Sentencia 1997-12722 de octubre 26 de 2009

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 68001-23-15-000-1997-12722-01-16580

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Potenza Santander Ltda.

Demandada: UAE-DIAN

Renta 1994

Fallo

Bogotá, D.C., veintiséis de octubre dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sección

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada corresponde a la Sala decidir si la actora no agotó debidamente la vía gubernativa o si como lo decidió el tribunal la sociedad podía demandar directamente la liquidación de revisión, pues no era necesario agotar la vía gubernativa.

Para el efecto, la Sala destaca los siguientes hechos probados:

Previa notificación de requerimiento especial y su correspondiente respuesta, la administración de impuestos de Bucaramanga mediante liquidación Oficial de Revisión 0024 de 6 de septiembre de 1996 modificó la declaración de renta de la actora por el año gravable de 1994 en el sentido de rechazar fletes por $ 36.156.321 y retenciones por $14.033.447; además le impuso sanción por libros de contabilidad y sanción por inexactitud.

Contra la liquidación de revisión la sociedad interpuso recurso de reconsideración el cual fue inadmitido por medio del Auto 5 del 22 de noviembre de 1996 porque no se acreditó el pago de la liquidación privada objeto de discusión.

El auto inadmisorio fue confirmado por medio del Auto 3 del 12 de diciembre de 1996.

Conforme a los hechos expuestos la Sala procede a decidir el problema jurídico planteado.

El artículo 135 del Código Contencioso Administrativo dispone como presupuesto para poder acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el agotamiento previo de la vía gubernativa. Se trata de un presupuesto procesal de la acción. El agotamiento de la vía gubernativa consiste en términos generales, en la utilización de los recursos previstos en la ley para impugnar los actos administrativos, con el objeto de que la administración tenga la oportunidad de revisar sus propias decisiones a fin de que pueda revocarlas, modificarlas o aclararlas, antes de que sean objeto de proceso judicial.

En materia tributaria el artículo 720 del estatuto tributario dispone que contra las liquidaciones oficiales procede el recurso de reconsideración el cual es indispensable para agotar la vía gubernativa. En este caso, la sociedad interpuso recurso de reconsideración contra la liquidación oficial, sin embargo, fue inadmitido porque no se acreditó el pago de la liquidación privada.

Aunque la sociedad demanda la nulidad de los autos que inadmitieron el recurso de reconsideración, la Sala observa que sobre la ilegalidad de tales pronunciamientos la sociedad no hace ninguna manifestación tendiente a demostrar o invocar que el recurso cumplió los requisitos legales y por tanto que fue la entidad quien a través de un acto ilegal impidió que la actora agotara debidamente la vía gubernativa.

En efecto, es carga del demandante acreditar el cumplimiento de todos los presupuestos de la acción, entre ellos, el agotamiento de la vía gubernativa, bien a través de la decisión del recurso, que implica un pronunciamiento de fondo (CCA, arts. 62 y 63) o, a través de la ilegalidad de la decisión de la administración, cuando resuelve rechazar el recurso no obstante se ha interpuesto en debida forma, lo cual también ha de probarse.

En este caso, la DIAN rechazó el recurso con fundamento en el artículo 722 literal d) del estatuto tributario por falta de la prueba del pago de la liquidación privada, sin embargo, la demandante no desarrolla ningún argumento tendiente a controvertir esta decisión, razón por la cual el rechazo del recurso se presume legal y por ende no se puede considerar debidamente agotada la vía gubernativa.

Sobre el particular, la Sala ha considerado:

el agotamiento de vía gubernativa constituye un presupuesto procesal para ejercitar válidamente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se demandan actos administrativos y es deber del juzgador indicarlo así al demandante para decidir sobre la admisión en caso de no evidenciarse la falta de tal presupuesto o inadmitir, salvo que el mismo se plantee como punto de litis en el libelo introductorio. En caso de advertirse en la demanda y no demostrarse el cumplimiento del aludido presupuesto procesal o alegarse y probarse obstáculo de la administración que impidiese al administrado darle cumplimiento, el fallo no será de mérito”(1).

En consecuencia la falta de agotamiento de la vía gubernativa, como ocurrió en este caso, da lugar a que la Sala se inhiba para hacer un pronunciamiento de fondo, no sin antes, hacer la siguiente precisión en atención a lo considerado por el tribunal:

La Ley 223 de 1995 adicionó el artículo 720 del estatuto tributario con un parágrafo en el sentido de prever un evento en el cual se puede prescindir del recurso de reconsideración y poder acudir directamente a la jurisdicción. Se da cuando se ha atendido en debida forma el requerimiento especial y no obstante se practica liquidación oficial. La norma señala:

Cuando se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial y no obstante se practique liquidación oficial, el contribuyente podrá prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial.

La finalidad de la disposición es dejar a la voluntad del administrado discutir por vía judicial las decisiones administrativas sin plantear la discusión previa ante la DIAN, de manera que la solución del conflicto sea pronta. Sin embargo, no debe olvidarse que es una excepción legal a la necesidad de interponer el recurso de reconsideración ante la administración y que el mismo sea decidido, que para que se acepte se deben cumplir cabalmente los requisitos que la norma señala. Estos son que se haya atendido en debida forma el requerimiento especial y que se acuda a la jurisdicción dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial.

En este caso, aunque el contribuyente atendió el requerimiento especial, no acudió directamente a la jurisdicción dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial (sep. 6/96), ni prescindió del recurso de reconsideración, por el contrario, optó por interponerlo con el resultado que se mencionó y posteriormente procedió a demandar (mar. 17/97) sin desvirtuar la legalidad de la inadmisión del recurso.

Por esta razón no fue acertada la decisión del tribunal de considerar que la sociedad había hecho uso del parágrafo del artículo 720 del estatuto tributario y que había acudido directamente a la jurisdicción ya que no era necesario agotar la vía gubernativa, pues, como se estableció, no se cumplieron los presupuestos señalados en dicha disposición.

Las consideraciones expuestas son suficientes para concluir que se debe revocar la decisión de primera instancia y en su lugar declararse inhibida la Sala para un pronunciamiento de fondo por no agotamiento de vía gubernativa.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 16 de junio de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar dispone:

DECLÁRASE INHÍBIDA la Sala para hacer un pronunciamiento de fondo por no agotamiento de la vía gubernativa.

RECONÓCESE PERSONERÍA a la doctora Sandra Patricia Moreno Serrano para actuar como apoderada judicial de la Nación-DIAN.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen.

Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Expediente 25000-23-27-000-2001-00008-03 (15437), C.P. María Inés Ortiz Barbosa.