Sentencia 1997-09626 de octubre 9 de 2013

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad. 410001-23-31-000-1997-09626-01(29357)

Ref.: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Martha Cecilia Ledesma Saiz y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Bogotá, D.C., nueve de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra de la sentencia proferida el 26 de agosto de 2004, por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Descongestión, comoquiera que la demanda se presentó el 23 de julio de 1997 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 80.415.418 por concepto de lucro cesante a favor de la cónyuge e hijos del señor Vallejo Cano, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $ 13.460.000(14).

Por otro lado, en cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es la muerte del señor Alberto Vallejo Cano, ocurrió el 7 de junio de 1997, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 23 de julio de 1997, se impone concluir que se formuló oportunamente.

2.2. Precisiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto.

Esta Sala, en sentencia de 19 de abril de 2012(15), unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos títulos de imputación, para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título de imputación; por ello, se concluyó en la mencionada sentencia:

“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”(16).

Con fundamento en lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si en el sub lite concurren, o no, los elementos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado respecto de los hechos narrados en la demanda.

2.3. El material probatorio recaudado en el expediente.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso, los siguientes elementos de convicción:

— Copia auténtica del certificado de defunción del señor Alberto Vallejo Cano, el cual indica que su muerte se produjo el 7 de junio de 1997, en el municipio de Colombia, Huila(17).

— Copia auténtica del acta de inspección del cadáver del señor Vallejo Cano, suscrita el 7 de junio de 1997, en la cual se consignó, entre otras, la siguiente información:

“(...).

13. Descripción de heridas y lesiones:

Orificio de entrada del proyectil en la región condroesternal superior con orificio de salida de 1,5 centímetros en el hipocondrio lado izquierdo”(18).

— Copia auténtica del protocolo de necropsia, realizado el 8 de junio de 1997 por el patólogo forense adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Suroriente, Neiva, en el cual se manifestó lo siguiente:

“(...).

“Comentario

El caso corresponde a un hombre adulto quien sufrió herida en tórax producida por arma de fuego que le produjo la muerte en el lugar del hecho, casa localizada en el municipio de Colombia (Huila) aproximadamente a las 16:30 hora del día 7 de junio de 1997. Para autopsia se recibe el cadáver de un hombre adulto quien presentó herida por arma de fuego localizada en el hemotórax izquierdo y que corresponde al orificio de entrada con orificio de salida en la espalda (...) en el examen interno hubo perforación del corazón, pulmón izquierdo, diafragma izquierdo y colon transverso con el correspondiente hemopericardio y hemotórax (...).

Conclusión

Hombre adulto que fallece por un taponamiento por hemopericardio debido a herida penetrante a tórax producida por arma de fuego.

Manera de muerte: Violenta (homicidio).

(...).

1.1. Orificio de entrada que se ubica en el hemotórax izquierdo a la altura del 3 espacio intercostal izquierdo con línea paraesternal, que mide 0.5 cm. de diámetro, con anillo de contusión y que está a 35 cm del vertex y a 2 cm de la línea axilar anterior.

1.2. Orificio de salida que se localiza en la espalda, en la región dorsal izquierda, de la altura del 9º espacio intercostal posterior izquierdo con línea escapular media, que mide 1.5 x 1.0 cm de diámetro y que está a 47 cm del vertex y a 9 cm de la línea media posterior.

1.3. Lesiones: piel, penetra en la cavidad torácica, atraviesa el pericardio, perfora el corazón, el ventrículo derecho, sale por el ventrículo izquierdo, sigue su curso perforando el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, atraviesa el diafragma izquierdo, perfora el colon transverso y sale por el orificio ya descrito.

(...).

1.4. Trayectoria: derecha a izquierda, superior inferior, anterior posterior”(19).

— Copia auténtica de la minuta de guardia y libro de los servicios de la Estación de Policía del municipio de Colombia, Huila, en el cual se informó:

“06-06-97- 16:20 a esta hora se presentó el señor agente Pastrana, al parecer escolta [del] señor gobernador, quien informó que el escolta del señor Alcalde, agente Vallejo Cano recibió un impacto de Mini Uzi, no especificó cómo fue dicho impacto según manifestó el antes mencionado lo recibió en el pecho, entrego además la Mini Uzi de dotación del escolta al agente Montero Quintero y este a su vez la entregó al comandante de guardia junto con los proveedores con munición”(20).

— Copia auténtica del informe 260 suscrito por el señor sargento segundo Fabián Buendía Almario, en el cual relató los hechos donde murió el agente Alberto Vallejo Cano, del cual resulta pertinente transcribir lo siguiente:

“... día de hoy 07,06, 97, siendo aproximadamente las 16:30 horas, se presentó a las instalaciones del comando de esta estación de policía, de esta jurisdicción el señor agente Pastrana (ilegible), que se desempeña como escolta personal del señor gobernador del departamento, en compañía del señor conductor Rafael (ilegible) (...), portando la Mini Uzi de número 52822 con dos proveedores x 25 con 45 cartuchos 9mm, para la misma, informando que el señor agente Vallejo Cano Alberto, quien se desempeñaba como escolta personal del señor alcalde municipal de esta localidad, que se encontraba herido en la residencia del burgomaestre, donde se encontraba de servicio, de inmediato se constató, encontrando como novedad que el señor agente Vallejo Cano Alberto, se encontraba tendido en el piso de la sala principal de la residencia, procediendo a palparle los signos vitales constatando que se encontraba muerto, el cual se presentaba un impacto con arma de fuego Mini Uzi (ilegible), de dotación oficial de la Policía Nacional, con orificio de entrada la altura del pecho (... ), ocasionada esta, según versiones de los testigos cuando el señor alcalde municipal Francisco Antonio López López, (ilegible) cuando recibe de manos del occiso el arma de fuego, antes mencionada accidentalmente al parecer (sic)”(21) (se ha destacado).

— Copia auténtica de la relación de turnos de la Estación de Policía del municipio de Colombia, para el día 7 de junio de 1997, donde se señaló que el agente Alberto Vallejo Cano fue asignado como escolta del alcalde, con las siguientes consignas:

“* Extremar las medidas de seguridad al máximo

* No abandonar el sitio de acción por ningún motivo

* Buena presentación personal

* No ingerir bebidas alcohólicas durante el servicio(22) (destacado fuera del texto).

— Copia auténtica del extracto de la hoja de vida del agente Alberto Vallejo Cano en la cual se indica que ingresó a la Policía Nacional el 7 de noviembre de 1983 en calidad de agente alumno y su retiro se produjo por “muerte en servicio activo”(23).

— Copia auténtica de la Resolución 03233 del 6 de noviembre de 1998, mediante la cual la Policía Nacional reconoció y ordenó indemnización por la muerte del señor Alberto Vallejo Cano y su respectiva constancia de notificación a la señora Martha Cecilia Ledesma Saiz(24).

En el cuaderno número dos se aprecia copia auténtica de la indagación preliminar realizada por la Fiscalía Tercera Delegada ante los juzgados penales del Circuito de Neiva, adelantado con ocasión de la muerte de Alberto Vallejo Cano el 7 de junio de 1997, prueba que fue decretada y debidamente incorporada al expediente, no obstante lo cual, habida cuenta de que fue solicitada única y exclusivamente por la parte demandante(25), no cumple con la regla de traslado del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(26) y, por lo tanto, de dicha actuación solo es posible valorar la de tipo documental, por cuanto —según los lineamientos de la corporación— fue decretada en primera instancia, ha obrado en el proceso y respecto de ella se ha surtido el principio de contradicción(27).

Así las cosas, de tales piezas procesales traídas de la indagación preliminar se tendrán en cuenta, únicamente, los siguientes medios de convicción:

— Copia auténtica del informe 385 presentado por los investigadores judiciales del DAS, señores Álvaro Camacho Feria y del CTI, Justino Díaz Castro al Fiscal Tercero Delegado ante los juzgados penales del circuito, respecto de los hechos del 7 de junio de 1997, en el cual manifestaron lo siguiente:

“Nos trasladamos al municipio de Colombia (H), entrevistando y judicializando mediante el sistema técnico de grabación —casete— las declaraciones de Ana Virginia García Ramírez, (...), manifiesta que a eso de la una de la tarde del día 7 de junio de 1997 llegó a casa a almorzar el señor gobernador y la comitiva que lo acompañaba, estuvieron un momento reunidos en la sala hasta cuando llegó el helicóptero y se fueron todos a dejarlo, luego regresaron el señor alcalde, el agente escolta, el conductor y el escolta y el conductor del señor gobernador, (...), el inspector de policía, les llevó unas cervezas y unos vasos con agua, cuando se encontraba en el baño al interior de la casa, escuchó una explosión y se dirigió a la sala y miró al escolta del señor alcalde tirado en el piso todavía con vida y el alcalde trataba de ayudarlo, no se percató en el que entraba que persona portaba arma de fuego.

Del trato en el señor alcalde y el escolta dice que era bueno, ya que el señor alcalde es una persona muy paciente, noble, no los trata con malas palabras y en ningún momento se dio cuenta de alguna discusión entre los dos, además cuando el escolta Vallejo Cano tenía dificultades, el señor alcalde era mucho lo que los ayudaba, este mismo buen trato también era para con todas las personas que lo rodeaban; en diferentes oportunidades que tuvo dialogo con el escolta, en ningún momento le comentó que tenía o había tenido diferencias, discusiones o malos entendidos con el señor alcalde. Del arma que le causó la muerte al escolta Vallejo Cano dice que sí la conocía, que era una Mini Uzi, él la portaba todos los días y la dejaba en la casa del alcalde en varias oportunidades cuando iba a almorzar y de noche, en diferentes ocasiones el señor alcalde le pedía prestado el arma de fuego al escolta, y muchas veces también Vallejo Cano se la dejaba fuera del maletín en la cama y los fines de semana cuando el alcalde se iba para la finca, Vallejo Cano también se la dejaba para que la llevara, de vez en cuando observó al señor alcalde portando la Mini Uzi, pero no tiene conocimiento si él había recibido instrucción para su manejo; para el día de los hechos el escolta portaba el arma Mini Uzi colgada en el hombro con un porta arma y la cubría con un poncho. En la reunión sostenida con el gobernador para el día de los hechos, entre unas veinte (20) personas aproximadamente se tomaron una botella de wiski (sic), cada uno se tomó un trago, también tomaron gaseosa y una que otra cerveza; el estado anímico tanto del alcalde como del escolta era bueno, estaban contentos y el escolta tenía viaje para Neiva en horas de la tarde. Nos dice que no estuvo presente en el momento en que sucedieron los hechos y hasta la fecha no ha preguntado ni ha escuchado cometario sobre lo ocurrido.

Favian Buendía Almario (Comandante Estación de Policía - Colombia) (...) aduce que las armas de dotación que cargada el agente Vallejo Cano, entre ellasel revólver y la metra Mini Uzi, son dotación del agente para su servicio y la consigna que se le dio es que él las portara y en ningún momento tenía la autorización de prestar el armamento,además el agente en ningún momento le informó que le prestaba o le dejaba el arma Mini Uzi al señor alcalde, tampoco por intermedio de otras personas tuvo conocimiento de esta anomalía. Sobre las instrucciones de manejo de armas de fuego que recibiera el escolta, manifiesta que en la escuela de formación reciben suficiente entrenamiento de manejo de armas de fuego y recalcan mucho sobre del (sic) decálogo de manejo; aduce que no le dio instrucciones de manejo de armas de fuego al señor alcalde, tampoco él solicitó dicha instrucción. Nos dice que el agente Vallejo Cano llevaba como escolta unos nueve (9) meses aproximadamente y es normal que durara todo ese tiempo al servicio de escolta siempre y cuando el escoltado no solicitara el cambio o que tuvieran inconvenientes entre ellos, de la relación amistosa entre los dos era buena, no tuvo conocimiento de anomalías presentadas en el servicio”(28) (destacado y subrayas fuera del texto).

— Copia auténtica del análisis balístico, misión de trabajo 964 del 18 de junio de 1997 realizado por el técnico balístico de campo adscrito al cuerpo técnico de investigación, Neiva, con destino a la investigación previa 0615; en dicho documento se consignó la siguiente información:

“Respecto a la subametralladora

(...).

Qué medidas especiales de protección y seguridad se debe tener con esta arma.

Dicha arma se debe cargar con el selector en seguro, debido a que esta arma guarda un cartucho en el recamara[sic], y solo debe portarla personal experto en armas de fuego y en lo posible transportarla en un maletín para mimetizarlo fácilmente.

Estado de funcionamiento del dispositivo de seguridad.

En cuanto al selector y seguro de empuñadura se encuentran funcionando bien, para poder trabajar el arma se debe tener en cuenta el selector A y R llevar cartucho a la recamara[sic], colocar el dedo en el disparador conjuntamente con la empuñadura; de lo contrario no se dispara el arma.

(...).

Si es posible que se hubiera disparado estando asegurada y descargada.

Si el arma tiene el selector en “S” seguro no se puede disparar, porque el seguro bloquea todos los mecanismo de disparos; si el arma posee cartucho en la recamara[sic] para poder dispararla se debe correr el selector a A o R, empuñar el arma y presionar el disparador conjuntamente”(29) (destacado y subrayas fuera del texto).

— Copia auténtica del análisis de residuos de pólvora realizado a los señores Alberto Vallejo (q.e.p.d.), y Francisco López López, el 8 de junio de 1997, por el Laboratorio de Química del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual se estableció:

“Nombre Alberto Vallejo

(...).

Resultado.

La determinación para los residuos compatibles con los de disparo representada por los elementos Plomo, Antimonio, Bario y Cobre (Pb, Sb, Ba, Cu), en las muestras tomadas a las manos dio el siguiente resultado:

Mano derecha: negativo (-)

Mano izquierda: negativo (-)

Observaciones: Se advierte al investigador que la ausencia de tubo control, resta confiabilidad al resultado.

(...).

Nombre: Francisco López

(...).

Resultado.

La determinación para los residuos compatibles con los de disparo representada por los elementos Plomo, Antimonio, Bario y Cobre (Pb, Sb, Ba, Cu), en las muestras tomadas a las manos dio el siguiente resultado:

Mano derecha: positivo (+)

Mano izquierda: negativo (-)”(30).

— Copia auténtica del análisis de hemoclasificación - alcoholemia realizado a los señores Alberto Vallejo y Francisco López, el 10 de junio de 1997, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Suroriente Neiva, en el cual se estableció:

“Resultados

(...)

Técnica: Microdifusión de Winnick.

Etanol: 176.52 mg/100 ml.

Conclusión: en la muestra recibida en este laboratorio como perteneciente a: occiso Alberto Vallejo Cano, A-153-97 se encontró una concentración de ciento setenta y seis punto cincuenta y dos miligramos de etanol por cien mililitros de sangre.

(...).

Resultado

Etanol: No detectado

Conclusión: En la muestra recibida en este laboratorio como perteneciente a Francisco Antonio López, no se encontró etanol(31) (destacado fuera del texto).

— Copia auténtica de la sentencia proferida por la Fiscalía Tercera Delegada el 26 de agosto de 1997, mediante la cual se inhibe de abrir investigación penal en contra del señor Francisco Antonio López, por los hechos ocurridos el 7 de junio de 1997, en los cuales falleció el señor Alberto Vallejo Cano(32).

Los argumentos para proferir dicha decisión fueron, en lo sustancial, los siguientes:

“... hacia el mediodía del sábado 7 de junio de este año realizó una visita el señor gobernador del departamento al municipio de Colombia, siendo atendido en primer lugar por el señor alcalde Francisco Antonio López López. Luego del almuerzo, hacia las tres de la tarde, el visitante abandona la localidad y en casa de la primera autoridad del lugar ofrece una reunión en la que se comparte con amigos y copartidarios; allí está presente entre otros, el agente Vallejo Cano Alberto quien se desempeña como escolta de López López. Cuando se daba término a la tertulia del señor alcalde, quien previamente había expresado a Vallejo su intención de descansar y luego dirigirse a la finca sin su compañía pero sí llevando el arma que en ocasiones anteriores había facilitado —metralleta Mini Uzi—,pide al agente se la entregue ya que sus últimos amigos se retiraban, con tan mala suerte que en ese momento se dispara el arma de fuego y hiere mortalmente al escolta.

“(...).

“Se puede considerar por este despacho que efectivamente Alberto Vallejo pudo incurrir en descuido grave cuando dentro de un recinto cerrado en el cual se encontraban otras personas tuviera el arma en las circunstancias antes analizadas. A esto se agrega el consumo del licor por parte suya, pues según el dictamen que aparece a folio 68, se encontró en su cuerpo una concentración de etanol de 176.52mg/100ml. Necesariamente este estado de alicoramiento por parte de Vallejo repercutía para que él involuntariamente realizara movimientos y conductas torpes, pues todos sabemos que el consumo de licor hace perder los reflejos, el equilibrio, no prevé las consecuencias de un acto, que en sus cabales si lo hace, contrario al resultado que se observa en el dictamen a folio 73 del señor López cuando en él se asegura que en su sangre no se detectó ninguna concentración de alcohol, es decir, se hallaba plenamente consciente.

(...).

Recaudada toda la prueba en el caso que nos ocupa y conforme al criterio de la victimología, que es así como se debe estudiar el nexo causal, la acción, el resultado, si bien es cierto el arma se dispara en las manos de Francisco Antonio López López, ello no es suficiente para deducirle alguna responsabilidad penal; por el contrario se debe tener muy en cuenta el comportamiento descuidado, desprevenido, tolerante de quien fue víctima de este hecho lamentable, y que es en últimas la razón por la que se produce su muerte, pues de no estar cargada y desagurada el arma de marras, como en efecto no debería estarlo, no se hubiera producido el resultado final que se investiga en estas diligencias, concluyéndose por ende que para Francisco Antonio López su conducta obedeció a un caso fortuito, pues no estaba enterado de las condiciones en que portaba el arma Alberto Vallejo, circunstancia esta que es causal de inculpabilidad y que esta consagrada en el número uno del artículo 40 del Código Penal, siendo procedente por tanto dar aplicación al artículo 327 del Código de Procedimiento Penal”(33).

2.3. Conclusiones probatorias.

De conformidad con el acervo probatorio antes relacionado, se encuentra plenamente acreditado el daño antijurídico sufrido por los demandantes, en tanto la muerte del señor Alberto Vallejo Cano supone, por sí misma, una aminoración de distintos bienes jurídicos protegidos y amparados por el ordenamiento jurídico, frente a los cuales existe plena protección.

Ahora bien, establecida la existencia del daño antijurídico, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública demandada —Policía Nacional— y, por lo tanto, si esta se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de dicho daño se derivan y, en consecuencia, si la sentencia apelada debe ser revocada.

Las pruebas anteriores dan cuenta de que el 7 de junio de 1997 el agente de policía Alberto Vallejo Cano se encontraba de servicio activo, cumpliendo con su asignación de escolta del alcalde del municipio de Colombia, señor Francisco Antonio López López, bajo las órdenes de extremar las medidas de seguridad al máximo, no abandonar el sitio de acción, presentarse con buen aspecto personal y no ingerir bebidas alcohólicas durante el servicio.

Que según el informe de los investigadores del DAS y el CTI., ese día en las horas de la mañana el mencionado alcalde recibió la visita del gobernador del Huila en el municipio de Colombia; posteriormente, hacía las tres (3) de la tarde, tanto el gobernador como el alcalde se reunieron en la casa de este último para compartir unos tragos a la espera de que el transporte del gobernador llegara. Una vez este dejó el lugar, el señor López López le solicitó a su escolta —señor Vallejo Cano—, que le prestara su arma de dotación oficial —Mini Uzi—, como ya lo había realizado en ocasiones anteriores, pues había manifestado su intención de ir a la finca de su propiedad sin la compañía del referido escolta, motivo por el cual el agente de policía le entregó su arma, la cual, al ser recibida por el funcionario se accionó de manera accidental, impactándolo en el pecho y provocándole la muerte de manera instantánea.

Así pues, una vez verificadas las circunstancias en las cuales se produjo la muerte del agente de policía Alberto Vallejo Cano, considera la Sala que la víctima resultó muerta como consecuencia de su propia imprudencia, en concurrencia con el hecho de un tercero (alcalde Francisco Antonio López López). En efecto, por una parte, el hoy occiso incumplió con las órdenes que le fueron impartidas, al igual que incumplió con su deber de vigilancia y cuidado para con su arma de dotación oficial y, por otra parte, el referido mandatario local actuó de forma imprudente al solicitar prestada el arma de fuego de uso exclusivo del servicio de escolta de la Policía Nacional, todo lo cual desencadenó el resultado dañoso que originó la presente demanda.

2.4. El hecho exclusivo de la víctima y de un tercero como eximentes de responsabilidad o causales excluyentes de imputación(34).

Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad —fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima— constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta sección(35) ha sostenido lo siguiente:

“En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo —pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (C.C. art. 64) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados—.

Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la misma, de acuerdo con la valoración que de ella efectúe el juez en el caso concreto, aparezca razonable, como lo indica la doctrina:

“La imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vida(36).

En lo referente a (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia’(37), toda vez que [P]rever, en el lenguaje usual, significa ver con anticipación(38), entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño solo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que este deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto.

Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de imprevisto’ de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil(39) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual [I]mprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia’”(40). La recién referida acepción del vocablo “imprevisible” evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre.

No está de más señalar, en cualquier caso, que la catalogación de un determinado fenómeno como imprevisible excluye, de suyo, la posibilidad de que en el supuesto concreto concurra la culpa del demandado, pues si este se encontraba en la obligación de prever la ocurrencia del acontecimiento al cual se pretende atribuir eficacia liberatoria de responsabilidad y además disponía de la posibilidad real y razonable de hacerlo, entonces los efectos dañinos del fenómeno correspondiente resultarán atribuibles a su comportamiento culposo y no al advenimiento del anotado suceso. Culpa e imprevisibilidad, por tanto, en un mismo supuesto fáctico, se excluyen tajantemente.

Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia. En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo “inimaginable” de la causa extraña, había formulado en otras ocasiones:

(...).

Y, por otra parte, en lo relacionado con (iii) la exterioridad de la causa extraña, si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo más acertado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, tautológico en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración —al menos con efecto liberatorio pleno— de causal de exoneración alguna, tampoco puede perderse de vista que existen supuestos en los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad, como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada”(41)(destacado del texto original).

Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, resulta necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquella tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, es dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, se requiere que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima(42).

2.5.1. El hecho de la víctima en el presente asunto.

De conformidad con los elementos de convicción antes relacionados, se encuentra probado que el hoy occiso Alberto Vallejo Cano, para el día de los hechos había consumido bebidas alcohólicas durante el servicio, lo cual significó el incumplimiento de esa precisa orden impartida por su superior jerárquico, al igual que el desacato de la orden respecto de extremar las medidas de seguridad al máximo; asimismo, se tiene que de conformidad con su entrenamiento el señor Vallejo Cano conocía el decálogo de manejo de armas de fuego, según el cual dicha arma “se debe cargar con el selector en seguro, debido a que esta arma guarda un cartucho en el recamara[sic], y solo debe portarla personal experto en armas de fuego” y “si el arma tiene el selector en “S” seguro no se puede disparar, porque el seguro bloquea todos los mecanismo de disparos; si el arma posee cartucho en la recámara para poder dispararla se debe correr el selector a A o R, empuñar el arma y presionar el disparador conjuntamente”.

En conclusión, la Sala encuentra que el agente de policía Alberto Vallejo Cano desatendió las ordenes enfáticas y precisas impartidas por su superior respecto de: i) no consumir bebidas embriagantes durante el servicio; ii) no prestar el arma que le fue asignada como parte de su dotación y; iii) portar siempre el arma descargada y con el correspondiente seguro; sin embargo, el aludido agente de policía desconoció tales mandatos, lo cual llevó a que esta se detonara en momentos en que fue entregada y manipulada por el señor Francisco Antonio López López, causándole la muerte. Así pues, si el agente Vallejo Cano hubiere obedecido las órdenes impartidas por su superior, ese lamentable accidente no hubiese sucedido.

En un caso similar al que ocupa hoy la atención de la Sala, en el cual un miembro de la fuerza pública desatendió a una orden impartida por su superior, esta corporación se manifestó en el siguiente tenor literal:

“Pues bien, aunque la víctima se encontraba ejerciendo una actividad relacionada con el servicio público que prestaba y lo hacía en el lugar destinado para ello, lo cierto es que optó, no obstante que existía prohibición expresa en tal sentido, por ingresar al río para extraer agua de él y reabastecer el tanque sin contar con la autorización respectiva para tal efecto, contraviniendo de esa manera la limitación que le había sido impartida en reiteradas ocasiones, la cual era de conocimiento de los integrantes de la guarnición militar, tal como lo señalaron los compañeros del soldado Angulo Arévalo.

Así las cosas, la Sala estima que dentro del presente asunto se configuró el hecho de la víctima como causal excluyente de imputación, habida cuenta que el soldado regular William Angulo Arévalo desatendió, de manera abierta y con conocimiento del riesgo que ello comportaba, la orden que existía por parte de sus superiores de no ingresar —bajo razón alguna— al río contiguo a la Base Militar Calamar y si bien lo hizo con la finalidad de extraer agua para llenar el tanque acondicionado para lavar la ropa, lo cierto es que para ello requería de autorización previa, tal como se dejó dispuesto en la orden del día 3 de enero 15 de 1997 (fl. 15, cdno. 3), sin que en este caso hubiere contado con ello, pues lo único que se habría hecho —por parte de su compañero y no de la víctima— fue dar aviso a los centinelas respectivos, pero en todo caso sin la autorización correspondiente y, vale la pena destacar, a la par con dicho aviso, la víctima se lanzó al río casi que de manera intempestiva y no pudo volver a salir del mismo”(43).

De esta forma, clara resulta entonces la necesidad de que en los mandos militares, en todos sus niveles, se cumplan las órdenes impartidas por los superiores, las cuales están encaminadas a la protección de la vida e integridad de los miembros de la fuerza pública como también la de los ciudadanos y que de obviar tales instrucciones se pueden presentar daños tales como aquel que fundamentó la presente acción indemnizatoria.

Ahora bien, en relación con el consumo de bebidas embriagantes, destaca la Sala que de conformidad con el examen de alcoholemia practicado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la muestra de sangre del señor Alberto Vallejo Cano, el grado de concentración etílico en su sangre equivalía a “176.52 mg/100 ml”. En relación con las afectaciones que genera el consumo de bebidas alcohólicas, el doctrinante César Augusto Giraldo enseña:

“Con cifras en sangre hasta de 20 mg % no existe ninguna alteración; entre 20 y 50 mg %, puede haber alguna locuacidad y merma de reflejos; entre 50 y 85 mg %, hay disminución de los reflejos y alteración en la percepción. Entre 85 y 100 mg % en una tercera parte de las personas ya puede haber síntomas de embriaguez, y las inhibiciones sociales están disminuidas; las respuestas se tornan lentas y ya existe incoordinación. A niveles de 100 a 150 mg %, la mitad de las personas... ya están ebrias, y hay una definida merma de los reflejos y de la coordinación motora.

“Con cifras de 150 a 200 mg %, el 80% está francamente ebrio y existe percepción defectuosa en sentidos tan importantes como la visión, disminución del dolor y la voz es arrastrada. De 200 mg % en adelante, cualquiera estará completamente ebrio; de 250 a 300 mg%, existe disminución de los estímulos, notoria incoordinación muscular que difícilmente permite a la persona mantenerse en pie. Cifras de 300 mg % en adelante hacen que el individuo esté en estupor y variará de superficial a profundo. Cifras por encima de 400 mg %, llevan a coma, hipotermia e hiporreflexia, anestesia y colapso, y ya son frecuentemente fatales. De 500 mg % en adelante sobreviene depresión del centro respiratorio y vasomotor y rápidamente la muerte.

“Entre 600 y 700 mg %, hay un coma profundo con muerte rápida. Alcoholemias por encima de 700 mg %, son incompatibles con la vida...”(44) (destacado fuera del texto).

Sobre los estados de embriaguez que puede presentar una persona que ha consumido bebidas alcohólicas, la doctrina especializada(45) también señala:

“En general puede aceptarse que niveles de alcoholemia entre 50 y 100 miligramos permitan sospechar la presencia de embriaguez. Cifras mayores de 100 miligramos por ciento de alcoholemia son conclusivas de embriaguez” (46) (se destaca).

Con fundamento en lo indicado en la tabla anterior, se tiene que una persona con un nivel de alcohol superior a 100 mg, se encuentra en situación indiscutible de embriaguez, de manera que cuando una persona tiene un nivel de concentración etílica equivalente a 176.52 mg padece una percepción completamente defectuosa, dado que sus reflejos se encontraban francamente disminuidos, circunstancia que incrementa el riesgo propio de las actividades peligrosas —manipulación de armas de fuego—, cuando estas se ejercitan en tales condiciones, condición esta que sin duda influyó en los resultados dañosos como los debatidos en el presente asunto.

2.5.2. El hecho del tercero en el caso sub examine.

De otra parte, resalta la Sala que la conducta imprudente del señor Francisco Antonio López López —alcalde del municipio de Colombia—, también resultó determinante para la producción del hecho dañoso, toda vez que, a pesar de la prohibición existente respecto del préstamo del arma de dotación oficial, este último la solicitó al hoy occiso, con el fin de trasladarse a la finca de su propiedad sin la compañía del referido escolta y, en momentos en que el arma era manipulada por el aludido mandatario se disparó accidentalmente, con las nefastas consecuencias ya conocidas.

No obstante lo anterior, advierte la Sala que comoquiera que el citado municipio no fue demandado en el presente asunto, dicha circunstancia impide que se pueda estudiar la posible imputación del daño irrogado a los demandantes en contra de la citada entidad territorial, por la sencilla pero potísima razón consistente en que no fue vinculada al proceso; por consiguiente, se impone concluir que la conducta imprudente desplegada por el señor Francisco Antonio López López, configuró respecto de la entidad demandada —Policía Nacional— la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero.

Así las cosas, para la Sala tanto el proceder asumido por el hoy occiso —Alberto Vallejo Cano—, como por el mandatario local —Francisco Antonio López López—, reúnen los elementos necesarios para entender configuradas las eximentes de responsabilidad consistentes en el hecho determinante de la víctima y de un tercero, las cuales excluyen la imputabilidad del daño a la entidad demandada —Policía Nacional—, en relación con la cual pueden entenderse concurrentes los tres elementos referidos en el acápite 2.5 del presente proveído, como necesarios para establecer la ocurrencia de las aludidas eximentes de responsabilidad, esto es: la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la exterioridad jurídica del hecho dañoso respecto de la Policía Nacional, todo lo cual impide estructurar la imputación jurídica del daño causado en contra de la citada entidad pública demandada.

Por consiguiente, todas las razones hasta ahora expresadas servirán de apoyo para confirmar la sentencia apelada y, en consecuencia, denegar las súplicas de la demanda.

2.6. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Descongestión, el 26 de agosto de 2004, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(14) Decreto 597 de 1988.

(15) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012. Exp. 21.515, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(16) Ídem.

(17) Fl. 5, cdno. 1.

(18) Fls. 17-19, cdno. 1.

(19) Fls. 141-142, cdno. 1.

(20) Fls. 131-132, cdno. 1.

(21) Fl. 91, cdno. 1.

(22) Fl. 134, cdno. 1.

(23) Fl. 135, cdno. 1.

(24) Fls. 125-127, cdno. 1.

(25) “Lo anterior, como quiera que la prueba trasladada, en los términos definidos por la jurisprudencia de esta Sala, solo es susceptible de valoración, en la medida en que las mismas hayan sido practicadas con presencia de la parte contra quien se pretenden hacer valer (principio de contradicción), o que sean ratificadas en el proceso contencioso administrativo. Es posible, además, tenerlas en cuenta, si existe ratificación tácita, esto es que la demandada las haya solicitado, al igual que el demandante; lo anterior conforme al principio de lealtad procesal, como quiera que no resulta viable que si se deprecan... con posterioridad, esa parte se sustraiga frente a los posibles efectos desfavorables que le acarree el acervo probatorio, el cual, como se precisó, fue solicitado en la respectiva contestación de la demanda.” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 2008, Exp. 16174. De igual manera se pueden consultar las sentencias sentencias de 20 de febrero de 1992, Exp. 6514 y de 30 de mayo de 2002 Exp. 13476.

(26) A cuyo tenor: “Las pruebas prácticas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de enero de 2011, Exp. 19626, M.P. Enrique Gil Botero.

(28) Fls. 37-38, cdno. 2.

(29) Folios 50-58, cdno. 2.

(30) Fls. 59-62, cdno. 2.

(31) Fls. 73-78, cdno. 2.

(32) Fls. 79-84, cdno. 2.

(33) Fls. 79-84, cdno. 2.

(34) (Sic).

(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 11 de febrero del 2009. Exp. 17.145 y del 20 de mayo del mismo año, Exp. 17.405, todas ellas con ponencia del magistrado, doctor Mauricio Fajardo Gómez.

(36) Nota original en la sentencia citada: Robert, André, Les responsabilites, Bruselas, 1981, pág. 1039, citado por Tamayo Jaramillo, Javier, Tratado de responsabilidad civil, cit., pág. 19.

(37) Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 noviembre de 1989, Jurisprudencia y Doctrina, tomo XIX, Bogotá, Legis, pág. 8.

(38) Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 mayo de 1936, Gaceta Judicial, tomo XLIII, pág. 581.

(39) Nota original en la sentencia citada: Cuyo tenor literal es el siguiente: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”.

(40) Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de enero de 1.982, Gaceta Judicial, tomo CLXV, pág. 21.

(41) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, Exp. 16.530, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(42) En la anotada dirección, ha sostenido la Sala: “El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, solo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima. Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de mayo dos (02) de dos mil siete (2007); Exp. 190012331000199800031 01; Rad. 24.972.

(43) Consejo de Estado. Sección Tercera - Subsección A. Sentencia de 12 de mayo de 2011. Exp. 19.766., M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(44) Giraldo G., César Augusto. Medicina Forense. Estudio biológico de ciencias forenses para uso de médicos, juristas y estudiantes. 6ª edición, Señal Editora, Medellín, 1991, págs. 348 a 352.

(45) Sánchez Prada, María Dolores, “Guía Práctica para realizar el Dictamen Forense sobre Embriaguez”, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Bogotá, 1.993, págs. 1, 2, 3.

(46) (Guía práctica para realizar el dictamen forense sobre embriaguez; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Bogotá, 1993, págs. 1, 2, 9).