Sentencia 1997-09511 de noviembre 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz

Radicación: 41001233100019970951101 (30916)

Actor: Gentil Ortíz Cerón

Demandado: Ministerio de Transporte e Invías

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D.C., doce de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia. 

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado, para decidir los recursos de apelación formulados por las partes contra la sentencia proferida por Tribunal Administrativo del Huila, el 10 de diciembre de 2004, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, por razón de la cuantía(1).

2.2. Responsabilidad extracontractual del Estado

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta Corporación(2).

Verificada la ocurrencia de un daño antijurídico, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que éste se hace responsable de su reparación, pero esta atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”. (3)

Así mismo, en providencia de Sala Plena radicación 24392 de agosto 23 de 2012, se dijo:

“Esta Sala, en sentencia de 19 de abril pasado(4), unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1.991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas –a manera de recetario- un específico título de imputación. Por ello se concluyó en la mencionada sentencia de la siguiente forma:

“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”(5)

En este caso ambas partes apelaron razón suficiente para que el juez de la causa no esté obligado a observar la prohibición de la no reformatio in pejus, pero como según el artículo 357 del C. de P.C., la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, la competencia del superior está limitada al estudio de los motivos de inconformidad. Así lo ha dicho la providencia de la Sección Tercera de esta Corporación:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso.  

Téngase presente que la exigencia que consagra la ley para que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse no es, en consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso, a tal punto que su inobservancia acarrea la declaratoria de desierta del recurso y, por contera, la ejecutoria de la providencia que se pretende impugnar (artículo 212 C.C.A.)”(6).

De esta manera se limitará la Sala al análisis de los motivos de inconformidad expuestos por las partes en su apelación.

2.3. Las pruebas obrantes en el proceso

1. Copia autenticada de la Licencia de Tránsito No. 94-210064, donde consta que el vehículo Bus Escalera de servicio público, con placas VZE 017, marca Ford, modelo 1954 es de propiedad del señor Gentil Ortíz Cerón y certificado de registro automotor expedido por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Pitalito; licencia de conducción de éste y seguro obligatorio del vehículo (fls.7a 11).

2. Certificación suscrita por el gerente general de Cootranshuila donde consta que el bus mixto marca Ford, con placas VZE 017 estaba vinculado a esa cooperativa y prestaba el servicio en la ruta Pitalito San Juan de Villalobos y viceversa, la cual fue autorizada a esa empresa mediante Resolución 2045 de 1993 (fl. 12).

3.Diligencia de Inspección Judicial anticipada adelantada por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pitalito, el 5 de agosto de 1995, donde se verificó el estado del vehículo de propiedad del actor después del accidente, encontrándolo totalmente destruido y sin posibilidades de reparación (fl. 17 y 17 vto).

4. Declaraciones de los señores Luis Alirio Quintero y José Miller Rojas, quienes venían en el carro el día de los hechos y manifestaron que al llegar a un punto determinado el carro quedó atascado en el lodo de modo que los pasajeros tuvieron que bajarse del mismo y luego cayó un derrumbe sobre el mismo y lo arrastró hasta abajo sepultando una parte del vehículo. De igual manera señalaron que en el sitio no existían señales preventivas y para ese momento tampoco se tomaron medidas para el adecuado mantenimiento de la vía, por lo cual siempre se presentaban derrumbes, sobre todo en invierno, pero luego el INVIAS amplió un tramo de la vía y construyó muros de contención y gaviones (fls. 73 a 75 y 79 a 81).

5. Declaraciones de los señores Samuel Vargas Torres y Luis Antonio López, quienes fueron testigos de lo ocurrido porque transitaron por la vía después de que el derrumbe arrastró el vehículo y manifestaron que en la vía no había señales preventivas y el día de los hechos había estado obstruida por un derrumbe, ya que los mismos eran frecuentes sobre todo en invierno por falta de mantenimiento de la carretera. Señalaron también que en algunas oportunidades enviaban un operario para despejar la vía y los usuarios recogían dinero para pagar la gasolina o para darle alguna colaboración cuando tenía que trabajar de noche o en festivo (fls. 76 a 78 y 86 a 87vto).

6. Dictamen pericial rendido sobre el valor del vehículo y sobre el lucro cesante, donde se consignó:

“De acuerdo con las averiguaciones efectuadas en el mercado del usado, dadas las características del automotor, su tipo, capacidad, modelo, ya no se encuentran en el mercado y se optó por averiguar directamente con los que actualmente tienen algún tipo similar de vehículo.

Un automotor modelo 1954 Ford F-600, tipo mixto o escalera, con su afiliación a una Empresa de Transporte legalmente constituida, hechas las indagaciones respectivas se pudo constatar que su precio oscila entre $19.000.000 y $23.000.000. Para nuestro caso hemos establecido la media aritmética, es decir $21.000.000”.

Para determinar el lucro cesante se tomó el valor del pasaje entre Pitalito y San Juan de Villalobos que para la época de los hechos era de 3.200 pesos y al momento del dictamen era de $6000 y multiplicaron por el número de pasajeros y calcularon 26 viajes redondos en un mes, para un total de $3.458.000, a esto le restaron los gastos equivalentes al 75% y el valor obtenido fue actualizado para un total de $63.046.000 (fls. 94 a 97).

En el presente asunto, observa la Sala que los medios de prueba relacionados, fueron aportados con la demanda, decretados en el auto de pruebas de primera instancia y allegados al proceso directamente por las partes dentro del periodo probatorio, es decir, de manera oportuna y regular, razón por la cual, conforme al precedente de esta Subsección, serán valorados teniendo en cuenta los principios que informan la sana crítica.

De igual forma, debe señalarse respecto de las fotografías allegadas al proceso que en este caso no fueron ratificadas y por tanto al no poderse establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las mismas no pueden ser valoradas en el proceso.

Ahora bien, el principal motivo de inconformidad de la parte demandante radica en que la providencia acogió las objeciones planteadas por la entidad demandada, a pesar de que las mismas fueron presentadas extemporáneamente.

Pues bien, verificado el trámite, se tiene que mediante auto del 22 de noviembre de 2000, se ordenó correr traslado a las partes del dictamen pericial por el término de tres días, providencia que fue notificada por estado el 28 de noviembre y quedó ejecutoriada el 1 de diciembre del mismo año, de modo que el traslado se surtió durante los días 2, 3 y 4 de diciembre y el memorial con la objeciones fue recibido en la Secretaría del Tribunal el mismo 4 de diciembre, es decir de manera oportuna, por estar dentro del término del traslado concedido (fls. 98 a 100).

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la valoración del dictamen, el cual solicita sea acogido en su totalidad, es conveniente hacer algunas precisiones.

El dictamen pericial constituye un elemento más de prueba que debe ser valorada por el funcionario judicial inicialmente de acuerdo con los criterios previstos en el artículo 241 del Código Procesal Civil, y luego en conjunto con los demás medios probatorios en orden a las reglas de la sana crítica. El dictamen es un medio de convicción con el cual un experto aporta al proceso elementos técnicos, científicos o artísticos, con miras a contribuir a dilucidar la controversia.

La ley procesal determina que la pericia contenga una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados, explicando cuáles fueron los instrumentos, materiales y sustancias empleados, exigencia lógica si se atiende a que con base en esa relación el funcionario judicial lleva a cabo la apreciación del dictamen, dado que las conclusiones tienen como soporte y garantía de credibilidad las labores adelantadas por el perito para llegar a esa opinión.

Además, deben contener las conclusiones formuladas por los expertos con arreglo a los principios de la ciencia, arte o técnica aplicada, respondiendo ordenadamente y en forma concreta y expresa todos los puntos sometidos a su consideración. En síntesis, el dictamen debe contener dos partes, la descripción del proceso cognoscitivo, y las conclusiones. El primero comporta la clase de dictamen, las preguntas por responder, el objeto, persona, cosa o fenómeno sometido al proceso de conocimiento, explicar de manera clara el procedimiento técnico, artístico o científico realizado, informando la metodología y medios utilizados, y describir los hallazgos o comprobaciones realizadas, dejando memoria o reproducción de ellos. Las comprobaciones comparadas con el cuestionario extendido por el funcionario judicial y sus respuestas, arrojan las conclusiones del dictamen.

Presentado el dictamen, el funcionario judicial debe examinar la coherencia del proceso cognoscitivo, la congruencia en las conclusiones y todo el conjunto de acuerdo con las preguntas contenidas en el cuestionario, por eso el dictamen debe ser claro, preciso y explicar los exámenes, experimentos e investigaciones realizadas y los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones.

En el sub lite, el dictamen, si bien hace una explicación general del método escogido para hacer la estimación del daño emergente, correspondiente al valor del vehículo, ello no tienen soporte alguno, puesto que solo afirman que ante la imposibilidad de hacer un avalúo comercial por la antigüedad del vehículo, optaron por la realización de averiguaciones entre personas que tenían automotores de las misma características pero sin precisar cuántos, cuáles, quiénes, ni señalar datos precisos que permitan establecer una comparación para llegar a la conclusión allí contenida.

Por otra parte, para liquidar el lucro cesante se tomó como base el valor del pasaje en la ruta cubierta por el automotor al momento de realizar el peritazgo, pero se tuvo en cuenta la totalidad del cupo, y no se verificó el número de viajes, sino que se atuvieron los peritos a lo manifestado en la demanda. Adicionalmente no se allegaron soportes de los gastos de mantenimiento realizados por el propietario, simplemente se concluyó que ellos equivalían al 75% del producido, pero dicho valor no está debidamente soportado.

De esa manera, la prueba pericial así rendida no otorga convicción al juez para fundamentar sus decisiones, puesto que carece de análisis técnico o de un soporte sobre el cual se basó o rindió su experticia, y para llegar a una conclusión objetiva acerca de lo que realmente examinaron.

Lo antes expuesto conduce a que la Sala considere que el dictamen pericial practicado dentro del proceso, carece de sustentación y fundamentación sólida, circunstancia que impide tener certeza sobre la idoneidad de dicha prueba y en consecuencia no puede ser valorada y servir de base para cuantificar el daño que se reclama.

Así las cosas, le asiste razón al fallador de primera instancia al desestimar el dictamen rendido.

2.4. Indemnización de Perjuicios

Ahora bien, en cuanto a la indemnización de perjuicios materiales y específicamente acerca del daño emergente, encuentra la Sala que en el sub judice se probó fehacientemente la existencia del daño, pero ante la imposibilidad de valorar el dictamen pericial en lo relacionado con su cuantificación y teniendo en cuenta que por la antigüedad del vehículo es imposible establecerlo mediante la comparación con el avalúo comercial de un vehículo de similares características, lo procedente es acudir a la Resolución 2526 de 1999, proferida por el Ministerio de Transporte, en la cual se hace la estimación del valor de dichos vehículos, suma que debe ser actualizada, de acuerdo con la fórmula utilizada por esta Corporación.

ind. final
 

Por otra parte, en cuanto al reproche efectuado porque se concedió el lucro cesante hasta la fecha de la sentencia de primera instancia sin observar que el vehículo al momento del accidente ya había superado su vida útil, conviene señalar que para establecer dicho término es necesario acudir al texto del artículo 6 de la Ley 105 de 1993, vigente para la época de los hechos, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 6º—Reposición del Parque Automotor del Servicio Público de pasajeros y/o mixto. La vida útil máxima de los vehículos terrestres de servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto será de veinte (20) años. Se excluyen de esta reposición el parque automotor de servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto (camperos, chivas) de servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto del sector rural, siempre y cuando reúnan los requisitos técnicos de seguridad exigidos por las normas y con la certificación establecidas por ellas. El Ministerio de Transporte exigirá la reposición del parque automotor, garantizando que se sustituyan por nuevos los vehículos que hayan cumplido su ciclo de vida útil.

(….).

PAR. 1º—Se establecen las siguientes fechas límites, para que los vehículos no transformados, destinados al servicio público de pasajeros y/o mixto, con radio de acción metropolitano y/o urbano, sean retirados del servicio:

— 30 de junio de 1995, modelos 1968 y anteriores.

— 31 de diciembre de 1995, modelos 1970 y anteriores.

— 31 de diciembre de 1996, modelos 1974 y anteriores.

— 30 de junio de 1999, modelos 1978 y anteriores.

— 31 de diciembre de 2001, vehículos con 20 años de edad.

— A partir del año 2002, deberán salir anualmente del servicio los vehículos que lleguen a los veinte (20) años de vida.

PAR. 2º—El Ministerio de Transporte definirá, reglamentará y fijará los requisitos para la transformación de los vehículos terrestres que vienen operando en el servicio público de pasajeros y/o mixto, de tal forma que se les prolongue su vida útil hasta por diez (10) años y por una sola vez, a partir de la fecha en que realicen la transformación.

PAR. 3º—El Ministerio de Transporte establecerá los plazos y condiciones para reponer los vehículos de servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto con radio de acción distinto al urbano. Y conjuntamente con las autoridades competentes de cada sector señalará las condiciones de operatividad de los equipos de transporte aéreo, férreo y marítimo”.

Del análisis de dicha norma es posible concluir que el vehículo se encontraba cobijado por las excepciones contenidas en la disposición por tratarse de un bus escalera o chiva de servicio público de pasajeros y/o mixto, de manera que le era aplicable el parágrafo según el cual los vehículos modelo 1968 y anteriores, debían ser retirados del servicio máximo del 30 de junio de 1995, y aunque era posible ampliar ese término por diez años más cuando se hiciera la transformación del vehículo, a la fecha de ocurrencia del accidente ya se había cumplido la fecha límite de vida útil, y también el término para efectuar la transformación, con la que no contaba el automotor objeto del proceso, de modo que en caso de haber seguido operando como vehículo de servicio público, lo hubiera hecho contra expresa prohibición legal.

De acuerdo con lo anterior, aún de no haberse presentado la destrucción del vehículo, su propietario no habría podido continuar con su explotación, por la existencia de una norma que obligaba a su reposición, razón por la cual la indemnización reconocida por concepto de lucro cesante en el fallo de primera instancia, habrá de ser revocada.

En relación con los perjuicios morales concedidos en primera instancia serán revocados teniendo en cuenta que cuando se trata de perjuicios morales por daño en bienes muebles esta Corporación exige que ellos estén debidamente acreditados y en el sub judice sólo se cuenta con un testimonio que de manera escueta alude a que el vehículo era el medio de subsistencia del actor.

Finalmente, en cuanto a la solicitud de condena en costas, debe precisarse que de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, en cuanto no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe, razón por la cual no es procedente acceder a esta petición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Modificar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el 10 de diciembre de 2005, la cual quedará así:

Primero.Declarar probada la excepción de falta de legitimación por pasiva respecto del Ministerio de Transporte, de acuerdo con lo señalado en las consideraciones.

Segundo. Declarar que el INVIAS es responsable por los daños causados al vehículo de propiedad del señor Gentil Ortíz Cerón.

Tercero. En consecuencia condenar al INVIAS a pagar la suma de $25.791.541, por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente.

Cuarto. Negar las otras pretensiones de la demanda.

Quinto. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del C. C.A., para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, al apoderado que ha venido actuando en el proceso. En firme esta providencia envíese el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 La mayor pretensión de la demanda es de $25.000.00 y por tanto es de doble instancia, teniendo en cuenta que para la época de presentación de la demanda la mayor cuantía era de $13.460.000.

2 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

3 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Exp.10922 C.P. Ricardo Hoyos Duque.

4 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 19 de abril de 2012. Cons Ponente. Hernán Andrade Rincón. Exp 21515.

5 Ídem.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 9 de 2012, rad. 21060, C.P. Mauricio Fajardo.