Sentencia 1997-13608 de junio 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 2500023260019971360801 (27061)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: María Isabel Cortés Orjuela y otros

Demandado: Ministerio de Salud - Departamento de Boyacá - Servicio seccional de Salud de Boyacá

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D.C., junio trece de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 24 de diciembre de 2003, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, por razón de la cuantía(1).

2.2. Responsabilidad extracontractual del Estado.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(2).

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración.

2.3. El caso concreto.

El día 6 de enero de 1996, el señor Fideligno Quintero se encontraba en la Autopista Central del Norte a la altura del municipio de Chocontá en la vía Bogotá-Tunja, cuando fue atropellado por un vehículo marca Nissan Patrol, de placas oficiales OX 4699 de propiedad del extinto servicio seccional de salud, hoy Secretaría de Salud de Boyacá, que era conducido por el señor Ismael Martínez Maldonado, funcionario de la Secretaría de Salud, quien se encontraba en cumplimiento de una comisión oficial, y como consecuencia de las heridas recibidas falleció.

2.4. Las pruebas obrantes en el proceso.

1. Copia de los registros civiles de nacimiento de María Isabel Cortés, María del Carmen Castro Chauta, José Abel Quintero Cortés, Ofelia Quintero Cortés, Néstor Javier Quintero Cortés, Castro Chauta Heidy Yessenia (fls. 1 a 5, cdno. pbas. y fl. 109, cdno. ppal.).

2. Registro de matrimonio católico celebrado entre Fideligno Quintero y María Isabel Cortés (fl. 108, cdno. ppal.) (fl. 1, cdno. pbas.).

3. Registro civil de defunción de Fidedigno Quintero Ramírez (fI. 6, cdno. pbas.).

4. Declaración extrajuicio calendada el 22 de octubre de 1994, rendida por el señor Fideligno Quintero Ramírez, en la cual manifiesta que desde cuatro años antes vive en unión libre con la señora María del Carmen Castro Chauta, en el mismo techo y que ella depende económicamente de él porque no recibe sueldo ni pensión de ninguna entidad privada o del Estado (fl. 7, cdno. pbas.).

5. Declaración extrajuicio rendida por la señora María del Carmen Castro Chauta en la que manifiesta que vivió con el señor Fideligno Quintero por espacio de seis años, unión de la cual nació una hija de nombre Heydi Yessenia y que dependía económicamente de su compañero, quien falleció en un accidente de tránsito (fl. 8, cdno. pbas.).

6. Copia del Decreto 1232 del 29 de septiembre de 1992, por medio del cual se creó la Secretaría de Salud de Boyacá y se estableció su estructura orgánica y funcional (fls. 9 a 22, cdno. pbas.).

7. Copia autenticada del libro de minuta de población de la Estación de Policía de Chocontá, en la que se hace referencia al accidente sufrido por el señor Fideligno Quintero, de quien se afirma fue atropellado por un vehículo de placas OX4699 conducido por Ismael Martínez. Se señaló: “se cree que fue imprudencia del peatón al pasar la vía...” (fls. 31 a 34).

8. Declaración del señor Jesús Antonio Acosta Villalobos quien manifestó que su conocimiento del accidente fue a través de terceros que le contaron lo ocurrido, y respecto de las relaciones de la víctima con su familia afirmó que al momento de su muerte, el señor Fideligno vivía con la señora María del Carmen Castro y que ella estaba esperando un hijo de él, y con la esposa tenía tres hijos y vivían en una vereda de Sesquilé, dijo:

“A mí me consta que él se portaba bien con ambas, es decir con la esposa y la compañera también con los hijos, había buen trato entre ellos y Fideligno le colaboraba a la esposa para los gastos de los hijos, me consta o sé esto porque viven cerquita a donde yo vivo”. PREGUNTADO: Díganos si le consta si María del Carmen Castro se encontraba embarazada al momento de la muerte de Fideligno? CONTESTO: Sí señora, se le notaba el embarazo y se sabía que era de Fideligno por lo que me consta que estaban viviendo ambos. PREGUNTADO: Díganos si sabe o no que la esposa, la compañera y los hijos de Fideligno Quintero sufrieron con su muerte? CONTESTO: Claro que sí, lloraban y como ellas no tenían trabajo vivían de lo que Fideligno les daba. PREGUNTADO: Sabe usted cuánto devengaba Fideligno Quintero al mes? CONTESTO: En esa época se ganaba unos doscientos o doscientos cincuenta mil pesos al mes y de eso les daba a la esposa y a la compañera e hijos, veía yo cuando recibía la plata porque como trabajábamos con él, y me consta que le ayudaba a su esposa y su compañera y a sus hijos porque vivía cerca a mi casa (fls. 50 a 61, cdno. pbas.).

9. Declaración del señor Héctor Isauro Vargas Rodríguez, que coincidió en su manifestación acerca de no tener conocimiento de las circunstancias del accidente, y respecto de las relaciones con sus familiares manifestó:

“Fideligno era casado con Isabel Cortés con quien tuvo tres hijos de nombres Abel, Ofelia y Javier, quienes hoy tienen veinte, dieciséis y quince años aproximadamente, sin embargo él se había separado de ella y convivía con María del Carmen Castro en la misma vereda de Nescuata, con ella tenía una niña pequeña y según supe después ella estaba en estado de embarazo... PREGUNTADO: Sírvase decirnos cómo era el trato familiar entre Fideligno, su esposa su compañera y sus hijos? CONTESTO: El contacto que yo tuve con ellos, siempre fue un contacto con todo el núcleo familiar porque siempre es (sic) colaboré y me consta que él era muy cariñoso, responsable y colaborador en todo el sentido de la palabra tanto con sus dos señoras como con todos sus hijos y desde el fallecimiento de él en el hogar de Isabel principalmente se truncaron las aspiraciones de los muchachos a tal punto que Abel no pudo seguir estudiando, Ofelia, actualmente estudia en la nocturna del Colegio Departamental de Sesquilé y Javier está en el Colegio Departamental de Sesquilé, pero lo hace con recursos de terceras personas que les hemos colaborado desinteresadamente” (fls. 61 a 62, cdno. pruebas).

10. Testimonio rendido por el señor Hernando Merchán Quintero quien manifestó:

“PREGUNTADO: Sírvase decirnos si usted sabe con quién residía Fideligno Quintero al momento de su fallecimiento? CONTESTO: Vivía con Carmenza Castro, quien era la compañera, la propia esposa es Isabel Cortés. PREGUNTADO: Sírvase decirnos si sabe cuántos hijos tenía Fideligno Quintero si sabe los nombres? CONTESTO: Con la esposa que se llama Isabel tenía tres hijos, José Abel es el mayor, Ofelia es la que le sigue y Javier, el mayor es de 20 años de edad, la otra tiene 18 años de edad, el otro de catorce años de edad, con Carmenza me enteré de que ella estaba espetando (sic) un hijo de él al momento en que falleció, después me enteré de que nació una niña PREGUNTADO Sírvase decimos si usted sabe quién suministraba lo necesario para la subsistencia de los hijos de Isabel y de Carmenza? CONTESTO: Fideligno Quintero era el que asumía esos gastos para ambos hogares, ellas no tenían trabajo. PREGUNTADO: Sírvase decirnos si sabe cuánto devengaba el señor Fideligno Quintero mensualmente? CONTESTO creo que el salario mínimo o alguito más que el mínimo, él trabajaba en agricultura y en otras oportunidades trabajaba en albañilería. PREGUNTADO: Sírvase decirnos cómo eran las relaciones familiares del señor Fideligno QUINTERO con su esposa, con su compañera y con sus hijos? CONTESTO: Eran buenas relaciones, se preocupaba él por ambas familias en lo que necesitaban. PREGUNTADO: Sírvase decirnos si con el fallecimiento de Fideligno Quintero su compañera, su esposa e hijos sufrieron? CONTESTO: Sí ambas familias sufrieron él era el que suministraba lo de alimentos y demás gastos del hogar y por lo que ellas no trabajaban (fls. 62 a 64, cdno. pbas.).

11. Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo oficial de placas OX-4699, a nombre de la Seccional de Salud de Boyacá, correspondiente a un Jeep Nissan Patrol, modelo 1974 (fl. 2, cdno. pbas. 2).

12. Copia de la hoja de vida del señor Ismael Martínez, quien se desempeñaba como conductor de la Secretaría de Salud de Boyacá y era quien conducía el vehículo que atropelló a la víctima (fls. 3 a 487, cdno. pbas. 2).

2.5. Legitimación en la causa.

En lo relacionado con la legitimación en la causa por activa, respecto de la señora María del Carmen Castro Chauta, para probar su condición de compañera permanente se cuenta con los testimonios de los señores Jesús Antonio Acosta Villalobos, Héctor Isauro Vargas Rodríguez y Hernando Merchán Quintero, obrantes en el proceso, además se aportaron una declaración extrajuicio rendida por la propia víctima en el año de 1994 con destino al Seguro Social y otra rendida por la señora María del Carmen Castro. Ahora bien, como respecto de la unión marital de hecho existe libertad probatoria, la Sala considera que los testimonios y declaraciones allegadas al proceso, que dan cuenta de la convivencia de la pareja y del trato como compañera permanente, son suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 1º de la Ley 54 de 1990 para su reconocimiento, razón por la cual la señora Carmen Castro se le concederán perjuicios en su condición de compañera permanente de la víctima.

Por otra parte, en el presente caso no se probó adecuadamente que la menor Heidy Yessenia Castro Chauta es hija de la víctima, ya que no fue reconocida por él en el registro civil, y debe recordarse que con la expedición del Decreto 1270 de 1970, que comenzó a regir el 5 de agosto de 1970, se estableció en el artículo 105, que los actos relativos al estado civil posteriores a la vigencia de la Ley 92 de 1938, podrían probarse con copia de las correspondientes partidas o folios o con los certificados expedidos con base en los mismos, mientras que según el artículo 106, ninguno de los hechos actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas sujetas a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en dicha norma, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro.

No obstante lo anterior, conviene resaltar que si bien a partir del Decreto 1260 de 1970, la prueba idónea del parentesco es el registro civil, ha sido aceptado por la sala el criterio de que la persona que no acredite formalmente este parentesco puede ser indemnizada como tercero damnificado, ya que lo relevante es haber sufrido el perjuicio y no la condición de heredera.

Así lo ha expresado la Sala:

“Ha dicho la jurisprudencia, en forma reiterada, que en estos procesos de responsabilidad la indemnización de perjuicios la piden o solicitan los damnificados de la persona fallecida o herida por causa de la falla del servicio, no en su carácter de herederos de ésta, sino por el perjuicio que les causó esa muerte o esas lesiones, con prescindencia del mismo vinculo parental que gobierna el régimen sucesoral. En otras palabras, de parte demanda porque fue damnificada y no porque es heredera.

Tan cierto es esto que con alguna frecuencia se niega en estos procesos indemnización al padre, al cónyuge, a los hijos o hermanos, pese a la demostración del parentesco, porque por otros medios se acredita que no sufrieron daño alguno. El caso, por ejemplo, del padre o madre que abandona a sus hijos desde chicos; o del hijo que abandona a sus padres estando estos enfermos o en condiciones de no subsistir por sus propios medios.

En otros términos, lo que se debe probar siempre es el hecho de ser damnificada la persona (porque el hecho perjudicial afectó sus condiciones normales de subsistencia, bien en su esfera patrimonial o moral) y no su carácter de heredera.

El equívoco se creó cuando la jurisprudencia aceptó, para facilitar un tanto las cosas, que el interés de la persona damnificada resultaba demostrado con la prueba del vínculo de parentesco existente entre la víctima y el presunto damnificado.

Esta idea, de por sí bastante clara, creó el equívoco, hasta el punto de que se confundió el interés del damnificado con el del heredero.

Lo anterior hizo que los demandantes se contentaran simplemente con acompañar al proceso las pruebas del parentesco. Y esto, en la mayoría de los casos es suficiente porque la jurisprudencia, por contera, terminó aceptando la presunción de hombre o judicial de que entre padres e hijos o cónyuges entre sí se presume el perjuicio por el solo hecho del parentesco.

Pero fuera de que se han limitado a esas pruebas del estado civil, las han practicado mal o en forma incompleta, lo que ha impedido en muchos eventos reconocer el derecho pretendido porque no se acreditó bien el interés en la pretensión.

Las ideas anteriores permiten afirmar, frente al caso sub judice, que no se probó adecuadamente que todos los demandantes que se presentaron a juicio como hijos extramatrimoniales de la señora Leonor Gaviria, acreditaron tener ese carácter, porque solo esta aparece suscribiendo el acta de nacimiento de su hijo Jaime Londoño G. En otros términos, no se demostró, con sujeción a la ley y en la forma exigida por la jurisprudencia, que Ferney, Ancízar y Hugo Fernando eran hijos extramatrimoniales suyos.

Pero esas mismas ideas expuestas en relación con el acervo probatorio permiten inferir que tales personas sí tenían el carácter de damnificadas”(3).

Y también en oportunidad reciente, esta Sala corroboró que en los procesos de responsabilidad lo que realmente debe tenerse en cuenta para efectos de la indemnización es el perjuicio recibido y no la condición de herederos(4).

2.6. El daño antijurídico.

Siendo el daño el primer elemento a establecer en un proceso de responsabilidad, debe precisarse que en el sub judice, el mismo se concreta en la muerte del señor Fideligno Quintero Ramírez, lo cual aparece plenamente acreditado con el registro civil de defunción.

2.7. La imputación.

Establecida la existencia del daño, corresponde efectuar el análisis pertinente, a fin de determinar si el mismo puede ser imputado a la parte demandada.

Es preciso indicar que en cuanto a la conducción de vehículos, la Sala tiene por establecido que es una actividad peligrosa y que como tal, el régimen de responsabilidad aplicable es el objetivo, pues el riesgo creado en desarrollo de dicha actividad es una carga excesiva, grave y anormal que no deben asumir los ciudadanos. Sobre el punto se ha dicho por la Sala, que “una actividad es peligrosa cuando rompe el equilibrio existente, colocando a las personas ante el peligro inminente de recibir lesión en su persona o en sus bienes. La inminencia de un peligro que desborda la capacidad de previsión o resistencia común de los· seres humanos, son las características determinantes para definir las actividades peligrosas”(5).

En este tipo de responsabilidad al actor le bastará probar la existencia del daño y que este pueda ser atribuido a la entidad, ya sea por acción o por omisión, en este caso en desarrollo de la actividad riesgosa, mientras que para exonerar de responsabilidad al demandado se le exige que acredite la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima.

En el sub judice se acreditó que el accidente ocurrió con un vehículo de propiedad de la Secretaría de Salud del departamento de Boyacá, el cual además era conducido por una persona vinculada a la entidad y se probó también el daño, de manera que en principio procedería endilgar responsabilidad a la entidad, teniendo en cuenta que se trata de una actividad riesgosa, caso en el cual, estos dos elementos son suficientes para que proceda la atribución de responsabilidad.

No obstante lo anterior, en el fallo de primera instancia se negaron las pretensiones de la demanda porque el a quo estimó que no había elementos probatorios contundentes para imputar el daño, dado que no se allegó el croquis para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente, ni las pruebas de alcoholemia, ni los experticios sobre el vehículo y tampoco las investigaciones penal y disciplinaria en las cuales, según lo manifestado por la entidad en la contestación de la demanda, se exoneró de toda responsabilidad al funcionario investigado por considerar que hubo culpa de la víctima, concluyó entonces el a quo, que no existía prueba de la responsabilidad del funcionario y, por el contrario, sí había un indicio de que la víctima estaba en estado de embriaguez, a esto se remiten pues los argumentos del recurrente en su apelación.

2.8. De la causal exonerativa de responsabilidad.

En primer lugar debe aclararse que se habla de culpa exclusiva de la víctima, cuando la conducta de esta es el elemento determinante en la producción del daño y por ello no puede endilgarse responsabilidad a la entidad, pero esta circunstancia debe estar plenamente probada en el proceso para que proceda la exoneración de los demandados.

En el sub judice, el fallo objeto de apelación señaló que según el libro de minuta se cree que el accidente ocurrió por imprudencia del peatón al pasar la vía, pero ello no fue reconocido como culpa exclusiva de la víctima, precisamente porque no fue probado en grado de certeza, es decir que no se reconoció la existencia de la causal de exoneración de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima, sino que se limitó a mencionar como indicio que el señor Quintero había actuado imprudentemente.

De acuerdo con lo expuesto, al analizar la responsabilidad de la entidad bajo el régimen objetivo, por tratarse de una actividad peligrosa, como antes se mencionó, basta con probar el daño y que este pueda ser atribuido a la entidad, ya sea por acción o por omisión, en este caso en desarrollo de la actividad riesgosa, para que pueda endilgarse responsabilidad a la entidad, elementos que en el sub lite aparecen plenamente acreditados.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, y como antes se mencionó, en este caso particular, la carga de la prueba de la existencia de una causal de exoneración estaba en cabeza de la entidad demandada, quien no aportó al proceso los elementos probatorios necesarios para respaldar los argumentos que expuso en su defensa, ya que ninguna prueba se allegó acerca del estado de ebriedad de la víctima o de su actuar imprudente, de manera que al no cumplir con la carga probatoria que le correspondía en el proceso y no acreditar plenamente la existencia de una causal de exoneración de la responsabilidad por culpa de la víctima, la consecuencia es que la entidad deba responder por el daño causado.

Corolario de lo anterior resulta que debe endilgarse responsabilidad a la entidad demandada y en consecuencia se revocará la decisión de primera instancia.

2.9. Perjuicios.

2.9.1. Perjuicios morales.

Actualmente, la corporación viene reconociendo que la simple acreditación de la relación de parentesco existente permite presumir el dolor sufrido por los parientes, de modo que al allegarse al proceso los registros civiles de los hijos y la esposa de la víctima eso es suficiente para que se ordene el reconocimiento de perjuicios morales; así lo ha dicho en otra oportunidad esta Sala:

“La simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya muerto o sufrido una lesión —esta última sin importar que sea grave o leve, distinción que no tiene justificación práctica y teórica alguna para efectos de la presunción del perjuicio, sino, por el contrario se relaciona con el grado de intensidad en que se sufre—, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política, debe presumirse, que el peticionario los ha padecido”(6).

Es así que al proceso se allegó copia del registro civil del matrimonio de la señora María Isabel Orjuela y de los hijos José Abel, Ofelia y Néstor Javier Quintero Cortés, pero además se cuenta con las declaraciones recibidas ante esta jurisdicción y que dan cuenta de las estrechas relaciones existentes entre la víctima y sus familiares, se les concederán perjuicios morales en cuantía equivalente a 100 SMMLV, para cada uno de ellos.

Ahora bien, en lo relacionado con los perjuicios morales solicitados por la señora María del Carmen Castro Chauta y su hija Heidy Yessenia, se accederá a concederlos teniendo en cuenta que las declaraciones obrantes en el proceso dan cuenta del sufrimiento padecido por la primera de ellas y en el caso de la menor a pesar de no existir al momento de los hechos ello no implica que las consecuencias de dicho sufrimiento no se prolonguen a lo largo de toda su vida, ya que la pérdida de uno de sus progenitores y de la correspondiente protección y amor que podía brindarle tiene grandes repercusiones en su formación como persona y en su estabilidad emocional y afectiva, de manera que ese daño debe ser resarcido.

2.9.2. Perjuicios materiales.

En la demanda se solicitaron los perjuicios materiales para cada uno de los demandantes, teniendo en cuenta que el señor Quintero ganaba doscientos mil pesos mensuales y que tanto su esposa como su compañera permanente y sus hijos, dependían económicamente de él.

Acerca de la actividad económica de la víctima y la dependencia económica de su familia, se recibieron en el proceso testimonios de personas cercanas a la familia, los cuales fueron contestes en afirmar que el señor Quintero trabajaba y sostenía a su esposa, su compañera permanente y sus hijos.

Estos testimonios son claros, coincidentes, sin contradicciones y son rendidos por personas que por su cercanía con la víctima y su familia les consta estas circunstancias, motivo por el cual la Sala les otorga credibilidad.

Ahora bien, en cuanto al monto de lo devengado por la víctima, comoquiera que no existe claridad sobre sus ingresos, pero sí acerca del desarrollo de una actividad económica de la cual derivaba su sustento y el de su familia, se accederá a la pretensión sobre los perjuicios materiales, para lo cual se tomará como base el salario mínimo, suma a la cual se le aumentará el 25% por prestaciones sociales y se le deducirá el 25% de lo que la víctima gastaba en su manutención, para un total de 552.656,25, suma esta que se dividirá así: 25% para la esposa, 25% para la compañera permanente y 50% dividido entre sus cuatro hijos es decir 12,5% para cada uno.

La indemnización se concederá a la esposa y a la compañera permanente hasta la vida probable del señor Quintero y para cada uno de los hijos hasta los 25 años de edad.

María Isabel Cortés Orjuela

La indemnización comprende un período consolidado que va desde la fecha de los hechos el 6 de enero de 1996, hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 204,15 meses.

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S = $ 48.101.458,76

Liquidación de la indemnización futura o anticipada:

Para lo cual se tomará el tiempo entre la fecha de esta sentencia y la vida probable del lesionado, que al momento de los hechos contaba con 45 años y seis meses y por tanto es de 32,16 para un total de 180 meses.

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S = $ 16.541.470,97

Total perjuicios materiales $ 64´642.929.73

María del Carmen Castro Chauta

La indemnización comprende un período consolidado que va desde la fecha de los hechos el 6 de enero de 1996, hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 204,15 meses.

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S= $ 48.101.458,76

Liquidación de la indemnización futura o anticipada:

Para lo cual se tomará el tiempo entre la fecha de esta sentencia y la vida probable del lesionado, que al momento de los hechos contaba con 45 años y seis meses y por tanto es de 32,16 para un total de 180 meses.

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S = $ 16.541.470,97

Total perjuicios materiales $ 64'642.929.73

José Abel Quintero Cortés

Nacido el 22 de mayo de 1980, los 25 años se cumplieron el 22 de mayo de 2005. La indemnización comprende un período consolidado que va desde la fecha de los hechos el 6 de enero de 1996, hasta la fecha en que cumpliría la mayoría de edad, esto es, 112,5 meses.

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S = $ 10.314.684

Ofelia Quintero Cortés

Nacida el 4 de agosto de 1982, cumplió los 25 años el 4 de agosto de 2007. La indemnización comprende un período consolidado que va desde la fecha de los hechos el 6 de enero de 1996, hasta la fecha en que cumplió la mayoría de edad, esto es, 138.96 meses.

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S= $ 13.674.465

Néstor Javier Quintero Cortés

Nacido el 19 de septiembre de 1986, cumplió 25 años el 19 de septiembre de 2011. La indemnización comprende un período consolidado que va desde la fecha de los hechos el 6 de enero de 1996, hasta la fecha en que cumplió la mayoría de edad, esto es, 188.43 meses.

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S= $ 21.240.358.

Heidy Yessenia Castro Chauta

Nacida el 17 de mayo de 1996, cumple los 25 en el 2021. La indemnización comprende un período consolidado que va desde la fecha de su nacimiento el 17 de mayo de 1996, hasta la fecha de la sentencia, esto es, 204,26 meses.

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S = 24.071.150

Liquidación de la indemnización futura o anticipada:

Para lo cual se tomará el tiempo entre la fecha de esta sentencia y el tiempo restante para cumplir la mayoría de edad, esto es, 95,1 meses.

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S = 5.249.024

Total perjuicios materiales: $ 29.320.174

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revocar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión el 24 de diciembre de 2003, y en su lugar se dispone:

2. Declarar que el departamento de Boyacá, Secretaría de Salud, es responsable de la muerte de Fideligno Quintero Ramírez, ocurrida el 6 de enero de 1996.

3. Condenar al departamento de Boyacá, Secretaría de Salud, a pagar a título de indemnización por perjuicios morales a los señores María Isabel Cortés Orjuela, José Abel Quintero Cortés, Ofelia Quintero Cortés, Néstor Javier Quintero Cortés, María del Carmen Castro Chauta y Heidy Yessenia Castro Chauta, el equivalente a 100 SMMLV, para cada uno.

4. Condenar departamento de Boyacá, Secretaría de Salud, a pagar a título de indemnización por perjuicios materiales las siguientes sumas de dinero: a los señores María Isabel Cortés Orjuela: $ 64'642.929.73; María del Carmen Castro Chauta: $ 64'642.929.73; José Abel Quintero Cortés: $ 10.314.684; Ofelia Quintero Cortés: $ 13.674.465; Néstor Javier Quintero Cortés: $ 21.240.358; Heidy Yessenia Castro Chauta: $ 29.320.174.

5. Dese cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Para la fecha de presentación de la demanda, 1.200 gramos oro equivalían a $ 14.400.000 y la mayor cuantía estaba fijada en $ 13.460.000.

(2) Consejo de Estado: Sección Tercera; sentencia del 13 de agosto de 2008; expediente 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de noviembre 1º de 1991, radicación 6469, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 19 de 2011, radicación 20423, C.P. Olga Valle de De La Hoz.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 10 de 2000, radicación 13816, C.P. Enrique Gil Botero.

(6) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de octubre 1º de 2008, expediente 27268, C.P. Enrique Gil Botero.