Sentencia 1997-13393 de marzo 12 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Proceso Nº: 680012315000199713393 01

Interno Nº: 31.404.

Consejero Ponente (E):

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Luz Dary Niño Villaveces y otros.

Demandado: Nación - Fiscalía General y el Municipio de Bucaramanga.

Referencia: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., doce de marzo de dos mil quince.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia que profirió la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, el día 31 de diciembre de 2004, mediante la cual se efectuaron las siguientes declaraciones y condenas:

“Primero: DECLÁRASE administrativamente responsables, y de modo solidario, a la Fiscalía General de la Nación y al Municipio de Bucaramanga por la muerte de la señora Blanca Villaveces.

Segundo: CONDÉNASE de modo solidario a la Fiscalía General de la Nación y al Municipio de Bucaramanga, a pagar los perjuicios morales ocasionados como consecuencia de la muerte de la señora Blanca Villaveces, así:

Para Luz Dary Niño Villaveces la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Para Edgar Alfonso Niño Villaveces la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Para Carlos Alberto Niño la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Tercero. CONDÉNASE de modo solidario a la Fiscalía General de la Nación y al Municipio de Bucaramanga, a pagar a Luz Dary Niño Villaveces, Edgar Alfonso Niño Villaveces y Carlos Alberto Niño Villaveces por concepto de daño emergente la suma de un millón ocho mil pesos ($ 1.008.000), que deberá ser actualizada de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda (…)”(1)

I. Antecedentes

1. La demanda.

El día 30 de octubre de 1997, por intermedio de apoderado judicial, los señores Luz Dary Niño Villaveces, Edgar Alfonso Niño Villaveces y Carlos Alberto Niño Villaveces interpusieron demanda(2) en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General y el Municipio de Bucaramanga, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales sufridos como consecuencia de la muerte de la señora Blanca Villaveces, en hechos acaecidos el día 1 de agosto de 1997.

Como consecuencia de la anterior declaración, la parte actora solicitó que se condene a las entidades demandadas a pagar, por concepto de daños morales, el equivalente a 3000 gramos de oro para cada uno de los demandantes.

Igualmente se solicitó la suma de $ 2’550.000 a favor de los señores Luz Dary Niño Villaveces, Edgar Alfonso Niño Villaveces y Carlos Alberto Niño Villaveces, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente; y por lucro cesante pidió la suma de $ 24’000.000 a favor del señor Edgar Alfonso Niño Villaveces.

2. Como fundamentos fácticos de la demanda, la parte actora narró que el día 1º de agosto de 1997, aproximadamente a las 3 de la tarde, frente al supermercado de “Cotracolta” la señora Blanca Villaveces fue atropellada mientras cruzaba la calle por una motocicleta de placas AAE 17 de propiedad del Municipio de Bucaramanga, que estaba al servicio de la Fiscalía General de la Nación, cuyo conductor se desempeñaba como funcionario del cuerpo técnico de investigaciones de esa entidad.

Afirmó que la señora Blanca Villaveces murió como consecuencia del accidente de tránsito dado que el golpe que con el accidente sufrió le ocasionó un shock neurogénico, edema y hemorragia cerebral y un trauma cráneo encefálico severo(3).

3.La demanda se admitió por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, a través de providencia fechada en febrero 4 de 1998, decisión que se notificó a las entidades públicas demandadas en debida forma(4).

4. La contestación de la demanda.

4.1. La Nación – Fiscalía General contestó la demanda y sostuvo que la indemnización por daños causados por parte de la administración tiene su fundamento en un actuar y accionar ilícitos; que la responsabilidad de la administración y la del funcionario tiene que deslindarse y que debe existir un nexo causal entre el daño ocasionado por el funcionario y la entidad pública a la que se le atribuye responsabilidad.

Precisó que para solicitar el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, el daño debe estar plenamente demostrado, así como que debe existir una sentencia ejecutoriada en la cual se indique la entidad que ocasionó el perjuicio y el nexo de causalidad que exista entre esta y el sujeto que ocasionó el daño.

Indicó que en el presente asunto no es posible endilgar algún tipo de responsabilidad a la administración pues no existió la culpa que trata el artículo 90 de la Constitución Política(5).

4.2. El Municipio de Bucaramanga contestó la demanda en forma extemporánea(6).

5. Los alegatos de conclusión en primera instancia.

Solo la Fiscalía General de la Nación intervino en esta oportunidad procesal y reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda(7).

6. La sentencia apelada.

La Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar profirió sentencia el día 31 de diciembre de 2004 y declaró la responsabilidad solidaria de la Nación – Fiscalía General de la Nación y el Municipio de Bucaramanga.

Para arribar a la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de primera instancia señaló que el presente asunto se enmarca dentro del concepto de responsabilidad objetiva por el riesgo creado por la conducción de vehículos en este caso uno que se hallaba a disposición de la administración.

Precisó en el proceso se demostró que la señora Blanca Villaveces fue colisionada por la motocicleta de placas AAE 17 cuando intentaba cruzar la calzada de la calle 36 dirección occidente a oriente, frente al centro comercial “Cootracolta”; que el accidente tuvo lugar el día 1ºde agosto de 1997, sobre las tres de la tarde; que el conductor de la motocicleta laboraba para el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Indicó que en cuanto el nexo de causalidad que la motocicleta que colisionó con la víctima directa del daño, fue adquirida por el Municipio de Bucaramanga; sin embargo, en el expediente obra un oficio suscrito por la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual admitió que recibió la motocicleta de parte del Municipio de Bucaramanga, razón por la cual concluyó que el hecho dañoso fue cometido con un vehículo a cargo de la administración, de lo cual se infiere la responsabilidad por parte de la administración, en ese sentido debía responder solidariamente por el daño ocasionado a los demandantes tanto la Fiscalía General de la Nación y el Municipio de Bucaramanga(8).

7. Los recursos de apelación.

7.1. La Fiscalía General de la Nación, presentó recurso de apelación y solicitó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo a quo sea revocada en su totalidad, pues la investigación penal que se inició como consecuencia del lamentable fallecimiento de la señora Blanca Villaveces fue precluida dado que se consideró que existió un caso fortuito como causa determinante del deceso.

Sostuvo que ese mismo reconocimiento es decir la presencia de un caso fortuito debe efectuarse en el presente asunto, por cuanto es reconocido por la Jurisprudencia del Consejo de Estado y la doctrina que el caso fortuito constituye una causal de exoneración de responsabilidad, incluso tratándose de responsabilidad objetiva como la derivada de actividades peligrosas.

Resaltó que la muerte de la señora Blanca Villaveces no es imputable a las entidades demandadas dado que esta obedeció a hechos ajenos a ellas(9).

7.2. El Municipio de Bucaramanga también interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia, oportunidad en la cual señaló que la causa de la acción por la cual la señora Blanca Villaveces falleció, no se derivó de un hecho, omisión u operación por parte de esa entidad pública demandada, por cuanto la motocicleta con la cual se ocasionó el accidente, dependía directamente de la Fiscalía General de la Nación.

Explicó que la motocicleta al momento del accidente era conducida por el señor Harvey Rodríguez, quien estaba vinculado laboralmente a la Fiscalía General de la Nación; que la motocicleta estaba asignada al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la misma entidad y no a nombre del Municipio de Bucaramanga.

Resaltó que en el caso hipotético de haberse presentado falla en el servicio fue la Fiscalía General de la Nación, pues esa tenía a su cargo la motocicleta con la cual se ocasionó el siniestro y, además, era conducida por un agente suyo y no del Municipio de Bucaramanga, razón por la cual la entidad que debía responder por los daños causados a los demandantes era la Fiscalía General de la Nación y no el Municipio de Bucaramanga(10).

8. Los alegatos de conclusión en segunda instancia.

8.1. Tanto la parte actora como el Municipio de Bucaramanga no intervinieron en esta etapa del proceso.

8.2. La Fiscalía General de la Nación señaló que para que sea declarada la responsabilidad de la Nación se debía demostrar la existencia de una falla en el servicio y que esta sea de tal magnitud que teniendo en cuenta las circunstancias en que debe prestarse el servicio, la conducta de la administración sea considerada como anormalmente deficiente.

Resaltó que dentro del texto de la demanda, no se apreciaba un extremo de particular importancia, para que se despacharan favorablemente las pretensiones de la demanda, dado que la Fiscalía General de la Nación se apegó a las normas legales y vigentes, razón por la cual no es viable predicar hechos y omisiones que pudieran constituir faltas o fallas en el servicio de la administración de justicia, por lo que mal podría endilgársele responsabilidad alguna a la Nación.

Precisó que el día 1º de agosto de 1997, la señora Blanca Villaveces, al tratar cruzar la calle, fue colisionada por una motocicleta de propiedad del Municipio de Bucaramanga en tenencia de la Fiscalía General de la Nación para el servicio de esta última entidad; que en estas circunstancias podía entenderse que la muerte de la víctima tenía su origen en la imprudencia en que habría incurrido ella misma, es decir, que habría existido culpa exclusiva de la víctima.

Expuso que en el sub lite no existió una falla en el servicio imputable a la Fiscalía General de la Nación, así como que tampoco existió una relación de causalidad entre la muerte de la víctima y la pretendida falla.

Indicó que aceptar que el Estado debe responder por todos riesgos o peligros a los que se ven sometidos permanentemente sus empleados, máxime en tratándose del ejercicio de funciones que por su misma naturaleza llevan implícita una mayor probabilidad de riesgo, sería tanto como exigirle que sobrepasara las fronteras de lo que humanamente es posible(11).

8.3. El Ministerio Público,solicitó confirmar la sentencia objeto de recurso de apelación, por cuanto la motocicleta estaba a cargo de la Fiscalía General de la Nación y era conducida por el “escolta del CTI” Harvey Rodríguez y en esa medida la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación no así del Municipio de Bucaramanga, devino del daño que se causó por el ejercicio de una actividad peligrosa, desarrollada con un vehículo a su cargo y por un servidor adscrito a ese ente investigador, sin que en el proceso se acreditara alguna causal eximente de responsabilidad, pues la sola prueba del cuidado y diligencia no exonera(12).

II. Consideraciones

1. Competencia del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto citado en referencia, comoquiera que se trata de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia(13) por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar.

2. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

La muerte de la señora Blanca Villaveces ocurrió el día 3 de agosto de 1997, por lo tanto, la demanda se formuló dentro los dos (2) años siguientes a ese hecho, comoquiera que se presentó el 30 de octubre de 1997(14).

3. El material probatorio.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron los siguientes elementos de convicción:

— Registro civil de defunción de la señora Blanca Villaveces, quien según dicho documento, falleció el día 3 de agosto de 1997(15).

— Informe de accidente Nº 212-10228, del 1º de agosto de 1997, en el cual se consignó que(16):

“(…) Observaciones: Versión del conductor 1: Yo subía por la calle 36 al llegarle frene a Cotracolta la señora no miró para la vía cruzando sin precaución, no me dio tiempo de reaccionar (…)”.

— Certificación expedida por el Fiscal Delegado ante los Juzgados Penales del Circuito de Bucaramanga, Santander, en la cual se plasmó(17):

“(…) En este accidente únicamente falleció la señora Blanca Villaveces y estuvo involucrado el vehículo motocicleta Yamaha DT 125 de placas AAF-17, asignada al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación Seccional Bucaramanga (…)” (se resalta).

— Documento denominado “Acta de Entrega”, suscrito por el Jefe de Compras e Inventarios del Municipio de Bucaramanga en el cual consta que el Municipio de Bucaramanga hizo entrega al Director Seccional de Fiscalías de Bucaramanga de quince motocicletas DT-125 Marca Yamaha, Modelo 1994, Tipo (2) tiempos, cilindraje 123 C.C.(18)

— También se allegó al proceso, por parte de la Fiscalía General de la Nación, copia de la investigación penal adelantada en contra de la señor Harvey Rodríguez Ardila por el delito de homicidio en accidente de tránsito de la señora Blanca Villaveces(19).

Respecto de la mencionada investigación penal debe señalarse que la parte demandante solicitó su práctica, por lo que fue decretada en primera instancia a través de auto de 16 de abril de 1999(20); la Secretaría del Tribunal Administrativo a quo libró para tal fin el correspondiente oficio 5566-13393-1997/A.O del 18 de agosto de 1999(21) y, en virtud de ello, la propia entidad demandada aportó copia de tal investigación penal, como lo refleja el oficio 590 J.U. suscrito por la Fiscal Coordinadora de Unidad(22).

Los documentos y las diligencias que obran dentro de la referida prueba trasladada serán objeto de valoración probatoria en este proceso, dado que fue la propia entidad demandada la que adelantó tal actuación y la allegó al proceso.

Ahora bien, los elementos de acreditación que forman parte, entre otros, de la aludida prueba trasladada, son:

— Ampliación de la declaración rendida por la señora Myriam Rodríguez, quien se encontraba en el lugar de los hechos pues ella vendía lotería al frente de lugar en donde ocurrió el accidente de tránsito y relató lo siguiente(23):

“ (…) Eran como tres bolsas medianas, ni tan grandes ni pequeñas (…) Ya llegando al separador. La verdad es que yo estaba en la parte de al frente como yo vendo lotería, entonces la señora al pasar cambió y la señora estaba pasando y la señora no alcanzó a pasar al separador y el muchacho de la moto no pudo esquivarla pese a que frenó (…) Porque yo estaba al frente de la entrada de la cooperativa y como hay escaleras y vi que cambió el semáforo y en esas se me acercó un señor a comprarme un pedazo de lotería y venían los carros de debajo de la 27 subiendo, eso fue por la 36 subiendo. Habían cinco carros, eso es un parqueadero pequeño. (…) No señor, no le quitaban espacio (…)”.

— Declaración del señor José Roberto Carvajal Duarte, quien se encontraba en lugar de los hechos pues estaba esperando a que el semáforo cambiara de color para reiniciar su marcha en su motocicleta, y afirmó:

“(…) yo estaba esperando el cambio de semáforo de la carrera 27 yo iba subiendo por la calle 36 en mi motocicleta y el semáforo cambió y habíamos como cuatro o cinco motociclistas, y habíamos varios que íbamos subiendo y tan pronto cambió el semáforo nosotros arrancamos y pues el señor que atropelló [a] la señora cuando yo vi, ya la había atropellado, el arrancó primero y yo iba más o menos retirado como a unos cincuenta metros de él, yo escuché el totazo y cuando vi fue caer [a] la señora, lo que yo vi fue la señora ya en el piso, caer la señora (sic), la vi que cayo hacia el lado del separador por la vía que va subiendo, la moto yo no recuerdo en que parte quedó, yo pasé y paré un poco más adelante hacia el lado derecho y yo vi que después llegó varia gente a observar [a] la señora y la subieron a un carro y se llevaron (…)”.

— Informe rendido por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el día 6 de mayo de 1999, en el cual se consignó(24):

“(…) Descripción del accidente

El accidente que aquí se analiza, ocurrió el día viernes primero (1) de Agosto de 1997, aproximadamente a las 15:00 horas, siendo levantando a las 15:20 horas por agente del tránsito de Bucaramanga, donde es referenciado como Nº 1 el vehículo clase motocicleta, marca Yamaha, modelo 1994, línea DT-125, tipo cross negro, servicio particular (a cargo de la Fiscalía General de la Nación) y de placas AAE-17 conducida por Harvey Rodríguez Ardila y la peatón Blanca Villaveces, protagonizaron un accidente de tránsito tipo colisión moto-peatón en la calle 36 entre carreras 27 y 28 (frene al supermercado Cootrancolta) del Barrio La Aurora del Municipio de Bucaramanga.

El lugar se caracteriza por ser un área urbana, perteneciente a un sector residencial, el diseño de carretera tramo de vía y el estado climático del tiempo era normal para la fecha del insuceso. En este sitio geométricamente las vías son rectas, planas y con acera; además se caracterizan por poseer dos calzadas con dos carriles cada una, de utilización doble sentido y para el día del siniestro se encontraba seca y con buena iluminación. El material de que están fabricado las vías es en asfalto y en buen estado. Según informe de accidente reportan como señales “sentido vial” y como demarcación “línea de carril”.

“(…)

Conclusiones

1. Con fundamento a los elementos de juicios allegados determine, si es factible, la velocidad promedio de la motocicleta, tanto al reiniciar la marcha como al arrollar a la occisa.

Si se acepta que la moto realizó el pare del semáforo y luego reinició la marcha, entonces la velocidad inicial sería de cero kilómetros por hora (okm/h) y la velocidad al momento del impacto sería de aproximadamente treinta y nueve kilómetros por hora (39 km/h). El carácter de la velocidad sería de instantánea y no de promedio por el concepto mismo del término. El hecho de que el vehículo en tal distancia pueda adquirir dicha velocidad de 74 o 76 km/h no implica que necesariamente la haya desarrollado, depende si el motociclista aceleró totalmente el motor hasta desarrollar la rapidez en cuestión. Sin embargo, los cálculos ya realizados las lesiones y posibles daños demuestran que es poco probable que se haya adquirido tal magnitud al momento de la colisión.

2. Secuencia probable del siniestro, posibilidades del motociclista para evitar el accidente.

La secuencia probable se encuentra explicada anteriormente y en cuanto a las posibilidades de evitar el accidente radican en frenar y maniobrar en sentido contrario al movimiento del peatón. Pero en la práctica y de acuerdo al croquis parece ser que no hubo frenada (ni arrastre) ni maniobras lo que sugiere que la colisión se produjo de manera intempestiva.

3. Si la presencia de otros vehículos o la propia cinta asfáltica fue factor determinante para la ocurrencia del siniestro, etc.

La presencia de otros vehículos en el carril derecho se puede considerar como crítico y limitante en el caso de la visibilidad tanto para el motociclista como del peatón. En las únicas condiciones que la superficie (o cinta) asfáltica se puede considerar como factor determinante en la ocurrencia de accidente, es que se encuentre húmeda, con material suelto o con aceite (…)”.

— Providencia proferida el 15 de mayo del 2000 por parte de la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga, por medio de la cual precluyó la investigación penal a favor del señor Harvey Rodríguez Ardila, y en la que se consignó:(25)

“(…) En horas de la tarde del día primero de agosto del año de mil novecientos noventa y siete Harvey Rodríguez Ardila, para la fecha empleado del Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de sus funciones avanzaba en la motocicleta Yamaha DT-125, placas AAE-17, de propiedad de la Fiscalía, por la calle treinta y seis en sentido occidente oriente hasta llegar al cruce de ésta con la carrera veintisiete sitio en el cual tuvo que detenerse en cumplimiento de la orden de pare que le impartía el semáforo existente en el lugar. Una vez recibida la orden de continuar el desplazamiento, el motorizado imprimió velocidad a su velocípedo iniciando la marcha junto con otros motociclistas que se encontraban a su alrededor, la cual se vio entorpecida por la presencia inesperada de la señora Blanca Villaveces, quien cargada de paquetes, salió presurosa de las instalaciones de “Cotracolta” tratando de cruzar la vía siendo atropellada por el motorizado quien de inmediato prestó la necesaria en procura del traslado de la accidentada a un centro asistencial en donde dos días más tarde, dejó de existir como resultado de las lesiones recibidas en el percance.

“(…)

De ahí que tomen fuerza de veracidad las afirmaciones del acusado, no tanto por la ausencia de testimonios que lo contradigan como por la correspondencia de las mismas con la totalidad de los elementos de prueba documental existentes es la actuación.

Es más, el acusado informa en su injurada que al ver a la señora sobre la vía por la que el avanzaba frenó su automotor y trató de esquivar el obstáculo que ella representaba dirigiendo su vehículo hacia el separador de la vía pese a lo cual no le fue posible evitar la colisión porque: “la señora siguió andando y fue cuando la golpie (sic) con la moto, afirmación que evidencia la desconcentración que ciertamente acompañaba a la peatón en los momentos en que se aventuró a cruzar la vía sin tomar las más mínima precaución, generando con tal actividad el percance que le costó la vida.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto debe concluirse con la afirmación de que así el comportamiento atribuido a Harvey Rodríguez Ardila sea típico en la medida en que se adecua de manera directa a norma legal y antijurídico en razón a que lesionó interés legalmente protegido sin que se aprecie la existencia de alguna de las causales de justificación, no puede decirse que sea antijurídico en consideración a que el mismo se presentó de manera fortuita para el agente como resultado de una acción totalmente imprudente del sujeto pasivo de la acción, razón por la cual se PRECLUIRÁ la investigación que se adelanta en contra de este ciudadano en relación con los cargos que se le han venido formulando a lo largo de este proceso por la muerte violenta de Blanca Villaveces por ausencia de CULPABILIDAD en su comportamiento. En firme esta decisión, archívese lo actuado. (Se destaca)

— Providencia proferida por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito, por medio de la cual confirmó la preclusión de la investigación a favor del señor Harvey Rodríguez Ardila en la cual se plasmó:(26).

“(…) En el anterior orden de ideas disentimos de las apreciaciones del señor apoderado de la parte civil, pero en este caso pese a que la actividad de conducir es de por sí riesgosamente permitida, el sindicado no incrementó ese riesgo con hechos generados de culpa, y que los hechos ocurrieron, en este caso, por la culpa de la víctima quien provocó lo fortuito del accidente y entonces encontramos que Harvey Rodríguez Ardila pese a haber incurrido en conducta típica y antijurídica, se halla amparado por causal excluyente de culpabilidad que contrarresta la responsabilidad que le hubiera podido recaer en la muerte de la señora Villaveces, concretamente por la causal 1ª del artículo 40 del C.P., relativa al caso fortuito o fuerza mayor como probatoriamente, con acierto y jurídicamente lo ha deducido la Fiscalía de conocimiento (…)”

— Diligencia de indagatoria del señor Harvey Rodríguez Ardila(27), la cual se surtió ante la Fiscalía Cuarta del Grupo Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación, prueba que no será valorada, toda vez que carece de la formalidad del juramento(28).

— Protocolo de necropsia del 12 de agosto de 1997, practicado al cuerpo de quien en vida se llamaba Blanca Villaveces y en el cual se concluyó que la causa de la muerte fue: “trauma craneoencefálico severo de tipo contundente ocasionado de manera violenta en accidente de tránsito (peatón arrollado por motocicleta)”(29).

— Resolución 785 del 4 de abril de 1997, proferida por la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual nombró en provisionalidad en el cargo de escolta I de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Bucaramanga al señor Harvey Rodríguez Ardila(30).

— Historia clínica de la señora Blanca Villaveces elaborada por el Instituto de Seguros Sociales de la cual se destaca(31):

“(…) Ingresó a urgencias por accidente de moto al ser arrollada. Llega en Glasgow 5/15. Onconciente. Llevan a TAC cerebral. En urgencias hace paro respiratorio por lo cual intuban y trasladas a UCI. Ingresa y se coloca en ventilador.

“(…)

A las 31 horas de ingreso a UCI inicia bradicardia y luego asistolia que no responden a medicación adrenérgica. Fallece (…)”.

5. Caso concreto.

De conformidad con el anterior conjunto probatorio, se encuentra acreditado que el día 3 de agosto de 1997, la señora Blanca Villaveces falleció como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el 1º de agosto del mismo año, cuando una motocicleta Yamaha DT-125, placas AAE-17, la cual se encontraba asignada al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y era conducida por el señor Harvey Rodríguez Ardila, quien para el momento de los hechos se encontraba en cumplimiento de sus funciones, colisionó a la víctima directa del daño.

Al respecto, conviene precisar que tiene ya bastante bien averiguado la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado que como corolario del principio general de responsabilidad estatal consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado debe responder patrimonialmente por las acciones u omisiones que le sean atribuibles e, incluso, por aquellas conductas lícitas en cuanto unas u otras ocasionen daños antijurídicos, así como también ha sido reconocida la operatividad de regímenes en los cuales no se precisa del acaecimiento de falta o falla alguna en el funcionamiento del servicio para que resulte posible deducir responsabilidad a la entidad normativamente encargada de prestarlo; se trata de los denominados regímenes de responsabilidad “sin culpa” o “sin falta”, en los cuales la obligación de indemnizar a cargo del Estado puede ser declarada con independencia de que la actividad de éste o la conducta —activa u omisiva— de sus agentes, se encuentre plenamente conforme con el ordenamiento jurídico; son los referidos eventos, aquellos en los cuales esta Corporación ha reconocido y estructurado los catalogados como títulos jurídicos objetivos de imputación de responsabilidad extracontractual del Estado, entre ellos el basado en el riesgo excepcional(32).

La jurisprudencia de la Sala ha señalado que tratándose de la producción de daños originados en el despliegue —por parte de la entidad pública o de sus agentes— de actividades peligrosas, como lo es la conducción de automotores, es aquel a quien corresponde jurídicamente la guarda de la actividad quien resultará obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen por la realización del riesgo creado(33); así mismo, en cuanto al reparto de la carga de la prueba que tiene lugar en litigios en los cuales el aludido sea el asunto objeto de controversia, se ha advertido, en forma reiterada, que

“[A]l actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”(34)

En el presente caso, con fundamento en lo anterior y comoquiera que no se probó la existencia de una falla en el servicio, la Sala estima que la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte de la señora Blanca Villaveces sí está comprometida a través de la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad consistente en el riesgo excepcional.

En línea con lo anterior, la Sala estima necesario advertir que aunque la motocicleta fue adquirida por el Municipio de Bucaramanga, lo cierto es que en este caso se demostró fehacientemente que él estaba al servicio de la Fiscalía General de la Nación al momento del accidente y que era conducida por uno de sus funcionarios mientras desarrollaba actividades propias del servicio, razón por la cual, se concluye que la motocicleta prestaba un servicio público a cargo de la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual la única responsable por el daño ocasionado es esta última entidad, tal y como lo sostuvo la Sala en un caso similar al que ahora se debate(35):

“(…) Por lo tanto, si bien el vehículo no era de propiedad del centro público educativo, lo cierto es que ello no impide que el presente caso se aplique el mencionado título jurídico de imputación objetiva, consistente en el riesgo excepcional, tal como lo ha sostenido esta corporación(36):

“Ha sido reiterada la tesis de la Sala, en el sentido de que en aquellos eventos en los que el daño es producido por las actividades peligrosas el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación está derivado de la realización directa de actividad que entraña peligro, de tal manera que en esos casos basta que el actor acredite, primero, la existencia del daño y segundo, que el mismo se ha generado como consecuencia de dicha actividad. En relación con lo anterior, resulta necesario señalar que la responsabilidad se estructura bajo el hecho cierto de que la actividad peligrosa —conducción de automotores— hubiere sido ejercida por cuenta de la entidad demandada aun cuando, como se analizará al momento de analizar el caso concreto, el vehículo utilizado no sea de su propiedad(37)” (se deja resaltado).  

Comoquiera que en este caso el Estado se encontraba a cargo de la actividad riesgosa que produjo el daño, esto es la conducción de vehículos y el transporte de personas en ellos, la Sala concluye que la responsabilidad predicable respecto de la parte demandada lo es a título del régimen objetivo (riesgo excepcional) (…)”. 

De conformidad con lo anterior, la sentencia apelada será revocada y se declarará únicamente la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en precedencia.

5.1. Hecho exclusivo de la víctima como eximente de responsabilidad o causal excluyente de imputación.

Para efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta factible concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto la causa exclusiva, esto es, única del daño, como que constituya la raíz determinante del mismo, es decir que se trate de la causa adecuada(38).

Descendiendo al caso concreto, se encuentra que de acuerdo con las declaraciones rendidas por los señores Myriam Rodríguez y José Roberto Carvajal en el proceso penal se concluye que: i) la señora Blanca Villaveces al momento del accidente llevaba tres bolsas medianas; ii) ella iba llegando al separador cuando fue colisionada por la motocicleta; iii) al pasar la calle, el semáforo cambió y no alcanzó a llegar al separador y vi) el motociclista pese a que frenó no alcanzó a esquivarla.

Igualmente en el expediente obra el informe elaborado por el Instituto de Medicina Legal en el cual se hace una descripción del accidente y se concluyó la posible velocidad de la motocicleta al momento del impacto con la víctima directa del daño.

De conformidad con lo anterior, no se encuentra plenamente acreditado que la señora Blanca Villaveces hubiese tenido una conducta imprudente al momento de pasar la calle y mucho menos que ella hubiera aparecido espontáneamente en la vía al momento de la colisión, pues de las declaraciones y el informe antes referenciados no se extrae esa conclusión.

En ese sentido, sólo obra en el encuadernamiento la declaración —sin juramento— que en su indagatoria rindió el propio agente involucrado en los hechos, cuyos señalamientos no pueden valorarse y menos acogerse por cuanto carecen de la solemnidad del juramento, tal como se expresó en precedencia.

Ahora bien, aunque en el proceso penal adelantado en contra del señor Harvey Rodríguez Ardila, por el homicidio de la señora Blanca Villaveces, la Fiscalía encargada de la instrucción precluyó la investigación penal, por cuanto consideró, que pese a que la conducta desplegada por el señor Rodríguez Ardila era típica y antijurídica, no era culpable, pues fue la propia víctima la que se expuso al daño, dado que al momento de a travesar la calle fue imprudente, lo cierto es que esa decisión, igual que la que confirmó tal determinación tuvo fundamento en el dicho del señor Rodríguez Ardila, en el curso de la indagatoria, versión que no puede ser tenida en cuenta en este proceso por las razones que se dejaron expuestas en precedencia, razón por la cual la Sala se apartará de dichas providencias pues —se reitera— las mismas se fundamentaron en la indagatoria rendida en el proceso penal la cual no puede ser valorada en este proceso. 

Así las cosas no obra en el expediente prueba alguna con la cual se acredite que el accidente de tránsito se debió exclusivamente o que hubiere concurrido la imprudencia de la víctima, cuestión que impide entonces predicar la existencia de la aludida causa exclusiva.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

Teniendo en cuenta que la tasación de los perjuicios morales, no fue objeto del recurso de apelación, la Sala no realizará pronunciamiento al respecto.

6.2. Perjuicios materiales.

6.2.1. Lucro cesante.

Comoquiera que este punto no fue objeto del recurso de apelación, la Sala no realizará pronunciamiento alguno al respecto.

6.2.2. Daño emergente.

El Tribunal Administrativo de primera instancia condenó a las entidades demandadas a pagar solidariamente la suma de $ 1’008.000 a favor de los señores Luz Dary Niño Villaveces, Edgar Alfonso Niño Villaveces y Carlos Alberto Niño Villaveces, sin embargo, este punto tampoco fue objeto apelación razón por la cual únicamente se actualizará la suma reconocida de la siguiente manera:

aaaa405
 

En consecuencia, se modificará la sentencia apelada y reconocerá a favor de los señores Luz Dary Niño Villaveces, Edgar Alfonso Niño Villaveces y Carlos Alberto Niño Villaveces, la suma de $ 1’441.440 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

7. Condena en costas.

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícanse los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia recurrida, esto es la dictada por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar el 31 de diciembre del 2004, los cuales quedarán así:

“Primero: DECLÁRASE (sic) administrativamente responsable, a la Fiscalía General de la Nación por la muerte de la señora Blanca Villaveces.

Segundo: CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación, a pagar los perjuicios morales ocasionados como consecuencia de la muerte de la señora Blanca Villaveces, así:

• Para Luz Dary Niño Villaveces la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

• Para Edgar Alfonso Niño Villaveces la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

• Para Carlos Alberto Niño la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Tercero. CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación, a pagar a Luz Dary Niño Villaveces, Edgar Alfonso Niño Villaveces y Carlos Alberto Niño Villaveces por concepto de daño emergente la suma de ($ 1.441.440).

2. Confírmase en los demás, el fallo apelado.

3. Sin condena en costas.

4. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

6. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade RincónCarlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Fls. 381 a 398 c ppal.

2 Fls. 16 a 20 c 1.

3 Fls. 16 a 20 c 1.

4 Fls. 22, 30 y 46 c 1.

5 Fls. 31 a 35 c 1.

6 Fls. 57 a 61 c 1.

7 Fl. 346 a 378 c 1.

8 Fls. 381 a 398 c ppal.

9 Fls. 405 y 406 c ppal.

10 Fls. 421 a 424 c ppal.

11 Fls. 479 a 484 c ppal.

12 Fls 485 a 503 c ppal.

13 La cuantía del proceso supera la exigida para que esta Corporación pueda conocer en segunda instancia respecto de un proceso de reparación directa, de conformidad con la Decreto 597 de 1988, pues la cuantía era de $ 13’460.000 teniendo en cuenta que la demanda se presentó en el año 1997 y por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se solicitó la suma de $ 24’000.000.

14 Fls. 16 a 19 c 1.

15 Fl. 11 c 1.

16 Fl. 13 y reverso c 1.

17 Fl. 15 c 1.

18 Fl. 63.

19 Fls. 91 a 374 c 1.

20 Fls. 48 a 51 c 1.

21 Fl. 54 c 1.

22 Fl 8 c 1.

23 Folio 121, cuaderno 1.

24 Fls. 141 a 145 c 1.

25 Fls. 168 a 164 c 1.

26 Fls. 92 a 101 c 1.

27 Fls. 197 a 199 c 1.

28 Al respecto la Sala, de manera reiterada, ha considerado:

<<En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento>>. [Sents., feb. 4/2010, exp. 18.320; jul. 7/2011, exps. 16.590 y 19.496, entre muchas otras providencias].

29 Fls. 220 a 223 c 1.

30 Fl. 255 c 1.

31 Fls. 270 a 289 c 1.

32 Sentencias del 11 de febrero de 2009, expediente 17.145 y de 26 de marzo de 2008, expediente 16.530, entre muchas otras.

33 Sentencia del 30 de noviembre de 2006, C.P. Alier E. Hernández Enríquez, expediente 15473; sentencia del 4 de diciembre de 2.007, expediente 16.827.

34 Sentencia de 14 de junio de 2001, expediente 12.696; sentencia de abril 27 de 2006, expediente 27.520, reiteradas en la sentencia del 24 de marzo de 2011, expediente 19.032, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

35 Sentencia del 24 de marzo de 2011, expediente 19.032, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

36 Sentencia de 26 de marzo de 2008, expediente 16.393.

37 Sección Tercera, sentencia de 15 de junio de 2000, expediente 11.688.

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 24.972, reiterada en sentencia del 11 de febrero de 2009, expediente 17.145, entre muchas otras.