Sentencia 1997-12743 de mayo 14 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Rad.: 680012315000199712743 -01 (25.790)

Actores: Tulia Ortiz Mantilla y otros

Demandado: Nación -Congreso de la República- e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., catorce de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 17 de junio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, en consideración a que la cuantía del proceso, determinada por el valor de la mayor pretensión formulada en la demanda, esto es, $72’679.575, solicitada por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, para la señora Martha Yaneth Bueno Ballesteros, supera la cuantía mínima exigida en la ley vigente al momento de la interposición del recurso (D. 597/98)(1), para que el proceso se considere de doble instancia.

2. El ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

Es menester precisar que, de conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Pues bien, en el presente asunto, se tiene que el daño cuya indemnización se reclama ocurrió el 31 de diciembre de 1995, de manera que a partir de esa fecha debe iniciarse el cómputo de la caducidad de la acción; así, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 31 de marzo de 1997, puede concluirse que ésta se promovió dentro del término previsto por la ley.

3. Pruebas.

1. Copia auténtica del registro civil de defunción, expedido por la Notaría Primera de San Gil —Santander—, en el que se indica que el señor Jorge Alberto Ortiz falleció el 31 de diciembre de 1995, como consecuencia de shock hipovolémico por herida de arma de fuego (fl. 7 cdno. 2).

2. Copia de la comunicación de 24 de junio de 1994, en la que el director de la Cárcel del Distrito de San Gil le informó al comandante de guardia de esa penitenciaría que el recluso Gonzalo Vesga Gómez tenía derecho a disfrutar de un permiso de 72 horas, para salir de esa cárcel sin vigilancia, a partir de la 1:00 p.m. del 25 de junio siguiente, bajo la responsabilidad y tutela de la señora Lucía Gómez de Vesga y con el compromiso de disfrutar esta licencia en la residencia ubicada en la vereda alto del trigo, del municipio de Villanueva (fl. 249 cdno. 2).

3. Copia de las comunicaciones de 20 de enero de 1995 y 12 de octubre del mismo año, mediante las cuales el director de la Cárcel del Distrito de San Gil le informó al comandante de guardia de esa penitenciaría que el recluso Gonzalo Vesga Gómez tenía derecho a disfrutar de 72 horas de permiso para salir de esa cárcel sin vigilancia, a partir de la 1:00 p.m. del 21 de enero de ese año hasta el 24 de enero siguiente a la misma hora y desde las 5:00 p.m. del 14 de octubre de ese año hasta el 17 de octubre siguiente a la misma hora, con la advertencia de que el mencionado interno debía permanecer en la residencia de la señora Lucía Gómez de Vesga, ubicada en la vereda alto del trigo, del municipio de Villanueva, no podía visitar sitios de lenocinio, cantinas y bares, no debía abandonar el lugar convenido para disfrutar esos permisos y debía observar buena conducta (fls. 244 y 245 cdno. 2).

Aunque los documentos referidos fueron allegados por la parte actora en copia simple, serán valorados en esta oportunidad, como quiera que la Sección Tercera de esta corporación(2), en sentencia de unificación, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica que debe imperar en las actuaciones judiciales, avaló la posibilidad de dar valor probatorio a las copias simples que obren en los procesos, siempre que éstas no hayan sido cuestionadas en su veracidad por la contraparte o frente a las cuales no se haya promovido incidente de tacha de falsedad(3).

4. Oficio 030-DIR de 4 febrero de 2002, con el cual el Director de la Penitenciaría Nacional de Ibagué (Picaleña) envió copia auténtica de la hoja de vida del interno Gonzalo Vesga Gómez, que fue solicitada por el a quo el 22 de octubre de 2001 (cdno. 3). En la mencionada hoja de vida, se observa lo siguiente:

4.1. Con oficio del 17 de agosto de 1976, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Gil remitió a la Cárcel Distrital de ese municipio al señor Gonzalo Vesga Gómez, sindicado del delito de hurto, con la advertencia de que aquél, en principio, se hizo pasar por Noé Parra Pineda, pero más tarde se aclaró que su verdadero nombre era Gonzalo Vesga Gómez y que, en el momento de su captura, estaba fugado de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, donde se hallaba detenido por el delito de homicidio (fl. 1 cdno. 3).

4.2. Mediante Resolución del 10 de septiembre de 1976, el director general de prisiones ordenó el traslado del señor Gonzalo Vesga Gómez de la Cárcel del Distrito Judicial de San Gil a la penitenciaría de Tunja, por considerarlo un recluso de alta peligrosidad (fl. 6 cdno. 3).

4.3. En oficio del 15 de abril de 1977, el oficial de servicio de la Penitenciaría Nacional de Tunja “El Barne” informó que el interno Gonzalo Vesga Gómez “hirió en el cuello, con un chuzo, al señor Francisco Durán Delgado (fl. 23 cdno. 3).

4.4. Mediante Resolución 76 del 20 de abril de 1977, el Director de la Penitenciaría Nacional de Tunja “El Barne” sancionó al recluso Gonzalo Vesga Gómez con 5 días de aislamiento celular, por “Violar disposiciones vigentes del Decreto 1817/64 –lesionar a otro interno (sic)” (fl. 25 cdno. 3).

4.5. Por resolución 230 del 16 de noviembre de 1977, el director de la Penitenciaría Nacional de Tunja “El Barne” sancionó al detenido Gonzalo Vesga Gómez con 10 días de aislamiento celular, por “violar el artículo 293, numeral 1º (sic) del Decreto-Ley 1817 de 1964 (porte de un chuzo)” (fl. 31 cdno. 3).

4.6. Mediante resolución 261 del 21 de diciembre de 1977, el director de la Penitenciaría Nacional de Tunja “El Barne” sancionó al detenido Gonzalo Vesga Gómez con 30 días de aislamiento celular, por “violar el artículo 295, numeral 13º (sic) del Decreto-Ley 1817 de 1964 (lesiones a un compañero de reclusión)” (fl. 38 cdno. 3).

4.7. En resolución 195 del 14 de julio de 1978, el Director de la Penitenciaría Nacional de Tunja “El Barne” sancionó al detenido Gonzalo Vesga Gómez con 30 días de aislamiento celular por “violar el art. 295 numeral 2º (sic) Decreto-Ley 1817/64 —(fuga interna)—.” (fl. 44 cdno. 3).

4.8. El 18 de septiembre de 1998, el Director de la Penitenciaría Nacional de Tunja “El Barne” solicitó el traslado del interno Gonzalo Vesga Gómez a otro establecimiento carcelario, por motivos de “orden interno, seguridad personal y observar pésima conducta” (fl. 48 cdno. 3).

4.9. En resolución 350 del 16 de noviembre de 1978, el Director de la Penitenciaría Central de Colombia sancionó al interno Gonzalo Vesga Gómez con 10 días de aislamiento celular, por “posesión de objetos prohibidos”, por cuanto el 14 de noviembre anterior le decomisaron una platina (fl. 53 cdno. 3).

4.10. Mediante Resolución 11 de 17 de febrero de 1981, el Director de la Penitenciaría Nacional de Tunja “El Barne” sancionó al recluso Gonzalo Vesga Gómez con 5 días de aislamiento celular, por “violar el artículo 294 numeral 50 del Decreto-Ley 1817/64 (embriagarse)” (fl. 74 cdno. 3).

4.11. En Resolución 27 de 26 de febrero de 1982, el director de la Penitenciaría Nacional de Tunja “El Barne” sancionó al detenido Gonzalo Vesga Gómez con 15 días de aislamiento celular, por “hurto de un reloj a un compañero de reclusión” (fl. 94 cdno. 3).

4.12. En Resolución 34 de 17 de marzo de 1982, el Director de la Penitenciaría Nacional de Tunja “El Barne” sancionó al interno Gonzalo Vesga Gómez con 10 días de aislamiento celular, por “estar embriagado dentro del penal” (fl. 97 cdno. 3).

4.13. Mediante resolución 158 de 19 de noviembre de 1982, el Director de la Penitenciaría Nacional de Tunja “El Barne” sancionó al detenido Gonzalo Vesga Gómez con 30 días de aislamiento celular, por “lesiones personales a otro interno el día (sic) de noviembre /82” (fl. 115 cdno. 3).

4.14. En resolución 139 de 31 de mayo de 1983, el Director de la Penitenciaría Nacional de Tunja “El Barne” sancionó al interno Gonzalo Vesga Gómez con 10 días de aislamiento celular, por “tenencia de armas de fabricación carcelaria y comercial.” (fl. 139 cdno. 3).

4.15. Mediante resolución 127 de 23 de agosto de 1983, el Director de la Penitenciaría Nacional de Tunja “El Barne” sancionó al recluso Gonzalo Vesga Gómez con 10 días de aislamiento celular, por “ingerir bebidas alcohólicas” (fl. 145 cdno. 3).

4.16. En resolución 157 de 20 de septiembre de 1983, el Director de la Penitenciaría Nacional de Tunja “El Barne” sancionó al detenido Gonzalo Vesga Gómez con 10 días de aislamiento celular, por “agresión a otro interno y porte de arma de fabricación carcelaria” (fl. 151 cdno. 3).

4.17. Mediante Resolución 33 de 13 de febrero de 1984, el Director de la Penitenciaría Nacional de Tunja “El Barne” sancionó al detenido Gonzalo Vesga Gómez con 20 días de aislamiento celular, por “Porte de armas de fabricación carcelaria e intimidación a sus compañeros” (fl. 165 cdno. 3).

4.18. En Resolución 79 de 18 de diciembre de 1985, el Director de la Cárcel del Distrito Judicial de San Gil sancionó al interno Gonzalo Vesga Gómez con 2 meses de suspensión de visitas, por portar una platina de fabricación carcelaria” (fl. 215 cdno. 3).

4.19. El 22 de septiembre y el 14 de octubre de 1992 y el 18 de febrero de 1993, los miembros del Consejo de Disciplina de la Cárcel del Distrito Judicial de San Gil calificaron la conducta del interno Gonzalo Gómez Vesga como “ejemplar” (fls. 305 , 308 y 316 cdno. 3).

4.20. El 19 de marzo de 1993, el Instructor de Talleres de la Cárcel del Distrito Judicial de San Gil certificó que el interno Gonzalo Vesga Gómez había trabajado en artesanías, en forma continua desde, noviembre de 1992 hasta la fecha de expedición de esa certificación (fl. 313 cdno. 3).

4.21. El 24 de marzo de 1993, el Juzgado Tercero Penal del Circuito del Distrito Judicial de San Gil certificó que el señor Gonzalo Vesga Gómez estaba detenido desde el 22 de marzo de 1988 y que no tenía requerimiento policivo o judicial alguno (fl. 314 cdno. 3).

4.22. El 24 de marzo de 1993, la asistente social y el director de la Cárcel del Distrito Judicial de San Gil, en el “estudio para Decreto 815/84” conceptuaron que él se cumplían por parte del depositario (lucía Gómez de Vesga) y del beneficiario (Gonzalo Vesga Gómez) los objetivos propuestos en la visita (fl. 317 cdno. 3).

4.23. El 15 de abril de 1993. la asesora jurídica de la Cárcel del Distrito Judicial de San Gil, con el fin de tramitar el beneficio administrativo de 72 horas de permiso, certificó que el interno Gonzalo Vesga Gómez no registraba fuga ni intento de fuga durante el tiempo que había estado privado de la libertad en ese centro penitenciario (fl. 312 cdno. 3).

4.24. Mediante resolución 3581 de 26 de mayo de 1993, el Director General de Prisiones le concedió al interno Gonzalo Vesga Gómez permiso de 72 horas, para salir de la Cárcel del Distrito Judicial de San Gil (fl. 148 cdno. 2).

4.25. El 5 de junio y 9 de octubre de 1993, así como el 25 de junio y 15 de octubre de 1994, el interno Gonzalo Vesga Gómez suscribió las respectivas diligencias de compromiso para salir durante 72 horas, sin vigilancia, de la Cárcel del Distrito Judicial de San Gil (fls. 347, 348, 353 y 354 cdno. 3).

4.26. Mediante acta 009 de 9 de febrero de 1995, el Consejo de Disciplina de la Cárcel Distrital de San Gil, calificó como “buena” la conducta del interno Gonzalo Vesga Gómez (fl. 356 cdno. 3).

4.27. El 12 de octubre de 1995, el INPEC le concedió permiso de 72 horas al interno Gonzalo Vesga Gómez para salir, sin vigilancia, de la Cárcel del Distrito Judicial de San Gil, a partir de las 3:00 p.m. del 14 de octubre de ese año, hasta el 17 de octubre siguiente a esa misma hora (fl. 360 cdno. 3).

4.28. Mediante oficio del 16 de enero de 1996, el Comandante de la Estación de Policía de Villanueva informó al Director de la Cárcel del Distrito Judicial de San Gil lo siguiente (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“El día 31 de diciembre de 1995 se tubo conocimiento de dos homicidios en un establecimiento público de esta jurisdicción, en versiones recolectadas por la Policía momentos después de los hechos señalan como presunto autor de los homicidios con arma de fuego al señor Gonzalo Vesga Gómez.

Una vez recolectadas estas versiones el suscrito comandante de la estación de policía procedió a buscar en la Vereda Alto del Trigo al señor Gonzalo Vesga Gómez, en donde la señora Lucia Gómez, manifestó que tenía conocimiento que el señor Gonzalo estaba con permiso pero hasta la fecha y hora ni había hido(sic) a la casa.

Para el día primero de Enero de 1996 se efectuó el mismo procedimiento obteniendo la misma respuesta por parte de la señora Lucía Gómez.

El interno Gonzalo Vesga Gómez, nunca cumplió los compromisos adquiridos con la dirección del centro carcelario, para el último permiso otorgado y según seda a conocer al comando de policía en el oficio sin número y fecha diciembre 28 de 1995, emanado de esa dirección” (fl. 370 cdno. 3).

4.29. Con la Resolución 960 de 27 de febrero de 1996, el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario revocó la resolución 3581 de 26 de mayo de 1993, mediante la cual se le concedió el beneficio administrativo de 72 horas de permiso al interno Gonzalo Vesga Gómez (fls. 205 y 206 cdno. 2).

5. En auto de 24 de junio de 1998, el Tribunal Administrativo de Santander le solicitó al Juzgado 2º Penal del Circuito de Santander una copia auténtica del proceso penal que se adelantó contra Gonzalo Vesga Gómez por los delitos de homicidio, lesiones personales y porte ilegal de armas, en hechos ocurridos el 31 de diciembre de 1995, en el municipio de Villanueva (fl. 65 cdno. 2).

6. Mediante escrito de 3 de junio de 1999, la apoderada judicial de los demandantes allegó las copias auténticas del referido proceso penal, expedidas por el Juzgado 2º Penal del Circuito de San Gil (fl. 139 cdno. 2 y cdno. 4)

Ahora bien, en lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse que aquéllas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieran sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hubieran sido practicadas con su audiencia, no podrán ser valoradas en el ese proceso(4).También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas rendidas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(5).

De no cumplirse ninguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de éstas, asunto ya precisado por la Sala en los siguientes términos(6):

“... El artículo 229 del mismo código dispone:

‘Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

‘Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior’.

“Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.

“En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio.

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquéllos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el nuevo proceso”.

Aplicando estos criterios al caso presente, encuentra la Sala que, a folios 1 a 380 del cuaderno 4, obra copia auténtica del expediente que corresponde al proceso penal adelantado contra Gonzalo Vesga Gómez, por los delitos de homicidio, lesiones personales y porte ilegal de armas; sin embargo, en el proceso primitivo no fueron solicitadas ni practicadas a petición de la parte contra quien se aducen ni con su audiencia y su traslado no fue solicitado a este proceso de manera conjunta por las partes, sino que se allegó al plenario por orden del Tribunal Administrativo de Santander.

Bajo esa perspectiva, si bien en el presente asunto no se agotaron las formalidades del traslado del proceso penal, ni se surtió el traslado del mismo a las partes, también es cierto que dicha irregularidad quedó saneada, toda vez que esta prueba estuvo a disposición de los sujetos procesales durante todo el período probatorio, sin que ninguno de ellos objetara o discutiera su contenido y porque, además, de conformidad con el parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, “Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este Código establece”, a lo cual se suma que ninguna de las partes controvirtió dicha situación, razón por la cual las pruebas documentales que obran en el expediente penal serán apreciadas en este proceso con el valor legal que les corresponde(7).

Una vez precisado lo anterior y revisado el acervo probatorio de que da cuenta el expediente penal, se encuentra acreditado que:

6.1. El 28 de diciembre de 1995, el asesor jurídico de la Cárcel del Distrito Judicial de San Gil le comunicó al Comandante de Policía de Villanueva que el interno Gonzalo Vesga Gómez tenía permiso de 72 horas para salir sin vigilancia de ese centro penitenciario, desde las 15 horas del 30 de diciembre de ese año hasta el 2 de enero de 1996, antes de la hora indicada, que dicho recluso debía disfrutar el permiso en la casa de la señora Lucía Gómez de Vesga, ubicada en la vereda alto del trigo de ese municipio y que el señor Vesga Gómez se comprometió con la Dirección de la Cárcel a no visitar sitios de lenocinio, cantinas, bares y otros, a no abandonar el lugar convenido para disfrutar ese permiso y a observar una buena conducta (fl. 7 cdno. 4).

6.2. En Resolución de 9 de mayo de 1996, la Fiscalía Tercera Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de San Gil profirió resolución de acusación en contra de Gonzalo Gómez Vesga, por los delitos de: i) homicidio contra Flor Ángela Rodríguez Gómez y Jorge Alberto Ortiz, ii) lesiones personales contra Luis Augusto Muñoz y iii) porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, en hechos ocurridos el 31 de diciembre de 1995, en el municipio de Villanueva (fls. 191 a 202 cdno. 4).

6.3. Mediante sentencia del 29 de agosto de 1997, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Gil condenó a Gonzalo Vesga Gómez a 30 años de prisión y a la pérdida del arma incautada, por considerarlo el autor de los delitos de homicidio simple, en concurso con homicidio culposo, lesiones personales y porte ilegal de armas contra Jorge Ortiz, Flor Ángela Rodríguez, y Luís Agustín Muñoz, en hechos ocurridos el 31 de diciembre de 1995, en el municipio de Villanueva —Santander— (fls. 291 a 317 cdno. 2).

6.4. En sentencia de 27 de enero de 1997, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial confirmó la providencia de 29 de agosto de 1997, dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Gil; al respecto, el ad quem sostuvo:

“Entonces no fue la condena producto de odios o venganzas por parte de empleados judiciales o de Fiscalía como dice el procesado, ni hay incertidumbre sobre la autoría de los disparos que causaron las muertes y lesiones como sostiene el señor defensor. Tampoco hubo cruce de disparos entre Viviescas y el procesado porque en el momento de los hechos el primero no tenía arma de fuego.

Así las cosas fue bien fundamentada la sentencia objeto de revisión, como acertada estuvo la adecuación típica de la conducta pues en efecto resulta culposa la muerte de Flor Ángela Rodríguez Gómez y la lesión sufrida por Luis Agustín Muñoz al disparar un arma de fuego dentro de un establecimiento público que estaba lleno de gente.

Distinta es la situación respecto de la muerte de Jorge Ortiz pues la intención homicida iba dirigida hacia Gerardo Viviescas y fue a éste a quien le disparó sin lograr alcanzarlo y sí en cambio un proyectil causó la muerte de Jorge Ortiz que al igual que las otras víctimas nada tenía que ver en los hechos y solamente pretendía irse de allí (...)” (fls. 344 a 357 cdno. 4).

7. Respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el homicidio del señor Jorge Alberto Ortiz, el comandante de la Estación de Policía de Villanueva, en el “Informe hechos relacionados como homicidios”, señaló (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“El día 31 de diciembre de 1995 siendo las 17:50 horas en el sitio Billares Maracana de la calle 13 con carrera 13 esquina, resultarón heridos la menor Flor Ángela Rodríguez Gómez 15 años de dad, presentando un impacto de arma de fuego en el craneo, el señor Jorge Ortiz de 34 años de edad quién presenta un impacto de arma de fuego en el tórax, quienes siendo trasladados al Hospital de San Gil fallecierón. Tambien resulto herido el señor Luis Augusto Muñoz Ballona 31 años de edad, residente en la vereda Pomarroso. (sic)

Según versiones recolectadas por la Policía en el lugar de los hechos el autor material es el señor Gonzalo Vesga Gomez, quién portando arma de fuego revolver y en forsegeo o aparente riña con el señor Gerardo Viviescas Gomez provocarón los disparos hacia las personas que se encontraban dentro del establecimiento, para calmar los animos de los agresores le pegaron el la cabeza con una butaca al señor Gerardo Viviescas Gomez resultando lesionado y quienes emprendieron la huida desconociendo el runbo (...)” (fl. 5 cdno. 4).

8. En el protocolo de necropsia de 31 de diciembre de 1995, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses —Regional Nororiente del Distrito de San Gil— señaló que el señor Jorge Alberto Ortiz falleció como consecuencia de “shock hipovolémico causado por herida con compromiso multi-organico (sic) y sección de aorta descendente toracica (sic) originado por herida de arma de fuego” (fls. 21 a 23 cdno. 4).

4. Análisis y conclusiones.

De las pruebas transcritas se colige que el 31 de diciembre de 1995, en un establecimiento público del municipio de Villanueva —Santander—, el señor Gonzalo Vesga Gómez, en una riña que tuvo con el señor Gerardo Viviescas, con un arma de fuego de defensa personal, causó la muerte de la menor Flor Ángela Gómez y del señor Jorge Alberto Ortiz, así como lesiones al señor Luis Augusto Muñoz.

Así mismo, se encuentra demostrado que el señor Gonzalo Vesga Gómez era interno de la Cárcel del Distrito Judicial de San Gil y que, en el momento en que asesinó al señor Jorge Alberto Ortiz, disfrutaba de un permiso de 72 horas para salir sin vigilancia del mencionado centro penitenciario (desde las 3:00 p.m. del 28 de diciembre de 1995 hasta el 2 de enero de 1996).

El permiso otorgado al interno Gonzalo Vesga Gómez fue concedido el 26 de mayo de 1993, es decir, en vigencia del Decreto-Ley 1405 de 1934(8) y de los decretos 1817 de 1964(9) y 815 de 1984(10).

Respecto de los permisos que podían concédeseles a los reclusos para que salieran durante 72 horas de un establecimiento carcelario, los artículos 1º y 2º del citado Decreto 815 establecían:

“ART. 1º—El Director General de Prisiones, (sic) podrá conceder permisos especiales hasta por setenta y dos (72) horas, para salir del establecimiento, a los condenados mediante sentencia ejecutoria, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

a) Haber descontado como mínimo una tercera parte de la pena impuesta;

b) No tener condenas pendientes, ni estar requerido por ninguna autoridad;

c) No registrar fuga ni tentativa de fuga durante el desarrollo del proceso ni durante la ejecución de la sentencia, en los términos del artículo 210 del Decreto 1817 de 1964;

d) No estar condenado por secuestro, extorsión, rebelión, sedición, asonada o por los delitos que trata el Decreto 1188 de 1974;

e) No estar condenado a menos de un año de prisión;

f) Haber estudiado o trabajado durante su reclusión.

“ART. 2º—Para la concesión del permiso especial, se requiere la solicitud del interno con el concepto favorable del Consejo de Disciplina, acompañando las copias de la sentencia, de la resolución de fijación y fecha de detención, como también constancia en el sentido de no tener condenas pendientes ni estar requerido por ninguna autoridad” (resalta la Sala).

Sobre la duración, de la suspensión y de la revocación de los mencionados permisos, los artículos 3º y 4º ibídem señalaban:

ART. 3º—El permiso que trata el presente decreto, se podrá conceder cada cuatro (4) meses durante el primer año; (sic) en el que se hubiese hecho acreedor al beneficio concedido; cada tres (3) meses durante el segundo y cada mes durante los años siguientes hasta cuando obtenga la libertad.

“ART. 4º—Obtenido el beneficio, podrá ser suspendido o revocado cuando se incumpla alguna de las obligaciones impuestas dentro de la resolución que lo concede. Una vez revocado, el permiso no se volverá a conceder”.

Si bien con las pruebas transcritas se demostró que, en el momento en que solicitó el permiso de 72 horas para salir de la Cárcel del Distrito Judicial de San Gil, el interno Gonzalo Vesga Gómez había cumplido la tercera parte de la pena impuesta, no tenía condenas pendientes, ni requerimientos de alguna autoridad judicial, no registraba fuga ni intento de fuga durante la ejecución de la sentencia condenatoria(11), el delito por el que se le condenó no era de los señalados en el literal d) del Decreto 815 de 1984 y el Decreto 1188 de 1974(12), pues se trataba de homicidio, estaba condenado a una pena mayor a un año de prisión(13), trabajó de manera continua en el taller de artesanías de la cárcel del Distrito Judicial de San Gil desde noviembre de 1992 hasta marzo de 1993(14) y presentó la solicitud del permiso ante el director general de prisiones(15), también es cierto que en el proceso no existe prueba alguna que acredite que el consejo de disciplina de dicha cárcel emitió un concepto favorable para que se le concediera el referido permiso.

En efecto, a pesar de que en el plenario obra copia auténtica del acta de 18 de febrero de 1993, mediante la cual el mencionado Consejo de Disciplina calificó como “Ejemplar” la conducta del interno Gonzalo Vesga Gómez, dicho documento no suple ni hace las veces del concepto al que se refiere el artículo 2º del Decreto 815 de 1984, toda vez que, de conformidad con el artículo 323 del Decreto 1817 de 1964, la calificación de la conducta de los condenados solamente sirve para que el Consejo de Disciplina clasifique a los reclusos(16), pero no para determinar que un interno puede ser beneficiario del permiso de 72 horas a que hace referencia el artículo 1º del citado Decreto 815.

Así las cosas, es evidente que el Director de la Cárcel del Distrito Judicial de San Gil le concedió el permiso al interno Gonzalo Vesga Gómez para que saliera de ella durante 72 horas, sin vigilancia, sin contar con el concepto favorable del Consejo de Disciplina, el cual era un requisito indispensable para acceder al mencionado permiso, en cuanto la norma que lo consagra (D. 815/84, art. 20) dispone que, “para vía concesión del permiso especial, se requiere la solicitud del interno con el concepto favorable del Consejo de Disciplina...”.

Sumado a lo anterior, se observa que, por la época en que estuvo vigente el permiso dado a el recluso Gonzalo Vesga Gómez, se expidió la Ley 63 de 1993(17), la cual, a pesar de que no le exigía al demandado revocar o modificar los permisos que había concedido con anterioridad a esta, sí establecía el tratamiento penitenciario que debía brindarle a los reclusos para resocializarlos(18).

Al respecto, la Ley 65 de 1993 establecía:

“ART. 142.—Objetivo. El objetivo del tratamiento penitenciario es preparar al condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad.

“ART. 143.—Tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto. Se verifica a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia. Se basará en el estudio científico de la personalidad del interno, será progresivo y programado e individualizado hasta donde sea posible.

“ART. 144.—Fases del tratamiento. El sistema del tratamiento progresivo está integrado por las siguientes fases:

1. Observación, diagnóstico y clasificación del interno.

2. Alta seguridad que comprende el período cerrado.

3. Mediana seguridad que comprende el período semiabierto.

4. Mínima seguridad o período abierto.

5. De confianza, que coincidirá con la libertad condicional.

“Los programas de educación penitenciaria serán obligatorios en las tres primeras fases para todos los internos, sin que esto excluya el trabajo. La sección educativa del Inpec suministrará las pautas para estos programas, teniendo en cuenta que su contenido debe abarcar todas las disciplinas orientadas a la resocialización del interno.

“PAR.—La ejecución del sistema progresivo se hará gradualmente, según las disponibilidades del personal y de la infraestructura de los centros de reclusión.

“ART. 145.—Consejo de evaluación y tratamiento. El tratamiento del sistema progresivo será realizado por medio de grupos interdisciplinarios integrados por abogados, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, terapistas, antropólogos, sociólogos, criminólogos, penitencia listas y miembros del cuerpo de custodia y vigilancia.

“Este consejo determinará los condenados que requieran tratamiento penitenciario después de la primera fase. Dicho tratamiento se regirá por las guías científicas expedidas por el Inpec y por las determinaciones adoptadas en cada consejo de evaluación. En caso de no ser necesario el tratamiento penitenciario, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario reglamentará el cumplimiento de las fases restantes” (resalta la Sala).

Conforme a lo anterior, es evidente que el Inpec tenía la obligación de brindarle al interno Gonzalo Vesga Gómez el tratamiento penitenciario establecido en las normas transcritas para que se determinara si los fines de la pena, entre ellos la resocialización del recluso, se estaban cumpliendo, a fin de evitar que éste aprovechara sus permisos para reincidir en su conducta delictiva, tal y como ocurrió en este caso.

Respecto de esta obligación, en el proceso no existe prueba alguna que demuestre que el Inpec, a través del grupo de profesionales establecidos en el artículo 145 de la Ley 65 de 1993, hubiera realizado un seguimiento del comportamiento y las condiciones sicológicas del interno Gonzalo Vesga Gómez, desde la fecha en que expidió el acto administrativo que le concedió el permiso para salir de la cárcel durante 72 horas, sin vigilancia, esto es, desde el 26 de mayo de 1993, hasta la fecha en que el mencionado recluso salió a disfrutar de su último permiso 28 de diciembre de 1995, en el que cometió el asesinato del señor Jorge Alberto Ortiz.

En ese orden de ideas, la Sala considera que el seguimiento de la conducta, es decir, del comportamiento del interno Gonzalo Vesga Gómez, que debía hacer el grupo interdisciplinario de profesionales de que trata el mencionado artículo 145, no obedecía a una simple exigencia del legislador, sino que era la manifestación de la obligación del Estado de proteger a la comunidad frente a posibles conductas reincidentes de quienes han sido condenados por la comisión de conductas punibles; además, era también un deber establecido en favor de los propios reclusos, pues era necesario que un grupo de expertos determinara si éstos estaban o no en condiciones de volver a gozar de su derecho a la libertad.

Así las cosas, es claro que la Dirección de la Cárcel del Distrito Judicial de San Gil no sólo se encontraba en la obligación de sujetar la viabilidad del permiso del interno Gonzalo Vesga Gómez al cumplimiento de todos los requisitos establecidos en los artículos 1º y 2º del Decreto 815 de 1984, antes citado, sino que también estaba obligada a garantizar que un Consejo de Evaluación y Tratamiento, compuesto por todos los profesionales que señalaba la ley, examinara integralmente la conducta del mencionado recluso, a fin de que determinar si éste estaba cumpliendo con éxito su proceso de “resocialización para la vida en libertad” (L. 65/93 art. 142), de donde surge que, en caso de no estar ocurriendo así, debía haberse al menos considerado la posibilidad de que no siguiera disfrutando de sus permisos.

Bajo esa perspectiva, es claro que el Inpec incurrió en una falla en el servicio, por el incumplimiento de los mencionados deberes normativos, lo cual conllevó a que se le permitiera al interno Gonzalo Vesga Gómez salir del establecimiento carcelario por 72 horas, sin vigilancia, beneficio que utilizó para cometer varias conductas punibles, entre éstas, el homicidio del señor Jorge Alberto Ortiz.

En un caso similar al que ahora se estudia, la Subsección C, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 22 de mayo de 2013, señaló:

“En definitiva, las exigencias legales en cuanto a la integración de los consejos de evaluación y tratamiento de los establecimientos carcelarios, no son caprichos del legislador, dichos requisitos son la manifestación de la obligación del Estado de proteger a la comunidad frente a posibles conductas reincidentes de quien ha sido condenado por la comisión de un delito y, además, también se establecen a favor de los propios condenados, pues es necesario un grupo de expertos para determinar si quien ha sido privado de la libertad está en condiciones de volver a gozar de este derecho.

Así las cosas, la dirección de la cárcel La Vega no sólo se encontraba en la obligación de sujetar la viabilidad de la concesión del beneficio del permiso de 72 horas sin vigilancia a favor del señor Acosta Mendoza al cumplimiento de los requitos (sic) previstos en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993, antes citada; sino que también estaba obligada a garantizar que un Consejo de Evalución (sic) y Tratamiento, compuesto por todos los profesionales que señala la Ley, examinara integralmente la conducta del interno a fin de determinar si éste podía estar o no en la fase mediana seguridad, y por ende, gozar de los referidos permisos si cumplía los demás requisitos previstos en la ley.

Sin embargo, la Sala observa que según la prueba testimonial que obra en el expediente, específicamente el testimonio de una funcionaria de la cárcel (sic) donde se encontraba recluido el señor Acosta Menoza (sic), este establecimiento carcelario al momento de los hechos no contaba con profesionales en psicólogía (sic) o psiquiatría que evaluaran a los internos, lo que nos lleva a concluir que el Consejo de Evaluación y Tratamiento no estaba conformado según las exigenciales (sic) legales, lo que deviene en una clara falla en el servicio por incumplimiento de deberes normativos. Adicionalmente este hecho no fue controvertido y mucho menos desvirtuado por la entidad demandada, que ante las afirmaciones del demandante en cuanto a su actuar negligente e ilegal debía probar lo contrario.

En definitiva, que profesionales idóneos y de diversas disciplinas evaluen (sic) la conducta del interno resulta un requisito legal de obligatorio cumplimiento para determinar si éste puede estar en la fase de mediana seguridad.

Para la Sala resulta claro que el incumplimiento de dicho deber normativo llevó a que un interno fuese incluido irregularmente en la fase de mediana seguridad y, por tanto, se le permitiera salir del establecimiento carcelario por 72 horas sin vigilancia, con el resultado nefasto que se produjo en el caso concreto.

(...).

Por todo lo anterior, el daño sufrido por los demandantes resulta imputable a la entidad demandada”(19).

Por otra parte, la Sala considera que las pretensiones solicitadas frente al Congreso de la República no prosperan, toda vez que éste no participó en la producción del daño cuya indemnización se reclama, por cuanto no intervino en el otorgamiento del permiso que se le dio al mencionado recluso.

Por lo anterior, el daño sufrido por los demandantes resulta imputable únicamente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

Así las cosas, se revocará la sentencia impugnada y se declarará la responsabilidad patrimonial de esta última entidad, por la muerte del señor Jorge Alberto Ortiz, en hechos ocurridos el 31 de diciembre de 1995, en el municipio de Villanueva —Santander—.

5. Indemnización de perjuicios.

5.1. Perjuicios morales.

Por la muerte del señor Jorge Alberto Ortiz concurrieron al proceso su señora madre (Tulia Ortiz Mantilla), su esposa (Martha Yanet Bueno Ballesteros) y su hijo (Edison Alberto Ortiz Bueno), según se desprende de la demanda y de los poderes conferidos a su apoderado judicial (fls. 1 y 2 cdno. 2).

En relación con el parentesco de los demandantes con el señor Jorge Alberto Ortiz, obran en el proceso las siguientes pruebas:

1. Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Jorge Alberto Ortiz, expedida por la Registraduría Municipal del Estado Civil de Villanueva —Santander—, en la que se indica que es hijo de la señora Tulia Ortiz Mantilla (fl. 3 cdno. 2).

2. Copia auténtica del registro civil de matrimonio de los señores Jorge Alberto Ortiz y Martha Yanet Bueno Ballesteros, expedida por la Notaría Primera de Bucaramanga (fl. 5 cdno. 2).

3. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Edison Alberto Ortiz Bueno, expedida por la Notaría Sexta de Bogotá D.C., en la que se indica que es hijo de Jorge Alberto Ortiz y Martha Yanet Bueno Ballesteros (fl. 6 cdno. 2).

Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, en los eventos en los que una persona fallece o sufre una lesión y ello es imputable al Estado, se desencadena, a cargo de éste, la indemnización de perjuicios morales, de tal manera que las personas que se sientan perjudicadas por dicha situación y hagan parte del grupo familiar más cercano pueden reclamar la indemnización de estos perjuicios acreditando el parentesco con la víctima directa del daño, pues éste se convierte en un indicio suficiente para tener por demostrado el perjuicio moral sufrido, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el daño sufrido por un pariente cercano causa dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, siempre que no existan pruebas que indiquen o demuestren lo contrario.

Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, se ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales. Se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado de intensidad(20).

Por lo anterior, y atendiendo la magnitud e intensidad del daño sufrido por las demandantes con la muerte del señor Jorge Alberto Ortiz, se reconocerán, por concepto de perjuicios morales, cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de esta sentencia para cada uno de los demandantes: Tulia Ortiz Mantilla, Martha Yanet Bueno Ballesteros y Edison Alberto Ortiz Bueno.

5.2. Daño a la vida de relación.

Por este concepto, en la demanda se solicitó la cantidad equivalente a 1.000 gramos de oro para Tulia Manitilla Ortiz, Martha Yanet Bueno Ballesteros y Edison Alberto Ortiz Bueno (fl. 11 cdno. 2).

De conformidad con lo establecido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en relación con el concepto de daño a la salud(21), existen otros perjuicios inmateriales susceptibles de protección por parte del juez, siempre que no se encuentren comprendidos dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad sicofísica” o de daño moral. Estos eventos corresponden a la afectación o vulneración a otros bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

Así las cosas, si bien la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que el daño a la vida de relación consiste en la pérdida o disminución de la capacidad de relacionarse con el mundo exterior en la forma en que podía hacerlo el damnificado antes de de sufrir el daño y como consecuencia de éste, también es cierto que dicho daño no se presume y en la medida que se pretenda una indemnización de perjuicios por este concepto, éstos deben estar plenamente acreditados en el proceso(22).

Como quiera que no se demostraron los perjuicios derivados del daño a la vida de relación que sufrieron los demandantes como consecuencia de la muerte del señor Jorge Alberto Ortiz, la Sala no reconocerá indemnización alguna por dicho concepto.

5.3. Perjuicios materiales.

Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, los actores solicitaron la suma de $72’679.575, a favor de la señora Martha Yanet Bueno Ballesteros y $41’264.354, para Edison Alberto Ortiz Bueno.

En el certificado de semanas cotizadas y reportes de autoliquidación allegados por la gerente nacional de historia laboral y nómina de pensionados del Seguro Social, se observa que el señor Jorge Alberto Ortiz, al momento de su deceso, trabajaba en Almacafe S.A. y que su salario base de cotización era de $607.498 (fls. 133 y 134 cdno. 2).

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (suma devengada por la víctima) multiplicada por la cifra que resulte de dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el cual ocurrieron los hechos.

 

1997-12743 K
 

A la suma anterior se le incrementará un 25%, por concepto de prestaciones sociales, para un total de $2’801.461 y a dicha cantidad se le deducirá un 25%, monto que se presume que el señor Jorge Alberto Ortiz destinaba para sus gastos personales; así, el ingreso base de liquidación es la suma de $2’101.120, de la cual el 50% corresponde a la base para la liquidación del perjuicio solicitado por la cónyuge, es decir $1’050.560 y el 50% restante para el hijo de la víctima directa del daño.

5.3.1. Para Martha Yanet Bueno ballesteros (esposa).

Lucro cesante consolidado

Para el cálculo del perjuicio se aplicará la fórmula matemático - actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

 

1997-12743 J
 

Donde Ra es la renta actualizada que corresponde a esta persona ($1’050.560), “i” es una constante y “n” el número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos (dic. 31/95) hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 220 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

 

1997-12743 I
 

 

Lucro cesante futuro

Para el cálculo del perjuicio se aplicará la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

 

1997-12743 H
 

Donde Ra es la renta actualizada que corresponde a esta persona ($1’050.560), “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses trascurridos desde el día siguiente de esta sentencia hasta la vida probable que le quedaba al occiso en el momento en que se produjo su muerte(23), pues él era el mayor de los dos; así y de conformidad con las tablas de supervivencia, la vida probable restante de la víctima, tomando como referencia su edad para el momento de los hechos (34,5 años de edad), se estima en 40,61 años, pero a éstos se les restarán los 220 meses con los cuales se calculó el lucro cesante consolidado, para un total de 267,32 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

 

1997-12743 G
 

 

Sumados los valores de la indemnización por lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro, se obtiene un valor total de $569’183.913, a favor de la demandante Martha Yanet Bueno Ballesteros.

No obstante lo anterior, se tiene que la parte actora limitó en la demanda el monto de la indemnización por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a la suma de $72’679.575, valor que, actualizado a la fecha de la presente sentencia, arroja la suma de $207’078.393(24), la cual se le reconocerá a la demandante Martha Yanet Bueno Ballesteros, de conformidad con el principio de congruencia de la sentencia.

5.3.2. Para Edison Alberto Ortiz Bueno (hijo).

Lucro cesante consolidado

La indemnización se calculará desde la fecha de la muerte del causante (dic. 31/95) hasta la fecha de esta sentencia, por cuanto para este tiempo el hijo aún no ha cumplido 25 años de edad(25) —momento hasta el cual se presume la dependencia económica de los hijos respecto de sus padres—.

Para el cálculo del perjuicio se aplicará la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto, la cual se expresa en los siguientes términos:

 

1997-12743 F
 

Donde Ra es la renta actualizada que corresponde a esta persona ($1’050.560), “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos (dic. 31/95) hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 220 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

 

1997-12743 E
 

 

Lucro cesante futuro

Para el lucro cesante futuro, el período indemnizable es el comprendido entre la fecha de esta sentencia y la fecha en que el hijo cumplirá los 25 años de edad, es decir, 17 de octubre de 2014.

Para la liquidación, se aplicará la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia para la liquidación de dicho perjuicio, la cual se expresa en los siguientes términos:

 

1997-12743 D
 

 

Donde Ra es la renta actualizada que corresponde a esta persona ($1’050.560), “i” es una constante y “n” el período recién mencionado, equivalente a 6 meses, así:

 

1997-12743 C
 

 

Sumados los valores de la indemnización por lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro, se obtiene un valor total de $418.472.415, a favor de Edison Alberto Ortiz Bueno.

Al igual que sucedió con la señora Martha Yanet Bueno Ballesteros, se observa que en la demanda también se limitó para el hijo el monto de la indemnización por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a la suma de $41’264.354, valor que, actualizado a la fecha de la presente sentencia, arroja la suma de $117’570.254(26), la cual se le reconocerá al demandante Edison Alberto Ortiz Bueno, de conformidad con el principio de congruencia de la sentencia.

6. Condena en costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 17 de junio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, por la muerte del señor Jorge Alberto Ortiz, ocurrida el 31 de diciembre de 1995, en el municipio de Villanueva –Santander-.

2. CONDÉNASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, a pagar, a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:

Tulia Ortiz Mantilla (madre)100 smlmv
Martha Yanet Bueno Ballesteros (cónyuge)100 smlmv
Edison Alberto Ortiz Bueno (hijo)100 smlmv

3. CONDÉNASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de la señora Martha Yanet Bueno Ballesteros, la suma de $207’078.393.

4. CONDÉNASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de Edison Alberto Ortiz Bueno, la suma de $117’570.254.

5. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin condena en costas.

7. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

8. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en 1997, tuviera vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado era de $13.460.000.

(2) Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente 25.022.

(3) Criterio mayoritario que el ponente de esta decisión no comparte, pero acoge.

(4) Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300.

(5) Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789

(6) Sentencia de 13 de abril de 2000, expediente 11.898

(7) En este sentido se pronunció la Sala en sentencia de 26 de marzo de 2008, expediente 34.038, actor: María Luz Fanny Pinzón de González, M.P. Myriam Guerrero de Escobar y en sentencia de 5 de junio de 2008, expediente 16.358, actor: Esneda Alvis Ureña y otros, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(8) “Sobre Régimen Carcelario y Penitenciario” (Diario Oficial 22.633 13 de julio de 1834).

(9) “Por el cual se reforma y adiciona el Decreto-Ley 1405 de 1934 (Código Carcelario)” (Diario Oficial 31.446 del 26 de agosto de 1964).

(10) “Por el cual se reglamenta el literal k) del artículo 42 del Decreto 1817 de 1964” (D.O. 36.587, abr. 27/84).

(11) Según certificación expedida el 15 de abril de 1993 por la Asesora Jurídica de la Cárcel del Distrito Judicial de San Gil (fl. 312 cdno. 3).

(12) “Por el cual se expide el Estatuto Nacional de Estupefacientes” (D.O. 34.116, jul. 8/74).

(13) Estaba purgando una condena de 14 años y 6 meses de prisión, por el delito de homicidio, impuesta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil (fl. 300 cdno. 3).

(14) Según lo certificó el instructor de talleres de la Cárcel del Distrito Judicial de San Gil.

(15) Folio 318 cuaderno 3.

(16) Artículo 323 del Decreto 1817 de 1964 “Cada tres meses el Consejo de Disciplina, (sic) hará clasificación de los condenados, teniendo en cuenta la conducta, aprovechamiento, trabajo, relaciones con los superiores y con los compañeros, su carácter, moralidad, tendencia y demás circunstancias que pueden servir para clasificarlos (...)”.

(17) “Por la cual se expide el Código Penitenciario”. (D.O. 40.999, ago. 20/93).

(18) De acuerdo con el Código Penal vigente para la época de los hechos (D. 100/80), las penas impuestas a los infractores de la ley penal tenían dentro de sus fines la resocialización de las personas condenadas por la comisión de un delito, de modo que el ejercicio de la función punitiva del Estado debe dirigirse, entre otras cosas, a devolverle al individuo las condiciones que hicieran exitoso su retorno al conglomerado social; para ello, el juez penal debía determinar la duración de la pena, a fin de que el tiempo en el que el condenado estuviera privado de la libertad resultara suficiente, conforme a las particularidades de su conducta criminal, para el cumplimiento de los fines de aquélla, esto es, de la pena.

(19) Sentencia de 22 de mayo de 2013, expediente 25.541, actor: Edín de Jesús Acosta Mendoza.

(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros – William Alberto González y otra.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, expedientes: 19031 y 38222. C.P. Enrique Gil Botero. “Ahora bien, el hecho de sistematizar el daño a la salud (integridad corporal, psicológica, sexual, estética), mientras se deja abierta la estructura de los demás bienes o derechos jurídicos, garantiza un esquema coherente con los lineamientos conceptuales, teóricos y prácticos del resarcimiento del daño, como quiera que no se presta para generar una tipología paralela al daño a la salud que produzca los mismos efectos perjudiciales que acarrearon las nociones abiertas e indefinidas del daño a la vida de relación y de alteración a las condiciones de existencia...

“... y, por último, será oportuno que se analice la posibilidad por parte de esta corporación —siempre que los supuestos de cada caso lo permitan— de que se reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor, a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros)”.

(22) Sentencia de 19 de agosto de 2004, radicado 05001-23-31-000-1992-1484-01(15791).

(23) La víctima, al momento de los hechos tenía 34.5 años de edad, mientas que su esposa, para la misma época, tenía 27,8 años.

(24)

1997-12743 B
 

 

(25) Según el registro civil de nacimiento visible a folio 6 del cuaderno 2, nació el 17 de octubre de 1989, es decir, cumple 25 años de edad, el 17 de octubre de 2014.

(26)

1997-12743 A