Sentencia 1997-11986 de julio 25 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 54001-23-31-000-1997-11986-01(31661)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Nancy Cabrales y otros

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional - Ejército Nacional

Referencia: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Contenido: Descriptor: Niega las súplicas de la demanda por encontrar que operó la eximente de responsabilidad denominada hecho del tercero. Restrictor: Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado / La responsabilidad por actividades de grupos armados insurgentes / Deberes normativos de la Fuerza Pública / El hecho del tercero dentro del conflicto armado interno.

Bogotá, D.C., veinticinco de julio del dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Para resolver lo pertinente, la Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por los actores, precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión: 1. Valoración probatoria; 2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado; 3. La responsabilidad por actividades de grupos armados insurgentes; 4. Deberes normativos de la Fuerza Pública; 5. El hecho del tercero dentro del conflicto armado interno; 6. Análisis del caso concreto y 7. Costas.

1. Valoración probatoria.

La Sala pone de presente que conforme a los avances jurisprudenciales valorará la totalidad del material probatorio obrante en el plenario, toda vez que considera que ambas partes tienen pleno conocimiento de las pruebas ya que han obrado a lo largo del proceso, de manera que con relación a ellas se garantiza el derecho de contradicción y publicidad de la prueba.

Al respecto, con relación a la prueba trasladada que obra en el plenario, la Sala se sostiene en el precedente según el cual cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla lo exigido en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en que el proceso del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia, por cuanto se protege el derecho de contradicción y publicidad de la prueba, el cual solo se dará en la medida en que las partes tengan conocimiento de ellas.

En este sentido, el precedente de la Sala sostiene que las pruebas recaudadas podrán ser valoradas ya que se puede considerar contrario a la lealtad procesal “que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión”(30).

Así las cosas, la Sala valorará la prueba trasladada de los procesos penales y disciplinarios adelantados por las Fuerzas Militares de Colombia(31), la Policía Nacional(32) y el Ministerio Público(33) en contra del personal Militar del Batallón de Contraguerrilla Nº 16 del Ejército Nacional y los Agentes de Policía que participaron en los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1995 en el municipio de El Tarra - Norte de Santander y los cuales fueron allegados al plenario a solicitud de la parte demandante.

Lo anterior, por cuanto dicho material probatorio ha obrado a lo largo del proceso contencioso administrativo y, en su mayoría se obtuvo con audiencia de la entidad demandada, frente a lo cual se tienen en cuenta los parámetros jurisprudenciales(34), el contexto de los hechos a probar y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que estos ocurrieron.

Ahora bien, en cuanto a los recortes de prensa que obran en el plenario(35) debe preverse que la jurisprudencia de la Corporación ha manifestado que las publicaciones contenidas en periódicos y medios de comunicación pueden ser considerados no solamente para probar el registro mediático de los hechos, sino para acreditar la existencia de los mismos, siempre y cuando tengan conexidad con otros medios de prueba y coincidan con ellos. Bajo esta óptica la Sala valorará los recortes de prensa que se encuentran en el expediente(36).

Con relación a las declaraciones extra proceso(37) allegadas al plenario, el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil taxativamente establecía en cabeza del juez el deber de rechazar de plano los testimonios extraproceso que pretendieran usarse para fines judiciales, cuando estos no cumplieran con los requisitos allí establecidos, es decir: (i) cuando no se trataran como prueba anticipada, (ii) cuando no se practicaran por persona gravemente enferma y (iii) cuando se omitiera la citación de la parte contraria, a menos que se declarara bajo la gravedad de juramento que se ignoraba su ubicación.

Adicionalmente, el anterior ordenamiento procesal civil consagraba la posibilidad de que se rindieran testimonios con fines judiciales ante alcaldes o notarios pero esto sólo era válido en los casos en que la ley lo autorizaba, según lo disponía el artículo 299 eiusdem.

Sin embargo, en ambos casos, esto es cuando el testimonio extraprocesal se rendía con fines extra judiciales o judiciales, para que pudiera ser apreciable por el juez, se requería del cumplimiento de los requisitos de la ratificación, según el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante lo anterior, la Sala prevé que actualmente los artículos 188 y 222 del nuevo Código General del Proceso permitieron que “las declaraciones extraprocesales que se aporten con la demanda pueden ser valoradas sin necesidad de que sean ratificadas (…) aun cuando no hayan sido practicadas con audiencia de la entidad demandada (…)”.

En este sentido, aunque la norma citada no es aplicable al caso concreto, por cuanto es posterior a la práctica de las declaraciones extraproceso sobre las cuales se discute e, incluso, es posterior a la presentación e iniciación del proceso que aquí se debate(38), también es claro que ella recoge el giró que en materia probatoria ha dado nuestro derecho procesal e ilumina la interpretación o valoración que el Juez contencioso administrativo dentro del Estado Social de Derecho debe hacer de la prueba, en atención a los principios de prevalencia del interés sustancial o material de los derechos subjetivos(39) sobre el simplemente formal o procesal.

En este sentido la Corte Constitucional, en reciente sentencia de unificación, manifestó:

“El Juez del Estado Social de Derecho es uno que ha dejado de ser el “frio funcionario que aplica irreflexivamente la ley”(40), convirtiéndose en el funcionario —sin vendas— que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender vigilante, activo y garante de los derechos materiales(41)(42).

Por su parte, con relación a la valoración de las declaraciones extraproceso dentro del proceso contencioso administrativo, el Consejo de Estado ha avanzado en el sentido de señalar que:

“Aun cuando se ha predicado que la validez de las declaraciones extrajuicio allegadas dentro de un proceso judicial se encuentra sujeta a la citación de la parte contraria, a la posterior ratificación de las mismas o a aquellos casos en los que exclusivamente la ley les habilita como prueba sumaria —como garantía procesal que milita a favor de la parte contraria en virtud del derecho de contradicción y de defensa-, éstas pueden ser tenidas en cuenta, en los eventos en que hayan sido de pleno conocimiento de la parte demandada, ya sea desde el agotamiento de la vía gubernativa, o en el debate judicial mismo”(43).

En el mismo sentido, en pronunciamiento más reciente, la Subsección B de la Sección Tercera, también sostuvo que:

“(...) los documentos que contengan testimonios de terceras personas, por haberse vertido ante el juez, en otro proceso o extraprocesalmente, sin intervención de la parte contra quien se aducen o bien por haberse producido sin otra intervención que la del otorgante, deben ser valorados por el fallador sin necesidad de ratificarlos (…) no es posible sostener que, en todos los casos, la prueba deba ser objeto de ratificación o que siempre la contraparte deba tener la posibilidad de contrainterrogar en el mismo momento, como tampoco que determinada prueba deja de serlo porque la contraparte no fue citada, pues, en todos los casos, lo esencial tiene que ver con que quien no participó en su formación, tenga acceso, con igualdad probatoria y posibilidad, a oportunidades reales y efectivas de contradicción. (…)”(44).

Así las cosas, la Sala valorará las declaraciones extraproceso obrantes en el plenario, las cuales, en su mayoría, se encuentran ratificadas.

En cuanto a los testimonios de oídas que obran en el plenario, la Sala los valorará y examinará de conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia de esta Corporación que ha manifestado:

“Debe señalarse con relación al testimonio que su valoración y ponderación requiere del juez, como en todos los casos, determinar el valor de convicción del mismo y su real dimensión, se itera, bajo su apreciación en conjunto y con aplicación de las reglas de la sana crítica, ejercicio cuya complejidad se acentúa en tratándose de testimonios de oídas o aquellos calificados como sospechosos, los cuales, según se infiere de lo dicho en líneas anteriores, no pueden ser desechados de plano sino que rigidizan su valoración de cara al restante material probatorio, por cuanto serán examinados con mayor severidad. Debe entenderse, entonces, que son, precisamente, las reglas de la sana crítica las que aconsejan que tanto el testigo sospechoso como el ex audito, se aprecie con mayor rigor, se someta a un tamiz más denso de aquel por el que deben pasar las declaraciones libres de sospecha o cuya percepción fue directa o se subvaloren. Pero sin que puedan desecharse bajo el argumento del parentesco, interés o falta percepción directa, sino porque confrontados con el restante material probatorio resultan contradictorios, mentirosos, o cualquier circunstancias que a criterio del juez merezca su exclusión o subvaloración. Bajo esta filosofía, el ordenamiento procesal, artículo 218, inciso final, permitió que el juez apreciara los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso y al igual que las tachas sus motivos y pruebas fueran valoradas en la sentencia, ocurriendo lo propio con el testimonio de oídas. (…)”.

Por último, con relación a las diligencias de indagatoria que obran en el plenario, teniendo en cuenta que estas no fueron rendidas bajo la gravedad de juramento, la Sala las valorará y examinará como prueba indiciaria en conjunto con el restante material probatorio que se encuentra en el expediente.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”(45).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto, según lo determine el juez con fundamento en el principio iura novit curia(46).

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(47) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. La responsabilidad por actividades de grupos armados insurgentes.

El Consejo de Estado ha considerado que en algunos eventos, con fundamento en los regímenes de responsabilidad desarrollados con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991, la administración puede resultar responsable del perjuicio sufrido por los ciudadanos como consecuencia de atentados terroristas o actos perpetrados por terceros.

De manera que existen casos de actos perpetrados por grupos armados al margen de la ley o donde se causan daños dentro del enfrentamiento surgido entre estos grupos y la actuación de la fuerza pública, en los que la Sala ha declarado la responsabilidad del Estado con fundamento en el incumplimiento de un deber legal o la falla en el servicio y, del mismo modo, en otros eventos ha señalado que cuando a pesar de la legitimidad y legalidad de la actuación del Estado resultan sacrificados algunos miembros de la colectividad, tal situación denota un claro desequilibrio en las cargas que los administrados no tienen el deber de soportar.

4. Deberes normativos de la Fuerza Pública.

La base genérica de todo deber normativo de protección de los ciudadanos en cabeza del Estado lo consagra el artículo 2º de la Carta Política, en el que se delimitan los fines esenciales del Estado y, se consagra el mandato expreso dirigido a las autoridades de la República para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Es, sin duda, la afirmación del Estado Social de Derecho, en el que la garantía de los derechos del individuo adquiere el carácter de deber positivo(48) de la Administración Pública. Y es esencial, si se quiere consolidar un modelo de democracia funcional (Frank I Michelman; Marhta Nussbaum), esto es, de aquella en la que se garanticen “los presupuestos materiales para el ejercicio efectivo de las libertades civiles y políticas”(49), que haga posible una verdadera democracia.

Con base en lo anterior, se tiene que la fuerza pública como autoridad de la República, se encuentra integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (C.P., art. 216); la primera, tiene como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, por su parte, la Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 218 de la Constitución, es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

En atención a lo anterior, el servicio que brinda la fuerza pública debe prestarse con estricta aplicación del principio de planeación, de acuerdo con el cual se está obligado a proyectar, preparar y distribuir las acciones, teniendo en cuenta las características del grupo militar a disposición y las conclusiones del análisis efectuado de la población en la cual se va a adelantar un operativo, de manera tal, que de acuerdo con los resultados obtenidos, existirán unos medios de control y una actuación de la fuerza pública que implicará mayores esfuerzos en los lugares más afectados, para así prevenir y contrarrestar las diversas situaciones que atentarían contra la seguridad y bienestar de la comunidad, buscando mantener y defender el orden público y garantizando, a su vez, la vida, integridad y seguridad de los colombianos.

Esta planeación es previa y de carácter preventivo o precautorio, y se estructura teniendo en cuenta, además de los factores antes mencionados, la memoria local y topográfica de la jurisdicción, consistente en la información amplia y detallada de la población, extensión del territorio, puntos críticos, topografía, vías de comunicación, situación de orden público y otros datos que sirven como base en la planeación y organización del servicio, tales como, las actuaciones militares vividas, contentivas de los aciertos y desaciertos desarrollados en operaciones anteriores, el análisis objetivo de los aspectos positivos y negativos en la aplicación de planes y actividades militares, la densidad de la población, la jurisdicción de cada unidad, las funciones del grupo o escuadra, las zonas de vigilancia, la idiosincrasia de la comunidad, los servicios públicos con que cuenta determinada comunidad, los puntos críticos de ésta, la disponibilidad de recursos humanos y materiales para el servicio. Todo lo anterior, derivado de expresos mandatos normativos y no de un juicio a priori acerca de la estrategia militar y policial, que la jurisdicción no está llamada a realizar.

Del mismo, no puede olvidarse que la fuerza pública, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, debe velar porque en todas sus actuaciones y operaciones militares, se respeten los principios que inspiran la vida militar y policial, tales como:

1. Respeto por los Derechos Humanos y acatamiento del Derecho Internacional Humanitario.

2. Respeto por la Constitución y la Ley.

3. Honor militar.

4. Disciplina

5.Ética en todas las actuaciones.

6. Compromiso

Ahora bien, de acuerdo con lo consagrado en la Carta Política y en los artículos 1.1, 2º, 4º y 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos, es claro que la obligación positiva que asume el Estado de asegurar a todas las personas residentes en Colombia la preservación de sus derechos a la vida y a la integridad física y seguridad personal, no se encuentra dentro de la clasificación moderna de las obligaciones con carácter de resultado sino de medio, de manera que las distintas autoridades públicas están llamadas a establecer las medidas de salvaguarda que dentro de los conceptos de razonabilidad y proporcionalidad resulten pertinentes, a fin de evitar la lesión o amenaza de los derechos fundamentales, especialmente cuando dicha protección debe surtirse en el marco del conflicto armado interno.

Por otra parte, frente a las obligaciones de prevención, es necesario tener en cuenta que estas se conciben por lo general, como aquellas que implican realizar los máximos esfuerzos, es decir, la adopción de todas las medidas razonables o necesarias para evitar que se produzca un acontecimiento determinado, aunque sin garantizar que el mismo no vaya a producirse, sino anticipándose a las manifestaciones que representen una amenaza cierta (inmediata, irreversible e irremediable).

5. El hecho del tercero dentro del conflicto armado interno.

Se destaca que el hecho del tercero debe estar revestido de cualidades como que sea i) imprevisible, ii) irresistible y iii) ajeno a la entidad demandada. Es acertado que algunas decisiones sostengan que no se requiere que el hecho del tercero sea culposo para que proceda como eximente, y por otra parte, se tiene como exigencia que la actuación del tercero sea adecuada. También se indica que corresponde a la entidad demandada probar los elementos constitutivos de este eximente de responsabilidad.

La problemática que plantea el hecho del tercero radica en su análisis desde la óptica de la causalidad, o bien en el marco de la tendencia moderna de imputación objetiva, o en la construcción de los deberes positivos del Estado(50).

Sin embargo, la tendencia es a reducir la discusión a la determinación de las condiciones para que el hecho del tercero opere, y si cabe exigir que se reúnan las mismas condiciones que para la fuerza mayor. Esto resulta equivocado, ya que sería valorar el hecho del tercero desde la perspectiva propia al debate de la causalidad, de la determinación de si causalmente como eximente tiene la entidad para producir la ruptura de la “superada” relación de causalidad, cuyo lugar en el juicio de imputación que se elabora en la actualidad está en el ámbito fáctico de la imputabilidad del Estado.

Pero, ¿cómo superar el tratamiento causalista del hecho del tercero? En primer lugar, debe decirse que fruto de la constitucionalización de la responsabilidad extracontractual del Estado, la concepción del hecho del tercero como eximente no debe convertirse en elemento que no permita hacer viable el contenido del artículo 90 de la Carta Política, sino que debe advertirse que en la situación en la que se encuentra Colombia, de conflicto armado interno, no puede entronizarse como supuesto eximente el hecho del tercero, ya sea ligado a los presupuestos [equivocados] de la fuerza mayor [imprevisibilidad e irresistibilidad], o a la naturaleza de la actividad, o la relación del sujeto que realiza el hecho dañoso, sino que debe admitirse, o por lo menos plantearse la discusión, de si cabe imputar, fáctica y jurídicamente, al Estado aquellos hechos en los que contribuyendo el hecho del tercero a la producción del daño antijurídico, se logra establecer que aquel no respondió a los deberes normativos, a los deberes positivos de protección, promoción y procura de los derechos de los administrados, y de precaución y prevención de las acciones de aquellos que encontrándose al margen de la ley buscan desestabilizar el orden democrático y, poner en cuestión la legitimidad de las instituciones.

Las anteriores premisas derivan en las siguientes cuestiones,

El Estado no es un asegurador universal, simplemente obedece a unas obligaciones que se desprenden del modelo de Estado Social y Democrático de Derecho que exige ya no sólo la garantía de los derechos y libertades, sino su protección eficaz, efectiva y la procura de una tutela encaminada a cerrar la brecha de las debilidades del Estado, más cuando se encuentra en una situación singular como la de Colombia de conflicto armado interno, que representan en muchas ocasiones violaciones sistemáticas, o la aceptación de las mismas por parte de actores que no haciendo parte del Estado, no dejan de ser ajenos a la problemática de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Actores que desvirtúan que el Estado es el único que viola derechos. De acuerdo con la idea del “tercero” en el marco de un conflicto armado interno, no hay duda que no se requiere que haya un acuerdo o una “connivencia” entre el Estado y los terceros que producen violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En este sentido, la concepción del hecho del tercero debe superar como hipótesis la necesidad de determinar un vínculo material u orgánico para que pueda atribuirse la responsabilidad, ya que lo sustancial es el rol que juega la administración pública, su “posición de garante de vigilancia”, de la que derivan todos los deberes de actor llamado de evitar, a ofrecer la protección debida a corresponderse con los deberes positivos, y que implica que debe actuar frente a situaciones que amenacen o puedan desencadenar un daño como consecuencia de las acciones de terceros, sino que sea admisible permitir que opere como cláusula de cierre de la eximente que se trate de actos indiscriminados, o que deba contarse con la verificación de la misma amenaza, sino que es el Estado el llamado a ejercer una intervención mucho más profunda ante fenómenos de violencia, o de insurgencia que tiene plenamente definidos.

Si bien, no se trata, de hacer radicar en el Estado una responsabilidad ilimitada frente a cualquier acto o hecho de los particulares (hecho de un tercero), pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo que es achacable directamente al Estado como garante principal(51).

Por lo tanto, se presenta una responsabilidad del Estado en aquellos hechos en los que contribuyendo el hecho del tercero a la producción del daño antijurídico, se logra establecer que aquél no respondió a los deberes normativos, a los deberes positivos de protección, promoción y procura de los derechos de los administrados, y de precaución y prevención de las acciones de aquellos que encontrándose al margen de la ley buscan desestabilizar el orden democrático y, poner en cuestión la legitimidad de las instituciones.

6. Análisis del caso concreto.

En el caso de autos los demandantes solicitaron que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Ejército Nacional de los perjuicios sufridos con motivo de la muerte de Ramiro Alfonso Vargas Barbosa en los hechos acaecidos el 3 de marzo de 1995 en el municipio de El Tarra - Norte de Santander.

Al respecto, la Sala encuentra acreditada la concreción del daño antijurídico consistente en la muerte de Ramiro Alfonso Vargas Barbosa, con el certificado de defunción en el que consta que la víctima falleció el 3 de marzo de 1995 en el municipio El Tarra - Norte de Santander(52).

De otra parte obra en el plenario, el acta de levantamiento del cadáver “no identificado”, realizada el 3 de marzo de 1995, el cual fue encontrado bajo las siguientes condiciones(53):

“LUGAR DE LA MUERTE: Centro de Salud. Mpo de El Tarra Norte de Santander.

FECHA: Marzo 3/95 HORA: 10:30 a.m.

(…)

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DEL HECHO: Vía Vereda Bracitos, jurisdicción del municipio de El Tarra - Norte de Santander.

(…)

HERIDAS: Dos orificios de entrada en tercio medio cara anterior muslo izquierdo; con salida en tercio inferior, cara posterior muslo izquierdo 15 x 10 y 12 x 10 entrada, salida 30 x 20. Otra en región lateral de pelvis al lado izquierdo con pérdida de sustancia de más o menos 10 cm de diámetro que corresponde a herida superficial no penetrante, orificio de entrada en la región posterior torácica izquierda a 56 cm del vértice y 11 cm de la línea media orificio de salida a 51 cm en región anterior del tórax izquierdo a 51 cm omitido del vértice y 12 cm de la línea media (se extrajo ojiva del proyectil 762), un orificio de entrada de 4 x 3 localizada en la parte inferior del blanco izquierdo con dirección al tórax sin orificio de salida (…)”.

Al respecto también se halla el certificado expedido el 3 de marzo de 1995 por la Inspectora Municipal de Policía de El Tarra - Norte de Santander, en el que consta que la víctima no identificada en el acta de levantamiento corresponde a Ramiro Alfonso Vargas Barbosa, el cual fue encontrado con su cédula de ciudadanía, libreta militar y licencias de conducción(54).

Asimismo, la Inspectora Municipal de Policía del municipio de El Tarra - Norte de Santander, mediante certificado expedido el 3 de marzo de 1995 hizo constar el señor Ramiro Alfonso Vargas Barbosa falleció ese mismo día a las 10:30 a.m.(55).

Ratifica el contenido del acta de levantamiento la Necropsia realizada por el Hospital Benito Ovalle el 9 de mayo de 1995, en la que se observa(56):

“(…) LESIONES:

Dos orificios de entrada en tercio medio cara anterior, muslo izquierdo con salida en tercio inferior, cara posterior muslo izquierdo 15 x 10 y 12 x 10 entrada, salida 30 x 20. Otra en región lateral de pelvis lado izquierdo con pérdida de sustancia de más o menos 10 cms. De diámetro que corresponde a herida superficial no penetrante. Orificio de entrada en la región posterior toráxica izquierda a 56 cms del vértice y 11 cms de la línea media, orificio de salida a 51 cms en región anterior del tórax izquierdo a 51 cms. Un orificio de entrada localizada en la parte inferior del flanco izquierdo con dirección hacía el tórax sin orificio de salida.

Clase de arma: Arma de fuego

Posible causa de la muerte: Anemia aguda por destrucción de grandes vasos”.

De lo anterior se puede concluir que la víctima recibió 5 impactos causados con arma de fuego, todos en el costado posterior de su cuerpo, dos de ellos en el muslo (entrada en la partes posterior); otro fue en la parte lateral de la pelvis, es decir que la víctima se giró en ese momento (herida superficial no penetrante); otro en la espalda (región torácica posterior); y otro también en la parte baja de la espalda, aunque debido a la falta de claridad sobre la forma en que resultó herido Ramiro Vargas, es imposible para la Sala establecer por qué los impactos se dieron por la parte posterior de su cuerpo.

Ahora bien, la pregunta que se plantea la Sala en este escenario es si el daño antijurídico antes especificado resulta fáctica y jurídicamente atribuible a la fuerza pública, representada en la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

En aras de resolver este planteamiento deben atenderse las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, así como la participación, tanto, de los grupos armados al margen de la ley como de las autoridades públicas, de acuerdo con su marco de deberes normativos.

En este sentido, el primer hecho lo configura el hurto del camión “marca Mazda turbo diésel 4.5 color rojo, carpa roja de placas MT - 107 de Candelaria - Valle, el cal transportaba 70 cuñetas de pintura de vinilo”, propiedad de Héctor Favio (sic) Navia Mancilla, quien el 3 de marzo de 1995 a las 07:30 a.m. denunció ante el Comando de la Policía de El Tarra - Norte de Santander, el hurto del camión de su propiedad, bajo las siguientes circunstancias(57):

“Siendo más o menos las 06:30 horas cuando íbamos saliendo del municipio El Tarra con dirección a Ocaña en la altura al (sic) sitio llamado Los Tanques, salieron a la vía siete u ocho sujetos portando revólveres y pistolas diciendo pertenecer al ELN los cuales procedieron a detener el vehículo y hacernos bajar diciendo que necesitaban el carro, los cuales nos condujeron al monte para llevarse el vehículo, nos hicieron devolver vía El Tarra, como a la media hora apareció una patrulla del Ejército con la cual nos devolvimos al sitio del hurto viendo que el vehículo no se encontraba allí. (…) PREGUNTADO: A qué horas llegó usted al pueblo y a qué otra autoridad dio conocimiento. CONTESTÓ: Nosotros llegamos a las 07:30 horas al municipio y de inmediato vinimos a colocar el denuncio y la otra autoridad que supo del hecho fue una patrulla del Ejército que pasaba por el sector del hurto. (…)”.

En el mismo sentido se consignó en el libro de población de la Estación de Policía Rural de “El Tarra” que el 3 de marzo de 1995 a las 7:30 a.m., se presentó en dicha Estación el señor Héctor Favio (sic) Navia Mancilla con el fin de denunciar el hurto del camión Mazda color rojo de placas VMT -107 por parte de 6 miembros que vestían prendas de civil y portaban armamento de corto alcance y quienes se identificaron como miembros del ELN(58).

Además de lo anterior, en dicho libro se dejó constancia que a la 1:00 p.m. se hizo el levantamiento del cadáver del señor Ramiro Vargas, quien venía conduciendo el vehículo hurtado y a quien se le encontró en su poder 2 granadas de fragmentación tipo americana.

Adicionalmente, en el polígrama 24 del 3 de marzo de 1995 de la Estación de Policía Rural del municipio El Tarra, se consignó que ese día a las 6:30 a.m. fue hurtado por alrededor de 6 a 8 sujetos, portando armamento corto un vehículo Mazda de placas VMT - 107 de propiedad del señor Héctor Fabio Navia Mancilla(59).

Asimismo, en dicho polígrama se observa que durante el levantamiento del cadáver del señor Ramiro Vargas, éste tenía dos heridas en el muslo izquierdo, pelvis lado izquierdo, en el tórax todas con orificio de salida, las cuales fueron producidas con arma de fuego largo alcance galil, en hechos ocurridos en la Vereda Barritos, cuando fue atacada la patrulla del Ejército y la Policía Nacional.

Es de anotar, entonces, que el vehículo hurtado fue recuperado el mismo día 3 de marzo de 1995, según consta en el certificado de esa fecha, expedido por la Inspectora Municipal del Tarra - Norte Santander(60):

“En el día de hoy se hizo presente en el Despacho de la Inspección Municipal de El Tarra Nº 3 siendo las 5:45 de la tarde el señor Jaime Medina García, Comandante del Batallón de Contraguerrillas Nº 16 de la Brigada Móvil Nº 2 con el objeto de hacer entrega del vehículo camión marca Mazda turbo diésel 4.5, color rojo, carpa roja de placas VMT - 108 de Candelaria (Valle) de propiedad del señor Héctor Fabio Manzilla (…), quien entabló denuncia por pérdida ante el Comando de la Policía de El Tarra Norte de Santander, el cual se encuentra ubicado en la carretera que del Tarra conduce a la vereda Bracitos, más exactamente pasando la Escuela Santa Clara, más o menos media hora de camino de El Tarra hasta donde se encuentra localizado el vehículo, el vehículo se encuentra con las siguientes haberías (sic) como consecuencia del cruce de disparos entre el personal que se movilizaba en el vehículo y las tropas de la Brigada Móvil Nº 2, daño en el sistema de embrague, en el sistema de frenos y con varios impactos de diferente calibre en la carrocería y la cabina”.

Así las cosas, queda acreditado que la muerte de Ramiro Alfonso Vargas Barbosa tuvo lugar dentro del operativo a través del cual se recuperó el vehículo hurtado, el cual fue adelantado por miembros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

Esto se corrobora con el informe sobre levantamiento de 4 de marzo de 1995 realizado por la Policía Nacional - Estación Rural El Tarra en el que consta(61):

“El día 03-03-95 siendo las 12:30 horas la Inspectora de Policía en asocio con la Policía de esta localidad practicó el levantamiento de cadáver de un NN masculino, soltero, edad 40 años, sin más datos, el cual presentaba dos orificios de entrada en el tercio medio cara anterior muslo izquierdo, con salida en tercio medio cara posterior muslo izquierdo, otra en la región posterior torácica izquierda con salida en la región anterior del tórax lado izquierdo, un orificio de entrada en la parte inferior del blanco izquierdo sin orificio de salida.

El anterior fue dado de baja por una patrulla mixta del Ejército y la Policía aproximadamente media hora más delante de la Escuela Santa Clara, en un enfrentamiento con subversivos, fue trasladado al Centro de salud El Tarra, donde posteriormente falleció”.

Al respecto, deben dilucidarse las circunstancias en que se desarrolló el operativo, así como la ubicación y actuación de la víctima dentro de dicho operativo y, por supuesto, la actuación de quienes hurtaron el vehículo.

En este punto se observa el informe operacional rendido el mismo 3 de marzo de 1995 por las Fuerzas Militares de Colombia - Ejército Nacional, en el que sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos, consta(62):

“1. El día 1º de marzo, se obtuvo conocimiento que para el 3 de marzo se estaba planeando una manifestación de profesores, auspiciada por la guerrilla, hecho que fue confirmó (sic) una información que ya se tenía pero no se conocía la fecha.

2. En efecto el día 2 de marzo, aparecieron carteles alusivos a una concentración en la plaza del parque donde se invitaba a los diferentes gremios comprometidos con la educación.

3. El día 1º de marzo, también se obtuvo información sobre la presencia de personal extraño en el barrio El Tarrita, y así mismo de la base militar del Batallón Patriotas se obtuvo la información de que en cercanías de este barrio había hecho un retén la guerrilla.

Tenidos estos puntos aprecié que el 3 de marzo podría haber algún incidente, motivo por el cual ordene una seguridad y registros sobre cerros y lugar previsto para la evacuación del puesto de mando del batallón, (…) es así como a las 6:30 horas, se encontró la patrulla que iba al mando del SS. Zarate Castillo Tiberio con el sujeto Héctor Fabio Navia Mancilla (…), quien a su vez le manifestó que hacía poco de 6 a 8 sujetos que decían ser del ELN le habían hurtado su vehículo Mazda Estaca color rojo, placa VMT-107 de Candelaria (Valle), el Sargento lo envió a interponer la denuncia y continuó con la patrulla hacia el barrio 1º de enero, ya que sobre este sitio se tiene información de ser el centro de los facinerosos, cuando estaba en esto y transcurrida casi una hora, se encontró con la patrulla de la Policía que ya había recibido la denuncia, ahí recibieron la información de que el vehículo había pasado en dirección a la Vereda La Primavera (Vereda del municipio de San Calixto), decidieron registrar hacia las afueras del pueblo en esa dirección y es así que cuando el vehículo hurtado que venía bajando de la vereda Bracitos, apareció en una curva, al ver los sujetos la tropa abrieron fuego a lo que la patrulla respondió y al mismo tiempo se dieron a la fuga. En ese momento el SS Zarate aseguró el terreno y el CS de la Policía, Beltrán Sánchez registró el vehículo, encontrando herido al sujeto Ramiro Vargas y junto a él dos granadas de fragmentación para lanzar con la mano. Cabe agregar que en el momento en que apareció el carro hurtado, la patrulla se encontraba registrando otro vehículo (…), vehículo que fue aprovechado para trasladar de inmediato al herido quien posteriormente falleció en el puesto de salud (…)”.

Asimismo obra la minuta de guardia del día 3 de marzo de 1995 de la Estación de Policía Rural del municipio El Tarra en la que consta(63) que en esta fecha a las 7:40 a.m., se desplazó una patrulla, al mando “del señor Cdte. Beltrán Sánchez, Agentes Echeverría Chacón Jorge, Vanegas Ochoa Farid, Pinzón Rosales Bernardo, Coronel Ortiz José Adolfo, López Fonseca Nevardo, Avellaneda Garavito Wilson y Cardona Velásquez f5tcon armamento de dotación destino barrio 1º de enero y alrededores fin tratar de recuperar un vehículo Mazda de placas VMT - 107 de propiedad del señor Héctor Fabio Navia Mancilla hurtado el día de hoy a las 06:10 horas, sitio el Tarrito por 6 individuos que vestían prendas de civil, portaban armamento corto alcance (…)”.

La siguiente anotación consignada en la minuta a las 9:50 a.m. del mismo día se dijo que “De la patrulla antes anotada integrada por 01-7 unidades, como novedad informaron que estuvieron en enfrentamiento con los subversivos que hurtaron el camión y fue herido un subversivo sin identificar (…)”.

Dadas las cosas, en la recuperación del vehículo hurtado se presentó un enfrentamiento armado entre la fuerza pública (Policía y Ejército) en el que resultó herido Ramiro Alfonso Vargas Barbosa, quien inicialmente fue identificado como parte de los subversivos que habían hurtado el vehículo y atacado a las autoridades.

Vale resaltar que de acuerdo con los citados informes, junto a la víctima se encontró diferente material de guerra, y así lo corrobora la constancia expedida el mismo 3 de marzo de 1995 por la Inspectora Municipal de Policía de El Tarra - Norte de Santander, quien sostuvo(64):

“Con relación a los hechos ocurridos el día 3 de marzo de 1995, en el momento de la patrulla requisar el vehículo se encontró junto el herido dos granadas según afirmación del Cabo Segundo Ever Beltrán Sánchez y el Sargento Segundo Zarate Castillo Tiberio (ejército) son de fabricación americana pero no empleadas actualmente por la Policía Nacional o el Ejército.

Descripción de las 2 granadas: cubiertas de sangre, redondas y de color oscuro sin lectura o número.

(…)”.

Todo lo anterior se resume en el informe de novedad de 4 de marzo de 1995 realizado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Estación Rural El Tarra en el que consta(65):

“Aproximadamente a las 07:30 horas se presentó ante este Comando el señor Héctor Fabio Navia Mancilla para colocar el denuncio sobre el hurto de un vehículo Mazda turbo diésel a la salida del pueblo hacía Bella Vista, por aproximadamente 6 a 8 sujetos que portaban armamento corto y vestían de civil. Inmediatamente organicé una patrulla y procedimos a realizar un patrullaje por el perímetro urbano para localizar el vehículo; en el barrio primero de enero nos encontramos con una patrulla del Ejército al mando del señor SS. Zarate Castillo Tiberio, los cuales hacían un patrullaje con el mismo objetivo (localizar el vehículo).

Un ciudadano nos dio información de que el vehículo había tomado la carretera que conduce a la vereda la primavera por lo que el señor SS. Zarate me dijo que organizáramos la patrulla mixta y nos desplazáramos por dicha carretera. De inmediato nos desplazamos y aproximadamente media hora más adelante de una escuela llamada Santa Clara se desconoce el nombre del lugar, siendo aproximadamente la 09:40 horas, se dirigía hacia el poblado una camioneta Nissan Azul, le hicimos el retén para preguntarle por el vehículo antes descrito, el conductor manifestó que no lo había visto, estando en esa actividad repentinamente llegó el vehículo Mazda turbo diésel y los sujetos al notar la presencia de la Policía y el Ejército abrieron fuego contra los uniformados a lo cual reaccionamos de inmediato; los sujetos saltaron del vehículo hacia el monte emprendiendo la huida; se procedió a hacer el registro del vehículo y se constató que había un sujeto herido y junto a él se encontraron dos granadas de fragmentación de fabricación americana. Evacuamos el herido y lo trasladamos en la camioneta Nissan Azul al Centro de Salud El Tarra, donde posteriormente falleció.

Posteriormente se constató que el occiso era empleado de la Alcaldía, conducía volqueta del municipio y que respondía al nombre Ramiro Vargas (…)”. (Resaltado fuera de texto).

La pregunta que en este escenario surge es ¿por qué un funcionario - conductor de la Alcaldía del municipio se encontraba conduciendo un vehículo hurtado, en compañía de presuntos miembros del ELN, quienes, según indica el material probatorio hasta ahora visto, quisieron evadir la fuerza pública mediante un ataque con armas de fuego?.

A la sazón, el artículo publicado en el diario La Opinión denominado “Muerto presunto halador de carros” (sin fecha) sostuvo(66):

“Un presunto halador de vehículo fue ultimado a tiros cuando trató de enfrentarse a una patrulla combinada del Ejército y la Policía Nacional, según reportaron las autoridades de El Tarra.

El occiso fue identificado como Ramiro Vargas sin más datos personales.

(…).

Enfrentamiento

De acuerdo con la información entregada a la Opinión eran las 10:00 de la noche cuando por el mismo sector apareció el camión Mazda hurtado.

Sin vacilación alguna los uniformados ordenaron el pare al conductor, pero este en vez de detener la marcha, al parecer desenfundó un revolver y trató de abrirse paso a tiros”.

Sobre el señor Ramiro Alfonso Vargas Barbosa, Nancy Cabrales Torrado (esposa y demandante), en denuncia formulada el 17 de marzo de 1995 ante la Personería del municipio de El Tarra, informó que la víctima era un hombre pobre pero muy honrado, con una hoja de vida limpia, quien a su parecer murió de manera arbitraria a manos de las Fuerzas Armadas(67).

En otra denuncia (sin fecha) la misma señora Cabrales Torrado dijo ante la Procuraduría Seccional de Ocaña que(68):

“1) Mi esposo Ramiro Alfonso Vargas Barbosa, llevaba trabajando en el municipio de El Terra (N.S), desde hace unos 8 años y empezó a trabajar como conductor de una volqueta.

2) El 3 de enero de 1995, Ramiro Alfonso Vargas comenzó a trabajar en El Tarra y tenía a su cuidado la volqueta del municipio de El Tarra.

3) El viernes 3 de (sic) 1995 a eso de las diez y media de la mañana, llamaron a donde un compadre de nombre Trino Mantilla a avisarle que Ramiro había tenido un accidente en la volqueta, pero a eso de las 11 de la mañana del mismo día, llegaron a mi casa los compadres de Ramiro de nombre Trino Mantilla y Clara Jaimes y me dijeron que qué sabía del compadre Ramiro y les dije que no sabía nada, porque a la casa de él, o sea la de Trino que Ramiro había tenido un accidente y yo enseguida llamé al Tarra y me dijeron que Ramiro había fallecido (sic).

(…)

5) Por las versiones que corren en El Tarra dicen que fue la Fuerza Pública combinada de la Policía Nacional y el Ejército que opera en El Tarra.

(…)”. (Resaltado fuera de texto)

De otra parte se observa un comunicado aparentemente emitido por el ELN en el mes de marzo de 1995 en el que se informa a la opinión pública(69) lo siguiente:

“1. Reivindicamos como Organización la autoría de la recuperación de una pintura transportada entre Cúcuta - Ocaña el pasado 3 de marzo del 95.

2. Que obligamos al señor Ramiro Alfonso Vargas Barbosa en horas de la mañana para que condujera el vehículo Mazda turbo diésel tipo camioneta, donde se transportaba la pintura.

3. Cuando el vehículo regresaba para ser entregado fue emboscado por fuerza conjunta Policía - Ejército al mando del Cabo 2º por la Policía de El Tarra, Ever Beltrán en la vereda Santa Clara en la vía de El Tarra - La Primavera.

4. Que las Fuerzas Armadas se ensañaron contra el conductor del vehículo, disparándole indiscriminadamente y causándole heridas de consideración que ocasionaron horas más tarde su muerte.

5. Señalamos a las Fuerzas Armadas Estatales que participaron, como los responsables directos de la muerte del señor Ramiro Vargas, pues pudieron evitarla ya que en ningún momento fueron atacados.

(…)”.

Nótese que aunque la demandante - esposa de la víctima en sus denuncias sostuvo que Ramiro Vargas era un hombre que se dedicaba a actividades licitas mediante su empleo como funcionario de la Alcaldía, el mismo comunicado del ELN muestra que la víctima colaboró en la conducción del vehículo hurtado, aunque dijo que fue obligado por dicho grupo armado al margen de la ley, quienes, además, junto con la señora Cabrales, atribuyeron la muerte a la fuerza pública.

Sin embargo, a esta conclusión no llegó la justicia, pues mediante el empleo de los procedimientos establecidos por el ordenamiento legal, la Policía Nacional en proceso disciplinario iniciado contra los miembros de la “Estación El Tarra”, en providencia del 6 de julio de 1995, resolvió decretar la cesación del procedimiento adelantado en contra de los uniformados por los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1995 por cuanto consideró(70):

“Encuentra el Despacho que el procedimiento efectuado por el personal que conformó la patrulla tendiente a dar con el paradero del automotor hurtado, se ajustó a los parámetros procedimentales de ley y que las heridas que se le ocasionaron al señor Héctor Fabio Navia Mancilla, se le ocasionaron en el intercambio de disparos que ellos propiciaron cuando notaron la presencia de los uniformados y como se movilizaban en el automotor que en horas de la mañana habían hurtado, optaron por huir dejando abandonado a su compañero, quien posteriormente se logró identificar plenamente y correspondía al conductor de la volqueta al servicio de la Alcaldía (…)”.

De igual forma, dentro del proceso penal adelantado contra de los agentes de Policía que participaron en los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1995, el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar, mediante providencia del 30 de noviembre de 1995, decidió cesar toda acción penal, porque consideró(71):

“Del material probatorio aportado a la investigación hasta este momento procesal se establece que el particular Alfonso Vargas Barbosa fue herido en el enfrentamiento sostenido entre los delincuentes que éste acompañaba y los representantes de la fuerza pública, los que respondieron en las mismas circunstancias y ante la agresión inminente e injusta que los hacía objeto los fascinerosos, los que al verse sorprendidos en flagrancia, obraron en las circunstancias ya anotadas. Es decir, lo expuesto por los encartados ha sido respaldado probatoriamente en el curso de la investigación en razón a que se ha demostrado que efectivamente el 03-03-95 fue hurtada la camioneta Mazda de placas VMT-017 en la vía que del municipio de El Tarra conduce a Ocaña, por ocho delincuentes que se hallaban armados; como también que el enfrentamiento fue repelido tanto por los sindicados como también por los miembros del Ejército que allí componían la patrulla mixta, sin que hasta el momento se haya podido establecer quien o quienes fueron los autores de las lesiones ocasionadas a Vargas Barbosa y que le produjeron su fallecimiento. (…)”.

La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Superior Militar en sentencia del 24 de abril de 1996 en la que se dijo(72):

“(…) Los agentes al versen atacados no tuvieron otra alternativa que repeler el fuego para defender su vida o la integridad personal observándose que en su actuar no se excedieron los límites de la necesidad ni del cumplimiento de la ley, por lo tanto sus conductas se justifican y desde luego no son punibles.

No existe además prueba indiciaria ni directa que contradiga las confesiones cualificadas de los uniformados quienes de consuno han sostenido que cuando el particular Vargas Barbosa vio la patrulla, abrió fuego sobre ellos y al reaccionar apareció dado de baja éste, presentándose la causal de justificación la que aunado al reglamento urbano y rural de la Policía Nacional que indica la forma como se pueden utilizar las armas en forma legítima, que no es otra cosa que procurar el menor daño al rebelde que sea sorprendido en flagrancia, como fue lo que ocurrió desarrollándose una reacción de la legitima defensa (…)”.

A su turno, el Juzgado Séptimo de Instrucción Penal Militar dentro del proceso adelantado por los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1995, mediante providencia del 22 de febrero de 1996 resolvió abstenerse de abrir la investigación contra el personal militar del Batallón de Contraguerrilla Nº 16 por cuanto consideró(73):

“Cabe pensar que los señores que iban y que sustrajeron la camioneta tenía objetivos subversivos y terroristas, porque se encuentra en ella dos granadas, hecho este muy indicador que se trataba de sujetos de cierta peligrosidad. Ahora bien, existía una relación estrecha entre los señores que iban en la camioneta y Ramiro Alfonso Vargas Barbosa, porque no se explica uno que éste último hubiera sido obligado a conducir y además forzado a realizar actos penalmente reprochables, a sabiendas que estaba cometiendo una infracción, entonces son situaciones que lo llevan a uno como instructor a pensar que era el occiso integrante de un grupo subversivo, o por lo menos un colaborador muy eficaz para sus propósitos.

Otra circunstancia para considerar fue el hecho de que horas antes la camioneta donde se transportaban y la cual conducía Vargas Barbosa, había sido hurtada al señor Héctor Fabio Navia, quien supo la denuncia ante la Policía, hecho este que motivó montar un operativo conjunto del Ejército y la Policía, en cumplimiento de un deber legal de perseguir e ir tras los malhechores o subversivos, como una de las causales de justificación del hecho de que habla el artículo 26 del C.P.M. (…)”. (Resaltado fuera de texto).

Asimismo en providencia proferida el 27 de junio de 1996, la Procuraduría Provincial de Ocaña dentro del proceso iniciado en contra del Sargento Segundo Tiberio Zarate Castillo, resolvió abstenerse de iniciar investigación en su contra por cuanto consideró(74):

“De acuerdo con los elementos probatorios recopilados e impartida la sana crítica se desprende que indudablemente el occiso Ramiro Alfonso conducía el vehículo hurtado, el cual fue obligado por la guerrilla a conducirlo, como de ello se tiene prueba, no se puede endilgar que exista responsabilidad subjetiva o que al momento de hacer el asomo el vehículo hurtado la tropa combinada no estaba en condiciones de evaluar qué persona conducía el automotor y en ese encuentro cayó herido y posteriormente estas le conculcan su muerte y además se tiene suficientes probanzas que certifican sobre los que dan una plena identidad, lo que nos permite acoger el informe evaluativo de la visitadora el cual es acorde con los sucesos y lo hasta ahora probado” (resaltado fuera de texto).

Sin embargo, también observa la Sala que la Procuraduría Provincial de Cúcuta el 7 de noviembre de 1996 resolvió elevar pliego de cargos en contra del Sargento Tiberio Zarate Castillo al considerar que el Ejército junto con la Policía Nacional causaron daño grave a Ramiro Alonso Vargas(75).

Pese a esto, debe tenerse en cuenta que la providencia aquí mencionada es un simple pliego de cargos que no desvirtúa la inocencia de los disciplinados y no que obre dentro del plenario el resultado final de la investigación disciplinaria, de manera que esta prueba no compromete la responsabilidad del Ejército Nacional ni de alguno de sus miembros.

Ahora bien, lo que la Sala concluye del material probatorio hasta aquí expuesto, especialmente de los informes rendidos por la fuerza pública, es que ésta usó sus armas de fuego en respuesta al ataque de quienes se transportaban en el vehículo hurtado, y está conclusión queda corroborada con la declaración rendida por el único testigo, distinto de los miembros de la fuerza pública, que presenció el momento del enfrentamiento.

El señor Rubén Quintero Ortega, quien presenció los hechos, en declaración rendida el mismo 3 de marzo de 1995 manifestó(76):

“Yo venía bajando en el carro la bajada a Bracitos cuando me encontré con el Ejército y la Policía y me pararon a preguntarme por un carro rojo y estando en la pregunta cuando se presentó el carro rojo y comenzó el plomeo y yo corrí el carro más abajo y me tiré a tierra y comenzaron a disparar de lado a lado. (…)”.

Asimismo, el señor Rubén Quintero en declaración rendida el 14 de marzo de 1995(77) informó que Ramiro Alfonso Vargas (víctima) iba conduciendo el vehículo de color rojo que la Policía y el Ejército Nacional estaban buscando, en el cual se encontraban otras personas que tenían armas de corto alcance y sostuvo que en el momento de los hechos ni la Policía ni el Ejército ordenaron la detención del vehículo, por el contrario, cuando “ellos vieron el carro de una vez comenzaron a disparar”; frente a lo cual el testigo en declaración del 20 de abril de 1995(78) aclaró que las personas que venían en el carro que la víctima conducía fueron los primeros en lanzar fuego en contra de la Fuerza Pública.

En similar sentido se encuentran los testimonios de los miembros de la fuerza pública, entre ellos el testimonio rendido el 3 de marzo de 1995 por Tiberio Zarate Castillo - Sargento Segundo del Ejército Nacional, quien en cuanto a las circunstancias en que ocurrieron los hechos manifestó(79):

“(…) Recibí la orden del Comandante de Contraguerrilla para hacer a los alrededores del casco urbano del municipio de El Tarra un registro, siendo las 6:00 de la mañana en la altura del Barrio El Tarrita encontré a los dueños de la camioneta que habían hurtado, me informaron que hacía 20 minutos les había robado la camioneta de ellos que iba con pintura, procedí a hacer un registro en el Barrio Primero de Enero verificando si por ahí podía encontrar el carro, estando en el Barrio Primero de Enero me encontré con la patrulla de la Policía que también habían recibido la denuncia del carro, le solicité al Comando de los agentes habiendo recibido la información que el carro lo habían sacado por la carretera vía La Primavera, el Comandante de la Policía me aceptó hacer el registro hacia la primavera en la parte alta de la vereda Bracitos venía un carro azul procedimos a requisarlo siendo una curva venía la camioneta que había sido robada con los delincuentes que la habían hurtado cuando vieron la presencia del Ejército y la Policía procedieron a desenfundar sus armas y a dispararnos fue cuando el personal de soldados y agentes procedieron a defenderse ya habiendo pasado el tiroteo. Hicimos el registro del área un personal revisó el camión encontrando al señor herido teniendo en su poder dos (2) ganadas beisboleras americanas, haciendo el registro de los individuos sostuvieron el fuego después procedieron a huir. (…) Es de anotar que en el momento que se registró el carro el individuo que se encontró allí fue pasado inmediatamente a una camioneta que iba delante de la roja fue pasado el herido para transportarlo al pueblo para prestarle los primeros auxilios que no facilitó la persecución de los otros individuos” (resaltado fuera de texto).

También está la declaración rendida el 3 de marzo de 1995 ante la Inspección Municipal de Policía del municipio El Tarra por Ever Beltrán Sánchez - Suboficial de Policía y quien manifestó con relación a las circunstancias en que ocurrieron los hechos(80):

“A las 7:30 de la mañana se presentó ante el Comando de Policía un señor que dijo llamarse Héctor Fabio Navia, el cual manifestó que a las 06:30 más o menos por aquí a la salida del pueblo hacía Bellavista aproximadamente de 6 a 8 sujetos que portaban armas cortas y vestían de civil y que esos sujetos le habían hurtado una camioneta Mazda roja y los documentos de identidad y los documentos del vehículo y unas canecas que llevaban con pintura, en vista de eso yo organicé una patrulla de la Policía y salimos hacer un patrullaje por el perímetro urbano a ver si localizábamos el vehículo y en el Barrio Primero de Enero me encontré con mi Sargento Segundo Zarate Castillo Tiberio que también está haciendo un patrullaje con el mismo objetivo, entonces nos dieron fue la información un ciudadano que dijo que había visto que el carro había sido visto y había tomado la ruta en la vía a bracitos entonces mi sargento me dijo que organizáramos la patrulla mixta compuesta por el Ejército y la Policía y que nos desplazáramos por esa carretera para ver si encontrábamos el vehículo y efectivamente nos desplazamos por esa vía y aproximadamente media hora o no sé cuánto tiempo aproximado de la Escuela Santa Clara venía bajando una camioneta azul y la paramos para preguntarle si había visto el carro antes descrito y estábamos en esa diligencia cuando sobre la curva apareció el carro que estábamos buscando, entonces los sujetos al ver la presencia del Ejército y la Policía empezaron a dispararnos y nosotros reaccionamos o nos defendimos, los sujetos que nos estaban disparando se lanzaron del camión había un potrero una hondonada cubierta de maleza, arboles, monte y continuaban disparando como unos cinco minutos después de que se había hecho el cruce de disparos y los sujetos emprendieron la huida se hizo el registro del vehículo y se constató o se encontró un sujeto herido dentro del vehículo al lado del volante del vehículo y junto a él se encontraron dos (2) granadas de fragmentación sin ningún tipo de lectura y número pero por no (sic) conocimientos de armamento por mi profesión son de fabricación americana, entonces se procedió a levantar el herido y subirlo a la camioneta azul antes mencionada para trasladarlo al Centro de Salud donde llegó con vida y a las 10:30 de la mañana falleció” (resaltado fuera de texto).

En el mismo sentido se hallan las versiones rendidas en indagatoria ante el Juzgado 70 de Instrucción Penal Militar por los miembros de la Policía Nacional: Bernardo Pinzón Rosales(81), José Adolfo Ortiz(82), Arles Cardona Velásquez(83), Humberto Echavarría Chacón(84), Nevardo López Fonseca(85), Manuel Avellaneda(86) y Farid Vanegas Ochoa(87), quienes coinciden en manifestar que Ramiro Vargas conducía el vehículo hurtado; que los ocupantes del automotor en el momento en que vieron a los uniformados comenzaron a disparar y que estos últimos respondieron el fuego en su defensa, aunque Humberto Echavarría y Manuel Avellaneda manifestaron que ellos no dispararon en contra de los ocupantes del vehículo por cuanto no eran un objetivo preciso; y que Ramiro Vargas fue encontrado con dos granadas, las cuales no eran utilizadas por el Ejército ni por la Policía Nacional y que no tenían conocimiento quien le había causado las heridas por cuanto se encontraban en un cruce de disparos.

Finalmente, en este mismo sentido se encuentra el testimonio rendido el 30 de junio de 1995 por Alejandro Cortes Herrera(88), Capitán del Ejército, quien sostuvo que Ramiro Alfonso Vargas falleció a raíz del intercambio de disparos, que éste iba conduciendo el vehículo robado, aunque adujó que no sabía quién le había causado las heridas al occiso por cuanto no estuvo presente al momento en que se enfrentaron los subversivos con la Fuerza Pública.

Visto lo anterior, a la Sala le brinda certeza la versión según la cual los subversivos fueron los primeros en accionar sus armas de fuego contra la fuerza pública, de manera que encuentra razonable que el Ejército y la Policía se defendieran del ataque mediante el uso de sus armas de fuego.

Y en cuanto a la víctima es igualmente razonable concluir que las autoridades no tenían forma de saber que quien conducía el vehículo era el conductor de la Alcaldía o un simple habitante de la población, sino que la situación bien podía llevarlos a pensar que éste formaba parte de quienes hurtaron el vehículo y atacaron a sus miembros.

Sin embargo, debe advertirse que el simple hecho de formar parte de un grupo armado al margen de la ley no otorga a la fuerza pública la facultad de ejecutar personas sin otra consideración. Pero aquí debe igualmente preverse que los subversivos atacaron primero y que no está probado que la fuerza pública haya actuado desproporcionadamente ni causado las heridas que llevaron a la muerte de Ramiro Alfonso Vargas, por el contrario observa la Sala que los miembros de la Policía y el Ejército inmediatamente auxiliaron a la víctima y la condujeron al centro de salud, donde logró llegar con vida.

Esto se ratifica con el testimonio rendido el 15 de marzo de 1995 por Ludy Esther Pérez Sanguino, enfermera auxiliar del Centro de Salud de la municipalidad del Tarra, quien atendió al señor Ramiro Alfonso Vargas el día de los hechos y sostuvo(89):

“(…) Él llegó con vida, él lo único que decía era que a él lo habían obligado, que no lo dejaran morir, que él no se merecía esa muerte, que él no había sido malo para merecerse esa muerte así; él llegó aproximadamente a las nueve y media de la mañana del día tres de marzo del presente año, a él lo trajo la Policía en un camioncito azul, venía con vida y consciente, lo entraron al puesto de salud y yo pedí medicamento el cual fue suministrado por la Policía porque en el puesto de salud no había, pero traía aproximadamente como cinco impactos de proyectiles en el cuerpo, yo le coloqué el harman dos a chorro porque estaba perdiendo mucha sangre, y después pues llegó el doctor quien procedió a atenderlo pero él ya estaba agonizando porque las heridas eran graves, después (…) murió (…)”.

Y en este testimonio encontramos un primer indicio de la razón por la cual Ramiro Alfonso Vargas, funcionario - conductor de la Alcaldía del municipio, se encontraba conduciendo un vehículo hurtado, en compañía de presuntos miembros del ELN que atacaron a la fuerza pública con armas de fuego de corto alcance y a quien se le encontró material de guerra.

Dice el testimonio antes citado que la víctima dijo haber sido obligado a conducir el vehículo, lo cual concuerda con el supuesto comunicado Emitido por el ELN y otros testimonios que aunque catalogados de oídas, coinciden en la misma afirmación.

Al respecto se halla la declaración rendida el 11 de mayo de 1995 por María Josefa Contreras(90), amiga de la víctima directa desde 1988 y quien manifestó con relación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos que por conocimiento de su prima supo que el día 3 de marzo de 1995 a Ramiro Vargas “lo sacaron a las seis de la mañana de la casa unas personas desconocidas y le entregaron un camión o una camioneta a Ramiro y después supe que lo trajeron herido” y además sostuvo:

“P. Usted cómo explica que el señor Ramiro Alfonso Vargas Barbosa siendo empleado del municipio, apareciera coincidencialmente conduciendo un carro que el mismo día había sido hurtado. C. Yo pienso o mejor salió después un comunicado donde decía que lo habían obligado a conducir el camión, ese comunicado lo sacó la guerrilla y ellos se atribuyen el robo del carro y que ellos mismos fueron los que sacaron a Ramiro de la casa obligándolo a conducir el carro, en mi concepto él fue el que vino pagando de manera injusta con su vida, lo que otros hicieron. (…)” P. Aparece se corrige aparece en las diligencias que los sujetos que venían en el carro presuntamente hurtado, tan pronto vieron la patrulla combinada del Ejército y la Policía empezaron a disparar y la patrulla no tuvo otra alternativa que enfrentarlos; pereciendo de esta manera el señor Ramiro Alfonso Vargas Barbosa, conductor en ese momento del vehículo rojo. Usted qué tiene que decir al respecto. C. Lo que pienso es porque si el enfrentamiento que con la guerrilla, porque no hubo bajas de la guerrilla si el lugar donde ocurrieron los hechos no es montañoso, es un sitio plano y además eran varios los integrantes de la patrulla del Ejército y la Policía, no me explico porque los integrantes de la subversión tuvieron tiempo de escampar y el que vino a morir fue Ramiro Alfonso. P. Aparece en las diligencias que al momento de requisar el vehículo hurtado se encontró junto al herido dos granadas y que según el cabo segundo de la Policía Ever Beltrán Sánchez y el S.S. Zarate Castillo Tiberio son de fabricación americana. Qué tiene que decir al respecto. C. Yo considero que si era verdad que los subversivos andaban en el carro, quizás las dejaron y no alcanzaron a llevárselas”.

De igual forma, Álvaro Cabrales Torrado en declaración rendida el 30 de mayo de 1995, a pesar de no manifestar su relación con la víctima directa, sostuvo que por comentarios de las personas del municipio tuvo conocimiento de lo siguiente(91):

“A él lo casaron a las seis de la mañana, lo obligaron que tenía (sic) transportar ese carro, hacia una vereda llamada La Primavera, zona del Catatumbo. De ahí descargó, lo que llevaba, lo descaron (sic) allá. Según versiones él no quería continuar con el vehículo ese, porque sabía que le causaba problemas, pero a él lo obligaron de que el carro no podía dejarlo ahí, que tenía que llevarlo a un sitio cerca a la quebrada “presidentico” y que de ahí él podía continuar donde el pueblo y siguiera sus labores como él manejaba la volqueta del municipio (sic). En el transcurso ya del camino más o menor, faltando 15 o 20 minutos para llegar al sitio donde le habían ordenado dejar dicho vehículo fue cuando procedieron ante él dejándolo gravemente herido. De ahí dizque lo recogieron, en un carro particular, lo llevaron al puesto de salud del municipio del Tarra. Alcanzó a decir unas palabras en vida, que a él lo habían obligado, que él no quería ir, pero de todas maneras le tocó. Que él sabía que iba a morir, pero que lo sepultaran en Ocaña. Según las palabras las escuchó el conductor de la ambulancia del mismo municipio y otras personas que no sé cuáles serán, no sé más nada. (…)”.

En el mismo sentido Clara Eugenia Jaime Quintero(92), amiga de Ramiro Vargas, manifestó que de conformidad con lo relatado por el conductor de la ambulancia que trasladaba a la víctima al Centro Médico del municipio de El Tarra tuvo conocimiento que Ramiro “murió porque a él la guerrilla lo había obligado a manejar un carro de ellos para que los llevaran a un sitio determinado y cuando él venía de regreso el Ejército atacó el carro y aunque él sacó el pañuelo blanco lo hicieron gravemente y después murió en el hospital”.

Sin embargo de este testimonio llama la atención de la Sala que de conformidad con el restante material probatorio, Ramiro Vargas no fue trasladado en ambulancia sino en el vehículo particular que era objeto de requisa en el momento en que inició el enfrentamiento, en razón a lo cual las declaraciones de la señora Clara Eugenia Jaime no ofrecen mayor credibilidad.

Igual suerte corre el testimonio de José De La Trinidad Mantilla(93), amigo de la víctima directa por 17 años y quien sostuvo que “por comentarios de la gente allegada a él allá supe que la guerrilla lo había obligado a llevarles una camioneta turbo, porque los choferes que habían ahí el único que sabía manejar carros diésel era él y él le manejaba a la Alcaldía del municipio de El Tarra, luego cuando él venía de regreso luego de haber dejado la guerrilla se encontró con el Ejército y le dijo luego de bajarse del carro que no lo fueran a matar y el Ejército sin ninguna compasión lo encendió a plomo, quedando gravemente herido y después murió ese mismo día”. La versión correspondiente a la forma en que murió Ramiro Vargas no coincide con el restante material probatorio de modo que debe ser desechada, pues ni siquiera el testigo presencial de los hechos manifestó estas circunstancias.

También el testimonio de Mery Eucaris Uribe(94), amiga de la víctima directa por 20 años, manifiesta que “según comentarios que hubo el día que lo trajeron se comentaba que estaba trabajando en la Alcaldía de El Tarra y que se encontraba durmiendo y que llegaron y lo sacaron y lo obligaron a llevar un carro, que la guerrilla lo había obligado y que al regreso de para acá que el Ejército lo había herido y que luego lo llevaron al Hospital de El Tarra donde murió”.

El testigo Ciro Antonio Barajas, amigo de la víctima directa por 10 años, sostuvo que(95)yo supe que Ramiro Alfonso Vargas estaba trabajando con el municipio de El Tarra como conductor de una volqueta y que en las horas de la madrugada habían llegado unas personas a pedirle que manejarla o hiciera por allá una carrera a una vereda del municipio de El Tarra y que él al principio se había negado a prestar ese servicio, pero fue obligado a la fuerza a conducir a esas personas al sitio que ellos querían. Posteriormente cuando ya dejó esas personas en el sitio que le habían indicado se encontró con una patrulla del Ejército y según versión de personas que tal vez conocieron el caso más cerca, sin haberle preguntado y haberlo identificado le dispararon causándole la muerte (…)”.

Del mismo modo, Pedro Alonso Díaz Navarro(96), amigo de la víctima directa por 20 años, sostuvo que él se enteró por otras personas que Ramiro Vargas murió a manos del Ejército Nacional.

De los testimonios antes citados debe advertirse que todos ellos son de oídas, en razón a lo cual pierden veracidad frente al testigo presencial, en cuanto a lo concerniente a las circunstancia en que sucedieron los hechos donde resultó herido y posteriormente muerto Ramiro Alfonso Vargas.

Sin embargo en lo que respecta a la forma en que la víctima se vio conduciendo un vehículo hurtado por presuntos miembros del ELN, pese a ser de oídas, estos testimonios concuerdan con lo manifestado por Ludy Esther Pérez Sanguino, enfermera auxiliar del Centro de Salud de la municipalidad del Tarra, quien informó que la propia víctima dijo haber sido obligada.

De manera que la Sala le otorga credibilidad al dicho de los testigos de oídas, en lo que respecta a la razón por la cual Ramiro Vargas conducía el vehículo hurtado, esto es, porque fue obligado por los autores del hurto a conducir el automotor.

Sin embargo, en el ámbito de la imputación o atribución de la muerte de Ramiro Alfonso Vargas a la fuerza pública, la Sala advierte que no encuentra probada la comisión de una falla en la prestación del servicio por parte de los miembros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional que participó en el operativo.

Y, en cuanto a los criterios de imputación objetiva, bien sea que se hable de daño especial por un posible rompimiento en las cargas públicas o de riesgo excepcional por el uso de las armas de fuego, u otro razonamiento, la Sala encuentra que tal criterio quedaría desvirtuado por la participación del hecho de terceros responsables en la concreción del daño.

En este sentido debe preverse, como se desprende del material probatorio ampliamente relacionado, que la concreción del daño se produjo como consecuencia de que quienes hurtaron el vehículo para cuya recuperación se ordenó el operativo de la fuerza pública, fueron integrantes de grupos armados al margen de la ley, que obligaron a la víctima a conducir dicho automotor y en el momento de encontrarse con los uniformados de la Policía y el Ejército abrieron fuego ocasionando así el enfrentamiento armado en donde resultó herido Ramiro Vargas, que, además, fue abandonado por los insurgentes con material de guerra que lo hacía aparecer parte de la subversión.

Es por lo anterior que la Sala encuentra configurado el hecho de terceros como excluyente de responsabilidad de la administración pública.

6. Costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera - Subsección C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 30 de noviembre de 2004(97) proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, por los motivos expuestos en esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

30 Sentencias de 21 de febrero de 2002, expediente 12789; 9 de junio de 2010, expediente 18078.

31 El Ejército Nacional mediante oficios del 11 de septiembre de 1998 y 8 de marzo de 1999 allegó al Plenario los procesos penales adelantados por los Juzgados Séptimo y Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de los miembros del Batallón de Contraguerrilla Nº 16 y los Agentes de Policía que participaron en los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1995 (fls. 241 y 262, cdno. 1).

32 La Policía Nacional mediante oficio de 30 de abril de 1998 allegó al plenario el informativo disciplinario en adelantado en contra de los Policiales de la Estación de la Localidad de El Tarra (fls. 152, cdno. 1).

33 Por su parte el Ministerio Público, mediante oficios 1188 y 1474-99 de 20 y 27 de septiembre de 1999 allegó al plenario los procesos disciplinarios adelantados en contra de los miembros del Ejército Nacional y de la Policía Nacional que participaron en los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1995 en el municipio de El Tarra - Norte de Santander (fls. 267 y 271, cdno. 1).

34 Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección C, sentencia de 18 de julio de 2012, expediente 19.345, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

35 Folio 11, cuaderno 5 (El presente medio probatorio obra en el proceso disciplinario allegado por el Ministerio Público al plenario mediante oficio 1188 de sep. 27/99, fl. 267, cdno. 1).

36 Al respecto se ha dicho que “no puede considerarse a la información de prensa con la entidad de la prueba testimonial, sino con el valor que puede tener la prueba documental, no puede reputarse su inconducencia, o su inutilidad, ya que (…), “(…) no resultan inconducentes, ya que por regla general la ley admite la prueba documental, y no la prohíbe respecto de los hechos que se alegan en este caso. Asunto distinto será la eficacia que el juez reconozca o niegue a dichos impresos”. La información de prensa puede constituirse en un indicio contingente. Asimismo, “(…) En otras providencias ha señalado que la información periodística solo en el evento de que existan otras pruebas puede tomarse como un indicio simplemente contingente y no necesario (…). (Sent. mayo 29/2012, exp. 110010315000201101378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia; sentencia de 25 de julio de 2011, exp. 19.434, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 19 de octubre de 2011, exp. 20.861, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y sent. feb. 15/2012, exp. 20.880, C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz).

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección, cuaderno Sentencia de 12 de noviembre de 2014, expediente 27.578.

38 Al respecto debe preverse que el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 estableció: “ART. 40.—Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

39 Al respecto debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 103 del Código Contencioso Administrativo.

40 Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009.

41 Corte Constitucional, Sentencia T-159 de 2007.

42 Corte Constitucional, Sentencia de Tutela SU-768 del 16 de octubre de 2014.

43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de febrero de 2012, radicación 11001-03-15-000-2012-00035-00(AC), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2013, expediente 27.521, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

45 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

46 Ahora bien, la Sala advierte que “en aplicación del principio del iura novit curia se analiza el caso adecuando los supuestos fácticos al título de imputación que se ajuste debidamente, sin que esto implique una suerte de modificación o alteración de la causa petendi, ni que responda a la formulación de una hipótesis que se aleje de la realidad material del caso, ni que se establezca un curso causal hipotético arbitrario. De manera que es posible analizar la responsabilidad patrimonial del Estado bajo un título de imputación diferente a aquel invocado en la demanda, en aplicación al principio iura novit curia, que implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o el régimen aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, de los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión”.

47 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág. 174.

48 “El derecho a la vida implica no sólo la obligación negativa de no privar a nadie de la vida arbitrariamente, sino también la obligación positiva de tomar todas las medidas necesarias para asegurar que no sea violado aquel derecho básico”. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los “Niños de la Calle”), sentencia de 19 de noviembre de 1999, voto concurrente de los jueces Antonio Augusto Cancado Trindade y Alirio Abreu Burelli.

49 ARANGO, Rodolfo. “Derechos, justicia constitucional y democracia”, en ARANGO, Rodolfo. Derecho, constitucionalismo y democracia. 1ª ed. Nº 33. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, pág. 129.

50 La responsabilidad “consiste en una técnica de imputación que con el auxilio de un factor de atribución permite cargar las consecuencias perjudiciales de un evento dañoso a un sujeto, que con su comportamiento lo ha provocado, o que por su particular situación jurídica se estima oportuno responda, o que por haber aportado las condiciones idóneas para que el menoscabo se consumase, se entiende, es económicamente lo repare. MAYO, Jorge Alberto; PREVOT, Juan Manuel. Responsabilidad contractual. Buenos Aires, Ley, 2007, págs. 8 y 9.

51 Ver sentencia Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección C de 25 de mayo de 2011, expediente 15838 (acumulados 18075 y 25212).

52 Folios 40, 274, cuaderno 1, 26, cuaderno 2 y 364 cuaderno 4 (El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de sep. 11/98, fl. 241, cdno. 1; así como también en el proceso penal adelantado por los hechos acaecidos en mar. 3/95 y allegado al plenario mediante oficio de mar. 8/99, fl. 262, cdno. 1).

53 Folios 32, 95, 162, cuaderno 1, 3, 112 cuaderno 2, 3 cuaderno 4, 17, 30 cuaderno 5 y 46 cuaderno 6 (El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de sept. 11/98. Fls. 241, cdno. 1; en el proceso penal adelantado por los hechos acaecidos el mar. 3/95 y allegado al plenario mediante oficio de mar. 8/99. Fls. 262, cdno. 1; y en los procesos disciplinarios allegados por el Ministerio Público al plenario mediante oficios 1188 y 1474-99 de sep. 20 y 27/99. Fls. 267 y 271, cdno. 1).

54 Folios 33 y 172, cuaderno 1 (El presente medio probatorio obra dentro del informativo disciplinario adelantado en contra de los Policiales de la Estación de la Localidad El Tarra allegado al plenario por la Policía Nacional mediante oficio de abr. 30/98. Fl. 152, cdno. 1).

55 Folio 34, cuaderno 1.

56 Folios 41, cuaderno 2 y 377, cuaderno 4. El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de septiembre 11 de 1998. Folio 241, cuaderno 1; y en el proceso penal adelantado por los hechos acaecidos el 3 de marzo de 1995 y allegado al plenario mediante oficio de 8 de marzo de 1999. Folio 262, cuaderno 1.

57 Folios 90, 133, 165, cuaderno 1, 17, 107, cuaderno 2, 15, cuaderno 4, 30, cuaderno 5, 14, 50, 62 y 67, cuaderno 6. El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de septiembre 11 de 1998. Folio 241, cuaderno 1; en el proceso penal adelantado por los hechos acaecidos el 3 de marzo de 1995 y allegado al plenario mediante oficio de 8 de marzo de 1999. Folio 262, cuaderno 1; y en los procesos disciplinarios allegados por el Ministerio Público al plenario mediante oficios 1188 y 1474-99 de 20 y 27 de septiembre de 1999 (fls. 267 y 271, cdno. 1).

58 Folios 99-100, cuaderno 2 y 17-18, cuaderno 3 (El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de sep. 11/98. Fl. 241, cdno. 1; así como también en el proceso penal allegado al plenario por la Policía Nacional mediante oficio 0102 de abr. 30/98. Fl. 152, cdno. 1).

59 Folios 144-145, cuaderno 1 y 97, cuaderno 2. El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de septiembre 11 de 1998. Folio 241, cuaderno 1.

60 Folios 91, 134, 171, cuaderno 1 y 4, cuaderno 2 (El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de sep. 11/98. Fl. 241, cdno. 1).

61 Folio 109, cuaderno 2 (El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de sep. 11/98. Fl. 241, cdno. 1).

62 Folios 98-99, cuaderno 1, 58-59, cuaderno 2, 7, 393, cuaderno 4 y 117-118, cuaderno 5 (El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de sep. 11/98. Fls. 241, cdno. 1; en el proceso penal adelantado por los hechos acaecidos en mar. 3/95 y allegado al plenario mediante oficio de mar. 8/99. Folios 262, cuaderno 1; y en los procesos disciplinarios allegados por el Ministerio Público al plenario mediante oficios 1188 y 1474-99 de sep. 20 y 27/99, fls. 267 y 271, cdno. 1).

63 Folios 142-143, cuaderno 1, 102-103, cuaderno 2 y 20-22, cuaderno 3 El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de sep. 11/98. Folio 241, cuaderno 1; así como también en el proceso penal allegado al plenario por la Policía Nacional mediante oficio 0102 de 30 de abril de 1998. Folios 152, cuaderno 1.

64 Folios 92, 136, cuaderno 1 y 7, cuaderno 2 (El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de sep. 11/98. Fls. 241, cdno. 1).

65 Folios 147-148, 180-181, cuaderno 1 y 3-4, cuaderno 3. El presente medio probatorio obra dentro del informativo disciplinario 141/95 adelantado en contra de los Policiales de la Estación de la localidad de El Tarra y allegado mediante oficio 0102 de 30 de abril de 1998. Folios 152, cuaderno 1.

66 Folio 11, cuaderno 5 (El presente medio probatorio obra en el proceso disciplinario allegado por el Ministerio público al plenario mediante oficio 1188 de sep. 27/99, fls. 267, cdno. 1).

67 Folios 35, 156, cuaderno 1 y 50-51, cuaderno 5 (El presente medio probatorio obra en el proceso disciplinario allegado al plenario por la Procuraduría Provincial de Ocaña mediante oficio 1188, sep. 20/99, fl. 267, cdno. 1).

68 Folios 36-37, cuaderno 1.

69 Folios 10, cuaderno 5 y 39, cuaderno 6 El presente medio probatorio obra en los procesos disciplinarios allegados al plenario por el Ministerio Público mediante oficios 1188 y 1474-99 de 20 y 27 de septiembre de 1999. Folios 267 y 271, cuaderno 1.

70 Folios 251-252, cuaderno 1 y 50-51, cuaderno 3. El presente medio probatorio obra dentro del informativo disciplinario 141/95 adelantado en contra de los Policiales de la Estación de la localidad de El Tarra y allegado mediante oficio 0102 de 30 de abril de 1998. Folios 152, cuaderno 1.

71 Folios 253-256, cuaderno 1 y 227-230, cuaderno 2 (El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de sep. 11/98. Fls. 241, cdno. 1).

72 Folios 257-260, cuaderno 1 y 245-248, cuaderno 2 El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de septiembre 11 de 1998. Folios 241, cuaderno 1.

73 Folios 427-430, cuaderno 4. El presente medio probatorio obra en el proceso penal adelantado por los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1995 y allegado al plenario por las Fuerzas Militares mediante oficio 0102 de 8 de marzo de 1999. Folios 262, cuaderno 1.

74 Folios 141-142, cuaderno 5 El presente medio probatorio obra en el proceso disciplinario allegado por el Ministerio Público al plenario mediante oficio 1188 de 20 de septiembre de 1999 (fls. 267, cdno. 1).

75 Folios 187-189, cuaderno 6 El presente medio probatorio obra en el proceso disciplinario allegado por el Ministerio Público al plenario mediante oficio 1474-99 de 20 de septiembre de 1999 (fls. 271, cdno. 1).

76 Folios 96, 135,169, cuaderno 1, 10, cuaderno 2, 10, cuaderno 4 y 23-24, cuaderno 6 El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de septiembre 11 de 1998. Folios 241, cuaderno 1; así como también en el proceso penal adelantado por los hechos acaecidos el 3 de marzo de 1995 y allegado al plenario mediante oficio de 8 de marzo de 1999. Folios 262, cuaderno 1 y en el proceso disciplinario allegado por el Ministerio Público al proceso mediante oficio 1474 de 27 de septiembre de 1999. Folios 271, cuaderno 1.

77 Folios 174-175, cuaderno 1 y 42-43, cuaderno 5. La presente declaración obra dentro del informativo disciplinario adelantado en contra de los Policiales de la Estación de la Localidad El Tarra allegado al plenario por la Policía Nacional mediante oficio de 30 de abril de 1998. Folios 152, cuaderno 1; y en los procesos disciplinarios allegados al plenario por el Ministerio Público mediante oficios 1188 y 1474-99 de 20 y 27 de septiembre de 1999 (fls. 267 y 271, cdno. 1).

78 Folios 27-28, cuaderno 2, 365-366, cuaderno 4 y 83-84, cuaderno 5 (El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de sep. 11/98. Fls. 241, cdno. 1; así como también en el proceso penal adelantado por los hechos ocurridos en mar. 3/95 y allegado al plenario por las Fuerzas Militares mediante oficio de mar. 8/99. Folios 262, cdno. 1 y en el proceso disciplinario allegado al plenario mediante oficio 1188 de sep. 20/99, fls. 267, cdno. 1).

79 Folios 93,138, 168, cuaderno 1, 9, 61-62, cuaderno 2, 37-38, cuaderno 3, 396-397, cuaderno 4, 36-37, 64 y 120-121, cuaderno 5 (El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de sep. 11/98. Fls. 241, cdno. 1; así como también se encuentra dentro del proceso penal 0102 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de sep. 11/98. Fls. 152, cdno. 1; en el proceso penal adelantado por los hechos ocurridos el mar. 3/95 y allegado al plenario por las Fuerzas Militares de Colombia mediante oficio de mar. 8/99. Fls. 262, cdno. 1; y en el proceso disciplinario allegado al plenario mediante oficio 1188 de sep. 20/99. Fls. 267, cdno. 1).

80 Folios 94, 137, 170, cuaderno 1, 8 y 113 -114, 143-149, cuaderno 2, 345, cuaderno 4, 38, 63, cuaderno 5 y 19, cuaderno 6. El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de septiembre 11 de 1998. Folios 241, cuaderno 1; en el proceso penal adelantado por los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1995 y allegado por las Fuerzas Militares de Colombia al plenario mediante oficio de 8 de marzo de 1999. Folios 262, cuaderno 1; y en los procesos disciplinarios allegados al plenario mediante oficios 1188 y 1474-99 de 20 y 27 de septiembre de 1999 (fls. 267 y 271, cdno. 1).

81 Folios 131-136, cuaderno 2 (El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de sep. 11/98. Fls. 241, cdno. 1).

82 Folios 137-142, cuaderno 2 (El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de sep. 11/98. Fls. 241, cdno. 1).

83 Folios 159-163, cuaderno 2 (El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de sep. 11/98. Fls. 241, cdno. 1).

84 Folios 165-169, cuaderno 2 (El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de sep. 11/98. Fls. 241, cdno. 1).

85 Folios 170-174, cuaderno 2 (El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de sep. 11/98. Fls. 241, cdno. 1).r55t454544(sic).

86 Folios 210-214, cuaderno 2 (El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de sep. 11/98. Fls. 241, cdno. 1).

87 Folios 219-222, cuaderno 2 (El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de sep. 11/98. Fls. 241, cdno. 1).

88 Folios 55-57, cuaderno 2 y 390-392, cuaderno 4 y 114-116, cuaderno 5. El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de septiembre 11 de 1998. Folios 241, cuaderno 1 en el proceso penal adelantado por los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1995 y allegado al plenario mediante oficio de 8 de marzo de 1999. Folios 262, cuaderno 1; y en el proceso disciplinario allegado al plenario mediante oficio 1188 de 20 de septiembre de 1999 (fls. 267, cdno. 1).

89 Folios 177, cuaderno 1, 45, cuaderno 5 y 26-27, cuaderno 6 (La presente declaración obra dentro del informativo disciplinario adelantado en contra de los Policiales de la Estación de la Localidad El Tarra allegado al plenario por la Policía Nacional mediante oficio de abr. 30/98. Fls. 152, cdno. 1; y en los procesos disciplinarios allegados al plenario mediante oficios 1188 y 1474-99 de sep. 20 y 27/99, fls. 267 y 271, cdno. 1).

90 Folios 43-45, cuaderno 2 y 379-381, cuaderno 4 y 99-101, cuaderno 5. El presente medio probatorio obra dentro del proceso penal 2118 adelantado por el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar en contra de Ever Beltrán Sánchez y allegado al plenario mediante oficio de septiembre 11 de 1998. Folios 241, cuaderno 1; en el proceso penal adelantado por los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1995 y allegado por las Fuerzas Militares al plenario mediante oficio de 8 de marzo de 1999. Folios 262, cuaderno 1; y en el proceso disciplinario allegado por el Ministerio Público al plenario mediante oficio 1188 de 20 de septiembre de 1999 (fls. 267, cdno. 1).

91 Folios 12-13, cuaderno 5. El presente medio probatorio obra en el proceso disciplinario allegado al plenario por el Ministerio Público mediante oficio 1188 de 20 de septiembre de 1999 (fls. 267, cdno. 1).

92 Folios 227-228, cuaderno 1.

93 Folios 229-230, cuaderno 1.

94 Folios 232-233, cuaderno 1.

95 Folios 234-235, cuaderno 1.

96 Folios 231-232, cuaderno 1.

97 Folios 366-377, C.P.(sic).