes funcionales, de tal manera que es preciso para acreditar su existencia que se confronte el contenido obligacional fijado por las normas para los funcionarios que cumplen la labor de custodia y vigilancia de los reclusos, con el grado de cumplimiento de los mismos, por parte de quienes estuvieron relacionados con los hechos.

Así lo ha dicho esta corporación:

“En efecto, frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión, por parte de una autoridad pública, en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, la Sala ha señalado que es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro. Ahora bien, una vez se ha establecido que la entidad responsable no ha atendido ¾o lo ha hecho de forma deficiente o defectuosa¾ al referido contenido obligacional, esto es, se ha apartado ¾por omisión¾ del cabal cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha asignado, es menester precisar si dicha ausencia o falencia en su proceder tiene relevancia jurídica dentro del proceso causal de producción del daño atendiendo, de acuerdo con la postura que reiteradamente ha sostenido la Sala, a las exigencias derivadas de la aplicación de la teoría de la causalidad adecuada. En el mismo sentido hasta ahora referido, es decir, en el de sostener que se hace necesaria la concurrencia de dos factores para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado en estos casos ¾la constatación de la ocurrencia de un incumplimiento omisivo al contenido obligacional impuesto normativamente a la administración, de un lado, y la relación causal adecuada entre dicha omisión y la producción del daño, de otro. En suma, son dos los elementos cuya concurrencia se precisa para que proceda la declaratoria de responsabilidad administrativa por omisión, como en el presente caso: en primer término, la existencia de una obligación normativamente atribuida a una entidad pública o que ejerza función administrativa y a la cual ésta no haya atendido o no haya cumplido oportuna o satisfactoriamente; y, en segundo lugar, la virtualidad jurídica del eventual cumplimiento de dicha obligación, de haber interrumpido el proceso causal de producción del daño, daño que, no obstante no derivarse ¾temporalmente hablando¾ de manera inmediata de la omisión administrativa, regularmente no habría tenido lugar de no haberse evidenciado ésta”(4).

Partiendo de lo antes consignado, se tiene que los deberes funcionales y prohibiciones que cobijan a quienes ejercen la labor de guarda, vigilancia, custodia y seguridad en los establecimientos carcelarios están contenidos en los artículos 44 y 45 de la Ley 65 de 1993 o Código Penitenciario y Carcelario, modificado por la Ley 415 de 1997 y la Ley 504 de 1999 consagra:

“ART. 44.—Deberes de los guardianes. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional tienen los siguientes deberes especiales, además de los que señalen su estatuto y los reglamentos general e interno:

a) Observar una conducta seria y digna;

b) Cooperar con la dirección en todo lo que tienda a la resocialización de los reclusos, suministrando los informes que estime conveniente para esta finalidad;

c) Custodiar y vigilar constantemente a los internos en los centros penitenciarios y carcelarios, en las remisiones, diligencias judiciales, hospitales y centros de salud, conservando en todo caso la vigilancia visual;

d) Requisar cuidadosamente a los detenidos o condenados conforme al reglamento;

e) Custodiar a los condenados o detenidos que vayan a trabajar fuera del establecimiento y emplear todas las precauciones posibles para impedir violencias, evasiones y conversaciones o relaciones de ellos con los extraños, exceptuando los casos previstos en el Código de Procedimiento Penal;

f) Realizar los ejercicios colectivos que mejoren o mantengan su capacidad física; participar en los entrenamientos que se programen para la defensa, orden y seguridad de los centros de reclusión; tomar parte en las ceremonias internas o públicas para realce de la Institución; asistir a las conferencias y clases que eleven su preparación general o la específica penitenciaria.

g) Mantener la disciplina con firmeza, pero sin más restricciones de las necesarias, para conservar el orden en el establecimiento penitenciario o carcelario.

ART. 45.—Prohibiciones. Los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia tienen las siguientes prohibiciones:

a) Tener relación o trato con los reclusos, excepto en lo que sea estrictamente necesario, para los fines de su función y de acuerdo con las disposiciones del reglamento de régimen interno; ingresar material pornográfico y en general, elementos prohibidos en los reglamentos.

b) Aceptar dádivas, homenajes, préstamos, efectuar negocio alguno con los detenidos, condenados, familiares o allegados de estos, lo cual constituirá causal de destitución.

c) Ingresar al centro de reclusión bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes; armas distintas a las propias del servicio; dineros en cantidad no razonable; elementos de comunicación. La transgresión a esta norma traerá como consecuencia la destitución.

d) Inflingir castigos a los internos, emplear con ellos violencia o maltratamientos.

e) Recomendar abogados a los internos para sus negocios.

A su vez, el Decreto 407 de 1994, que establece el reglamento aplicable a las instituciones carcelarias y penitenciarias dispone:

“ART. 16.—Deberes. Son deberes de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, las leyes, los reglamentos, general e internos.

2. Desempeñar con moralidad, eficacia e imparcialidad las funciones propias de su cargo.

3. Observar una conducta respetuosa con los superiores, compañeros y subalternos.

4. Observar en sus relaciones con el público la consideración y cortesía debidas, como también una correcta presentación personal.

5. Guardar la reserva requerida en los asuntos relacionados con su cargo.

6. Dar el uso legal, racional y adecuado a los elementos del Estado que le sean confiados para el ejercicio de las labores propias de su cargo.

7. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario al desempeño de las funciones que le han sido encomendadas.

8. Atender los requerimientos que se le formulen para una mayor preparación, presentación y eficacia, encaminados hacia el correcto desempeño de sus funciones.

9. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar la administración.

10. Comunicar al superior las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio y las demás que determinen las leyes o reglamentos.

11. Observar el conducto regular para dirigirse a autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, o de otras entidades del Estado.

12. Observar el debido celo, fidelidad, sigilo y discreción en todos sus actos y procedimientos en aras de salvaguardar la seguridad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, de sus funcionarios y de los mismos internos.

13. Prestar el servicio en horas extras al horario legal cuando las necesidades del servicio así lo requieran.

14. Denunciar y colaborar con las investigaciones que se adelanten en el instituto.

15. Las demás señaladas en la ley y los reglamentos.

ART. 17.—Prohibiciones. A los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, les está prohibido:

1. Comprometer al subalterno para que oculte una falta o para que la cometa.

2. Recibir para sí o para un tercero dádivas, donaciones, agasajos, préstamos o cualquier otra clase de lucro directa o indirectamente para ejecutar, retardar u omitir un acto propio del ejercicio de su cargo o para ejecutar uno contrario a los deberes.

3. Visitar propiedades de los internos, sus familiares o sus abogados en actos que no sean en cumplimiento de sus funciones. El incumplimiento de esta norma constituye falta gravísima.

4. Negociar sueldos o prestaciones sociales con otros funcionarios del Inpec de manera habitual y en provecho propio.

5. Tener relación o trato con los reclusos, excepto en lo que sea estrictamente necesario, para los fines de su función y de acuerdo con las disposiciones del reglamento de régimen interno.

6. Ingresar material pornográfico y en general, elementos prohibidos en la ley o en los reglamentos.

7. Ingresar al centro de reclusión bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes, armas distintas a las propias del servicio, dineros en cantidad superior al cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo mensual y elementos de comunicación. La transgresión a esta norma traerá como consecuencia la destitución.

8. Infligir castigos a los internos, emplear con ellos violencia o maltratos.

9. Prestar a título particular o personal, o recomendar servicio de asesoría o de asistencia a los internos.

10. Extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.

11. Ingresar a un establecimiento carcelario, sin que se encuentre debidamente comisionado para ello.

12. Traficar con influencias reales o simuladas.

13. Dedicarse tanto en el servicio como en la vida social a actividades que puedan afectar la confianza del público y observar habitualmente una conducta que pueda comprometer la dignidad de la administración.

14. Declarar, incitar, promover huelgas o paros, apoyarlos o intervenir en ellos o suspender o entorpecer los servicios y el normal desarrollo de las actividades del Instituto en cualquiera de sus dependencias”.

Ahora bien, tomando en consideración este marco normativo aplicable a quienes prestan servicios de vigilancia y custodia de los reclusos, amén de otras normas complementarias como las que tipifican las faltas disciplinarias gravísimas atribuibles a dichos servidores públicos, se puede inferir la especial exigencia en su cumplimiento, dadas las repercusiones que puede tener su inobservancia.

En efecto, en el caso de los deberes de vigilancia y custodia en materia penitenciaria y carcelaria, no sólo encontramos los que son ejercidos respecto de los reclusos, tendientes a garantizar su seguridad y el mantenimiento del orden al interior del centro de reclusión, sino además existe “un servicio público prestado por el Estado a la ciudadanía en general consistente en garantizar su seguridad mediante la vigilancia y custodia de aquellas personas cuyo comportamiento puede representar una amenaza para el conglomerado social”(5).

Obedece a la defensa del interés general. De acuerdo con éste, se debe tener en custodia, en centros penitenciarios, a personas cuyo comportamiento represente una amenaza para la sociedad.

Así las cosas, el desconocimiento de tales deberes es evidenciado con la fuga, ya que en condiciones normales ella no se produciría de no haberse presentado previamente la omisión que la permitió, razón por la cual el Estado está llamado a responder. En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y en su lugar se condenará a la entidad demandada.

Como reparación los demandantes están solicitando la indemnización por perjuicios morales para su esposa, sus hijos, su nieta y uno de sus hermanos, parentesco que fue debidamente acreditado.

Ahora bien, en cuanto a los perjuicios morales reclamados, debe decirse que el daño moral se ha entendido como la aflicción, dolor, angustia y los otros padecimientos que sufre la persona con ocasión del evento daño y que deben ser indemnizados en aplicación del principio general de reparación integral del daño.

En este punto, se resalta que de tiempo atrás el Consejo de Estado ha establecido que tratándose de los padres, hermanos, hijos y esposa basta la acreditación del parentesco para que se presuma el daño moral, tal como ocurre en este caso en que se probó el parentesco existente entre los demandantes y la víctima y adicionalmente se cuenta con lo consignado en las declaraciones de Alcides Londoño Martelo, Arnildo Urrutia, Lácides Pérez Ballesteros y Jairo Álvarez Martínez, quienes se refirieron al dolor sufrido por los familiares por la muerte del señor Fuentes Guzmán de modo que habrá de reconocerse la indemnización por este concepto, señalando que como a partir de la sentencia de 6 de septiembre de 2001, esta Sala sugirió que la liquidación de las condenas debía expresarse en salarios mínimos legales mensuales se le asignará 100 smmlv a la esposa, 100 smmlv a cada uno de los hijos y la nieta y 50 salarios mínimos para el hermano.

En relación con los perjuicios materiales se precisa que ellos fueron solicitados para su esposa y su hija menor de edad, por lo que dejaron de percibir como ayuda de su cónyuge y padre, para lo cual manifestaron que al momento de los hechos percibía ingresos de $400.000 aproximadamente, derivados de su actividad como taxista.

A juicio de la Sala, los perjuicios materiales deberán ser concedidos por cuanto si bien no existen pruebas que acrediten el monto de lo percibido por la víctima en su actividad de taxista, en oportunidades anteriores esta corporación ha aceptado que se acuda a la presunción de que recibía una suma equivalente al salario mínimo, de forma que con este valor se efectuó la liquidación de la indemnización, para lo cual se actualizó a la fecha de esta sentencia. A este valor se le adicionó un 25 % por concepto de prestaciones sociales y se le descontó el 25% de la presunción de subsistencia, obteniéndose un valor de $ 502.125, este monto habrá de dividirse entre la madre y la hija solicitantes, por lo cual el valor para la liquidación será de $ 251.062,5.

La indemnización correspondiente a la señora Petrona Sierra de Fuentes, comprende dos períodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha del hecho hasta la fecha actual, para un total de 180.4 meses, y el otro, futuro, que corre desde la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable de la víctima y de su esposa, para un total de 352,56 meses, de lo cual resulta:

Liquidación de la indemnización debida o consolidada:

S1997-08934CE(1).JPG
 

 

Liquidación de la indemnización futura o anticipada:

S1997-08934CE(2).JPG
 

 

Sumados los valores de la indemnización debida y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene un valor total de $ 101.491.934,00

Se pidió también por daño emergente, la suma cancelada por concepto de las exequias realizadas, cuyo costo fue de $ 600.000 según factura allegada al proceso que cumple con los requisitos necesarios para su valoración, suma que se actualiza de acuerdo con la siguiente fórmula.

S1997-08934CE(3).JPG
 

 

Por otra parte, en cuanto los perjuicios materiales solicitados por Petrona Fuentes Sierra, quien al momento de presentar la demanda era menor de edad y fue representada por su madre, se pidieron hasta que cumpliera los 25 años de edad, lo cual según el registro civil aportado, que da cuenta de su nacimiento el 3 de mayo de 1980, se cumplió el 3 de mayo de 2005, para un total de 101.93 meses, por tal razón, se ordenarán sólo los consolidados, de acuerdo con la siguiente fórmula.

S1997-08934CE(4).JPG
 

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modificar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Medellín, el 31 de mayo de 2001, en el sentido de revocar la negativa de las súplicas de la demanda y en su lugar se dispone, acceder a lo solicitado por el demandante, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

2. Declarar que el Inpec, es responsable por la muerte del señor Pedro Antonio Fuentes Gómez, en hechos ocurridos entre el 4 y 5 de noviembre de 1996.

3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena que el Inpec cancele las siguientes sumas:

a) Por perjuicios morales, a Petrona Sierra de Fuentes, Petrona, Wiliam Antonio, Pedro Antonio, Ana María y Delia María Fuentes Sierra y Dina Luz Correa Fuentes, el equivalente a 100 smmlv para cada uno y al señor Sebastián José Fuentes Gómez, el equivalente a 50 smmlv.

b) Por perjuicios materiales en su concepto de daño emergente, a la señora Petrona Sierra de Fuentes, $ 1.723.488,86.

c) Por perjuicios materiales en su concepto de lucro cesante consolidado y futuro a la señora Petrona Sierra de Fuentes $ 101.491.934,00.

d) A Petrona Fuentes Sierra, perjuicios materiales en su concepto de lucro cesante consolidado, $ 33.031.937.

4. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

5. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, Exp. 17042, C.P. Enrique Gil Botero.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de septiembre de 1999, Exp. 10922, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia agosto 11 de 2010, Rad. 19289, C.P. Enrique Gil Botero.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 27434, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 9 de junio de 2010, Rad. 19849, C.P. Enrique Gil Botero.