Sentencia 1997-13043/36220 de marzo 6 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Exp.: 36220

Rad.: 8001233100019971304301

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Domingo Rafael Ahumada y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Agricultura(1)

Acción: Reparación directa

Bogotá D. C., cinco de marzo de dos mil quince.

Extractos: « II. Consideraciones de la sala

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Jurisdicción y competencia.

Es esta jurisdicción la llamada a resolver la controversia, en atención al carácter público de la demandada(3).

La Sala es competente para resolver el caso sub lite en razón de la cuantía del asunto y su vocación de doble instancia, en consideración al monto de la pretensión mayor que en la época de presentación de la demanda ascendía a $ 107.435.042,28(4), superior a 500 salarios mínimos mensuales del año 1997(5).

1.2. Acción procedente.

En los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción procedente para deprecar en sede judicial la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la correspondiente reparación de perjuicios derivada de una omisión atribuible a la administración pública, es la de reparación directa, tal como fue promovida por los demandantes.

1.3. Legitimación en la causa.

1.3.1. De la parte activa.

Los demandantes acreditaron ser propietarios de predios en los municipios de Manatí, Campo de la Cruz, Candelaria y Santa Lucía, Atlántico, mediante los certificados de tradición que dan cuenta de que se trató de predios que les adjudicó el Incora. Algunos ostentan la propiedad total de las parcelas y otras están adjudicadas en común y proindiviso a varios ciudadanos, tal como pasa a relacionarse:

Propietario/arrendatario/ocupante
Municipio
Extensión(6)
Folio
Domingo Ahumada Villa
Manatí
13.880
60
Zaida Ballestas Zapata
Campo de la Cruz
36.223
69
Ana Cantillo Pino
Santa Lucía
16.675
77
Plutarco Cantillo de la Hoz
Manatí
105.003.500
86
Edith Castillo de Castilla
Manatí
10.000
94
Alfredo Charris Orozco
Manatí
12.175
100
Valentín Ditta Ahumada(7)
*(8)
*
106
Ana Escobar de Maza
Manatí
173.616
112
Claudio Fonseca Martínez
Campo de la Cruz
82.055
118
Silvia Fontalvo de la Hoz
Manatí
39.333
126
José Gómez Gazabón
Campo de la Cruz
161.127
132
William Guette Martínez
Campo de la Cruz
19.000
138
José Jiménez Villa
Manatí
27.750
144
Gerónimo López Jaramillo(9)
*
*
150
Georgina Marenco
Campo de la Cruz
62.200
156
Maximiliano Meriño M.
Campo de la Cruz
191.250
162
Eduardo Niebles Charris
Manatí
79.250
168
Perfecto Ocampo M.
Manatí
20.000
174
Fernando Oliveros Olivares
Manatí
64.400
180
Pedro Ospino Vega
Campo de la Cruz
167.000
187
Ángel Páez Escorcia
Campo de la Cruz
165.000
193
Yolanda Páez Reales(10)
Santa Lucía
20.000
201
Juana Parra de Cueto
Manatí
126.000
208
Atanasio Zapata Escobar(11)
*
*
279
Concepción Pulido
Campo de la Cruz
48.236
218
José Manuel Rodríguez
Candelaria
480
224
Víctor Rojano Escorcia(12)
*
10.000
230
Zunilda Rojano Caballero
Manatí
*
237
Juan Sanjuanelo Pulido
Campo de la Cruz
13.000
247
Ubaldino Sarabia Ayos
Campo de la Cruz
69.750
254
Maximiliano Tapias López
Campo de la Cruz
79.000
60
Roque Utria Tapia(13)
*
*
267
Ricardo Villa Olivo(14)
*
*
275
Rafael Ávila Maza
Campo de la Cruz
202.008.250
62
Héctor Cantillo Romero
Manatí
12.450
79
Erlinda Carrillo de González
Campo de la Cruz
50.000
88
Lidia Cera de San Juan
Manatí
80.000
96
Jesús de los Reyes Cervantes
Candelaria
2.880
102
Benjamín Domínguez Barraza
Manatí
73.750
108
Eduardo Farfán Arroyo
Santa Lucía
31.023
114
Jacinta Fonseca de Cantillo(15)
Campo de la Cruz
10.000
122
Juvenal González Páez
Campo de la Cruz
234.500
128
Alfonso Guerrero Guerrero
Manatí
58.000
134
José Jaramillo Arango
Campo de la Cruz
20.000
140
José Machacón Fontalvo
Manatí
66.500
150
Aristalia Medina Campo
Campo de la Cruz
119.250
158
Abimael Mosquera Tuesca
Manatí
73.000
164
Agustín Ocampo Machacón(16)
Manatí
20.000
170
Juan Olivares Padilla
Manatí
74.500
176
Sebastián Orozco Almanza
Campo de la Cruz
64.000
183
Anildo Pacheco Sanabria
Campo de la Cruz
154.250
189
José Páez García
Campo de la Cruz
4.566
196
Guillermo Parra Sarmiento
Manatí
131.000
204
Miguel Payares Jaramillo
Manatí
30.726
210
Pablo Peñaloza Valencia
Campo de la Cruz
53.720
214
Mariano Reales Villa
Campo de la Cruz
139.800
220
Pedro Rodríguez Medina
*
4.600
226
Miguel Rojano Guerrero
Campo de la Cruz
190.750
232
José Sanjuan Navarro
Manatí
148.000
239
Juan Sanjuanelo Valencia
Campo de la Cruz
380.000
249
Donaldo Sarabia Guette
Candelaria
5.480
256
Raquel Torrenegra
Manatí
*
263
Guillermo Valencia de la Hoz
Campo de la Cruz
3.500.000
269
María Zamora
Campo de la Cruz
80.000
276
Roberto Ballestas Amézquita
Campo de la Cruz
21.000
67
Luís Eduardo Caicedo Ortiz
Manatí
12.542
72
Miguel Cantillo Torregroza
Campo de la Cruz
51.114
83
Rosa Castilla Barraza*(17)
Santa Lucía
100.000
90
Jacinta Cueto Domínguez(18)
Manatí
10.000
98
Enrique José Ditta Ruiz(19)
*
*
104
Hercilia Escamilla
Campo de la Cruz
13.000
110
Claudio Fonseca Arrieta
Santa Lucía
241.000
116
Manuel Fonseca Ledeo
Campo de la Cruz
155.380
124
Pedro González Polo
Manatí
27.412
130
Elsa Guerrero de Cantillo
Manatí
80.996
136
Manuel Jaramillo Castilla(20)
*
*
142
Francisco Horta Sarmiento
Manatí
132.205
148
Manuel Martínez González
Campo de la Cruz
31.062
154
Juan Mercado Valencia
Campo de la Cruz
80.000
160
Miguel Murillo Aguilar
Manatí
37.328
166
Néstor Ocampo Suárez
Campo de la Cruz
51.720
172
Perfecto Olivero Niño
Manatí
*
178
Damaso Ortiz Castillo(21)
*
*
185
José Pacheco Cera
Manatí
60.000
191
Miguel Páez Escorcia(22)
Campo de la Cruz
112.750
199
José Parra Sarmiento
Manatí
78.000
206
Carmen Pérez de Reales
Campo de la Cruz
40.000
212
Iluminada Pino de Mosquera
Santa Lucía
72.500
216
Ángel Rodríguez Padilla
Candelaria
4.320
222
Porcalia Rodríguez
Campo de la Cruz
40.000
228
Víctor Rojano
Campo de la Cruz
139.800
234
Jaime Sanjuanelo Pulido
Campo de la Cruz
*
241
Gilberto Sarabia Salas
Campo de la Cruz
65.000
232
Rafael Torres Ruiz(23)
*
*
265
María Valle de Muñoz
Campo de la Cruz
*
273
Luís Solano Zárate
Manatí
*
258
Carmen Tulia Julio Cantillo
Manatí
31.760
144

De acuerdo con la información que antecede, los mencionados demandantes acreditaron ostentar derechos sobre predios ubicados en la zona de las presuntas inundaciones, en calidad de propietarios, ocupantes de hecho y arrendatarios, calidades que los legitiman para acudir como accionantes, con el fin de obtener la reparación de los daños que afirman haber sufrido esas propiedades y los cultivos que en ellas desarrollaban.

En cuanto a los señores Olimpo Caballero Cantillo, Jacinta Fonseca del Castillo(24) y Rosa Castilla Barraza(25), quienes no allegaron pruebas documentales sobre alguna de esas calidades o derechos sobre los predios presuntamente afectados, el Gerente Regional del Incora los incluyó en el listado de adjudicatarios de predios por parte de esa entidad, en el que señaló sus nombres y la extensión del predio de cada uno de ellos, de donde se colige que ostentan, al menos a título de ocupantes, heredades en el sector de la afectación. En consecuencia, también se les tiene como legítimos interesados en relación con los daños que pudieran sufrir los inmuebles que les fueron entregados por la referida entidad.

1.3.2. De la parte pasiva.

Está acreditado el legítimo interés que le asistía al extinto Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT, para acudir como demandado, ya que se le atribuyen fallas en la prestación de un servicio público, que según lo ha reconocido a lo largo del proceso estaba a su cargo. Como su sucesor procesal por ministerio de la ley, comparece la Nación, representada por el Ministerio de Agricultura.

1.4. La caducidad de la acción.

El ordenamiento jurídico prevé la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales. Si la acción judicial se ejerce por fuera del límite temporal previsto en la ley, el ciudadano pierde la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

En cuanto a las pretensiones que se ventilan a través de la acción de reparación directa, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dispone que esta debe promoverse en un término máximo de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente).

El presente caso se funda en la ocurrencia de unas inundaciones que entre los meses de julio y diciembre de 1995 afectaron la zona donde afirman están ubicados sus predios. Por su parte, la demanda fue promovida el 10 de octubre de 1997 (fl. 58, cdno. 1), de donde se colige que se presentó antes del vencimiento de los dos años siguientes a la fecha en que afirman se solucionó la anegación de sus predios y pudieron advertir las consecuencias lesivas que les generó.

No está probado, en consecuencia, que el término para el ejercicio de la acción estaba precluido en la época de presentación de la demanda.

2. Problema jurídico.

Para definir la controversia analizará la Sala, atendiendo lo planteado en la apelación que se decide, si hay evidencia de los daños antijurídicos cuya reparación pretenden los actores y, en caso afirmativo, si estos pueden o no imputarse a la demandada.

3. Análisis probatorio.

3.1. Del mérito probatorio de las evidencias allegadas en copia informal.

Antes de centrar la atención de la Sala en el análisis crítico de las evidencias aportadas, procede la precisión siguiente en relación con el mérito de las evidencias aportadas en copia informal al proceso.

Los documentos así aportados por los actores estuvieron a disposición de la demandada, quien ningún reparo formuló frente a estos, siendo claro que era la parte contra quien se adujeron quien podía controvertirlos si no correspondían con la realidad, máxime frente a aquellos que provinieron de la misma entidad. Como así no lo hizo, entiende la Sala que ninguna objeción le mereció su autenticidad.

Al respecto, la Sección Tercera de esta corporación en reciente fallo de unificación de jurisprudencia(26), decidió otorgar mérito probatorio a las copias informales, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no hubiere sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría la afectación del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y desconocería la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. En consecuencia, se dará mérito a las documentales aportadas en copia informal.

3.2. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente se encontraron demostrados los siguientes hechos relevantes para la decisión del problema jurídico:

3.2.1. El 13 de febrero de 1995, el Director Regional del INAT le remitió un oficio a los miembros de la Junta de Usuarios del municipio de Manatí, en el que, en respuesta a lo planteado por ello en comunicación de 30 de enero del mismo año(27), les manifestó que para la fecha del oficio, el Instituto había asumido la operación y mantenimiento de los canales del distrito de riego de Manatí. También indicó que construyó la estructura denominada Ahuyamal, “para que en épocas de verano se conduzca agua del embalse del Guájaro a los canales que topográficamente lo permitan”. Informó que las compuertas de ese distrito estaban a su cargo y que a partir del 1 de febrero de 1995 asignó la responsabilidad sobre estas al Jefe de Zona del Municipio de Santa Lucía. También indicó que entregaría el distrito de riesgo a los usuarios una vez conformen la junta necesaria para ello.

3.2.2. Se aportó al proceso una certificación suscrita por el Coordinador Administrativo y Financiero del INAT, en la que señala que a 31 de diciembre de 1999, los usuarios del distrito de riego de Manatí tenían una deuda con la entidad equivalente a $ 2.115.646.434,56 (fl. 329, cdno. 1). Adjuntó una relación de los usuarios morosos y la deuda de cada uno de ellos (fl. 330 y s.s., cdno. 1).

3.2.3. El 7 de septiembre de 2000 (fl. 331, cdno. 1), el Incora remitió un listado de los predios o parcelaciones que dijo haber entregado a algunos de los demandantes (fl. 331, cdno. 1), tal como se refirió al establecer la legitimación en la causa de la parte activa.

3.2.4. Testimoniales.

Se recibieron las declaraciones de los señores Álvaro Ignacio Luna Herrera (fl. 334, cdno. 1), José Fernando Gutiérrez Quintero (fl. 337, cdno. 1) y Nicolás Pombo de la Hoz (fl. 340, cdno. 1).

3.2.4.1. El señor Luna Herrera, funcionario del INAT, dio cuenta de que en el año 1995, las lluvias superaron la capacidad de evacuación con que contaban los canales de drenaje en el sur del Atlántico. Algunas zonas del lugar están por debajo del nivel del mar y antes de la construcción de los canales eran ciénagas; esas áreas son muy difíciles de drenar, son las primeras en inundarse y las últimas en secarse en época invernal.

Dijo que el Incora construyó el sistema principal de drenaje y que a los usuarios les correspondía construir drenajes prediales, lo que nunca hicieron, al tiempo que tampoco pagaron la tarifa del servicio que prestaba el instituto.

Dijo que el sistema de evacuación de las aguas fue alterado cuando el Incora entregó a algunos parceleros los embalses reguladores de descarga de la estación de bombeo de Boquitas, a lo que atribuyó en parte las inundaciones del sector, así como a la actuación de algunos parceleros quienes en verano obstaculizan los canales para que sirvan de abrevadero a los ganados; al llegar el invierno y no ser retirados los obstáculos, ocasionan desbordamiento de los canales.

Por otro lado, adujo, la entidad incrementó la capacidad de bombeo de esa estación a 7,7 metros cúbicos por segundo, alquiló tracto bombas con el fin de evacuar las aguas y realizó todo lo que estaba a su alcance para evitar las inundaciones, ya fuera mediante contratación de las obras necesarias o directamente con la maquinaria pesada que estaba a cargo de la entidad.

3.2.4.2. El señor Gutiérrez Quintero fungió como Director del INAT-Atlántico desde el año 1995 hasta 1998, tiempo durante el que afirmó se presentaron fuertes lluvias que eran evacuadas por los canales de drenaje del sur del departamento, para lo que se usaban unos equipos de bombeo. Agregó:

El mantenimiento de esos canales corría por cuenta del instituto, para lo cual la oficina central situaba los recursos solicitados para tal fin. El sistema de drenaje en la actualidad estaba diseñado para evacuar precipitaciones normales, en la época de 1995 se presentaron precipitaciones muy por encima de lo normal sobrepasando la capacidad del sistema de drenaje, claro está que esto se debió a situaciones momentáneas, las cuales eran controladas por el bombeo permanente y el mantenimiento periódico que se les daba por intermedio de las cooperativas 11 de junio, La Unión y Las Compuertas; además de esto, se hacían contrataciones con firmas especializadas para estas labores, dependiendo de los recursos asignados, en varias oportunidades fueron precarios y se acudían (sic) a la Gobernación del Atlántico, la cual colaboraba en la labor de mantenimiento preventivo. Una de las causas de estos desbordamientos además de las precipitaciones anormales de la época, se añadía que las dársenas reguladoras de lluvia, fueron invadidas y posteriormente legalizadas por el Incora a personal de la zona (…).

También refirió que las cooperativas mencionadas realizaban labores de mantenimiento a los canales y que el INAT les suministraba maquinaria, combustibles y repuestos necesarios para esa finalidad.

3.2.4.3. El señor Nicolás Pombo, también funcionario del INAT, dio cuenta de lo siguiente:

En el año 1995, hubo un invierno bastante fuerte, que se salió de los parámetros de diseño del Distrito de drenaje de Manatí y de Campo de la Cruz, las bombas trabajaron a su máxima capacidad todo el tiempo que fue necesario, pero estas bombas tienen una capacidad para la cual fueron diseñadas. Las bombas en un invierno normal o hasta cierta precipitación son capaces de desalojar toda el agua que cae en los canales por escorrentía y por los aguaceros, cuando el volumen que cae es superior al de diseño suelen comenzar las fallas.

Afirmó que el INAT realizaba el mantenimiento preventivo a los canales y puentes. Atribuyó a la parcelación que realizó el Incora la responsabilidad por las inundaciones, en la medida en que entregó predios de ciénagas a los parceleros, lo que causó desequilibrio ecológico en el sector.

Dijo que los usuarios tienen la obligación de limpiar los canales terciarios y parte de los secundarios, y como no lo hacen causan que las aguas queden retenidas, lo que agrava el problema en época invernal.

Sobre la labor realizada por la entidad añadió que “se tiene en cuenta una programación secuencial para que a todos los canales primarios y secundarios se les realice un mantenimiento periódico (…). El INAT cuenta con la maquinaria y el personal capacitado para estas labores”.

3.2.5. Se aportó reporte del Ideam sobre el volumen de precipitaciones en los meses de julio a octubre de 1995 (fl. 322, cdno. 1), que da cuenta del evidente incremento de las lluvias en esos meses, con respecto al mes de junio del mismo año.

4. Análisis de la Sala.

Para la Sala, en el presente caso no lograron acreditar los demandantes el daño antijurídico cuya reparación pretenden. Aunque afirmaron en la demanda que sus predios sufrieron inundaciones con la consecuencial pérdida de los cultivos que en ellos se desarrollaban, solo acreditaron ser titulares de algún derecho sobre inmuebles rurales ubicados en los municipios de Manatí, Candelaria, Santa Lucía y Campo de la Cruz, pero ninguna de las pruebas recaudadas da cuenta de que esos predios en particular hubieran sufrido daños con ocasión de las inundaciones que sirven de fundamento fáctico a la demanda.

No negó la demandada la ocurrencia del desbordamiento de los canales en el sector y así lo confirmaron los declarantes, funcionarios de la demandada, que dijeron les consta la veracidad del hecho dañino; sin embargo, no se acreditó que los predios que detentan los demandantes hubieran resultado afectados, ni la magnitud de la eventual afectación.

Tampoco allegaron pruebas al proceso sobre la presunta falla del servicio que pretenden atribuir al extinto INAT; por el contrario, las únicas evidencias recaudadas dan cuenta de la actuación del instituto relativa al mantenimiento de los canales, que afirman quienes allí laboraron, fue oportuno. En efecto, aunque se acreditó que era a la demandada a quien correspondía ejecutar ese mantenimiento, no se probaron las presuntas fallas en que se fundó la demanda.

No se pasa por alto que la imparcialidad de los testigos que declararon sobre estos hechos puede verse afectada por sus vínculos de dependencia laboral con la demandada; sin embargo, ninguna otra evidencia desvirtuó sus afirmaciones, ni demostró cosa distinta a la planteada por ellos. Por el contrario, aparecen confirmadas, en lo que respecta a las fuertes lluvias que se presentaron en la época, con la certificación sobre pluviometría remitida por el Ideam y por los mismos dichos de los demandantes que así lo reconocieron en la demanda.

Por otra parte, lo relativo a la no ejecución de los contratos de mantenimiento y la presunta intervención de la Contraloría General de la República, quedó procesalmente en el plano de las afirmaciones y ninguna evidencia se allegó sobre su ocurrencia y resultados.

Así las cosas, las pruebas aportadas no permiten concluir sobre el carácter cierto del daño alegado, ni sobre las presuntas omisiones de la demandada que los recurrentes le endilgan, razón por la cual habrá de confirmarse la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda.

Es claro para la Sala que correspondía a los demandantes la carga de demostrar los supuestos de hecho de la pretendida responsabilidad estatal en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, y no lo hicieron. Llama la atención, que aunque en la demanda se hace mención a unas presuntas inspecciones judiciales realizadas con presencia de expertos en la época de los acontecimientos, de cuyas conclusiones se citan apartes, estas evidencias no fueron aportadas por los demandantes, ni solicitaron su práctica, ni señalaron en qué proceso o trámite de prueba anticipada tuvieron lugar, con el fin de lograr su incorporación a este expediente.

Únicamente se advierte que presentaron una solicitud en el acápite de anexos de la demanda del siguiente tenor: “Ténganse como anexos los documentos aportados al proceso radicado con número 11900, que reposan en la Secretaría del Tribunal Administrativo y los siguientes anexos generales (…)”.

Esas documentales no fueron allegadas al expediente tal como lo advirtió el a quo, ni fueron decretadas en la providencia de 22 de mayo de 2000, por medio de la cual se abrió a pruebas el proceso (fl. 307, cdno. 1), hecho que ningún reparo le mereció a los actores quienes no recurrieron esa decisión.

Así como no se probaron los daños cuya reparación pretenden los actores, ni su carácter cierto, personal y determinado, ni la ocurrencia de una falla del servicio imputable a la demandada del que presuntamente derivaron, las pretensiones no podían prosperar como bien lo estimó el tribunal, por lo cual se confirmará lo decidido en primera instancia.

5. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria o de mala fe atribuible a los extremos procesales, como lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección B—, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia de 16 de enero de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la demanda.

2. Sin costas en la instancia.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE».

(1) El Decreto 1291 de 2003 suprimió y ordenó la liquidación del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT. En su artículo 18 dispuso: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural asumirá, una vez culminada la liquidación del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT en liquidación, la totalidad de los procesos judiciales y reclamaciones en que fuere parte dicha entidad, al igual que las obligaciones derivadas de estos. En consecuencia, se tiene como demandada a la Nación-Ministerio de Agricultura por virtud de la sucesión procesal ordenada en el acto de supresión.

(3). Código Contencioso Administrativo, artículo 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley.

(4) Valor actualizado de la pretensión mayor que ascendió a $ 74.828.100. Se actualizó conforme al IPC, entre la época de los hechos (octubre de 1995) y la época de presentación de la demanda (octubre de 1997).

(5) El recurso se presentó en vigencia de la Ley 446 de 1998 (fl. 390, cdno. 2, jun 16/2008).

(6) En metros.

(7) El Incora certificó que es ocupante de hecho de un predio denominado Sabanagrande de los Ríos.

(8) Sin información.

(9) El Incora certificó que es ocupante de hecho de un predio denominado Sabanagrande de los Ríos.

(10) Arrendataria hasta el año 1999 (fl. 202).

(11) El Incora certificó que es ocupante de hecho de un predio denominado Sabanagrande de los Ríos.

(12) El Incora certificó que es ocupante de hecho de un predio denominado Ponche.

(13) El Incora certificó que es ocupante de hecho de un predio denominado Sabanagrande de los Ríos.

(14) El Incora certificó que es ocupante de hecho de un predio denominado Sabanagrande de los Ríos.

(15) Acude como cónyuge sobreviviente del señor Gerardo Cantillo Ballestas. Defunción acreditada en el folio 120. No probó el vínculo matrimonial.

(16) El Incora certificó que es ocupante de hecho de un predio denominado Ponche.

(17) Acude como cónyuge sobreviviente del señor Julio Enrique Jaramillo Torres. Se probó el deceso del señor Jaramillo (fl. 90, cdno. 1), no así el vínculo matrimonial, del que solo se allegó partida eclesiástica (fl. 91, cdno. 1).

(18) El Incora certificó que es ocupante de hecho de un predio denominado Ponche.

(19) El Incora certificó que es ocupante de hecho de un predio denominado Sabanagrande de los Ríos.

(20) El Incora certificó que es ocupante de hecho de un predio denominado Sabanagrande de los Ríos.

(21) El Incora certificó que es ocupante de hecho de un predio denominado Sabanagrande de los Ríos.

(22) Arrendatario hasta el 31 de marzo de 1996 (fl. 198).

(23) El Incora certificó que es ocupante de hecho de un predio denominado Sabanagrande de los Ríos.

(24) No acreditó el vínculo matrimonial con el propietario inscrito del predio.

(25) No acreditó el vínculo matrimonial con el propietario inscrito del predio.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, M.P. Enrique Gil Botero.

(27) No reposa en el expediente la petición que dio lugar a la mencionada respuesta.