Sentencia 1997-12329 de mayo 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Exp.: 28.632 y 34.480 (acumulados)

Rad.: 99712329-01 y 199711906-01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandante: David Mercado Arrieta y otros

Demandado: Distrito de Cartagena de Indias

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., nueve de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Los presupuestos procesales de la acción.

Previo a analizar el fondo del presente asunto, resulta pertinente pronunciarse sobre la competencia de esta corporación, la procedencia de la acción, la legitimación en la causa y la caducidad.

1.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en ambos procesos, los cuales tienen vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de las demandas, supera la exigida para el efecto por aquella norma(1).

1.2. Procedencia de la acción.

La acción de reparación directa interpuesta es procedente para resolver el conflicto planteado, por cuanto se pretende la indemnización de los perjuicios causados a los señores David Mercado Arrieta y Edgar Enrique Alvarado Vergel, como consecuencia de las lesiones que sufrieron en hechos que según la demanda son imputables al distrito de Cartagena.

1.3. Legitimación en la causa.

Quienes integran la parte demandante están legitimados en la causa, toda vez que alegan haber sido afectados con los hechos que se considera causantes del daño y la demandada es una entidad de derecho público.

1.4. La demanda en tiempo.

Las demandas presentadas, respectivamente, el 30 de enero y el 20 de junio de 1997, lo fueron dentro del término previsto en el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, porque el hecho que se afirma causante del daño ocurrió el 20 de junio de 1995.

2. Problema jurídico.

Deberá decidir la Sala si el distrito de Cartagena es o no patrimonialmente responsable de las lesiones sufridas por los señores David Mercado Arrieta y Edgar Alvarado Vergel, el 20 de junio de 1995, cuando se desplazaban en una motocicleta por esa ciudad en horas de la noche.

3. Análisis de la Sala.

3.1. Quedó demostrada en el expediente la existencia del daño aducido en la demanda, esto es, las lesiones sufridas por los señores David Mercado Arrieta y Edgar Enrique Alvarado Vergel, en hechos ocurridos el 20 de junio de 1995, en el distrito de Cartagena, daños a partir de los cuales es posible inferir la existencia de perjuicios de orden moral, patrimonial y a la salud para las víctimas, y de perjuicios morales para sus parientes más cercanos.

3.1.1. En efecto, se demostró que el 20 de junio de 1995, el señor David Mercado Arrieta fue atendido en el Hospital Universitario de Cartagena, por sufrir lesiones en un accidente ocurrido en esa fecha. Así consta en el resumen de la atención que se le brindó (fl. 6, Exp. 34.480):

“Paciente que fue traído a urgencias en horas de la madrugada (1:10 a.m.), por presentar accidente en la moto en que viajaba al caer en el puente Heredia que se desplomó.

A su ingreso presentaba trauma en cara, laceración y dolor en rodilla izquierda.

Se le ordenaron Rx de cráneo, huesos propios de la nariz, rodilla izquierda y paraclínicos.

Fue revisado por otorrino que encontró fractura de huesos propios de la nariz con desviación del septum por luxación del tabique, se ordenó Clarityne y cita en 7 días tratamiento definitivo.

Ortopedia no encontró fractura y dio de alta, estomatología y cirugía oral encontró compromiso de órganos dentarios 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41 y 42, herida mucosa y semimucosa labial inferior. Rx mandíbula no reportó compromiso óseo, se suturaron heridas y se fijaron órganos dentarios.

Se dio de alta por especialidad con cita por consulta externa el 29 de junio de 1995, a control, se le ordenó amoxicilina, acetaminofén”.

En relación con el mismo demandante, consta en el informe prequirúrgico de 28 de junio de 1995, elaborado por el departamento de otorrinolaringología de la misma institución hospitalaria, en el aparte que resulta legible (fl. 76, Exp. 28.632), las lesiones que este sufrió en el accidente:

“Paciente que sufrió accidente de motocicleta al derrumbarse puente por el que transitaba presentando trauma nasofacial con deformidad, edema y epistaxis autolimitada (18-vi-95), además de fractura de 1/3 medio de tibia y peroné derecho”.

También obra en el expediente los testimonios que fueron recibidos en el proceso (Exp. 28.632), los cuales dan cuenta de las lesiones padecidas por el señor David Mercado Arrieta, así:

— El señor Samuel Enrique Beleño Castellón (fl. 37, Exp. 28.632), manifestó al respecto lo siguiente: “[L]o fui a visitar [al señor David Mercado Arrieta] a su casa y estaba muy mal, tenía un fuerte hematoma en la cabeza, el labio lo tenía cosido por dentro y por fuera, los dientes tuvieron que amarrárselos porque se le aflojaron, los tres de arriba y los tres de abajo, tenía también el tabique partido, también tenía raspones, tenía la cara hinchada, él decía que sentía una punzada en el corazón, todavía es la hora y tiene el problema ese”.

— El señor Yohny Roa Terán (fl. 38, Exp. 28.632), declaró que al lesionado “[L]o llevaron de emergencia al Hospital Universitario, lo atendieron, allí lo fui a visitar, él quedó con la cara bastante hinchada, quedó todo deforme, no se conocía en el momento”.

— El señor Rafael Arturo Villa Pérez (fl. 65-66, Exp. 28.632): afirmo: “El señor David junto con su compañero [sufrieron lesiones]. Él [David] estuvo incapacitado por espacio de seis meses debido a los traumas recibidos por este accidente. Quería detallar lo que sufrió. Él perdió parte de la dentadura, recibió traumas en el cuerpo y todavía a consecuencia de eso tiene dolores que le aquejan desde ese tiempo, dolores en el tórax”.

3.1.2. En cuanto al señor Edgar Alvarado, obra en el expediente copia de la historia clínica en la cual se relaciona la atención que se le brindó en el Hospital Universitario de Cartagena y en el Instituto de Seguros Sociales con ocasión del accidente que sufrió el 20 de junio de 1995 (fls. 18-34, Exp. 34.480)(2).

De la primera atención solo obra la siguiente historia:

“Junio 20-95: Paciente de 27 años de edad, quien sufrió traumatismo al caerse de una moto en marcha en el puente desplomado en horas de la noche.

Presenta trauma en antebrazo izquierdo y derecho, más trauma abdominal y en cara. Manifiesta que el puente se cayó a la 1 a.m. de junio 20-95 y a la 1+15 a.m. sufrieron la caída.

I.D.

Politraumatismo

Fractura antebrazos derecho e izquierdo

Trauma abdominal

(...)

Remisión a clínica del ISS, es afiliado (...)”.

En la copia de la historia clínica que se llevó al paciente en el Instituto de Seguros Sociales, consta la atención que se le brindó al paciente en ese centro asistencial entre el 20 de junio y el 8 de julio de 1995, conforme a la cual se le practicó cirugía el mismo día de su ingreso, para colocación de yeso y se programó otra para el 9 de julio para colocación de fijador, pero no hay constancia de que efectivamente se le hubiera practicado esa intervención. De esa historia se extraen las siguientes notas, que se organizan de manera cronológica:

“20-junio-95, hora 3:45 a.m. Órdenes médicas:

Nada vía oral

Canalizar vena con Hartman 500 cc3.

Garamicina

Profilaxis antitetánica

Lisalgil

Preparar para cirugía de urgencia

Interconsulta con cirugía maxilofacial

Interconsulta con neurología

Vigilar y reportar cambios en estado de conciencia

Nota quirúrgica: bajo anestesia tipo bloqueo se realiza reducción de fracturas y se coloca peso bipolar.

24-05-95: Paciente quien sufrió politraumatismo al caer con moto desde un puente recibiendo trauma cráneo facial y en ambas manos (...).

27-06-95: Pendiente llegue material solicitado a fin de programar para cirugía.

28-VI-95. Solicitud de remisión al servicio de otorrinolaringología:

Paciente de 27 años de edad, quien sufrió accidente de moto el día 20 de junio-95, que le provocó múltiples traumas y fracturas de ambas muñecas. Refiere ahora sangrado en diversas ocasiones por fosas nasales, acompañado de dolor en senos frontales.

Para valoración oral

Se revisa paciente. Equimosis palpebral (...).

Alta de oral

30-junio-95: Paciente politraumatizado con Fx conminutas de ambas muñecas. Pendiente colocación de fijador (...).

2-07-95: programado para el martes 4-07-95.

4-07-95: No fue posible el procedimiento por falta de material solicitado.

5-07-95: En cama, politraumatizado, con yeso en ambas manos, preparándose para cirugía mañana, recibe la medicación ordenada (...).

5-07-95: Se programa para el 6-07-95, por ambulatorios, 10 a.m.

6-07-95: Preparar para mañana en quirófano, colocar fijador externo.

7-07-95: Con yeso en ambas manos. Fractura en ambas muñecas, se espera a ser programado para cirugía (...).

8-07-95: En cama, guardando reposo, en regular estado general, preparado para cirugía mañana. Se observa con yeso en ambas manos (...)”.

3.2. También está demostrada la caída del puente Heredia en el distrito de Cartagena.

Sobre ese hecho no hubo controversia en el proceso. La entidad demandada en la respuesta a ambas demandas aceptó su ocurrencia. Además, en relación con el mismo obran prueba documental relacionada con la celebración del contrato de construcción de la obra, su ejecución e incumplimiento y las publicaciones que se hicieron en periódicos locales en la época de su ocurrencia.

En relación con la construcción del puente Heredia en el distrito de Cartagena, el gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A. Edurbe S.A. remitió al a quo copia de: (i) el contrato Nº 10 de 1º de marzo de 1993, celebrado entre dicha empresa y la sociedad Civicon Ltda., cuyo objeto fue “la construcción de la superestructura y subestructura en concreto del nuevo puente vehicular Heredia en Cartagena, así como los movimientos de tierra, rellenos, pavimentos y demás obras requeridas según los precios, especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en los pliegos de condiciones volumen I, volumen II y volumen III y las presentadas por el contratista para sustentar su propuesta alternativa de este contrato”. El valor fue convenido por el sistema de precios unitarios, el cual, para efectos fiscales se fijó en $736.678.876 (fls. 89-120, Exp. 34.480); (ii) el contrato de interventoría de la obra, que celebró la empresa Edurbe S.A. con el consorcio Ingetec S.A. - Ingestudios Ltda. el 29 de enero de 1992, por $67.985.400 (fls. 75-88, Exp. 34.480); (iii) convenio celebrado el 30 de septiembre de 1994 entre Edurbe S.A y la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza S.A., conforme al cual “Confianza, en su calidad de garante del contrato Nº 10-93, celebrado entre Edurbe S.A. y Civicon Ltda. (después Civicon S.A.) adquiere mismas responsabilidades que se originan del citado contrato (...), se compromete a ejecutar a satisfacción de Edurbe la construcción de la superestructura y subestructura concreto del nuevo puente vehicular Heredia en Cartagena, teniendo en cuenta las obras contractuales pactadas y que se encuentra a la fecha pendientes de ejecución y las sujetas a reparaciones y/o demoliciones o reconstrucciones si fuere necesario hacerlas, en los términos y bajo las condiciones generales del citado contrato original” (fls. 121-124, Exp. 34.480), y (iv) el laudo arbitral proferido el 10 de junio de 1997, por el centro de arbitraje y amigable composición de la Cámara de Comercio de Cartagena, integrado para resolver el conflicto surgido entre Edurbe y Confianza, en el cual se declaró a la aseguradora “contractualmente responsable por los defectos de construcción del nuevo puente vehicular Heredia de Cartagena y de la caída de un sector del mismo” (fls. 62-74, Exp. 34.480).

Cabe destacar que la conclusión a la que se llegó en el laudo, con apoyo en el dictamen de los peritos fue la siguiente:

“El puente Pedro de Heredia presenta en la fecha una falla generalizada de los elementos de apoyo de las vigas, denominados puentes de apoyo o ménsulas (...) Esta falla dio lugar a que el pasado 20 de junio de 1995 se cayera súbitamente el tramo del puente que está comprendido entre los ejes 4º y 5º. El colapso del tramo fue total pues se encuentran en el suelo todos los elementos que constituyen la estructuras entre los ejes aludidos (...) Puede asegurarse sin temor a errar que el daño se debe a problemas de cálculo y diseño estructurales acrecentados por descuidos en la construcción”.

Las publicaciones que se hicieron en el Periódico de Cartagena, que fueron traídas al expediente, relatan básicamente la suerte del proceso penal que inició la Fiscalía General de la Nación en contra de los presuntos responsables del desplome del puente Heredia (fls. 35-36, Exp. 34.480). Cabe señalar que dichas informaciones tienen valor probatorio en este proceso porque el hecho del que dan cuenta aparece acreditado con otros medios probatorios(3).

3.3. La parte probatoria más compleja en este caso está relacionada con la existencia de nexo entre el accidente sufrido por los demandantes y el desplome del puente.

3.3.1. En la respuesta al oficio del a quo, el 7 de octubre de 1999, la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar Edurbe S.A. manifestó no haber tenido conocimiento de la existencia de un accidente ocurrido como consecuencia del desplome del puente Heredia (fl. 32, Exp. 26.832):

“[L]e comunicamos que Edurbe S.A. ni oficial ni extraoficialmente ha recibido hasta la fecha información por parte de autoridad competente alguna donde conste que el día 20 de julio de 1995 con ocasión de la caída del tramo central del puente Heredia se produjera el presunto accidente de una moto en la que se transportaran los señores Edgar Alvarado Vergel y David Mercado Arrieta”.

En igual sentido fue la respuesta dada por el comandante del Departamento de Policía de Bolívar al tribunal, el 16 de agosto de 2002 (fl. 58, Exp. 28.632):

“[R]evisado minuciosamente el archivo general del comando del departamento de policía no se encontró antecedente alguno sobre los hechos ocurridos el 21 de junio de 1995 con ocasión de la caída del puente Heredia en el que se produjera un accidente con motorizados, en los que se transportaran los señores David Mercado Arrieta y Edgar Alvarado Vergel respectivamente”.

3.3.2. No obstante, existe otras pruebas que dan cuenta de la existencia de un accidente de dos motociclistas ocurrido en el puente Heredia, con posterioridad a su desplome. Esas pruebas son las siguientes:

— Oficio emitido por la subdirectora operativa del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte Distrital, el 20 de agosto de 2002 (fl. 63, Exp. 28.632):

“[M]e permito informarle que de acuerdo con la fecha (21-07-95) y lugar del accidente (puente Heredia), el señor Simón Pájaro Ávila, agente de tránsito de esta institución se encontraba en el sitio en mención y nos comunicó que el accidente fue atendido por un agente de la Policía Nacional de apellido Pérez.

— Oficio remitido por la sección tránsito del Departamento de Policía de Bolívar, el 19 de noviembre de 1998 (fl. 125, Exp. 34.480), en el cual se afirma:

“[E]l día 20 de julio de 1995 sí hubo un accidente de dos (2) señores que conducían en motocicleta por caída del puente Heredia, como lo manifiesta usted en el Oficio 2865 del 29 de septiembre del año en curso. Este accidente fue atendido por el señor ag. Pérez Meléndez Omar, adscrito a la unidad de tránsito del Departamento de Policía de Bolívar, quien está a su disposición para cuando usted lo crea necesario le brinde una narración libre y espontánea de lo sucedido, ya que en el archivo personal del agente Pérez se extravió el informe que él rindió en esa fecha”.

La entidad demandada no controvirtió ese hecho. Por el contrario, en la respuesta a la demanda en el proceso 28.32, manifestó que el 20 de junio de 1995, dos personas que se desplazaban en una motocicleta cayeron al puente después de que este se desplomara e “ignoraron abierta y retadoramente las señales que impedían el paso, hicieron caso omiso de los pitos de los agentes y se lanzaron irresponsablemente pendiente arriba, con el resultado conocido de que cayeron al caño”.

3.4. Si bien la prueba que da cuenta del accidente de tránsito ocurrido cuando dos motociclistas cayeron del puente Heredia poco después de que este se desplomara es escasa, resulta, sin embargo, suficiente para tener como acreditado ese hecho. En realidad, la controversia más relevante en estos procesos giró en torno a la identidad entre los motociclistas que cayeron del puente y los demandantes.

En relación con ese hecho se recibieron en el proceso 28.632 los siguientes testimonios:

— Testimonio del señor Samuel Enrique Beleño Castellón (fl. 37, Exp. 26.832), quien manifestó:

“Yo conocí al señor David Mercado por medio del accidente, o sea, cuando sucedieron los hechos del señor David, me llamó la atención del muchacho que se había caído en el puente (...) y de acuerdo a los hechos que sucedieron en el puente, de lo que me contó él, que ellos iban un 20 de junio de 1995 se dirigían a su casa en una moto aproximadamente a las 11:30 p.m., se dirigían por la avenida que los lleva al puente de Heredia, la cual se encontraba totalmente oscura, ni se encontraban señales que dijeran que el puente se había caído ni habían agentes de policía o de tránsito que impidieran el tráfico hacia el puente. Mi amigo cuando cayó fueron de inmediato trasladados al Hospital Universitario donde le prestaron atención médica. Desde el accidente yo lo conozco (...)”.

— Testimonio del señor Yohny Roa Terán (fl. 38, Exp. 28.632), quien manifestó:

“Yo conozco a David Mercado Arrieta porque es vecino del barrio y en el año 1995 ocurrió el accidente, como para junio, como a las once que él venía para acá para la casa y el puente ya se había caído. Según me cuentan a mí era que no había señales de tránsito ni nada que dijera que no había puente. El venía acompañado de Edgar Vergel y los llevaron de emergencia al Hospital Universitario (...)”.

— Declaración del señor Rafael Arturo Villa Pérez (fls. 65-66, Exp. 28.632), quien aseguró:

“El día 20 de junio del año 1995, como a las once y treinta de la noche el señor David Mercado se trasladaba en una moto. A la altura del puente Heredia ellos no se percataron de que el puente se había derrumbado porque eso estaba oscuro y allí no había ninguna señalización. A consecuencia de esto ellos se fueron al vacío sufriendo lesiones el señor David junto con su compañero (...) No había ninguna señalización de ningún tipo (...) No había ningún tipo de agente [que desviara a los conductores para que no pasaran por el puente] (...) Estuve cerca de cuando ocurrió el percance cuando ocurrió el accidente. Además, yo soy conocido vivo cerca de su casa”.

Le asiste razón al a quo al señalar las deficiencias en esos testimonios: los dos primeros son de oídas y el último no da cuenta de las circunstancias en las cuales presuntamente tuvo conocimiento del hecho.

A propósito del valor probatorio del testimonio de oídas, ha dicho la Sala:

“En relación con el mérito probatorio del llamado testimonio de oídas, resulta necesario destacar que esta Sala(4) ha señalado que para evitar que los hechos le lleguen alterados, el juzgador ha de ser particularmente cuidadoso en verificar, entre otros aspectos: i) las calidades y condiciones del testigo de oídas; ii) las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; iii) la identificación plena y precisa de la(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas; iv) la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata, puesto que estará llamado a brindar mayor confiabilidad el testimonio de oídas de primer grado.

De igual forma, en dicho pronunciamiento se señaló que para efectos de analizar la contundencia del testimonio de oídas, cobrará particular importancia el hecho de que la declaración del testigo se coteje con el resto del acervo probatorio, para efectos de determinar la coincidencia de tal declaración con los aspectos fácticos que reflejen los demás medios de prueba legalmente recaudados”(5).

Como en este caso la versión de los testigos de oídas proviene del mismo demandante, la misma carece de relevancia probatoria, e igual ocurre con el testimonio rendido por el señor Rafael Arturo Villa Pérez, quien a pesar de afirmar que fue testigo presencial del hecho, no señaló cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar que le permitieron apreciarlo.

No debe perderse de vista que tal como quedó acreditado en el laudo arbitral y en las notas periodísticas, la parte del puente que se desplomó fue la central, es decir, que en el primer tramo, el puente se hallaba estable, en su sitio. Entonces, ¿dónde estaba el testigo, quien por demás era amigo de las víctimas? ¿Tuvo la posibilidad de presenciar el desplome del puente y, sin embargo, no advirtió del hecho a sus amigos? Al fin, ¿el sitio tenía o no iluminación? ¿Fue el testigo quien prestó auxilio a sus amigos después del accidente? Siendo así, ¿por qué no señaló ese hecho en la declaración ni se consignó en la historia clínica? ¿O los abandonó su suerte? Esos y muchos otros interrogantes pueden plantearse frente a la breve versión del presunto testigo presencial del hecho, los cuales, al no poder ser absueltos a partir de la misma prueba o del cotejarlo con las demás, le restan todo mérito probatorio a la declaración.

Pero, aunque la prueba testimonial no ofrece credibilidad a la Sala en relación con la identidad entre los demandantes y los dos motociclistas que se accidentaron en el puente Heredia luego de que se desplomara su parte central, la misma sí puede ser afirmada con fundamento en las anotaciones que se hicieron a su ingreso en el Hospital Universitario de Cartagena y en el Instituto de Seguros Sociales, como antes se señaló.

En efecto, en la historia clínica de David Mercado Arrieta consta: “Junio 20-95: Paciente que fue traído a urgencias en horas de la madrugada (1:10 a.m.), por presentar accidente en la moto en que viajaba al caer en el puente Heredia que se desplomó”. Y en la hoja correspondiente al señor Edgar Enrique Alvarado Vergel, consta igualmente: “Junio 20-95: Paciente de 27 años de edad, quien sufrió traumatismo al caerse de una moto en marcha en el puente desplomado en horas de la noche”.

Esa prueba aunque muy simple, resulta suficiente para demostrar el hecho en cuestión. Las circunstancias en las cuales se hicieron esas primeras afirmaciones por los mismos lesionados o por las personas que los llevaron al hospital en búsqueda de asistencia médica, permiten conferirles pleno crédito. No resulta verosímil que los lesionados mintieran en esas circunstancias solo con el propósito de preconstituir la prueba de ese hecho para una eventual demandada y menos que la iniciativa proviniera de terceras personas.

En síntesis, a juicio de la Sala se encuentra probado en el expediente que en la noche del 20 de junio de 1995 se desplomó la parte central del puente Heredia, ubicado en el distrito de Cartagena, por vicios en sus diseños y construcción; que poco después de producirse ese evento, los señores David Mercado Arrieta y Edgar Alvarado Vergel cruzaron el puente sin percatarse del hecho, cayeron al vacío y sufrieron múltiples lesiones, razón por la cual fueron conducidos al Hospital de Cartagena donde les prestaron asistencia médica. El segundo de los lesiones fue remitido esa misma noche al Instituto de los Seguros Sociales donde continuaron prestándole el servicio asistencial.

3.5. Se afirmó en ambas demandas que el distrito de Cartagena era responsable de los daños sufridos por las víctimas, por haber omitido la instalación de las señales que advirtieran a los conductores y peatones del riesgo que representaba el desplome de la parte central del puente Heredia.

En relación con el deber de las entidades públicas de garantizar el tránsito seguro por las vías públicas, para lo cual debe remover cualquier obstáculo que pueda causar daños a las personas, o instalar las medidas preventivas necesarias y eficientes que adviertan sobre la existencia de tales riesgos, ha dicho la Sala:

“Como responsable del mantenimiento de las vías, el Instituto Nacional de Vías debe garantizar el tránsito seguro por estas, esto es, debe mantener las vías en condiciones que no representen riesgos para la integridad de las personas que transiten por ellas, deber que se considera correlativo al derecho fundamental de locomoción de las personas(6).

En cumplimiento de esa obligación, la entidad debe adelantar las obras necesarias para mantener la vía pública en condiciones idóneas para la prestación de ese servicio público; remover cualquier tipo de obstáculos que se halle sobre las vías, como lo son los materiales utilizados en su mantenimiento, o los vehículos que se hallen estacionados sobre la misma, por cualquier causa, v. gr., por haber sufrido un accidente previo; remover cualquier objeto que amenace con invadir tales vías y en el evento de que tales obstáculos no puedan ser removidos en forma inmediata, debe prevenirse cualquier accidente, impidiendo o restringiendo, según el caso, el tránsito de los vehículos por el lugar, mediante la ubicación de señales reglamentarias y eficaces, con las cuales se advierta oportunamente a los usuarios del riesgo existente, para que éstos se abstengan de transitar la vía o lo hagan observando las medidas de precaución necesarias(7).

Con ocasión de las demandas interpuestas en relación con ese tipo de obligaciones, la Sala ha condenado a las entidades responsables del mantenimiento de las vías, por no haber cumplido ‘su deber de garantizar el tránsito adecuado y seguro en la vía donde realizaba los trabajos públicos que estaban a su cargo, pues según la prueba testimonial recaudada, la mencionada vía no tenía ninguna de las señales de prevención exigidas normativamente para advertir a los transeúntes sobre el peligro que esos trabajos públicos representaban y de los resaltos que se habían construido rudimentariamente en el carril que se encontraba habilitado para el tráfico peatonal y vehicular’(8).

No obstante, la Sala también ha señalado al resolver los casos particulares, que para deducir responsabilidad patrimonial en contra de las entidades responsables del mantenimiento de las vías públicas, es necesario que se encuentre acreditado que aquellas tuvieron o debieron tener conocimiento de la existencia de los hechos generadores de riesgos y que a pesar de ese conocimiento no adelantaron ninguna actuación dirigida a evitar eficazmente la materialización de esos riesgos.

Es por esta razón que en un evento resuelto por la Sala de manera reciente, se absolvió a la entidad demandada, por los daños sufridos por las personas que se desplazaban en un vehículo y colisionaron contra un árbol que se hallaba sobre la vía. En esa oportunidad se consideró que el hecho dañoso no era imputable a las entidades demandadas, porque ‘no existe ninguna prueba que acredite que estas tuvieron conocimiento sobre la caída del árbol en la vía pública, ni consta requerimiento alguno a las autoridades municipales o de policía sobre el peligro que ese obstáculo representaba; y en segundo término porque entre la caída del árbol y el accidente no transcurrió mucho tiempo, como para exigirles a las demandadas una acción inmediata para la señalización o remoción del arbusto, máxime si se tiene en cuenta que este cayó durante la noche en un día de fin de semana’(9).

Cabe advertir que para el surgimiento de la obligación de remover o señalizar los obstáculos que se encuentren sobre las vías públicas no se requiere que medie petición previa, lo que se exige es la prueba del conocimiento previo del hecho por parte de las entidades responsables de su mantenimiento, que bien puede consistir en la demostración de haber dado aviso a esas autoridades acerca de la existencia del obstáculo o de la amenaza de que algún objeto pueda invadir la vía, o en la acreditación de otros hechos diferentes a partir de los cuales pueda inferirse dicho conocimiento, hechos tales como la permanencia de los elementos generadores de riesgo durante un lapso que se considere suficiente para que la entidad debiera haberlo advertido.

(...).

En consecuencia, considera la Sala que la muerte de los señores Jorge Enrique Urrego Herrera y Jairo de Jesús Urán Mesa tuvo como causa un hecho de la naturaleza, externo a la actividad que desarrollaban las entidades demandadas, imprevisible e irresistible para estas, porque la caída del árbol se produjo como consecuencia del fuerte aguacero que se precipitó en el sector donde se hallaban las víctimas al momento del accidente, factor al que se refirieron todos los testigos que declararon en el proceso y que aparece también documentado en el informe del accidente de tránsito Nº 930121772 suscrito por funcionario del cuerpo técnico de la Fiscalía y en el folio 315 del libro de población que se llevaba en la Estación Carreteras Caldas de la división Policía de Carreteras, a los cuales ya se hizo referencia”(10).

Considera la Sala, como también lo hizo el a quo en ambos procesos, que en este caso no está demostrado que la entidad demandada hubiera tenido conocimiento de la caída del puente y no hubiera ejecutado de manera inmediata las acciones necesarias para evitar cualquier accidente, tales como la instalación de vallas o señales que impidieran el paso de los conductores o peatones. Lo que puede inferirse en este caso es que el paso de los motociclistas se produjo pocos minutos después del colapso del puente, esto es, antes de que las autoridades hubieran tenido conocimiento del hecho o de que hubieran podido llegar hasta el lugar.

Por lo tanto, no hay lugar a deducir responsabilidad de la administración distrital de Cartagena por falla del servicio por omisión.

3.6. No obstante, en este caso sí es posible deducir la responsabilidad patrimonial del distrito de Cartagena por los daños sufridos por los demandantes, porque los mismos provinieron de la defectuosa construcción de la obra pública, es decir, de una causa intrínseca y no externa a la misma entidad.

Ahora, es cierto que la obra no fue construida directamente por el distrito de Cartagena sino por una firma contratista. Sin embargo, ha reiterado la Sala que las entidades públicas son patrimonialmente responsables de los daños que se causen con ocasión de la construcción de una obra pública de la cual aquellas son beneficiarias, aunque dichas obras hubieran sido ejecutadas por otras entidades o personas:

“[D]esde el año de 1985 se ha considerado que cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública, es como si la ejecutara directamente. Es ella la dueña de la obra, su pago afecta siempre el patrimonio estatal y su realización obedece siempre a razones de servicio y de interés general. El hecho de que no la ejecute con personal vinculado a su servicio obedece más a insuficiencia o incapacidad técnica de su propio personal o a falta de equipo adecuado(11).

Esta posición fue reiterada por la Sala en otra providencia(12), en la cual se señaló que la responsabilidad que se le puede imputar a la administración en estos eventos está sustentada en los siguientes principios:

a. Cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es como si ella misma la ejecutara directamente.

b. Que es ella la dueña de la obra.

c. Que su pago afecta siempre patrimonio estatal.

d. La realización de esas obras obedece siempre a razones de servicio y de interés general.

e. Que no son oponibles a terceros los pactos de indemnidad que celebre con el contratista, vale decir para exonerarse de responsabilidad extracontractual frente aquellos, pues ella es la responsable de los servicios públicos y por ende se obliga bien sea porque el servicio no funcionó, funcionó mal o inoportunamente. Elementos estos que son constitutivos de falta o falla del servicio”(13).

En consecuencia, como el distrito de Cartagena era el beneficiario de la construcción el puente de Heredia, conforme al contrato de obra Nº 10 de 1º de marzo de 1993, que celebró con la firma Civicon Ltda., cuya interventoría fue hecha por el consorcio Ingetec S.A. - Ingestudios Ltda., obra que fue concluida, en razón del incumplimiento del contratista, por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza S.A., en su calidad de garante del contrato, debe responder patrimonialmente por los daños causados a los demandantes derivados de vicios en la construcción de la puente vehicular.

3.7. En cuanto a la culpa de los lesionados, aducida en el escrito de respuesta a la demanda, considera la Sala que no puede darse por acreditado el hecho de que aquellos hubieran desatendido las señales que los prevenían de su paso por el puente y hubieran decidido continuar su marcha, porque o bien, como antes se consideró, las autoridades competentes no alcanzaron a llegar al sitio para instalar esas señales, por haberse producido el accidente pocos minutos después de que ocurriera el desplome del puente, o bien las señales preventivas que se adoptaron no fueron eficaces para advertir sobre la existencia del riesgo. Aceptar lo contrario sería tanto como afirmar que a los demandantes les asistía un ánimo suicida al tratar de cruzar un puente del que se había desplomado su parte central; sin embargo, no existen pruebas en el expediente que permitan hacer esa inferencia.

4. La indemnización del perjuicio.

4.1. El perjuicio moral.

Como lo ha reiterado la Sala, los perjuicios morales son los generados en “el plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien”(14).

También ha señalado la Sala que en consideración a la naturaleza de ese daño, es el juez administrativo, quien de manera discrecional debe determinar el monto de la indemnización a reconocer, facultad que está regida por las siguientes reglas: (i) esa indemnización se hace a título de compensación y no de restitución, ni de reparación; (ii) debe darse aplicación al principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) su cuantificación debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto del perjuicio y su intensidad, y (iv) esta debe estar fundamentada, cuando sea el caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(15).

La Sala también ha adoptado el criterio conforme al cual, para determinar el monto de las indemnizaciones derivadas de lesiones personales, debe tenerse en cuenta su mayor o menor gravedad(16), procurando en todo caso dar aplicación del principio de igualdad, “lo que hace necesaria la comparación de la situación debatida con otras ya decididas, con fundamento en el análisis de los diferentes aspectos que determinan aquella y estas, dentro de los cuales deberá tomarse en cuenta, por supuesto, el valor real de la indemnización”(17).

Así, por ejemplo, la Subsección fijó la indemnización que debía concederse por el perjuicio moral a quien había sufrido una lesión que no le generó pérdida de la capacidad laboral, pero sí dos días de hospitalización, en ochos salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo como parámetro de referencia una decisión adoptada por esta misma Subsección en sentencia de 24 de noviembre de 2011(18), en la cual se reconoció al demandante, afectado por una pérdida de capacidad laboral del 9.5% como consecuencia de un accidente de tránsito atribuible también a falta de señalización en la vía, una indemnización equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por lo tanto, en este caso, teniendo en cuenta que el señor David Mercado Arrieta sufrió fractura de huesos propios de la nariz con desviación del septum por luxación del tabique y compromiso dentarios que ameritaron cirugía; que, de acuerdo con el testimonio de personas que afirmaron ser sus amigos y vecinos, estuvo incapacitado durante seis meses, pero que no se probó que hubiera quedado con secuelas médico legales ni que hubiera sufrido pérdida de la capacidad laboral, se le reconocerá una indemnización por el perjuicio moral por 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En relación con los demás demandantes en ese proceso, señores Bigglenice Mercado Rodríguez, Juan Mercado Vega y Aminta Rosa Arrieta Oviedo, quienes acreditaron, respectivamente, ser la hija y los padres del lesionado, se les reconocerá una indemnización por el daño moral, equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Con respecto al señor Edgar Alvarado Vergel, se demostró que estuvo hospitalizado desde el día del accidente 20 de junio de 1995, hasta el 7 de julio de 1995; que se programó cirugía para al día siguiente para implantarle un fijador externo, por haber sufrido fractura en ambos brazos, pero que no se acreditó cuánto tiempo estuvo incapacitado ni que esa lesión le hubiera generado secuelas, en aplicación de criterios de equidad se considera que la incapacidad médico legal, por el tiempo necesario para su recuperación pudo extenderse por diez meses y, en consecuencia, se le reconocerá una indemnización por perjuicio moral por 25 salarios mínimos legales mensuales.

En relación con los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante reclamados por los lesionados, la Sala accederá a su reconocimiento, por el término de la incapacidad señalada, el cual se liquidará con base en el salario mínimo mensual vigente.

En consecuencia, se reconocerá al señor David Mercado Arrieta, indemnización por $3.696.000, suma que dejo de percibir durante los 6 meses de la incapacidad médico legal, liquidados con base en el salario mínimo vigente ($616.000), y a favor del señor Edgar Enrique Alvarado Vergel se reconocerán: $6.160.000, correspondientes a los 10 meses de su incapacidad, liquidados, igualmente, con base en el salario mínimo legal mensual, por no haberse demostrado que los demandantes percibieran ingresos superiores.

4.3. Solicitó perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente por $2.000.0000, por concepto de gastos médicos, hospitalarios y farmacéuticos que sobrevivieron con la lesión.

No se reconocerá indemnización por el perjuicio material en la modalidad de daño emergente, porque no se demostró que los demandantes hubieran tenido que pagar los gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos que se les brindaron en el Hospital Universitario de Cartagena, o en el Instituto de Seguros Sociales, y tampoco se demostró que hubieran realizados erogaciones por concepto diferente con ocasión de estos hechos.

4.4. Se reconocerá indemnización a favor de los lesionados por el daño a la salud, en los términos fijados en sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección(19), como aquel que comprende la afectación de la integridad psicofísica de las personas y cubre tanto la indemnización por la alteración de la unidad corporal, como las consecuencias que se derivan de esa modificación:

“(...) se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —como quiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo”.

Para la valoración de ese daño se tienen en cuenta las lesiones, incapacidades y carencia de secuelas y de pérdida de capacidad laboral de los lesionados. Por lo tanto, se fijará una indemnización de 20 salarios mínimos legales mensuales a favor del señor David Mercado Arrieta y de 30 salarios mínimos legales mensuales a favor del señor Edgar Alvarado Vergel.

5. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 2 de julio de 2004 y el 29 de marzo de 2007 y, en su lugar, SE DECIDE:

1. Declarar patrimonialmente responsable al distrito de Cartagena por las lesiones que sufrieron los señores David Mercado Arrieta y Edgar Alvarado Vergel, al caer la motocicleta en la que viajaban del puente Heredia, que se había desplomado pocos minutos antes, el 20 de junio de 1995.

2. Condenar al distrito de Cartagena a pagar las siguientes indemnizaciones:

(i) Por perjuicios morales: a favor del señor David Mercado Arrieta: veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia; a favor del señor Edgar Enrique Alvarado Vergel: treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, y (iii) a para cada uno de los señores Bigglenice Mercado Rodríguez, Juan Mercado Vega y Aminta Rosa Arrieta Oviedo: diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

(ii) Por perjuicios materiales: a favor del señor David Mercado Arrieta: tres millones seiscientos noventa y seis mil pesos ($3.696.000), y a favor del señor Edgar Enrique Alvarado Vergel seis millones ciento sesenta mil pesos ($6.160.000).

— (sic) Por daño a la salud: a favor del señor David Mercado Arrieta: veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, y a favor del señor Edgar Enrique Alvarado Vergel: treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

3. Distrito de Cartagena dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

5. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de directa en el año de 1997 tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de $13.460.000. En este caso, en el proceso 34.480, la mayor de las pretensiones fue la reparación del perjuicio moral a favor del señor Edgar Enrique Alvarado Vergel, por 35.700 gramos de oro, que para la fecha de presentación de la demanda (30 de enero de 1997), equivalían a $409.423.712, y en el caso del proceso 28.632, el demandante estimó la cuantía del proceso en $150.000.000, estimación que el tribunal consideró razonable, en tanto no exigió al demandante, en la oportunidad legal, aclaración de la misma. Por lo tanto, dado que la demanda se interpuso por cuatro personas, se concluye que la pretensión mayor para cada uno de los padres y para la hija del lesionado, quienes solo solicitaron la reparación de perjuicios morales, equivale a $37.500.000, cuantía que supera la exigida por la ley vigente al momento de presentación de la demanda para que el proceso fuera de doble instancia.

(2) Cabe señalar que con la demanda se aportaron 7 fotografía en las cuales se aprecia a un hombre que ha sufrido lesiones en su rostro y brazos. En 3 de ellas, aparece con vendaje en ambos brazos y en otras dos con aparatos para fijación externa de fracturas. Sin embargo, no hay certeza de que ese hombre sea el señor Edgar Enrique Alvarado Vergel ni de la fecha en la cual fueron tomadas esas fotografías, porque no se hizo reconocimiento de las mismas en el proceso.

(3) En sentencia de 29 de agosto de 2012, Exp. 23 816, C.P. Danilo Rojas Betancourth se consideró: “Esta corporación ha considerado que la información que aparece consignada en este tipo de documentos no puede ser valorada dentro de un proceso como una prueba testimonial, dado que carece de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio, en particular porque no fue suministrada ante un funcionario judicial, no fue rendida bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador dio cuenta de su dicho. No obstante, esto no significa que estos documentos carezcan por completo de valor probatorio, pues de acuerdo con un reciente pronunciamiento de esta corporación ‘(...) la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental [4]. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez (...). Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos’ Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, 11001-03-15-000-2011-01378-00(PI), C.P. Susana Buitrago Valencia)”.

(4) [7] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 7 de octubre del 2009, Exp. 17.629, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(5) Sentencia de 8 de febrero de 2012, Exp. 21933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(6) Ha considerado la Sala que los usuarios de las vías públicas “ejercen una pluralidad de derechos y principios consagrados en todo el plexo normativo en esta materia, tales como los que se recogen en las siguientes disposiciones: artículos 678 y 1005 del Código Civil, artículo 8º del Decreto 21 de 1909, que hacen referencia al derecho de uso y goce de las vías públicas; el artículo 1º inciso segundo del Código Nacional de Tránsito, el capítulo octavo de la Ley 336 de 1996, que desarrollan el principio de la seguridad entre otros; el artículo 24 de la Constitución Política que se refiere a la libertad de locomoción como un derecho fundamental” (sent. de oct. 4/2007, Exp. 16.058).

(7) Ha señalado la Sala que La relevancia del deber de señalización en materia de tránsito de vehículos, ha dado lugar a acuñar la expresión “Principio de señalización”, “del cual se deriva que cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa comprometen la responsabilidad de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el servicio público, a ellas encomendado. Se ve en este principio, que fuera de construir carreteras seguras y adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, la administración tiene el deber primario de ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros. Si por falta o falla de la administración no se advierte a tiempo de los peligros; o advertida de ellos no los remedia; o deja pasar la oportunidad para hacerlo; en todos estos casos y otros similares, el Estado deberá la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios que su falla en la prestación del servicio ocasione por la ausencia de señalización en las carreteras, lo que hace que no sean adecuadas y seguras” (sent. de oct. 4/2007, Exp. 16.058).

(8) Sentencia de 3 de febrero de 2010, Exp. 17.500. En sentido similar, la Sala en sentencia de 4 de octubre de 2007, Exp. 16.058 consideró que “(...) el Instituto Nacional de Vías, incumplió con su deber de velar por el mantenimiento y buen funcionamiento de la carretera en la que ocurrió el accidente, toda vez que no tomó las medidas necesarias para prevenir a los transeúntes, sobre la existencia de obras en la vía. En efecto, de acuerdo con la prueba testimonial recaudada, se tiene que el Invías solo advirtió de la existencia de obras u obstáculos en la carretera, a través de dos mecheros sobre los montículos de arena, sin embargo, dicha señalización fue insuficiente por cuanto se encontraba apagada al momento de los hechos, probablemente por efecto de las lluvias que por la época se presentaban de manera intensa”.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, Exp. 18.375, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2011, Exp. 18.829, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(11) En Sentencia de 9 de octubre de 1985, Exp. 4556, dijo la Sala: “Cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es como si la ejecutara directamente. Es ella la dueña de la obra; su pago afecta siempre el patrimonio estatal y su realización obedece siempre a razones de servicio y de interés general. El hecho de que no la ejecute con personal vinculado a su servicio obedece, la más de las veces, a insuficiencia o incapacidad técnica de su propio personal o a falta de equipo adecuado. Por tal razón la administración, sin que por eso pierda la actividad el carácter de público, debe acudir a la colaboración de los particulares para el cumplimiento de ciertos cometidos de servicio. La colaboración en el caso de obra pública no vuelve privada esa actividad, como no le quita el carácter de público al trabajo así ejecutado. Esa colaboración por participación cuando es voluntaria, caso del cocontratante de la administración cuya actividad tienda a la prestación o ejecución de un servicio público, hace a este particular partícipe ocasional de la función pública no en calidad de agente o funcionario sino como un órgano más de la gestión estatal. En otros términos: El contratista de una obra pública no se vuelve agente de la administración ni funcionario suyo; es ella misma la que actúa. Hay aquí una ficción de orden legal. Ni siquiera puede hablarse que la entidad contratante responda en forma indirecta por el hecho del contratista. No, la responsabilidad es simplemente directa, así como lo es la responsabilidad estatal por el hecho de un funcionario o empleado público. No puede olvidarse que no obstante que todo comportamiento o conducta estatal es obra de un servidor público, en principio, el Estado es el responsable de las consecuencias dañosas de ese comportamiento. Responsabilidad que en todos los casos es directa, no indirecta, a pesar de que el perjuicio se haya producido por la actuación de una persona vinculada a la administración, la que no es propiamente un mandatario o representante del Estado, sino órgano suyo, integrante en esta calidad de la estructura misma del ente estatal. Por tal motivo la conducta o actuación de dicha persona es la conducta o actuación del Estado mismo. De allí que sostenga la doctrina que sería un contrasentido hablar de responsabilidad indirecta, pues los servidores públicos no son terceros respecto del Estado, sino partes del mismo, ejecutores de la actividad estatal, la que no se concibe sino a través de las acciones u omisiones de las personas vinculadas a su servicio”.

(12) Auto de 25 de junio de 1997, Exp. 10.504.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de noviembre de 2002, Exp. 17001-23-31-000-1993-9051-01(14397), C.P. Ricardo Hoyos Duque. De manera más reciente, ha reiterado la Sala que “cuando la administración contrata a un tercero para la ejecución de una obra a través de la cual va a prestar el servicio público, es tanto como si aquella la ejecutara directamente, esto es, que debe asumir la responsabilidad derivada de los perjuicios que puedan llegar a ocasionarse con ocasión de los referidos trabajos”. Sentencia de 28 de abril de 2005, Exp. 14.178, C.P. German Rodríguez Villamizar. En el mismo sentido, sentencias de 3 de mayo de 2007, Exp. 19.420, Ramiro Saavedra Becerra; de 7 de diciembre de 2005, Exp. 14.065, Ramiro Saavedra Becerra.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de julio de 2003, Exp. 14083, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, Exp. 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, Exp. 16.205, C.P. María Elena Giraldo Gómez. En el mismo sentido, véase las sentencias de 19 de septiembre de 2011, Exp. 20.078, y de 14 de junio de 2012, Exp. 24.157, ambas con ponencia del Consejero Danilo Rojas Betancourth.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 13.232-15.646, C.P. Alier Eduardo Hernández. En el mismo sentido, véase la sentencia de 8 de marzo de 2007, Exp. 15.459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(18) Exp. 22.385, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(19) Sentencias de 14 de septiembre de 2011, Exp. 19.031 y 38.222, C.P. Enrique Gil Botero, con las precisiones que se introdujeron en sentencias de 28 de marzo y de 18 de julio de 2012, Exps. 22.163 y 22.417.