Sentencia 1997-12100/33520 de septiembre 21 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 130012331000199712100 01

Expediente: 33.520

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Importadores & Comercializadores S.A.

Demandado: Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otros

Referencia: apelación sentencia - reparación directa

Temas: Ausencia de daño antijurídico cuando su origen es inconstitucional, ilegal o contrario al principio de buena fe que debe regular las actuaciones de los particulares y del Estado. Improcedencia de la indemnización cuando el daño es propiciado, auspiciado u originado con la actuación u omisión de quien lo reclama.

Bogotá, D. C., veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2005 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, comoquiera que la demanda se presentó el 12 de marzo de 1997 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $1.296’000.000 por concepto de indemnización de lucro cesante a favor de la sociedad demandante, monto que supera el exigido ‒$86’002.500(18)‒, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación(19).

2.1.2. En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, según se indicó, su ejercicio tuvo por origen “las actuaciones y declaraciones apresuradas e infundadas de las autoridades colombianas con motivo de la incautación de 3.000 toneladas de carbohidrato de sodio en elmes de abril de 1995 en la ciudad de Cali y en el municipio de Yumbo - Valle”.

Ahora bien, para determinar el momento en el cual ha de efectuarse el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa para el caso concreto, la Sala tendrá como punto de referencia el día siguiente al de la fecha de las declaraciones realizadas el 4 de mayo de 1995 por el Director General de la Policía Nacional a través de un comunicado de prensa con motivo de la incautación de la referida sustancia química.

Así las cosas, resulta claro en el presente asunto que la demanda formulada el 12 de marzo de 1997, se interpuso dentro de los 2 años que establece el numeral 8º del artículo 136 del C.C.A.

2.2. Frente a la legitimación en la causa por activa respecto de la parte demandante sociedad Importadores & Comercializadores S.A. y del señor Eduardo Pardo Porto, se tiene que al proceso se allegó certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena el 16 de octubre de 1996, en el cual se hizo constar que a través de escritura pública Nº 368 de 16 de septiembre de 1996, la sociedad Nutrinorte S.A. cambió de razón social por la denominación sociedad Importadores & Comercializadores S.A.

Asimismo, se observa que a través de escritura pública del 25 de octubre de 1994 el señor Eduardo Pardo Porto fue nombrado como representante legal y gerente general de dicha sociedad(20). Por consiguiente, ha de concluir la Sala que tales personas se encuentran legitimadas en la causa por activa.

La Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.

2.3. Los hechos probados.

A partir de los elementos de convicción arrimados al proceso en legal forma, la Sala tiene por establecidos los siguientes hechos:

- Mediante Resolución 854 de 5 de mayo de 1995 expedida por la Dirección Nacional de Estupefacientes, “se anula unilateralmente un certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes”. En dicho acto administrativo se realizaron las siguientes consideraciones (se transcribe literalmente):

“Que con fecha 20 de abril de 1994 la empresa Nutrinorte Ltda., solicitó expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes para comprar, importar y distribuir sustancias químicas controladas. (…).

Que la Dirección Nacional de Estupefacientes expidió a la Empresa Nutrinorte Ltda. el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes Nº 825 de agosto 3 de 1994 vigente hasta el 3 de agosto de 1995 y autorizó un cupo de 500 Toneladas mensuales de Carbonato de Sodio en calidad de comprador, importador y distribuidor.

Que mediante comunicación radicada en esta entidad el 2 de febrero de 1995 bajo el Nº 3824 el representante legal Nutrinorte Ltda., solicita ampliación del cupo asignado a 3.000 toneladas mensuales.

Que para dar trámite a lo anterior, mediante Oficio Nº 5080 de marzo 16 de 1995 se demandó de los organismos de seguridad del Estado la información sobre comportamientos relacionados con los delitos de narcotráfico y conexos, de enriquecimiento ilícito o de testaferrato, respecto de los socios de la empresa Nutrinorte S.A.

Que a la fecha no se han allegado a esta dirección las respuestas solicitadas por los organismos de seguridad del Estado, por lo que no se ha resuelto la petición anterior.

Que en oficio radicado con el Nº 011494 de 31 de marzo de 1995 Nutrinorte Ltda., solicitó la aprobación del Registro de Importación Nº 1497511 para 500 toneladas de carbonato de sodio.

Que en Oficio Nº 007272 de abril 10 de 1995 esta entidad comunicó al señor representante legal de Nutrinorte que no es procedente acceder a la solicitud de aprobación del Registro de Importación Nº 1497511 por cuanto el sitio por donde se pretendía importar (Cali) no está autorizado para el ingreso de sustancias controladas al país.

Que la Fiscalía Regional Delegada Antinarcóticos por oficio del 17 de abril de 1995, deja a disposición de esta Dirección la cantidad de 2.000 toneladas de carbonato de sodio ubicadas en las bodegas de Almaviva de la ciudad de Cali y 978.550 kilos de la misma sustancia ubicados en las bodegas de Almagrario de Cali.

Que la Policía antinarcóticos mediante Oficio Nº 0726 del 17 de abril de este año, remite informe sobre la Operación Brisa realizada en la ciudad de Yumbo, la cual dio como resultado la incautación de 3.000 toneladas de carbonato de sodio en los siguientes términos:

‘… Después de evaluar informaciones confidenciales de diferentes particulares y oficiales, se pudo establecer que por el puerto de Buenaventura debía ingresar un cargamento de carbonato de sodio que sería desviado posteriormente para el procesamiento de cocaína. El producto venía importado de manera ilegal a nombre de la empresa Sociedad Distribuidora de Antioquia (SODIA S.A.), de Medellín, sin conocimiento de esta empresa mediante trámites adelantados en forma regular empleando diversos documentos alterados…’.

Que el 18 de abril del presente año, esta dirección solicitó a la Dirección Antinarcóticos de la Policía información respecto de las personas y/o empresas preliminariamente involucradas con dicha importación.

Que con oficio del 21 de abril de 1995 la Policía Nacional - Dirección de Antinarcóticos da respuesta a nuestro requerimiento informándonos lo siguiente:

‘… las empresas involucradas en el decomiso de tres mil (3.000) toneladas de Carbonato de Sodio llevado a cabo en la ‘Operación Especial Brisa’, así:

Empresa: Nutrinorte Limitada.

Socios: Pardo Porto Eduardo de Jesús, Bonfate Torres Harold’.

Que con oficio del 2 de mayo de 1995 la Fiscalía Delegada Antinarcóticos informó lo siguiente:

‘1. La investigación radicada con el número 25.220 se encuentra en etapa de investigación preliminar. 2. De acuerdo a los resultados de las investigaciones hasta ahora adelantadas aparecen comprometidas las empresas: Polca Ltda. y Nutrinirte Ltda.’.

“(…).

“Que la Resolución 009 de 1987 impone la obligación a las personas que requieran importar sustancias controladas de diligenciar un formato suministrado y aprobado por el Instituto Nacional de Transporte.

Que según información suministrada a esta dirección por el Ministerio de Transporte, la Empresa Nutrinorte Ltda., no diligenció ante esta entidad ninguna planilla para el transporte de la sustancia carbonato de sodio desde la ciudad de Buenaventura hasta Yumbo, donde fue encontrada.

“(…).

Que la simple solicitud de ampliación de cupo que hizo la empresa Nutrinorte para la sustancia de carbonato de sodio no la legitima para que haga uso de la misma, sin antes ser autorizada por el Dirección Nacional de Estupefacientes, así como tampoco obliga a esta entidad a otorgarla.

Que la empresa Nutrinorte desconoció la regulación existente para el transporte de sustancias químicas controladas (Decreto 333 de 1991) y el artículo 21 de la Resolución 009 de 1987, cuando contrató el transporte de la carga tal y como ellos mismos lo afirman en su escrito explicativo.

Que en la información que reposa en esta dirección se desprende la participación de Nutrinorte Ltda, en la importación ilegal de sustancias químicas controladas así como la transgresión de las normas que regulan el control administrativo de las mismas y el ejercicio del control administrativo preventivo que ejerce por lo que se procederá a anular el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes” (negrillas y subrayas adicionales).

- El día 4 de mayo de 1995 la Dirección General de la Policía Nacional expidió el “Comunicado de Prensa operación Brisa Nº 2”, a través del cual informó a la opinión pública en general lo siguiente (se transcribe literalmente):

“La Dirección General de la Policía Nacional se permite informar a la opinión pública que en desarrollo de la Operación Brisa Nº 2 y mediante órdenes de captura proferidas por la Fiscalía General de la Nación, fueron retenidos cinco funcionarios de tres empresas involucrados en la importación y nacionalización ilegal de tres mil toneladas de bicarbonato de sodio.

Los operativos se cumplieron en el día de hoy en forma simultánea en las ciudades de Cartagena, Cali, Buenaventura y Bogotá, donde fueron capturados cuatro hombres y una mujer por el delito de violación a la Ley 30 de 1986.

En Cartagena, unidades combinadas de la Fiscalía y de la Policía, aprehendieron a Bernardo Ballesteros Pardo, Jefe de Comercio Exterior de la Compañía Nutrinorte al igual que Carlos Alejandro Martínez Solís, Jefe de Importaciones de la citada empresa.

Mientras tanto en Cali, fue retenida Carmen Anais Rodríguez González, Jefe de operaciones de Comercio Exterior de Almacenar S.A. También en Buenaventura fue capturado Edmundo Delgado Ardila, Jefe de operaciones de Comercio Exterior Almacenar S.A.

Asimismo en Bogotá se procedió a la captura del extranjero Andrzej Kozlowski, representante legal de la firma Polca Ltda. ubicada en la calle 90 Nº 13-23, of. 202.

Como se recuerda, el cargamento de tres mil toneladas de bicarbonato de sodio fue incautado en las afueras de la ciudad de Cali el pasado 10 de abril en desarrollo de la Operación Brisa, luego de intensas labores de inteligencia de la Policía, la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Fiscalía General de la Nación”(21) (negrillas y subrayas adicionales).

- Al proceso se allegaron varios informes de prensa(22) entre el 7 y 12 de abril de 1995, relacionados con la noticia sobre la captura de cinco (5) funcionarios de tres empresas involucradas en la importación y nacionalización de 3.000 toneladas de carbonato de sodio, el cual es un insumo o precursor químico para la fabricación de cocaína. Entre las personas detenidas se encontraban los señores Bernardo Ballesteros, Jefe de comercio exterior de la compañía Nutrinorte y Carlos Alejandro Martínez Solís, Jefe de importaciones de la misma compañía; asimismo se detuvo a otras tres personas de otras compañías que hacían parte de la operación de importación de la referida sustancia(23).

- Obra también un comunicado de prensa del 11 de abril de 1995 expedido por la Compañía Colgate Palmolive, en el cual se manifestó lo siguiente:

“Colgate Palmolive empresa líder en el ramo utiliza un promedio de 2.000 toneladas mensuales de carbonato de sodio en la fabricación de sus marcas. Fab, Lavomatic, Axión y Azulin. Colgate Palmolive está debidamente autorizado por las autoridades pertinentes para comprar, importar, distribuir y consumir Carbonato de Sodio y otras sustancias químicas controladas por el Estado.

Colgate Palmolive utiliza los servicios de productores y representantes nacionales y extranjeros para proveer de Carbonato de Sodio entre los que se encuentran Manufacturas Silicias y Monómeros Colombo Venezolanos, y adelantaba gestiones para proveerse a partir de abril de 1995 a través de Nutrinorte, empresa con la cual tiene vínculos comerciales desde hace más de hace aproximadamente siete (7) años”.

- El 5 de junio de 1995 la División de Investigaciones Especiales de la DIAN formuló pliego de cargos en contra de la Sociedad Distribuidora de Antioquia S.A. (SODIA S.A.), sociedad Nutrinorte Ltda., Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A., y Almacenes Generales de Depósito Almagrario S.A(24).

- A través de Resolución 8517 de 13 de diciembre de 1995 el Jefe de la División de Investigaciones Especiales de la DIAN resolvió decomisar las 3.028 toneladas de carbonato de sodio aprehendidas en los almacenes generales de depósito Almaviva S.A. y Almagrario S.A., dicha mercancía tenía un valor total de $460’714.950(25).

- Mediante Resolución 2278 del 25 de abril de 1996 el jefe de la Subdirección Jurídica de la DIAN decidió confirmar la anterior decisión, por considerar básicamente que la importación de más de 3.000 toneladas de carbonato de sodio no cumplió con los requisitos legales de aduanas; además, puso de presente que la sociedad SODIA S.A. que figuraba como importadora de la referida sustancia química manifestó que no había importado, ni había autorizado importar a su nombre ese compuesto químico(26).

- A través de Resolución 3967 del 25 de junio de 1997 el Subdirector de Fiscalización de la DIAN decidió imponer una sanción a la sociedad Importadores & Distribuidores S.A. antes Nutrinorte S.A., consistente en una multa equivalente al 50% del valor de la mercancía decomisada mediante Resolución 8517 de 13 de diciembre de 1995, el cual corresponde al valor de $230’357.475. Como fundamento de dicha decisión se expuso básicamente lo siguiente:

“Todo lo anotado en los párrafos anteriores resulta concordante con la declaración juramentada del representante legal de Polca S.A. sociedad representante a su vez de la firma exportadora en Colombia, quien en declaración libre y espontánea dice haber realizado todas las negociaciones con Nutrinorte y aclara que los documentos de transporte fueron cambiados durante el transporte de la mercancía hacía Colombia por solicitud de Nutrinorte en razón a que Nutrinorte había negociado 3.000 toneladas de Carbonato de Sodio cuando en realidad sólo poseía cupos de la Dirección Nacional de Estupefacientes por 1.000 toneladas del producto, mientras que Sodia S.A. poseía cupo suficiente para las 3.000 toneladas. (…).

Fue Nutrinorte la sociedad importadora de las 3.028,39 toneladas de carbonato de sodio, mercancía decomisada mediante Resolución 8517 de diciembre 13 de 1995, por haber sido encontrada en lugar no habilitado para su introducción y permanencia, sin que existiera declaración de importación que acreditara su nacionalización, razón por la cual se incurrió en faltas administrativas al régimen de aduanas contempladas en el Decreto 2274 de 1989 y Decreto 1909 de 1992”(27) (negrillas adicionales).

- De otra parte, se tiene que el 24 de abril de 1995 funcionarios de la Superintendencia Bancaria presentaron al Superintendente Bancario un informe sobre las diligencias adelantadas en la ciudad de Cali respecto de la incautación de 3.000 toneladas de carbonato de sodio. Del referido escrito resulta pertinente transcribir los siguientes apartes:

“Almacenar en desarrollo de su objeto social fijado por la ley actuó como intermediario aduanero de Nutrinorte Ltda. para la introducción al terminal marítimo de Buenaventura de un cargamento de carbonato de Sodio, según documentos que entregó personalmente el doctor Carlos Martínez funcionario de la citada sociedad como se puede observar en la constancia expedida por Almacenar el 19 de marzo de 1995. (…).

El 9 de marzo de 1995 la firma Naves Ltda. envió una comunicación a la Capitanía de Puerto de Buenaventura, Policía Antinarcóticos y 2ª Brigada de Buenaventura avisando sobre el arribo de la motonave Capitán Glazachev con un cargamento de carbonato de sodio así: (…).

El día 4 de marzo de 1995 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Buenaventura autorizó bajo el número 5739 el traslado de la mercancía de las instalaciones de la Sociedad Portuaria de Buenaventura a Gran Muelle S.A.

Mediante Declaración de tránsito aduanero DTA Nº 1128 de 16 de marzo de 1995 a nombre de la Sociedad Distribuidora de Antioquia S.A. Sodia S.A. y/o Nutrinorte la DIAN autorizó con plazo máximo hasta el 29 de marzo del mismo año a Almacenar para trasladar a Buenaventura a Almaviva Autopista Cali - Yumbo Callejón el Caney la cantidad de 2.000 toneladas de carbonato de sodio liviano soda ash y 1.000 toneladas de carbonato de sodio denso por un valor de US. 375.000 dólares. (…).

Se observa en los anteriores BL un sello que dice ‘Sodia S.A.’ y una firma ilegible, ésta última difiere de la que aparece en la licencia previa de importación, el sello no se puede comparar por cuanto en la fotocopia de la licencia obtenida no se aprecia, pero en la comunicación del 5 de febrero de 1995 dirigida por Sodia S.A. a Polca Ltda., se observa que el sello utilizado por aquella firma es diferente al que aparece en los BL. (…).

Conclusiones generales:

1. Le corresponderá a la Fiscalía General de la Nación quien tomó a su cargo la investigación una vez se produjo la incautación del carbonato de sodio, establecer si hubo falsedad o adulteración en los documentos de importación presentados por Almacenar a la DIAN y determinar qué personas resultan responsables.

2. Corresponderá a la DIAN establecer si los procedimientos para autorizar el tránsito de mercancía de la ciudad de Buenaventura a Cali es válido y en caso de no serlo en qué situación quedaría la mercancía que se encuentra en las bodegas de Almaviva y Almagrario, lo mismo la responsabilidad que cabría a sus funcionarios u otras personas y las eventuales sanciones.

3. Las actuaciones de los Almacenes Generales de Depósito involucrados en el proceso de importación y depósito de la mercancía, quedaría sujeto al resultado de las investigaciones de las autoridades mencionadas anteriormente”(28) (negrillas adicionales).

- A través de Resolución 1230 de 7 de junio de 1995 la Superintendencia Bancaria impuso una sanción de carácter pecuniario al señor Edmundo Delgado Ardila, funcionario del Almacén General de Depósito Almacenar S.A., toda vez que había “omitido cotejar sellos y firmas”, los cuales fueron adulterados para la importación de las 3.000 toneladas de carbonato de sodio, pues ‒según se indicó‒ la sociedad Nutrinorte S.A. no tenía licencia para la importación de esa cantidad de dicha sustancia; además, ese compuesto químico tenía prohibición para transitar, lo que imponía también la obligación de poner en conocimiento tales irregularidades ante la Fiscalía General de la Nación(29).

- Contra la anterior decisión se formuló recurso de reposición por parte del afectado, el cual fue resuelto a través de Resolución 1900 de 15 de agosto de 1995 en el sentido de modificar la cuantía de la multa que le fue impuesta, básicamente por considerar que,

“En el caso presente la imposición de la sanción pecuniaria prevista en el artículo 209 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, más la solicitud de remoción del cargo que desempeña en Almacenar el señor Edmundo Delgado Ardila, se considera excesiva debido al conocimiento que esta Superintendencia tiene de lo sucedido, por cuanto el mencionado funcionario no sabía de la falsificación de la firma y sello de la sociedad Sodia S.A. sino en el momento en que el señor Carlos Martínez funcionario de Nutrinorte Ltda. confesó ante la Fiscalía General de la Nación confesó tal hecho, como se puede deducir de la comunicación radicada bajo el Nº 9301312219 del 30 de junio de 1995”(30) (negrillas y subrayas adicionales).

- Obra también la Resolución 1901 expedida el 15 de agosto de 1995 por la entonces Superintendencia Bancaria, mediante la cual resolvió un recurso de reposición formulado por la sociedad Almacenes Generales de Depósito Mercantil S.A. “ALMACENAR S.A.”, en el sentido de reducir el monto de la multa impuesta, dados los hechos de adulteración de firmas y sellos en la importación de las 3.000 toneladas de carbonato de sodio. De la referida resolución resulta pertinente citar los siguientes apartes:

“Esta superintendencia examinados los argumentos expuestos contra el punto 1 de la Resolución 1198 de 5 de junio de 1995 los encuentra de recibo por cuanto la presunción de autenticidad del conocimiento de embarque sólo fue desvirtuada en el momento en que el doctor Carlos Martínez, empleado de la firma Nutrinorte confesó ante la Fiscalía General de la Nación haber falsificado tanto la firma como los sellos de Sodia S.A. y por lo tanto debe tenerse en cuenta para la disminución de la sanción impuesta a Almacenar mediante la resolución citada inicialmente”(31) (negrillas y subrayas adicionales).

- A través de proveído del 19 de octubre de 1995 la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, al momento de decidir la impugnación de la decisión que impuso medida de aseguramiento en contra de los señores Edmundo Delgado Ardila, Carmen Anais Rodríguez González, Andrzjej kozlowski, Carlos Martínez Solís y Bernardo Ballesteros, decidió “abstenerse de revisar la providencia impugnada por carecer de competencia funcional para ello”; en consecuencia, ordenó regresar el expediente a la Fiscalía Seccional de Cali para que se proponga el conflicto negativo de competencia, pues consideró que no se daban los requisitos para la configuración del delito de concierto para delinquir y tenencia ilegal de insumos para el procesamiento de cocaína. No obstante lo cual, remitió las diligencias adelantadas a la Fiscalía Delegada ante los jueces Penales del Circuito de Cali para que se continuara con la investigación por los delitos de falsedad en documento público, falsedad en documento privado y uso de documento público falso y fraude procesal(32).

Resalta la Sala que respecto del proceso penal adelantado por los mencionados delitos frente a las referidas personas, no se allegó a este expediente prueba alguna distinta a la que se acaba de relacionar, por lo cual no se tiene conocimiento respecto de cuál fue el resultado de tal encuadernamiento.

2.4. Análisis de la Sala.

Tal y como se dejó indicado en los antecedentes de esta providencia, el hecho dañoso en el cual se sustentó la presente demanda de reparación directa se ocasionó, básicamente, por cuanto funcionarios de las entidades demandadas habrían realizado “afirmaciones apresuradas e infundadas con motivo de la incautación de 3.000 toneladas de carbohidrato de sodio en el mes de abril de 1995 en la ciudad de Cali”, circunstancia que le habría ocasionado a la demandante una afectación a su buen nombre, honra y “good will” y, por ende, graves perjuicios materiales y morales.

Ahora bien, del material probatorio aportado al proceso se puede establecer, esencialmente:

i) Que el 10 de abril de 1995 miembros de la Policía Nacional incautaron aproximadamente 3.000 toneladas de carbonato de sodio que se encontraban en los almacenes generales de depósito Almaviva S.A. y Almagrario S.A. de la ciudad de Cali.

ii) Que como consecuencia de dicha operación fueron detenidos cinco funcionarios que pertenecían a tres empresas involucradas en la importación de la referida sustancia química, entre los que se encontraba el señor Carlos Martínez Solís, quien se desempeñaba como jefe de importaciones de la sociedad Nutrinorte S.A.

iii) Que el 4 de mayo de 1995 el Director General de la Policía Nacional expidió un comunicado de prensa en el cual informó los anteriores hechos a la opinión pública en general, hechos que fueron objeto de un significativo despliegue noticioso a nivel nacional, tal como lo demuestran los informes periodísticos que fueron allegados al expediente.

iv) En cuanto a la importación del referido químico, se tiene probado que a través de resolución del 3 de agosto de 1994 la Dirección Nacional de Estupefacientes autorizó a la empresa Nutrinorte S.A. la importación de 500 toneladas mensuales de carbonato de sodio; no obstante, el 2 de febrero de 1995 el representante legal de dicha empresa solicitó la ampliación del cupo de la importación de dicha sustancia en la cantidad de 3.000 toneladas mensuales, petición que para el 10 de abril de 1995 (fecha de la incautación) aún no había sido resuelta; además, debe resaltarse que la Dirección Nacional de Estupefacientes le comunicó al representante legal de la empresa que el puerto de Buenaventura no estaba autorizado para el ingreso de ese tipo de sustancias al país.

v) Que el 17 de abril de 1995 la Fiscalía Regional Antinarcóticos dejó a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes la mercancía incautada, la cual fue decomisada el 13 de diciembre de ese mismo año por parte de la DIAN, toda vez que concluyó que la importación de esa cantidad de sustancia química no cumplió con los requisitos aduaneros para su ingreso al país; asimismo, como consecuencia de la importación irregular de la referida sustancia química, la DIAN a través de resolución del 13 de diciembre de 1997 le impuso a la sociedad Nutrinorte S.A. una multa por valor de $230’357.475.

vi) Que de acuerdo con la información suministrada por la Policía Antinarcóticos a la Dirección Nacional de Estupefacientes, la referida mercancía se había importado de manera ilegal a nombre de la empresa SODIA S.A. empleando documentos adulterados, pues la referida empresa no había ordenado ni autorizado la importación de esa sustancia. Asimismo, se tiene que de acuerdo con tales informaciones oficiales se pudo concluir que tales actividades ilegales fueron adelantadas por funcionarios de la empresa Nutrinorte S.A., razón por la cual, la Dirección Nacional de Estupefacientes a través de resolución del 5 de mayo de 1995 decidió “revocar unilateralmente el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes”.

vii) Que en contra de los funcionarios de las empresas involucrados en la importación ilegal de la referida sustancia química se adelantó un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, tenencia ilegal de insumos para el procesamiento de cocaína, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, uso de documento público falso y fraude procesal. No obstante, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional a través de resolución del 19 de octubre de 1995 concluyó que no se daban los requisitos para la configuración del delito de concierto para delinquir y tenencia ilegal de insumos para el procesamiento de cocaína, por lo cual, ordenó remitir las diligencias a la Fiscalía competente para que se continúe con la investigación por los demás delitos; sin embargo, no se allegó al proceso ningún elemento de prueba sobre el resultado de dicho proceso penal.

A pesar de lo anterior, se tiene que en las resoluciones expedidas por la Superintendencia Bancaria, a través de las cuales se impuso una multa en contra de Almacenar S.A. y uno de sus funcionarios, se concluyó que el señor Carlos Martínez (Jefe de importaciones de la empresa Nutrinorte S.A.) había confesado ante la Fiscalía General de la Nación la falsificación de la firma y sello de la sociedad SODIA S.A., para realizar la importación de la referida sustancia química.

Con fundamento en todo lo anterior, ha de concluirse por la Sala que, con base en los elementos de prueba a los cuales se ha hecho alusión, se halla demostrada suficientemente en el expediente la ausencia de daño antijurídico en el acaecimiento del resultado en que se tradujo las declaraciones realizadas por el Director de la Policía Nacional respecto de la operación que dio lugar a la incautación de la mencionada sustancia y la detención de las personas involucradas en tales hechos.

La jurisprudencia de esta corporación ha definido los parámetros con base en los cuales resulta forzoso reconocer que la responsabilidad del Estado no puede quedar comprometida como consecuencia de la actuación de la autoridad pública tal y como ocurre en el caso concreto, en consideración a que el carácter de hecho causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de aquélla, sino del proceder -activo u omisivo- de quien sufre el perjuicio.

Así, pues, en cuanto hace al examen necesario para considerar la ausencia de daño antijurídico, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:

“Nótese que, de la simple definición de daño antijurídico, pueden deducirse fácilmente dos de sus principales características, a saber: La primera: no todos los daños que causa el Estado resultan indemnizables, sobre todo si los mismos son el resultado de la actividad estatal lícita, pues solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos daños que exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad. Se ve, entonces, como la concepción del daño antijurídico, desde esa perspectiva, no solamente resulta acorde con los principios de eficiencia de la función pública y efectividad de los derechos (artículos 228 y 2º de la Constitución), sino también confluye con los principios de igualdad frente a las cargas públicas y solidaridad, que constituyen las piezas angulares del Estado Social de Derecho (artículos 1º y 13 de la Carta). Ahora bien, esta característica del daño antijurídico resulta especialmente relevante en aquellas limitaciones impuestas por el Estado al ejercicio de los derechos reconocidos y garantizados por las normas jurídicas, en tanto que solamente pueden originar su responsabilidad patrimonial aquellas restricciones que ‘superan la normal tolerancia’ o que impiden el goce normal y adecuado del derecho.

En consecuencia, para efectos del caso objeto de estudio, sólo puede entenderse como antijurídico el daño que causa un perjuicio personal y cierto al derecho a la propiedad que ha sido restringido con intromisiones intolerables, esto es, que es limitado de forma tal que excede la obligación jurídica de soportarlo. La segunda característica del daño indemnizable se encuentra en el hecho de establecer que solamente resultan antijurídicas las lesiones causadas por el Estado a los derechos de las personas que no surgen de su anuencia, aceptación o que son propiciadas por ellos mismos. No se trata de identificar el concepto de daño antijurídico con la causal de exoneración de responsabilidad que rompe la imputación por el hecho o culpa exclusiva de la víctima; se trata de entender que el Estado no puede indemnizar los daños cuya fuente de indemnización no es objeto de protección jurídica, en tanto que su origen es inconstitucional, ilegal o contraria al principio de buena fe que debe regular todas las actuaciones de los particulares y del Estado (artículo 83 de la Constitución). En otras palabras, así el daño cuya reparación se pretende pudiese ser causado de manera directa y eficiente por el Estado, no puede ser indemnizado si fue propiciado, auspiciado, avalado u originado con la actuación u omisión de quien lo reclama, en tanto que el ordenamiento jurídico solamente protege las actuaciones leales y legítimas de los particulares(33) (negrillas y subrayas adicionales).

Así las cosas, a juicio de la Sala, si bien la sociedad Nutrinorte fue objeto de unas declaraciones por parte del Director de la Policía Nacional en las cuales se señalaba que la importación de la sustancia carbonato de sodio fue realizada de forma ilegal, así como que dos sus funcionarios resultaron capturados como consecuencia de esa importación ilegal, dado que se trata de un insumo para el procesamiento de cocaína, lo cierto es que dichas declaraciones no implicaron la configuración de un daño antijurídico, comoquiera que tal y como se demostró en este proceso, la importación de esa mercancía se realizó de forma ilegal e incluso, a través de conductas delictivas realizadas por un funcionario de esa misma empresa ahora demandante.

De acuerdo con todo lo anterior, se impone concluir la ausencia de prueba respecto de la causación de daño alguno en perjuicio de la parte demandante.

Así, pues, comoquiera que las referidas declaraciones censuradas en la demanda no constituyen, per se, un daño antijurídico, resulta inocuo adelantar un análisis respecto de los restantes elementos para acreditar la responsabilidad del Estado, debido a que se está en presencia de una falta absoluta de la prueba de daño antijurídico que pudiere ser imputable al Estado(34), por lo cual, resulta forzoso para la Sala revocar la providencia proferida por el a quo y, en consecuencia, denegar las pretensiones de la demanda.

2.5. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia apelada, esto es la proferida el 15 de noviembre de 2005, por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, DENEGAR la totalidad de las pretensiones de la demanda.

3. Sin condena en costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

18 Equivalentes a 500 SMLMV al momento de presentación de la demanda.

19 Artículo 40, Ley 446 de 1998.

20 Fls. 278 a 282 c. 1.

21 Fls. 43 a 44 c. 1.

22 Sobre la utilidad de dichos medios de prueba esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que: “Es necesario dilucidar qué valor probatorio le otorga la Sala a la información de prensa, ya que el principal problema para su valoración es la necesidad de cuestionar la verosimilitud que pueda ofrecer de la ocurrencia de los hechos. Más aún, es necesario considerar racionalmente su valor probatorio como prueba de una realidad de la que el juez no puede ausentarse, ni puede obviar en atención a reglas procesales excesivamente rígidas. De acuerdo con los anteriores argumentos, la Sala tendrá en cuenta la información consignada en tales informes de prensa”. Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de octubre de 2015, Exp. 34.677.

23 Fls. 386 a 390, 455 a 458, 573 a 577 c. 1.

24 Fls. 107 a 115 c. ppal.

25 Fls. 166 a 173 c. ppal.

26 Fls. 182 a 205 c. ppal.

27 Fls. 52 a 58 c. 9.

28 Fls. 197 a 210 c. 11.

29 Fls. 103 a 110 c. 11.

30 Fls. 48 a 59 c. 11.

31 Fls. 38 a 46 c. 11.

32 Fls. 133 a 164 c. 2.

33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 5 de diciembre de 2005, Exp. 12.158, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

34 En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Exp. 165.16 y del 4 de junio del 2008, Exp. 16.643. M.P. Enrique Gil Botero.