Sentencia 1997-09838 de mayo 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN B

Rad. 410012331000 1997 09838 01

Exp.: 27638

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Demandante: Alfonso Anacona y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Educación y Colegio Laureano Gómez

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., 29 de mayo de 2014

Extractos: «Consideraciones

I. La competencia

4. La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la demandada, en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la mayor de las pretensiones, la cual corresponde a $176 850 000 (3000 gramos oro) por concepto de perjuicios morales en favor de cada uno de los padres de la joven víctima, supera la exigida para el efecto por aquella norma(1).

II. Hechos probados

5. Con base en los medios de prueba antes señalados, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

5.1. Nelson Fernando Anacona Delgado era alumno de séptimo grado del Colegio Nacional Laureano Gómez del municipio de San Agustín-Huila, al cual asistía en horario diurno de 7.00 am a 12.40 pm (certificación del rector y la secretaria del colegio y constancia del rector por su excelencia deportiva, expedidas en noviembre de 1995 (fls. 20 y 21, respectivamente, cdno. 1).

5.2. El joven murió el 23 de octubre de 1995 en San Agustín-Huila por “insuficiencia respiratoria” (original del certificado de defunción (fl. 17, cdno. 1).

5.3. Ese día, el profesor de educación física no asistió al colegio, por cuanto se cancelaron las dos últimas horas de clase y las directivas del plantel educativo le dieron el permiso a los estudiantes de séptimo grado de retirarse a sus casas. Un grupo de jóvenes, en el que se encontraba Nelson Fernando Anacona, decidió dirigirse a la piscina municipal, lugar en donde este último murió ahogado (testimonios presentados ante el Juzgado Segundo Promiscua Municipal, en el curso del proceso contencioso, por las alumnas del colegio Laureano Gómez: Érica Esperanza Torres Anacona (fls. 35 y ss., cdno. 2); Mabel Cristina Muñoz Vargas (fl. 42, cdno. 2), Francelina Jiménez (fls. 32 y ss. cdno. 2) y Omar Vicente Palacio Palacio, profesor de educación física del establecimiento escolar (fls. 39 y ss. c. 2-, ver desarrollo en el acápite de análisis de la Sala).

5.4. Alfonso Anacona y Agustina Delgado Becerra son los padres de Nelson Fernando Anacona Delgado (registro civil de nacimiento de este último (fl. 18 cdno 1), Milena Anacona Delgado es su hermana registro civil de nacimiento (fl 18 cdno. 1), Leopolda Anacona y Romelia Becerra son sus abuelas (partida de bautismo de las actoras(2) (fl. 172 y 173 cdno. 1).

IV. Problema jurídico

6. Deberá resolver la Sala si la muerte del adolescente Nelson Fernando Anacona Delgado, ocurrida por ahogamiento en las piscinas municipales de San Agustín-Huila, es imputable a las entidades demandadas, o si ese daño ocurrió por culpa exclusiva de la víctima.

6.1. Para resolver el anterior interrogante, es necesario establecer si las autoridades del colegio tenían la obligación de supervisar y controlar las actividades de sus estudiantes únicamente dentro de las instalaciones educativas, o si dicho deber se extiende incluso hasta cuando los estudiantes abandonan las aulas escolares por autorización de sus profesores, aún en horario escolar.

6.2. Finalmente, también se revisará si es posible establecer el hecho de la víctima como causal concurrente en la generación del daño, teniendo en cuenta que el estudiante tenía 13 años de edad.

V. Análisis de la Sala

7. Antes de abordar la configuración de los elementos que permiten establecer la responsabilidad, se hace una aclaración frente a la legitimación en la causa por pasiva.

7.1. Ha señalado la Sala que la legitimación en la causa “por el lado activo, es la identidad del demandante con el titular del derecho subjetivo, es decir, con quien tiene vocación jurídica para reclamarlo y, por el lado pasivo, es la identidad del demandado con quien tiene el deber correlativo de satisfacer el derecho”(3). La legitimación es, por lo tanto, un presupuesto material de la sentencia, necesario para endilgar la responsabilidad a una persona natural o jurídica por el daño causado. Su ausencia frente a esa persona demandada significa que esta no es la llamada a indemnizar los perjuicios solicitados, y por ende el juez deberá proceder a la negación de las pretensiones de fondo en lo que a ella respecta.

7.2. En la Ley 60 de 1993(4) se distribuyeron las competencias educativas entre la Nación y las entidades territoriales, de acuerdo con lo previsto en los artículos 356 y 357 de la Constitución, de manera que a los departamentos se les atribuyó la dirección y administración directa y conjuntamente con los municipios de los servicios de educación y los docentes dejaron de ser nacionales y nacionalizados, para denominarse del orden nacional, departamental, distritalo municipal, según el caso.

7.3. De acuerdo con dicha ley, para el otorgamiento de la autonomía en materia de educación a los entes territoriales, se requería que estos acreditaran el cumplimiento de una serie de requisitos y al Ministerio de Educación le correspondía certificar su cumplimiento. Una vez realizada la certificación, era necesario suscribir el acta de entrega de los bienes, el personal y los establecimientos que les permitieran cumplir con las funciones y las obligaciones recibidas en virtud de la certificación otorgada.

7.4. Al respecto, señaló la jurisprudencia de esta corporación(5):

“Con fundamento en la regulación prevista en la Ley 60 de 1993, la Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en varias oportunidades sobre legitimación de la Nación o de las entidades territoriales, para responder por los daños que han sufrido los estudiantes de centros educativos nacionalizados y ha concluido que dicha legitimación está sujeta a la acreditación del cumplimiento de la entrega del servicio a los departamentos o a los municipios(6), evento que no fue demostrado en el caso bajo estudio”.

7.5. En el caso concreto no se encuentra acreditada la cesión de las responsabilidades en materia de educación al departamento del Huila o al municipio de San Agustín junto con el acta de entrega de dichas funciones suscrita por la Nación y la entidad territorial respectiva para el momento de los hechos, esto es, para 23 de octubre de 1995, con lo cual se tiene que la Nación-Ministerio de Educación sí está llamada a responder por los perjuicios que en el presente caso se hubieran podido ocasionar .

8. De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, esto es, la muerte del joven Nelson Fernando Anacona Delgado, ocurrida el 23 de octubre de 1995, por “insuficiencia respiratoria” (párr. 5.2.).

9. De acuerdo con lo que se afirma en la demanda, ese daño es imputable a la Nación-Ministerio de Educación-Colegio Nacional Laureano Gómez, debido a que estas incurrieron en una omisión constitutiva de una falla del servicio al permitir que los estudiantes abandonaran las instalaciones escolares antes de que terminara la jornada escolar, tiempo en el cual continuaban con la obligación de vigilar y supervisar sus actividades. Además, no consideraron que concurriera la culpa de la víctima por tratarse de un menor de edad. En consecuencia, señalaron, la muerte del adolescente Nelson Fernando le es imputable.

9.1. Esta corporación ha establecido en varias oportunidades(7) la responsabilidad de la administración por las actuaciones u omisiones en las que incurran los establecimientos educativos de todo orden -nacional, departamental y municipal- cuando con ellas se causen daños a los alumnos que asisten a esos establecimientos.

9.2. En el marco de dicha responsabilidad, se ha considerado que la misma deviene de las obligaciones de vigilancia y control que el garante ejerce respecto de las personas puestas bajo su custodia y de la relación de subordinación entre el profesor y/o el personal directivo del colegio frente al estudiante. También señaló que dicho deber se activa no solo durante el tiempo en que el alumno permanece dentro de las instalaciones escolares, sino también durante el que dedica a la realización de otras actividades educativas o de recreación promovida por este:

“El artículo 2347 del Código Civil, establece que “toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”.

Así los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios, del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso.

La custodia ejercida por el establecimiento educativo debe mantenerse no solo durante el tiempo que el alumno pasa en sus instalaciones, sino también durante el que dedica a la realización de otras actividades educativas o de recreación promovidas por este, incluyendo paseos, excursiones, viajes y demás eventos tendientes al desarrollo de programas escolares.

El deber de cuidado surge de la relación de subordinación existente entre el docente y el alumno, pues el primero, debido a la posición dominante que ostenta en razón de su autoridad, tiene no solo el compromiso sino la responsabilidad de impedir que el segundo actúe de una forma imprudente”(8).

9.3. Sobre el deber de vigilancia ha agregado la doctrina que cesa en el instante en que los estudiantes salen del colegio, a menos que el profesor se encargue de la vigilancia de los alumnos durante el trayecto entre el colegio y la casa y que dicha obligación subsiste también aunque no sea ejercida efectivamente, si el profesor se ausenta sin motivo legítimo:

“Para encontrarse en condiciones de reprochar una falta de vigilancia al demandado, la víctima debe probar que aquél soportaba esa obligación de vigilancia en el momento preciso de la realización del daño... La obligación de vigilancia se extiende incluso a las horas consagradas al recreo y a los paseos; comienza desde que el alumno queda autorizado para entrar en los locales destinados a la enseñanza y cesa desde el instante en que sale de ellos, a menos que el profesor se encargue de la vigilancia de los alumnos durante el trayecto entre el colegio y la casa; subsiste también aunque no sea ejercida efectivamente, si el profesor se ausenta sin motivo legítimo”(9).

9.4. También ha establecido esta corporación que el Estado puede incurrir en una falla del servicio ante la omisión de vigilar y cuidar a sus estudiantes cuando los docentes o autoridades de dirección al interior del plantel autorizan que los alumnos abandonen las instalaciones educativas durante la jornada escolar. Dicha situación dificulta el control que un horario regular permite ejercer sobre el menor, ya que despachar a los alumnos sin avisar previamente a sus padres o acudientes implica que ni las directivas del colegio o sus docentes ni los padres supervisan las actividades de los niños o adolescentes durante ese espacio de tiempo:

“La responsabilidad que se endilga a la administración se fundamenta en la omisión del municipio de Pereira, en razón de la conducta de los directivos y profesores de la escuela del barrio el Progreso, al “no haber adoptado el procedimiento regular para estos casos, pues su responsabilidad era la de un buen padre de familia, en relación con los educandos, máxime al tratarse de un menor de 8 años incapaz de cometer culpa”.

La administración al desarrollar su labor educativa, olvidó que simultáneamente debía garantizar la seguridad del menor al aplicarle las medias disciplinarias correctivas y sancionatorias,ya que no previó que al permitir la salida de un menor solo de las instalaciones del plantel dentro del horario de clase, sin avisar a sus padres o acudientes, podría poner en peligro su vida e integridad, pues es apenas natural que un niño ante la inminencia de un castigo trate de evitarlo, más con los antecedentes de indisciplina que se le conocían y sabiendo que a dichas horas en su casa no extrañarían su presencia.

Por lo anterior, la Sala estima que aunque era costumbre del menor desplazarse solo al colegio y llegar a su casa entre las 12 y 12:15, esto es, que tenía unos horarios que hacían fácilmente controlable su conducta, en las condiciones particulares que rodearon los hechos la responsabilidad de la entidad demandada se ve comprometida, ya que fue la orden de salir del colegio antes de terminar el horario normal, bajo la presión de un castigo, la que provocó que el menor no se dirigiera a su casa sino que se expusiera a los peligros normales de la calle, acentuados por la existencia del río en el sector.

3. La entidad demandada vulneró el deber de vigilancia que tenía sobre el alumno durante el tiempo de la jornada escolar, lo cual se extendía no solo a evitar que terceras personas le causaran daño o que este le causara daños a estas o a los bienes ajenos sino, además, para impedir que el menor se causara un daño a sí mismo.

No hay duda de que los maestros y directivos de la escuela tenían la obligación de vigilancia del menor y que al no haber llamado a los padres para que lo recogieran, lo expusieron a un riesgo innecesario”(10).

9.5. De conformidad con lo expuesto y al analizar el material probatorio, en el caso concreto se encuentra acreditada la existencia de una falla en la prestación del servicio atribuible a la Nación-Ministerio de Educación-Colegio Laureano Gómez, por cuanto la muerte del adolescente Nelson Fernando Anacona Delgado se produjo como consecuencia de la omisión en el deber de cuidado y vigilancia que le correspondía al establecimiento educativo frente al estudiante durante la jornada estudiantil, de acuerdo con las consideraciones que pasan a explicarse.

9.6. Las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos, fueron aclaradas por tres testimonios presenciales presentados por compañeras de colegio de Nelson Fernando Anacona. Las testigos coincidieron en señalar que el día de los hechos no asistió el profesor de educación física al colegio para la clase que ocupaba las últimas horas del día, de manera que las directivas del plantel dieron la orden que los alumnos se séptimo grado podían retirarse a sus casas antes de que terminara el horario escolar. Fue entonces que un grupo de jóvenes, dentro de los cuales se encontraba Nelson Fernando Anacona, decidieron ir a la piscina municipal, aunque la mayoría no sabía nadar.

9.7. Érica Esperanza Torres Anacona describió ante la juez segunda promiscua municipal la forma como ocurrió la muerte de Nelson Fernando Anacoda y señaló que un grupo de adolescentes decidió visitar las instalaciones de la piscina municipal dentro del horario escolar y que las directivas ignoraban sus planes (fl. 35 y ss. cdno. 2):

“Pues nosotros estábamos en la piscina municipal de aquí de San Agustín-Huila con 8 compañeros. Estábamos afuera de la piscina jugando, pues porque casi ninguno podíamos nadar. Eso fue hace más o menos 6 años. El joven Nelson Fernando Anacona Delgado se encontraba solo nadando en la piscina y cuando mis compañeros y yo nos dimos cuenta que comenzó a chapaliar (sic), manotiar (sic) y pensamos que estaba jugando solito. Cuando nos dimos cuenta él se hundió y nosotros comenzamos a gritar. Estábamos solos. El dueño o mejor el administrador de la piscina estaba en una casa cercana del lugar de los hechos. Cuando él llegó se amarró un lazo en el estómago y otras personas que llegaron allí cogieron el lazo, es decir, lo sostuvieron mientras el administrador de la piscina, el señor Próspero Díaz, se metía a la piscina a sacar al joven que se estaba ahogando. Lo sacaron, una señora le dio respiración boca a boca, mientras que una señora, corrijo compañera veníaa llamar a alguien que lo llevara al hospital… Ellos no sabían que nosotros íbamos allá porque las dos últimas horas de clase nos tocaba educación física y el profesor no asistió y nos mandaron para la casa y tomamos la decisión de irnos para la piscina”.

9.8. En igual sentido declaró Mabel Cristina Muñoz Vargas, quien cursó sexto y séptimo grado de bachillerato con Nelson Fernando Anacona y estuvo presente el día de los hechos (fl. 42 cdno. 2):

“(…) era el lunes 23 de octubre. Teníamos clase de piscina las dos últimas horas y nos daba clase de educación física el profesor Omar Vicente Palacios. El profesor ese día no asistía al colegio, no supe por qué. Entonces a nosotros nos mandaron para la casa. Entonces un grupo de ocho o nueve estudiantes de los cuales eran dos hombres (Nelson Fernando y su primo Faber Rodrigo Ortega), las demás éramos mujeres, como ese día teníamos el traje de baño puesto pues era clase de piscina, nos fuimos para la piscina. Los que llevaban plata pagaron y entraron a la piscina y los que no nos quedamos afuera, por lo que Marly Judith Spanchez y yo nos quedamos afuera de la piscina. Después de estar ellos jugando un rato en la piscina, vimos a Nelson Fernando Anacona Delgado que chapoteaba en la pare honda… No tuvimos clase de piscina y como el profesor no fue, nosotros nos fuimos”.

9.9. Francelina Jiménez, antigua compañera de la víctima durante el sexto y séptimo grado, también narró los mismos hechos y dijo que ese día se fueron sin el profesor y que las directivas del colegio no sabían que se habían marchado a la piscina (fl. 32 cdno. 2):

“(…) en este último grado ocurrió lo de su muerte, lo que fue el resultado de ahogarse en la piscina municipal. Nosotros estábamos allí porque el profesor nos llevó a piscina, pero en esa ocasión nos fuimos sin profesor. Pues fuimos y entramos. La mayoría éramos mujeres. Creo que eran dos hombres. Y los que no sabíamos nadar nos metíamos en lo bajito, él dijo que no sabía nadar”.

10. La versión de las tres ex alumnas del colegio Laureano Gómez fue confirmada por la declaración de Omar Vicente Palacio Palacio, profesor de educación física del colegio. Este último señaló que el día de los hechos la noticia de la muerte del estudiante Anacona Delgado se la dieron cuando se encontraba en casa, pues contaba con permiso del rector del colegio para no asistir a clase debido a su estado de salud. Mencionó que ese día los estudiantes habían sido despachados antes de que terminara la jornada laboral (fl. 39 cdno. 2):

“(…) y a este curso que no recuerdo el grado que era, le tocaba las dos últimas horas de educación física y con anterioridad se les había programado clase de natación, pero como yo me encontraba enfermo las directivas del colegio optaron por enviar a los estudiantes a las casas, ya que es costumbre del colegio que las 2 últimas horas, cuando no existe profesor, se les manda a la casa. Parece ser que un grupo de estudiantes minoritario se fueron para el sitio donde queda la piscinaya por cuenta y riesgo de ellos y ahí fue que pasó el accidente donde hubo un ahogamiento de un estudiante… eso fue lo que me contaron a mí, pues yo estaba en mi lecho de enfermo con permiso del señor rector”.

10.1. De acuerdo con la jurisprudencia citada y aplicando sus lineamientos al caso concreto, a partir de las 12.40 pm (párr. 5.1.), las funciones de protección y guarda del personal académico cesaba, y eran los padres quienes asumían el control y la vigilancia de las actividades de los menores. No obstante, cuando los alumnos son despachados de las aulas antes de esa hora, no existe control ni de unos ni de los otros, y los adolescentes son “dejados a su suerte”, siendo que aún las directivas del plantel deben mantener la vigilancia sobre ellos, a ojos de sus padres y garantes. Por lo tanto, responden por los daños que puedan generar a terceros o a sí mismos.

10.2. Así, en la medida en que los hechos ocurrieron durante el horario de la jornada escolar y que la decisión de las directivas del colegio de dar permiso a los estudiantes de salir antes de tiempo los motivó a marcharse juntos a la piscina municipal, máxime cuando ese día tenían clase de natación (párr. 9.9), que aunque no se realizó por la ausencia del profesor, implicaba que los adolescentes tenían consigo los trajes de baño, lo cual facilitó el plan grupal, la Sala encuentra probada la falla del servicio imputable a la Nación-Ministerio de Educación-Colegio Laureano Gómez.

10.3. Se agrega que la ausencia de cuidado resulta evidente, por cuanto no se adoptaron por parte de las directivas del colegio Laureano Gómez las medidas eficaces y propias de su posición de garante tendientes a garantizar la seguridad e integridad física de Nelson Fernando Anacona, como habría sido la comunicación previa a sus padres de que el muchacho tenía permiso para salir antes de la finalización de la jornada laboral el día 23 de octubre de 1995.

11. La parte demandada consideró que el daño era el resultado de la culpa exclusiva de la víctima, pues el adolescente Nelson Fernando Anacona contaba con “las condiciones físicas y psicológicas” para autodeterminarse por fuera del colegio. También manifestó que se había presentado una causa extraña imprevisible e irresistible para las directivas del colegio (párr. 3.2.2.).

11.1. Ha considerado esta corporación que la edad del estudiante resulta determinante en la graduación del nivel de control y vigilancia que se espera de los docentes frente a los estudiantes puestos bajo su control(11)(12):

“El centro educativo se erige en garante y adquiere la obligación de responder por los actos del educando que pudieran lesionar derechos propios o ajenos, es decir, que la obligación de cuidado de los maestros con respecto a los alumnos origina responsabilidad de los centros educativos y de los mismos maestros por cualquier daño que los alumnos puedan llegar a causar o sufrir, aunque aquellos pueden exonerarse de responsabilidad si demuestran que actuaron con absoluta diligencia o que el hecho se produjo por fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima.

Así lo establece el inciso final del artículo 2347 del Código Civil: 'Pero cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho.

Debe advertirse que el deber de vigilancia de los centros educativos por los daños que causen o puedan sufrir los alumnos, es inversamente proporcional a su edad o capacidad de discernimiento, es decir, es mayor frente a alumnos menores o con limitaciones físicas o sicológicas, pero será más moderado en relación con alumnos mayores de edad. Es decir, aunque los centros educativos mantienen el deber de seguridad y cuidado sobre todos los alumnos, es claro que entre más avanzada sea la edad de los mismos, mayor libertad de decisión deberá concedérseles y por lo tanto, el deber de vigilancia se mantendrá para advertirles del peligro, prohibirles el ejercicio de actividades que puedan representarles riesgos y rodearlos de todas las medidas de seguridad aconsejables”.

11.2. Así, el Consejo de Estado absolvió a la Nación-Ministerio de Educación pues no encontró acreditada la omisión en el deber de vigilancia respecto de los alumnos, en el transcurso de una actividad organizada por el colegio distrital José Benigno Perilla, en el municipio de Somondoco, por fuera de las instalaciones educativas, cuando un adolescente de 19 años desatendió las advertencias de los docentes y cruzó la vía solo, momento en el que fue arrollado por un vehículo. Señaló esta corporación en esta ocasión: “A lo anterior se suma las condiciones particulares de la víctima, quien era mayor de edad, tenía 19 años al momento de su muerte, con plenas facultades mentales y, por lo tanto, capaz de determinar su comportamiento y autocontrolarse. Por estas circunstancias, el resultado no puede ser imputable a la entidad demandada, ya que fue la víctima quien se expuso imprudentemente al riesgo…”(13).

11.3. En otra oportunidad, los alumnos fueron llevados a bañarse en la quebrada ubicada en el punto denominado “Bocas de Uré”. La actividad en principio no representaba mayor riesgo, pues el agua apenas alcanzaba el nivel de las rodillas. Sin embargo, junto a dicha quebrada cruzaba el río San Jorge, el cual es de considerable caudal, y fue precisamente lo que arrastró a la víctima de 16 años hasta causarle la muerte. La corporación encontró probada la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Educación pero redujo la condena en un 50% ya que la víctima se desplazó hacía el margen del río San Jorge, sin tener en cuenta la prohibición que sobre el particular habían emitido los directores del grupo. Consideró el fallador sobre la concausalidad en la generación del daño(14):

“Aunque los docentes son coincidentes y categóricos al afirmar que la actividad se llevó con vigilancia extrema de su parte, el sentenciador encuentra que sí hubo ligereza en el manejo del control de los estudiantes, pues no se observaron los cuidados requeridos tales como determinar los linderos de la quebrada que no ofrecían peligro para sus vidas e impidiendo el desplazamiento hacía lugares de mayor riesgo.

(…)

Con relación a este último aspecto, la Sala apoyada en las declaraciones en antes transcritas se aparta de lo decidido por el tribunal, pues encuentra que la víctima se desplazó hacía el margen del río San Jorge, sin tener en cuenta la prohibición que sobre el particular habían emitido los directores del grupo, y por ello reducirá la condena en un cincuenta por ciento (50%) por culpa de la víctima.

Para hacer esta disminución de la condena, el sentenciador tiene en cuenta que al momento de su deceso Oscar Javier contaba con poco menos de 17 años, edad en la cual se presume gozaba de normal discernimiento para guardar prudente distancia ante el peligro.

Se afirma lo anterior porque si bien es cierto en el curso del expediente no se logró establecer si sabía nadar o no, pues en este punto las declaraciones son contradictorias, de todas formas se puede establecer que sí sabía hacerlo, temerariamente se expuso al caudaloso río; y si no sabía, con mayor razón su conducta puede ser calificada de extremadamente negligente”.

11.4. En el presente caso, Nelson Anacona Delgado tenía 13 años de edad, es decir que no se encontraba en la franja de edad conocida como el menor adulto, esto es, entre los 12 y los 18 años para las mujeres y los 14 y los 18 para los hombres(15), etapa de la vida en la cual ha reconocido la jurisprudencia constitucional que el individuo abandona una incapacidad absoluta para adquirir una grado superior de capacidad jurídica para celebrar actos que pueden tener valor en ciertas circunstancias, y por ende, momento en que las personas adquieren mayores responsabilidades y atribuciones. Lo anterior implica que el deber de vigilancia y cuidado del centro educativo es mayor respecto de las actividades que esos adolescentes puedan ejercer. Tampoco quedó demostrado que el estudiante haya inobservado alguna directriz o prohibición dictada por el personal docente de no ir a la piscina municipal sin asistencia de los docentes, lo cual contraría la obligación del plantel educativo de mantener “el deber de vigilancia (…) para advertir el peligro, prohibirles el ejercicio de actividades que puedan representarles riesgos y rodearlos de todas las medidas de seguridad aconsejables(16).”

11.5. De otro lado, la causa extraña rompe con el nexo causal entre el daño y el hecho generador siempre y cuando el segundo no le sea imprevisible ni irresistible a la Administración. El día de los hechos los estudiantes de séptimo grado tenían clase de natación y por lo tanto habían llevado sus trajes de baño y el dinero necesario para pagar su entrada a la piscina municipal. Era por lo tanto previsible que si las autoridades escolares los dejaban libres, iban a optar por asistir a ese lugar ya que estaban listos con la indumentaria requerida para entrar a la piscina. La actuación de los estudiantes resultaba también resistible en la medida en que la muerte se habría podido evitar si las directivas del colegio nacional no hubieran autorizado la salida de los estudiantes antes de la finalización de la jornada escolar.

11.6. En consecuencia, se niegan las alegaciones de la parte demandada sobre la existencia de una causa extraña o el hecho de la víctima en la generación del daño.

VI. Perjuicios

12. La parte actora solicitó el pago de daños morales por la muerte de su hijo, hermano y nieto, perjuicio que fue calculado en los siguientes montos: “A los padres del occiso Alfonso Anacona y Agustina Delgado Becerra, el valor de 3000 gramos oro para cada uno de ellos…a la hermana del occiso Milena Anacona Delgado, el valor de 2000 gramos oro puro. A Romelia Becerra y Leopolda Anacona Córdoba, en calidad de abuelas, materna y paterna respectivamente, el valor de 1000 gramos oro puro para cada una de ellas” (párr. 1.1.).

12.1. Teniendo en cuenta que la Sala abandonó el criterio de remisión al oro para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral y señaló que esta debe fijarse por el juzgador en cada caso según su prudente juicio en salarios mínimos legales mensuales vigentes(17), se procederá a determinar el quantum de las respectivas indemnizaciones en moneda legal colombiana, teniendo en cuenta para ello la gravedad del daño sufrido por los demandantes.

12.2. La jurisprudencia de esta corporación ha señalado que ante la lesión permanente —de orden físico o psíquico— y la muerte de un ser querido, sus familiares solo deben demostrar el parentesco mediante el registro de nacimiento o del estado civil, con lo cual se infiere el daño moral ocasionado a estos(18).

12.3. Ahora bien, la presunción opera respecto de los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales(19). Los artículos 36 y siguientes del Código Civil del capítulo V sobre “Definiciones de varias palabras de uso frecuente en las leyes” permiten comprender los miembros del núcleo familiar que se encuentran cobijados por dichos grados de parentesco. Estos son: padres, hijos, hermanos y abuelos.

12.4. De acuerdo con lo anterior, los registros civiles de nacimiento aportados por los actores (párr. 5.4.) permiten establecer su parentesco con la joven víctima y por ende la inferencia de los perjuicios morales sufridos por aquellos.

12.5. La Sala condenará entonces a la Nación-Ministerio de Educación-Colegio Nacional Laureano Gómez a pagar, en moneda nacional, de acuerdo con el monto máximo reconocido por la jurisprudencia por concepto de perjuicios morales en relación con los padres, hermanos y abuelas de las víctimas(20), las siguientes cifras: cien (100) smlmv a favor de cada uno de sus padres, el señor Alfonso Anacona y la señora Agustina Delgado Becerra; cincuenta (50) smlmv a favor de su hermana Milena Anacona Delgado; y cincuenta (50) smlmv a favor de cada una de sus abuelas, la señora Romelia Becerra y la señora Leopolda Anacona Córdoba. Los salarios mínimos legales son los vigentes al momento de la emisión de este fallo.

13. La parte actora también solicitó el pago del lucro cesante en la suma de $56 160 000, “con base en que el menor Nelson Anacona Delgado en el momento de su muerte devengaba más o menos noventa mil pesos ($90 000) mensuales”.

13.1. Sin embargo, no quedó acreditado con ninguna de las pruebas allegadas al proceso que el adolescente Nelson Fernando Anacona devengara un salario de $90 000 o un ingreso mensual estable que aportara a su núcleo familiar para su sostenimiento económico. Los testigos presentados ante el a quo señalaron que el joven le colaboraba a sus padres en sus tiempos libres y los fines de semana ayudando a su padre en las labores que este realizaba en el campo y en la recolección de café:

13.2. Edgar Israel Gómez, vecino de la familia Anacona Delgado, declaró ante la juez segunda promiscua municipal (fl. 30 cdno. 2): “El menor únicamente estudiaba y los fines de semana elaboraba oficios con el papá de él en la parcela. Tengo entendido que los padres de él tenían la esperanza de que cuando terminara sus estudios, los ayudara tanto en los oficios de agro como económicos...”

13.3. Mercedes Santiago de Delgado, amiga de la familia actora desde que esta vivió en la vereda Luis Carlos Galán, señaló (f. 36 cdno. 3): “…él estudiaba en el colegio nacional, en los tiempo libres le ayudaba al papá en las labores del campo y también practicaba deporte; el atletismo… sé que él le ayudaba a sus padres en los días que no estaba estudiando”.

13.4. Humberto Leonel Gómez, quien conoció a los padres de Nelson Fernando Anacona y al muchacho mismo quien iba a su casa a ver televisión con sus sobrinos, manifestó en el mismo sentido que los anteriores testigos (fl. 33 cdno. 2): “…él era estudiante en el colegio Laureano, en la casa él le ayudaba a los padres haciendo oficios, recolectando café, él le aportaba a los papás en oficios que les colaboraba (sic)…”.

13.5. Mabel Cristina Muñoz Vargas también señaló que su antiguo compañero ayudaba a la madre en oficios después del trabajo (fl. 43, cdno. 2):

“Preguntado. Dígale al despacho si a usted le consta que Nelson Fernando Anacona del grado 7. ¿En los ratos que tenía libre dedicaba al trabajo material con lo cual devengaba alguna situación económica para ayudar a la familia que es de paupérrimos recursos económicos? Contestó. Pues sí me consta porque en repetidas ocasiones no cumplía cuando teníamos trabajos en grupo, por lo que en las tardes trabajaba para ayudarle a la mamá recogiendo café o lo que fuera. Le ayudaba a la mamá para el sustento de los demás en su casa. Madre y hermanos”.

13.6. Se trataba pues de una colaboración que hacía el hijo a su padre, quien le enseñaba labores agrarias y lo mantenía ocupado en sus tiempos libres, pero no se desprende de los testimonios que se tratara de una actividad lucrativa de la cual devengara un dinero con vocación salarial con el cual asumiera responsabilidades económicas en el hogar. Además, se encontraba matriculado en el Colegio Nacional Laureano Gómez, con lo cual es viable considerar que su dedicación principal era la de estudiante, y tampoco contaba con el permiso del Inspector de trabajo de menores(21) que le permitiera ejercer una actividad laboral a pesar de su corta edad. De modo que, la solicitud por concepto de lucro cesante será denegada.

FALLA

MODIFICAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el 16 de febrero de 2004, la cual quedará así:

1. Declarar la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Educación-Colegio Nacional Laureano Gómez patrimonialmente responsable de los perjuicios causados por la muerte de Nelson Fernando Anacona Delgado.

2. Condenar a la Nación-Ministerio de Educación-Colegio Nacional Laureano Gómez a pagar, por concepto de perjuicios morales (100) smlmv a favor de cada uno de sus padres, el señor Alfonso Anacona y la señora Agustina Delgado Becerra; cincuenta (50) smlmv a favor de su hermana Milena Anacona Delgado; y cincuenta (50) smlmv a favor de cada una de sus abuelas, la señora Romelia Becerra y la señora Leopolda Anacona Córdoba. Los salarios mínimos legales son los vigentes al momento de la emisión de este fallo.

3. Denegar las demás pretensiones de la demanda.

4. La Nación-Ministerio de Educación-Colegio Nacional Laureano Gómez dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente—Danilo Rojas BetancourthStella Conto Díaz del Castillo.

(1) En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de directa en el año de 1997 tuviera vocación de segunda instancia ante esta Corporación era de $13.460.000.

(2) En vigencia del artículo 347 del C.C., y la Ley 57 de 1887, el estado civil respecto de personas bautizadas, casadas o fallecidas en el seno de la Iglesia, se acreditaba con los documentos tomados del registro del estado civil, o con las certificaciones expedidas por los curas párrocos, pruebas que, en todo caso, tenían el carácter de principales. Con la entrada en vigencia de la Ley 92 de 1938, “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre registro civil y cementerios”, se estableció laposibilidad de suplir la falta de las pruebas principales por supletorias. Para acudir a éstas últimas, era necesario demostrar la falta de las primeras. Esta demostración consistía en una certificación sobre la inexistencia de la prueba principal, expedida por el funcionario encargado del registro civil, que lo era el notario, y a falta de éste, elalcalde. Por su parte, el Decreto 1260 de 1970 estableció como prueba única para acreditar el estado civil de las personas, el registro civil de nacimiento. En el sub judice, según la partida de bautismo de Leopolda Anacona Córdoba y Romelia Becerra Aullón, éstas nacieron el 28 de mayo de 1934 y el 17 de mayo de 1914, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 92 de 1938, con lo cual, las partidas de bautismo aludidas tienen el carácter de prueba principal, lo cual permite su valoración por parte de este despacho.

(3) Sentencia de 13 de febrero de 1996, Exp. 11213, C.P. Juan de Dios Montes; así mismo, en sentencia de 28 de enero de 1994, exp. 7091, C.P. Daniel Suárez, la Sala añadió: “En todo proceso el juzgador, al enfrentarse al dictado de la sentencia, primeramente deberá analizar el aspecto relacionado con la legitimación para obrar, esto es, despejar si el demandante presenta la calidad con que dice obrar y si el demandando, conforme con la ley sustancial, es el llamado a enfrentar y responder eventualmente por lo que se le enrostra. En cuanto a lo primero, se habla de legitimación por activa y en cuanto a lo segundo, se denomina legitimación por pasiva”.

(4) “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

(5) Consejo de Estado, sentencia del 11 de mayo de 2011, Exp. 18279, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(6) [5] “Por ejemplo, en sentencia de 22 de abril de 2009, exp. 16.620, dijo la Sala: “En conclusión muestra el acervo probatorio que el accidente sufrido el 31 de mayo de 1994 por la menor Nalda Eliceth Ávila Roa en la calle 26 de la ciudad de Bogotá es imputable al Ministerio de Educación, dado que bajo su control estaba el colegio Instituto Nacionalizado San Luís de Garagoa, como quiera que solo en el año de 1995, el Ministerio le entregó al Departamento de Boyacá “el manejo autónomo de los recursos del situado fiscal y la prestación del servicio público educativo en dicha entidad territorial”. Es decir, que no es posible imputar responsabilidad al Departamento de Boyacá por la muerte de la menor Nalda Eliceth Ávila Roa, puesto que tal daño se causó cuando el colegio al que la menor pertenecía era de orden nacional y no departamental y por lo tanto, el Departamento no es el ente llamado a responder por los daños a que se refiere la demanda”. En términos similares se pronunció en sentencia de 23 de agosto de 2010, exp. 18627: “mediante comunicación de 2 de junio de 1999 dirigida al Tribunal Administrativo de Casanare, el Ministerio de Educación Nacionalsostuvo que la educación fue entregada al Departamento de Casanare, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 60 de 1993…Lo anterior permite afirmar que para la época de los hechos, el Colegio Luis María Jiménez de San José del Bubuy del Municipio deAguauzul estaba a cargo del Departamento de Casanare”.

(7) Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de agosto de 2001, Exp. 12555, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia del 20 de febrero de 2003, Exp. 14144, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 22 de abril de 2009, Exp. 16620, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; Subsección B, sentencia de 27 de abril de 2011, Exp. 20368, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; Subsección B, sentencia de 25 de mayo de 2011, Exp. 19324, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; Subsección A, sentencia de 25 de agosto de 2011, Exp. 21883, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; Subsección C, sentencia de 19 de octubre de 2011, Exp. 20135, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Subsección C, sentencia de 29 de agosto de 2012, Exp. 24779, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Subsección B, sentencia de 28 de septiembre de 2012, Exp. 24198, M.P. Danilo Rojas Betancourth; Subsección B, sentencia de 29 de octubre de 2012, Exp. 17497, M.P. Danilo Rojas Betancourth; Subsección C, sentencia de 19 de noviembre de 2012, Exp. 23343, M.P. Enrique Gil Botero.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de septiembre de 2004, Exp.14.869, C.P. Nora Cecilia Gómez Molina.

(9) MAZEAUD TUNC. Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1977, primer tomo, volumen II, pág. 545, citado en Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 2003, exp. 14144, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(10) Sentencia del 20 de febrero de 2003, Exp. 14144, op-cit. En este caso se declaró responsable al municipio de Pereira por la muerte de un estudiante de 8 años de edad que cursaba tercero de primaria. El niño, luego de ser reprendido por su profesora de religión por no haber hecho la tarea, y de ser despachado de la institución con una nota remisoria a su casa antes de finalizar las clases y sin previo aviso a sus acudientes, desapareció y posteriormente fue encontrado muerto. Pese a que su muerte la ocasionó un tercero, se endilgó responsabilidad a la entidad demandada porque vulneró el deber de vigilancia y custodia que tenía sobre el alumno durante el tiempo de la jornada escolar.

(11) Sentencia del 7 de septiembre de 2004, Exp.14.869, Exp.14.869, C.P. Nora Cecilia Gómez Molina.

(12) La Sala ha establecido que los menores de 10 años no incurren en culpa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2346 del Código Civil, según el cual ésta se pregona es sobre las personas a cargo de quienes se encuentran dichos menores. Sobre el particular ver Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 25 de mayo de 2000, Exp.11253.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de septiembre de 2004, op-cit.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2002, Exp. 14.081.

(15) De conformidad con el artículo 34 del Código Civil: “Llámase infante o niño, todo el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido catorce años la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido (veintiún) años, y menor de edad, o simplemente menor el que no ha llegado a cumplirlos.”A partir de la Ley 27 de 1977 la mayoría de edad se adquiere a los dieciocho años, no a los veintiuno. El concepto de menor adulto ha sido creado por la jurisprudencia para denominar al que “ha dejado de ser impúber”, y abandona una incapacidad absoluta para adquirir una incapacidad relativa para celebrar actos que pueden tener valor en ciertas circunstancias: Corte Constitucional, S C-507/04, Manuel José Cepeda Espinosa.

(16) Sentencia del 7 de septiembre de 2004, Exp.14.869, op-cit.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232. C.P. Alier Eduardo Hernández.

(18) Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009, Exp. 19.046, C.P. Enrique Gil Botero: “Establecido el parentesco con los registros civiles, la Sala da por probado el perjuicio moral en las demandantes con ocasión de las lesiones causadas a su madre por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el daño sufrido por un pariente cercano causa dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad”.

(19) Ibidem.

(20) Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencia del 27 de abril de 2012, Rad. 22676. C.P. Danilo Rojas Betancurth, en donde se reconoció 50 smlmv a los hermanos y 100 smlmv a los padres de dos niños asfixiados tras un accidente acaecido en una obra pública; la sentencia del 29 de agosto de 2012, Exp.24359, Rad. 52001 23 31 000 1999 00324 01, C.P. Danilo Rojas Betancourt, donde se reconoció 50 smlmv a todos los hermanos del señor José María Sabulón Navarro Zambrano quien murió cuando se encontraba laborando para la administración municipal en la recolección de basuras; la sentencia del 28 de mayo de 2012, Exp. C.P. Ruth Stella Correa Palacio, en donde se reconoció el mismo monto por perjuicios morales a los hermanos de la víctima de un homicidio; y la sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 22274, rad. 20001233 1000 1999 0829 01, C.P. Danilo Rojas Betancourth, en donde se condenó a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, a pagar los mismos montos a los padres y hermanos de una víctima fallecida en medio de una confrontación armada entre la policía y un grupo armado ilegal.

(21) En sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 30 de enero de 2013, Exp. 22274, Rad. 20001233 1000 1999 0829 01, C.P. Danilo Rojas Betancourth, se denegó la solicitud de lucro cesante en favor de los familiares de una adolescente de 17 años que trabajaba ocasionalmente como niñera, y quien murió como consecuencia de un artefacto explosivo en un enfrentamiento entre la guerrilla y la Policía Nacional. Consideró la Sala en esa ocasión: “17.2. En relación con el reconocimiento del lucro cesante a favor de familiares de niños, niñas o adolescentes que han fallecido, se debe tener en cuenta lo consagrado en el artículo 238 del Decreto 2737 de 1989, “por el cual se expide el código del menor”, que señala: “Los menores de dieciocho (18) años necesitan para trabajar autorización escrita del inspector del trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de éstos, del defensor de familia”. 17.3. En términos generales puede decirse que el permiso del inspector de trabajo o en su defecto de las otras autoridades a las que se refiere la ley, constituye un factor determinante en la salvaguarda de la protección de los derechos de los niños, de conformidad nuestra Constitución y los instrumentos internacionales adoptados por Colombia. Ello sin perjuicio del ajuste hermenéutico que sea del caso realizar en eventos especiales en donde el escenario social obligue un entendimiento diferente”. De otro lado, en la sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 27484, Rad. 050012331000199802963 01, C.P. Danilo Rojas Betancourth, se reconoció la indemnización por concepto de lucro cesante a favor de los padres de un joven pescador de catorce años que ayudaba a la economía familiar con lo que obtenía de su actividad productiva.