Sentencia 1997-10949 de marzo 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Exp.: 27038

Rad.: 080012331000199710949 01

Actor: Osmelia María Coneo Rodríguez y otros

Demandado: Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla

Naturaleza: Acción de reparación directa

Temas: Accidente de tránsito / Ministerio Público como apelante único grado jurisdiccional de consulta / Reducción de condena por concurrencia de culpas.

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá, D.C., cinco de marzo de dos mil quince.

«EXTRACTOS: Consideraciones

I. Competencia.

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en razón del grado jurisdiccional de consulta consagrado en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, dado que la cuantía de la condena supera aquella exigida para el efecto —300 salarios mínimos legales mensuales vigentes— al momento de proferir la sentencia de primera instancia, contra la cual no fue interpuesto recurso alguno por las partes.

II. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, están debidamente acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:

1.2.(sic) El señor Carlos Julio Ramírez Llerena falleció el 28 de abril de 1994, en la ciudad de Barranquilla, a causa de las lesiones sufridas durante un accidente de tránsito provocado por la colisión entre el vehículo en el que se transportaba (taxi) y un bus de servicio público, en la vía 40 de la ciudad, frente a la cárcel modelo (Acta de levantamiento de cadáver y protocolo de necropsia, fls. 89-94, cdno. 1).

1.3. Para el momento de los hechos, la vía 40 de la ciudad de Barranquilla, a la altura de la fábrica Gracetales, se encontraba obstruida por la ejecución de una obra pública.

Diligencia de inspección judicial:

Nos dirigimos a dicho señor (el conductor del autobús) y este se identifica como Oscar Uribe Monroy, (…) que conduce como mes y medio el bus de placas UVS-080, es soltero, de 24 años, exhibe el pase de conducir (…) y en forma muy quejosa manifiesta que el accidente ocurrió por la reparación de la calle frente a la cárcel modelo y que le hizo luces al taxi (…) (fl. 195, cdno. 1).

Testimonio rendido por el señor Guillermo Antonio de Castro:

Preguntado: Diga el declarante todo lo que sepa y conozca sobre el accidente de tránsito ocurrido el día 28 de abril de 1994 en la vía 40 de esta ciudad, accidente en el cual perdió la vida el señor Carlos Julio Ramírez Llerena quien viajaba en un taxi por la mencionada vía, y con ocasión de unos trabajos que realizaba en el lugar mencionado la empresa Tripe A de Barranquilla S.A. ESP quien no tomó las previsiones requeridas instalando o colocando señales de prevención que evitaran situaciones como la que nos ocupan por lo cual ocurrió el accidente de tránsito con un bus urbano que transitaba por la misma vía, en el cual resultó con lesiones el mencionado señor Carlos Julio Ramírez. Contesto: Yo tengo conocimiento del accidente y lo tengo claro porque el mismo día, más o menos a las diez de la mañana un furgón atropelló a mi esposa al frente de la electrificadora del Atlántico, no había señalización, simplemente estaban los escombros, las pilas de tierra desde las electrificadora más o menos hasta Cartón Colombia, aproximadamente unas dos cuadras; del accidente que usted me pregunta me enteré por el periódico al día siguiente (…) (fl. 168, cdno. 1).

Testimonio rendido por el señor Arturo Bolívar:

[e]ran aproximadamente las 6 a 7 de la mañana delante de mi iba un taxi amarillo, de pronto un bus que venía en vía contraria o sea de sur a norte giró bruscamente hacia la izquierda porque se encontró con unos obstáculos unas piedras, porque no había ninguna clase de señalización porque la triple A estaba reparando el lado derecho de sur a norte y el taxi venía de norte a sur por su derecha y se encontró con el taxi (sic) accidentándose de ahí colisionaron hubo muerto, fue todo lo que vi (…) (fl. 189, cdno. 1).

1.4. Respecto de las características de la vía, en el informe de tránsito levantado con ocasión del accidente, se señaló que la misma era recta, plana, de doble sentido de circulación y con tres (3) carriles; también que estaba húmeda, sin señalización ni demarcación (informe de accidente rendido por la Policía Nacional, fl. 192, cdno. 1).

1.5. El señor Oscar Uribe Monroy conducía el autobús con exceso de velocidad. Esta inferencia resulta del análisis del informe técnico del accidente de tránsito, en el cual se consignó que la huella de frenado del bus fue de 9 m., lo cual indica que el vehículo transitaba a alta velocidad. Además, la gravedad del impacto de la colisión permite inferir ese mismo hecho.

[S]eguidamente, terminada la inspección del cadáver se procedió a sacar al occiso para lo cual se ofreció a rescatar el cadáver el señor Teniente Jaime Pérez Pachecho, voluntario de bomberos y quien mediante una cizalla eléctrica procedió a cortar los pedazos de hierro retorcidos que aprisionaban al cadáver que duró aproximadamente 20 minutos hasta que al fin se pudo extraer de entre los hierros retorcidos del vehículo, colocándose el cadáver a un lado de la vía, para verificar las heridas registradas en el cuerpo.

Descripción de las heridas: Presenta heridas de bordes irregulares localizadas sobre la región mamaria e hipocondrios lado izquierdo de aproximadamente 25 cms. fractura de la pierna izquierda y herida abierta en parte superior del muslo derecho y heridas abiertas en diferentes partes de la región metoniana (sic) lado izquierdo (…) (fl. 204, acta de levantamiento de cadáver, cdno. 1).

III. Problema jurídico.

En el marco del grado jurisdiccional de consulta, corresponde a la Sala determinar si, en el presente caso, se probó la responsabilidad patrimonial imputada al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla por la muerte del señor Carlos Julio Ramírez Llerena en hechos ocurridos el 12 de enero de 1998 sobre la vía 40 de dicha ciudad, y si existe prueba de los perjuicios invocados en la demanda.

En el evento en que se concluya la configuración de la responsabilidad del ente a favor del cual se tramitó la presente consulta, la Sala procederá a verificar, en primer lugar, la posible existencia de una concurrencia de causas en la producción del daño, lo cual conduciría a una reducción de la indemnización establecida por el tribunal y, en segundo lugar, que la condena impuesta por el mismo sea adecuada.

IV. Análisis de la Sala.

Para la Sala no existen dudas sobre la existencia del daño por cuanto está acreditado dentro del expediente que, con ocasión de un accidente de tránsito, el señor Carlos Julio Ramírez Llerena perdió la vida como consecuencia de las lesiones sufridas en el mismo.

Establecida la existencia del daño, es necesario examinar si se presentó una acción u omisión imputable jurídicamente al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, y que pueda declararse su responsabilidad.

De conformidad con el artículo 19 de la “Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”, le corresponde a la Nación y a las entidades territoriales, la conservación y mantenimiento de la infraestructura vial(1). Ello implica la obligación de señalizar las vías, con el fin de alertar a los usuarios sobre las posibles situaciones o circunstancias riesgosas o de peligro que puedan afectar el funcionamiento de las mismas.

En el caso sub examine, está probado que el señor Carlos Julio Ramírez Llerena falleció como consecuencia de un accidente de tránsito en la vía 40 de la ciudad de Barranquilla, donde un montículo de escombros impedía el flujo normal del tránsito de vehículos.

Aunque en el expediente no se encuentra probado de manera fehaciente que el distrito estuviera adelantando una obra vial sobre ese tramo, directamente o mediante un contrato de concesión, todos los testimonios son coincidentes en afirmar que sobre la vía en la que ocurrió el accidente se encontraba un montículo de material de construcción que obligaba a los vehículos a desviarse e invadir el carril contrario.

Además, la entidad demandada, en la contestación de la demanda no desmintió este hecho, sino que por el contrario, afirmó que la sociedad Triple S.A. era la encargada de ejecutar las obras públicas que ocasionaron el accidente.

Durante el proceso no se logró demostrar que existiera un contrato de obra concesionado a la entidad Triple A, mencionada por la parte demandante; sin embargo, teniendo en cuenta que se comprobó la existencia de una obstrucción en la vía, cuyo deber de señalización recae sobre la entidad territorial, la Sala concluye que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla incurrió en una falla del servicio consistente en haber faltado a su deber de conservación y señalización de las vías públicas.

Ahora bien, la Sala encuentra que existe un nexo de causalidad entre la falla del servicio y el daño acreditado en el expediente. Está probado que la muerte del señor Carlos Julio Ramírez Llerena ocurrió como consecuencia de la falta de señalización sobre una vía que se encontraba obstruida por un montículo de escombros abandonados con ocasión de la ejecución de una obra sobre la misma.

Al respecto, esta Corporación ha reiterado el deber de señalización del Estado sobre las vías que se encuentren obstaculizadas por obras públicas:

En relación con los accidentes de tránsito causados por la falla del servicio de la administración consistente en la omisión del deber legal de señalización de la vía que se encuentra obstruida, obstaculizada o afectada con motivo de la realización de una obra pública, reparación o cambios transitorios(2), la Sala ha indicado que los daños que se deriven de estos le son imputables al Estado siempre que se verifique que la entidad encargada de dichos deberes no controle o vigile la ejecución de dichas obras, como tampoco el normal y adecuado tránsito de la ruta correspondiente(3).

De esta manera, es posible atribuirle a la correspondiente entidad estatal la responsabilidad del daño ocasionado como consecuencia de olvidar instalar la señalización adecuada para que las personas que utilizan la vía conozcan del peligro y puedan evitar el acaecimiento del hecho dañoso(4).

Por lo anterior, para esta Sala no hay duda de que el daño es jurídicamente imputable a la entidad. No obstante lo anterior, es preciso poner de presente que el conductor del bus que colisionó contra el taxi en el que se trasladaba la víctima, incurrió en una conducta irresponsable al ejercer la actividad peligrosa de conducción de automotores con exceso de velocidad.

Así lo afirmó el agente de la Policía Nacional William Enrique Serna Fernández:

Contesto: Es de anotar que por la magnitud del accidente y las condiciones en que quedaron ambos vehículos, se puede decir que venían a una velocidad considerable, y la empericia (sic) de los conductores porque el terreno estaba húmedo. Preguntado: Diga el declarante si es su misión de agente del tránsito, cual podría ser la causa del accidente si el lugar es sumamente amplio, claro y era de día. Contesto: Por la superficie húmeda y por la poca impericia (sic) de los conductores (…) el conductor del bus venía por el carril que no le correspondía, ya que el otro (…) carril estaba en reparación, y había pilas de arena en el carril que le correspondía al bus.

Además, el señor Adalberto Antonio Ferrer Gómez, quien se desempeñaba como vigilante en la fábrica Gracetales, cerca al lugar donde ocurrió el accidente manifestó:

Contesto: Sí presencié un accidente de tránsito, cuando me encontraba dándole la consigna venía un bus de caldas recreo, en velocidad y al sacarle el zigzag, a un vehículo que estaba en la acera oriental del boulevar (sic) de la parte occidental. Venía un taxi, y lo cogió y lo golpeó arrastrándolo aproximadamente como 20 metros. Preguntado: Diga el declarante si el lugar donde ocurrió el accidente estaba mojado, o húmedo. Contesto: Bueno en la parte donde hubo el choque estaba totalmente seco, aproximadamente como a seis (6) metros después, sí había humedad. Preguntado: Diga el exponente si cuando usted dice que observó el accidente cree usted que se debió este (sic): bueno yo creo que se debió a la imprudencia del bus que iba en contravía, porque el taxi venía en su carril, y la velocidad que traía el bus. Preguntado: Diga le declarante en qué parte del taxi logró golpear el bus al mencionado vehículo. Contesto: El bus le pegó al taxi en el guardafando (sic) izquierdo, y lo arrastró, en la humedad que había observé una frenada del bus, que cuando entró al húmedo se deslizó por la velocidad que traía. (fl. 203, cdno. 1).

Aunado a lo anterior, el informe de accidente realizado por la Policía Nacional da cuenta de que la vía sobre la cual ocurrió el suceso es urbana, recta, de doble sentido y con tres carriles, y además, que la huella de frenado luego del accidente fue de 9 metros, lo cual, teniendo en cuenta que los hechos se presentaron durante el día, da cuenta del exceso de velocidad que le impidió al bus prever la obstrucción en la vía y maniobrar con pericia y prudencia ante la misma.

Según lo estipulado en el artículo 148 del Decreto 1344 de 1970, modificado por el Decreto 1809 de 1990 —Código Nacional de Tránsito Terrestre, vigente en la época de los hechos—:

En vías urbanas la velocidad máxima es de cincuenta kilómetros por hora, excepto cuando las autoridades competentes por medio de señales, indiquen velocidades distintas.

Así las cosas, advierte la Sala que, de acuerdo con los testimonios rendidos ante el proceso y con el informe técnico realizado por la Policía Nacional, la causa del accidente de tránsito no fue exclusivamente la existencia de una obstrucción por obras públicas sobre la vía, sino que la velocidad excesiva que llevaba el bus que invadió el carril de la víctima contribuyó con la ocurrencia del mismo.

Si bien, en el presente caso la entidad demandada incumplió con su deber de señalización de las vías, también es cierto que la conducta de un tercero involucrado en el accidente contribuyó a la causación del daño.

Por tanto, la causa eficiente del daño no fue, de manera exclusiva, la obstrucción en la vía y la falta de señalización de la misma, tal como lo concluyó el a quo, sino que se presentó una concausa entre la falta de la administración y la conducta de un tercero.

A pesar de lo anterior, la Sala confirmará la sentencia estudiada bajo el grado jurisdiccional de consulta, debido a que el tercero involucrado en la causación del daño no fue parte dentro de este proceso, por lo que no se podrá determinar el porcentaje de su responsabilidad.

V. Liquidación de perjuicios.

El grado de jurisdicción que se surte con la presente providencia, le otorga al superior la facultad de revisar la legalidad de la condena impuesta a la Nación, en favor de sus intereses patrimoniales.

Por concepto de perjuicios morales, en la demanda se solicitó una indemnización equivalente a 1.000 gramos oro para cada uno de los demandantes.

El a quo reconoció la suma de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de la señora Osmelia María Coneo, esposa del occiso. A favor de sus padres, María Ramona Llerena y Clemente Ramírez, 80 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno. Para los hijos del occiso, Julio Cesar, Deyis Esther, Carlos Andrés Ramírez Coneo y Fredys David Ramírez Piña, 25 salarios mínimos mesuales vigentes para cada uno. Y finalmente, para sus hermanos, Carmen Ramírez Llerena, Huvadel Ramírez Llerena, Luis Enrique Ramírez Llerena, Otoniel Ramírez Llerena, Rafael Enrique Ramírez Llerena, Mairene Ramírez Llerena, Alejandro de Jesús Ramírez Taborda, Hermila Ramírez Taborda, María del Pilar Ramírez Taborda, Yomaira Estela Ramírez Taborda y Luis Clemente Ramírez Taborda, la suma equivalente a 15.45 salarios mínimos para cada uno(5).

Teniendo en cuenta que el parentesco entre los demandantes y las víctimas se encuentra debidamente acreditado en el plenario, pues fueron allegados sus respectivos registros civiles de nacimiento que así lo demuestran, se puede inferir que padecieron pena, aflicción o congoja con su muerte, con lo cual se los tiene como damnificados por tal suceso(6). Es decir, a partir de un hecho debidamente probado llamado “indicador”, que en este caso es el parentesco, se infiere o deduce indiciariamente con apoyo en reglas de la experiencia, otro hecho llamado “indicado”, que corresponde al sufrimiento y tristeza padecidos por los parientes más próximos de Carlos Julio Ramírez Llerena, a raíz de su muerte(7).

De acuerdo con la reciente sentencia de unificación en la que se establecieron, para efectos de indemnización por muerte, cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño y quienes demandan en calidad de perjudicados, los parámetros indemnizatorios son los siguientes:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 smlmv.

Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

(…).

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5, deberá ser probada la relación afectiva(8).

Así las cosas, a los demandantes que ostentan primer grado de consanguinidad con la víctima (esposa, padres e hijos) les corresponde el máximo monto indemnizatorio, es decir, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Teniendo en cuenta que las sumas indemnizatorias contempladas por el tribunal no corresponden a los montos establecidos por la jurisprudencia, la Sala procederá a realizar las modificaciones pertinentes.

En este punto, cabe anotar que en el grado jurisdiccional de consulta la competencia del Consejo de Estado respecto de la sentencia de primera instancia no es ilimitada, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo(9), la consulta se entiende interpuesta en favor de la entidad condenada en primera instancia y por consiguiente, no resulta viable hacer más gravosa su situación.

Así las cosas, dado que en la sentencia de primera instancia se condenó a la entidad demandada a pagar 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Osmelia María Coneo, esposa de la víctima, por concepto de perjuicios morales, y que esta suma es superior al tope máximo de indemnización de 100 salarios mínimos mensuales vigentes establecido por la jurisprudencia, esta condena se reducirá para ajustarse al tope indemnizatorio.

Por otra parte, la indemnización por perjuicios morales para los padres, los hijos y los hermanos de la víctima, que correspondió a la suma equivalente a 80, 25 y 15.45 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno, es inferior a los topes establecidos por la jurisprudencia, sin embargo, teniendo en cuenta que aumentar dicha condena haría más gravosa la situación de la entidad demandada, lo cual contraviene lo estipulado por el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, la Sala confirmará el monto establecido por la sentencia de primera instancia.

El a quo accedió al reconocimiento de indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de los familiares del fallecido, debido a que se encuentra probado que la víctima, para el momento de su muerte estaba vinculado a la empresa “Unión Industrial y Astilleros Barranquilla —UNIAL S.A.—”, y devengaba $ 144.000 como salario mensual (certificación laboral emitida por el jefe de recursos humanos de UNIAL S.A., fl. 48, cdno. 1).

La Sala procederá a revisar la liquidación realizada por el tribunal, con el fin de verificar que se encuentre ajustada a los parámetros jurisprudenciales. Para el efecto, se realizará la liquidación con base en el salario devengado por la víctima al momento de su fallecimiento.

A favor de la esposa de la víctima, Osmelia María Coneo, el tribunal reconoció la suma de $ 87.310.170,51, cuya actualización arroja la siguiente suma:

Actualización de la renta:

Ra = RhIpc (f)
Ipc (i)

Ra = Renta actualizada a establecer.

Rh = Renta histórica, $ 87.310.170,51.

Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 118,91 que es el correspondiente a enero de 2015.

Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 75.57 que es el que correspondió al mes de noviembre de 2003, fecha de la sentencia de primera instancia.

Ra = $ 87.310.170,51118,91= $ 137.383.252
75.57

Con el propósito de comprobar que la condena impuesta por el tribunal no resulte más gravosa para la entidad demandada, procede la Sala a realizar la liquidación bajo los parámetros establecidos por la jurisprudencia, para, posteriormente, cotejar el valor arrojado con la actualización de la condena impuesta en primera instancia.

Actualización de la renta:

Ra = RhIpc (f)
Ipc (i)

Ra = Renta actualizada a establecer

Rh = Renta histórica, $ 144.000 (salario devengado por la víctima).

Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 118,91 que es el correspondiente a enero de 2015.

Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 23,87 que es el que correspondió al mes de abril de 1994, fecha en la que ocurrieron los hechos.

Ra = $ 144.000118,91= $ 717.346
23,87

A la suma arrojada se le aumentará el 25% correspondiente a las prestaciones sociales, para una total de $ 896.682.

A la suma anterior se le restará el 25% que se presume dispondría para sus gastos personales, de lo cual se obtiene el valor de $ 672.512, cifra que destinaría al sostenimiento de su esposa y sus hijos.

La indemnización a que tienen derecho la esposa y los hijos de la víctima, comprende dos periodos, uno vencido o consolidado, que se cuenta desde el momento en que ocurrieron los hechos (28 de abril de 1994) hasta el presente (253,8 meses), y el otro futuro o anticipado, que corre desde la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable del mayor de los compañeros.

Indemnización debida o consolidada:

S = RA *(1 + i) n - 1
i

Para aplicar se tiene:

S = Suma a obtener.

Ra = Renta actualizada, es decir $ 336.256.

i = Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.

n = Número de meses transcurridos desde el daño hasta la fecha de la sentencia, esto es, 253,8 meses.

1 = Es una constante.

S = $ 336.256 *(1.004867)253.8 - 1
0.004867

S = $ 167.812.166.

En este punto, la Sala advierte que la liquidación realizada arroja una suma mayor a la establecida por el a quo, por tanto, con el fin de propender por el interés del patrimonio público, se confirmará la condena actualizada impuesta por el tribunal a la entidad demandada como indemnización por perjuicios materiales a favor de la esposa de la víctima.

Ahora bien, respecto de la indemnización reconocida a favor de cada uno de los hijos de la víctima, se prevé que la liquidación arrojaría una suma más gravosa para la entidad demandada por lo que se procederá a actualizar cada una de las sumas reconocidas por el a quo.

Para Julio Cesar Ramírez Coneo:

Actualización de la renta:

Ra = RhIpc (f)
Ipc (i)

Ra = Renta actualizada a establecer.

Rh = Renta histórica, $ 10.946.950.

Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 118,91 que es el correspondiente a enero de 2015.

Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 75.57 que es el que correspondió al mes de noviembre de 2003, fecha de la sentencia de primera instancia.

Ra = $ 10.946.950118,91= $ 17.225.113
75.57

Para Deyis Esther Ramírez Coneo:

Actualización de la renta:

Ra = RhIpc (f)
Ipc (i)

Ra = Renta actualizada a establecer.

Rh = Renta histórica, $ 16.053.429,94.

Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 118,91 que es el correspondiente a enero de 2015.

Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 75.57 que es el que correspondió al mes de noviembre de 2003, fecha de la sentencia de primera instancia.

Ra = $ 16.053.429,94118,91= $ 25.260.201
75.57

Para Carlos Andrés Ramírez Coneo:

Actualización de la renta:

Ra = RhIpc (f)
Ipc (i)

Ra = Renta actualizada a establecer.

Rh = Renta histórica, $ 23.676.449,90.

Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 118,91 que es el correspondiente a enero de 2015.

Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 75.57 que es el que correspondió al mes de noviembre de 2003, fecha de la sentencia de primera instancia.

Ra = $ 23.676.449,90118,91= $ 37.225.162
75.57

Para Fredys David Ramírez Piña:

Actualización de la renta:

Ra = RhIpc (f)
Ipc (i)

Ra = Renta actualizada a establecer.

Rh = Renta histórica, $ 7.088.255,15.

Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 118,91 que es el correspondiente a enero de 2015.

Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 75.57 que es el que correspondió al mes de noviembre de 2003, fecha de la sentencia de primera instancia.

Ra = $ 7.088.255,15118,91= $ 11.153.426
75.57

Finalmente, respecto del reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante que el tribunal hizo a favor de los padres y hermanos de la víctima, la Sala precisa que jurisprudencialmente, de acuerdo con las reglas de la experiencia, se ha establecido que una vez una persona en edad productiva cumple 25 años y conforma una familia constituida por su cónyuge y sus hijos, ya no se encuentra en la obligación de brindar apoyo económico a sus padres y hermanos.

Por lo anterior, se revocará la condena establecida por el a quo, respecto de la indemnización reconocida a los padres y hermanos de la víctima por concepto de lucro cesante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia del 20 de noviembre de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico la cual quedará así:

1. Declarar patrimonialmente y extracontractualmente responsable al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, por los perjuicios causados a los integrantes de la parte demandante, con ocasión de la muerte de Carlos Julio Ramírez Llerena, en hechos ocurridos el 28 de abril de 1994.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, Condenar al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero:

a) A favor de Osmelia María Coneo, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria de la presente sentencia.

b) A favor de María Ramona Llerena y Clemente Ramírez, la suma equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno al momento de ejecutoria de la presente sentencia.

c) A favor de Julio Cesar Ramírez Coneo, Deyis Esther Ramírez Coneo, Carlos Andrés Ramírez Coneo y Fredys David Ramírez Piña, la suma equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno al momento de ejecutoria de la presente sentencia.

d) A favor de Carmen Ramírez Llerena, Huvadel Ramírez Llerena, Luis Enrique Ramírez Llerena, Otoniel Ramírez Llerena, Rafael Enrique Ramírez Llerena, Mairene Ramírez Llerena, Alejandro de Jesús Ramírez Taborda, Hermila Ramírez Taborda, María del Pilar Ramírez Taborda, Yomaira Estela Ramírez Taborda y Luis Clemente Ramírez Taborda, la suma equivalente a quince punto cinco (15.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno al momento de ejecutoria de la presente sentencia.

2.(sic) Condenar al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante las siguientes sumas de dinero:

a) A favor de Osmelia María Coneo, la suma de ciento treinta y siete millones trescientos ochenta y tres mil doscientos cincuenta y dos pesos ($ 137.383.252).

b) A favor de Julio Cesar Ramírez Coneo, la suma de diecisiete millones doscientos veinticinco mil ciento trece pesos ($ 17.225.113).

c) A favor de Deyis Esther Ramírez Coneo, la suma de veinticinco millones doscientos sesenta mil doscientos un pesos ($ 25.260.201).

d) A favor de Carlos Andrés Ramírez Coneo, la suma de treinta y siete millones doscientos veinticinco mil ciento sesenta y dos pesos ($ 37.225.162).

c)(sic) A favor de Fredys David Ramírez Piña, la suma de once millones ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos veintiséis pesos ($ 11.153.426).

3. Denegar las demás pretensiones de la demanda.

4. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

5. Cumplir la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Expedir, por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 “Construcción y conservación. Corresponde a la Nación y las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente ley”.

2 [7] “Dado que en la demanda se adujo que el daño se produjo como consecuencia de la colisión de un vehículo automotor contra un montículo de piedras y tierra dejado sobre la vía, con ocasión de la construcción de una obra pública, sin la debida señalización, considera la Sala que el asunto debe definirse con fundamento en el régimen de falla del servicio, en primer lugar, porque ese fue el criterio de imputación insinuado en la demanda, pero además, en consideración a que tratándose de la construcción de obras públicas la responsabilidad del Estado se deduce cuando no se toman las medidas reglamentarias, necesarias y eficaces tendientes a prevenir a las personas, a fin de evitar que éstas puedan sufrir accidentes contra la misma, es decir, lo que genera la responsabilidad es el incumplimiento del deber de señalizar esas obras, o impedir el tránsito por las áreas aledañas, pero no la construcción de la obra en sí”. Sentencia del 20 de septiembre de 2007, exp. 08001-23-31-000-1991-06256-01(21322), Actor: Martha Judith Quiroz y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

3 [8] “(…) el daño originado como consecuencia de un deslizamiento de tierra es imputable al Estado en los eventos en los cuales el hecho se causa por la omisión, o defectuosa señalización de las vías públicas, o cuando se produce un deslizamiento intempestivo de tierra el cual exigía la instalación de señales preventivas, o cuando no se realiza la señalización de vías que se encuentren en reparación o en sitios que sean considerados de alto riesgo, o cuando existe omisión por parte de la administración en la ubicación de medidas preventivas que informen la presencia de cambios transitorios en las vías públicas. También ha determinado la Sala que para que se pueda establecer la imputabilidad al Estado por los daños sufridos por las deficiencias u omisiones en la señalización de vías públicas, es indispensable demostrar la falla en el servicio consistente en la omisión por parte de la administración en el cumplimiento de sus deberes de vigilancia y control respecto de la realización de obras públicas y del tránsito en las vías, con el fin de prevenir los riesgos que con ellos se generen. (…) Por lo tanto, es obligación del Estado cumplir con las disposiciones contenidas en las normas que regulan las condiciones y requisitos que deben reunir las señales preventivas en vías públicas con el fin de evitar daños a los transeúntes o conductores que transitan por las mismas”. Sentencia del 20 de septiembre de 2007, exp. 73001-23-31-000-1997-05020-01(15740), Actor: Yimed Ramírez Gallego y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Ver también sentencia de 13 de febrero de 2003, exp. 12.509; sentencia de 4 de septiembre de 2003, exp. 11.615; sentencia de 5 de diciembre de 2005, expe. 14.536 sentencia de 8 de noviembre de 2001, exp. 12.820 del Consejo de Estado, Sección Tercera.

4 Consejo de Estado, sentencia de 30 de enero de 2013, exp. 26201, C.P. Danilo Rojas Betancourth (E).

5 Cabe precisar que el a quo no se pronunció respecto de la legitimación en la causa de María Isabel Piña Ramírez, quien otorgó poder para demandar en el presente proceso (fl. 3, cdno. 1), sin embargo, la Sala advierte que la señora María Isabel Piña Ramírez no fue mencionada en el acápite de pretensiones de la demanda, y además, en el grado jurisdiccional de consulta no es procedente agravar la situación de la entidad demandada. Por lo anterior, la Sala no se pronunciará respecto de la referida demandante.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de mayo 11 de 2006, exp. 14694, C.P. Ramiro Saavedra.

7 Respecto de la prueba indiciaria ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 16 de 2001, exp. 12703, C.P. María Elena Giraldo.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 27709, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

9 “Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas.// Las sentencias que impongan condena en abstracto sólo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior (…) La consulta se tramitará y decidirá previo traslado común por cinco (5) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito y se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado por curador ad litem (…)".