Sentencia 1997-13382 de abril 3 de 2013

 

Sentencia 1997-13382 de abril 3 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Expediente: 25000-23-26-000-1997-13382-01 (25.671)

Actor: Wilson Alfonso Piñeros y otros

Demandada: Nación - Ministerio del Medio Ambiente y otros

Acción: Reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Bogotá, D.C., tres de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 9 de julio de 2003, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la demanda se presentó el 19 de diciembre de 1996(26) y la pretensión mayor se estimó en cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000), por concepto de perjuicios materiales, mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 13.460.000(27).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 01 de 1984(28), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se demanda se origina en las lesiones sufridas por el señor Israel Antonio Alfonso Piñeros, así como la destrucción del vehículo de propiedad del señor Wilson Alfonso Piñeros, en hechos ocurridos el 7 de diciembre de 1995 y, como quiera que la demanda se interpuso el 19 de diciembre de 1996, resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.

3. El objeto del recurso de apelación.

Previo a abordar el análisis de fondo resulta necesario señalar que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora está encaminado a que se adicione la condena impuesta en primera instancia, cuestionando en concreto un único aspecto: Que para el reconocimiento de la indemnización por concepto de daño emergente, el tribunal a quo no tuvo en cuenta la certificación expedida por Europintar Sasei S.A., obrante a folio 27, por valor de $ 2.302.000, y la cotización expedida por Servicamper, con sello de cancelado, por valor de $ 10.110.890, obrante a folios 29 y 30.

Lo anterior obliga a destacar que el recurso que promueve el apelante único, cuya situación no puede desmejorarse en virtud del principio constitucional de la no reformatio in pejus, se encuentra limitado al tema indicado, consideración que cobra mayor significado en el sub lite si se tiene presente que la ocurrencia del hecho dañoso, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedió, así como la imputación de responsabilidad patrimonial no fueron controvertidas por la parte recurrente ni por la demandada, quien guardó silencio ante la sentencia condenatoria, de manera que ninguna precisión efectuará la Sala en relación con el régimen de responsabilidad, el daño antijurídico y la legitimación en la causa por activa, de manera que los referidos son puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión que profirió el tribunal a quo(29).

Igualmente, debe señalar la Sala que la solicitud de adición de la sentencia apelada, en lo relacionado con el reconocimiento de perjuicios morales, realizada en el memorial de alegatos de conclusión en segunda instancia, resulta abiertamente extemporánea para los efectos del recurso de apelación, de manera que sobre tal petición no hay lugar a emitir pronunciamiento alguno en esta instancia, pues, como ya se dijo, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

4. El reconocimiento de perjuicios cuestionado por la parte demandada.

Como se señaló al inicio de esta providencia, el a quo ordenó, en su momento, la indemnización de perjuicios en la modalidad de daño emergente en la suma de $ 2.173.188(30), y a título de lucro cesante, la suma de $ 171.682(31), para un total de $ 2.344.870.

Con respecto al daño emergente, señaló el tribunal que los demandantes solo allegaron algunos documentos, tales como cotizaciones por concepto de repuestos y mano de obra, pero sin que apareciera constancia efectiva del pago realizado por la reparación del automotor y los trabajos que le realizaron, situación que permitía valorar, únicamente, la factura de venta 0315 en la suma de $ 920.882, por concepto de repuestos mecánicos, documento que, además, había sido objeto de reconocimiento por parte del señor Ramiro Castillo, quien constató la veracidad de lo consignado en dicha factura.

Como ya se dijo, la parte demandante en su recurso manifestó su desacuerdo con el fallo, al señalar que para el reconocimiento de la indemnización por concepto de daño emergente, el tribunal a quo no tuvo en cuenta la certificación expedida por Europintar Sasei S.A., obrante a folio 27, por valor de $ 2.302.000, y la cotización expedida por Servicamper, con sello de cancelado, por valor de $ 10.110.890, obrante a folios 29 y 30.

Ahora bien, al analizar los documentos señalados por la parte recurrente, encuentra la Sala que, en efecto, con ellos resulta acreditado el pago de unas sumas de dinero, por concepto de reparaciones efectuadas al vehículo Mazda 626 identificado con las placas BFI-430, tal como pasa a verse a continuación.

A folio 27 del cuaderno de pruebas obra, en original, la certificación expedida por la empresa Europintar Sasei S.A., en los siguientes términos:

“Santafé de Bogotá, octubre 24 de 1996

Señor

Wilson Alfonso Piñeros

Ciudad

La presente certificación es por concepto de la reparación efectuada en marzo de 1996, al vehículo según el siguiente detalle:

Marca: Mazda 626L Asahi

Placa: BFI-430

Modelo: 1985

Color: Blanco cristal

Mano de obra:

Mecánica: $ 300.000

Latonería: $ 1.092.000

Pintura: $ 550.000

Electricidad: $ 230.000

Vidrios: $ 80.000

Tapicería: $ 50.000

Total mano de obra: $ 2.302.000

Son: Dos millones trescientos doc (sic) mil pesos m/cte.

Cordialmente,

Danilo Castaño Giraldo

Gerente” (Se destaca)

Como puede apreciarse, el contenido de este documento privado da fe de los gastos ocasionados con la reparación del mencionado automotor, realizada en el mes de marzo de 1996, aserto que, además, encuentra confirmación en lo expresado ante el a quo por el señor Danilo Castaño Giraldo, quien en diligencia de testimonio, al ponérsele de presente la anterior certificación, manifestó(32):

“Reconozco la hoja, pero la firma no es mía, debo aclarar que el nombre que está en el documento es el mío posiblemente es del jefe de taller en ese momento que era el señor Jairo Castro, también reconozco que un vehículo de esas características fue reparado en mi taller por el señor Piñeros...”

Así mismo, a folios 29 y 30 del cuaderno de pruebas, obra en original un documento que detalla una cotización fechada el 15 de abril de 1996, dirigida al señor Wilson Alfonso Piñeros, respecto de la reparación de un vehículo Mazda 626L, identificado con placas BFI-430, en la cual se totaliza un valor de $ 10.110.890 por concepto de repuestos.

Si bien el a quo estimó que este documento tenía el carácter de una cotización, lo cierto es que en él aparecen estampados dos sellos, uno con la leyenda “cancelado” y otro con el logotipo de Servicamper que incluye su dirección y teléfono, debidamente rubricado, lo que en aplicación del principio de buena fe permite que la Sala encuentre que el valor señalado fue efectivamente “cancelado” o pagado, pues no otra explicación se desprende del sello al que se ha hecho alusión, aunado a que la parte demandada no controvirtió esta prueba.

En atención a estas conclusiones, la Sala accederá a la pretensión de la parte actora, para modificar el fallo apelado en el sentido de incluir dentro de la indemnización de perjuicios reconocida en la modalidad de daño emergente, las sumas de dinero que se encuentran soportadas en los documentos materia de análisis en esta instancia, valores que serán debidamente actualizados con aplicación del índice de precios al consumidor.

De igual manera, es del caso señalar que si bien la liquidación relativa al lucro cesante consolidado no fue controvertida en el recurso de apelación que hoy se desata, por hacer parte integrante del reconocimiento global del citado perjuicio material, se procederá únicamente a su actualización monetaria, con aplicación del índice de precios al consumidor, operación que igualmente se replicará respecto del único valor que reconoció el a quo a título de daño emergente.

5. Liquidación de perjuicios.

Para la mencionada actualización se tendrá en cuenta el IPC certificado por el DANE, generado con la metodología base 2.008, por ser la aplicable a la fecha y contener el ajuste de los índices de precios al consumidor hacia el pasado, cobijando la fecha desde la cual se indexó la liquidación inicial.

5.1. Actualización del daño emergente reconocido en primera instancia.

La fórmula aplicable es la siguiente:

Ra = Rh x Índice final

Índice inicial

En donde:

Ra: Renta actualizada a establecer;

Rh: Renta histórica que se va a actualizar: 920.882, según la factura de venta Nº 0315, obrante a folio 40 del cuaderno de pruebas.

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el correspondiente a la fecha en que se realiza la actualización: 112.65

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente a la fecha que tuvo en cuenta el a quo para realizar la actualización: (ene. 1996) 32.02

Reemplazando tenemos:

Ra = 920.882 x 112.65

32.02

Ra = $ 3.239.767

5.2. Actualización del lucro cesante reconocido en primera instancia.

La fórmula aplicable es la siguiente:

Ra = Rh x Índice final

Índice inicial

En donde:

Ra: Renta actualizada a establecer;

Rh: Renta histórica que se va a actualizar: 71.062,50, correspondiente a 15 días de incapacidad para el año 1995.

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el correspondiente a la fecha en que se realiza la actualización: 112.65

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente a la fecha que tuvo en cuenta el a quo para realizar la actualización: (dic. 1995) 31.24

Reemplazando tenemos:

Ra = 71.062,50 x 112.65

31.24

Ra = $ 256.248

5.3. Actualización del daño emergente reconocido en segunda instancia

La fórmula aplicable es la siguiente:

Ra = Rh x Índice final

Índice inicial

En donde:

Ra: Renta actualizada a establecer;

Rh: Renta histórica que se va a actualizar: 2.302.000, segúncertificación expedida por la empresa Europintar Sasei S.A., obrante a folio 27 del cuaderno de pruebas.

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el correspondiente a la fecha en que se realiza la actualización: 112.65

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente a la fecha del documento con el que se certificó el pago: (oct. 1996) 37.42

Reemplazando tenemos:

Ra = 2.302.000 x 112.65

37.42

Ra = $ 6.929.992

Respecto del segundo valor a reconocer en esta instancia se aplica la misma fórmula, en donde:

Ra: Renta actualizada a establecer;

Rh: Renta histórica que se va a actualizar: 10.110.890, según documento emitido por Servicamper, obrante a folios 29 y 30 del cuaderno de pruebas,

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el correspondiente a la fecha en que se realiza la actualización: 112.65

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente a la fecha del documento con el que se acreditó el pago: (abr. 1996) 34.68

Reemplazando tenemos:

Ra = 10.110.890 x 112.65

34.68

Ra = $ 32.842.899

Resumen de liquidación

Daño emergente
$ 3.239.767
$ 6.929.992
$ 32.842.899
Lucro cesante$ 256.248

Total

$ 43.268.906

6. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, esto es, la proferida el 9 de julio de 2003, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, numeral que quedará así:

“Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a la Corporación Autónoma Regional del Guavio, a reconocer y pagar al señor Israel Antonio Alfonso Piñeros, la suma de cuarenta y tres millones doscientos sesenta y ocho mil novecientos seis pesos ($ 43.268.906), por concepto de los perjuicios materiales que se le ocasionaron”.

2. CONFIRMAR la sentencia recurrida en sus demás partes.

3. Sin costas.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

5. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

(26) Folio 11 del cuaderno principal 1.

(27) Decreto 597 de 1988.

(28) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(29) Este criterio fue expuesto por la Sala en sentencia de 26 de enero de 2011, Exp. 20.955, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y reiterado en sentencias de 11 de abril de 2012, Exp. 27.106, y de 9 de mayo de 2012, Exps. 23.631 y 23.770, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(30) Valor que obtuvo al indexar la suma de $ 920.882, por concepto de repuestos mecánicos, según la factura de venta Nº 0315, obrante a folio 40 del cuaderno de pruebas.

(31) Para lo cual tuvo en cuenta la incapacidad de 15 días, dictaminada al lesionado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como el salario mínimo legal diario vigente para el año 1995, que ascendía a la suma de $ 4.737,50, lo que arrojó un total de$ 71.062,50. La indexación se calculó a la fecha de la sentencia de primera instancia.

(32) Folios 397 y 398 del cuaderno de pruebas.