Sentencia 1997-092011 de septiembre 15 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 19001-23-31-000-1997-02011-01 (20763)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Víctor Iban Lévano Fernández y otra

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., quince de septiembre de dos mil once.

EXTRACTOS: « IV. Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a esta Sala decidir el recurso de apelación dado que la providencia recurrida fue proferida en un proceso de doble instancia, pues la pretensión mayor correspondiente al daño emergente a favor de los demandantes se estimó en $ 59.7000.000, mientras que el monto exigido en el año 1997 para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia era de $ 13.460.000(1).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados —decía la norma en la época de presentación de la demanda— a partir del acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos.

En el sub examine habida consideración que los hechos por los cuales se busca imputar responsabilidad a la entidad demandada, ocurrieron el 27 de agosto de 1995, la parte demandante tenía hasta el día 27 de agosto de 1997 para presentar oportunamente su demanda y, como ello se hizo el 25 de agosto de 1997, resulta evidente que el ejercicio de la acción ocurrió dentro del término previsto por la ley.

3. Lo que se debate.

La Sala debe dilucidar si, como lo asegura la parte actora, está probado en el proceso la ocurrencia de una falla en el servicio en que habrían incurrido la Fiscalía Quinta Seccional de Popayán y su Fiscal titular, al dejar sin vigilancia un establecimiento de comercio que había sido objeto de cierre y sellamiento por haberse producido en él hechos que dieron lugar a una investigación penal, situación que facilitó el hurto de bienes muebles de propiedad de los demandantes.

4. Lo probado en el proceso.

4.1. La propiedad de la Taberna Baco.

Está acreditado que la señora Aura Nelly Pajoy, el 24 de febrero de 1994, matriculó a su nombre el establecimiento de comercio denominado Taberna Baco Norte, ubicado en la carrera 9 Nº 23N-80 de la ciudad de Popayán, conforme viene a resultar de la certificación proferida por la Cámara de Comercio del Cauca, contenida en el oficio 1503 de agosto 9 de 1999 (fl. 786, cdno. Pbas. 4).

4.2. El cierre y sellamiento del establecimiento de comercio por la Fiscalía.

Mediante oficio 578 de agosto 25 de 1995, suscrito por el doctor José Alfaro Castro Daza, Fiscal Quinto Especializado dirigido al director CTI Popayán, informó que esa unidad investigativa en dicha fecha había dispuesto el cierre temporal de la Taberna “Baco”, ubicada al norte de la Ciudad de Popayán, y le solicitó, en consecuencia, disponer su inmediato sellamiento con el fin de que no pudiera ser abierto hasta nueva orden (fl. 555 del cdno. Pbas. 3).

En cumplimiento de dicha orden el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación en la misma fecha procedió a realizar el respectivo cierre y sellamiento del mencionado establecimiento de comercio, levantando el acta correspondiente (Fl. 556 del cdno. Pbas. 3).

Se tiene establecido, también, que mediante oficio 580 de agosto 25 de 1995, el doctor José Alfaro Castro Daza, Fiscal Quinto Especializado, informó al Comandante del Departamento de Policía Cauca, que esa unidad investigativa en dicha fecha había dispuesto el cierre temporal de la Taberna “Baco”, ubicada al norte de la ciudad de Popayán, hasta tanto se practicaran algunas pruebas dentro del proceso iniciado por la muerte violenta del doctor Raúl Cerón Sánchez, según hechos acaecidos el 19 de esas calendas, es decir, cinco días antes. En consecuencia le solicitó disponer lo pertinente para que se prestara la debida vigilancia al citado establecimiento durante las 24 horas, con el propósito de evitar saqueos o actos que atentaran contra sus dependencias físicas o los elementos que se encontraban en su interior. En la parte superior izquierda de la copia de este oficio, se observa un sello y firma de recibido con fecha 28 de agosto de 1995 a las 8:30 horas (fl. 15 y 16 cdno. Pbas. 1).

4.3. El hurto perpetrado en la Taberna Baco el 27 de agosto de 1995.

Obra en el plenario denuncio formulado por Aura Nelly Pajoy en el Departamento de Policía Cauca el 27 de agosto de 1995, propietaria de la “Discoteca Baco”, quien sostuvo que en horas de la mañana de ese día, sujetos armados forzaron las puertas del local y se hurtaron los bienes muebles que detalló así:

“2500 LP. (sic) que se estiman en $ 15.000.000, 300 compac dic (sic) estimado (sic) en $ 4.500.000, todos los equipos de música consistentes en una planta Pimen de un valor de $ 1.200.000, una planta Oquio de un valor de $ 1.000.0000, dos tornamesas avaluados en $ 500.000, dos VHS por valor de $ 900.000, un mesclador avaluado en $ 400.000, un DEC avaluado en $200.000, un televisor para video por una valor de $ 80.000, un ecualizador avaluado en $ 200.000, un compac dis (sic) avaluado en $ 300.000 y los licores existentes en el momento, consistentes en 10 cajas de aguardiente, 10 botellas de wiski (sic) 8 boteñas (sic) de brandy, 10 botellas de volka (sic) y licores varios”( fl. 3 cdno 1).

Por medio de proveído de 28 de agosto de 1995, el Fiscal Director de la Unidad investigativa, consignó lo siguiente:

“Como en el día de ayer, siendo las siete de la mañana, fui informado por el doctor Víctor Iván Liévano, retenido en el permanente municipal, que la Taberna Baco, de su propiedad, había sido violentada, habiéndose sustraído aparatos de sonido, violencia que pudo verificar el suscrito a las ocho de la mañana, cuando se hizo presente, comprobándose, además, que dicho local había sido debidamente barrido y trapeado, se ha hecho imposible su conservación en el estado en que quedó luego de los hechos que culminaron con la muerte del doctor Raúl Cerón Sánchez.

En consecuencia no tiene sentido que continúe clausurado, pues, las muestras y evidencias debieron desaparecer hace rato, máximo que la Fiscalía nunca ha tenido en su poder las llaves del mismo.

Por lo anterior, se ordena levantar los sellos colocados por el CTI y hacer entrega del mismo a su propietario o a la persona que designe, previo inventario de las existencia y estado...” (fl. 4 y 5, cdno.1).

Con fundamento en los anteriores denuncios se adelantó investigación previa en la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Popayán, en carácter de averiguatorio, el 27 de agosto de 1995, radicada bajo partida 0791, en la que se practicó inspección judicial al establecimiento de comercio en la misma fecha y se corroboró que efectivamente se había presentado el forzamiento de las cerraduras (fl. 694 a 768 del cdno. de Pbas. 4).

5. La responsabilidad de la Rama Judicial por defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia.

Para la época en la cual sucedieron los hechos que dieron origen a la presente controversia —agosto 27 de 1995—, aún no se había expedido la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, que consagra expresamente los eventos de responsabilidad patrimonial por actuaciones y omisiones de la rama judicial, pero desde luego se hallaba vigente el artículo 90 de la Constitución Política, que contiene el fundamento normativo de la responsabilidad patrimonial del Estado en general, al establecer que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, entre las cuales obviamente se encuentran las judiciales, quienes con sus actuaciones u omisiones también pueden ocasionar daños antijurídicos a terceros, que, por lo tanto, están en el deber de reparar.

Ahora bien, se observa que como parte de las actividades propias de la administración de justicia, hay lugar al trámite de procesos dentro de los cuales son múltiples las actuaciones u omisiones que pueden constituirse en fuente de daños a terceros, algunas de ellas contenidas en providencias judiciales, otras en hechos concretos y, unas más, en simples trámites secretariales o administrativos. Es por ello que surgió doctrinal y jurisprudencialmente una clasificación, posteriormente recogida por el legislador, en relación con los eventos de responsabilidad patrimonial de la administración de justicia, que comprende los casos, consagrados hoy en día en los artículos 66, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996(2), correspondientes a la privación injusta de la libertad, al error jurisdiccional y al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia(3).

En el presente caso, es claro que la parte demandante no cuestiona ni discute una decisión judicial, cuya finalidad era preservar la escena de un posible homicidio, amén de guarecer los elementos que allí existían y en el estado en que se hallaban en esa fecha, sino que atribuye el daño antijurídico por el cual reclama, a una omisión frente al deber de brindar seguridad al establecimiento de comercio para evitar que se hurtaran los elementos existentes en su interior, cosa que efectivamente sucedió.

Así pues, el origen del daño deviene de un trámite que no envuelve decisión alguna por parte del funcionario judicial, sino que presuntamente constituye apenas una omisión administrativa, pues el fiscal del conocimiento suscribió el oficio solicitando a la Policía la vigilancia del establecimiento de comercio, el día viernes 25 de agosto de 1995, pero este tan solo fue entregado por los servidores a quienes correspondía esta tarea, el día lunes 28 de esas calendas.

Esta demora imputable a los empleados de la Fiscalía encargados de llevar la correspondencia, implicó que el local comercial quedara desprotegido de vigilancia durante el fin de semana en que se perpetró el hurto, omisión que puede calificarse, por lo tanto, como un evento de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que se enmarca dentro de la teoría general de la falla del servicio y por el cual puede deducirse la responsabilidad patrimonial de la Nación.

En relación con este criterio de imputación de responsabilidad a la Nación ya la jurisprudencia de la Corporación de tiempo atrás e inclusive con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991 que consagró la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, venía reconociéndolo como una mera modalidad de la falla del servicio(4).

Al respecto sostuvo:

“C) Es verdad que el Consejo de Estado, en casos excepcionales, que se recogen en buena parte en la jurisprudencia citada por el a quo, ha aceptado la responsabilidad de la administración por un mal servicio administrativo, como ocurre por ejemplo cuando de los despachos judiciales se sustraen títulos y se falsifican oficios, pues en tales circunstancias bien puede hablarse de una actividad no jurisdiccional imputable al servicio judicial. Esto explica que en el fallo de 10 de noviembre de 1967, dictado dentro del proceso 867, con ponencia del doctor Gabriel Rojas Arbeláez, se precisara:

“Una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada, presupuesto fundamental de las sociedades y también dogma político, y otra cosa son ciertos actos que cumplen los jueces en orden de definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa. Por eso cuando con esos actos se causan daños, haciéndose patente como en el caso en estudio, el mal funcionamiento del servicio público, es ineludible que surja la responsabilidad. No es este el primer caso en que la Nación es condenada al pago de los perjuicios por hechos de esta naturaleza, provenientes unas veces por la inseguridad en que se mantienen los despachos judiciales y otros por negligencia de sus empleados.

Queda, así bien en claro, que la responsabilidad por el mal funcionamiento judicial se ha venido aceptando en Colombia en forma excepcional”.

Las anteriores consideraciones, relativas a la responsabilidad estatal por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, son aplicables en el presente caso, puesto que también se produjo un daño antijurídico proveniente de una actuación surtida al interior de un proceso que no corresponde a una decisión judicial respecto de la cual se predique la existencia de un error judicial, sino a un trámite eminentemente administrativo como era el de llevar oportunamente el oficio firmado por el fiscal especializado al comando del departamento de Policía Cauca, para que brindara seguridad al establecimiento mercantil al haber sido cerrado y sellado por orden de la Fiscalía.

6. La existencia y propiedad de los bienes muebles hurtados.

El a quo en la sentencia de primera instancia determinó que los demandantes no habían acreditado la propiedad de los muebles denunciados como hurtados, al no haber aportado las facturas de compra de los mismos, documentación sobre la cual la parte actora manifestó su imposibilidad de aportación, por cuanto el fólder que las contenía también había sido objeto de hurto.

Sin embargo, ha de tener en cuenta la Sala que por tratarse de bienes muebles, la propiedad se presume con la posesión, conforme lo determina el artículo 762 del Código Civil.

Establece la mencionada norma:

“ART. 762.—Definicion de posesión. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”.

Lo anterior significa que la regla fundamental y característica de la propiedad de bienes muebles, es la de que la posesión sobre esta clase de bienes muebles, adquirida de buena fe, equivale al título.

Ahora bien, para acreditar la propiedad sobre de los bienes muebles el ordenamiento jurídico colombiano por regla general no exige una prueba solmene(5), por lo que se puede demostrar con cualquier medio de prueba y ello en aplicación de la regla de libertad probatoria que rige nuestro ordenamiento legal en la materia (CPC., art. 175, en armonía con el art. 187).

Con relación al tema de la prueba de la propiedad de los bienes muebles, la Sección ha precisado(6).

“2.3. El artículo 762 del Código Civil define la posesión como ‘la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él’. Definición con fundamento en la cual se distinguen dos elementos como integrantes de la posesión: el corpus, esto es, el ejercicio material del derecho y el animus, es decir, la voluntad de considerarse titular del derecho.

En el caso concreto se demostró con la prueba documental y testimonial que obra en el proceso que el señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez ejercía actos de señor y dueño sobre el vehículo de placas TQ-2548, pues lo recibió materialmente, en razón del contrato de permuta que celebró el 13 de febrero de 1992, con el señor Luis Alberto Claro Rojas y lo explotaba económicamente, según la versión del señor Eduardo Molina Torres, quien afirmó que el demandante destinaba el vehículo al servicio público de transporte, que él era el conductor del mismo y recibía de este una remuneración por esa labor. Por lo tanto, el señor Sánchez Rodríguez estaba legitimado para reclamar la indemnización de los perjuicios que sufrió como consecuencia de su destrucción, en conformidad con lo previsto en la legislación civil colombiana, en el sentido de que el poseedor puede reclamar la indemnización de los daños que se le hubieren causados a su derecho. Así lo establece el artículo 2.342 del Código Civil, cuyo texto es del siguiente tenor:

"Artículo 2.342. Puede pedir esta indemnización no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso. Puede también pedirla, en otros casos, el que tiene la cosa, con la obligación de responder por ella; pero solo en ausencia del dueño".

Clarificado lo anterior, la Sala entra a analizar la prueba que acredita la calidad de propietarios de los bienes muebles denunciados como hurtados.

Al respecto, en la declaración rendida por Iván Ferney Ramos Pino, quien trabajó como “discómano” en la Taberna Baco para la época de los hechos y que por tal razón tenía conocimiento directo sobre los bienes muebles existentes en ese lugar y que, según la denuncia penal fueron hurtados, señaló:

“habían (sic) dos plantas, dos tornamesas, había un mezclador, había un Dek, dos VHS, ecualizador, habían(sic) unos televisores, habían(sic) más de tres mil discos, habían (sic) como 900 o 1000 cidis (sic) habían (sic) varios casetes de video... habían(sic) aproximadamente una diez cajas de Aguardiente, y como unas doce o trece de ron, habían (sic) varias cajas de Whisky de wolca (sic), había brandy, varias cajas, ginebra, más o menos lo que me acuerdo”.

Al ser interrogado sobre el valor de los elementos hurtados, el mismo testigo señaló:

“los equipos tienen un valor de más de cinco millones de pesos, la música hasta donde yo sé , un disco vale diez mil , un cidi (sic) vale veinte mil, aunque la música es invaluable, porque es música que ya casi ni se consigue”(fl. 674 a 675 del cdno. Pbas. 4).

Corroboró el testigo Fredy Fernando Guerrero Escobar, persona allegada a los propietarios y que afirmó frecuentaba la taberna, la preexistencia de los equipos musicales, de los discos de larga duración y de discos compactos (fl. 672 a 673)

De igual manera, el señor José Antonio Fernández Sánchez, quien según afirmó en su testimonio rendido ante el Tribunal de primera instancia, frecuentaba la Taberna Baco y quien expresó que por la amistad con el doctor Liévano tenía acceso a todas sus dependencias, sobre los equipos que disponía este lugar sostuvo:

“De lo que yo recuerdo habían (sic) aparatos Kenwood, habían (sic) otros aparatos de todas maneras muy finos porque era el comentario que siempre le escuché a los muchachos que colocan la música y ellos tienen amplio conocimiento de lo que es un buen equipo porque según entiendo habían trabajado en establecimientos similares a Baco”.

Y en relación con la música que disponía el lugar, afirmó:

“Yo conozco a Iván desde la época de mi niñez y el hobby de su vida ha sido coleccionar música, debo precisar que por mi amistad y tener acceso a esas dependencias o cubículos donde se coloca la música , allí no entraba todo el mundo, es la realidad, en alguna ocasión le pregunté ‘Jairo, cuánta cantidad de música, disco, videos y compacs (sic) podría existir en Baco?’ y nos pusimos en la tarea de tratar de saber cuántos había (o sic?) , no llegamos a contarlos todos porque era muy complicado, pero yo creo que habían (sic) más de cuatro mil quinientos discos, o de pronto un poco menos porque no podría dar una cifra exacta, en videos había unos ochenta o cien videos y los compacs (sic) serían trescientos o cuatrocientos más o menos” (fl. 668 a 669 del cdno. Pbas. 4).

Por su parte Bertulfo Orozco Pérez, propietario de negocios de venta de música refirió que desde hacía unos seis años le vendía música al Doctor Liévano, primero en discos de larga duración, luego en discos compactos y videos. Al ser interrogado sobre el volumen de compras que los propietarios de la Taberna Baco le hubiesen hecho, contestó:

“No puedo precisar, pero yo sí creo que unos cuatro mil long plais (sic), él iba a mirar qué llega. En cidis (sic) por ahí unos trescientos más o menos” (Fl. 676 a 677 del cdno Pbas. 4).

En la diligencia de Inspección judicial practicada a la Taberna Baco por la Fiscal 43 unidad anti extorsión y secuestro el día 27 de agosto de 1995, se consignó lo siguiente:

“situados en el cuarto donde se encuentra El Discomano, se hallan unos estantes en donde se encuentra (sic) terminales de cables de equipos e instalaciones de los mismos, estantes que están desocupados y donde reposaban los equipos de sonido y elementos que fueron objeto de denuncia y que se relacionan a continuación, según información de la doctora Aura Nely Pajoy Sarria, así:

“1) Una planta de peavey, avaluada en un millón doscientos mil pesos ($ 1´200.000), una (1) planta onkio, avaluada en un millón de pesos ($ 1´000.000), dos tornamesa (2), avaluados en quinientos mil pesos ($ 500.000) dos VHS, avaluados en novecientos mil pesos ($ 900.000), un (1) deck avaluado en doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000), un (1) televisor para video, avaluado en ochenta mil pesos ($ 80.000), un (1) equalizador (SIC), avaluado en doscientos mil pesos ($ 200.000). De dicho lugar, también, relacionan la cantidad de dos mil quinientos (2.500) L.P. por valor de seis mil ochocientos pesos cada uno ($ 6.800), trescientos (300) compact-disc (SIC) por valor de quince mil pesos cada uno ($ 15.000), cien (100) videos de veinte mil pesos cada uno ($ 20.000)...De otra parte ha sido relacionado como perdido diez (10) cajas de aguardiente, diez (10) botellas de Wisky (sic), ocho (8) botellas de brandy, diez (10) botellas de Vodka y otro licor fino sin determinar su valor ni calidad ni cantidad”(fl. 702 a 704 del cdno. Pbas. 4).

Los anteriores medios probatorios, unidos a las reglas de la experiencia que indican que en un lugar destinado al funcionamiento de una taberna, necesariamente tiene que existir dotación de equipos de sonido, amplificadores, plantas, discos, y licores, sirven de referente para acreditar la preexistencia de los mismos en la “Taberna Baco”, lugar de donde fueron sustraídos, conforme al denuncio presentado y la corroboración que hizo la misma Fiscalía, al anotar en el acta de inspección al establecimiento de comercio violentado, sobre la ausencia de los bienes muebles en el espacio que estaba destinado para su ubicación y funcionamiento (fl. 702 a 704 del cdno. Pbas. 4).

Por lo tanto y de conformidad con los referentes legales y probatorios que se han analizado, considera la Sala que no le asistió razón al a quo, cuando en la sentencia recurrida consideró que no se había probado la propiedad de los bienes muebles supuestamente hurtados, puesto que tal como viene de verse, para acreditar tal propiedad, el ordenamiento jurídico colombiano no exige prueba solemne, razón por la cual, no podía exigírsele a los demandantes presentar facturas o contratos de compraventa, para demostrar la existencia del daño reclamado.

7. La ausencia de responsabilidad del Fiscal José Alfaro Castro Daza.

La demanda también fue dirigida en contra del fiscal especializado por la supuesta negligencia en que incurrió al omitir la vigilancia del establecimiento comercial, sin embargo la Sala no encuentra que su proceder hubiese sido negligente ni merezca reproche, puesto que el mismo día 25 de agosto de 1995 que ordenó el cierre y sellamiento de la Taberna Baco, libró los oficios tanto al Cuerpo Técnico de la Policía Judicial para que realizara efectivamente dicho cierre y sellamiento y suscribió el Oficio 580 dirigido al Comandante del Departamento de Policía Cauca, para que brindara la seguridad al local, cosa distinta viene a ser que el mencionado oficio no se hubiese entregado a su destinatario —Policía Nacional— sino hasta el día lunes 28 de agosto cuando ya había ocurrido el hurto que, según la denuncia penal, se perpetró el domingo 27, circunstancia que, en consideración a la división de funciones que opera en las entidades públicas, no le resulta imputable al Fiscal, como que no puede esperarse que fuese él quien personalmente se trasladara hasta las instalaciones en donde funciona el comando de policía a radicar el oficio referido en la fecha que lo expidió, ya que tal función le correspondía a otros empleados de la unidad de fiscalía, de ahí que se predique en este caso un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, mas no una responsabilidad personal del fiscal.

8. Los perjuicios.

Conforme se indicó al inicio de esta providencia, comparecen a reclamar perjuicios Aura Nelly Pajoy Sarria y Víctor Iván Liévano Fernández. La señora Pajoy Sarria, se presentó en calidad de propietaria del establecimiento de comercio, calidad que probó con la certificación proferida por la Cámara de Comercio del Cauca, contenida en el oficio 1503 de agosto 9 de 1999 (fl. 786 cdno. Pbas. 4), circunstancia que la legítima por activa para reclamar perjuicios en su carácter de damnificada.

En relación con el demandante Víctor Iván Liévano Fernández, ha de decirse que tal como se determinó en el acápite anterior que hace referencia a la propiedad de los bienes muebles hurtados, obran los testimonios de José Antonio Fernández Sánchez y de Bertulfo Orozco Pérez (fls. 668 a 669, y 676 a 678 del cdno. Pbas. 4, que acreditan como propietario de bienes muebles tales como, discos de larga duración, discos compactos y equipos de reproducción para los mimos, al señor Liévano Fernández, circunstancia que lo legítima por activa para buscar el resarcimiento de los perjuicios que consideró le fueron causados.

En este orden de ideas, reclaman los demandantes la indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, correspondiente al valor de los bienes muebles perdidos, al valor de los cánones de arrendamiento de los equipos que fue necesario alquilar para que la discoteca pudiera funcionar y por el valor de los nuevos equipos que se adquirieron, realizando los siguientes avalúos:

1. Bienes muebles hurtados:

 

Bienes mueblesValor unitarioValor total
2.500 Long play$ 10.000$25.000.000
300 Compact disc$ 20.000$ 6.000.000
Una planta Peavey 1.3$1.300.000$ 1.300.000
Una planta Okio$1.300.000$ 1.300.000
Dos Tornamesas marcas Temis y Géminis$ 500.000$ 1.000.000
Dos equipos para VHS marca Sony 949$ 500.000$ 1.000.000
Un monitor$ 70.000$ 70.000
Un ecualizador$ 250.000$ 250.000
Un equipo para C,D, (5P1$300.000$ 300.000
Un Deck Yamaha$300.000$ 300.000
Diez cajas de litro de aguardiente$ 65.000$ 65.000
Diez botellas de whisky Chivas, Sello negro y otros$ 45.000$ 450.000
Ocho botellas de brandy Napoleón Emperador$15.000$ 120.000
Diez botellas de vodka Absolut y Finlandia$17.000$ 170.000
Diez botellas de vino Dubonet y otro$ 6.000$ 60.000

Ahora bien, aunque el daño material que aquí se analiza se encuentra demostrado, la Sala advierte que las pruebas allegadas al proceso, no permiten cuantificar de manera concreta el perjuicio material en la modalidad de daño emergente, por cuanto si bien está probado que la parte demandante era propietaria de los bienes muebles que fueron hurtados del establecimiento comercial, no existe precisión sobre el valor monetario de cada uno de estos.

En consecuencia, en cuanto al daño emergente causado a la parte demandante por la pérdida de los anteriores bienes muebles, la Sala ordenará que la liquidación de tal perjuicio se realice mediante el respectivo trámite incidental con la intervención de un perito, quien deberá rendir el avalúo de los bienes muebles que salieron del patrimonio de los demandantes:

Para realizar el avalúo de tales bienes, el perito deberá observar las siguientes pautas:

1. Tomando como fundamento el histórico de precios que consulte en la Superintendencia de Industria y Comercio, o en la Federación nacional de Comerciantes —Fenalco—, o en los establecimientos de comercio que venden electrodomésticos, verificará la marca y referencia de los equipos Planta Peavy 1.3, Planta Okio, Tornamesas de marcas Temis y Géminis, equipos para VHS marca Sony 949, monitor, Ecualizador, equipo para CD, 5P1, Deck Yamaha y sobre esa base establecerá el precio que podrían tener para el mes de agosto de 1995.

2. Tomando como fundamento el histórico de precios que consulte en diversas disco tiendas o almacenes de venta de música, verificará el valor que tenían los discos larga duración y los discos compactos, para el mes de agosto de 1995.

3. Verificará el precio que tenían las bebidas alcohólicas ya descritas para el mes de agosto de 1995.

4. El precio de los bienes muebles que resulte para el mes de agosto de 1995, deberá ser actualizado, aplicando la siguiente fórmula:

Valor presente = Valor histórico I. Final

I. Inicial

2. En cuanto al valor de los cánones de arrendamiento de los equipos que fue necesario alquilar para que la discoteca pudiera funcionar, se reclamó como indemnización la suma de un millón seiscientos mil pesos ($ 1.600.000), correspondientes al pago que la parte demandante realizó al señor Edwin Fernández Velasco, en virtud del contrato de arrendamiento suscrito el 1 de septiembre de 1995, a razón de $200.000 mensuales por espacio de ocho meses (fl. 30 y 31 cdno.1).

En relación con esta reclamación, la Sala considera está debidamente probado y por lo tanto hay lugar a ordenar su indemnización, ordenando actualizar la suma de dinero, así:

Valor presente = Valor histórico I. Final

I. Inicial

Vp= 1.600.000 X 107.55

34.68

Vp= $ 4.961.937.71

3. En relación con los perjuicios reclamados consistentes en el valor de los nuevos equipos y música que adquirió la parte demandante entre los meses de mayo y junio de 1996, ha de decirse que no obstante estar probada la compra de estos elementos al establecimiento de comercio Motoritmo (fl. 32 a 34 cdno.1), la Sala considera que no hay lugar a ordenar el reconocimiento, por cuanto al haberse dispuesto el pago de los elementos que se perdieron, con ello queda satisfecha la reparación del daño por ese concepto causado y hacer lo contrario equivaldría a ordenar un doble reconocimiento.

9. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, debido a que ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia de 14 de febrero de 2001 proferida por el Tribunal Administrativo Sala de Descongestión —Sede Cali— y, en su lugar, se dispone:

2. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación, Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados a los demandantes Víctor Iván Liévano Fernández y Aura Nelly Pajoy Sarria, como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que posibilitó la pérdida de bienes muebles de la Taberna Baco, de la Ciudad de Popayán, cuando dicho establecimiento de comercio estaba cerrado y sellado por orden de la Fiscalía, el 27 de agosto de 1995.

3. CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar a Víctor Iván Liévano Fernández y Aura Nelly Pajoy Sarria, la suma de cuatro millones novecientos sesenta y un mil novecientos treinta y siete pesos con 71/100 ($ 4.961.937.71), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, correspondiente al valor de los cánones de arrendamiento de equipos para el funcionamiento de la Taberna Baco.

4. CONDENAR EN ABSTRACTO a la Fiscalía General de la Nación a pagar a Víctor Iván Liévano Fernández y Aura Nelly Pajoy Sarria, a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma que resulte liquidada como consecuencia del respectivo incidente, por concepto del valor de los bienes muebles que se perdieron de la Taberna Baco el 27 de agosto de 1995, tomando como fundamento las bases expuestas en la parte considerativa de este proveído.

5. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

7. No se condena en costas.

8. Ejecutoriada esta providencia, DEVUELVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

(1) Decreto 597 de 1988.

(2) “ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

(...).

ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

(3) Sentencia del 11 de agosto de2010. C. P. Mauricio Fajardo Gomez. Radicación 25000-23-26-000-1995-01337-01(17301).

(4) Sentencia del 11 de agosto de 2010. C.P. Mauricio Fajardo Gomez Radicación 25000-23-26-000-1995-01337-01(17301); sentencia del 24 de mayo de 1990. C.P. Julio César Uribe Acosta. Expediente 5451.

(5) Existen bienes muebles sujetos a registro pero es la excepción, como el establecimiento de comercio, o los automotores, pero la posesión sobre ellos admite libertad probatoria.

(6) Sentencia del 31 de agosto de 2006. C.P. Rutrh Stella Correa Palacio Radicación 41001-23-31-000-1993-07279-01(19432).