Sentencia 1997-9458 de julio 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 41001-23-31-000-1997-9458-01 (ACU)

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Expediente: 22945

Demandante: Flaminio Ortiz Sotelo y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., veintinueve de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

3. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Huila en unos procesos que, por su cuantía (fl. 21, cdn. 1)(8), tienen vocación de doble instancia.

3.1. Frente a la competencia del juez de segunda instancia, dispone el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil:

“ART. 357.—(…) La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones (…)”.

3.2. En el sub lite es necesario analizar individualmente la situación de las apelaciones en cada uno de los dos procesos acumulados, en los siguientes términos:

3.2.1. En el proceso cuyo cuaderno principal está identificado con el Nº interno 31398, que en la primera instancia acumuló los procesos promovidos por Faminio (sic) Ortiz Sotelo y otros —rad. 9458-371—, Martha Stella Galindo Pineda y otros —rad. 233—, y Rosa Elena Maldonado Villamil y otros —rad. 234--, la sentencia de primera instancia —que es parcialmente condenatoria— solo fue apelada por la parte demandante, razón por la cual solo podrá ser modificada en lo que favorezca al extremo procesal recurrente en apelación, y no será posible revertir la declaración de la responsabilidad que tuvo por demostrada el a quo.

3.2.2. Por su parte, en el proceso identificado con el Nº interno 22945, en el que obra como demandante el señor Flaminio Ortiz Sotelo —y otros—, la sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, y fue apelada solo por la parte actora. En ese orden, de ser procedente, la sentencia de primer grado se podrá reformar solo en lo que resulte favorable a los demandantes, en observancia de los cargos que se formularon en la apelación.

II. Validez de los medios de prueba

4. Al presente proceso fueron remitidas copias auténticas de los trámites que, con ocasión de los hechos aquí discutidos, adelantaron la Fiscalía General de la Nación, la justicia penal militar y la Procuraduría General de la Nación.

4.1. La Sala valorará las pruebas pertinentes practicadas en dichos trámites, toda vez que su traslado fue solicitado en la demanda para aducirlas en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y esta entidad manifestó, en todas las contestaciones, su coadyuvancia a la solicitud de pruebas hecha por los demandantes.

4.2. La jurisprudencia ha dicho que cuando el traslado de los elementos de convicción recopilados en otro proceso, es solicitado por cuenta o con la anuencia de ambas partes, los mismos pueden ser valorados en el proceso posterior, pues resultaría contrario a la lealtad procesal que una parte solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, posteriormente, si encuentra que los medios de convicción son contrarios a sus intereses, invoque formalidades legales para que no se admita su valoración. Así lo ha dicho la Sección Tercera, frente al tema concreto de los testimonios practicados en otro trámite:

Previamente a realizar el estudio de fondo, es necesario advertir que si bien los testimonios rendidos dentro de la investigación preliminar adelantada por la unidad investigativa regional Policía Judicial Sijin del departamento del Tolima, con ocasión de los hechos ocurridos (…), no fueron objeto de la ratificación exigida en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso contencioso administrativo en razón de la remisión que en materia probatoria expresamente consagra el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, de conformidad con el reiterado criterio fijado por la Sala sobre el particular, dichos testimonios pueden y deben ser válidamente apreciados, por cuanto hacen parte de la actuación adelantada por la Sijin que luego, a petición de la parte demandante, fue trasladada a este proceso y con fundamento en los cuales al alegar de conclusión en segunda instancia la entidad demanda estructuró su defensa(9).

4.3. En el mismo sentido, se advierte que la mayoría de las declaraciones juramentadas rendidas en el transcurso de la indagación relacionada con los hechos del 6 de febrero de 1996, proseguida por el Juzgado 35 de Instrucción Penal Militar adscrito al Batallón de Artillería Nº 9 “Tenerife”, podrán ser valoradas para decidir el presente asunto, toda vez que se trató de pruebas testimoniales recogidas con la rigurosidad exigida por los artículos 213 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en cuya práctica tuvo audiencia la entidad hoy demandada en reparación —Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional—.

4.4. No se apreciarán las declaraciones juramentadas rendidas por las señoras María Bibiana Osorio, Rosa Elena Maldonado y Martha Stella Galindo, dentro de los procesos judiciales y disciplinarios adelantados en relación con los hechos ocurridos el 6 de marzo de 1996, pues se trata de personas que son demandantes dentro del presente trámite, y podrían verse beneficiadas por la sentencia favorable que eventualmente se profiera como conclusión del presente litigio. Al respecto, debe aclararse que las aludidas declaraciones no fueron decretadas y practicadas con el cumplimiento de las formalidades que, para la recepción de interrogatorios de parte, establecen los artículos 202 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

4.5. De otra parte, en el expediente existen algunos recortes de prensa autenticados, allegados al proceso adelantado por la justicia penal militar en contra de los uniformados involucrados en los hechos discutidos en la presente oportunidad, los cuales podrán ser valorados con las salvedades que a continuación se exponen.

4.5.1. Frente al mérito probatorio de los artículos de prensa, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha señalado, de vieja data, que la información que allí aparece consignada no puede ser admitida dentro del proceso como si se tratara de una prueba testimonial, dado que aquella carece de los requisitos esenciales que identifican este tipo de medio probatorio, en particular porque se trata de una información que no fue suministrada ante un funcionario judicial, no fue rendida bajo la solemnidad del juramento, ni el autor del reporte periodístico dio cuenta de lo que en el mismo se consigna (C.P.C., art. 227)(10). A lo sumo, los recortes de prensa podrán ser apreciados como una prueba documental de la existencia de la información y de la forma como fue publicada la noticia, pero —se insiste— no como una demostración de la veracidad de su contenido(11).

4.5.2. Recientemente, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió que estos documentos podían tenerse como un indicio contingente si, valorados racional, ponderada y conjuntamente con la totalidad del acervo probatorio, resultaban indicativos de la veracidad de la ocurrencia de los hechos(12).

4.5.3. Y en una oportunidad ulterior, en la sentencia del 29 de mayo de 2012(13), la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo señaló que los informes de prensa no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por lo tanto, “(…) cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como un indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos (…)”(14). Previamente, la misma Sala Plena había señalado que los recortes de prensa constituyen documentos en los términos del artículo 251 del C.P.C., por lo que no es razonable excluirlos prima facie del debate probatorio, aunque reconoció que corresponde al juez determinar si puede o no conferirles eficacia(15).

4.5.4. Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al respecto ha señalado que los documentos de prensa aportados por las partes pueden ser apreciados, “(…) cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, no ratificadas, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso y acreditados por otros medios (…)”(16).

4.5.5. En consideración a los criterios jurisprudenciales precedentemente expuestos, la Sala dará valor probatorio a los recortes de prensa, en el sentido de considerar que está demostrada la divulgación de ciertos hechos en medios de comunicación de amplia circulación, según se dejará explicado en el siguiente punto de las consideraciones de la presente providencia. En caso de que exista correspondencia entre los sucesos narrados por los reportes periodísticos y los hechos señalados por las demás pruebas del proceso, se tendrán por ciertos los hechos narrados en tales medios de convicción, según la postura contenida en las providencias a las que se hizo referencia en los acápites anteriores.

III. Hechos probados

5. Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las circunstancias fácticas que a continuación se relacionan, por ser relevantes para la decisión del presente asunto.

5.1. El señor Yesid Ortiz Alemeza —occiso—, nacido el 2 de mayo de 1965, era hijo de los señores Flaminio Ortiz Sotelo, nacido el 10 de enero de 1943, y Diomar Alemeza, nacida el 3 de diciembre de 1947; y era hermano de los señores Gloria Níder Ortiz Alemeza —nacida el 23 de enero de 1967—, Alex Falminio (sic) Ortiz Alemeza —nacido el 14 de junio de 1979—, Aarón Ortiz Alemeza —nacido el 12 de agosto de 1982— y Yazmín Eloisa Ortiz Alemeza —nacida el 14 de febrero de 1990—. También era cónyuge de María Bibiana Osorio —nacida el 27 de septiembre de 1963— y padre de Gina Lizeth Ortiz Osorio —nacida el 8 de marzo de 1995— (registros civiles visibles en copia auténtica a folios 44 y siguientes cdn. 1, rad. 1998-232; y folios 15 y siguientes cdn. 1, rad. 9458-371).

5.2. El señor Édgar Carreño Rodríguez —occiso—, nacido el 28 de febrero de 1971, era hijo de la señora María Amanda Rodríguez de Carreño —cuya fecha de nacimiento se desconoce— y hermano de los señores Tito Rogelio Carreño Rodríguez —nacido el 4 de diciembre de 1968—, Mauricio Carreño Rodríguez —nacido el 17 de octubre de 1966— y Ómar Carreño Rodríguez —nacido el 4 de septiembre de 1967—. También era cónyuge de la señora Martha Stella Galindo Pineda —nacida el 18 de febrero de 1970— y progenitor de María Paula Carreño Galindo —nacida el 22 de agosto de 1994— (registros civiles visibles en copia auténtica a folios 48 y siguientes, cdn. 1, rad. 1998-233).

5.3. El señor Dairo Martín Agatón Rojas —occiso—, nacido el 8 de octubre de 1965, era padre de Érika Natalia Agatón Maldonado —nacida el 5 de febrero de 1991—, Walter Andrés Agatón Maldonado —nacido el 8 de octubre de 1989— y Dairo Ferney Agatón Maldonado —nacido el 16 de mayo de 1988—, todos ellos procreados con la señora Rosa Elena Maldonado Villamil —nacida el 7 de noviembre de 1970— (registros civiles visibles en copia auténtica a fls. 45 y siguientes, cdn. 1, rad. 1998-234). La existencia de una comunidad singular de vida entre la mencionada señora y el occiso, está demostrada con lo que dijo el testigo José Delfín Suárez Parra ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en donde se recibieron algunos testimonios con ocasión de un despacho comisorio. Dijo el declarante:

(…) distingo desde hace 12 o 13 años a la familia Agatón Maldonado, yo distingo a Dairo Agatón Maldonado desde que éramos niños amigos vecinos, también en varias ocasiones trabajamos juntos, la actividad económica era media, trabajaba en pintura, él tenía un promedio de $450.000 mensuales porque era contratista (…) él vivía con Rosa Elena Maldonado y tiene tres hijos de Martín, los nombres de los hijos son Dairo Ferney que es el mayor tiene 12 años, Walter Alexander que es el segundo (…) y Érika Natalia (…) (fls. 172 y 173, cdn. 1, rad. 1998-234).

5.4. En la tarde del 5 de marzo de 1996, nueve personas provenientes de Bogotá, entre ellos los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas, se desplazaron en dos vehículos hacia la ciudad de Neiva, donde pasaron la noche. El hecho está narrado en el testimonio de los señores Joaquín Bautista Torres y Carlos Hernán Díaz Riaño, quienes rindieron diferentes declaraciones ante la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, según pasa a enumerarse.

5.4.1. Ante la Defensoría del Pueblo, el señor Joaquín Bautista Torres relató que cuando llegaron a la ciudad de Neiva, uno de los vehículos tuvo que dirigirse a un taller para realizar una reparación en una llanta, mientras que el otro se dirigió con sus respectivos ocupantes a la represa de Betania donde llevaron a cabo actividades de pesca y recreación. También se dice que el vehículo en el que viajaba el testigo, sirvió como sitio de alojamiento de los ocupantes del mismo. Dice el declarante:

(…) El día 4 de marzo del año 96, me dijeron los amigos del barrio: Yesid, Guillermo Quintero, Édgar Carreño y otros amigos de estos amigos que nombré pero que yo solo conocía de vista porque a veces venían al barrio a jugar billar o tomar cerveza, que les hiciera un expreso a Neiva donde iban a ir de paseo y de pesca. Yo les dije que yo no conocía y ellos agregaron que tampoco conocían y me preguntaron que cuánto les cobraba. Yo les dije que como yo no conocía miraran a ver cuánto más o menos nos pagaban. Y concretamos en doscientos veinte mil pesos ($220.000) por dos días. Concretamos la salida para el 5 de marzo a las 4 más o menos de la madrugada. Yo les pregunté que quiénes más iban y ellos me contestaron que iba un taxi que habían contratado porque eran nueve personas en total y no cabían en un solo carro. Salimos a la hora convenida yo llevaba en mi carro que era un Renault 12 placas MBI 970 de Bogotá, que no era mío sino que yo lo tenía en arriendo de la señora María Fanny Cañón, hacía cinco meses y lo trabajaba en mi negocio de electrodomésticos y otras mercancías como medias y camisetas. Nos dirigimos hacia Neiva y llegamos allá como a las 10:00 a.m. Desayunamos y nos pusimos a dar vueltas en el pueblo. En mi carro iban Guillermo Quintero, Yesid, no sé el apellido, y Édgar Carreño y todo el tiempo hablaron de que íbamos a estarnos dos días, que iban a conocer la laguna de Betania a donde pensaban montar en canoa y pescar. Hablaron también del desierto de la Tatacoa. Estando en el pueblo, después de desayunar, convinimos que si alguno de los dos carros se extraviaba, nos veíamos en el parque central de Neiva, nos pusimos a dar vueltas por ahí y así fue como nos perdimos y nos encontramos en la noche en el parque, pues a mí se me había dañado un rin y me puse a buscar uno en Neiva. Después del buen rato a la tarde, nos tomamos unas cervecitas, pocas, por los alrededores del parque y el centro y dimos vueltas y vueltas hasta que nos encontramos con los del otro carro como a las 7 de la noche. Cuando nos encontramos, ellos nos contaron que habían ido a Betania y habían pescado y los que estaban conmigo les dijeron que por qué no los habían esperado, que para eso iban todos y que habían quedado de ir a pescar y alquilar cañas allá, porque a ellos les habían dicho que allá alquilaban las canoas y prestaban con qué pescar. Ellos les contestaron que nos habían buscado bastante y como no nos habían encontrado pensaron que nos habíamos también ido para allá. En el momento en que nos encontramos tomamos unos refrescos para la sed, hacia un lado del centro, como para arriba hacia el hospital, creo yo porque no conozco. Se preguntaron entre ellos que qué iban a hacer y entonces confirmaron que iban a ir al desierto al otro día, a conocerlo porque alguien les había comentado que era un sitio turístico. Estuvimos en la calle como hasta las 10 p.m. y luego bajamos al parque y nos pusimos de acuerdo para encontrarnos al otro día en el parque a las 4:30 a.m. y decidieron salir a buscar hotel. Los que estaban en mi carro dijeron que en la camioneta podíamos dormir. Entonces nos quedamos como hasta las once o doce de la noche en el parque y luego nos fuimos hacia arriba a una bomba y le pusimos gasolina al carro y nos orillamos a un lado y nos quedamos ahí a dormir. Uno se acostó a la parte de atrás, el otro en la mitad y los otros dos nos quedamos en la parte de adelante. Al día siguiente, para el 6 de marzo, nos encontramos los dos carros como habíamos dicho de 4:30 a 5:00 a.m. en el parque (…) (fls. 45 y 44, cdn. de pruebas 4).

5.4.2. El testigo Carlos Hernán Díaz Riaño, por su parte, manifestó ante la Procuraduría General de la Nación que viajó en el otro vehículo y que, en la tarde del martes 5 de marzo, estuvo pescando en el embalse de Betania, junto con sus compañeros de viaje. En contraste con lo dicho por Joaquín Bautista Torres, el señor Díaz Riaño manifiesta que fueron los ocupantes de su vehículo quienes tuvieron que pernoctar en el mismo, mientras que los del otro automotor pasaron la noche en un hotel. En palabras del testigo:

(…) El día 5 de marzo del presente año, salimos de Bogotá a las 4 y media de la mañana hacia la ciudad de Neiva a pescar en compañía de unos amigos, en el trayecto de Girardot a Neiva hubo dos retenes, cuando llegamos a Neiva, a uno de los carros se le dañó el rin, ellos se fueron a arreglarlo y en ese momento nos perdimos, como nosotros íbamos a pescar pensábamos que ellos ya estaban pescando. Nos fuimos para la laguna, nosotros nos quedamos pescando a ver si ellos llegaban, como ellos no llegaron uno de los que iba con nosotros, me parece que fue Ortiz, dijo que si nos perdíamos nos encontrábamos en el parque principal de Neiva. Como a las 10 de la noche llegamos al parque, ya estaban ellos ahí. Nos pusimos a tomarnos (sic) unas cervezas, y ya como a la una de la mañana ellos se fueron a buscar hotel, como nosotros no llevábamos suficiente plata nos quedamos en la camioneta y que nos encontrábamos 3 y media o 4 de la mañana para ir a conocer el desierto (…) (fl. 65, cdn. pruebas 4).

5.4.3. Y frente a la Procuraduría General de la Nación, el señor Joaquín Bautista Torres narró una historia similar a la referida ante la Defensoría del Pueblo, aunque omitió muchos rasgos en cuanto al detalle del relato:

(…) Es que a mí me dijeron unos amigos que les hiciera un expreso a Neiva, yo les dije que no conocía Neiva, por lo tanto no sabía cómo cobrarles, como eran conocidos acordamos en $220.000, ida y vuelta dos días, ellos decían que iban a Betania y ya después resultaron con el cuento que al desierto de la Tatacoa, al otro día, eso fue el día 6, nos dirigimos hacia el desierto de la Tatacoa (…) (fl. 59, cdn. pruebas 4).

5.5. En los trámites adelantados por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, también rindieron testimonio personas allegadas a los acompañantes de los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas, quienes declararon que no tenían conocimiento de que sus familiares fueran a realizar un viaje a la ciudad de Neiva con el propósito de pescar en la represa de Betania.

5.5.1. La señora Eugenia del Socorro Ballesteros Chaverra, quien rindió declaración juramentada ante la Procuraduría General de la Nación, manifestó ser la esposa del señor Guillermo Quintero Robayo y, en relación con las circunstancias del viaje a Neiva, aseveró lo siguiente:

(…) yo me fui a finales de febrero para Medellín, y él nos llamaba cada dos o tres días en la semana (…) nosotros éramos pintores y ahora la pintura estaba tan mala se estaba dedicando a vender pescado, porque como él tenía una moto (…) Preguntado: ¿Acostumbraba su esposo a hacer viajes viajes (sic) fuera de la ciudad de Bogotá? Contestó: No, nunca (…) Preguntado: Sírvase manifestar si su esposo le llegó a comentar sobre un viaje que iba a realizar a la ciudad de Neiva. Contestó: No, el día anterior de la muerte él habló conmigo, porque era el día de mis cumpleaños, pero no me comentó nada (…) Preguntado: sírvase manifestar cuáles cree usted que fueron las razones para que su esposo viajara a la ciudad de Neiva. Contestó: Es que es una cosa que no sé, no sé qué razones tendría o quién lo convencería, no sé, es que yo no salgo de mi asombro (…) (fl. 160, cdn. pruebas 4).

5.5.2. La señora Myriam Cristina Cifuentes Pinto, quien aseveró ser cónyuge del señor José Fernando Torres Quintero, rindió ante la Fiscalía General de la Nación, oportunidad en la que dijo tener conocimiento de un trabajo que su esposo, como taxista que era, realizaría en la ciudad de Neiva. No obstante, nada mencionó sobre un viaje de pesca a dicha ciudad. Dijo la testigo:

Él me dijo que se venía a hacer una carrera el lunes en la noche, que se venía a hacer un expreso a Neiva y salió a las dos de la madrugada el martes, me dijo que dejaba la carrera y se volvía, no trajo ropa para decir que se fuera a quedar ni nada, yo lo esperaba el mismo martes en el día y anoche a las siete de la noche una vecina me preguntó que para donde era que se había ido Fernando, respondí que para Neiva a hacer una carrera (…) él no me dijo quién lo había contratado, muchas veces le salían carreras a los pueblos intermedios, ese día no me dijo para donde iba. Él no se ausentaba con frecuencia de la casa, salía y volvía el mismo día (…) (fl. 96 y siguientes, cdn. sin numerar, proceso adelantado por la Procuraduría General de la Nación).

5.6. De forma paralela, los militares adscritos al Batallón de Artillería Nº 9, por informaciones de inteligencia, tuvieron conocimiento de que un grupo de guerrilleros tenía la intención de merodear en unos vehículos por el desierto de la Tatacoa, y que realizaría actividades delincuenciales en la zona. Con base en esos datos, se dispuso la realización de un operativo denominado “Ciclón”, el cual tenía por objeto detener o, en caso de ser necesario, dar de baja a los integrantes del mencionado grupo delincuencial. La orden de operaciones que contiene el planeamiento del operativo, fue redactada en los siguientes términos:

(…)

I. Situación

A. Enemigo: Elementos de las autodenominadas FARC, ELN, agrupados bajo el nombre de coordinadora guerrillera, narcotraficantes y grupos organizados de la delincuencia común, que delinquen en la jurisdicción de la unidad táctica, ampliaron su actividad delincuencial y terrorista y planean incrementar sus acciones delictivas, especialmente durante el mes de marzo del presente año, acción que pretenden ejecutar a través de retenes, extorsiones, intimidación en las carreteras del departamento y ataques directos contra las propias tropas que se encuentren en desplazamiento sobre su área de influencia, para causar bajas, robar material de guerra, intendencia, comunicaciones, buscando crear desconcierto y causar así un golpe de acción sicológica ante la opinión pública del departamento del Huila y a nivel nacional dando muestras de un poder que no poseen y forzar al gobierno a los diálogos de paz.

(…)

II. Misión

El Batallón de Artillería Nº 9 “Tenerife”, a partir del 05-21:00-mar-96 con un pelotón de la Batería A adelanta operaciones ofensivas en el área general de El Doche-Sitio El Cruce jurisdicción del municipio de Baraya para aprehender y en caso de resistencia armada dar de baja a bandoleros de la XVII cuadrilla de las FARC que delinquen en la región.

III. Ejecución

A. Concepto de la operación.

1. Maniobra: Consiste en efectuar emboscadas sobre la vía cruce Baraya-El Doche a bandoleros que se movilizan en vehículos al parecer del grupo de finanzas de la XVII cuadrilla de las FARC.

B. Misiones a unidades subordinadas.

Batería A: Con el cuarto pelotón organizado a 2-2-22 al mando del MY. Navarro monta emboscada en el sitio El Cruce jurisdicción del municipio de Baraya para aprehender y en caso de resistencia armada dar de baja a bandoleros al parecer del grupo de finanzas de la XVII cuadrilla de las FARC (fl. 7, cdn. sin numerar correspondiente al proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría General de la Nación).

5.7. En cumplimiento de la mencionada orden de operaciones, varios militares del Batallón de Artillería Nº 9 “Tenerife”, bajo el mando del mayor Jorge Alberto Navarro Devia, se desplegaron en el sitio conocido como “El Cruce”, en el camino que del municipio de Baraya conduce a la vereda “El Doche”, en inmediaciones del desierto de “La Tatacoa”. Los miembros del Ejército se parapetaron en diferentes lugares cercanos a la mencionada vía, a la espera del supuesto grupo guerrillero al que pretendían enfrentar, lo cual se narra con rasgos similares en varias de las declaraciones rendidas por los militares participantes en la operación denominada “Ciclón”, según pasa a reseñarse.

5.7.1. El señor Jorge Alberto Navarro Devia, quien era uno de los comandantes de la operación militar, rindió declaración juramentada ante el Juzgado 35 de Instrucción Penal Militar y describió el despliegue del grupo militar en el sitio de los hechos, en los siguientes términos:

(…) Yo participé en la operación primero en la fase de inteligencia y planeamiento, y luego en la fase de ejecución, ya que llevaba el mando de la operación (…) Con base en actividades de inteligencia se conocía que iban a efectuar el traslado o movimiento o negociación con ese señor que estaba secuestrado y el dispositivo se montó en ese sitio porque estratégicamente se prestaba para efectuar la observación y registro, ya que permitía mimetizarnos y se podía controlar tanto la vía que venía de Villavieja, como la que viene de Baraya (…) (fl. 219, cdn. sin numerar correspondiente al proceso seguido por la Procuraduría General de la Nación)(17).

5.7.2. El señor José Luis Velasco Bayuelo, también participante en la operación “Ciclón”, narró las circunstancias en que se dispusieron los diferentes grupos militares en el sitio conocido como “El Cruce” y dijo, además, que el desplazamiento al lugar de los acontecimientos se llevó a cabo en la noche del 5 de marzo de 1996. En sus palabras:

(…) Fue una infiltración nocturna en un vehículo civil a la vereda el Palmar por informaciones de que iban a movilizar a un secuestrado en Baraya, se organizó mi grupo en la parte derecha de la carretera, otro grupo al mando del CP. Sánchez Bonilla Eduardo que era el equipo de cierre, otro al mando del CS. Cruz Salamanca José Germán, siendo otro grupo de cierre, y había otro grupo al mando del DG. Salgado Peralta John Mauricio que era el grupo de reserva y hablo de dos grupos de cierre para evitar la huida de los subversivos y además porque así lo manda la técnica de patrullaje (…) (fl. 220, ibídem)(18).

5.8. En la mañana del miércoles 6 de marzo de 1996, el grupo de nueve personas en el que se encontraban los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas, se dirigió en los dos vehículos hacia el desierto de “La Tatacoa”, que se encuentra en cercanías al municipio de Baraya y a la ciudad de Neiva, y cuando se desplazaban por la vía que conduce a la vereda “El Doche”, detuvieron sus automotores y se apearon de los mismos sin razón aparente, en un sitio cercano a aquel en que, según se describió, se habían parapetado los miembros del Batallón “Tenerife” desplegados en la zona, en cumplimiento del operativo militar denominado “Ciclón”. Este hecho está narrado desde diferentes puntos de vista, por parte de varios miembros del grupo militar varias veces mencionado, y por una de las personas que viajaba en los automotores.

5.8.1. Así, en la ya citada declaración del mayor Jorge Alberto Navarro Devia, se dice que los sujetos que se movilizaban en los automotores portaban armas de fuego y, además, que al bajar de los vehículos se ubicaron estratégicamente. En sus palabras:

(…) nosotros exactamente no sabíamos que eran estos individuos, pero cuando teníamos montado el dispositivo y estos sujetos notaron nuestra presencia, abrieron fuego contra la tropa y por esa actuación vimos que no eran ciudadanos honestos y que estaban tratando de hacer algún ilícito, además por la forma en que ellos actuaron cuando se bajaron de los vehículos, y como avanzaron, nos dimos cuenta de que era gente que tenía experiencia por la táctica que utilizaron ya que se distribuyeron estratégicamente como para montar una emboscada en ese sitio (…) (fl. 219, ibídem)(19).

5.8.2. El señor Joaquín Bautista Torres, en su ya citada declaración ante la Defensoría del Pueblo, narró lo siguiente sobre la forma en que llegaron al sitio “El Cruce” y en que, posteriormente, abandonaron los automotores en los que viajaban:

(…) y cogimos la vía hacia el desierto; el día anterior habían preguntado por dónde era la salida al desierto. Salimos los dos carros y hasta cierto punto cuando ya se nos había amanecido, preguntamos a unos campesinos que por dónde era la vía al desierto. Nos indicaron y seguimos, por cierto que la carretera estaba destapada. Pasamos por un pueblito, cuyo nombre no recuerdo y en ese pueblito nos perdimos de la carretera y nos fuimos por otra, eran como las 6 de la mañana más o menos. Le preguntamos a otro campesino que por dónde era la carretera al desierto y él nos indicó que no era por ahí, que teníamos que devolvernos. Nos devolvimos hasta el pueblo y cogimos la carretera del desierto. Nosotros no nos habíamos bajado durante el viaje desde Neiva y empezamos a llegar al desierto como a las 7 de la mañana y empezaron a decir los que iban conmigo “miren, ese será el desierto”. Había chozas, alcancé a ver una o dos. Más adelante una casa y no vi más casas dentro del desierto. Llegamos a un alto y ellos dijeron que parara para mirar desde ahí el desierto y caminar un rato porque iban cansados. Paramos los carros pegados uno al otro y ellos se bajaron y como a mí la camioneta se me había descompuesto por la parte de abajo, se le había caído el exhosto, entonces ellos se dispersaron por ahí a caminar. El conductor del otro carro se quedó conmigo ayudándome a arreglar la camioneta. Yo tenía la tapa de atrás del carro abierta buscando herramienta para asegurar el exhosto que se había desprendido (…) (fls. 44 y 45, cdn. de pruebas 4).

5.9. Una vez que los automotores llegaron al sitio “El Cruce”, sus ocupantes, quienes estaban equipados con armas de fuego de distinto tipo y calibre, salieron caminado al desierto, momento en el cual se produjo un cruce de disparos con los agentes militares que estaban encubiertos en la cercanía, hecho este respecto del cual existen divergencias sobre la forma en que lo narran los efectivos del Ejército Nacional y quienes descendieron de los automotores.

5.9.1. Los militares participantes en la operación “Ciclón”, por un lado, mencionan que cuando los sujetos bajaron de los automóviles estacionados, se les hicieron advertencias para que se entregaran a la tropa, momento en el cual los individuos abrieron fuego en contra de la patrulla militar y se dieron a la huida, con lo que se propició un intercambio de disparos que culminó con la muerte de varias de las mencionadas personas —entre ellos los familiares de los hoy demandantes—. También afirman que uno de los vehículos logró evadirse del sitio. Al respecto, menciona el cabo primero Eduardo Sánchez Bonilla:

(…) siendo aproximadamente las seis de la mañana del día 06 de marzo escuché que se aproximaba un vehículo, en ese momento alerté a los soldados que se encontraban emboscados al lado de las dos vías, al esperar un rato nos percatamos que llegaron dos vehículos, un Renault 12 color azul oscuro y un taxi similar al Renault pero de color amarillo y llegaron hasta cerca de nosotros, descendieron ocho individuos de esos vehículos a los cuales no puedo describir bien porque yo me encontraba emboscado, pero al alejarse de los vehículos ellos procedieron a alejarse un poco de los vehículos (sic) y miraban para todos lados en especie de registro verificando que no hubiera nadie por ese sector y fue en ese momento donde noté que uno de ellos llevaba un arma larga pero no la puedo describir porque no se la veía bien y a los otros se les notaban armas cortas en las manos(…) es de anotar que cuando ellos descendieron de los vehículos dejaron los motores encendidos, también me pude percatar que seis de estos individuos siguieron por la carretera que conduce a la vereda El Doche y más exactamente a donde se encontraban los otros grupos de la patrulla militar y fue entonces cuando se escucharon detonaciones de armas y procedí a decirles a los soldados que estuviéramos pendientes porque de pronto nos disparaban y herían a uno de nosotros y en eso me incliné y le dije a uno de esos sujetos “alto, alto” y este comenzó a dispararnos con un arma corta y al otro se le veía una cosa larga en las manos, como similar a un arma larga o un rocket (sic), y seguidamente se acercaron más hacia los vehículos cubriéndose con una mata de monte que había donde habían dejado los vehículos y fue cuando procedí a acercarme a la mata de monte y a los vehículos y disparé mi arma al aire para que estos sujetos se amedrentaran e hicieran alto, cuando me acerqué al lugar donde podía ver los vehículos me di cuenta de que no estaba sino el carro amarillo, ya que el azul había huido (…) (fl. 231 y ss., cdn. sin numerar Procuraduría General de la Nación).

5.9.2. De otro lado, el señor Joaquín Bautista Torres, quien declaró ser una de las dos personas que logró huir del sitio de los hechos —la otra persona es Carlos Hernán Díaz Riaño-,- dijo que los integrantes de la patrulla militar abrieron fuego en contra de los pasajeros de los vehículos, sin que hubiera advertencia alguna por parte de los agentes estatales. En sus palabras:

(…) Estábamos en eso y eran como las 7:30 o 8:00 a.m., y estábamos hablando con el otro conductor, cuando de repente oí una balacera y al momento nos disparaban a nosotros dos y al otro muchacho de los del paseo que se encontraba cerca de los carros. Yo me asusté y le dije al otro conductor que qué pasaría, pero las ráfagas eran impresionantes. El otro conductor gritó que no le hicieran nada, pero nosotros no vimos quiénes disparaban. Y yo le dije al otro conductor que qué hacíamos y él me contestó: “vámonos”. Yo me subí a la camioneta y él gritaba que no lo mataran. Me alcancé a subir a la camioneta y arranqué en ella y al yo arrancar en la camioneta, el otro muchacho, no el conductor, el nombre no me acuerdo, se votó a la camioneta. No sé qué hizo el otro conductor, porque mi camioneta estaba delante de la de él y yo arranqué solo. Anduve un corto trayecto, no sé de cuanto, y la camioneta no me anduvo más. Me bajé porque todavía oía disparos muy seguidos y cerca y le pregunté al muchacho que iba conmigo en la camioneta que si estaba bien y él me contestó que sí. Entonces le dije que la camioneta no andaba y lo mejor era bajarnos y salir corriendo. Y así hicimos (…) (fls. 44 y 45, cdn. pruebas 4).

5.10. Al término del operativo militar y transcurrido el intercambio de disparos(20) con los sujetos que viajaban en los vehículos, resultaron muertas 7 personas —entre ellas los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas—. Además, se incautaron varios elementos, según se reseñó en el informe de resultados elaborado por el oficial al mando de la maniobra —mayor Jorge Alberto Navarro Devia—, en los siguientes términos:

Yo, mayor Jorge Alberto Navarro Devia mayor de edad, vecino y residente en esta ciudad, identificado como aparece al pie de la firma y como jefe de la Sección Tercera del Batallón de Artillería Nº 9 Tenerife, me permito informar a ese despacho los hechos ocurridos el día 06 de marzo de 1996 a las 06:00 horas en el sitio La Palmera municipio de Villavieja (Huila) en el cruce de las carreteras que conducen de Villavieja al Doche y de Baraya al Doche así:

Hechos

Por labores de inteligencia, se tuvo conocimiento que en el cruce de las carreteras que conducen de Villavieja y Baraya al Doche, iban a tener contacto miembros de finanzas de la guerrilla, con el Frente XVII de las FARC, con el fin de movilizar al señor Idelfonso Vargas secuestrado en el municipio de Baraya por dicho grupo de bandoleros.

El día 05 de marzo del presente año, en cumplimiento a la orden de operaciones 21 “Ciclón” se trasladó una patrulla militar al mando del suscrito, al sitio referido donde se montó una operación.

Al día siguiente siendo aproximadamente las 06:00 horas llegaron dos vehículos al lugar donde se había montado el dispositivo militar, observándose que de los automotores descendieron varios hombres con armas cortas y largas, cuando detectaron la presencia militar abrieron fuego contra la tropa, que reaccionó inmediatamente, y en la persecución se dieron de baja 07 sediciosos, lográndose escapar el que conducía uno de los vehículos, siendo localizado posteriormente en la vereda “La Chivera” sobre la vía que conduce del lugar de los hechos al municipio de Baraya.

Resultados de la operación

Bandoleros dados de baja 07

Material incautado:

1. Armas

Revólver Cal. 38L Marca S&W sin número 01

Revólver Cal. 38L Marca Llama Nº IM24740 01

Revólver Cal. 38L Marca S&W Nº 24117 01

Escopeta Winchester Cal. 12 Nº 121019887 01

Granada de mano americana 02

Pistola imitación Pietro Beretta Cal. 9mm 01

Munición (Varias)

2. Vehículos

Camioneta DACIA 1410 color amarillo servicio público placas SGK 020 Bogotá.

Camioneta Renault 12 Breake color azul Placas NBI 790.

3. Equipo de campaña 01

4. Elementos (varios)

Es de advertir que el material antes referido, salvo los vehículos que quedan a su disposición en la Sección de Transportes del BATEN, se encuentra en poder del Cuerpo Técnico de Investigación (C.T.I.) de la ciudad de Neiva, quien estuvo en el teatro de los acontecimientos y directamente realizaron (sic) las diligencias de su competencia. El levantamiento de los cadáveres fue realizado por la Fiscal Novena especializada de esta ciudad (fls. 11 y 12, cdn. sin numerar, Procuraduría General de la Nación).

5.11. Antes de la aprehensión de los aludidos elementos por parte de los miembros del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación envió al sitio conocido como “El Cruce”, un equipo del Cuerpo Técnico de Investigaciones, C.T.I., que se encargó de llevar a cabo las siguientes actividades:

5.11.1. Se rindió un informe calendado el 8 de marzo de 1996 —Oficio 378—, en el que se deja constancia de todos y cada uno de los elementos encontrados en poder de los occisos, entre ellos varios elementos de guerra y un arma de juguete, así:

Comedidamente envío a ese despacho los elementos que a continuación relaciono, los cuales fueron hallados en posesión de cada uno de los occisos que fueron encontrados en el sitio conocido como cruce “El Doche” de la vía Villavieja-Baralla (sic) (Huila) el día 06 de los corrientes a las 14:00 horas. Los elementos fueron recolectados y embalados por los técnicos criminalísticos adscritos a esta sección (…)

Occiso Nº 1, acta Nº 65. Una (01) granada de fragmentación (…)

Occiso Nº 2, acta Nº 66. Un (01) revólver de color negro marca Smith & Wesson, sin número serial de identificación, contenedor de dos (02) cartuchos calibre 38 largo y cuatro vainillas del mismo calibre percutidas (…)

Occiso Nº 3, acta Nº 67. Una (01) pistola de juguete (al parecer lanza balines) en pasta de color negro y cachas de caucho la cual posee el logotipo de “Pietro Beretta” FS Cal 9 parabellum, con número serial A00936M con un (01) proveedor de balines (…)

Occiso Nº 4, acta Nº 64. Una (01) granada de fragmentación de color verde (…)

Occiso Nº 5, acta Nº 69. Un (01) revólver calibre 38 largo marca Llama Martial 38 SPL con número de serie IM2472Q de color blanco contenedor de seis (06) cartuchos para el mismo (…)

Occiso Nº 6, acta Nº 70. (…) Una (01) escopeta de repetición marca Winchester calibre 12 de color negro Nº L2101987, contenedora de cinco (05) cartuchos en su interior y dos (02) vainillas percutidas(…) quince (15) cartuchos para escopeta calibre doce (12) (hallados en el bolcillo (sic) delantero izquierdo del occiso); un (01) morral en lona verde el cual contiene prendas de vestir y útiles de aseo (…)

Occiso Nº 7, acta Nº 71. Un (01) revólver color negro marca Smith & Wesson calibre 38 largo contenedor de seis cartuchos sin percutir (con número de serie ACZ4117) con cachas de madera y la uña del martillo rota; (…) una (01) chapuza para revólver en cuero (…) (fl. 128 y ss., cdn. sin numerar, Procuraduría General de la Nación)(21).

5.11.2. Adicionalmente, el C.T.I. levantó el plano Nº 664 en el que consta cada uno de los lugares en que fueron hallados los 7 fallecidos, muchos de ellos a varios metros de distancia entre sí, así como ubicados entre la maleza en sitios alejados de la carretera donde, a su vez, fueron hallados los vehículos, los cuales también están ubicados en el mapa (fl. 142, ibídem).

5.11.3. Se observa el álbum fotográfico elaborado por el C.T.I. en el sitio de los hechos, en el cual se identifican los lugares en donde fueron encontrados los vehículos en los que viajaban los occisos, así como también los sitios de yacimiento de estos últimos (fl. 144 y ss., ibídem). De dichas fotografías se destacan con su descripción por los técnicos del C.T.I., los siguientes datos de interés:

5.11.3.1. Se capturó la imagen del vehículo taxi marca Dacia de placas SGK-020 “(…) el cual presenta perforaciones en el costado izquierdo (…)” (fl. 144).

5.11.3.2. Se fotografió el lugar donde yació el señor José Fernando Torres Quintero, a quien le fue encontrada una linterna metálica de seis pilas y una granada de fragmentación apuñada en la mano izquierda (fl. 146). Se describe que el cadáver de este occiso fue hallado aproximadamente a 200 metros del lugar donde fue encontrado el cuerpo del señor Dairo Martín Agatón Rojas (fl. 149).

5.11.3.3. También se aprecia el sitio donde se encontró el cuerpo sin vida de Dairo Martín Agatón Rojas —familiar de los demandantes en reparación—, quien tenía en su mano derecha un revólver (fl. 150). Respecto del mencionado occiso, se aprecia que el arma de fuego que se le encontró tenía dos cartuchos y cuatro vainillas percutidas (fl. 151). El cadáver del señor Agatón fue hallado a una considerable distancia del sitio donde fue encontrado el vehículo SGK-020 (fl. 152).

5.11.3.4. Hallazgo del cadáver del señor William Tabares Benjumea, a quien se le encontró en su poder un arma de juguete o de imitación, que aparentaba ser una pistola de marca Pietro Beretta con munición de tipo Parabellum (fl. 153).

5.11.3.5. El señor Édgar Carreño Rodríguez fue encontrado dentro de un matorral con una granada de fragmentación de color verde en cercanías al cuerpo (fls. 155 y 156).

5.11.3.6. Yesid Ortiz Alemeza —por cuya muerte se pide reparación de perjuicios— fue hallado sobre la carretera, aproximadamente a 100 metros del sitio donde fueron encontrados los cuerpos de Guillermo Quintero Robayo y Manuel de Jesús Lasprilla Yasno. Al lado del cadáver de Ortiz Alemeza, fue encontrado un revólver (fl. 157), el cual tenía en su tambor seis cartuchos sin percutir (fl. 158).

5.11.3.7. Como ya se dijo, los cuerpos de Guillermo Quintero Robayo y Manuel de Jesús Lasprilla fueron encontrados a 100 metros del occiso descrito en el párrafo inmediatamente anterior. La situación en que fueron hallados estos dos cadáveres, fue descrita así:

Gráfica 34. De conjunto. Tomada en sentido sur-norte en el sitio acotado con la flecha P en el presente informe. Las flechas U y V muestran los cuerpos de Guillermo Quintero Robayo (con un morral verde en la espalda) y Manuel de Jesús Lasprilla Yasno en posición cedente y decúbito ventral respectivamente. Las flechas W y X señalan una escopeta de repetición y un revólver (fl. 160).

5.11.3.8. La escopeta Winchester que le fue encontrada a Guillermo Quintero Robayo, estaba equipada con quince cartuchos calibre 12 y, por su parte, el revólver Smith & Wesson que portaba el señor Manuel de Jesús Lasprilla Yasno, contaba con seis cartuchos sin percutir en su tambor (fls. 162 a 164).

5.11.3.9. El vehículo marca Renault “Break” de placas NBI-790 fue encontrado abandonado a 1.5 kilómetros del cruce del Doche, con varios daños. En específico, el vehículo mostraba “(…) un daño en uno de los ejes de tracción y el vidrio panorámico roto (…)” (fl. 166).

5.11.4. El grupo del C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación adicionalmente hizo una lista consolidada de las personas que resultaron muertas en el operativo, a saber: José Fernando Torres Quintero, William Tabares Benjumea, Édgar Carreño Rodríguez, Yesid Ortiz Alemeza, Guillermo Quintero Robayo, Manuel de Jesús Lasprilla Yasno y Dairo Martín Agatón Rojas (fl. 170).

5.12. A los 7 occisos —entre ellos Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas— se les practicó tanto diligencia de inspección de cadáver, como también estudio de necropsia, actuaciones que se describirán in extenso por su importancia descriptiva.

5.12.1. Por un lado, en las diligencias de inspección de cadáver se levantaron álbumes fotográficos de cada uno de ellos, y se consignaron los siguientes datos sobre la forma en que murieron las siete (7) personas, entre ellos los familiares de los demandantes(22).

5.12.1.1. En el cadáver del señor José Fernando Torres Quintero (fl. 183 y ss.) se encontraron “(…) tres (3) orificios, causados al parecer por arma de fuego, localizados en el hemitórax anterior derecho (…)”. Del mismo modo, se hace una descripción de otras cinco heridas por arma de fuego recibidas en diferentes partes del cuerpo.

5.12.1.2. En el cuerpo sin vida del señor Dairo Martín Agatón Rojas —quien es uno de los occisos por quienes se demanda en el presente proceso contencioso—, se observaron las siguientes heridas:

Gráfica 3 (…). Semiconjunto. Con ayuda del testigo métrico, se observan dos (2) orificios, al parecer causados por arma de fuego, con ahumamiento y tatuaje, de 1.5 cms de diámetro, localizados en la región del hemotórax (sic) izquierdo.

Gráfica 9 (…). Semiconjunto. La fotografía muestra una herida causada al parecer por arma de fuego, de forma irregular, de 3.5 cms de longitud, localizada en región lumbar izquierda.

Gráfica 10 (…). Semiconjunto. Con ayuda del testigo métrico, se aprecian dos (2) heridas de forma y bordes irregulares, de 2 y 3.5 cms de longitud, localizadas (1) en región del mesogastrio periumbilical, y (2) en región de la fosa ilíaca izquierda.

Gráfica 11 (…). Semiconjunto (…) La fotografía muestra, con ayuda del testigo métrico, una herida de forma irregular, abierta, de 20 cms de longitud y 5 cms de ancho, con exposición de tejido muscular, localizada en la fosa ilíaca derecha y muslo.

Gráfica 12 (…). Semiconjunto. El testigo métrico señala una herida de forma y bordes irregulares, de 6 cms de longitud, localizada en tercio distal, cara superior de la pierna derecha.

Gráfica 13 (…). Semiconjunto. La fotografía muestra, con ayuda del testigo métrico, una herida abierta, en forma oval, de bordes nítidos, de 5 cms de longitud por 2 cms de ancho; localizada en región deltoidea posterior. Los acotadores (1) y (2) señalan heridas abiertas que comprometen el húmero (fractura) (fl. 186 y siguientes)(23).

5.12.1.3. El cadáver de William Tabares Benjumea (fls. 189 y ss.) exhibe heridas producidas por un artefacto explosivo y 6 heridas causadas por proyectil de arma de fuego.

5.12.1.4. Sobre el cuerpo sin vida de Édgar Carreño Rodríguez, quien es uno de los occisos por quienes se demanda en el presente litigio, se hicieron las siguientes observaciones:

Gráfica 24 (…). Filiación (…) se observa en la gráfica una herida de forma estrellada en cráneo, con exposición de masa encefálica, con vaciamiento ocular derecho, fractura y pérdida de hueso frontal, parietal y temporal derechos. Presenta fractura de bóveda craneana.

Gráfica 25 (…). Semiconjunto. Fotografía que muestra heridas múltiples, causadas al parecer por arma de fuego, dos (2) orificios circulares de 2 cms de diámetro localizados en región condroesternal inferior. Una herida de forma oval de 2 cm por 1 cm, localizado en región del hipocondrio derecho. El acotador (1) señala tres (3) propicios de 2.5 cms cada uno, localizados en hemitórax derecho. El acotador (2) señala herida en forma oval, de 2 cms de diámetro, localizada en la fosa supraclavicular izquierda.

Gráfica 26 (…). Semiconjunto. La gráfica muestra, con ayuda del testigo métrico, siete orificios de forma circular de 1 cm de diámetro, localizados en región cervical y hemitórax posterior izquierdo (fls. 194 y 195).

5.12.1.5. En el cadáver de Yesid Ortiz Alemeza —otro de los occisos por quien se demanda— se hicieron los siguientes hallazgos:

Gráfica 28 (…) Semiconjunto. Se aprecia, con el testigo métrico, una herida de forma irregular, de 8 centímetros de diámetro, localizada en la nuca, límite de la región occipital con la región cervical.

Gráfica 29 (…) Semiconjunto. Con el testigo métrico se observan múltiples heridas (fractura), causadas al parecer por proyectil de arma de fuego, en el miembro inferior izquierdo, fracturas de húmero, cúbito y radio, con exposición de tejido muscular y óseo. Lesiones múltiples en brazo y antebrazo, en sus caras posterior e interna (fls. 198 y 197).

5.12.1.6. Frente al cuerpo del señor Guillermo Quintero Robayo se dijo que exhibía 4 heridas por arma de fuego, en diferentes partes del cuerpo (fls. 198 y 199).

5.12.1.7. En relación con el cadáver de Manuel de Jesús Lasprilla Yasno (fl. 200), se dice que recibió dos disparos en el torso y uno en la fosa ilíaca. También se describen “(…) dos (2) orificios, al parecer de entrada, de 1 cm de diámetro, localizados, (1) en región infraescapular izquierda y (2) en región dorsal superior (…)”; así como también una herida en la región dorsal de la mano derecha. En documento denominado “Anexo de lesiones por proyectil de arma de fuego”, en el numeral 1.1 se describe “(…) orificio de entrada que se ubica en la cara externa tercio medio del brazo derecho de 7x1 cms de diámetro, con presencia de tatuaje (…)” (fl. 289, cdn. de pruebas 5).

5.12.2. De otra parte, en los estudios de necropsia se hace mención de todas y cada una de las heridas anteriormente descritas, pero en algunos casos se establecen conclusiones en cuanto a la trayectoria de las heridas por proyectil de arma de fuego recibidas por los occisos.

5.12.2.1. Así, en la necropsia del señor Guillermo Quintero Robayo —acta 68-96— (fl. 214, cdn. pruebas 5), se describen 3 heridas por arma de fuego, todas ellas con trayectoria antero-posterior (fl. 217).

5.12.2.2. En la necropsia del señor Yesid Ortiz Alemeza —cuyos familiares demandan reparación en el presente proceso— se describen las heridas por él recibidas, en los siguientes términos:

1.1. Orificio de entrada que se ubica en la región mandibular izquierda de 1x1 cms de diámetro y que está a 15 cms de la línea media anterior y a 18 centímetros del vértex.

1.2. Orificio de salida en la nuca, lado derecho, de 4x1.5 cms de diámetro y que está a 2 cms de la línea media posterior y a 15 cms del vértex.

1.3. Lesiones: piel, perfora el maxilar inferior, se va hacia atrás atravezando (sic) tejidos blandos, llega a la columna cervical (c1 c2), fractura los cuerpos vertebrales y secciona la médula espinal.

1.4. Trayectoria: izquierda a derecha; antero-posterior.

2.1. Orificio de entrada localizado en el hombro izquierdo de 3.5x2 cms de diámetro.

2.2. Orificio de salida que se ubica en la cara anterior tercio superior del brazo izquierdo de 9x5 cms de diámetro.

2.3. Lesiones: Piel, tejidos blandos y fractura del tercio superior del húmero izquierdo.

2.4. Trayectoria: Derecha a izquierda; supero-inferior.

3.1. Orificio de entrada localizado en la cara anterior tercio superior del antebrazo izquierdo de 4x3 cms de diámetro.

3.2. Orificio de salida ubicado en la cara posterior tercio superior y medio del antebrazo izquierdo de 13x7 cms de diámetro.

3.3. Lesiones: piel, tejidos blandos y fracturas de cúbito y radio izquierdos.

3.4. Trayectoria: antero-posterior.

4.1. Orificio de entrada en la cara anterior de la muñeca izquierda de 2x1 cms de diámetro.

4.2. Orificio de salida en la cara posterior de la muñeca izquierda de 4x3 cms de diámetro.

4.3. Lesiones: piel, tejidos blandos y estructuras óseas (acta 67-96, fl. 222).

5.12.2.3. En el acta de necropsia del señor Dairo Martín Agatón Rojas —cuyos familiares persiguen indemnización en el presente trámite—, se dice que la muerte de este occiso se causó “(…) por shock hipovolémico (…) secundario a estallido pulmonar ocasionado por múltiples heridas por proyectil de arma de fuego de alta velocidad (…)” (acta 64-96, fl. 262). Al hacerse la descripción de las heridas recibidas, no se menciona que alguna de ellas tenga anillo de contusión o tatuaje (fl. 260).

5.12.2.4. En el acta de necropsia del cadáver del señor William Tabares Benjumea —acta 65-96— (fl. 267 y ss.) se describen “(…) múltiples heridas en hemicara derecha (…) herida en ángulo interno de ojo izquierdo (…) heridas en escápula derecha (…) lesiones satelitales (…) Abdomen: herida de 2x1 cms en región posterior izquierda (…) Extremidades: heridas (…) localizadas en cara postero superior de muslo izquierdo y (…) cara anterior de muslo derecho (…) con múltiples heridas satelitales localizadas en brazo derecho (…)”. Como causa de muerte se menciona una herida en cayado aórtico ocasionada por proyectil de arma de fuego (fl. 269).

5.12.2.5. En el estudio post-mortem del occiso Édgar Carreño Rodríguez —por cuya muerte se demanda indemnización de perjuicios— se describe una herida en la cara, con “(…) orificio de 10x10 cms localizado en región frontal derecha y con laceración cerebral (…)”. Además, se describen heridas en el tórax, en el abdomen y en las extremidades, correspondientes a orificios de entrada (acta 66-96, fl. 274), y se dice como conclusión que la mencionada persona falleció por “(…) estallido craneoencefálico, cardiaco y pulmonar ocasionado por múltiples heridas por proyectil de arma de fuego de alta velocidad (…)” (fl. 276).

5.12.2.6. El occiso José Fernando Torres Quintero —acta 63-96— exhibe seis (6) heridas de arma de fuego en diferentes partes de su cuerpo (fl. 280 y ss.), toda ellas con trayectoria antero-posterior. Se destaca la herida que tiene orificio de entrada en hemitórax izquierdo, la cual tiene las siguientes características:

3.1. Orificio de entrada que se ubica en el hemitórax izquierdo a la altura del 5º espacio intercostal izquierdo con línea clavicular media de 1.5 y 1 cms de diámetro con halo periorificial y anillo de contusión; a 6 cms de la línea media anterior y a 46 cms del vértex.

3.2. Orificio de salida en el hemitórax izquierdo a la altura del 5º espacio intercostal izquierdo con línea axilar anterior de 2x2 cms a 19 cmts de la línea anterior y a 43 cmts del vértex.

3.3. Lesiones: piel, penetra a cavidad torácica, hubo estallido pulmonar izquierdo con el consecuente hemitórax (+ de 1500 cc) y sale por el orificio ya descrito.

3.4. Trayectoria: derecha a izquierda, antero-posterior (fl. 280).

5.12.2.7. En el cadáver de Manuel Jesús Lasprilla Yasno —acta 69-96— (fl. 289 y ss.) se encontraron tres heridas por arma de fuego, dos de ellas recibidas por la espalda. Respecto de estas últimas se hicieron los siguientes hallazgos:

5.1. Orificio de entrada que se ubica en el 6º espacio intercostal derecho, con línea axilar posterior de 2.1 cms de diámetro y que está a 26 cms de la línea anterior y a 50 cms del vértex.

5.2. Orificio de salida que se ubica en el hemitórax derecho a la altura del 5º espacio intercostal.

(…)

5.4. Trayectoria: postero-anterior, derecha a izquierda.

6.1. Orificio de entrada que se ubica en la región coccígea, de 1x1 cms de diámetro y que está a 79 cms del vértex y a 4 cms de la línea media posterior.

6.2. Orificio de salida que se ubica en la fosa ilíaca derecha de 3x3 cms de diámetro, con profusión de asas intestinales y que está a 12 cms de la línea media anterior y 82 cms del vértex.

6.3. Lesiones: piel, atraviesa tejidos blandos, penetra al retroperitoneo, sigue su curso perforando varias asas intestinales, meso y epiplón, y sale por orificio ya descrito.

6.4. Trayectoria: postero-anterior, izquierda a derecha (fl. 290).

5.13. También se practicó una diligencia de inspección judicial --con asistencia de un perito experto en balística— respecto de las armas que fueron incautadas por el Ejército Nacional, en cuyos resultados se dijo que todas estaban aptas para ser disparadas y que, inclusive, dos de ellas habían sido recientemente accionadas. Respecto de una de ellas se dijo que tenía algunas falencias por deterioro y corrosión, pero que las mismas no impiden el funcionamiento del revólver. Se cita lo pertinente:

(…) revólver marca Smith & Wesson modelo 10-7, calibre 38 L, cachas en madera, tambor con capacidad para seis (6) cartuchos, identificado con el número de serie ACZ4117 ubicado en la parte externa de la base de la empuñadura y presenta el número interno 415x8 ubicado en el yuto del tambor, la aleta del martillo se encuentra partida, arma de fabricación americana, con cañón de 4 pulgadas, se encuentra en mal estado de conservación, ya que presenta moho y corrosiones en diferentes partes, al igual que las cachas se encuentran averiadas, tiene un alcance de efectividad de cuarenta (40) metros, se encuentra apto para ser utilizado o disparado, debido a la corrosión y suciedad del mismo tambor no gira pero no impide su libre funcionamiento, por la suciedad y corrosión tanto en el tambor como en el cañón no se puede determinar con exactitud si fue disparada el arma. Como segundo un revólver Cal. 38L marca Smith & Wesson, presenta cachas en madera, tambor con capacidad para seis (6) cartuchos, el número externo ubicado en la base de la empuñadura, se encuentra borrado presentando huellas de limadura, presenta como número interno el 74788 ubicado en el yuto del tambor, su modelo también se encuentra borrado presentando huellas de limadura, presenta cañón de dos (2) pulgadas, tiene un alcance de efectividad aproximado de 30 metros, se encuentra en regular estado de conservación, y en cuanto a su funcionamiento al ser maniobrado se observa que se encuentra en buen estado, apto para ser utilizado, observándole los alvéolos del tambor y parte interna del cañón al parecer se le observa residuos de pólvora. 3. Un revólver marca Llama modelo Martial, Cal. 38L, color cromado, disparador y martillo color niquelado, cachas en madera, tambor con capacidad de seis (6) cartuchos, cañón de 4 pulgadas, presenta el número de serie IM2474Q, presenta el Nº 2697 en la parte interna del yuto del tambor, tiene un alcance de efectividad aproximado de 40 metros, se encuentra en regular estado de conservación ya que encuentra picaduras en la parte interna del cañón, en cuanto a su funcionamiento al ser maniobrado se encuentra en buen estado apto para ser utilizado, debido a que presenta suciedad en los alvéolos del tambor y parte interna del cañón no se puede determinar si fue disparado. Como 4. una escopeta marca Winchester, fabricación americana, identificada con el número de serie L2101987, el cual se encuentra ubicado al lado izquierdo del cajón de los mecanismos, su color es pavonado, se encuentra en buen estado, presenta guardamanos y empuñadura en pasta color negro, escopeta estilo recortada, al mirarle la recámara y parte interna del cañón al parecer fue disparada, ya que se le observan residuos de pólvora, tiene un alcance de efectividad de ochenta (80) metros, se encuentra en buen estado de conservación y en cuanto a su funcionamiento, al ser maniobrada está en buen estado, apta para ser utilizada (…) Las cuatro (04) armas de fuego anteriormente descritas por sus calibres son consideradas de defensa o uso personal (…) se aclara que la escopeta es semiautomática (…) Se me pone de presente un arma estilo deportiva, fabricada al parecer en pasta, pero tiene apariencia de una pistola de fuego original, estilo Pietro Beretta, al lado izquierdo de la misma presenta la marca o logotipo Pietro Beretta (…) para disparar esta arma se utilizan balines 4.5 milímetros y también presenta su respectivo proveedor para introducirle los balines, su alcance aproximado es de 15 a 20 metros y al ser disparada a una persona puede producir lesión (…) También tengo de presente dos (2) granadas de fragmentación o de guerra, las cuales se observan en buen estado, aptas para ser utilizadas (…) estas son consideradas de uso privativo del Ejército y de la Policía (…) tiene radio de acción de doce metros aproximadamente. También tengo de presentes 20 cartuchos calibre 12, marca Indumil aptos para ser utilizados, los cuales le sirven a la escopeta antes descrita, también dos vainillas calibre 12 marca Indumil, las cuales presentan perforación en el fulminante y por su calibre son aptas para la referida escopeta. También se ponen de presentes 28 cartuchos Cal. 38L, marca Indumil los cuales se encuentran en buen estado aptos para ser utilizados, y le sirven a los revólveres anteriormente descritos, al igual tengo dos (2) cartuchos Cal. 38L marca Federal en buen estado aptos para ser utilizados, estos dos cartuchos son munición explosiva y expansiva (dun dun), la cual es considerada de uso privativo de las fuerzas militares y puede ser utilizada en cualquiera de los tres revólveres antes relacionados (…) (fl. 404 y siguientes).

5.14. En días posteriores, en el marco de un proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas presuntamente cometido por el señor Fabio Córdoba, quien bajo la gravedad del juramento mencionó que en días posteriores al 6 de marzo de 1996, encontró en un paraje del sitio “El Cruce” una subametralladora Ingram tipo “uzi”, suceso que describió de la siguiente forma:

(…) Esa arma me la encontré a finales de marzo, cuando hubo el eclipse fuimos con mi esposa, don Jorge, su esposa y los niños a los lados del desierto de la Tatacoa, y como el carro se me había recalentado yo me fui a buscar agua a un lado de una casa que hay abandonada y encontré esa arma metida en una bolsa plástica con una correa vieja, el sitio fue bajando de Baraya al sitio del desierto de la Tatacoa antes del cruce que va para el Doche donde hay unas alcantarillas que estaban en construcción y yo buscando agua en unos huecos a orillas de la casa esa abandonada y desentechada una parte por ahí la encontré botada y yo me la llevé para el carro y de ahí la trasladé para Neiva (…) es un arma como cuadradita siempre larguita y tenía dos proveedores con munición y estaba bastante mohosa (…) era disque una miniuzi (…) yo me enteré por noticias que días antes de encontrarme yo esa arma había habido un enfrentamiento entre el Ejército y las FARC por el lado del desierto de las Tatacoas (sic), pero no sé exactamente en qué sitio (…) (fl. 421 y ss.)(24).

5.15. Las personas que resultaron muertas en el operativo llevado a cabo el 6 de marzo de 1996, entre ellas los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas, fueron presentadas a la opinión pública como si se tratara de unos guerrilleros dados de baja. De ello dan cuenta los recortes de prensa allegados al presente trámite en copia auténtica (fl. 113, cdn. 1 del expediente con radicado 1998-233)

5.15.1. En la edición del 7 de marzo de 1996 del diario “La Nación”, se publicó la noticia en los siguientes términos:

Combates en la Tatacoa: siete muertos

Los cadáveres de siete hombres, quedaron esparcidos, entre matorrales y crucetos, en cercanías al desierto de la Tatacoa. Todos, vestían de civil y llevaban tenis y camisetas embarradas. Los occisos, provenientes aparentemente de Bogotá, pertenecían supuestamente a un grupo de finanzas del frente 17 “Angelino Godoy” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, según lo informó el comandante de la Novena Brigada, coronel Francisco René Pedraza (…) (fl. 113, cdn. 1).

5.15.2. Posteriormente, en la edición correspondiente al nueve de marzo de 1996, el mismo diario relató:

En medio de un discreto silencio fueron trasladados ayer los cadáveres de las siete personas, abatidas por el Ejército, en un paraje cercano al desierto de la Tatacoa. Los cuerpos sin vida, en proceso de descomposición, fueron reclamados por sus familiares y trasladados a Bogotá, Ibagué, Cartago y La Victoria en el Valle.

Todos fueron plenamente identificados por las autoridades y reconocidos por los familiares. Ninguno de los siete hombres muertos era del Huila. Solo uno de ellos tenía parientes cercanos en Neiva.

Los occisos, todos en su mayoría jóvenes, habían llegado con fines desconocidos, entre ellos un conductor que prestaba sus servicios en el aeropuerto El Dorado de la capital colombiana. Tres de ellos habían tenido vínculos con la Policía y el Ejército (ibídem).

5.16. Con ocasión de los hechos ocurridos el 6 de marzo de 1995, se llevó a cabo una investigación por parte de la justicia penal militar, respecto de la cual es importante reseñar las siguientes actuaciones:

5.16.1. Por medio de decisión calendada el 26 de noviembre de 1996, el comando del Batallón de Artillería Nº 9 “Tenerife” dispuso cesar todo procedimiento en contra de los militares penalmente investigados pues, según consideró, los ejecutores de la operación “Ciclón” actuaron amparados por la causal de justificación de legítima defensa (fls. 117-135, cdn. 1 del proceso 9458-371; fls. 110 y ss. cdn. de pruebas 7). También argumentó que no eran creíbles las versiones de los civiles que sobrevivieron al operativo. Se dijo textualmente en dicho fallo:

Desde ahora, podemos decir que el testimonio del personal civil es poco creíble, por lo tanto es conveniente hacer un análisis con el propósito de establecer si sus versiones son acordes o no con la realidad procesal.

Al respecto, resultó poco veraz la versión en el sentido de que nueve personas que no tenían recursos económicos ni para pagar una habitación de un hotel, hayan contratado dos vehículos, pagando por un solo expreso $220.000.oo. Igualmente, es cuestionable que dichas personas hayan viajado por espacio de seis horas con el único propósito de pescar y una vez se llegó a la ciudad de Neiva, los ocupantes de uno de los vehículos se quedaran arreglando un rin, mientras los pasajeros del taxi amarillo, fueron a pescar y sacaron siete pescados sin llevar consigo ningún elemento de pesca.

Resulta sorprendente, el hecho de que las esposas de las víctimas, no tenían ningún conocimiento sobre el viaje que realizaron sus cónyuges a la ciudad de Neiva y más aún algunos familiares desconocían a qué actividades se dedicaban, como bien lo afirman los señores Luis Alfonso Tabares y Eliécer Lasprilla Yasno, quienes comentan que no sabían qué ocupación tenían sus familiares que resultaron muertos o si pertenecían o no a la guerrilla o delincuencia común.

(…)

Igualmente es importante resaltar que los occisos Dayro (sic) Martín Agatón Rojas y Guillermo Quintero Robayo, portadores de un revólver Smith & Wesson y una escopeta semiautomática Winchester (…) dispararon sus armas contra los efectivos militares, toda vez que a los pies del último de los citados, se encontraron dos vainillas calibre 12 percutidas, y al efectuar inspección judicial a las armas antes referidas, se determinó que la escopeta presentaba residuos de pólvora en el cañón y el revólver fue encontrado con cuatro vainillas percutidas en el tambor y tenía pólvora en los alvéolos y en la parte interna del cañón.

En este estado de cosas, podemos inferir que las personas que resultaron muertas y los señores Joaquín Bautista Torres y Carlos Hernán Díaz Riaño, no eran unos simples turistas, como se pretende hacer creer, por cuanto la mayoría de ellos presentaban antecedentes penales (…) precisamente por los delitos de hurto agravado y porte ilegal de armas (páginas 15 a 17 del fallo).

15.16.2. El Tribunal Superior Militar, quien conoció en sede de consulta sobre la decisión antes reseñada, confirmó esta última mediante providencia calendada el 15 de septiembre de 1997 (fl. 140 y ss. cdn. 1, proceso con radicación 9458-371), en la que reiteró la tesis de que los militares investigados habían obrado en legítima defensa. Además, consideró que las versiones expuestas por los familiares de los fallecidos, y por quienes supuestamente sobrevivieron al operativo, no son creíbles por cuanto:

Importante por lo mentirosa la versión del denunciante Joaquín Bautista Torres, quien afirmó no tener antecedentes penales y que los paseantes estaban desarmados, cuando el sujeto Ortiz Alamanza (sic) portaba arma de fuego amparada.

Algunas afirmaciones de familiares de las víctimas, fueron desvirtuadas cuando aseveraron que los particulares pudieron ser torturados antes de victimarlos; cuando por el contrario, las diligencias de necropsia demostraron la ausencia de tortura en ellos.

(…)

Los interrogantes relacionados con aspectos específicos de balística, si bien, en su momento pudieron proporcionar claridad, para la fecha ninguna respuesta favorable a la investigación podría allegarse.

La labor de inteligencia es reclamada por el señor Procurador, en aras de conocer cuál era la información. Al respecto debemos preguntarnos si no es mucha casualidad, que en la fecha en que según las informaciones llegarían personas vinculadas a la subversión a negociar la situación de un secuestrado; lleguen al mismo sitio los vehículos automotores de Bogotá, con nueve individuos y ninguna mujer; que los mismos lleven armas y que cuatro de ellas registren antecedentes con delitos contra la propiedad y el porte ilegal de armas.

Tan selecto grupo de antisociales, con tan elocuentes antecedentes, no se antoja se reúnan para gozar de las delicias del campo y disfrutar de la caza y la pesca; menos, en zona de orden público, infestada por grupos subversivos.

Finalmente, todo el recorrido agotado por el sujeto Torres, desde el momento en que escapara del centro de la balacera y más adelante abandonara el vehículo y permaneciera escondido entre unas alcantarillas, precisamente de donde al parecer, el ciudadano Fabio Córdoba encontrara la subametralladora, demuestra necesariamente que el denunciante estuvo vinculado a otra actividad delincuencial, sí relacionada con la suerte del secuestrado.

(…)

Es criterio de la Sala entonces, el de que la providencia consultada debe confirmarse, lamentando no atender los muy juiciosos comentarios del señor Procurador 319.

Pues es también el criterio de la Sala, ya en concreto, de (sic) que en el caso estudiado, es lo pertinente sea reconocida la actuación del cuerpo armado, en cumplimiento del deber y ante la urgente necesidad planteada, se defendiera legítimamente, de una agresión actual o inminente. Condiciones estas, que ubican a los victimarios dentro de precisas circunstancias justificativas del hecho, artículo 26, numerales 1 y 4 del Código Penal Militar (páginas 10 y siguientes del fallo).

5.17. También se adelantó un trámite disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación, de cuyas actuaciones se allegó al proceso lo siguiente:

5.17.1. Se rindió un informe ante la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación, suscrito por un profesional de dicha unidad comisionado para tal efecto, en el cual se recomienda “(…) salvo mejor criterio (…) la práctica de numerosas diligencias con el fin de esclarecer los hechos materia de investigación (…)” (fl. 73, cdn. de pruebas 4). Posteriormente, mediante “informe evaluativo” calendado el 18 de septiembre de 1996 (fls. 185-197) el funcionario comisionado para el adelantamiento de la investigación disciplinaria, recomendó al director nacional de investigaciones especiales proseguir con la investigación en sede disciplinaria pues, según se considera, “(…) a pesar de que cinco de los occisos y dos de los sobrevivientes registran antecedentes judiciales, no existe elemento de juicio que pueda llegar a sindicarlos de subversivos (…)”, razón por la que puede concluirse que “(…) la actuación de los militares que tenían a su cargo el grupo de los soldados, así como la de los propios soldados, fue al parecer a todas luces precipitada (…)” (fl. 196).

5.17.2. La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, mediante providencia calendada el 26 de noviembre de 1998 (fls. 283 a 323, cdn. sin numerar Procuraduría General de la Nación), decidió elevar pliego de cargos contra los militares participantes en la operación: señores Jorge Alberto Navarro Devia, José Luis Velasco Bayuelo, Eduardo Sánchez Bonilla y José Germán Cruz Salamanca. El argumento principal de esta decisión fue que, supuestamente, los miembros del Ejército Nacional no llevaron a cabo acción alguna tendiente a capturar a los sospechosos, sino que los mataron sin que mediara advertencia alguna.

5.17.3. La Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos decidió imponer una sanción disciplinaria en contra de los militares al mando de la operación “Ciclón”, con la consideración de que habían actuado de forma desproporcionada frente a un ataque armado que les había sido dirigido por los civiles que resultaron muertos (fls. 239 a 340, cdn. 1, proceso con radicado 1998-233). Según consideró la autoridad disciplinaria:

Se dispararon por parte de los uniformados según consta a folio 95 cuaderno principal, en el “informe de legalización de material de guerra”, 403 disparos de munición de 7.62, una granada de mano y una de fusil. Este poder de fuego efectivamente realizado por el grupo militar resulta a todas luces desproporcionado frente a los seis (6) disparos que se estableció efectuaron dos de los integrantes del grupo de los nueve. Que el poder de fuego y de respuesta era ostensiblemente superior en el grupo militar es también un hecho evidente, lo cual puede con lógica llevar a deducir, que habrían podido reducir al presunto grupo delincuencial privado con una respuesta menos letal y destructiva.

Como se puede observar, los soldados efectuaron 403 disparos, lanzaron 2 granadas, en respuesta a 6 disparos efectuados por el grupo de los 9 (…).

Si se analiza el posicionamiento del grupo militar se puede deducir que habían establecido varios frentes, entre los cuales existía un grupo de cierre, además se encontraban atrincherados y que si bien es claro para esta delegada que el ataque lo inició el grupo de presuntos facciosos y que los militares respondieron defensivamente, también es cierto que a partir de un momento determinado la respuesta fue excesiva frente al nivel y capacidad de la agresión, así como el posicionamiento y la reacción de huida de los sujetos que finalmente cayeron abatidos; indicio de ello son las múltiples heridas de disparos, algunos de los cuales impactaron en la parte anterior y posterior de su cuerpo, aunado al hecho de que los cadáveres no presentan tatuaje, esto nos confirma el combate (fl. 326 y 327).

5.18. Los representantes de las víctimas iniciaron un trámite de queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver cdn. de pruebas 7), el cual terminó con decisión de archivo asumida por la comisión el día 23 de octubre de 2010, mediante Informe 134/10 —Caso 11.642—, en la que se dijo:

IV. Fundamento para la decisión de archivo

15. Tanto el artículo 48 (1) (b) de la Convención Americana como el artículo 42 del Reglamento de la Comisión, establecen que, dentro del proceso de trámite de una petición, recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, la CIDH verificará si existen o subsisten motivos de la petición o comunicación y en caso de no existir o subsistir ordenará el archivo del expediente.

16. En la presente petición los peticionarios alegaron la violación de los derechos consagrados en los artículos 4º, 5º, 8º y 25 de la Convención Americana en relación con su artículo 1º(1). Por su parte, el Estado alegó que la petición era inadmisible por la falta de agotamiento de los recursos internos.

17. La comisión no cuenta con información actualizada desde el 2 de junio de 2000. Los peticionarios no estuvieron en posibilidad de responder a la solicitud de información actualizada realizada por la CIDH en 2009. En tales circunstancias, no es posible determinar si subsisten los motivos que sustentaron la petición inicial, por lo que de conformidad al artículo 48 (1) (b) de la Convención Americana; así como el artículo 42 del Reglamento de la CIDH, se decide archivar la presente petición(25).

5.19. De conformidad con documentación recaudada por la Procuraduría General de la Nación, varios de los occisos tenían antecedentes penales por haber participado en la comisión de diferentes delitos, entre ellos el hurto agravado y el porte ilegal de armas, lo cual consta en los varios certificados de antecedentes criminales remitidos por el Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. (fl. 98, cdn. de pruebas 4; fl. 461, cdn. de pruebas 5). Al respecto, en el oficio calendado el 8 de agosto de 1996, la coordinadora del grupo de antecedentes del D.A.S. dejó la siguiente constancia:

Guillermo Quintero Robayo, C.C. 8.743.139 de Barranquilla, aparece registrado con TD. 2490809, prontuario 300295, sin comprobación dactiloscópica, le figuran siguientes antecedentes y anotación.

Juzgado 3 Inscriminal de Bogotá, en abril 14/92, dictó auto de detención. En Oficio 1079, comunica se encuentra investigado dentro del (…) [ilegible] (…) por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas, mismo proceso.

Juzgado 6 Superior de Bogotá, en Oficio 657 de junio 19/92, proceso 8749, delitos hurto y porte ilegal de armas, sentencia junio 4/92, condenado a la pena de 45 meses de prisión, no concede condena de ejecución condicional. Misma autoridad en Oficio 432 de mayo 4/92, comunica se encuentra investigado por porte ilegal de armas y hurto, mismo sumario.

José Joaquín Bautista Torres, C.C. 6.007.586 de Cajamarca, aparece registrado con TD. 2179131, prontuario 288457, sin comprobación dactiloscópica, le figura siguiente antecedente y anotaciones:

Unidad 5 y 6 de Fiscalía Delegada 169 de Bogotá, en enero 13/94, dictó auto de detención por el delito de hurto calificado y agravado, sumario 136356.

Juzgado 97 Inscriminal de Bogotá, en Oficio 31 de enero 5/90, comunica se encuentra investigado.

Juzgado 4 Penal del Circuito de Bogotá, en septiembre 15/95, condena a dos meses de prisión por el delito de receptación, concede condena de ejecución condicional. Tribunal Superior de Bogotá, en noviembre 7/95, confirma la sentencia, proceso 14307, Oficio 255 de febrero 9/96.

William Tabares Benjumea, C.C. 16.220.009, Unidad Primera de Patrimonio Económico de Bogotá Fiscal 124, en Oficio 670 de agosto 19/92, comunica se encuentra investigado dentro del sumario S.03.

Unidad Segunda Delitos Varios Fiscal Delegado 241 Bogotá, en Oficio 5397 de junio 28/93, comunica se encuentra investigado por porte ilegal de armas, sumario 4277-241432. Misma autoridad y delito, en Oficio 6131 de junio 29/94, impide salida del país.

Unidad de Delitos contra la Seguridad Pública, fiscal 272, en Oficio 8517 de junio 24/96, solicita captura.

Dairo Martín Agatón Rojas, CC. 7.221.632 de Duitama, Unidad Primera de Delitos Varios, Fiscal Seccional 230 Bogotá, en Oficio 8648 de noviembre 9/93 impide salida del país, por porte ilegal de armas y hurto calificado, sumario 5220.

Dairo Martín Agatón Rojas, C.C. 7.221.632 de Duitama, Unidad Primera de Delitos Varios de Bogotá, en Oficio Nº 8648 de noviembre 9/93, comunica se encuentra investigado por hurto calificado, proceso 5220.

Juzgado 61 Penal Municipal de Bogotá, en Oficio 1877 de noviembre 5/92, comunica se encuentra investigado por el delito de lesiones personales, sumario 298.

Juzgado 61 Penal Municipal de Bogotá, en Oficio 1877 de noviembre 5/92, comunica se encuentra investigado por el delito de lesiones personales, sumario 298 (…)(26).

5.20. En algunos testimonios rendidos en el transcurso del presente proceso contencioso, se dejó constancia de la tristeza que implicó para los demandantes el deceso de sus familiares, así como la pérdida de la ayuda económica que estos le dispensaban a aquellos.

5.20.1. En relación con el occiso Yesid Ortiz Alemeza declaró el testigo Julio César Suárez Quiñones (fl. 31 y ss. cdn. de pruebas 1 correspondiente al despacho comisorio librado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca), lo siguiente:

(…) Con él éramos compañeros de la Policía Nacional, él vivía con su esposa y con su hija y era una relación familiar normal, y vivía del arriendo de la casa donde vivía ya que su esposa Viviana, trabajaba como secretaria de una empresa importadora de flores. En cuanto a su estado de salud era normal antes del suceso, no se encuentra enfermo. El deceso de Yesid afectó mucho a la señora y a la hija Gina, ya que eran muy unidos y no tenían problemas ni familiares ni personales entre ellos, moralmente por el hecho de que lo estaban sindicando de guerrillero o maleante, esto les afectó a ellas tanto psicológicamente como moralmente ya que él era una persona de bien y no tenía ningún problema. Cabe anotar que el Sr. Yesid no tenía necesidad económica ya que la Sra. trabajaba y él estaba pendiente para un trabajo de mensajero ya que poseía moto (…)(27).

5.20.2. En relación con el occiso Dairo Martín Agatón Rojas, en el ya citado testimonio del señor José Delfín Suárez Parra (fl. 234, cdn. 1, proceso radicado 1998-233) se dijo que por el deceso de aquel “(…) sufrieron su esposa, sus hijos, su papá y sus hermanos, la familia en general (…)”.

IV. Problema jurídico

6. Para emitir un pronunciamiento de fondo frente al asunto sub iudice, previa determinación de la existencia del daño cuya indemnización reclaman los demandantes, la Sala tendrá que dar solución a los siguientes interrogantes:

6.1. En primer lugar, deberá determinarse cuál es el régimen de responsabilidad aplicable para juzgar el caso concreto, en el entendido de que los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas, familiares de los accionantes en reparación, resultaron muertos en el marco de una operación adelantada por miembros del Ejército Nacional, con utilización de armas de dotación oficial.

6.2. En respuesta al anterior interrogante se dirá que el régimen de responsabilidad aplicable para el juzgamiento del caso concreto, es el objetivo, propio de las actividades riesgosas. No obstante, comoquiera que en la demanda se alega la existencia de una falla del servicio, entonces la Sala principiará por estudiar si en el presente proceso se demostró que el grupo militar que efectuó la operación “Ciclón” el 6 de marzo de 1996, actuó en forma desproporcionada pues, en caso de ser así, ello implicaría la existencia de un defecto en la prestación del servicio que deberá ponerse de presente, en aras del papel pedagógico que cumplen las sentencias del Consejo de Estado frente a las directrices de la administración pública.

6.3. Determinado lo anterior, la Sala analizará si en el caso sub lite la responsabilidad del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional está excluida por el hecho propio y exclusivo de las víctimas, excepción de fondo que la parte accionada hizo consistir en que la muerte de los familiares de los demandantes ocurrió porque, supuestamente, ellos hacían parte de un grupo delincuencial contra el cual la entidad demandada pretendía realizar el operativo “Ciclón”. Según se dice en las contestaciones de la demanda, cuando los miembros del Ejército intentaron detener a los supuestos delincuentes que habían arribado al sitio conocido como “El Cruce” en inmediaciones del desierto de “La Tatacoa”, dichas personas atacaron con armas de fuego a los militares, lo que propició la reacción armada de estos en legítima defensa, en el marco de la cual se causaron los daños cuya indemnización pretende la parte actora. Para resolver este punto es necesario responder las siguientes preguntas:

6.3.1. ¿Está demostrado en el plenario que el grupo armado del que hacían parte los occisos, disparó en contra de los miembros del Ejército Nacional?

6.3.2. En caso de que se tenga por demostrado el ataque realizado por los hoy occisos —y el grupo de personas que los acompañaban— en contra de la patrulla militar: ¿puede considerarse que fue proporcional el uso de la fuerza por parte de los agentes de la entidad demandada?

V. Análisis de la Sala

7. En lo que tiene que ver con el daño, la Sala considera que el mismo se encuentra demostrado en el proceso, comoquiera que con los registros civiles de defunción pudo establecerse que en la madrugada del 6 de marzo de 1996, resultaron muertas siete personas, entre ellas los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas, occisos por cuyo deceso se demanda la reparación en el presente litigio.

7.1. Los mencionados señores eran parientes y allegados a los hoy demandantes en reparación, según consta en los respectivos registros civiles de nacimiento así:

7.1.1. El señor Yesid Ortiz Alemeza era hijo de Falaminio (sic) Ortiz Sotelo y Diomar Alemeza; hermano de Gloria Níder, Alex Flaminio, Aarón y Yazmín Ortiz Alemeza; cónyuge de María Bibiana Osorio; y progenitor de Gina Lizeth Ortiz Osorio —ver párrafo 5.1—.

7.1.2. El señor Édgar Carreño Rodríguez, por su parte, era hijo de María Amanda Rodríguez de Carreño y hermano de Tito Rogelio, Mauricio y Ómar Carreño Rodríguez. Así mismo, tenía una relación matrimonial vigente con Martha Stella Galindo Pineda, con quien procreó a María Paula Carreño Galindo —ver párrafo 5.2—.

7.1.3. Por último, el señor Dairo Martín Agatón Rojas era compañero permanente de la señora Rosa Elena Maldonado Villamil, con quien tuvo tres hijos así: Érika Natalia Agatón Maldonado, Walter Andrés Agatón Maldonado y Dairo Ferney Agatón Maldonado —ver párrafo 5.3—.

7.2. El hecho de que en el proceso se demostraran las relaciones de parentesco existentes entre los mencionados accionantes en reparación y quienes perdieron su vida en las circunstancias fácticas aquí discutidas, implica que puede deducirse que aquellos vivieron una situación de congoja y dolor por el deceso de estos(28).

7.3. Frente al daño material cuya indemnización se solicita en las demandas, respecto del cual fue reconocido resarcimiento en la modalidad de lucro cesante en una de las sentencias recurridas en apelación, la Sala se ocupará del mismo en el evento en que sea necesario incrementar la condena impuesta, y/o en caso de que se concedan las pretensiones alegadas en las demandas presentadas. Los razonamientos correspondientes serán expuestos, de ser ello procedente, en el acápite pertinente a la liquidación de perjuicios.

8. En lo que tiene que ver con la atribución del daño a la entidad demandada y el régimen de responsabilidad aplicable para el juzgamiento del caso, la Sala estima que tales elementos deben ser analizados primero en su dimensión fáctica o causal y, posteriormente, frente a la imputabilidad jurídica la cual, según pudo observarse de las reseñas hechas de las varias demandas que dieron origen al presente proceso, es alegada por los demandantes bajo el título de responsabilidad denominado falla del servicio.

8.1. En lo tocante con la imputabilidad fáctica del daño la Sala considera, salvas las consideraciones que más adelante se expondrán en relación con la causal eximente de responsabilidad alegada por la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, que en el presente proceso se demostró que los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas murieron a manos de agentes adscritos a la mencionada entidad, en el marco de un operativo militar planeado según los parámetros definidos en la orden de operaciones denominada “Ciclón”, al término del cual los occisos fueron presentados a las autoridades competentes, y también a la opinión pública en general, como miembros de un grupo armado al margen de la ley, quienes fueron “dados de baja” con ocasión de un supuesto combate.

8.1.1. A este respecto, los informes elaborados por los oficiales al mando de la operación, y los testimonios vertidos por quienes fueron participantes activos en la misma, son medios de prueba que conducen a la indudable convicción de que fueron miembros del Ejército Nacional quienes, en uso de sus armas de dotación y en cumplimiento de instrucciones emanadas de la institución armada estatal, dispararon en contra de los familiares de los hoy demandantes en reparación y les quitaron la vida, lo que implica que los hechos dañosos son atribuibles causalmente a la entidad demandada en reparación —ver párrafos 5.9 y 5.10—.

8.1.2. En ese mismo sentido, los informes de prensa allegados al plenario son unívocos al afirmar que los miembros del Ejército Nacional presentaron a los siete fallecidos —entre ellos los familiares de los hoy demandantes— como supuestos guerrilleros dados de baja durante un combate que, según dicha versión, se habría sostenido en inmediaciones del desierto de la Tatacoa, en el sitio “El Cruce” ubicado sobre la vía que conduce de Baraya a la vereda “El Doche” —ver párrafos 5.15 y siguientes—.

8.1.3. De manera que no hay duda frente al hecho de que los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas fueron muertos por acción directa de agentes pertenecientes a la entidad demandada —Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional—, con lo que el daño le es imputable —desde un punto de vista fáctico o causal— a esta última.

8.2. En lo que concierne a la imputabilidad jurídica del daño, la Sala estima pertinente resaltar que la muerte de los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas, fue causada por el Ejército Nacional cuando sus agentes desplegaban una actividad peligrosa, como lo es el desarrollo de un operativo militar con empleo de armas de fuego, llevado a cabo con ocasión de la orden de operaciones denominada “Ciclón”, evento frente al cual la jurisprudencia de la Sala tiene establecido que el título de imputación que debe ser utilizado para analizar la responsabilidad estatal, es el de riesgo excepcional bajo la óptica de un régimen objetivo de responsabilidad, en el que al demandante le basta probar la existencia del daño, del hecho dañoso y del nexo causal entre el primero y el segundo. Demostrados esos elementos, a la entidad demandada le corresponde, para exonerarse de responsabilidad, poner en evidencia que el hecho tuvo origen en una de las causales excluyentes de responsabilidad fijadas por el ordenamiento jurídico —hecho de un tercero, hecho de la víctima y fuerza mayor—.

8.2.1. Solo en aquellos casos en que sea evidente y haya sido alegada la falla, procede el análisis del caso preferentemente bajo la óptica del régimen subjetivo de responsabilidad pues, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, en estos eventos es necesario que el Consejo de Estado ponga en evidencia los errores cometidos por la administración en ejercicio de sus funciones, con el objetivo de que la justicia contenciosa fije pautas para que esos yerros no tengan nueva ocurrencia(29).

8.2.2. En el presente caso, en todas las demandas de los procesos acumulados se señaló que las muertes de los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas, fueron producidas por una falla en el servicio cometida por miembros del Ejército Nacional, consistente en que a los hoy occisos se les quitó la vida cuando se encontraban en estado de indefensión, en el marco de una reacción supuestamente desproporcionada por parte de la patrulla militar desplegada en el sitio de los acontecimientos. Así las cosas, la Sala principiará por estudiar si se configuraron los aludidos defectos en la prestación del servicio y, definido aquello indicará que, en todo caso, aún si no se tuviera por demostrada la falla en la prestación del servicio, el sub lite podrá analizarse bajo los parámetros de un régimen objetivo de responsabilidad, toda vez que el hecho dañoso se desplegó en el marco de una actividad peligrosa, como lo es el adelantamiento de un operativo armado por parte de los miembros de la institución militar involucrada en la presente contención.

8.2.3. Finalmente, se analizará si en el proceso estuvieron demostrados los elementos necesarios para la exoneración de responsabilidad por el hecho de la víctima que alega la entidad demandada, consistente en que los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas pertenecían, supuestamente, a un grupo guerrillero que abrió fuego contra la patrulla militar que se encontraba parapetada en el lugar de los acontecimientos que aquí se juzgan. En este punto se enfatizará que la prueba de la causal eximente de responsabilidad, es una carga que corresponde a quien la alega.

9. En lo relacionado con la falla en el servicio que los demandantes le endilgan a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, es pertinente precisarla frente a dos tipos de alegaciones que formula la parte demandante en varias de sus intervenciones, a saber: i) que los efectivos militares dieron muerte a los parientes de los demandantes cuando estos se encontraban en estado de indefensión, y ii) que la reacción de los miembros del Ejército no fue proporcional al ataque que los occisos supuestamente dirigieron en contra de la patrulla militar desplegada en el sitio conocido como “El Cruce”, en la vía que de Baraya, Huila, conduce a la vereda “El Doche”.

9.1. Frente a lo primero, la Sala considera que en el expediente no obran pruebas suficientes que permitan afirmar que la muerte de los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas, ocurrió cuando se encontraban en estado de indefensión pues, según se verá, las mencionadas personas se movilizaban fuertemente armadas y en compañía de otros seis sujetos que también estaban apertrechados con diferentes elementos de guerra, muchos de ellos con antecedentes criminales relacionados con delitos contra el patrimonio y con el porte ilegal de armas, quienes en el momento del encuentro con los miembros de la patrulla militar, accionaron sus armas de fuego en contra de esta, lo cual demuestra que no se trataba de civiles indefensos que fueron objeto de un ataque injustificado por parte de los agentes de la entidad demandada, sino que eran personas que, sin justificación alguna, se movilizaban transportando elementos de guerra por una zona de conocidas complicaciones de orden público.

9.1.1. Por un lado, estima la Sala que en el expediente se encuentra fehacientemente demostrado el hecho de que los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas, se encontraban fuertemente armados, en compañía de otros sujetos también portadores de armas de fuego y demás elementos de guerra, cuando fueron interceptados por miembros de la patrulla militar desplegada con ocasión de la operación “Ciclón” emanada del batallón Tenerife del Ejército Nacional, hecho este que se deduce de la apreciación conjunta de las pruebas relacionadas con los levantamientos de los cadáveres y la inspección de la escena de los sucesos.

9.1.1.1. En efecto, según se reseñó en los hechos probados de esta providencia, cuando los parientes de los demandantes en reparación —y las demás personas que con ellos se movilizaban— cayeron muertas en el sitio conocido como “El Cruce”, los efectivos militares informaron de los hechos a la Fiscalía General de la Nación, quien envió a ese paraje un grupo del Cuerpo Técnico de Investigaciones, C.T.I, el cual se encargó de reseñar las condiciones en las que se encontraban los cadáveres y demás elementos existentes en las proximidades, diligencias en las que se levantó un plano, se elaboró un álbum fotográfico y, además, se realizó el levantamiento de los cadáveres, elementos todos ellos con los que pudo establecerse que cada uno de los occisos portaba armas de fuego o elementos de guerra de distinto tipo, entre las que se encontraban revólveres, una escopeta y dos granadas de fragmentación.

9.1.1.2. Al respecto, pudo determinarse que el señor Yesid Ortiz Alemeza portaba un revólver cargado con seis cartuchos —párr. 5.11.3.6—, que Édgar Carreño Rodríguez tenía en su mano una granada de fragmentación —párr. 5.11.3.5— y que el señor Dairo Martín Agatón Rojas llevaba consigo un revólver con dos cartuchos y cuatro vainillas percutidas en su interior —párr. 5.11.3.3—. También se estableció que los demás occisos portaban revólveres y pistolas de distintos tipos —entre ellos uno de imitación o de juguete—, así como también una escopeta semiautomática con varios cartuchos, dos de ellos percutidos en la recámara del arma.

9.1.1.3. Sobre los revólveres, granadas y demás elementos de guerra que le fueron encontrados a los occisos, se realizó una inspección judicial con asistencia de un perito experto en armas de fuego, quien dictaminó que todos los artefactos sometidos a examen, incluida la pistola de balines que era de imitación o de juguete, eran aptos para ser disparados o accionados, pudiéndose establecer, además, que algunos de esos objetos son de aquellos considerados de uso privativo de las fuerzas militares. También se analizó el potencial letal de los elementos examinados, según la distancia a la que fueran accionados —párr. 5.13—, y se dictaminó que incluso la pistola de imitación tenía capacidad para causar heridas al sujeto contra el que fuera accionada. Frente a este punto, la Sala no pierde de vista el hecho de que en el informe se reseñan algunos deterioros presentes en los elementos encontrados a los occisos, pero desestima la posibilidad de que los mismos puedan indicar que las armas de fuego fueran inofensivas pues, según se reseñó de la inspección realizada, todas las armas de fuego encontradas estaban en condiciones de ser disparadas.

9.1.1.4. Del mismo modo, debe resaltarse que el álbum fotográfico levantado por el C.T.I. es gráfico en ilustrar la posición en la que fueron encontradas las armas de fuego y demás elementos de guerra, y puede observarse que muchos de los occisos tenían dichos objetos empuñados, o en un sitio muy cercano al cadáver, sin que en las actas e informes elaborados por el ente investigador, pueda advertirse que la escena haya sido alterada, o que los cadáveres hayan sido encontrados en posiciones artificiales —párr. 5.11.3 y siguientes—. En este punto, la Sala considera que no es posible aseverar que la ubicación de los cadáveres, o de los objetos que los occisos llevaban consigo, fue alterada por los militares participantes en la operación “Ciclón” pues, según se reseñó del plano y del álbum fotográfico elaborados en el lugar de los acontecimientos —párr. 5.11 y siguientes—, los cadáveres se encontraban separados entre sí a distancias considerables, y su movilización habría implicado gran trabajo para quienes pretendieran alterar la escena, labor que necesariamente habría dejado huellas que podrían haber sido fácilmente advertidas por los miembros de la Fiscalía General de la Nación, lo cual no ocurrió.

9.1.1.5. Este último razonamiento se ve reforzado por el hecho de que uno de los artefactos encontrados a los fallecidos, era un arma de balines que pretendía ser imitación de una pistola de marca Pietro Beretta, por lo que resultaría absurdo que los militares pretendieran engañar a los investigadores sobre el carácter beligerante de las personas a las que dieron muerte, por la vía ubicar en uno de los cadáveres una arma de juguete, cuando habrían podido utilizar para esos efectos un arma real, más aún si se tiene en cuenta que en el sitio de los hechos fue abandonada también una subametralladora marca Ingram —ver testimonio de Fabio Córdoba, párr. 15.14— la cual, si fuera cierto que los militares pretendían alterar la escena del combate, habría podido ser utilizada para manifestar que uno de los supuestos delincuentes la portaba. Y es que si fuera verdadero que las armas fueron puestas por los militares en manos o en cercanías de los cadáveres, entonces ¿cómo se explica el hecho de que una de las armas fuera encontrada días después en el lugar de los hechos? Interrogante este frente al cual la Sala, en ausencia de otros elementos de juicio, le da credibilidad a la tesis según la cual los fallecidos estaban fuertemente armados, cuando fueron interceptados en la mañana del 6 de marzo de 1996.

9.1.1.6. Frente a esto último, es necesario reparar en lo dicho en el testimonio del señor Fabio Córdoba —párr. 5.14—, quien narró que en días posteriores a la época de los acontecimientos que aquí se juzgan, encontró una subametralladora Ingram en un sitio aledaño a la vía que de Baraya conduce a la vereda “El Doche”, en cercanías al paraje en el que murieron los familiares de los hoy demandantes en reparación, artefacto por el cual el testigo fue privado de su libertad acusado de haber cometido el delito de porte ilegal de armas. Respecto de esa metralleta también se practicó una inspección judicial con asistencia de perito experto en balística, en la que se dictaminó que era apta para disparar y que era de uso privativo de las fuerzas militares —nota al pie 22—. Aquí también se pregunta la Sala: si fuera cierto que el arma era de los militares, entonces ¿por qué fue abandonada en el desierto y no fue puesta en manos de ninguno de los occisos? Cuestionamiento que se resuelve si se tiene por demostrado el hecho de que la subametralladora era uno de aquellos elementos que portaba el grupo de personas con quienes combatió el Ejército Nacional en los hechos que en el presente litigio se analizan.

9.1.1.7. Todo lo anterior concuerda con los antecedentes criminales de varios de los occisos —párrafo. 5.19—, respecto de quienes certificó el Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. que tenían un historial de imputaciones y condenas judiciales por delitos tales como porte ilegal de armas, hurto agravado y hurto calificado, con lo que es posible construir el indicio que señala el hecho de que las personas que resultaron muertas en los hechos aquí discutidos, no eran indefensos turistas que se movilizaban en forma pacífica por el desierto de la Tatacoa, sino que se trataba de personas que se encontraban en el lugar en una actitud que merecía reacción por parte de las autoridades presentes en el teatro de los acontecimientos.

9.1.1.8. Ahora bien, tampoco se pierde de vista que respecto de las armas encontradas no se llevaron a cabo pruebas de identificación sobre huellas digitales, aspecto respecto del cual basta decir que es posible que los investigadores de la Fiscalía General de la Nación estimaran innecesario un estudio de ese tipo, en la medida en que la mayoría de los elementos fueron encontrados en manos de los fallecidos, por lo que era de esperarse que cualquier estudio sobre las huellas arrojara un resultado positivo en relación con quienes resultaron muertos, situación que hacía innecesaria la realización del mencionado análisis dactiloscópico.

9.1.1.9. Así las cosas, para la Sala es un hecho comprobado el que las personas que resultaron muertas al final del operativo llevado a cabo el 6 de marzo de 1996, se encontraban armadas en el momento en que fueron interceptadas por miembros del Ejército Nacional, de forma tal que no es cierta la versión sostenida por los demandantes en reparación, quienes pretenden afirmar que sus familiares fallecidos eran simples turistas que se movilizaban de forma pacífica por la carretera que de Baraya conduce a la vereda “El Doche”. Más adelante se verá que las condiciones en que fueron encontrados los cadáveres de los occisos por quienes se demanda, tampoco sirven para sostener la tesis de que se les quitó la vida cuando se encontraban en estado de indefensión.

9.1.2. Ahora bien, en el plenario se evidenció que cuando los miembros del Ejército Nacional interpelaron a las personas que viajaban en los vehículos, dos de los sujetos integrantes del grupo armado, entre ellos el señor Dairo Martín Agatón Rojas —párr. 5.11.3.3—, abrieron fuego en contra de la patrulla militar. Además, antes de que se iniciara el combate, los sujetos armados se distribuyeron estratégicamente por el sitio conocido como “El cruce”, lo que indica que el grupo estaba en disposición de repeler cualquier ataque armado que se les dirigiera y que, por tanto, no se trataba de personas que se encontraran propiamente en un estado de indefensión, según pasa a ilustrarse.

9.1.2.1. Al respecto, en el informe calendado el 8 de marzo de 1996 —párr. 5.11.1— se deja constancia de que un revólver marca Smith & Wesson color negro, calibre 38 largo, que fue encontrado en posesión del señor Dairo Martín Agatón Rojas, tenía en su interior cuatro vainillas percutidas y dos cartuchos, y durante la inspección practicada a esa arma pudo establecerse que tenía rastros de pólvora, según la constancia que al respecto dejó el perito experto en balística que tuvo a su cargo el análisis del aludido artefacto —párr. 5.13—, situación que confirma la versión de que el grupo de sujetos emboscado por la patrulla militar, disparó en contra de esta.

9.1.2.2. Otro tanto se dijo en el mismo informe en relación con la escopeta de repetición marca Winchester, tipo semiautomática, que le fue encontrada a Guillermo Quintero Robayo —párr. 5.11.3.8—, que en su interior tenía dos vainillas percutidas y rastros de haber sido disparada, todo lo cual se describe con detalles en el concepto rendido por el perito experto en balística —párr. 5.13— y que, en esos términos, indica que el arma fue disparada por el mencionado occiso antes de caer muerto.

9.1.2.3. En el mismo sentido, se aprecia en los planos que se levantaron sobre la situación del sitio de los hechos —párrafo 5.11.2—, y también en el álbum fotográfico elaborado por el C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación —párrafo 5.11.3—, que los cuerpos de todos los occisos, entre ellos los parientes de los hoy demandantes, estaban en sitios alejados entre sí y también distantes con respecto a los vehículos en los que viajaban, lo cual corrobora la versión de los militares participantes en la operación “Ciclón” —párrs. 5.8.1 y 5.9.1—, de acuerdo con la cual los ocupantes de los vehículos se dispersaron en forma estratégica en el sitio de los hechos, con el propósito de preveer (sic) o evitar emboscadas como la que les tenía preparada la patrulla militar.

9.1.2.4. En este punto vale la pena resaltar que el Consejo de Estado ha declarado responsable a la administración por las muertes de personas que son combatidas por las fuerzas armadas del Estado, siempre que se demuestre que la acción de los agentes se ejerció cuando el delincuente o combatiente había depuesto las armas o se encontraba en imposibilidad de defenderse. Al respecto es pertinente la descripción conceptual que esta Subsección B le ha dado a las ejecuciones extrajudiciales, según la cual:

19.4. En el anterior orden de ideas, y partiendo de los textos jurídicos citados en precedencia, la Sala considera que se puede hacer una definición de la conducta antijurídica de “ejecución extrajudicial” de la siguiente forma: se trata de la acción consciente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un particular con audiencia de aquel, por medio de la cual, en forma sumaria y arbitraria, se le quita la vida a una persona que por su condición de indefensión está protegida por el derecho internacional. En el caso de los combatientes, su asesinato puede ser considerado una ejecución extrajudicial cuando han depuesto las armas(30).

9.1.2.5. En el sub lite no es posible afirmar que los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas se encontraban indefensos en el momento en que murieron, pues lo cierto es que estaban fuertemente armados y dispuestos en lugares estratégicos del paraje donde descendieron de sus vehículos, con lo cual estaban en aptitud de defenderse frente a los ataques armados que les fueran dirigidos, cosa que presumiblemente hicieron aquellos occisos —entre ellos uno de los familiares de los demandantes— que dispararon sus armas en contra de la patrulla militar. En el mismo sentido, la forma en que se produjo la muerte de las aludidas personas, no encuadra con el entendimiento que por vía de jurisprudencia se le ha dado a la proscrita conducta de las ejecuciones extrajudiciales.

9.1.3. Debe resaltarse, además, que las heridas padecidas por los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas, según las características descritas en las actas de levantamiento de los cadáveres y en los estudios de necropsia, no son útiles para afirmar que a esas personas se les asesinó en condición de indefensión, pues todos los impactos de bala padecidos por los mencionados sujetos fueron recibidos de frente y a larga distancia, sin que existan rastros de pólvora o tatuajes provenientes de los disparos.

9.1.3.1. Así, al revisar lo que se consignó en el acta de inspección del cadáver del señor Yesid Ortiz Alemeza —párr. 5.12.1.5—, se aprecia la descripción de una herida en la nuca y varias lesiones padecidas en brazos y piernas, las cuales no tienen características de tatuaje o anillo de contusión. En el acta de necropsia —párr. 5.12.2—, por su parte, se clarifica que la lesión en la nuca corresponde al orificio de salida de un disparo recibido en la región mandibular, se describe una herida recibida en el hombro izquierdo con trayectoria supero inferior, y se especifica que todas las demás lesiones tienen una trayectoria de adelante hacia atrás, ninguna de ellas con signos de haberse efectuado a corta distancia.

9.1.3.2. Por su parte, en el acta de inspección de cadáver del señor Édgar Carreño Rodríguez —párr. 5.12.1.4—, se aprecian unas heridas recibidas en el cráneo y en el torso y, aunque ninguna de las lesiones tiene tatuaje o anillo de contusión, en el informe de inspección no se especifica la trayectoria de los correspondientes disparos. En el estudio post mortem efectuado sobre el mismo cadáver —párr. 5.12.2.5— se reiteran los mismos hallazgos, sin que se aprecien rasgos particulares con heridas causadas a corta distancia o por la espalda de la víctima.

9.1.3.3. Y en relación con el cadáver de Dairo Martín Agatón Rojas, en la diligencia de inspección de cadáver —párr. 5.12.1.2— se hace mención de dos heridas padecidas en el hemitórax izquierdo, con “(…) ahumamiento y tatuaje (…)”, y se describen también otras siete heridas recibidas en diferentes partes del cuerpo las cuales, a diferencia de las primeras dos mencionadas, carecen de signos de haberse efectuado a corta distancia. En contraste con lo anterior, en la correspondiente acta de necropsia —párr. 5.12.2.3—, aunque se hace mención de las heridas en el tórax que causaron estallido pulmonar, el médico examinador se abstiene de referir la existencia de signos de tatuaje o ahumamiento, situación esta que plantea serias dudas sobre las características de las heridas padecidas por el occiso. En este punto, la Sala considera pertinente resaltar que, mientras que la inspección de cadáver es realizada por técnicos en criminalística, el estudio de necropsia es adelantado por médicos legistas, lo que implica que este último documento está dotado de mayor credibilidad en punto a realizar una descripción de las heridas padecidas por el occiso. En ese orden, se considera que el cadáver del señor Dairo Martín Agatón Rojas tampoco exhibió lesiones que pudieran considerarse como hechas a corta distancia, pues en el estudio de necropsia no se relacionan heridas con presencia de tatuaje o ahumamiento.

9.1.3.4. Ahora bien, no se pierde de vista que dos de los cadáveres analizados en los estudios de necropsia, correspondientes a personas por las que no se demanda reparación en el presente proceso, exhibían heridas que eventualmente podrían dar lugar a pensar que a tales personas se les quitó la vida cuando se encontraban en situación de indefensión, por la cercanía o la trayectoria de los disparos:

9.1.3.4.1. El cadáver del señor Manuel de Jesús Lasprilla Yasno tenía una herida con tatuaje en su brazo derecho —párr. 5.12.1.7— y, según un estudio posterior, se pudo observar que tenía también heridas causadas con trayectoria de atrás hacia delante, pero sin signos de ahumamiento o tatuaje —párr. 5.12.2.7—. El cuerpo del señor José Fernando Torres Quintero, por su parte, tenía un orificio de bala en la parte izquierda de su tórax, con halo periorificial y anillo de contusión —párr. 5.12.2.6—.

9.1.3.4.2. Dichas lesiones eventualmente podrían dar lugar a pensar que los señores Manuel Jesús Lasprilla Yasno y José Fernando Torres Quintero fueron sujetos de una ejecución extrajudicial. No obstante, la Sala se encuentra imposibilitada para emitir un juicio de ese tipo, pues no es por las muertes de los mencionados señores que se está demandando indemnización en el presente proceso, sino que lo que se discute son las condiciones del deceso de Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas, respecto de quienes, según se reseñó, no se observan heridas o lesiones que razonablemente hagan considerar que a ellos se les asesinó cuando se encontraban indefensos.

9.1.3.4.3. Adicionalmente, no es claro que las heridas descritas de los señores Manuel Lasprilla Yasno y José Fernando Torres Quintero impliquen, por sí solas, que a las aludidas personas se les quitó la vida en condición de indefensión pues, por una parte, la herida con tatuaje que exhibía el primero de los mencionados no puede considerarse como mortal —fue recibida en el brazo— y, además, la lesión recibida por la espalda no fue efectuada a corta distancia, en la medida en que no exhibe signos de tatuaje o anillo de contusión. Por otra parte, la herida descrita del señor José Fernando Torres Quintero, aunque tiene halo periorificial y anillo de contusión, fue recibida por el frente, pues sus orificios de entrada y salida tienen línea axilar anterior y, adicionalmente, el cadáver muestra otras numerosas heridas que no tienen rasgos que permitan concluir que fueron irrogadas a corta distancia.

9.1.3.4.4. Del mismo modo debe tenerse en cuenta que, según se reseñó en la inspección judicial del sitio de los hechos —párrs. 5.11 y siguientes—, los cadáveres yacieron en sitios distantes entre sí, lo que hace pensar que fue diferente la situación de cada una de las muertes, de forma tal que no es mucho lo que se puede inferir sobre las circunstancias de las muertes de los familiares de los demandantes, a partir de las heridas de los demás occisos.

9.1.3.5. De manera que, como las heridas exhibidas por los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas no son compatibles con lo que puede entenderse como disparos hechos a corta distancia y en estado de indefensión de las víctimas, entonces debe sostenerse la versión de que los mencionados señores no se encontraban en imposibilidad de defenderse en el momento en que murieron. Lo anterior sumado a que, tal como pasa a estudiarse, no es creíble la versión de que los fallecidos eran simples turistas que se movilizaban de forma pacífica por la carretera que del municipio de Baraya conduce a la vereda “El Doche”.

9.1.4. En efecto, para la Sala no es creíble la versión que pretenden sostener los demandantes en el sentido de afirmar, con base en los testimonios de los señores Joaquín Bautista Torres y Carlos Hernán Díaz Riaño —párrs. 5.4.1 a 5.4.3—, que las personas que resultaron muertas en el operativo del miércoles 6 de marzo de 1996, eran simples turistas que no representaban riesgo alguno para los miembros de la patrulla militar, pues lo cierto es que dichas declaraciones exhiben serias contradicciones entre sí, y graves incompatibilidades con otras pruebas del plenario, que no permiten dotarlas de credibilidad.

9.1.4.1. Los mencionados testigos manifiestan ser taxistas que fueron contratados por los occisos para llevar a un grupo de hombres hacia la represa de Betania, en cercanías a la ciudad de Neiva, donde supuestamente pretendían llevar a cabo labores de pesca deportiva, versión esta que resulta contradictoria con lo que dicen los demás testimonios del proceso, según los cuales algunos los occisos también eran taxistas que habían sido contratados para realizar el mencionado trabajo, tal como lo dijo la testigo Myriam Cristina Cifuentes Pinto en relación con el occiso José Fernando Torres Quintero —párr. 5.5.2—, situación que le resta credibilidad a lo dicho por los mencionados declarantes, pues no es posible establecer cuáles de las personas cumplían el papel de conductores de los vehículos, y cuáles el de pasajeros.

9.1.4.2. Por la misma vía, para la Sala no es creíble que las personas que resultaron muertas en el desierto de “La Tatacoa” hubieran hecho el viaje desde Bogotá con la intención de pescar, o con el objetivo de llevar a cabo actividades turísticas, pues según el inventario de los elementos que les fueron encontrados a los occisos —párr. 5.11.1—, ninguno de ellos llevaba implementos de pesca, o equipaje compatible con el que normalmente se lleva en actividades de esparcimiento y, en contraste, estaban fuertemente armados con artefactos bélicos de distinto tipo y calibre, según se vio en los párrafos anteriores.

9.1.4.3. Además, si fuera cierto que los occisos pretendían realizar las actividades recreativas que mencionan los testigos, entonces sus familiares cercanos se habrían enterado de dicha intención. Pero, contrario a esa obviedad, lo que se observa en el caso es que las compañeras sentimentales de los fallecidos carecían de un conocimiento de las actividades precisas que sus maridos realizarían en la ciudad de Neiva —ver párrafo 5.5 y siguientes—, situación que no es compatible con lo que narran los señores Joaquín Bautista Torres y Carlos Hernán Díaz Riaño, punto en el cual se acompañan los razonamientos expuestos en los fallos expedidos por la justicia penal militar —párr. 5.16 y siguientes—, en los cuales tampoco se dio credibilidad a los mencionados declarantes.

9.1.4.4. De otro lado, la Sala observa graves contradicciones entre lo dicho por los mencionados testigos, frente a las circunstancias en las que se efectuó el viaje a la ciudad de Neiva, pues ambos manifiestan haber estado al mando de un vehículo que sirvió de alojamiento a sus ocupantes, mientras que el otro vehículo —y sus pasajeros— buscaron un hotel para pasar la noche, punto frente al cual se pregunta la Sala cómo es posible que tanto el señor Joaquín Bautista Torres como el señor Carlos Hernán Díaz Riaño hayan conducido el mismo vehículo, cuando uno de ellos manifiesta que tuvo que llevar el automóvil a reparaciones, mientras que el otro manifiesta que prosiguió con su viaje hacia la represa de Betania, lo que es una evidente incoherencia.

9.1.4.5. Tampoco es creíble lo que dicen los deponentes acerca del hecho de que uno de los vehículos sufrió una avería en una de sus llantas y que, por esa razón, tuvo que separarse del otro automotor el cual, mientras se efectuaban las reparaciones correspondientes, abandonó a sus compañeros y realizó la expedición de pesca a la represa de Betania. Dicha versión no merece crédito, pues resulta improbable e irrazonable que se privara a los ocupantes del automotor averiado de la realización del objetivo principal del viaje, que supuestamente era una expedición de pesca, sin que ello implicara consecuencia alguna para la cohesión del grupo de supuestos viajeros o turistas. Adicionalmente, resulta inexplicable que unos sujetos que viajan durante cinco horas desde Bogotá a la ciudad de Neiva con la intención de pescar, declinen de ese objetivo, y prefieran movilizarse hacia el desierto de La Tatacoa a la mañana siguiente donde, por obvias razones geográficas, resulta imposible desarrollar la actividad deportiva que tenían en mente, por cuanto no es que sea un paraje caracterizado por ser un conocido destino de pesca deportiva.

9.1.4.6. Mucho menos se puede dar crédito la versión de que los occisos se movilizaban por la vía que comunica a Baraya con “El Doche” con la simple intención de conocer, en calidad de turistas, el desierto de “La Tatacoa”, pues un viaje de ese tipo no se acostumbra en horas de la madrugada, en un día de semana de temporada no vacacional –miércoles 6 de marzo de 1996-, y en momentos en los que no se dispone de infraestructura turística que facilite ese tipo de excursiones, todo ello sumado a que los testigos no pudieron dar cuenta del interés turístico que supuestamente tenían en la parte del desierto a donde fueron a parar, la cual, de conformidad con lo dicho en la orden de operaciones denominada “Ciclón” —párr. 5.6—, era una zona de difíciles condiciones de orden público, en la que se realizaban actividades de secuestro y extorsión por parte de grupos al margen de la ley.

9.1.4.7. En ese mismo sentido, está demostrado el hecho de que los occisos se movilizaban en sus vehículos fuertemente armados, en una actitud que no es propia de personas que tienen intenciones turísticas y de esparcimiento, y que, más bien, es coincidente con la historia criminal que tenían varios de los integrantes del grupo de personas emboscadas por el Ejército Nacional, según las certificaciones expedidas por el Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. —párrafos 5.19 y 9.1—.

9.1.4.8. De manera que no son creíbles las versiones que se pretenden sostener con los testimonios de los señores Joaquín Bautista Torres y Carlos Hernán Díaz Riaño y, por tanto, no es posible sostener que los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas —y tampoco los demás occisos— fueran simples turistas que querían pescar en la represa de Betania, o que tenían curiosidad por conocer el desierto de “La Tatacoa”. Por el contrario, según el análisis hecho en párrafos anteriores, en el proceso está demostrado que los fallecidos se movilizaban fuertemente armados y en actitud francamente sospechosa.

9.1.5. Así las cosas, considera la Sala que no es cierto que a los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas, se les hubiera quitado la vida cuando se encontraban en estado de indefensión pues, según se mostró, los occisos fueron muertos cuando se movilizaban fuertemente armados por el desierto de “La Tatacoa”, y las heridas que exhiben los cadáveres de los demandantes en reparación, no son compatibles con los rasgos en que se ha definido por la jurisprudencia la conducta de ejecución extrajudicial.

9.2. Ahora bien, en contraste con lo dicho en los acápites anteriores sobre la situación de indefensión alegada por la parte actora, la Sala estima, en consonancia con lo dicho en una de las sentencias de primera instancia, que la muerte de los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas ocurrió, en parte, como consecuencia de una reacción desproporcionada de los miembros del Ejército Nacional pues, según se evidenciará, el número de militares participantes en la operación, la situación de ubicación estratégica en que se encontraban y las armas de fuego de que estaban dotados, son situaciones que habrían posibilitado una escala menor en la reacción de los agentes de la entidad demandada. Para ilustrar este punto se resaltarán, primero, las ventajas con las que contaba el grupo militar involucrado en los hechos, y luego se pondrán en evidencia los hechos de los occisos que justificaron, en cierta medida, el actuar de los agentes de la entidad demandada.

9.2.1. En efecto, se observa que los militares utilizaron numerosos elementos de guerra de alto poder destructivo lo cual, eventualmente, sería proporcional en el contexto de un enfrentamiento armado contra una estructura miliciana de similar potencial bélico, como ocurriría por ejemplo si se hubiera llevado a cabo un cruce de disparos con grupos subversivos que, según se conoce, tienen una capacidad armada similar a la de las fuerzas militares regulares. No obstante, aunque en el caso de autos estuvo evidenciado que los occisos se movilizaban fuertemente armados, nunca pudo demostrarse que se tratara de integrantes de un grupo armado al margen de la Ley que, según las versiones oficiales del Ejército Nacional, pretendía ser combatido con la operación “Ciclón”; sino que se trataba de un grupo de personas armadas que estaban en el desierto de La Tatacoa con actitud sospechosa, tesis que se refuerza por el hecho demostrado de que muchos de los fallecidos tenían antecedentes penales —párrafos 9.1, 9.1.1.7 y 9.1.4.7—, sin que se pudiera comprobar el nexo de ninguno de ellos con grupos guerrilleros. Por esa razón, no resulta justificado que la patrulla militar reaccionara en contra de los familiares de los hoy demandantes en reparación, en la alta escala en que ello estuvo demostrado dentro del proceso.

9.2.2. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los agentes militares contaban con una evidente ventaja militar por razón del armamento del cual estaban dotados, el cual es propio de las organizaciones militares y está diseñado para causar gran destrucción en los sujetos y objetos destinatarios de la acción bélica. Los elementos encontrados en poder de los occisos, por el contrario, aunque también implican un serio riesgo para la integridad de las personas contra las que fueran accionados, no tienen un poder tan devastador como los de los militares, lo que implica que la reacción de la patrulla del Ejército Nacional debería haber sido contenida a los límites que fueran estricta y razonablemente necesarios para garantizar la legítima defensa.

9.2.3. También debe advertirse la ventaja que implicaba para los agentes estatales, el hecho de que eran un grupo mucho mayor en número al de los delincuentes muertos, situación esta que de suyo implica también una evidente ventaja militar que habría permitido, en las condiciones demostradas dentro del proceso, que la reacción militar se realizara en una intensidad menos fuerte.

9.2.4. Tampoco puede perderse de vista que el grupo de militares contaba con una favorable situación estratégica en comparación con la posición en la que se encontraban los delincuentes atacados. A este respecto, debe recordarse que los efectivos del Ejército Nacional estaban desplegados en el sitio de los hechos desde la noche anterior —5 de marzo de 1996—, momento a partir del cual, según la versión de los mismos participantes en la operación “Ciclón”, existió la oportunidad de planear la emboscada al grupo subversivo que pretendían atacar, con lo que se habría podido prever una acción que permitiera amedrentar a los supuestos guerrilleros y evitar, en la mayor medida posible, comprometer su vida e integridad. Contrario a esa posibilidad, lo que hicieron los miembros de la entidad demandada fue abrir fuego a discreción en contra de los delincuentes.

9.2.5. De manera que la reacción militar no fue proporcional al ataque recibido por parte de los occisos, pues le era dable a los agentes de la entidad demandada actuar de otra forma en procura de preservar, en la mayor medida posible, la vida e integridad de los delincuentes a los que estaba combatiendo. A este respecto, la jurisprudencia contencioso administrativa ha dejado establecido que, en casos como el presente, el hecho de las víctimas exonera totalmente de responsabilidad a las entidades demandadas, siempre y cuando la reacción estatal haya sido proporcional:

En este orden de ideas, para la Sala, es claro que los policías actuaron en legítima defensa al responder el ataque real, cierto y contundente de una persona armada, respuesta que no resultó excesiva o desproporcionada, sino por el contrario fue oportuna y adecuada, por lo que no le asiste razón al impugnante.

(…)

Así las cosas, se concluye que, en criterio de la Sala, el origen en la producción de los daños cuya indemnización se pretende fue la agresión armada de la víctima. En efecto, si se observa con detenimiento la situación, es posible concluir que la única causa de la confrontación armada fue el ataque a los policías por parte del señor Luis Eduardo Cárdenas Escobar, pues si él hubiera colaborado con los agentes y no hubiera persistido en la agresión a uno de ellos, era lógico que se adelantara el registro pertinente y no se hubiera producido la muerte de él.

Entonces, si la causa única y determinante de la muerte y de las lesiones fue su propio ataque, es lógico concluir que, en el caso concreto, se presentó, respecto de este, un hecho exclusivo de la víctima, por lo que la Sala confirmará la decisión del a quo en cuanto negó las pretensiones formuladas por sus familiares, como quiera que dicha situación no permite imputar responsabilidad a la entidad demandada(31).

9.2.6. En todo caso, la Sala considera procedente precisar al respecto que, aunque es cierto que la reacción de los militares no fue proporcional a la agresión recibida de los occisos, también es verdadero que en los hechos materia de análisis también tuvo participación la conducta reprochable de las víctimas, lo que da lugar a la existencia de una concausa, según pasa a mostrarse:

9.2.6.1. Lo primero que debe aclararse es que, aunque es cierto que todas las personas muertas exhiben abundantes impactos de bala, esa no es una situación que de suyo implique que los militares actuaron con sevicia durante el intercambio de disparos ocurrido en la vía que de Baraya conduce a la vereda “El Doche”, pues por lo numeroso del grupo de efectivos participantes en la operación, es perfectamente factible que, ante la agresión recibida, todos ellos accionaran sus armas de dotación en el lapso de un corto periodo de tiempo, lo que explicaría, en parte, el alto número de disparos recibidos por las víctimas, sin que esto pueda exonerar totalmente de responsabilidad a la entidad demandada.

9.2.6.2. Del mismo modo, aunque en el proceso está demostrado que los occisos realizaron solo seis disparos en contra de los militares —párr. 5.11.1—, y que estos últimos gastaron una granada de mano, una de fusil (sic) y 403 cartuchos calibre 7.62 —ver nota al pie 18—, tal situación, por sí sola, tampoco da lugar a entender que fue exagerada la reacción de los militares, pues es necesario tener en cuenta que estos estaban actuando en contra de 9 sujetos que se encontraban armados y, además, al ser aproximadamente 40 los militares participantes en la operación “Ciclón”, es factible que cada uno de ellos disparara en repetidas ocasiones su arma de dotación, con lo que en poco tiempo podía gastarse razonablemente la munición en las cantidades descritas. Por la misma vía, se insiste en que es explicable la situación de que los occisos presentaran varios impactos de bala en sus cuerpos, sin que ello implique por sí solo la existencia de una reacción desproporcionada por parte de los agentes militares, pues es posible que en un mismo momento, en medio de la confusión y el afán de defender a la tropa de los ataques que estaba recibiendo, varios efectivos dispararan conjuntamente contra un solo objetivo.

9.2.6.3. También debe resaltarse que el desbalance entre el número de disparos efectuados por los militares, y los que realizaron las personas que resultaron muertas, tampoco es una circunstancia que implique, por sí sola, la existencia de una reacción desproporcionada por parte de los agentes militares, pues ante la agresión efectuada por los fallecidos en contra de las fuerzas armadas regulares del estado, le era dable a estas no escatimar en gastos para repeler dicho ataque y evitar, de esa forma, cualquier daño que pudiera producirse en la persona de los integrantes de la patrulla militar.

9.2.6.4. Finalmente es necesario poner de presente que el señor Dairo Martín Agatón Rojas, quien se encontraba armado con un revólver calibre 38 largo, accionó su arma en cuatro oportunidades en contra de los militares, lo que implica que puso en serio riesgo la integridad y vida de estos, quienes por esa razón reaccionaron, aunque en forma desproporcionada, frente al ataque recibido. Del mismo modo, en el proceso se demostró que el señor Guillermo Quintero Robayo accionó en dos oportunidades una escopeta de repetición en contra de los miembros del grupo militar, hecho que también justificó la contestación del fuego por parte de estos, aunque no puede aceptarse que esto último se haya dado en la masiva proporción en que ocurrió, según se verá.

9.2.7. Por manera que no es posible afirmar que la reacción de los militares, desproporcionada según se explicó, haya sido la única causante de los daños que aquí se analiza, pues lo cierto es que la conducta de las personas que resultaron muertas el 6 de marzo de 1996, también influyó causalmente en la producción del menoscabo cuya indemnización se solicita, pues propiciaron la reacción armada de los militares, a quienes atacaron con armas igualmente letales.

9.3. En el orden de ideas anteriormente expuesto, la Sala considera que en el presente proceso, aunque no está evidenciada la falla del servicio que se alega en relación con el supuesto estado de indefensión de las víctimas, sí se estableció un funcionamiento deficiente de la administración por cuenta la reacción desproporcionada de los militares participantes en la operación Ciclón, falla que no es la única causante del daño, pues la acción de los militares se desplegó frente a una agresión que fue realizada por los aludidos sujetos —y sus acompañantes—, quienes se encontraban fuertemente armados y atacaron a los agentes estatales, lo que da lugar a la existencia de una concausa.

10. Frente a este último punto, aún si se analiza el caso bajo la óptica de un régimen objetivo de imputación, en el que no sea necesaria la demostración de una falla del servicio por parte de la entidad demandada, la Sala estima que la responsabilidad se encuentra disminuida por la configuración de una concausa o causal eximente de responsabilidad —el hecho de las víctimas—, consistente en que estas últimas dispararon sus armas de fuego en contra de los miembros del Ejército Nacional.

10.1. Lo primero que debe insistirse frente a este punto es que en el presente proceso está demostrado el hecho de la víctima cometido por el señor Dairo Martín Agatón Rojas pues, según el acta en la que se relacionan los elementos que le fueron encontrados a los occisos y el álbum de fotografías elaborado en el sitio de los hechos —párrs. 5.11.1 y 5.11.3.3—, es claro que la mencionada persona disparó en cuatro oportunidades en contra de los militares, utilizando un revólver Smith & Wesson calibre 38L que es un arma que, aunque es de uso personal, tiene alto poder de fuego e idoneidad para poner en riesgo la integridad de las personas, según se dejó precisado en la diligencia de inspección judicial con asistencia de un perito experto en balística —párr. 5.13—.

10.2. En segundo orden, se reitera que el señor Dairo Martín Agatón no fue la única persona que accionó su arma en contra de los militares. En efecto, con las mismas pruebas se observa que otro de los occisos —el señor Guillermo Quintero Robayo—, quien portaba una escopeta semiautomática marca Winchester —párr. 5.11.3.8—, realizó dos disparos en contra de la patrulla militar, lo cual se aprecia en el acta de inventario de los elementos que le fueron encontrados al mencionado occiso —párr. 5.11.1—.

10.3. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los fallecidos se movilizaban fuertemente armados por una zona que, según los informes militares, se caracterizaba por la presencia de grupos armados al margen de la ley —párr. 5.6—, actitud con la cual propiciaron en parte la reacción de los militares, quienes estaban emboscados en el sitio de los hechos a la espera de un grupo armado que pretendía llevar a cabo actividades de extorsión y secuestro en la zona.

10.4. Frente a este mismo tópico, para la Sala no es una casualidad el hecho de que los militares tuvieran información sobre la realización de actividades ilícitas en los mismos momento y lugar en que, posteriormente, llegaron los hoy occisos movilizándose fuertemente armados abordo (sic) de dos vehículos, quienes no tenían una justificación valedera para hallarse en esa sospechosa situación. En efecto, la ocurrencia de esa aparente coincidencia da lugar a pensar que el grupo de delincuentes al que esperaban los militares era, precisamente, el que se movilizaba por el desierto de “La Tatacoa” en las condiciones anotadas.

10.5. En quinto lugar, la Sala considera que el hecho de que los demás occisos —señores Yesid Ortiz Alemeza y Édgar Carreño Rodríguez— no hubieran disparado las armas que portaban, no implica que dichas personas no estén incursas en la concausa que reduce la responsabilidad de la entidad demandada, pues su actitud de amenaza para con los miembros del Ejército Nacional no se concretó solo con la materialización de un ataque a los mismos, sino que se manifestó en que los mencionados occisos, apertrechados con armas de fuego, se movilizaban con otras personas también fuertemente armadas, quienes en varias oportunidades dispararon sus armas en contra de la patrulla militar.

10.6. Finalmente, la Sala otorga credibilidad a lo vertido en los testimonios de los militares participantes en la operación “Ciclón”, quienes afirman que los sujetos se bajaron de los vehículos en que se movilizaban, con las armas terciadas y en actitud de adquirir posiciones estratégicas en el sitio de los hechos, situación que justifica el hecho de que los militares reaccionaran en contra del grupo —aunque no en la escala en que sucedió—, lo cual debían hacer en aras de mantener la ventaja estratégica que tenían en situación de emboscada y, por esa vía, preservar la vida e integridad de sus propios miembros, tal como se logró.

10.7. Así las cosas, la Sala encuentra elementos de juicio suficientes como para considerar que en el presente caso, aunque está demostrada la falla del Ejército Nacional representada en una reacción parcialmente desproporcionada, también se encuentra acreditada una concausa atribuible a las víctimas, lo que da lugar a la reducción de la responsabilidad, punto frente al cual la Sala no observa elementos adicionales que permitan modificar el porcentaje de disminución de la condena establecido por el Tribunal a quo, quien consideró que a favor de los demandantes debía reconocerse una indemnización equivalente al 40% de las sumas que fueran liquidadas.

VI. Conclusión

11. En los términos anteriores, la Sala encuentra que en el presente caso están dadas las condiciones para predicar responsabilidad a cargo de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional, por los daños padecidos por los demandantes con ocasión de la muerte de los señores Yesid Ortiz Alemeza y Édgar Carreño Rodríguez, en hechos ocurridos el miércoles 6 de marzo de 1996 en el desierto de “La Tatacoa” en el Huila, responsabilidad que está reducida en un 60% por la existencia de una concausa atribuible a las víctimas, tal como lo decidió el Tribunal de primera instancia en uno de los procesos acumulados.

11.1. Toda vez que hay lugar a declarar responsabilidad a cargo de la entidad demandada, en la presente providencia se revocará la decisión asumida por el Tribunal Administrativo del Huila en la sentencia del 22 de febrero de 2002 —párr. 2.1.2—, por medio de la cual se denegaron en primera instancia todas las pretensiones formuladas en la correspondiente demanda. En su lugar se reconocerán a favor de los familiares del señor Yesid Ortiz Alemeza, los perjuicios a que haya lugar, disminuidos en un 60%.

VII. Liquidación de perjuicios

12. Respecto del daño moral ocasionado, con base en las pruebas practicadas dentro del presente trámite contencioso, se tiene acreditado el nexo de parentesco entre los demandantes en reparación y los fallecidos señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas.

12.1. Por una parte, los señores Flaminio Ortiz Sotelo y Diomar Alemeza acreditaron ser los progenitores de Yesid Ortiz Alemeza, y que los señores Gloria Níder Ortiz Alemeza, Alex Flaminio Ortiz Alemeza, Aarón Ortiz Alemeza y Yazmín Eloisa Ortiz Alemeza, son los hermanos del mencionado occiso quien, a su vez, era cónyuge de María Bibiana Osorio, con quien procreó a Gina Lizeth Ortiz Osorio —párrafo Nº 5.1—.

12.2. De otro lado, en el proceso se demostró que el señor Édgar Carreño Rodríguez —occiso—, era hijo de María Amanda Rodríguez de Carreño, y hermano de Tito Rogelio Carreño Rodríguez, Mauricio Carreño Rodríguez y Ómar Carreño Rodríguez. El fallecido era cónyuge de Martha Stella Galindo Pineda, con quien procreó a María Paula Carreño Galindo.

12.3. Los demandantes Érika Natalia Agatón Maldonado, Walter Andrés Agatón Maldonado y Dairo Ferney Agatón Maldonado, son hijos del finado Dairo Martín Agatón Rojas, cuyos descendientes son hijos también de la señora Rosa Elena Maldonado Villamil.

12.4. Se pueden tener por demostrados los daños morales padecidos por las personas allegadas a los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas pues, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Tercera, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse que los demandantes han tenido sentimientos de congoja y dolor debido a la muerte de sus familiares cercanos(32).

12.5. Ahora bien, en las diferentes demandas se solicitó la indemnización por concepto de perjuicios morales a razón de 1000 y 2000 gramos de oro para los demandantes. No obstante, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13232, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado, se ha reconocido una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes(33).

12.6. Es por ello que procede la Sala a fijar en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral a favor de los peticionarios, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(34), la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “(…) la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (…)”(35), mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(36). En ese orden, la Sala observa lo que se ha decidido en casos similares al de autos(37), y determina la indemnización de perjuicios de carácter moral por la muerte de los señores Yesid Ortiz Alemeza, Édgar Carreño Rodríguez y Dairo Martín Agatón Rojas, así:

12.6.1. En una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los padres de los occisos, señores Flaminio Ortiz Sotelo, Diomar Alemeza y María Amanda Rodríguez de Carreño;

12.6.2. De 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los hijos de los fallecidos, señores Gina Lizeth Ortiz Osorio, María Paula Carreño Galindo, Érika Natalia Agatón Maldonado, Walter Andrés Agatón Maldonado y Dairo Ferney Agatón Maldonado;

12.6.3. De 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para las cónyuges y compañeras permanentes de los fallecidos, señoras María Bibiana Osorio, Martha Stella Galindo Pineda y Rosa Elena Maldonado Villamil;

12.6.4. Y de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los hermanos de los occisos, señores Gloria Níder Ortiz Alemeza, Alex Flaminio Ortiz Alemeza, Aarón Ortiz Alemeza, Yazmín Eloisa Ortiz Alemeza, Tito Rogelio Carreño Rodríguez, Mauricio Carreño Rodríguez y Ómar Carreño Rodríguez.

12.7. Según lo que se expuso en párrafos anteriores de esta providencia, al estar demostrada una concausa atribuible a las víctimas, a favor de los demandantes se reconocerá, entonces, solo la suma equivalente al 40% de las indemnizaciones antes mencionadas, y así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

13. En lo que tiene que ver con los daños materiales, en el proceso solo se acreditó su causación en la modalidad de lucro cesante frente a los tres grupos familiares involucrados en la presente contención, y su liquidación se hace como pasa a explicarse en los párrafos siguientes.

13.1. En relación con el grupo familiar correspondiente al fallecido Yesid Ortiz Alemeza, se solicitó la suma 100 millones de pesos para los padres, y la misma cantidad para la esposa e hijos de aquel, como compensación por la pérdida de la ayuda económica que, supuestamente, recibían de quien perdió su vida a en las circunstancias aquí debatidas. No obstante, en el expediente no hubo demostración alguna sobre la ayuda económica que el occiso prestaba a sus padres y, teniendo en cuenta que el señor Yesid Ortiz Alemeza tenía más de 30 años al momento de su muerte y había establecido un hogar con su cónyuge, entonces puede presumirse que ya había abandonado el hogar de sus padres y que, por tanto, ya no les prestaba ayuda económica. En ese orden de ideas, la Sala solo puede tener por demostrada la ayuda económica que el señor Yesid Ortiz Alemeza le prestaba a su cónyuge e hija, la cual está demostrada, en todo caso, con lo dicho en el testimonio reseñado en el párrafo 5.20.1 de los hechos probados de la presente providencia.

13.1.1. Ahora bien, en el proceso no se demostró cuál era la actividad económica concreta a la que el occiso se dedicaba antes de fallecer —tampoco su remuneración—, razón por la cual será procedente efectuar el cálculo del lucro cesante, como si devengara el salario mínimo ($589.500)(38), suma a la que debe adicionarse el 25% por las prestaciones sociales que debía percibir, hecho lo cual deberá sustraerse el 25% que se presume utilizaba el causante para sus gastos personales, operación de la cual se obtiene la suma de $552.656.

13.1.2. Como quiera que se reconocerá indemnización por lucro cesante a favor de la cónyuge y la hija del occiso, entonces la renta base de liquidación anteriormente hallada deberá dividirse por mitades, que servirán como punto de referencia para la liquidación de lo que por este concepto debe reconocerse a favor de María Bibiana Osorio y Gina Lizeth Ortiz Osorio, manera que la renta base de liquidación será la suma de $276.328. En el anterior orden de ideas, la liquidación de cada una de las mencionadas demandantes, se realiza en los siguientes términos:

13.1.2.1. La indemnización por lucro cesante que se reconocerá a favor de la señora María Bibiana Osorio —cónyuge del occiso— comprende dos periodos: uno debido o consolidado, que comprende el tiempo transcurrido entre el acaecimiento del hecho dañoso, y el momento de la expedición del presente fallo; y otro futuro o anticipado, que se cuenta desde la época de la presente sentencia hasta la vida probable del occiso.

13.1.2.1.1. La indemnización debida o consolidada se calcula con base en la fórmula que ha sido reiterativamente utilizada por el Consejo de Estado(39), según la cual

Indemnización debida.png
 

13.1.2.1.1.1. De otra parte, para el cálculo de la referida indemnización se tendrá en cuenta el periodo de tiempo de 204 meses, que es el comprendido entre marzo de 1996 —época de configuración del daño— y agosto de 2013 —tiempo en que se profiere el presente fallo—. De tal forma, la indemnización debida o consolidada frente a la señora María Bibiana Osorio, se calcula así:

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13.1.2.1.1.2. Como indemnización debida o consolidada se reconocerá a la señora María Bibiana Osorio el 40% de la suma antes hallada, debido a la reducción de la responsabilidad de la entidad demandada, por la existencia de una concausa atribuible a las víctimas. En ese orden de ideas, por indemnización debida o consolidada se reconocerá a favor de la aludida demandante, la suma de $38.436.602.

13.1.2.1.2. La indemnización futura o anticipada también se calcula con base en la fórmula que ha sido reiteradamente aplicada por la Sala(40), de acuerdo con la cual

Indemnización futura.png
 

13.1.2.1.2.1. Se tendrá en cuenta que el señor Yesid Ortiz Alemeza tenía 30 años al momento en que murió —6 de marzo de 1996—, lo que implica que tenía una probabilidad de vida de 46,24 años, según la Resolución 497 del 20 de mayo de 1997 expedida por la Superintendencia Bancaria. Así, debe tenerse en cuenta el tiempo eventual transcurrido entre la época del presente fallo y la vida probable del occiso, por lo que el número de meses que debe aplicarse para la liquidación es de 350,88.

S1997-09458-3.png
 

13.1.2.1.2.2. De la suma hallada solo se reconocerá el 40% a favor de la demandante, por la existencia de una concausa atribuible a las víctimas. La indemnización por lucro cesante futuro que debe reconocerse a favor de la señora María Bibiana Osorio, es la suma de $18.576.400.

13.1.2.1.3. En total, a la señora María Bibiana Osorio se le reconocerá una indemnización por lucro cesante de $57.013.002.

13.1.2.2. La indemnización por lucro cesante que se reconocerá a favor de la señora Gina Lizeth Ortiz Osorio —hija del occiso Yesid Ortiz Alemeza— comprende dos periodos: uno debido o consolidado, que comprende el tiempo transcurrido entre el acaecimiento del hecho dañoso, y el momento de la expedición del presente fallo; y otro futuro o anticipado, que se cuenta desde la época de la presente sentencia hasta la época en que la demandante cumplió o cumplirá los 25 años de edad.

13.1.2.2.1. La indemnización debida o consolidada se calcula con base en la fórmula que ha sido reiterativamente utilizada por el Consejo de Estado(41), según la cual

Indemnización debida.png
 

13.1.2.2.1.1. De otra parte, para el cálculo de la referida indemnización se tendrá en cuenta el periodo de tiempo de 204 meses, que es el comprendido entre marzo de 1996 —época de configuración del daño— y agosto de 2013 —tiempo en que se profiere el presente fallo—. De tal forma, la indemnización debida o consolidada frente a la señora Gina Lizeth Ortiz Osorio, se calcula así:

S1997-09458-1.png
 

13.1.2.2.1.2. Como indemnización debida o consolidada se reconocerá a la señora Gina Lizeth Ortiz Osorio el 40% de la suma antes hallada, debido a la reducción de la responsabilidad de la entidad demandada, por la existencia de una concausa atribuible a las víctimas. En ese orden de ideas, por indemnización debida o consolidada se reconocerá a favor de la aludida demandante, la suma de $38.436.602.

13.1.2.2.2. La indemnización futura o anticipada también se calcula con base en la fórmula que ha sido reiteradamente aplicada por la Sala(42), de acuerdo con la cual:

Indemnización futura.png
 

13.1.2.2.2.1. Se tendrá en cuenta que la demandante Gina Lizeth Ortiz Osorio —nacida el 8 de marzo de 1995— cumplirá sus 25 años de edad en el año 2020. Así, debe tenerse en cuenta el tiempo eventual transcurrido entre la época del presente fallo y el mes de marzo del año 2020, por lo que el número de meses que debe aplicarse para la liquidación es de 79.

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13.1.2.2.2.2. De la suma hallada solo se reconocerá el 40% a favor de la demandante, por la existencia de una concausa atribuible a las víctimas. La indemnización por lucro cesante futuro que debe reconocerse a favor de la señora Gina Lizeth Ortiz Osorio, es la suma de $7.234 819.

13.1.2.2.3. En total, a la señora María Bibiana Osorio (sic) se le reconocerá una indemnización por lucro cesante de $45.671.421.

13.2. En relación con el grupo familiar correspondiente al fallecido Édgar Carreño Rodríguez, se solicitó la indemnización de perjuicios por lucro cesante tanto a favor de sus padres como respecto de su esposa e hija, como compensación por la pérdida de la ayuda económica que, supuestamente, recibían de quien perdió su vida a en las circunstancias aquí debatidas. En la demanda no se especificó la cuantía de esta pretensión. No obstante, en el expediente no hubo demostración alguna sobre la ayuda económica que el occiso prestaba a sus padres y, teniendo en cuenta que el señor Édgar Carreño Rodríguez tenía más de 25 años al momento de su muerte y había establecido un hogar con su cónyuge, entonces puede presumirse que ya había abandonado el hogar de sus padres y que, por tanto, ya no les prestaba ayuda económica. En ese orden de ideas, la Sala solo puede tener por demostrada la ayuda económica que el señor Édgar Carreño Rodríguez le prestaba a su cónyuge e hija.

13.2.1. Ahora bien, en el proceso no se demostró cuál era la actividad económica concreta a la que el occiso se dedicaba antes de fallecer —tampoco su remuneración—, razón por la cual será procedente efectuar el cálculo del lucro cesante, como si devengara el salario mínimo ($589.500)(43), suma a la que debe adicionarse el 25% por las prestaciones sociales que debía percibir, hecho lo cual deberá sustraerse el 25% que se presume utilizaba el causante para sus gastos personales, operación de la cual se obtiene la suma de $552.656.

13.2.2. Como quiera que se reconocerá indemnización por lucro cesante a favor de la cónyuge y la hija del occiso, entonces la renta base de liquidación anteriormente hallada deberá dividirse por mitades, que servirán como punto de referencia para la liquidación de lo que por este concepto debe reconocerse a favor de Martha Stella Galindo Pineda y María Paula Carreño Galindo, de manera que la renta base de liquidación será la suma de $276.328. En el anterior orden de ideas, la liquidación de cada una de las mencionadas demandantes, se realiza en los siguientes términos:

13.2.2.1. La indemnización por lucro cesante que se reconocerá a favor de la señora Martha Stella Galindo Pineda —cónyuge del occiso— comprende dos periodos: uno debido o consolidado, que comprende el tiempo transcurrido entre el acaecimiento del hecho dañoso, y el momento de la expedición del presente fallo; y otro futuro o anticipado, que se cuenta desde la época de la presente sentencia hasta la vida probable del occiso.

13.2.2.1.1. La indemnización debida o consolidada se calcula con base en la fórmula que ha sido reiterativamente utilizada por el Consejo de Estado(44), según la cual

Indemnización debida.png
 

13.2.2.1.1.1. De otra parte, para el cálculo de la referida indemnización se tendrá en cuenta el periodo de tiempo de 204 meses, que es el comprendido entre marzo de 1996 —época de configuración del daño— y agosto de 2013 —tiempo en que se profiere el presente fallo—. De tal forma, la indemnización debida o consolidada frente a la señora Martha Stella Galindo Pineda, se calcula así

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13.2.2.1.1.2. Como indemnización debida o consolidada se reconocerá a la señora Martha Stella Galindo Pineda el 40% de la suma antes hallada, debido a la reducción de la responsabilidad de la entidad demandada, por la existencia de una concausa atribuible a las víctimas. En ese orden de ideas, por indemnización debida o consolidada se reconocerá a favor de la aludida demandante, la suma de $38.436.602.

13.2.2.1.2. La indemnización futura o anticipada también se calcula con base en la fórmula que ha sido reiteradamente aplicada por la Sala(45), de acuerdo con la cual:

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13.2.2.1.2.1. Se tendrá en cuenta que el señor Édgar Carreño Rodríguez tenía 25 años al momento en que murió —6 de marzo de 1996—, lo que implica que tenía una probabilidad de vida de 51,04 años, según la Resolución 497 del 20 de mayo de 1997 expedida por la Superintendencia Bancaria. La señora Martha Stella Galindo Pineda, por su parte, tenía 26 años al momento de los hechos, y una expectativa de vida de 51,6 años según el mismo acto administrativo, por lo que deberá tenerse como periodo de liquidación la vida probable del occiso, que era menor. Así, debe tenerse en cuenta el tiempo eventual transcurrido entre la época del presente fallo y la vida probable del occiso, por lo que el número de meses que debe aplicarse para la liquidación es de 412,8

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13.2.2.1.2.2. De la suma hallada solo se reconocerá el 40% a favor de la demandante, por la existencia de una concausa atribuible a las víctimas. La indemnización por lucro cesante futuro que debe reconocerse a favor de la señora Martha Stella Galindo Pineda, es la suma de $19.649.781 (sic).

13.2.2.1.3. En total, a la señora Martha Stella Galindo Pineda se le reconocerá una indemnización por lucro cesante de $58.086.383.

13.2.2.2. La indemnización por lucro cesante que se reconocerá a favor de la señora María Paula Carreño Galindo —hija del occiso Édgar Carreño Rodríguez— incluye dos periodos: uno debido o consolidado, que comprende el tiempo transcurrido entre el acaecimiento del hecho dañoso, y el momento de la expedición del presente fallo; y otro futuro o anticipado, que se cuenta desde la época de la presente sentencia hasta la época en que la demandante cumplió o cumplirá los 25 años de edad.

13.2.2.2.1. La indemnización debida o consolidada se calcula con base en la fórmula que ha sido reiterativamente utilizada por el Consejo de Estado(46), según la cual

Indemnización debida.png
 

13.2.2.2.1.1. De otra parte, para el cálculo de la referida indemnización se tendrá en cuenta el periodo de tiempo de 204 meses, que es el comprendido entre marzo de 1996 —época de configuración del daño— y agosto de 2013 —tiempo en que se profiere el presente fallo—. De tal forma, la indemnización debida o consolidada frente a la señora María Paula Carreño Galindo, se calcula así

S1997-09458-1.png
 

13.2.2.2.1.2. Como indemnización debida o consolidada se reconocerá a la señora María Paula Carreño Galindo el 40% de la suma antes hallada, debido a la reducción de la responsabilidad de la entidad demandada, por la existencia de una concausa atribuible a las víctimas. En ese orden de ideas, por indemnización debida o consolidada se reconocerá a favor de la aludida demandante, la suma de $38.436.602.

13.2.2.2.2. La indemnización futura o anticipada también se calcula con base en la fórmula que ha sido reiteradamente aplicada por la Sala(47), de acuerdo con la cual:

Indemnización futura.png
 

13.2.2.2.2.1. Se tendrá en cuenta que la demandante María Paula Carreño Galindo —nacida el 22 de agosto de 1994— cumplirá sus 25 años de edad en el año 2019. Así, debe tenerse en cuenta el tiempo eventual transcurrido entre la época del presente fallo y el mes de agosto del año 2029 (sic), por lo que el número de meses que debe aplicarse para la liquidación es de 72.

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13.2.2.2.2.2. De la suma hallada solo se reconocerá el 40% a favor de la demandante, por la existencia de una concausa atribuible a las víctimas. La indemnización por lucro cesante futuro que debe reconocerse a favor de la señora María Paula Carreño Galindo, es la suma de $6.699.813.

13.2.2.2.3. En total, a la señora María Paula Carreño Galindo se le reconocerá una indemnización por lucro cesante de $45.136.415.

13.3. En relación con el grupo familiar correspondiente al fallecido Dairo Martín Agatón Rojas, se solicitó la indemnización de perjuicios por lucro cesante tanto a favor de sus padres como respecto de su esposa e hijos, como compensación por la pérdida de la ayuda económica que, supuestamente, recibían de quien perdió su vida a en las circunstancias aquí debatidas. En la demanda no se especificó la cuantía de esta pretensión. No obstante, en el expediente no hubo demostración alguna sobre la ayuda económica que el occiso prestaba a sus padres y, teniendo en cuenta que el señor Dairo Martín Agatón Rojas tenía más de 30 años al momento de su muerte y había establecido un hogar con su cónyuge, entonces puede presumirse que ya había abandonado el hogar de sus padres y que, por tanto, ya no les prestaba ayuda económica. En ese orden de ideas, la Sala solo puede tener por demostrada la ayuda económica que el señor Édgar Carreño Rodríguez les prestaba a su cónyuge e hijos, inferencia que está respaldada, además, por el testimonio reseñado inmediatamente después del párrafo 5.3 de los hechos probados de la presente providencia.

13.3.1. Ahora bien, en el proceso no se demostró cuál era la actividad económica concreta a la que el occiso se dedicaba antes de fallecer —tampoco su remuneración—, razón por la cual será procedente efectuar el cálculo del lucro cesante, como si devengara el salario mínimo ($589.500)(48), suma a la que debe adicionarse el 25% por las prestaciones sociales que debía percibir, hecho lo cual deberá sustraerse el 25% que se presume utilizaba el causante para sus gastos personales, operación de la cual se obtiene la suma de $552.656.

13.3.2. Como quiera que se reconocerá indemnización por lucro cesante a favor de la cónyuge y los tres hijos del occiso, entonces la renta base de liquidación anteriormente hallada deberá dividirse por mitades, y el 50% servirá como punto de referencia para la liquidación de lo que por este concepto debe reconocerse a favor de Rosalena (sic) Maldonado Villamil; mientras que el restante 50% tendrá que dividirse entre los tres hijos del occiso. De manera que la renta base de liquidación para la indemnización de la cónyuge del fallecido, será la suma de $276.328; y, por su parte, la renta base de liquidación para cada uno de los hijos del causante, será el monto de $92.109. En el anterior orden de ideas, la liquidación de cada uno de los mencionados demandantes, se realiza en los siguientes términos:

13.3.2.1. La indemnización por lucro cesante que se reconocerá a favor de la señora Rosa Elena Maldonado Villamil —compañera permanente del occiso— comprende dos periodos: uno debido o consolidado, que comprende el tiempo transcurrido entre el acaecimiento del hecho dañoso, y el momento de la expedición del presente fallo; y otro futuro o anticipado, que se cuenta desde la época de la presente sentencia hasta la vida probable del occiso.

13.3.2.1.1. La indemnización debida o consolidada se calcula con base en la fórmula que ha sido reiterativamente utilizada por el Consejo de Estado(49), según la cual

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13.3.2.1.1.1. De otra parte, para el cálculo de la referida indemnización se tendrá en cuenta el periodo de tiempo de 204 meses, que es el comprendido entre marzo de 1996 —época de configuración del daño— y agosto de 2013 —tiempo en que se profiere el presente fallo—. De tal forma, la indemnización debida o consolidada frente a la señora Rosa Elena Maldonado Villamil, se calcula así

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13.3.2.1.1.2. Como indemnización debida o consolidada se reconocerá a la señora Rosa Elena Maldonado Villamil el 40% de la suma antes hallada, debido a la reducción de la responsabilidad de la entidad demandada, por la existencia de una concausa atribuible a las víctimas. En ese orden de ideas, por indemnización debida o consolidada se reconocerá a favor de la aludida demandante, la suma de $38.436.602.

13.3.2.1.2. La indemnización futura o anticipada también se calcula con base en la fórmula que ha sido reiteradamente aplicada por la Sala(50), de acuerdo con la cual:

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13.3.2.1.2.1. Se tendrá en cuenta que el señor Dairo Martín Agatón Rojas tenía 30 años al momento en que murió —6 de marzo de 1996—, lo que implica que tenía una probabilidad de vida de 46,24 años, según la Resolución 497 del 20 de mayo de 1997 expedida por la Superintendencia Bancaria. La señora Rosa Elena Maldonado Villamil, por su parte, tenía 25 años al momento de los hechos, y una expectativa de vida de 52,57 años según el mismo acto administrativo, por lo que deberá tenerse como periodo de liquidación la vida probable del occiso, que era menor. Así, debe tenerse en cuenta el tiempo eventual transcurrido entre la época del presente fallo y la vida probable del occiso, por lo que el número de meses que debe aplicarse para la liquidación es de 350,88.

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13.3.2.1.2.2. De la suma hallada solo se reconocerá el 40% a favor de la demandante, por la existencia de una concausa atribuible a las víctimas. La indemnización por lucro cesante futuro que debe reconocerse a favor de la señora Rosa Elena Maldonado Villamil, es la suma de $13.932.301.

13.3.2.1.3. En total, a la señora Rosa Elena Maldonado Villamil se le reconocerá una indemnización por lucro cesante de $52.368.903.

13.3.2.2. La indemnización por lucro cesante que se reconocerá a favor de la señora Érika Natalia Agatón Maldonado —hija del occiso Dairo Martín Agatón Rojas— incluye dos periodos: uno debido o consolidado, que comprende el tiempo transcurrido entre el acaecimiento del hecho dañoso, y el momento de la expedición del presente fallo; y otro futuro o anticipado, que se cuenta desde la época de la presente sentencia hasta la época en que la demandante cumplió o cumplirá los 25 años de edad.

13.3.2.2.1. La indemnización debida o consolidada se calcula con base en la fórmula que ha sido reiterativamente utilizada por el Consejo de Estado(51), según la cual

Indemnización debida.png
 

13.3.2.2.1.1. De otra parte, para el cálculo de la referida indemnización se tendrá en cuenta el periodo de tiempo de 204 meses, que es el comprendido entre marzo de 1996 —época de configuración del daño— y agosto de 2013 —tiempo en que se profiere el presente fallo--. De tal forma, la indemnización debida o consolidada frente a la señora Érika Natalia Agatón Maldonado, se calcula así

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13.3.2.2.1.2. Como indemnización debida o consolidada se reconocerá a la señora Érika Natalia Agatón Maldonado el 40% de la suma antes hallada, debido a la reducción de la responsabilidad de la entidad demandada, por la existencia de una concausa atribuible a las víctimas. En ese orden de ideas, por indemnización debida o consolidada se reconocerá a favor de la aludida demandante, la suma de $12.812.154.

13.3.2.2.2. La indemnización futura o anticipada también se calcula con base en la fórmula que ha sido reiteradamente aplicada por la Sala(52), de acuerdo con la cual:

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13.3.2.2.2.1. Se tendrá en cuenta que la demandante Érika Natalia Agatón Maldonado —nacida el 5 de febrero de 1991— cumplirá sus 25 años de edad en el año 2016. Así, debe tenerse en cuenta el tiempo eventual transcurrido entre la época del presente fallo y el mes de febrero del año 2016, por lo que el número de meses que debe aplicarse para la liquidación es de 29

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13.3.2.2.2.2. De la suma hallada solo se reconocerá el 40% a favor de la demandante, por la existencia de una concausa atribuible a las víctimas. La indemnización por lucro cesante futuro que debe reconocerse a favor de la señora Érika Natalia Agatón Maldunado (sic), es la suma de $994.236.

13.3.2.2.3. En total, a la señora Érika Natalia Agatón Maldonado se le reconocerá una indemnización por lucro cesante de $13.806.390.

13.3.2.3. La indemnización por lucro cesante que se reconocerá a favor del señor Walter Andrés Agatón Maldonado —hijo del occiso Dairo Martín Agatón Rojas— incluye dos periodos: uno debido o consolidado, que comprende el tiempo transcurrido entre el acaecimiento del hecho dañoso, y el momento de la expedición del presente fallo; y otro futuro o anticipado, que se cuenta desde la época de la presente sentencia hasta la época en que la (sic) demandante cumplió o cumplirá los 25 años de edad.

13.3.2.3.1. La indemnización debida o consolidada se calcula con base en la fórmula que ha sido reiterativamente utilizada por el Consejo de Estado(53), según la cual

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13.3.2.3.1.1. De otra parte, para el cálculo de la referida indemnización se tendrá en cuenta el periodo de tiempo de 204 meses, que es el comprendido entre marzo de 1996 —época de configuración del daño— y agosto de 2013 —tiempo en que se profiere el presente fallo—. De tal forma, la indemnización debida o consolidada frente al señor Walter Andrés Agatón Maldonado, se calcula así

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13.3.2.3.1.2. Como indemnización debida o consolidada se reconocerá al señor Walter Andrés Agatón Maldonado el 40% de la suma antes hallada, debido a la reducción de la responsabilidad de la entidad demandada, por la existencia de una concausa atribuible a las víctimas. En ese orden de ideas, por indemnización debida o consolidada se reconocerá a favor del aludido demandante, la suma de $12.812.154.

13.3.2.3.2. La indemnización futura o anticipada también se calcula con base en la fórmula que ha sido reiteradamente aplicada por la Sala(54), de acuerdo con la cual:

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13.3.2.3.2.1. Se tendrá en cuenta que el demandante Walter Andrés Agatón Maldonado —nacido el 8 de octubre de 1989— cumplirá sus 25 años de edad en el año 2014. Así, debe tenerse en cuenta el tiempo eventual transcurrido entre la época del presente fallo y el mes de octubre del año 2014, por lo que el número de meses que debe aplicarse para la liquidación es de 15.

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13.3.2.3.2.2. De la suma hallada solo se reconocerá el 40% a favor de la demandante, por la existencia de una concausa atribuible a las víctimas. La indemnización por lucro cesante futuro que debe reconocerse a favor del señor Walter Andrés Agatón Maldonado, es la suma de $531.717.

13.3.2.3.3. En total, al señor Walter Andrés Agatón Maldonado se le reconocerá una indemnización por lucro cesante de $39.430.838.

13.3.2.4. La indemnización por lucro cesante que se reconocerá a favor del señor Dairo Ferney Agatón Maldonado —hijo del occiso Dairo Martín Agatón Rojas—, quien nació el 16 de mayo de 1988 y cumplió los 25 años en el año 2013, solo incluye el periodo debido o consolidado, que comprende el tiempo transcurrido entre el acaecimiento del hecho dañoso, y el momento de la expedición del presente fallo.

13.3.2.4.1. La indemnización debida o consolidada se calcula con base en la fórmula que ha sido reiterativamente utilizada por el Consejo de Estado(55), según la cual

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13.3.2.4.1.1. De otra parte, para el cálculo de la referida indemnización se tendrá en cuenta el periodo de tiempo de 204 meses, que es el comprendido entre marzo de 1996 —época de configuración del daño— y agosto de 2013 —tiempo en que se profiere el presente fallo—. De tal forma, la indemnización debida o consolidada frente al señor Dairo Ferney Agatón Maldonado, se calcula así

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13.3.2.4.1.2. Como indemnización debida o consolidada se reconocerá al señor Dairo Ferney Agatón Maldonado el 40% de la suma antes hallada, debido a la reducción de la responsabilidad de la entidad demandada, por la existencia de una concausa atribuible a las víctimas. En ese orden de ideas, por indemnización debida o consolidada se reconocerá a favor del aludido demandante, la suma de $12.812.154.

VIII. Costas

14. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

15. En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera, Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA

Primero. De conformidad con la parte motiva del presente fallo, REVÓCASE la sentencia del 22 de febrero de 2002 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual se denegaron en su totalidad las pretensiones de la correspondiente demanda. En su lugar se dispone DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa por la muerte del señor Yesid Ortiz Alemeza, ocurrida el 6 de marzo de 1996. También en observancia de las consideraciones precedentes, y como consecuencia de la declaración de responsabilidad mencionada, MODIFÍCASE la sentencia proferida por el mismo Tribunal con fecha 8 de febrero de 2005.

Segundo: Como consecuencia de la declaración de responsabilidad mencionada en el acápite anterior, CONDÉNASE a la entidad demandada al pago de las siguientes indemnizaciones, determinadas para el resarcimiento de los perjuicios morales padecidos por los demandantes:

A. Para los señores Flaminio Ortiz Sotelo, Diomar Alemeza, María Amanda Rodríguez de Carreño, Gina Lizeth Ortiz Osorio, María Paula Carreño Galindo, Érika Natalia Agatón Maldonado, Walter Andrés Agatón Maldonado, Dairo Ferney Agatón Maldonado, María Bibiana Osorio, Martha Stella Galindo Pineda y Rosa Elena Maldonado Villamil, para cada uno de ellos, la suma equivalente al 40% de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo.

B. Para cada uno de los señores Gloria Níder Ortiz Alemeza, Alex Flaminio Ortiz Alemeza, Aarón Ortiz Alemeza, Yazmín Eloisa Ortiz Alemeza, Tito Rogelio Carreño Rodríguez, Mauricio Carreño Rodríguez y Ómar Carreño Rodríguez, la suma equivalente al 40% de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo.

Tercero: También como consecuencia de la declaración de responsabilidad, CONDÉNASE a la entidad demandada al pago de las siguientes indemnizaciones, determinadas para el resarcimiento de los perjuicios materiales —lucro cesante— padecidos por los demandantes:

A. Para María Bibiana Osorio, la suma de $57.013.002.

B. Para Gina Lizeth Ortiz Osorio, la suma de $45.671.421.

C. Para Martha Stella Galindo Pineda, la suma de $58.086.383.

D. Para María Paula Carreño Galindo, la suma de $45.136.415.

E. Para Rosa Elena Maldonado Villamil, la suma de $52.368.903.

F. Para Érika Natalia Agatón Maldonado, la suma de $13.806.390.

G. Para Walter Andrés Agatón Maldonado, la suma de $13.343.871.

H. Para Dairo Ferney Agatón Maldonado, la suma de $12.812.154.

Cuarto. Se deniegan las demás pretensiones de la demanda.

Quinto. No se condena en costas.

Sexto. Por secretaría EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

Séptimo. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(8) En los diferentes procesos que conforman el presente litigio, se establecen las cuantías así: a) En el proceso con radicación 9458, se solicita —como mayor pretensión— una indemnización por concepto de lucro cesante a favor de cada uno de los padres del occiso Yesid Ortiz Alemeza, en una cuantía de $50.000.000; b) En el proceso de radicación 233, cuya demanda fue presentada el 5 de marzo de 1998, se solicita como mayor pretensión el reconocimiento de una indemnización de 2.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes, los cuales para esa fecha tenían un valor de $25.578.000; c) En el proceso con radicado 232, se estima la cuantía de la mayor pretensión de la misma forma que en el caso “b”; en el proceso con radicación 234 se estima la cuantía de la mayor pretensión de la misma forma que en el caso “b”. Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 1997 fuera de doble instancia, debía ser superior a $13.460.000,oo; y que un proceso iniciado en 1998 debía tener una cuantía superior a $18.850.000,oo.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de diciembre de 2004, C. P. Germán Rodríguez Villamizar, radicación 73001-23-31-000-1995-03172-01(14174), actor: Dioselina García Ramírez y otros, demandado: La Nación - Ministerio de Defensa Nacional. En el mismo sentido consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de mayo de 2001, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación Nº 12370, actor: Ómar Pérez Castiblanco y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional; dicha providencia fue reiterada en la sentencia del 23 de junio de 2010, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 52001-23-31-000-1997-08660-01(17493), actor: Humberto Portilla Montenegro y otros, demandado: Nación - Consejo Superior de la Judicatura.

(10) Véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 21 de junio de 2007, exp. 25627, C. P. Alier Eduardo Hernández; 19 de agosto de 2009, exp. 16363, C. P. Myriam Guerrero de Escobar; 10 de junio de 2009, exp. 18108, C. P. Ruth Stella Correa; 2 de febrero de 2009, exp. 23067, C. P. Enrique Gil Botero; 10 de marzo de 2011, exp. 20.099, C. P. Ruth Stella Correa.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de agosto de 2011, exp. 20325, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(12) Sentencias de 25 de julio de 2011, exp. 19434, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; 19 de octubre de 2011, exp. 20861, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y 15 de febrero de 2012, exp. 20880, C. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(13) Expediente 11001-03-15-000-2011-01378-00, C. P. Susana Buitrago de Valencia.

(14) Cabe señalar que este planteamiento acerca del valor indiciario de los recortes de prensa fue objeto de una aclaración de voto expresada en los siguientes términos por los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth: “(…) Centralmente debe advertirse que, en determinados eventos, atendiendo, verbi gratia, la naturaleza de la noticia, el espectro de difusión y la calidad de los medios que la comunicaron, puede el juez considerar que se trata de un hecho notorio que no requiere prueba adicional, pues las notas periodísticas otorgan esa naturaleza.// Es que, por ejemplo, casos como desastres naturales de repercusión nacional que son registrados en detalle por todos los medios de comunicación no podrían recibir el mismo trato, ni tampoco debería aplicarse la jurisprudencia vigente para hechos que impactan al colectivo en general y por lo mismo son registrados por la opinión pública hasta convertirse en temas de discusión en cualquier foro social.// Por tanto, el llamado de la presente aclaración tiene por objeto morigerar el precedente vigente para que en cada caso el juez, orientado por su sana crítica, pueda darle a las notas e informaciones periodísticas un alcance superior al de la simple veracidad de su sola difusión y pueda, dependiendo del sub judice, tener el hecho como notorio y, por lo mismo, relevarlo de cualquier exigencia de prueba adicional, estimando entonces cierto el contenido que a nivel nacional registren los medios de comunicación, atendiendo también a su grado de credibilidad social.// Además, no puede desconocerse que la publicación de determinada información, puede tenerse como un indicio grave que, apoyado con otras pruebas, permita alcanzar un grado de convencimiento sobre la certeza del hecho noticioso, esto a partir de su confiabilidad (…)”.

(15) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 20 de mayo de 2003, exp. PI-059, C. P. Tarsicio Cáceres Toro.

(16) Esta fue la postura asumida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las siguientes sentencias: 4 de julio de 2007, caso Escué Zapata Vs. Colombia, párr. 28, y 11 de mayo de 2007, caso Bueno Alves vs. Argentina, párr. 46. Sin embargo, cabe señalar que en los fallos anteriores, la Corte había impuesto menos condicionamientos para la valoración de estos documentos. Así, en varias sentencias proferidas en 2006 (entre otras, la de 29 de noviembre de 2006, caso La Cantuta vs. Perú, párr. 65; de 4 de julio de 2006, caso Ximenes Lopes vs. Brasil, párr. 55; de 1º de julio de 2006, caso de masacres de Ituango vs. Colombia, párr. 122) indicó que los documentos de prensa aportados por las partes podrían ser apreciados “(…) cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso (…)”. Previamente, en la sentencia de 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, había señalado que los recortes de prensa tienen valor probatorio “(…) en cuanto reproducen textualmente declaraciones públicas, especialmente de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, del Gobierno o de la propia Corte Suprema de Justicia de Honduras, como algunas emanadas del presidente de esta última; [mientras que] otros tienen importancia en su conjunto en la medida en que corroboran los testimonios recibidos en el proceso respecto de las desapariciones y la atribución de esos hechos a las autoridades militares o policiales de este país (…)” (párr. 146).

(17) En los folios 223 y siguientes se observan las declaraciones de otros efectivos militares participantes en la operación, quienes afirman que en el operativo militar participaron más de 40 soldados, que se desplazaron al sitio de los hechos utilizando un camión perteneciente al Batallón “Tenerife”.

(18) Al respecto en el expediente también reposa una inspección judicial adelantada por la Procuraduría General de la Nación, en la que se hizo una descripción de uno de los documentos relacionados con el planeamiento del operativo, el que deja ver los siguiente: “(…) la contraguerrilla Abadón 4 se organizó en cuatro equipos de combate, de la siguiente forma: Primer equipo al mando del señor Navarro Devia Jorge Alberto, organizado a (1-0-05), con ubicación sobre la carretera aproximadamente a 100 mts del cruce en dirección al Doche parte lateral derecha con la misión de efectuar la emboscada junto con el segundo equipo. Segundo equipo: Al mando de señor subteniente Velasco Bayuelo Josué (…) con ubicación sobre la carretera aproximadamente a 100 metros del cruce en dirección al Doche (…) con la intención de efectuar la emboscada junto con el primer equipo (…) Tercer equipo: al mando del señor CP. Sánchez Bonilla Eduardo con ubicación sobre el cruce, posible vía de escape (…)” (fl. 85, cdn. de pruebas n. 4).

(19) El hecho está reiterado por los demás militares que rindieron declaración juramentada en el proceso penal militar (fls. 220 y siguientes, ibídem).

(20) Mediante acta visible a folio 95 del cuaderno de pruebas 4, el día 21 de marzo de 1996 se realizó la “(…) legalización de un material de guerra que hace la batería Albardón al comando del Batallón por intermedio del S-4, gastado en contacto armado contra el grupo subversivo cuadrilla de finanzas de las FARC, ocurrido el día 6 de marzo de 1996 en la vereda “la Paloma” municipio de Villavieja (…)”. Según dicho documento, en la operación “Ciclón” se utilizaron 403 cartuchos calibre 7.62, una granada de mano y una granada de fusil.

(21) A folios 131 y siguientes ibídem, se hace un inventario de los elementos encontrados en los vehículos de placas SGK-020 y NBI-790. No se observa el hallazgo de nuevos elementos de guerra dentro de dichos automotores. Tampoco se encontraron elementos de viaje de los occisos.

(22) Otra copia de las diligencias de inspección de cadáver, es visible a fl. 154 y ss., cdn. pruebas 5.

(23) A folio 9 del cuaderno de pruebas 5 se aprecia el acta de inspección de cadáver 66, y a folio 12 se observa certificación expedida por la Fiscal Novena Especializada de Neiva, en la que se dice que “(…) el cadáver descrito en el acta de inspección 66, corresponde a Dairo Martín Agatón Rojas (…)”. En la referida acta se observa que, a pesar de lo consignado en el álbum fotográfico, ninguna de las heridas tiene signos de tatuaje o anillo de contusión.

(24) A folio 561 del mismo cuaderno se aprecia el acta de la diligencia de inspección judicial con asistencia de perito, que se practicó sobre el arma en cuestión. En dicha diligencia se determinó que se trata de “(…) un arma de fuego, tipo subametralladora calibre 9mm, marca Ingram, fabricación americana (…)” la cual, por ser un arma de repetición, es de uso privativo de las Fuerzas Militares.

(25) Se puede consultar el texto completo de la decisión en la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (www.oas.org/es/cidh/), ingresando los datos del respectivo trámite, según están consignados en el cuaderno de pruebas 7 del expediente de la referencia.

(26) A folio 142 de cuaderno de pruebas 4 se observa que el señor Carlos Hernán Díaz Riaño también registra antecedentes penales por el delito de hurto calificado y agravado.

(27) Otro tanto afirmaron los testigos que, mediante despacho comisorio, rindieron su declaración ante un juzgado del circuito de Palmira, Valle, quienes además dijeron que el señor Yesid Ortiz Alemeza había trabajado como agente de la Policía Nacional y que, posteriormente, se desempeñó como escolta (ver fls. 104 y ss., cdn. 1 del proceso radicado 9458-371). A diferencia de lo dicho por el testigo citado arriba en el texto, estos declarantes afirman que el occiso colaboraba con el sostenimiento de su esposa e hija y, además, prestaba ayuda económica a sus padres.

(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de 2003, C. P. María Elena Giraldo Gómez, radicación 76001-23-31-000-1994-9874-01(14083), actor: Jorge Enrique Rengifo Lozano y otros, demandado: Departamento del Valle del Cauca. Se dijo en esa sentencia: “(…) la jurisprudencia en la actualidad, en lo que atañe particularmente con el daño moral, tiene en cuenta dicha base legal sobre la regulación probatoria de los hechos procesales y por ello lo que concierne con el daño moral de los parientes (padres, hijos, hermanos y abuelos) lo ve indicado mediante prueba lógica indirecta, cuando se demuestra plenamente el hecho del parentesco, pues la experiencia humana y las relaciones sociales enseñan que entre estos parientes existe afecto(…)” (negrilla del texto citado).

(29) Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta sección del 8 de julio de 2009, radicación 05001-03-26-000-1993-00134-01(16974), actor: Fanny de J. Morales Gil y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía. Lo anterior sin perjuicio de lo dicho por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia del 19 de abril de 2012, C. P. Hernán Andrade Rincón, radicación 19001-23-31-000-1999-00815-01(21515), actor: María Hermenza Tunubalá Aranda, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional. Se dijo en dicha providencia: “(…) En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación”.// “En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado (…)”.

(30) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de octubre de 2012, C. P. Danilo Rojas Betancourth, radicación 20001-23-31-000-1999-00274-01(21377), actor: Elida Rosa Carballo y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

(31) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, C. P. Enrique Gil Botero, radicación 05001-23-26-000-1996-01046-01(19435), actor: María Dolores Escobar y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa Policía Nacional. En el mismo sentido puede consultarse la sentencia del 9 de junio de 2010, C. P. Enrique Gil Botero, radicación 76001-23-31-000-1996-02444-01(18466), actor: José Rodrigo Gómez y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional. Allí se dijo por la Sala: “Como en el presente caso, se trató de una agresión actual, grave e inminente ya que por la forma en que se desarrollaron los hechos, no se trataba de una posible agresión sino de algo real por cuanto la misma ya se había concretado en las lesiones ocasionadas previamente a dos uniformados, y adicionalmente, el señor Gómez empuñaba un arma, por lo que los agentes actuaron bajo el imperio de la legítima defensa, máxime que aquel ni atendía los requerimientos, ni órdenes para que cesara el enfrentamiento, por el contrario avanzó siempre a los uniformados en actitud de ataque.// Así las cosas, se concluye que, en criterio de la Sala, el origen en la producción de los daños cuya indemnización se pretende fue la agresión armada de la víctima. En efecto, si se observa con detenimiento la situación, es posible concluir que la única causa de la confrontación fue el ataque grave, actual e inminente a los policías por el señor Gustavo Gómez Arango.// Ahora bien, si la causa única y determinante de la muerte y de las lesiones fue su propio ataque, es lógico concluir que, en el caso concreto, se presentó, respecto de este, un hecho exclusivo de la víctima, por lo que se confirmará la decisión del a quo en cuanto negó las pretensiones formuladas por sus familiares, toda vez que esa situación no permite hacer un juicio de imputación”.

(32) Ver al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de abril de 2011, C. P. Danilo Rojas Betancourth, radicación 19001-23-31-000-1997-05005-01(20587), actor: Luis Édgar Beltrán Rodríguez y otros, demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec; reiterada en la sentencia del 28 de mayo de 2012, C. P. Danilo Rojas Betancourth, radicación 50001-23-31-000-1998-00220-01 (23503), actor: Manuel Pinto Montenegro y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

(33) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación 66001-23-31-000-1996-3160-01(13232-15646), actor: Belén González y otros-William Alberto González y otra, demandado: Nación - Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías, Invias.

(34) Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “(…) descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodean los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad (…)” (sentencia del 16 de junio de 1994, C. P. Juan de Dios Montes Hernández, radicación 7445, actor: María Luisa Perdomo Lozada). Igualmente pude verse, entre otras, la sentencia del 11 de febrero de 2009, C. P. Myriam Guerrero de Escobar, radicación 54001-23-31-000-1993-08025-01(N.I. 14726), actor: Domingo Antonio Bermúdez, decisión que constituye uno de los muchos ejemplos de aplicación de la facultad discrecional en la tasación de perjuicios inmateriales.

(35) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación 13232.

(36) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 16205.

(37) En casos de muertes imputables al Ejército Nacional, la Sala ha reconocido perjuicios morales a razón de 100 salarios mínimos para los padres e hijos de los occisos, y de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los hermanos. Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de septiembre de 2011, C. P. Danilo Rojas Betancourth, radicación 23001-23-31-000-1997-08348-01(21279), actor: Luz Eleste Barrera Viollett y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional.

(38) Aquí se aclara que se utilizará como punto de referencia el salario mínimo actualmente vigente ($589.500) en atención a que, si se actualizara a valor presente el salario que regía en el año 1996 ($142.125) se obtendría una suma inferior la cual, de aplicarse para la liquidación, implicaría un trato inequitativo para los demandantes.

(39) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.

(40) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.

(41) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.

(42) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.

(43) Aquí se aclara que se utilizará como punto de referencia el salario mínimo actualmente vigente ($589.500) en atención a que, si se actualizara a valor presente el salario que regía en el año 1996 ($142.125) se obtendría una suma inferior la cual, de aplicarse para la liquidación, implicaría un trato inequitativo para los demandantes.

(44) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.

(45) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.

(46) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.

(47) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.

(48) Aquí se aclara que se utilizará como punto de referencia el salario mínimo actualmente vigente ($589.500) en atención a que, si se actualizara a valor presente el salario que regía en el año 1996 ($142.125) se obtendría una suma inferior la cual, de aplicarse para la liquidación, implicaría un trato inequitativo para los demandantes.

(49) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.

(50) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.

(51) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.

(52) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.

(53) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.

(54) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.

(55) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.