Sentencia 1997-12343 de marzo 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 13001233100019971234301 [18887]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Cine Colombia S.A. (NIT. 08909000760)

Demandado: Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena, IDER

Impuesto de espectáculos públicos

Fallo

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia de 24 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Según el apelante, a través de las pruebas recaudadas, el a quo debió determinar de manera clara e inequívoca el impuesto al que se refiere el presente asunto, por cuanto la demanda adolece de un planteamiento exacto para determinar a cuál impuesto debió aplicarse la hipotética devolución, motivo por el cual el fallo debió ser inhibitorio.

Para la Sala, en la demanda se precisó con claridad el impuesto que determinó el IDER, pues, la actora sostiene que es el impuesto de espectáculos públicos para el fomento al deporte, previsto en la Ley 30 de 1971 y el artículo 77 de la Ley 181 de 1995, tributo del cual, según dijo, se encuentra exenta, de acuerdo con el artículo 125 de la Ley 6ª de 1992.

Con fundamento en lo anterior, la demandante alegó, en suma, que la liquidación de revisión acusada se encuentra falsamente motivada, dado que el IDER partió de la base de que el impuesto debido por la actora era el contemplado en el artículo 77 de la Ley 181 de 1995, sin tener en cuenta que el parágrafo de dicha norma mantiene la exención del artículo 125 de la Ley 6ª de 1992.

A su vez, invocó como normas violadas, entre otras, el artículo 125 de la Ley 6ª de 1992 y el parágrafo del artículo 77 de la Ley 181 de 1995. Y, como consecuencia de la nulidad de los actos de determinación del tributo, pidió que el IDER se abstuviera de cobrar el impuesto a espectáculos públicos para el fomento al deporte y, en caso de haberse efectuado el cobro, que las sumas por dicho impuesto fueran devueltas.

Así, teniendo en cuenta que en la demanda está debidamente identificado el asunto objeto de debate, contrario a lo alegado por el apelante, el a quo debía efectuar un pronunciamiento de fondo frente al concepto de violación que planteó la demandante. Lo anterior significa que no era del caso proferir fallo inhibitorio, sino de fondo, como en efecto sucedió.

En ese orden de ideas, de acuerdo con el planteamiento de la demanda y los hechos que aparecen probados en el expediente, se discute la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales se determinó oficialmente el impuesto de espectáculos públicos a cargo de la actora, razón por la cual se debe establecer, en primer lugar, si se trata del impuesto a espectáculos públicos previsto en la Ley 12 de 1932 o del impuesto a espectáculos públicos para el fomento del deporte, establecido por la Ley 30 de 1971.

Una vez precisado lo anterior, se hace necesario dilucidar si la administración determinó legalmente el impuesto correspondiente.

Ello es así, por cuanto los actos administrativos llevan ínsita la presunción de legalidad y, por ende, les corresponde a los contribuyentes desvirtuarla, tal como lo prevé el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Los actos administrativos demandados son los siguientes:

• Oficio sin número, expedido el 10 de abril de 1996(4), en el que el director del IDER anexa dos (2) cuentas de cobro(5) correspondientes a “impuesto de espectáculos públicos” con una relación adjunta(6) que determina un impuesto por pagar de $ 64.503.260, para el efecto señala: “la liquidación corresponde al treinta y cinco (35%) que Uds. Vienen deduciendo de los pagos mensuales, sin justificación legal alguna”.

• Resolución 3 de 14 de febrero de 1997 expedida por el director del Instituto Distrital de Deporte y Recreación —IDER—, expedida en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 535 del 31 de mayo de 1995, mediante el cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto oficial, en la que se precisó: “Los artículos 77 y 79 de la Ley 181 de 1995, tratan del porcentaje del impuesto a pagar de las personas naturales y jurídicas responsables del espectáculo y por ende del pago del impuesto, de los plazos para pagar los impuestos recaudados, de los intereses moratorios y la tasa de mora que se aplicará a su liquidación”.

• Liquidación definitiva del tributo a cargo de la actora por el año 1995 y 1996, con corte a 30 de diciembre de 1996.

Mediante el citado Decreto Distrital 535 del 31 de mayo de 1995, el alcalde mayor de Cartagena, en uso de las facultades conferidas por el Acuerdo 13 del 22 de marzo de 1995, modificó la estructura del IDER. En el artículo 4º, estableció que hacen parte de sus rentas “El valor recibido por concepto de recaudo de los gravámenes de los que es beneficiario, especialmente el de espectáculos públicos organizados en el distrito y señalado en la Ley 181 del 18 de enero de 1995”. A su vez, el artículo 3º (num. 21) asignó al IDER la función de ejercer el control y recaudo de los gravámenes de los que es beneficiario.

Así pues, el IDER es competente para administrar y recaudar en la ciudad de Cartagena, entre otros gravámenes, el impuesto de espectáculos públicos con destino al deporte de que trata la Ley 181 de 1995.

Con fundamento en los actos demandados y la competencia del IDER, dicha entidad estaba cobrando a la actora el impuesto a espectáculos públicos con destino al deporte, a que se refiere la Ley 181 de 1995, del cual estaba exenta, según el siguiente análisis:

El impuesto del 10% sobre espectáculos públicos con destino a las juntas administradoras de deportes fue creado por el artículo 8º de la Ley 1º de 1967 por un término de cuatro (4) meses “pro reconstrucción de la ciudad de Quibdó” sobre el valor de cada boleta personal de entrada a espectáculos públicos de cualquier clase. Dicha ley se hizo permanente y facultó al Gobierno Nacional para reglamentar el recaudo y entrega a las juntas administradoras de deportes.

El artículo 5º de la Ley 49 de 1967, por la cual la Nación coopera a la celebración de los VI Juegos Deportivos Panamericanos, ordenó que el recargo del 10% sobre el valor de cada boleta de entrada a espectáculos públicos establecido por el artículo 8º de la Ley 1º de 1967, continuaría cobrándose en el territorio del Valle del Cauca durante los años de 1968 a 1972 inclusive. El producto de dicho recargo se debía consignar en la tesorería general de la República, a órdenes del comité organizador de dicho evento deportivo.

El artículo 4º de la Ley 47 de 1968 hizo extensivo a todo el territorio nacional el impuesto de que trata el artículo 5º de la Ley 49 de 1967 y expresó que durante el mismo lapso, el producto de este gravamen sería destinado en el distrito especial, los departamentos, intendencias y comisarías exclusivamente al fomento del deporte. La norma dispuso lo siguiente:

“ART. 4º—El impuesto de que trata el artículo 5º de la Ley 49 de 1967, se hace extensivo a todo el territorio nacional, y el producido del mismo será destinado en el distrito especial, los departamentos, intendencias y comisarias, exclusivamente al fomento del deporte, a la preparación de los deportistas, a la construcción de instalaciones deportivas y adquisición de equipos e implementos, en la proporción que se recaudara en cada una de las secciones del país enunciadas” (resalta la Sala).

Por disposición del artículo 6º de la ley 47 de 1968, el producido del gravamen antes mencionado sería invertido en los departamentos del Valle del Cauca y Tolima, exclusivamente en la preparación, construcción de obras y realización de los VI Juegos Panamericanos y IX Juegos Nacionales, respectivamente.

Por su parte, el artículo 9º de la Ley 30 de 1971 hizo extensivo a todo el territorio Nacional el impuesto a que se refiere el artículo 5º de la Ley 49 de 1967 y lo fijó de manera indefinida en el tiempo, con posterioridad al 31 de diciembre de 1972.

El parágrafo 1º del artículo 25 de la Ley 49 de 1983 establece que “El recaudo de los impuestos a espectáculos públicos de que trata la Ley 47 de 1968, se hará por los recaudadores o tesoreros departamentales, intendenciales, comisariales y del Distrito Especial de Bogotá y se llevará a un fondo especial a órdenes de las respectivas juntas administradoras seccionales de deportes”(7).

El artículo 5º del Decreto 839 de 1984, reglamentario de la Ley 49 de 1983, establece que el recaudo del impuesto de espectáculos públicos con destino al deporte se puede efectuar a través de las tesorerías de las respectivas juntas administradoras seccionales de deportes, cuando las necesidades del servicio lo requieran, previa solicitud escrita y motivada del director ejecutivo seccional.

El artículo 77 de la Ley 181 de 1995, por la cual se dictan disposiciones para el fomento al deporte, precisó que el impuesto a espectáculos públicos a que se refieren las leyes 47 de 1968 y 30 de 1971 es del 10% del valor de la correspondiente entrada al espectáculo, excluidos los demás impuestos indirectos que hagan parte de dicho valor. Así mismo, indicó que el responsable del espectáculo lo será también del pago de dicho impuesto(8).

Dicha norma señala lo siguiente:

“ART. 77.—Impuesto a espectáculos públicos. El impuesto a los espectáculos públicos a que se refieren la Ley 47 de 1968 y la Ley 30 de 1971, será el 10% del valor de la correspondiente entrada al espectáculo, excluidos los demás impuestos indirectos que hagan parte de dicho valor. La autoridad municipal o distrital que otorgue el permiso para la realización del espectáculo, deberá exigir previamente el importe efectivo del impuesto o la garantía bancaria o de seguros correspondiente, la cual será exigible dentro de las 24 horas siguientes a la realización del espectáculo. El valor efectivo del impuesto, será invertido por el municipio o distrito de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la presente ley.

PAR.—Las exenciones del impuesto a espectáculos públicos son las taxativamente enumeradas en el artículo 75 de la Ley 2ª de 1976. Para gozar de tales exenciones, el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, expedirá actos administrativos motivados con sujeción al artículo citado. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 125 de la Ley 6ª de 1992 (resalta la Sala).

Como lo ha precisado la Sala, el “impuesto a espectáculos públicos con destino al deporte” a que se refieren las leyes 47 de 1968 y 30 de 1971, a las cuales se remite el artículo 77 de la Ley 181 de 1995, fue concebido por el legislador a favor de la Nación, para ser destinado a fomentar el deporte en todas las entidades territoriales del país, es decir, que tiene carácter nacional. Cosa distinta es que en aplicación del principio de eficiencia del régimen impositivo, se haya autorizado a las entidades territoriales para su recaudo, administración y cobro, teniendo en cuenta que son las beneficiarias del gravamen, lo cual no le da el carácter de impuesto municipal(9).

Por su parte, el artículo 125 de la Ley 6ª de 1992 señala lo siguiente:

“ART. 125.—Exención del impuesto de la Ley 30 de 1971 para el cine. A partir del 1º de enero de 1993, la exhibición cinematográfica en salas comerciales, estará exenta del gravamen contemplado en la Ley 30 de 1971”.

Como ya se precisó, del análisis de los actos acusados y de las facultades del IDER se concluye que esta entidad pretende el cobro del impuesto a espectáculos públicos para el fomento del deporte, establecido por las leyes 47 de 1968, 30 de 1971 y 181 de 1995.

Si bien es cierto que el IDER precisó que: “la liquidación corresponde al treinta y cinco (35%) que Uds. vienen deduciendo(10) de los pagos mensuales, sin justificación legal alguna(11)“, se debe tener en cuenta que, como quedó anotado, lo que pretende el municipio es el cobro del impuesto a espectáculos públicos con destino al deporte, por el año 1995 y enero a marzo de 1996, períodos gravables respecto de los cuales, se insiste, operaba la exención prevista en el artículo 125 de la Ley 6ª de 1992.

Es de anotar que ese impuesto es distinto del impuesto a los espectáculos públicos, creado por la Ley 12 de 1932(12) y cedido al distrito especial y a los municipios por la Ley 33 de 1968, a partir del 1º de enero de 1969. Lo anterior, lo corrobora el Decreto 375 de 1994(13), que en sus artículos 205 y 206 dispone:

“ART. 205.—Necesidad de mantener vigente el impuesto. Manténgase vigente el impuesto sobre espectáculos públicos creado por la Ley 12 de 1982 (sic) y cedido a los municipios por la Ley 33 de 1968 el cual se causará por la celebración de toda clase de espectáculos públicos, teatrales, deportivos, cinematográficos, boxeo, exhibiciones y diversiones en general.

[...]”.

“ART. 206.—Su valor. Este impuesto corresponderá al 10% del valor de cada boleta de entrada personal a espectáculos públicos de cualquier clase y será liquidado por el Instituto de Recreación, Cultura y Deporte de Cartagena.

PAR.—Es entendido que el Impuesto de espectáculos públicos es independiente del que le corresponde a Coldeportes, razón (sic) se cobrarán por separados” (resalta la Sala).

Ahora bien, en la demanda se alegó que el IDER incurrió en falsa motivación por cuanto fundamentó los actos acusados en el artículo 77 de la Ley 181 de 1995, norma que en el parágrafo establece la exención del tributo para la exhibición de obras cinematográficas en salas comerciales (L. 6ª/92, art. 125).

Observa la Sala que, efectivamente, a partir de la expedición de la Ley 6ª de 1992, las salas de cine o exhibición cinematográfica no están sujetas al pago del impuesto a espectáculos con destino al deporte (de que trata el artículo 77 de la Ley 181 de 1995), en virtud de lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 6ª de 1992, ya transcrito, exención que reconoce el parágrafo del artículo 77 de la Ley 181 de 1995.

Toda vez que el demandado pretende el cobro del impuesto a espectáculos públicos para el fomento del deporte, durante el año gravable 1995 y enero a marzo de 1996 por “ingresos a las salas de proyección de películas de los siguientes teatros...”(14), y que durante esos períodos la actora estaba exenta de dicho tributo, de acuerdo con el artículo 125 de la Ley 6ª de 1992, en concordancia con el parágrafo del artículo 77 de la Ley 181 de 1995, procede la nulidad de los actos acusados. En consecuencia, se confirma la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha».

(4) Folio 12, c.p.

(5) Folios 16 y 17, c.p.

(6) Folio 18, c.p.

(7) De acuerdo con la Ley 49 de 1983, las juntas seccionales de deportes son unidades administrativas especiales del orden nacional, dotadas de personería jurídica y patrimonio propio, subordinadas a los planes y controles del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte.

(8) Se reitera sentencia de la Sala de 18 de marzo de 2010, Expediente 16535.

(9) Se reitera fallo de la Sala de 10 de febrero de 2005, Expediente 13484.

(10) El artículo 1º del Decreto 1676 de 1984 señala: “Para la exhibición de producciones cinematográficas colombianas de cortometraje, los impuestos nacionales que gravan los espectáculos públicos, de que tratan los artículos 7º, numeral 1º de la Ley 12 de 1932 y 9º de la Ley 30 de 1971, se reducirán en un treinta y cinco por ciento (35%)”.

(11) Folio 12.

(12) “ART. 7º—Con el objeto de atender al servicio de los bonos del empréstito patriótico que emita el Gobierno establécense los siguientes gravámenes:

[...].

1. Un impuesto del diez por ciento (10%) sobre el valor de cada boleta de entrada personal a espectáculos públicos de cualquier clase, y por cada boleta o tiquete de apuestas en toda clase de juegos permitidos, o de cualquier otro sistema de repartición de sorteos”.

(13) Por el cual se expide el estatuto tributario distrital de Cartagena.

(14) Folio 16.