Sentencia 1997-12626 de junio 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 130012331000-1997-12626-01

Núm. Interno 18650

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandantes: Emel Echeverría Romero

Demandado: DIAN

Renta 1989

Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Vistos los antecedentes del proceso, la Sala anticipa que revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se inhibirá para emitir fallo de fondo por falta de agotamiento de la vía gubernativa.

La decisión adoptada por la Sala se funda en los siguientes hechos, que se tienen como relevantes y ciertos:

1. El 13 de noviembre de 1990, Emel Echeverría Romero presentó la declaración del impuesto sobre la renta, remesas, patrimonio y ganancias ocasionales correspondiente al año gravable 1989, en la que registró un saldo a favor de $ 940.368(4), como efecto de las retenciones en la fuente que le fueron practicadas durante el periodo.

Pese a que en la demanda se afirma que el demandante no presentó ninguna declaración por el año 1989, por no estar obligado a ello, no aportó ninguna prueba que permitiera desvirtuar la veracidad del formulario que obra en el expediente, con fundamento en el cual la administración adelantó el proceso de fiscalización y determinación del impuesto.

2. El 13 de noviembre de 1990, el demandante presentó ante la Dirección de Impuestos Nacionales una solicitud de devolución del saldo a favor que se registró en la declaración antes referida(5).

En la demanda se afirma que el actor no elevó ninguna solicitud de devolución de saldo a favor con fundamento en una declaración previamente presentada. Sin embargo, tampoco desvirtuó la veracidad de los documentos que obran en el expediente que dan cuenta de la solicitud hecha por el señor Echeverría Romero.

3. El 6 de diciembre de 1990, mediante la Resolución 5152, la Dirección de Impuestos Nacionales ordenó devolver al demandante la suma de $ 940.377(6) por concepto de saldo a favor originado en el año 1989, los cuales debían ser pagados mediante cheque.

4. El 10 de septiembre de 1992, mediante el requerimiento especial 01176, la Dirección de Impuestos Nacionales propuso modificar la declaración privada presentada por el demandante para desconocer las deducciones y las retenciones que le fueron practicadas, calcular el impuesto a cargo, imponer una sanción y desconocer el saldo a favor(7).

En relación con la notificación de esta actuación, el requerimiento da cuenta de que fue realizada por correo, según la planilla 1486 del 29 de septiembre de 1992. Esa planilla no obra en el expediente, como tampoco existe evidencia en el expediente de la dirección a la que fue remitido el requerimiento.

5. El 18 de mayo de 1993, mediante la liquidación oficial de revisión 672, la Dirección de Impuestos Nacionales modificó la declaración privada presentada por el demandante, según se propuso en el requerimiento especial(8) ya aludido.

Sobre la notificación de esta actuación, en el anverso del primer folio de la liquidación se lee que fue realizada por correo según planilla 541 de 18 de mayo de 1993.

En la planilla de consignación de correspondencia 541 del 18 de mayo de 1993, allegada al proceso con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la administración contra la sentencia del tribunal, se advierte que la liquidación oficial de revisión 672 fue enviada al demandante a la dirección Blas de Lezo Mza. 12 lote 23, que corresponde a la dirección informada por el señor Echeverría Romero en la declaración presentada el 10 de noviembre de 1990.

Valoradas las pruebas en lo que concierne a la notificación de la liquidación oficial de revisión impugnada, la Sala considera que el demandante sí fue notificado de dicho acto administrativo, de conformidad con las normas vigentes para la época.

En efecto, el artículo 565 del estatuto tributario disponía:

“ART. 565.—Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones tributarias, emplazamientos, citaciones, traslados de cargos, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse por correo o personalmente.

Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación”.

A su turno, el artículo 566, ibídem, antes de ser modificado por la Ley 788 de 2002 establecía:

“ART. 566.—La notificación por correo se practicará mediante envío de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo” (el aparte resaltado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sent. C-096/2001).

Finalmente, el artículo 563 del estatuto tributario disponía:

“ART. 563.—La notificación de las actuaciones de la administración tributaria deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según el caso, o mediante formato oficial de cambio de dirección; la antigua dirección continuará siendo válida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada.

Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección a la administración de impuestos, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria.

Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios señalados en el inciso anterior, los actos de la administración le serán notificados por medio de publicación en un diario de amplia circulación”.

De acuerdo con lo anterior, la liquidación oficial de revisión debía notificarse por correo o personalmente. La administración acudió a la primera modalidad de notificación prevista en el artículo 565 del estatuto tributario, y, por lo tanto, le correspondía enviar una copia del acto a la última dirección informada por el demandante.

En relación con la notificación por correo, según lo establecido en el artículo 566 del estatuto tributario, antes de que fuera declarado parcialmente inexequible, la Sala había precisado que llevaba implícita una presunción juris tantum que se fundamentaba en el envío de una copia del acto administrativo a la dirección informada por el contribuyente a partir de la introducción de la copia al correo, pero que esta presunción podía ser desvirtuada si se probaba que la notificación no cumplió su cometido, esto es, que el destinatario del correo no recibió la copia del acto administrativo o que la recibió en fecha diferente a la que se introdujo al correo(9).

En el presente caso, está acreditado que la administración envió una copia de la liquidación oficial de revisión a la dirección informada por el demandante tanto en la declaración del impuesto sobre la renta, remesas, patrimonio y ganancias ocasionales correspondiente al año gravable 1989 como en la solicitud de devolución, mediante la introducción al correo, según da cuenta la planilla de consignación de correspondencia 541 del 18 de mayo de 1993, del tal forma que están dados los presupuestos para que se presuma que en esta fecha tuvo lugar la notificación.

Sin embargo, el demandante no aportó ninguna prueba para desvirtuar la presunción de la notificación efectuada según se describió, bien para demostrar que no recibió la copia del acto administrativo o que este fue remitido a una dirección distinta de la informada, sino que se limitó a negar que hubiera sido notificado del requerimiento especial y de la liquidación oficial de revisión, sin ningún sustento fáctico.

En consecuencia, notificado de la liquidación oficial de revisión en los términos expuestos, el demandante estaba habilitado para agotar la vía gubernativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo(10).

Pero, como se advirtió, no procedió de conformidad con lo previsto en la norma, a interponer los recursos correspondientes, sino que presentó la demanda directamente a la jurisdicción el 17 de octubre de 1997, esto es, transcurridos 4 años, aproximadamente, después de notificada la liquidación oficial de revisión (mayo 18/93).

No aportó ninguna prueba que demostrara los hechos alegados, tal como se lo demanda el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil ni tachó de falsas las pruebas que dan cuenta de que se le reconoció el derecho a la devolución del saldo a favor consignado en la declaración de renta que fue objeto de la liquidación oficial respecto de la que ahora pretende la nulidad.

En esas condiciones, la Sala se inhibe de fallar de fondo la demanda interpuesta por el señor Emel Echeverría Romero.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 22 de julio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. En su lugar, INHÍBASE la Sala para decidir la demanda que en acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso Emel Echeverría Romero contra la UAE DIAN.

2. RECONÓCESE personería a la abogada Jacqueline E. Prada Ascencio como apoderada de la DIAN.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(4) Folio 49 del cdno. p.

(5) Folios 55 y 56 del cdno. p.

(6) Folio 54 del cdno. p.

(7) Folios 43 y 44 del cdno. p.

(8) Folios 29 al 31 del cdno. p.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Bogotá, D.C. 25 marzo de 2010. Radicación 25000-23-27-000-2007-00047-01. Número interno 17460. Actor: Distribuciones Cristafan Ltda. Demandado: DIAN. Se remite a sentencias del 22 de septiembre de 2004, Expediente 13972, C.P. Ligia López Díaz y del 14 de octubre del 2004, Expediente 13807, C.P. Héctor J. Romero Díaz.

(10) Artículo 135. Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del 2 de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente: subrogado por el artículo 22 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989. “La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo.

El silencio negativo, en relación con la primera petición también agota la vía gubernativa.

Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes actos”.