Sentencia 1997-12710 de marzo 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 13001233100019971271001 (30300)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Miguel Armando Pinedo Romero

Demandado: Nación - Ministerio de Justicia - Consejo Superior de la Judicatura

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., veintiséis de marzo de dos mil catorce.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 28 de octubre de 2003 en el proceso de referencia, en la que se denegaron las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

1. En escrito presentado el 28 de noviembre de 1997, Miguel Armando Pinedo Romero, solicitó que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación —Ministerio de Justicia—, por el error jurisdiccional en el que incurrió la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, por la indebida valoración de unas pruebas documentales, que incidían indefectiblemente en una sentencia favorable a todas sus pretensiones formuladas en demanda ordinaria laboral.

En consecuencia, pidió que se condenara a la demandada, al pago por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, de $30.000.000, constitutivo de lo que dejó de percibir el señor Pinedo Romero en razón a la negativa del reconocimiento de la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Como fundamento de sus pretensiones narró que promovió demanda ordinaria laboral en contra de la sociedad Corporación Internacional de Clubes Campestres LTDA, proceso que culminó en segunda instancia mediante sentencia del 27 de agosto de 1997, en la que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. El fallo en mención, condenó a la sociedad demandada al pago de las prestaciones sociales debidas al señor Pinedo Romero; no obstante, negó lo concerniente a la indemnización moratoria contenida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, consistente en que por cada día de tardanza en el pago de las prestaciones debidas o del salario, se causaba una suma de dinero a título de indemnización moratoria, equivalente a un día de salario por cada día de retardo.

2. La demanda fue admitida, mediante auto del 2 de diciembre de 1998, y se notificó en debida forma al Director Ejecutivo de la Rama Judicial(1). Sin embargo, en el término de fijación en lista, la entidad representante de la Nación guardó silencio.

3. Concluida la etapa probatoria, iniciada por auto del 3 de agosto de 1999, y fracasada la conciliación, se dio traslado para alegar. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

Por su parte, la demandante en su escrito de alegatos, insistió en los argumentos que soportan la configuración de un error jurisdiccional, en tanto la providencia laboral proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena desconoce la preceptiva del artículo 65 del CST, al ir las pruebas dirigidas a que se llevara a cabo su reconocimiento y posterior liquidación. Como soporte jurisprudencial cita apartes de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, las cuales sostienen que el trabajador no debe acudir a una reclamación ante el empleador para que se cause la mora, pues esta opera automáticamente una vez se termine el contrato y se retarde el pago de las acreencias laborales. Asunto que en sentir del demandante, fue desconocido en la providencia laboral definitiva.

II. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el Tribunal Superior de Cartagena —Sala Laboral— no incurrió en error jurisdiccional, en la medida en que su decisión estuvo soportada en la libre apreciación razonada de las pruebas obrantes en el proceso, de conformidad con lo establecido en artículo 187 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto consideró:

“Visto lo anterior y en atención a lo que señala el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo esta Sala observa que en el caso bajo estudio la Sala Laboral del Tribunal Superior no incurrió en Error Jurisdiccional, ya que si bien el actor había solicitado el reconocimiento de la indemnización que consagra el artículo 65 de CST, sobre el recaía la carga de la prueba y por ende debía arrimar al proceso prueba de la fecha en que se extinguió la relación laboral. Frente a lo anterior y en ausencia de prueba la Sala de decisión falló conforme a las pruebas obrantes en el proceso absteniéndose de reconocer la indemnización, ya que dentro del plenario no se había establecido con precisión la fecha en que se había terminado la relación laboral requisito éste indispensable para establecer la procedencia de dicha pretensión.

Ahora bien esta Sala considera que según nuestro sistema procedimental (art. 187 del CPC) existe el sistema de apreciación razonada de la prueba según el cual el juzgador apreciará las pruebas, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, de esta manera el sentenciador al proferir su fallo, debe valorar las pruebas que obren en el expediente para formar su convencimiento”. (fl. 125. cdno. 2).

III. Recurso de apelación

1. La parte demandante presentó y sustentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. En su criterio, sostuvo que una observación más detenida de las pruebas, debía arrojar una decisión condenatoria, puesto que en el proceso laboral obraban documentos que constituían hechos indicadores que mostraban la terminación del contrato laboral, único requisito para dar lugar a la indemnización moratoria por el no pago de salarios y prestaciones sociales. Frente a este punto adujo:

“El indicio es un hecho indicador del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro. Está probado que: a) Que el actor manifiesta en la demanda que fue despedido el día 30 de enero del año 1992. b) Que existe una carta con el membrete de la Corporación Internacional de Clubes Campestres Limitada (Lo meramente indicativo de un documento CPC. art. 258), mediante el cual se le comunica al actor que su contrato de trabajo fue cancelado. C) Que existe un certificado de marzo 3 de 1995 expedido por el Profesional Universitario del Departamento de Sección Comercial del Instituto de Seguros Sociales - Seccional Bolívar, en el que se expresa que el actor estuvo inscrito en esa entidad por cuenta de la Corporación Internacional de Clubes Campestres Limitada, hasta enero 31 de 1992.

Estos tres elementos constituyen el indicio de que el actor sí fue despedido en la fecha que se menciona en la demanda, ya que son concordantes, convergentes y guardan estrecha relación con las otras pruebas allegadas al proceso laboral.

Resulta ilógico condenar en 2ª instancia a la Corporación Internacional de Clubes Campestres Limitada a pagarle al actor cesantía definitiva y a la vez alegarse que no se conoce o no se probó la fecha de terminación de la relación de trabajo que existió entre las partes”. (fl. 128 cdno. 2).

2. El recurso fue concedido el 3 de febrero de 2004 y admitido el 28 de junio de 2005. En el traslado para presentar alegatos de conclusión las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. Consideraciones

Como primera medida, es necesario reseñar los medios probatorios allegados al proceso; posteriormente, para la adopción de una decisión de fondo en relación con la responsabilidad de la parte demandada, se analizará: lo relativo a la representación de la Nación —Dirección Ejecutiva del Poder Judicial— (punto 2.1); luego, se llevará cabo un recuento jurisprudencial acerca del error jurisdiccional como fuente de responsabilidad del Estado (punto 2.2 ); acto seguido, se tratará el error de hecho como modalidad de error judicial, a la luz de lo sostenido por las altas cortes —Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia en Sala Laboral y Consejo de Estado— (punto 2.3); finalmente, se hará un examen probatorio, y una vez establecido el daño antijurídico y de la imputación del mismo en el caso concreto, se establecerán las conclusiones del caso (punto 2.4).

Pruebas:

1.1. Expediente autenticado del proceso ordinario laboral promovido por el señor Miguel Armando Pinedo Romero en contra de la Corporación Internacional de Clubes Campestres Ltda. La primera instancia cursó en el Juzgado Primero Laboral del Circuito; y la segunda, se surtió ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena.

1.2. Copia auténtica de la sentencia del 27 de agosto de 1997, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, en la que se resuelve lo siguiente:

“REVÓCASE la sentencia recurrida, de origen y fecha antes indicados, en cuanto absolvió a la demandada de las pretensiones de la demanda, para en su lugar CONDENAR a la demandada Corporación Internacional de Clubes Campestres Limitada a pagar al actor Miguel Armando Pinedo Romero, las siguientes sumas y por los siguientes conceptos:

a) Por concepto de cesantía definitiva, la suma de ciento setenta y siete mil ochenta y tres pesos con treintitres (sic) centavos ($ 177.083,33) m/cte.

b) Por concepto de prima de servicios, la suma de ciento sesenta y dos mil novecientos diecisiete pesos con sesentiseis (sic) centavos ($ 162.916,66) m/cte.

c) Por concepto de vacaciones la suma de ochenticinco (sic) mil pesos ($ 85.000) m/cte.

ABSUELVE a la demandada de las demás pretensiones de la demanda (fls. 96-102, cdno. ppal. tribunal).

1.3. Copia del contrato individual de trabajo a término indefinido, suscrito el 15 de enero de 1991 entre el señor Miguel Armando Pinedo Romero y la Corporación Internacional de Clubes Campestres Ltda., para desempeñar el cargo de Jefe de Compras. Se pactó un salario de $ 170.000 pesos (fl. 28. cdno ppal. tribunal).

1.4. Copia de la carta de despido elaborada el 30 de enero de 1992 por el presidente de la Corporación Internacional de Clubes Campestres Ltda., y dirigida al señor Miguel Armando Pinedo. Se extrae lo pertinente:

“Respetado señor:

Me permito informarle que la compañía ha tenido que cancelar su contrato de trabajo, por estar ya culminando obras, y se hace necesario reducir la planta de personal” (fl. 32, cdno ppal. tribunal).

1.5. Copia del certificado expedido por el Instituto de Seguros Sociales —seccional Bolívar—, en el que se informa la fecha de inscripción y de desafiliación del señor Miguel Armando Pinedo Romero, a solicitud de la Corporación Internacional de Clubes Campestres Ltda. Se resalta:

“En atención a su oficio de la referencia, nos permitimos comunicarle que el señor Miguel Armando Pinedo Romero Afiliación 909286472 fue inscrito en esta Seccional por la firma Corporación Internacional de Clubes Campestres Ltda. patronal 18014000781 desde el 20 de mayo de 1991 hasta el 31 de enero de 1992” (fl. 74, cdno ppal. tribunal).

2. Responsabilidad por error judicial.

2.1. Representación de la Nación en los casos de error jurisdiccional:

Como primera medida, se impone un estudio sobre este punto, en tanto se ha configurado una problemática en torno a la parte pasiva del proceso de la referencia; problemática que se explica en que la demanda del caso sub examine fue instaurada en ejercicio de acción de reparación directa en contra de la Nación —Ministerio de Justicia—; no obstante, en el auto admisorio de la misma, se ordena notificar al Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bolívar, notificación que se hizo efectiva el 19 de enero de 1999(2). Y en ese orden, podría pensarse en la configuración de una falta de legitimación en la causa por pasiva o en una indebida representación; sin embargo, comoquiera que este tema de la Nación y su representación en los casos de responsabilidad por la administración de justicia, ha sido decantado por la jurisprudencia, y unificado en pronunciamiento reciente,(3) se procederá a hacer un análisis a la situación planteada, y se determinará si se cumple o no con el presupuesto procesal.

Pues bien, en casos como el de autos, de responsabilidad del Estado por daños antijurídicos imputables a sus agentes judiciales, el centro de imputación, o llamado a conformar la parte pasiva, es la Nación, por ser esta quien ostenta la personalidad jurídica nacional, y ser la administración de justicia, una de las funciones del Estado como un todo, asunto que lleva consigo ese atributo de la capacidad para ser parte. En ese sentido, el legitimado para comparecer, o conformar la relación jurídica procesal, de cara a las pretensiones de la demanda, es la Nación. Este punto es incuestionable, y la demanda en el caso sub examine va dirigida hacia ella; ahora bien, la pregunta que surge es la siguiente: ¿por el hecho de haberse demandado al Ministerio de Justicia junto a la Nación, y haber sido notificada la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, se genera una falta de legitimación en la causa por pasiva? Pues bien, la respuesta a este interrogante es negativa, en la medida en que es la Nación la llamada a ser parte pasiva en este proceso, independientemente de su representación, asunto que compete a otro análisis. Frente a este punto, en el auto de unificación del 25 de septiembre de 2013 se sostuvo:

“Asimismo, se advierte la utilidad de señalar las diferencias entre la legitmatio ad processum y la legitimatio ad causam. La legitimación en la causa está directamente relacionada con el objeto de la litis, es decir, se trata de un elemento sustancial vinculado con la pretensión, en ese sentido, no constituye un presupuesto procesal, como sí lo es la legitimación para el proceso; por el contrario, la legitimación en la causa ha sido entendida como un presupuesto para la sentencia de fondo, en otras palabras, es un requisito para que exista un pronunciamiento de mérito sobre la relación jurídico-sustancial que es materia de juzgamiento. En ese orden de ideas, la ausencia de legitimación en la causa no genera la nulidad del proceso, lo que enerva es la posibilidad de obtener una decisión sobre el asunto.

Ahora bien, según se hable de la legitimación del demandante o del demandado, estamos en presencia de la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, respectivamente. La legitimación en la causa por pasiva, en el proceso contencioso administrativo, necesariamente debe entenderse a la luz del concepto de capacidad para ser parte. En otros términos, la falta de legitimación por pasiva sólo puede predicarse de las personas que tienen capacidad para ser parte en el proceso, y no de los órganos o de los representantes de estos que acuden al proceso en nombre de la persona jurídica de derecho público. Así, es claro que en los casos en los que se demanda a la Nación, pero ésta no estuvo representada por el órgano que profirió el acto o produjo el hecho, sino por otra entidad carente de personería jurídica, no se está en presencia de falta de legitimación en la causa, sino de un problema de representación judicial.

Desde esta perspectiva, por el contrario, estamos ante un problema de falta de legitimación en la causa, cuando se demanda a una persona de derecho público en particular, verbigracia la Nación, y quién debió ser demandado era otra persona, entiéndase un municipio, un departamento u otra entidad pública con personería jurídica.

Mutatis mutandi, cuando se demanda a la Nación por un perjuicio causado por la Fiscalía General de la Nación, y aquella acude al proceso representada por la Rama Judicial, esto es, el director ejecutivo de la administración judicial, no estamos ante un problema de falta de legitimación por pasiva, que conllevaría a una sentencia que no resuelve sobre el fondo del asunto, sino ante uno de representación judicial de la Nación, que es la persona que hace parte de la relación jurídico-procesal, debido a el actuar de uno de su órganos. Y es importante delimitar estos campos porque las consecuencias son diferentes, pues mientras que la falta de legitimación en la causa, conlleva, en la práctica, a la negación de lo deprecado, la indebida representación configura una nulidad saneable(4)” (negrillas de la Sala).

Ahora bien, teniendo claro que el presupuesto procesal de la legitimación en la causa por pasiva se encuentra satisfecho, a la luz de lo transcrito, resulta pertinente determinar si existe una debida representación de la Nación, a través de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, quien fue notificada del auto admisorio de la demanda. Y para el efecto, se tiene que la demanda fue presentada el 28 de noviembre de 1997, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, y bajo el ámbito temporal de la Ley 270 de 1996. Por lo tanto, en consonancia con la línea de pensamiento de la Sección Tercera,(5) es la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial la llamada a representar a la Nación en casos de error jurisdiccional, de allí que no existe duda alguna en que el tribunal de instancia, actuó conforme lo establecido en el numeral 8º del artículo 99 de la 270 de 1996, que encargó al director ejecutivo del Consejo Superior de la Judicatura la representación de la Nación - Rama Judicial. En ese orden, no hay lugar a la declaratoria de nulidad por este motivo, en la medida en que la Nación fue debidamente notificada, estuvo representada por la autoridad señalada en la ley y se le dio oportunidad de ejercer el derecho de defensa.

2.2 El error jurisdiccional como evento de responsabilidad patrimonial del Estado:

La administración de justicia como función típica del Estado, en el discurrir de su dinámica, puede causar daños antijurídicos a los asociados, los cuales concretan en decisiones que entrañan, en esencia, una falla del servicio. Por lo tanto, bien puede hacerse uso del derecho de daños para reclamar los perjuicios causados por este motivo, en virtud de este título de imputación. Ahora bien, este evento de responsabilidad patrimonial no ha sido del todo pacífico, pues desde que la jurisprudencia lo concibió como posibilidad, se han tejido teorías a favor, y en contra; es decir, no ha tenido una aceptación uniforme al interior del Consejo de Estado. En un primer momento, tuvo una negación absoluta, sustentada esta negativa, en la intangibilidad de la cosa juzgada. Por ejemplo, la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de 10 de noviembre de 1967 (Exp. 867), hizo referencia a ella como “presupuesto fundamental de la sociedad y también dogma político”. Asimismo, la Sala Plena, en sentencia de 16 de diciembre de 1987 (Exp. R-12), señalaba que “la fuerza de la verdad legal” que manifestaba la actividad jurisdiccional a través de las sentencias parecía “excluir toda responsabilidad fundamentada sobre la falta(6)”. Luego, hubo una exigencia de consagración normativa, que se consideró como necesaria ante la existencia del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, el que establecía la responsabilidad subjetiva del juez, lo cual imposibilitó un progreso en este sentido.

Las posiciones negativas para este tipo de falla del servicio, se extendieron hasta después de la Constitución de 1991, cuyos pronunciamientos, si bien reconocieron una mínima posibilidad de error judicial, este operaba solo de manera excepcional, y no frente a cualquier equivocación, en la medida en que su configuración debía estar precedida por una decisión absolutamente contraria a los más elementales principios lógicos, legales y jurídicos. Asimismo, otro indicador de esa dificultad, fue el considerar que, frente a la administración de justicia, la carga que debía ser soportada por los asociados era mayor respecto de los otros poderes del Estado(7).

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia —L. 270/96—, se le otorgó status normativo a este tipo de responsabilidad en su artículo 65, que reza:

ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Pues bien, comoquiera que en el artículo en mención se contemplan tres eventos posibles de responsabilidad por daños causados por agentes judiciales, y el que interesa a este estudio es el error jurisdiccional, el artículo 66 al respecto dispone:

“ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.

De conformidad con el texto transcrito, surge una pregunta: ¿Cuándo una providencia es contraria a la ley? A este interrogante, la Sección Tercera, en proveído del 14 de agosto de 1997 (Exp. 13258) dio la siguiente respuesta: “Una providencia contraria a la ley es aquella que surge al subsumir los supuestos de hecho del caso en las previsiones de la norma (error de interpretación), de la indebida apreciación de las pruebas en las cuales ella se fundamenta (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde o de la indebida aplicación de la misma”.

No obstante lo anterior, la Sentencia C-037, que declaró la constitucionalidad de esas normas, conservó el argumento de la excepcionalidad. “Se indicó que, aunque el asunto podía ser asumido desde una perspectiva orgánica, lo más importante era hacerlo a partir de una funcional, es decir, teniendo en cuenta la libertad y la autonomía del juez, respecto de la interpretación de los hechos sometidos a su conocimiento y de elección de las normas que considerara aplicables al caso que debía resolver”(8). Al respecto, consideró la Corte que el yerro judicial tenía lugar a partir de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso; es decir, delimitó la configuración de este tipo de error a lo que se ha definido en la doctrina constitucional como vía de hecho. Asimismo, se restringió la aplicación de este tipo de responsabilidad a las sentencias dictadas por las altas cortes, volviendo al argumento de la intangibilidad de la cosa juzgada, que en este caso, comprende a los pronunciamientos de los órganos de cierre.

Una tercera etapa en este recorrido, se erigió a partir de tres hitos de la Sección Tercera, los cuales constituyeron el punto de evolución hacia la consolidación de la responsabilidad del Estado por error judicial. “El primero, superar la prohibición de declararlo frente a los fallos de las altas cortes; el segundo, haber superado la falta personal del juez y la falta de la administración, que aunque no fue objeto de análisis constitucional, era necesario afrontarlo ante la nueva realidad normativa, y el tercero, que el error judicial podía configurarse como una falla del servicio, sin recurrir a la figura constitucional de la vía de hecho”(9).

En lo que respecta al último punto, identificar el error judicial con la vía de hecho, se consideró que es un asunto inapropiado, en tanto en sede de responsabilidad estatal, no se tiene por objeto la conducta subjetiva del agente, sino la contravención al orden jurídico materializada en una providencia; es decir, se descarta cualquier tipo de comportamiento, centrándose el estudio en el contenido de la decisión. Ahora bien, en cuanto a la configuración del error jurisdiccional, hubo un avance al considerar que, sobre un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de derecho, todas jurídicamente admisibles en tanto jurídicamente justificadas, por lo que el error viene a tener lugar cuando la decisión carezca de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible que la provea de aceptabilidad; en ese orden, es a partir de la carga argumentativa que se debe estudiar al error, sin perder de vista los eventos típicos de configuración, tales como: interpretación, indebida valoración, aplicación errónea o falta de aplicación.

Pues bien, en lo que concierne a los presupuestos para su procedencia, el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, prevé:

“ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”.

La norma transcrita informa dos supuestos que deben ser observados por quien reclame perjuicios por esta causa, en la medida en que la decisión cuestionada debe estar ejecutoriada, y que frente a la misma se hayan interpuestos los recursos de ley, entendiéndose éstos como los ordinarios(10).

Así las cosas, conforme lo que viene expuesto, el error judicial adquirió relevancia normativa y jurisprudencial solo de manera reciente, partiendo de los obstáculos que fueron superados alrededor de un arduo camino en la jurisprudencia, camino sobre el cual aún queda mucho por recorrer; no obstante, se resalta la separación total entre la responsabilidad subjetiva del juez como agente, y la estatal, la cual no entra en consideración con esa conducta individual, sino como una falla del servicio en el ejercicio de la actividad jurisdiccional.

2.3 El error de hecho como modalidad de error judicial, a la luz de lo sostenido por las altas cortes —Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia en Sala Laboral y Consejo de Estado—.

Una de las formas en las que se concreta el error jurisdiccional es a través de la realización de un error de hecho, que tiene lugar cuando determinada decisión carece de apoyo probatorio, en otras palabras, éste se configura al proferirse una providencia con defecto fáctico, ante deficiencias en la consideración de los hechos y los soportes de los mismos; lo que indefectiblemente alude al contenido probatorio de toda decisión.

Al respecto, la Corte Constitucional, en sede de revisión de tutela, ha planteado una serie de eventos que permiten que se estructure el error en comento, estableciendo los siguientes defectos fácticos: omisión de decreto; omisión de consideración y valoración arbitraria. El primero, supone, además de una violación al debido proceso, un obstáculo al acceso a la administración de justicia,(11) en tanto la negativa de un decreto de una prueba, o su práctica, imposibilita que determinado medio de conocimiento sea puesto a consideración en un caso en el que adquiere suma importancia. Sobre este punto se sostuvo en Sentencia T-055 de 1994:

“La omisión de una prueba objetivamente conducente en el proceso que se sigue contra el peticionario, constituye una violación a su derecho de defensa y al debido proceso. El hecho de que no se hayan rendido los testimonios solicitados por el peticionario resulta especialmente grave si se tienen en cuenta estas dos circunstancias: 1) los testimonios solicitados eran pertinentes e indispensables desde el momento mismo de la indagatoria y, además, fueron solicitados formalmente por el representante del peticionario, y 2) no hay trazas de que el fiscal hubiere estimado, en cualquier sentido, la conducencia de la prueba y de ahí su actitud omisiva, la cual impide al acusado la interposición de los recursos que le habrían permitido proteger su derecho de defensa (...)”.

(...)

“El acceso a la justicia, como derecho fundamental, no se entiende como simple posibilidad de ser parte de un proceso judicial. Integra dicho derecho la facultad de hacer uso de los recursos legalmente establecidos, de modo que la persona pueda hacer valer sus derechos e intereses. A este respecto es indispensable que la autoridad judicial utilice los medios de comunicación y se ciña a las formas procesales contemplados en el ordenamiento jurídico (providencias, autos, sentencias). Si una concreta petición de pruebas es elevada al fiscal, este debe responderla expresamente en un sentido positivo o negativo”(12).

Por su parte, el segundo evento —omisión de consideración—, informa que, a pesar de haberse decretado la prueba, y de ser determinante la misma para la resolución del caso, el operador jurídico se abstiene de asignarle valor para la decisión. Se destaca el hecho de que, desde ningún punto de vista, se está desconociendo la discrecionalidad que en materia de valoración se les ha atribuido a los jueces, la que se sustenta en los postulados de la sana crítica; no obstante, existen criterios objetivos de valoración de la prueba que si son desconocidos, configuran este tipo de error.

Finalmente, como último evento de error —valoración arbitraria—, se tiene que frente a esta modalidad, existe una conducta valorativa; pero a pesar de ello, se elude una consideración o elementos que imponen una determinada conclusión. En este caso, el juez esquiva una conclusión jurídica que los medios probatorios le imponen. “Se repite, no es que el juez no valore, o que no tenga libertad para hacerlo, sino que lo hace en contravía de las evidencias que el propio ciclo probatorio le ha aportado, adoptando al final una decisión contraevidente, que no solo repugna con el contenido del plenario, sino que contradice el ejercicio constitucional de la función de administrar justicia que le ha sido encomendada”(13). Sobre este asunto, en Sentencia T-555 de 1999 la corte sostuvo:

“Sí cabe entonces la tutela cuando no hay ningún examen probatorio, o cuando se ignoran algunas de las pruebas aportadas, o cuando se niega a una de las partes el derecho a la prueba, o también cuando, dentro del expediente, existen elementos de juicio que con claridad conducen a determinada conclusión, eludida por el juez con manifiesto error o descuido.

(...)

En consecuencia, se puede producir también una vía de hecho en el momento de evaluar la prueba, si la conclusión judicial adoptada con base en ella es contraevidente, es decir, si el juez infiere de ella hechos que, aplicando las reglas de la lógica, la sana crítica y las normas legales pertinentes, no podrían darse por acreditados, o si les atribuye consecuencias ajenas a la razón, desproporcionadas o imposibles de obtener dentro de tales postulados(14).

De conformidad con lo transcrito, y reiterando que en lo contencioso administrativo el análisis del error jurisdiccional es autónomo a lo considerado como vía de hecho, resulta de gran importancia el aporte que en materia de error de hecho se ha desarrollado por parte de la Corte Constitucional, en la medida en que aporta teóricamente a la estructuración del mismo en sede de responsabilidad. Es decir, lo que ahora viene a consolidarse en esta jurisdicción, resulta de un proceso paulatino, perspectiva que se ha venido ejecutando con más intensidad en virtud del ejercicio de la Corte Constitucional en su labor interpretativa en sede de revisión de tutelas contra providencias judiciales. De allí que constituye un criterio conceptual válido en la teorización del error de hecho como evento posible de error jurisdiccional.

Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia, más concretamente en sede de Casación Laboral, asunto que interesa al caso sub examine —toda vez que su facticidad apunta a ese derecho—, ha desarrollado una estructura sólida sobre este típico error judicial, el que se erige, en estos eventos, como una causal de casación. Al respecto, el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo preceptúa:

“ART. 87.—Causales o motivos del recurso. En materia laboral el recurso de casación procede por los siguientes motivos:

1º) Ser la sentencia violatoria de la ley substancial, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o de falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido en error de derecho, o en error de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación del trabajo, cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo.

2º) Contener la sentencia de decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la de primera instancia, o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta.

Esta modalidad de error judicial supone una transgresión de normas sustanciales de manera indirecta, lo que afecta el reconocimiento o desconocimiento de derecho laborales en la decisión. Si bien, en este campo se reconoce la libre formación del convencimiento del juez,(15) ello no es óbice para advertir que en determinados eventos puede existir una percepción equivocada sobre la existencia o inexistencia de un hecho(16). En ese sentido, el error se estructura a partir de la declaratoria de dar o no dar por probado un hecho, partiendo de una apreciación equivocada de la prueba, o haberla soslayado. El recurrente en casación, en este caso, tiene la carga argumentativa de identificar el contenido de las pruebas, y qué es lo que verdaderamente acreditan y su incidencia en la equivocada decisión judicial.

Finalmente, el error de hecho desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado ha sido un tópico de poco tratamiento al interior de la corporación; sin embargo, existen una variedad de pronunciamientos que lo contemplan como modalidad posible de error jurisdiccional. Una de las primeras sentencias que introdujo este reconocimiento fue la del 4 de septiembre de 1997, en aquella oportunidad se sostuvo que “El error judicial también incluye el error de hecho en el cual puede incurrir al no considerar un hecho debidamente probado o al no promover la realización de las pruebas conducentes para determinar el hecho que daría lugar a la aplicación del derecho. En efecto, lo que podríamos llamar la intuición jurídica, la intuición de lo que es justo y ajustado a derecho, nos señala en este caso que el error judicial procede no solamente por inadecuada aplicación del derecho, sino también porque se ha impuesto una decisión judicial que se ha basado en un hecho que posteriormente se ha demostrado que es falso, o porque posteriormente se ha logrado probar un hecho que da lugar a la absolución de responsabilidad de quien resultó afectado por una decisión judicial errada”(17). Esa misma línea de pensamiento fue corroborada en sentencia de 27 de abril de 2006(18); no obstante, se denominó este tipo de error como error jurisdiccional de orden fáctico, y se establecieron unos eventos para su configuración. Al respecto se indicó:

“Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta Sección,(19) el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso)”.

De lo que viene expuesto, se puede concluir que la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, en materia de error de hecho, muy a pesar de ser de poco desarrollo, condensa la teorización que del mismo se ha elaborado por parte la Corte Constitucional y por la Corte Suprema de Justicia; no sin antes advertir que, si bien, se ha nutrido en materia conceptual, ello no es sinónimo de identidad, es decir, cada alta corte ha estructurado de acuerdo a su eje y tema de acción la noción del error fáctico, por lo que cada uno conserva sus particularidades propias.

4. Valoración del material probatorio en relación con el daño y la imputación alegados por la parte demandante.

Para efectos de pasar a analizar los cargos presentados por el demandante y ratificados en el recurso de apelación, resulta fundamental la revisión del material probatorio que obra en el expediente en relación con el daño y la imputación alegados.

El daño, comprendido como el primer elemento en un juicio de responsabilidad,(20) en el caso objeto de estudio, es el menoscabo patrimonial y moral que se produjo al demandante, como consecuencia de la adopción de una decisión que le resultó adversa, y cuyo fundamento jurídico fue errado, en tanto, según lo manifestado por él, se incurrió en un error de hecho, pues en la valoración probatoria no se tuvo como cierto un hecho debidamente acreditado, que consistió en la fecha exacta del despido del señor Reinaldo Armando Pinedo Romero.

Como se observa a simple vista, para el análisis del daño en el presente caso, no es suficiente la constatación probatoria de que se haya producido la mencionada decisión judicial adversa al demandante; sin duda alguna, cuando se traba una litis judicial, ello significa que habrá unos vencedores y unos vencidos, y a estos últimos, por esa calidad, no se les produce necesariamente un daño con la connotación de resarcible. De esta manera, puede decirse, que la parte vencida en un proceso judicial está en el deber legal de soportar ese daño, a menos que la decisión o decisiones que la ponen en tal situación, se hayan proferido contraviniendo el ordenamiento jurídico y/o de manera específica con violación abierta de sus derechos, es decir con “error”.

En este caso se constataría un error judicial, y por ende el daño se proyectaría como resarcible en el evento de que se acrediten los perjuicios causados. Como se observa, en la hipótesis del error judicial, el análisis sobre la antijuridicidad del daño adquiere una significativa relevancia, ya que no basta la simple constatación de una decisión judicial adversa al demandante, sino que se hace necesario revisar, con ocasión del examen de este primer elemento (el daño), el contenido de la decisión, para efectos de verificar la ocurrencia o no del “error” que se erige entonces, como presupuesto necesario de la antijuridicidad del daño, para solo en caso de que ello se constate, pasar a estudiar lo atinente a la imputación del mismo y la consecuente responsabilidad. 

Con fundamento en lo anterior, y en relación con el análisis del daño antijurídico en el presente caso, se constata que en efecto obra prueba de la existencia de la decisión judicial adversa al demandante,(21) la cual culminó un proceso judicial en el que se surtieron las dos instancias, razón suficiente para proceder al análisis del error judicial. En este orden, se procederá a revisar el contenido de la decisión a efectos de constatar o no el “error judicial”. Solo en el evento de resultar acreditado lo anterior, se hará un análisis probatorio de la imputación, para finalmente, y en caso de resultar pertinente, revisar lo relativo a la responsabilidad del demandado.

El texto transcrito de la sentencia, y la existencia en el expediente de la totalidad de los folios que conforman el respectivo proceso ordinario laboral, dan fe de la existencia de dos decisiones; no obstante se centrará el estudio en la de segunda Instancia (que accede parcialmente a las pretensiones), en tanto el error alegado en la demanda, se enmarca en esta última, que sin lugar a duda alguna, fue parcialmente adversa a la demanda laboral instaurada por el señor Miguel Armando Pinedo Romero, parte demandante en este proceso.

Según lo expuesto, se procede ahora a revisar lo relativo al supuesto “error judicial” contenido en la sentencia del 27 de agosto de 1997 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena. Para tal efecto, se procederá a constatar en el caso concreto, y con fundamento en el material probatorio que obra en el expediente, si éste efectivamente se produjo o no, y para ello, se analizarán los cargos que al respecto se formularon en la demanda y que han sido ratificados por la parte actora a lo largo de la actuación procesal.

La providencia cuestionada, se profirió en vigencia de la Constitución Política de 1991, es decir, no cabe duda, ni hay lugar a revisar el panorama de la materia anterior sobre el particular, respecto a la responsabilidad del Estado cuando se constate un daño imputable al ejercicio de las funciones judiciales. De igual forma, vale la pena indicar, que la referida sentencia fue proferida en vigencia de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.

Como lo ha observado esta Sala en el pasado, se itera, si bien, la Corte Constitucional en la sentencia de control previo de la ley estatutaria en mención, pareció asimilar el error judicial a la vía de hecho,(22) esta identificación es inapropiada, en el entendimiento de que en el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, no se tiene por objeto la conducta subjetiva del agente infractor, sino la contravención al ordenamiento jurídico inmersa en una providencia judicial(23).

Esta diferencia, resulta esencial, para efectos de identificar de manera más clara los linderos de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, al descartar cualquier juicio de comportamiento subjetivo y centrar la atención en la decisión judicial que se cuestiona y su confrontación con el ordenamiento jurídico, especialmente con los derechos fundamentales que puedan resultar comprometidos. 

En el caso objeto de estudio, como ya se anotó, en la demanda y en el recurso de apelación, existe un cargo, frente al cual se construyó el cuestionamiento del comportamiento judicial que constituye el objeto de esta sentencia: (1) El error de hecho derivado de la indebida apreciación de unas pruebas documentales que figuraban en el expediente ordinario laboral, las cuales denotaban una conclusión contraria a la tomada en la decisión cuestionada.

En relación con este cuestionamiento, el demandante sostiene que el tribunal superior llevó a cabo una indebida valoración en la medida en que una de sus pretensiones —solicitud del pago de la indemnización moratoria—, se encontraba debidamente sustentada, pues el empleador había incurrido en mora de pagar las prestaciones sociales al momento de la terminación del contrato de trabajo. Y, ante el despido al cual fue sometido, y el no pago de sus acreencias, surgía el derecho al reconocimiento de esa indemnización, en los términos del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual consagra la figura denominada “indemnización moratoria” también conocida como “brazos caídos” según la cual, en caso de que el empleador no pague a su trabajador los salarios y prestaciones sociales debidos, deberá cancelar a este título, el equivalente a un día de salario por cada día de retardo. Y frente a esa solicitud, el fallador optó por su negativa, al considerar que no se existía claridad sobre la fecha exacta de terminación del contrato laboral, por lo que había dificultad probatoria para el reconocimiento y liquidación de la misma.

Sobre esta solicitud, se estableció textualmente en la sentencia cuestionada:

“De manera, pues, que para que los documentos visibles a folios 7 (liquidación de prestaciones sociales) y 10 (comunicación fechada en ene. 30/92), tuviesen valor probatorio, debieron ser reconocidos de manera expresa por la demandada, lo cual no ocurrió dentro del proceso.

(...)

Ahora bien, si bien es cierto que en el proceso no se demostró que el actor hubiera laborado al servicio de la demandada hasta el 30 de enero de 1992, como lo afirma su apoderado en los hechos de la demanda, no es menos cierto que del oficio de fecha 3 de marzo de 1995 remitido por el ISS al juzgado (fl. 52, cdno. ppal.) —y que la Sala debe tener en cuenta como lo ordena el art. 84 del CPL—, se desprende que el actor, para el 31 de enero de 1992, todavía prestaba sus servicios a la demandada, pero como el demandante afirma que al actor le fue cancelado su contrato de trabajo el 30 de enero de 1992, será esta la fecha que tendrá en cuenta la Sala para efectos de resolver sobre las peticiones de la demanda, pero sin que se pueda, con ello, concluir, que con la fecha de desafiliación, contenida en el mencionado oficio, se demuestre que hubiese sido, efectivamente, esa la fecha de la terminación de la relación contractual laboral del actor, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia nacional”.

(...)

De manera, pues, que en el proceso viene demostrado, por lo menos, que el actor laboró al servicio de la demandada entre el 15 de enero de 1991 y el 30 de enero de 1992, o sean (sic), 1 año y 15 días.

(...)

Por otro lado, la Sala se abstendrá de condenar por indemnización moratoria, como se solicitó en el líbelo demandatorio, debido a que, como antes se ha dejado sentado, es imposible precisar la fecha exacta en que el vínculo laboral finalizó, como lo señala el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo” (fls. 99-101, cdno ppal. tribunal).

En ese orden, se procederá a verificar si de acuerdo al material probatorio que obra en el expediente, se estructuró un error de hecho en la valoración llevada a cabo por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena en lo que respecta a la negativa del decreto de indemnización moratoria (CST, art. 65); y para el efecto, se hará hincapié en dos documentos que resultan trascendentales para esta decisión, los cuales vienen a ser, por un lado, la carta de despido de fecha 30 de enero de 1992, dirigida al señor Miguel Armando Pinedo;(24)y por el otro, el certificado expedido por el Instituto de los Seguros Sociales —seccional Bolívar—,(25) en el que se indica que el demandante estuvo inscrito en esa entidad, y a petición de la Corporación Internacional de Clubes Campestres Ltda., entre el 20 de mayo de 1991 y el 31 de enero de 1992.

Pues bien, todo error fáctico entraña la confluencia de tres elementos, a saber: hecho, prueba y valoración; el primero, se presenta a través de una enunciación dada por las partes que integran la relación jurídica procesal, la cual adquiere confirmación —declaratoria de verdad o falsedad— a partir del segundo elemento —la prueba—, la que se erige como el medio de validación o refutación de un hecho. El tercero, la valoración, vendrá a constituir el ejercicio realizado por el juzgador, en virtud del cual confronta las afirmaciones con los soportes respectivos, rescata los relevantes y llega a las conclusiones, ejercicio que discurre a partir de una libre apreciación razonada, dentro de un marco de crítica lógica y examen en conjunto. En esos elementos el error de hecho oscila, pues puede tener lugar ante una omisión de decreto —no promover la realización de pruebas conducentes— ante una valoración negativa —no valorar las pruebas obrantes—, o ante una indebida valoración.

En ese orden, se considera que de cara a las particularidades del caso sub examine, se debe estudiar el error a partir de una indebida valoración, en tanto el cargo presentado apunta a ello, toda vez que se cuestiona que en la decisión laboral no se tuvo como cierto un hecho que se encontraba debidamente probado, siendo éste la fecha del despido del señor Miguel Armando Pinedo, para efectos de la liquidación de la indemnización moratoria por el no pago de prestaciones sociales a cargo de la Corporación Internacional de Clubes Campestres Ltda.

Al respecto, y sin necesidad de adentrarse en las reglas relativas a la naturaleza de los procesos laborales y a la carga de la prueba, vale la pena resaltar que el derecho al pago de la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo surge una vez se termine la relación laboral; ahora bien, no es objeto de este estudio la teoría de los “salarios caídos”, no obstante, la labor probatoria desplegada por el fallador laboral, y que se cuestiona en sede de responsabilidad, tuvo injerencia en la negativa del reconocimiento del referido pago, en tanto consideró que no existía certeza de la fecha de culminación del vínculo laboral.

Ahora bien, es pertinente dejar claro que en materia de indemnización moratoria, el fallador que está llamado a reconocerla, debe hacer, previamente, un análisis de las circunstancias particulares de la negativa al pago de salarios o prestaciones sociales, para determinar si el empleador actuó de buena fe ante la renuencia del pago, lo cual debe ser acreditado por este último,(26) para liberarse de los efectos del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. No obstante, se pone de presente que este asunto no puede ser objeto de estudio en esta oportunidad, en razón a que no fue planteado en la demanda de reparación directa que nos ocupa, la que va dirigida única y exclusivamente a verificar el error de hecho derivado de una indebida valoración, concretada en la determinación de dos conclusiones opuestas a partir de un análisis probatorio documental, puntos únicos planteados y abordados en el fallo que se cuestiona; por lo tanto, es éste y no otro, el marco de acción dentro del cual el juez de responsabilidad debe discurrir, en la medida en que, se itera, la jurisdicción contenciosa es rogada, y entrar a hacer un estudio por fuera de esa línea trazada por las pretensiones, llevaría a la concreción de un fallo extra petita, sumado que se entrarían a evacuar puntos que pertenecen a la esfera de la decisión laboral protegida por la cosa juzgada.

Pues bien, llama la atención como en la sentencia laboral que se estudia, se condena al pago de unas prestaciones laborales (cesantías definitivas, prima de servicios y vacaciones), concepto que se liquida entre el 15 de enero de 1991 y el 30 de enero de 1992, el que se considera como tiempo de duración de la relación laboral; y paradójicamente, el mismo supuesto, no se tiene en cuenta para efectos de decreto del pago por indemnización moratoria.

Ahora bien, los documentos inicialmente relacionados (carta de despido y certificado del ISS), ofrecerían certeza absoluta sobre la desvinculación del señor Pinedo de la Corporación Internacional de Clubes el Campestre; sin embargo, en lo que respecta al primero (carta de despido), existe un inconveniente en tanto no viene suscrita; si bien, cuenta con el logo de la empresa y del contenido de la misma se podría deducir que su autor es el empleador, la ausencia de firma dificulta su autenticidad, y por ello necesitaba diligencia de reconocimiento en la que su autor la aceptara expresamente,(27) lo cual no se llevó a cabo. No empecé, esta dificultad documental, bien podría ser superada al acudir al segundo documento (certificado del ISS), el que puede ser analizado armónicamente con las afirmaciones de la demanda, y en ese sentido, las conclusiones hubieran sido distintas, en tanto una valoración conjunta o integral era lo idóneo para acreditar el momento de la culminación de la relación laboral entre el señor Miguel Armando Pinedo y la Corporación Internacional de Clubes Campestres. Si se observa con detenimiento el contenido del certificado de seguridad social, en el que consta que el señor Miguel Pinedo estuvo afiliado, a petición de la Corporación de Turismo, desde el 20 de mayo de 1991 hasta el 31 de enero de 1992, este hecho corrobora que el empleador ya no aportaría monto alguno por ese concepto, constituyéndose en un indicativo para colegir indefectiblemente que la relación laboral ya había culminado.

En esa perspectiva de pensamiento, el ejercicio de valorar una prueba, no es un tópico que se lleve a cabo sobre cada medio probatorio de manera aislada, sino que, por el contrario, el examen fáctico supone un estudio en conjunto, armónico, en la medida en que algunos medios probatorios inciden en el soporte de otros; o de la fusión del contenido de unos con otros, surge la confirmación de hechos relevantes para el proceso. Por lo tanto, se advierte al romper que hubo un indebido ejercicio valorativo por parte de la Sala Laboral, al desconocer el evidente mensaje que mostraban las pruebas que vienen de detallarse, pues de ellas se desprendía de manera apodíctica, clara y obvia que el 30 de enero de 1992 se dio por terminada la relación laboral, dando lugar en consecuencia, a reconocer y liquidar el pago por concepto de indemnización moratoria, toda vez que los supuestos de la norma venían debidamente acreditados. Y esa falta de pago, derivada del error de hecho advertido, es lo que viene a constituir la antijuridicidad del daño, pues se itera, la sola decisión adversa no adquiere relevancia en este sentido; solo el error judicial declarado conlleva a la consolidación de este primer elemento de la responsabilidad.  

En ese orden, estando probado el daño antijurídico derivado del error de hecho, se procederá al estudio de imputabilidad del mismo, para lo cual se itera que en este tipo de hipótesis, el título de imputación idóneo para atribuir responsabilidad es el de la falla del servicio, el cual se configura a partir de un desconocimiento a un contenido obligacional a cargo del Estado.

Ahora bien, en el caso sub examine está probada la existencia de un error de hecho en desarrollo de la actividad jurisdiccional, y que el mismo constituyó la causación de un daño antijurídico que se concretó en el no pago de la indemnización moratoria a la que se tenía derecho conforme a la facticidad del caso. Es así como, ante esta situación surge una pregunta: ¿el error de hecho advertido, estructura una falla del servicio? La respuesta a este interrogante es positiva, en tanto la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bolívar, al entrañar un error fáctico por una indebida valoración probatoria, configura la existencia de una falla del Estado, imputable a este por la acción de sus agentes judiciales en la resolución de un caso concreto, quienes estaban llamados a administrar justicia de manera correcta, y cuyo ejercicio se desconoció al no considerar un hecho debida y monumentalmente acreditado, que venía sustentado en el acervo probatorio que obraba en el expediente, el cual ponía de presente una conclusión contraria a la tomada en esa instancia; ahora bien, en esta materia se reconoce la libertad que sobre apreciación de la prueba existe para quienes administran justicia, no obstante, existen unos mínimos criterios de racionalidad lógica que irradian todo el proceso valorativo, y que tornan en evidente determinadas decisiones.  

En ese orden de ideas, se insiste, hay situaciones o casos en los cuales el ejercicio valorativo, aún dentro del marco de independencia que le asiste a quien lo realiza, debe de manera irrefragable derivar en una conclusión que se erige como la lógica y necesariamente correcta, pues está dotada de un ingrediente objetivo, cual es la evidencia, que surge en determinadas situaciones en las que el examen probatorio pone de manifiesto la configuración de un resultado de las pruebas obrantes en el proceso, o de una sola prueba definitiva y determinante. Ese dato inmediato, no es un medio probatorio específico, pues su consolidación no es material, en tanto es el resultado de la cohesión de varias pruebas o de una sola, las cuales marcan el semblante de verdad de determinado hecho. La evidencia adquiere protagonismo en ese proceso perceptivo, momento en el cual el operador jurídico entra a desentrañar el contenido de los medios puestos a su consideración,(28) y en ese instante, se pone de manifiesto la existencia de determinado hecho o hechos. En otras palabras, se estructura un espectro de verdad, que le indica al juez la existencia o inexistencia de un hecho relevante, lo cual orienta una posterior decisión. Es decir, entraña una síntesis al reunir en una unidad mental a los distintos elementos probatorios singulares, coordinándose los datos esporádicos en un todo armónico(29). Ahora bien, se aclara que para la configuración del mismo no siempre debe existir una pluralidad de medios, toda vez que el mensaje puede tener lugar aún con la existencia de un medio con fuerte eficacia —poder demostrativo—.

La evidencia es aquella situación que se comprende por sí, sin entrar en elucubraciones probatorias, pues se itera: es un mensaje que surge sin rigor analítico, y su fuerza de verdad inmediata es de su esencia. Al respecto Brichetti sostiene: “Así pues, donde la razón humana aprecia la evidencia, tiene un criterio suficiente para afirmar que allí está la verdad. Así como el rostro responde al alma, así la evidencia es el semblante de la verdad”(30). Ahora bien, vale la pena hacer hincapié en que con esto no se está queriendo decir que en todo proceso la evidencia tiene lugar, ya que, como se planteó, existen ocasiones en las cuales la misma no se estructura, por lo tanto su connotación debe percatarse con sumo cuidado en la medida en que “es deplorable tanto el comportamiento de aquel que, sin pruebas, cree en la existencia de un hecho, como el comportamiento de aquel que no encuentra nunca suficientes los elementos para afirmar la existencia del hecho mismo. No se debe pecar ni por excesiva credulidad ni por excesiva desconfianza”(31).

Pues bien, como se anotó, este proceso en que aparece la evidencia como lo definitivo para resolver un problema jurídico, no es un asunto proporcional a un número determinado de medios probatorios, comoquiera que lo clave no es la cantidad, sino el mensaje resultante del proceso conectivo entre los mismos. En otras palabras, la evidencia es proporcional a la potencia de manifestación intrínseca de cada medio interrelacionado, lo cual le otorga virtud de aparecer ante su observador. En este sentido, Brichetti con particular sindéresis ha expresado:

“(...) La prueba es un instrumento para la búsqueda de la verdad que, como tal, no sólo debe ser apropiado al fin de alcanzar, sino que debe ser también manejado perfectamente por quien lo emplea, para que pueda cumplir, sin engaño, su obra. No es suficiente que el juez sepa enumerar los elementos singulares de prueba, que sepa pasarles revista, en forma más o menos ingeniosa; es necesario que lo sepa apreciar como convenientemente y, sobre todo, que sepa captar el nexo no exterior sino íntimo que los une. Los datos singulares deben, pues, ser valorados bajo un doble aspecto: por sí mismos y en relación a los otros elementos; lo que significa buscar la conexión con sus causas y con sus efectos; trabajo que es producto de la lógica de indagador. No sin razón afirmaba Gioberti que “el criterio de la verdad es su conexión lógica con el resto”; y que “la certeza plena nace del perfecto y recíproco enfrentamiento y comparación de los antecedentes y de los consecuentes”. La evidencia, más que de la abundancia de los datos probatorios, se produce por la intimidad del nexo que los reúne y por la facilidad de aprehensión de la vinculación, en forma que permita valorar el hecho de modo rápido y seguro, y casi dominarlo.

“(...) Es por esta razón por la que Galileo afirmaba que “una experiencia manifiesta basta para enervar mil razones, y mil razones no bastan para hacer una experiencia verdadera”(32).

Ahora bien, lo expuesto indica que la evidencia tiene como génesis un proceso de ligamen, y de la nitidez de éste, dependerá el surgimiento de la misma en buenas condiciones, claridad que se solidifica entre los varios datos probatorios y las ideas que estos representan(33). Asimismo, es importante anotar que la misma aparece de modo sólido y rápido, es decir, no requiere profundidad en el análisis probatorio para ser desentrañada, ella simplemente se muestra y marca las conclusiones de rigor. La prueba evidente es aquella que parece tal al examen del magistrado sin excesivo esfuerzo de atención, la verdad evidente conquista nuestro asentimiento de modo más rápido(34).

En este orden, también es pertinente anotar la doble naturaleza que ostenta la evidencia, la cual contiene una dimensión objetiva y subjetiva, la primera, hace referencia a esos caracteres objetivos intrínsecos de la prueba que llevan a quien valora a tener como existente el hecho que viene afirmado (la causa evidente); y la segunda, atiende a el ejercicio valorativo como tal, el cual discurre en la mente del juzgador(35). La evidencia no es solamente una cualidad inherente a las cosas sino también un juicio del intelecto humano(36).

En ese orden de ideas, y analizando el error de hecho del caso sub examine, a la luz de esta figura, se llega a la conclusión de que el proceso valorativo desconoció la configuración de una evidencia que se mostraba rápida y detonante, la cual consistía en la terminación del vínculo laboral entre el señor Miguel Armando Pinedo Romero y la Corporación Internacional de Clubes Campestres, lo cual ocurrió el 30 de enero de 1992, según puede colegirse de un examen armónico entre el certificado del Instituto de Seguros Sociales y las aseveraciones hechas en la demanda que no fueron desvirtuadas por el empleador en el curso del proceso. Y esa evidencia palpable, monumental y directa, se oponía indefectiblemente a una conclusión contraria a la negativa del pago por indemnización moratoria.

No se concibe como el fallador laboral dio por establecido la existencia de la terminación del vínculo laboral para un supuesto (liquidación de prestaciones sociales), y la desconoce para el reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago de las mismas. Es decir, la evidencia tuvo coherencia lógica con el reconocimiento y liquidación de las prestaciones, pero no con la negativa del pago de la sanción moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Por lo tanto, al perder de vista este análisis en la sentencia cuestionada, se incurrió en error fáctico; por éste solo hecho, le es imputable a título de falla del servicio a la Nación —Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial— el daño antijurídico del demandante.

Liquidación de perjuicios:

En la demanda se reclama, a título de perjuicio material, las sumas que debían ser reconocidas y pagadas al señor Miguel Armando Pinedo por concepto de indemnización moratoria por el no pago de prestaciones sociales; en ese orden, se tendrá como rango de liquidación la fecha de terminación del contrato, esto es, el 30 de enero de 1992 y el 27 de agosto de 1997, fecha de la sentencia laboral de segunda instancia, proferida por el Tribunal Superior de Cartagena. Asimismo, toda vez que este pago tiene como base de liquidación el día de salario correspondiente al devengado, y según el contrato individual de trabajo el salario pactado tenía un valor de $ 170.000, si este se establece en días, arroja la suma de $ 5.666,66 pesos. Por lo tanto, serán estos los criterios numéricos para llevar a cabo la operación.

Entonces, si entre el 30 de enero de 1992 y el 27 de agosto de 1997 hay 2.035 días de retraso, y si a cada día —por sanción moratoria— le corresponden $ 5.666,66 pesos, al señor Miguel Armando Pinedo se le debe cancelar por indemnización la suma de $ 11’531.653 pesos, el que deberá ser actualizado de acuerdo a la fórmula de rigor,(37) arrojando una suma de $ 30.824.172.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, del 28 de octubre de 2003, y en su lugar se dispone:

1. Declárase la responsabilidad de la Nación —Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial—, por los perjuicios ocasionados al señor Miguel Armando Pinedo como consecuencia del error judicial cometido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, a raíz de la indebida valoración probatoria realizada que marcó la negativa del pago de la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

2. Se condena a la Nación - Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial pagar al señor Miguel Armando Pinedo la suma de treinta millones ochocientos veinticuatro mil ciento setenta y dos pesos $ 30’824.172 por concepto de perjuicios materiales.

3. Désele cumplimiento a los dispuesto en los artículos 115, 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. Sin condena en costas.

5. Expídanse las copias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado.

6. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Enrique Gil Botero, presidente—Jaime Orlando Santofimio Gamboa—Olga Mélida Valle de De La Hoz.

(1) Folio 12. cdno ppal. Tribunal.

(2) Diligencia de notificación personal del 19 de enero de 1999 (fl. 12, cdno. ppal. tribunal).

(3) Auto de unificación del 25 de septiembre de 2013. C.P. Enrique Gil Botero. Expediente 20.420.

(4) Auto de unificación del 25 de septiembre de 2013. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Enrique Gil Botero. Expediente 20.420.

(5) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 11 de mayo de 2006. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, Expediente 15.769. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. / Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de junio de 2011. C.P: Enrique Gil Botero.

(6) Gil Botero Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado, sexta edición, editorial Temis, Bogotá 2013, p. 400.

(7) Al respecto, ver la sentencia del 13 de agosto de 1993 (Exp. 7869).

(8) Gil Botero Enrique, ob. cit., p. 404.

(9) Gil Botero Enrique, ob. cit., pp. 407 y 408.

(10) Auto de 14 de agosto de 1997 (Exp. 13.258).

(11) Constitución Política de Colombia. ART. 229.—Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

(12) Corte Constitucional. Sentencia T-055 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(13) Quinche Ramírez Manuel Fernando, Vías de hecho. Acción de Tutela contra providencia. Segunda edición, editorial Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá 2005, pp. 147 y 148.

(14) Corte Constitucional. Sentencia T 555-99. M.P. José Gregorio Hernández.

(15) Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. ART. 61.—Libre formación del convencimiento. El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio.

En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento.

(16) Al respecto ver la Sentencia del 9 de junio de 2009. M.P. Isaura Vargas Días. Expediente 36333.

(17) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Sentencia de 4 de septiembre de 1997. Expediente 10285.

(18) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Alier Hernandez Enríquez. Sentencia del 27 de abril de 2006. Expediente 14837.

(19) Sentencias citadas del 4 de abril de 2002 y 30 de mayo de 2002.

(20) René Chapus. Responsabilité publique et responsabilité privée. París, Librairie genérale de droit et de jurisprudence R. Pichon et R. Durand - Auzias, 1957, p. 349.

(21) Folios 96-102, cuaderno principal del tribunal.

(22) Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Al respecto, se señaló en esta providencia: “Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas —según los criterios que establezca la ley—, y no de conformidad con su propio arbitrio.En otras palabras, considera esta Corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una “vía de hecho”.

(23) En este sentido, puede consultarse: Consejo de Estado. Sección tercera. Sentencia de 10 de mayo de 2001. Expediente 12719. C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(24) Folio 32, cuaderno principal del tribunal. Expediente proceso ordinario laboral.

(25) Folio 74, cuaderno principal del tribunal. Expediente proceso ordinario laboral.

(26) “Por esto, la posición pacífica de la Sala es la de que se deben examinar siempre las circunstancias particulares del caso, para efectos determinar la buena fe del empleador, cuya prueba, es bien sabido, está a cargo de este, si se quiere exonerar de los efectos del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo”. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 28 de agosto de 2013. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Expediente 41717.

(27) Código de Procedimiento Civil. ART. 269.—Instrumentos sin firma. Los instrumentos no firmados ni manuscritos por la parte a quien se oponen, solo tendrán valor si fueren aceptados expresamente por ella o sus causahabientes.

(28) “La definición de la prueba debe derivarse pues, de su contenido interno; recordando que cuanto más se encuentra analizado el predicado en la definición, tanto más perfecta es esta”. G. Brichetti, La evidencia en el derecho procesal penal, editorial Ediciones Jurídicas Europa-América, Argentina 1973, p. 9.

(29) “Así como el efecto manifiesta la causa, así el resultado de los elementos probatorios, reunidos y ligados, demuestran la existencia de un hecho. En otras palabras, los datos singulares no se entienden fuera del todo, el cual no es un simple efecto de ellos, sino que es su expresión directriz, es un efecto que es al mismo tiempo principio, causa final de aquello. Los datos singulares conexos entre ellos, implican la prueba, y ésta es implicada por ellos”. G. Brichetti, ob. Cit., p. 12.

(30) G. Brichetti, ob. cit., p. 39.

(31) G. Brichetti, ob. cit., p. 39.

(32) Brichetti, Giovanni “La evidencia en el derecho procesal penal”, Ed. Ediciones Jurídicas Europa - América, Buenos Aires, 1973, pp. 10, 39, 40 y 129.

(33) G. Brichetti, ob. cit., p. 39.

(34) G. Brichetti, ob. cit., p. 77.

(35) “(...) La evidencia ocupa un lugar medio entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, y reside en lo inteligible”. G. Brichetti, ob. cit., p. 71.

(36) G. Brichetti, ob. cit., p. 77.

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