Sentencia 1997-13306 de enero 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Rad. 250002326000199713306 01

Expediente: 27.534

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Ref.: Apelación sentencia – Reparación directa

Actor: Hernando Castellanos Tarazona y otros

Demandado: Instituto Nacional de Salud y otros

Bogotá, D.C., veintinueve de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia proferida el 26 de febrero de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, comoquiera que la demanda se presentó el 12 de diciembre de 1996 y la pretensión mayor se estimó en lo sumo de $190.000.000, por concepto de lucro cesante a favor de los padres de la víctima directa, la cual supero el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directo tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $13.460.000(19).

2.1.2. La caducidad de la acción impetrada.

Para garantizar la seguridad jurídico de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinados acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

Esa figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probado, debe ser declarada de oficio por el juez.

El Código Contencioso Administrativo, en el artículo 136, numeral 8º, dispone sobre el término para intentar la acción de reparación directa, lo siguiente:

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrido lo ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajeno por causo de trabajo público o por cualquier otra causa” (negrillas adicionales).

La ley consagra entonces un término de dos (2) años, contados desde el día siguiente al acaecimiento del hecho u omisión que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de lo acción.

Sobre el momento a partir del cual debe contabilizarse el término de caducidad, la Sala, en reiterada jurisprudencia(20), se ha pronunciado en los siguientes términos:

Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios solo surge a partir del momento en que estos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia de hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria.

Para la solución de los casos s difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquellos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hecho s sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción de tal manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no omita por razones formales la reparación de los daños que la merecen”(21)

“Debe agregarse a lo anterior que, el hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, ya que en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción o caducaría jamás. Así lo indicó la Sala en sentencia del 18 de octubre de 2000:

Debe advertirse, por otra parte, que el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho y no desde la cesación de sus efectos perjudiciales, como parecen entenderlo el a quo y la representante del Ministerio Público. Así, el hecho de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación no puede evitar que el término de caducidad comience a correr. Si ello fuera así, en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo advirtió esta Sala en sentencia del 26 de abril de 1984, en la que se expresó, además, que la acción nace cuando este se actualiza o se concreta, y cesa cuando vence el término indicado en la ley, aunque todavía subsistan efectos”(22) (negritas y subrayas adicionales).

En cuanto o la caducidad de lo acción de reparación directa, cuando esta se fundamenta en el daño producido por una omisión de la administración, esta sección del Consejo de Estado ha precisado:

“En relación con las omisiones, el término de caducidad de la acción debe contarse desde el momento en que se incumpla la obligación legal, siempre que ese incumplimiento coincida con la producción del daño, pues en caso contrario, el término de caducidad deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctico del mismo, ya que esta es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria.

Aunque la omisión se mantenga en el tiempo o el daño sea permanente, dicho término no se extiende de manera indeterminada porque la misma ley ha previsto que el término de caducidad es de dos años contados a partir de la omisión”(23) (negrillas adicionales).

En un caso similar al que ocupa hoy la atención de la Sala, en el cual se imputó la responsabilidad al Estado por los contaminaciones del virus del VIH Sida por trasfusiones de sangre realizadas en la Clínica Palermo, la cual era proveniente del laboratorio del señor Jorge Alvarado Domínguez, se tiene que mediante sentencia proferida el 29 de enero de 2004, expediente 18.273(24), esta Sala del Consejo de Estado manifestó:

(…) Está demostrado que la señora Mery Teresa Colmenares Tovar recibió una transfusión sanguínea en la Clínica Palermo de Bogotá, el 6 de octubre de 1989. Se expresa en la demanda que, como consecuencia de dicho procedimiento, se produjo el daño del cual se derivan los perjuicios cuya indemnización se reclama, en cuanto resultó contaminada con el virus de inmunodeficiencia humana VIH. A partir de esta fecha, entonces, tendría que contarse, en principio, el término de caducidad de la acción de reparación directa formulada, que, conforme al artículo 136 del Decreto 1 de 1984, modificado por el Decreto 2304 de 1989, era de dos años ‘contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa (...).

No obstante, esta corporación ha expresado, en diferentes ocasiones, que si bien el término de caducidad empieza a correr a partir de lo ocurrencia del hecho o lo omisión, cuando no puede conocerse, en el mismo momento, cuáles son las consecuencias de estos, debe tenerse en cuenta la fecha en la que se determina que el perjuicio de que se trata es irreversible y el paciente tiene conocimiento de ello(25). Con mayor razón, entonces debe entenderse que el término de la caducidad no puede comenzar a contarse desde una fecha anterior a aquella en que el daño ha sido efectivamente advertido.

(...)

“Está acreditado, además, que la señora Colmenares Tovar se practicó la prueba respectiva el 8 de septiembre de 1993 (prueba 1.4.) —esto es, pocos días después de la publicación de la noticia—, y que su resultado —‘positivo para VIH’— le fue comunicado el día 13 siguiente. De ello puede inferirse que, efectivamente, como se expresa en la demanda, fue en razón de la publicación de prensa que la señora Colmenares pensó que ella podía ser una de las personas afectadas y practicarse prueba.

Se concluye, así, que la citada señora solo tuvo conocimiento de su enfermedad en la última fecha indicada, a partir de la cual comenzó a correr el término de caducidad de la acción. Por la misma razón, no cabe duda de que dicho fenómeno no operó en relación con la acción formulada mediante la demanda presentada el 18 de abril del año 1995, con la cual se dio inicio al presente proceso” (negrillas y subrayas fuera del texto original).

Ahora bien, observa la Sala que en el libelo introductorio la parte actora enunció el hecho dañoso respecto del cual pretende la declaratoria de responsabilidad del Estado y la consecuencial condena, de la siguiente forma:

“(…) se les declare responsables solidariamente de los prejuicios de todo orden (materiales y morales), originados con motivo de la contaminación con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), de que fuera víctima el señor Nelson Eduardo Castellanos, quien falleciera el 14 de diciembre de 1994”(26).

De la lectura de la anterior causa petendi introducida por la parte actora, la Sala identifica claramente el daño antijurídico respecto del cual solicita la declaratoria de responsabilidad de las entidades públicas demandadas, esto es, el contagio con sangre infectada de VIH por el señor Nelson Eduardo Castellanos Tarazona (sic), lo cual finalmente le produjo su muerte.

Ahora bien, para acreditar la existencia de dicho daño antijurídico y el conocimiento del mismo por parte de los demandantes se allegaron al proceso los siguientes elementos de convicción:

- Resumen de la historia clínica del señor Nelson Eduardo Castellanos Sarmiento, remitido por el Instituto de Seguros Sociales de Bogotá, en el cual se consignó la siguiente información:

“Fecha: 29-09-94.

Paciente de 23 años de edad, quien hace aproximadamente 4 años tiene la infección por VIH, adquirida en forma transfusional en la Clínica Palermo, pertenece al programa (ETS/VIH desde julio de 1993), está diagnosticado en el grupo IV, su condición física Es +- estable. (...). El paciente ha realizado dos crisis de trastorno bipolar fase maniaca y 1 depresiva, actualmente tratado por psiquiatría, hizo una crisis ansiosa con síndrome convulsivo del cual está controlado actualmente”(27).

De igual manera, en el resumen de historia clínica de la atención recibida en lo Clínica Monserrat de la ciudad de Bogotá, se manifestó lo siguiente:

Fecha de ingreso: 13 julio 94. Fecha de egreso: 5 de agosto de 1994.

Antecedentes: Hace más de dos años infectado con virus VIH Sida por transfusión. Fractura pierna derecha. (…) Mala condición general, hidratado, afebril [ilegible](28).

También se encuentra la historia clínica de urgencias de la atención brindada en la Clínica Palermo de Bogotá el día 26 de febrero de 1990, en la cual se manifestó lo siguiente:

Fecha de ingreso: 26 de febrero de 1990, 11:00 p.m.

Diagnóstico de ingreso: Fractura fémur derecho.

Enfermedad actual: Fue atropellado por automotor en marcha, trauma en cara y miembro inferior derecho.

(…)

“Medicamentos administrados: (…). Unidades de sangre o derivados: 500 mm de sangre total grupo ‘A’ Rh positivo – glóbulos rojos”(29).

De otra parte, se encuentra el oficio 159 de fecha 14 de septiembre de 1993 suscrito por la directora general de la Clínica Palermo de Bogotá, mediante el cual manifiesta lo siguiente:

Comedidamente me permito enviarle el listado de las personas posiblemente contaminadas por varios donantes del banco de sangre Alvarado Domínguez y cuyos números de cédulas aparecen a continuación:

(...)

“10. Nelson Eduardo Castellanos. Glóbulos rojos 28 de febrero de 1990, SNC: 17112. Médico tratante: Dr. Arturo Corchuelo”(30).

Con fundamento en lo anterior, forzoso resulta concluir que si bien el contagio con el virus del VIH Sida por porte del señor Nelson Eduardo Castellanos Sarmiento se produjo el 28 de febrero de 1990, luego de que recibiera una trasfusión sanguínea en la Clínica Palermo de Bogotá, lo cierto es que solo a partir del mes de julio de 1993, el referido paciente tuvo pleno conocimiento del contagio con dicho virus, pues se encontraba recibiendo atención médica para dicha patología en el “programa para ETS/VIH” del Instituto de Seguros Sociales.

En consecuencia, la reclamación judicial respecto del contagio con VIH Sida sufrido por lo aludida victima directa debió formularse dentro del término de dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, contados o partir del mes de julio de 1993 y, comoquiera que la demanda fue presentada el 12 de diciembre de 1996, la conclusión no puede ser otra sino que lo pretensión respecto de tal hecho dañoso se encuentra caducada.

Ahora bien, lo Sala estima necesario precisar que la muerte del señor Castellanos Sarmiento no es un nuevo hecho dañoso diferente al primero, puesto que su óbito se produjo como consecuencia del contagio del virus del VIH Sida, razón por la cual ha de concluir la Sala que el hecho generador del daño se consolidó o se concretó el día en que se le realizó lo transfusión con sangre contaminada con el aludido virus —28 de febrero de 1990—; cuestión diferente es que, tal y como se dejó indicado anteriormente, a partir de los elementos probatorios relacionados se puede inferir que solo desde el mes de julio de 1993, tanto la víctima directa como sus familiares (hoy demandantes), tuvieron conocimiento de dicho contagio y, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 12 de diciembre de 1996, resulta evidente que fue interpuesta cuando el término previsto en la ley para ello había fenecido.

Ciertamente, dicho hecho luctuoso solo fue la consecuencia directo de la contaminación con la aludida enfermedad mortal, por manera que el hecho de que los efectos del daño (contaminación con VIH) se extiendan indefinidamente después de su consolidación, ello no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, pues de conformidad con las directrices jurisprudenciales antes transcritas, el término de caducidad debe comenzar su cómputo una vez se tenga conocimiento del hecho dañoso, el cual para el presente asunto —bueno es insistir en ello—, acaeció en el mes de julio de 1993(31).

Por consiguiente, todas las razones anteriormente expuestas servirán de apoyo para revocar la sentencio apelada y, en consecuencia, declarar probada la caducidad de la acción.

2.3. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 26 de febrero de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercero, Sala de Descongestión, y en su lugar se dispone:

DECLARAR probada la caducidad de lo presente acción. En consecuencia, NEGAR las súplicas de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. En firme este folio DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cumpláse».

19 Decreto 597 de 1988. 

20 Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 7 de julio de 2005, Expediente 14.691 y del 5 de septiembre del 2006, Expediente 14228, ambos con ponencia del Consejero, doctor Alier Hernández Enríquez, entre muchos otros. 

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de septiembre de 2000, Expediente 13.126. 

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de octubre de 2000, Radicación: 12.228, demandante: Gerardo Pinzón Molano. 

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2004, Expediente 25.854, M.P. Ricardo Hoyos Duque. 

24 Consejero Ponente: Aliér E. Hernández Enríquez. 

25 Cfr., entre otras, sentencias de la Sección Tercera, del 26 de abril de 1984, Expediente 3393, y del 29 de junio de 2000, Expediente 11.676. 

26 Folio 13, cuaderno 1. 

27 Folio 57, cuaderno 2. 

28 Folio 54, cuaderno 2. 

29 Folios 20 a 26, cuaderno 2. 

30 Folio 11, cuaderno 2. 

31 En similares términos a los descritos en esta sentencia consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2012, Expediente 24.680. En aquello oportunidad la Sala declaró la caducidad de la acción interpuesta en un caso similar al presente, en el cual se discutía la responsabilidad del Estado por lo contaminación de una persona con el virus del VIH Sida, para lo cual también se tuvo en cuenta como fecha de inicio del termino de caducidad el momento a partir del cual se tuvo conocimiento efectivo de dicho daño.