Sentencia 1997-12782 de mayo 14 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 54001 23 31 000 1997 12782 01

Interno: 29185

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Adolfo Rojas Franco

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., catorce de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, dado que la cuantía supera la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de segunda instancia(2).

2. Análisis probatorio y caso concreto

2.1. Con el material probatorio obrante en el plenario se tiene por acreditado lo siguiente:

a) Que el señor Adolfo Rojas Franco es propietario del taller de sincronización electrónica “Peerless”, el cual funciona en un local arrendado, ubicado en la “calle 0 Nº 4-92” de Cúcuta (Norte de Santander). Esto se extrae del certificado de matrícula de persona natural, expedido por la Cámara de Comercio (fl. 15, cdno. 1), de la licencia de funcionamiento (fl. 14, cdno. 1) y del contrato de arrendamiento 272, del 31 de marzo de 1995 (fls. 12 y 13, cdno. 1).

b) Que el mencionado taller sufrió graves daños como consecuencia de la explosión de un petardo abandonado al frente del supermercado El Motilón, ubicado en la “calle 0 Nº 4-77”, por miembros del grupo guerrillero “UCELN”; al respecto, en el informe de policía 1405, del 21 de junio de 1995, se consignó que “… fue colocado un petardo a la entrada de la Bodega portón principal [del supermercado “El Motilón”], el cual explotó, (sic) ocasionando incendio, consumiendo totalmente la mercancía existente y así mismo daños materiales en ventanales y puertas de los negocios aledaños” (fl.10, cdno. 1), entre éstos el establecimiento del actor (fl. 11, cdno. 1). De igual manera, en la denuncia penal se indicó que el taller del demandante quedó “… dañado por la explosión…” (fl. 17, cdno. 1), afirmación que se encuentra respaldada con los testimonios de los señores Jorge Enrique Naranjo Sánchez y José Freddy Vesga Bonilla, quienes son contestes en afirmar que “… se acabó completamente” (fls. 60 y 59, cdno. 1).

En particular, los daños que sufrió el taller del actor fueron detallados en la declaración de la señora Carmen Cecilia Rojas Franco, así (se transcribe tal cual, inclusive con los errores que se advierten):

“…El local que él arrendó para el taller queda al lado de un depósito de supermercado el Motilón, y en ese tiempo colocaron una bomba en el supermercado y esto afectó el talle de Adolfo, con la explosión se le destruyó el equipo de sincronizar, hubo saqueo por los gamines y le sacaron unos filtros DRANT y mercancía que él tenía para negocios, bujías, filtros, todo lo saquearon, y la máquina quedó destruida completamente”(3).

c) Que la entidad demandada no estaba informada de las presuntas amenazas de que era objeto el propietario del supermercado El Motilón o de un posible atentado terrorista contra dicho establecimiento. De ello da cuenta el Oficio 125, del 13 de mayo de 1995, por medio del cual la entidad demandada señaló que no tuvo información alguna que “…pudiera servir de advertencia sobre la realización de ese hecho u otro similar para esos días …”, al tiempo que afirmó:

“Igualmente, no se tiene conocimiento, ni existe ningún tipo de antecedente, que indique que los señores Adolfo Rojas Franco y Crisóstomo Suárez Ríos [propietario del supermercado El Motilón], hayan informado por escrito o verbalmente a ninguna dependencia policial, sobre el posible atentado contra sus establecimientos”(4) (resaltado del texto).

2.2. Por otro lado, es importante anotar que no se valorarán las fotografías aportadas con la demanda (obrantes a fls. 19 y 20, cdno. 1), toda vez que la Sala desconoce su origen, cuándo y en qué lugar fueron tomadas(5).

2.3. Ahora, el artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado es responsable de los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, cuando dichos daños le sean atribuibles. Así, entonces, de conformidad con dicha norma la responsabilidad patrimonial del Estado no puede derivarse frente a todos los daños que sufran las personas, ni siquiera frente a todos los daños causados por la acción u omisión de los servidores de aquél, dado que, en todo caso, se requiere que le sean jurídicamente imputables.

Los criterios de atribución de responsabilidad han sido elaborados por la jurisprudencia de la corporación bajo dos regímenes básicos: i) de responsabilidad subjetiva, por falla del servicio y ii) de responsabilidad objetiva, por daño especial o por riesgo excepcional. Con todo, en dichos regímenes —o criterios de imputación— se requiere que la actividad desplegada por el Estado sea finalmente la causa eficiente y determinante del daño (bien de manera exclusiva, o de forma concurrente con la actuación de la víctima o de un tercero(6)).

En este orden de ideas, para atribuirle el daño al Estado se requiere demostrar que fue obra del mismo, por causarlo directamente o por haberlo propiciado, patrocinado o cohonestado; por tanto, los daños sufridos por las víctimas de actos terroristas cometidos por terceros son imputables a aquél sólo cuando en la producción del hecho interviene la administración, como por ejemplo en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de agentes estatales, o cuando la persona contra quien se dirige el atentado solicita protección a las autoridades y éstas no se la brindan, o porque, en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque(7).

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que el hecho por el cual se demanda en esta oportunidad no resulta imputable a la parte demandada, toda vez que el mismo resultó imprevisible para ella, circunstancia que le impidió tomar las medidas de precaución o la realización de actuaciones dirigidas a evitar o contrarrestar el atentado.

En efecto, no hay ninguna prueba que permita establecer que el Estado tuvo conocimiento de amenazas en la zona, ni de advertencias o probabilidades de un atentado contra el supermercado El Motilón —contiguo al taller del actor—; por tanto, no supo de circunstancias especiales que ameritaran una protección también especial en el lugar donde ocurrió la explosión.

Así, pues, se trató de un acto sorpresivo, planeado y ejecutado por los miembros del “UCELN”, razón por la cual, si bien los deberes de protección y vigilancia son irrenunciables y obligatorios para el Estado, ellos no implicaban que, en el presente caso, éste fuera omnisciente ni omnipresente para efectos de advertir el ataque del que se derivan los perjuicios que alega el actor y, por la misma razón, al no existir razonables indicios que indicaran el riesgo de un inminente atentado terrorista, tal hecho se convirtió en una situación imposible de detectar por la entidad demandada.

Desde luego, dado que ninguna de las pruebas arrimadas al proceso deja entrever que para la época de los hechos existían amenazas de un atentado terrorista y las circunstancias de orden público imperantes en la zona tampoco hacían presagiar uno como el ocurrido, es dable concluir que no se le puede imputar responsabilidad a la demandada, a título de falla en el servicio, en la medida en que no existe una acción u omisión suya que constituya la causa eficiente y determinante del daño.

Tampoco resulta comprometida la responsabilidad de la administración con fundamento en el régimen objetivo por daño especial, esto es, cuando la conducta desarrollada por la autoridad pública es lícita, regular y ajustada al ordenamiento jurídico, pero, sin embargo, causa un daño del cual surge la obligación de reparar los perjuicios (bajo el entendido de que se presenta un rompimiento del equilibrio entre las cargas públicas), pues, atendiendo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos, se tiene que no hubo una intervención o participación de la parte demandada y, por esta razón, los resultados nocivos de dicho accionar no se le pueden trasladar; al respecto, es importante anotar que el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas se caracteriza, precisamente, por ser el resultado colateral o residual de la actuación de la administración orientada a cumplir su finalidad del servicio público, lo cual no ocurrió en el presente asunto.

Las mismas consideraciones se predican en relación con el título de imputación de riesgo excepcional, escenario en el que, además, se requiere que el atentado haya sido dirigido contra una institución militar o policiva, un centro de comunicaciones o un funcionario representativo del Estado, supuesto que mucho menos sucedió en el sub examine. En suma, se trató de un caso aislado de extorsión atribuible al actuar exclusivo y determinante de un tercero y no, como lo entiende la parte actora, al Estado. Sobre el particular, esta corporación ha sostenido:

“En los términos de responsabilidad estatal, es bien es sabido que una de las causales eximentes de la misma es el acto exclusivo de un tercero, lo que convierte por tanto al autor de la actuación terrorista en una causa extraña y por ende un elemento de ruptura del nexo causal, tal y como acontece en el presente caso, pues, en efecto, el ataque … fue sorpresivo, imprevisto e inesperado tanto por las autoridades públicas, como por la comunidad en general. Es una situación que se escapa del control del Estado y por lo tanto no puede responder por ella”(8).

Por otra parte, en reciente jurisprudencia, esta corporación afirmó:

“…no puede considerarse responsable a las entidades demandadas, pues para que el hecho violento del tercero pueda ser imputable al Estado, en principio, se requiere que haya sido dirigido contra una institución militar o policiva, o un funcionario representativo del Estado, ya que bajo estas especiales circunstancias es que se genera la carga que el particular no tenía la obligación o el deber de soportar.

“En el presente caso, se reitera, de las pruebas que obran en el expediente no se puede determinar que existían amenazas previas relacionadas con un posible ataque terrorista en el lugar, y aún cuando se allegaron documentos que demuestran que en el municipio de Medellín la situación de orden público estaba alterada, ello no es prueba suficiente para considerar que las entidades demandadas tenían una obligación adicional de protección y seguridad con la ciudadanía, y menos aún, para derivar de allí responsabilidad de las mismas”(9).

Por consiguiente y como quiera que en casos similares se han negado las pretensiones de la demanda, esto es, en los eventos en los cuales el atentado perpetrado por un tercero no tiene un objetivo estatal específico (un bien o una persona representativa del Estado), se torna obligado confirmar la sentencia apelada.

3. Costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 5 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(2) Cuando se presentó la demanda (jun. 18/97), la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 13’460.000 (CCA, arts. 129 y 132, subrogados por el D. 597/88). En el presente asunto, la pretensión mayor asciende a $ 17’700.000, solicitados por concepto de perjuicios materiales —daño emergente— en favor del demandante.

(3) Folio 58, cdno. 1.

(4) Folio 54, cdno. 1.

(5) Al respecto consultar, entre otras, la sentencia de 5 de diciembre de 2006, expediente 28459.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, radicado 1997-08870 01, interno: 18536, actor: Eder Jiménez Sánchez y otros.

(7) Ejemplos referidos en la sentencia del 15 de noviembre de 2011, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, radicado 1995-00640, interno: 20118, actor: Luz Marina Flórez Vargas y otros.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de diciembre de 2004, expediente: 15.137, actor: Rosa Tulia Piñeros y otros, citada en sentencia del 28 de abril de 2005, radicado 1997-08423 01 (16175), actor: Alia Caballero de Nieto.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 13 de junio de 2013, radicado 1997 01432 (26011), actor: Ilveria Amparo Montes Aristizábal.