Sentencia 1997-13649 de mayo 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Proceso número: 25-000-23-26-000-1997-13649-01 (28.313)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actora: Luis Abelardo Ortiz Ortiz y otra

Demandado: Departamento de Cundinamarca y otros

Acción: Reparación directa

Bogotá D.C., veintinueve de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

1. Cuestión previa.

Antes de abordar el fondo del asunto, la Sala precisa que aunque en las alegaciones de primera instancia el departamento de Cundinamarca y la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP, reiteradas en las apelaciones de esta última y del municipio de Choachí, propusieron la nulidad de lo actuado, a su juicio, por irregularidades en la fijación en lista del presente asunto, tal situación no solo fue resuelta en la sentencia impugnada (fl. 127, cdno. ppal. 2), sino que en esta instancia, al resolver sobre la petición de pruebas, la corporación, en un pronunciamiento que por su relevancia se cita in extenso, precisó(2):

“De conformidad con las disposiciones antes señaladas, considera el despacho que de haberse omitido la fijación en lista del presente proceso, conllevaría, en principio, a la configuración de la causal de nulidad prevista en el numeral 6º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, nulidad que de haberse presentado igualmente habría sido subsanada por las mismas entidades demandadas, dado que no fue alegada una vez se enteraron de la supuesta fijación en lista el día 26 de noviembre de 1998 (fl. 44, cdno. 1), o al momento de la notificación del auto que decretó las pruebas pedidas por la parte demandante dictado el día 9 de diciembre de 1998 (fl. 45, cdno. 1), así como tampoco se opusieron mediante los recursos procedentes a dicho auto, ni aquel que denegó la práctica de un dictamen pericial pedido por la parte actora de fecha 14 de diciembre del mismo año (fls. 46 y 47, cdno. 1).

Así las cosas, las entidades demandadas no ejercieron los medios procesales con los cuales contaban para alegar la supuesta nulidad sino que, por el contrario, la convalidaron al haber intervenido de manera posterior en la audiencia de conciliación celebrada el día 5 de abril de 2001, sin proponerla (fls. 95 y 96, cdno. 1), pues tan solo la invocaron al momento de presentar sus alegaciones finales, es decir transcurridos más de dos años a partir del momento en que tuvieron conocimiento de la supuesta falta de fijación en lista del proceso, razón por la cual, concluye el despacho que las entidades demandadas convalidaron la omisión alegada.

Ahora bien, en gracia de discusión observa el despacho que en el auto de fecha 15 de mayo de 1997 a través del cual se admitió la demanda, obra la respectiva constancia de fijación en lista del proceso con fecha 20 de octubre de 1998 (fl. 18, vto. cdno. 1), así como también, se destaca el informe a despacho de fecha 26 de noviembre de 1998, en el cual se señaló que el término de fijación en lista ya se encontraba vencido (fl. 30, cdno. 1), circunstancias que permiten concluir que dicha etapa procesal, sí se surtió en primera instancia.

Así mismo, obran a folios 21, 22 y 42 del cuaderno 1 del expediente, las respectivas constancias de notificación al gerente de la Empresa de Energía de Cundinamarca, al gobernador de dicho departamento y al alcalde del municipio de Choachí, respecto del auto admisorio de la demanda, lo que indica la ausencia de violación al derecho de contradicción alegada por la parte recurrente, lo cual, además, permite señalar que una vez notificadas las entidades demandadas respecto de la demanda formulada en su contra, debieron estas actuar de manera oportuna y diligente y estar al tanto de las actuaciones que en el proceso se surtieran para efectos de adelantar los actos propios de cada etapa procesal, como lo son la contestación de la demanda, la solicitud de pruebas y la proposición de excepciones, entre otros” (fls. 220 rev. y 221, cdno. ppal. 2).

En los términos expuestos, es claro que en el presente proceso se cumplieron las formas propias del mismo y, por ende, habrá que estarse a lo decidido en el auto anteriormente citado.

2. Presupuestos procesales.

2.1. La jurisdicción, competencia y acción procedente.

Como dentro de la controversia están tres entidades públicas, el departamento de Cundinamarca, el municipio de Choachí y la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP (arts. 82 y 149 CCA), el conocimiento de la misma corresponde a esta jurisdicción; precisa aclarar que la última de las demandadas tiene la naturaleza jurídica de una sociedad por acciones mixta (fl. 74, cdno. pruebas, respuesta del gobernador de Cundinamarca a un requerimiento del a quo), que según la Corte Constitucional es una entidad descentralizada de la rama ejecutiva(3).

Ahora, esta corporación es la competente para conocer del presente asunto, toda vez que el numeral 1º del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, le asignó el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos(4).

De otro lado, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo(5) prescribe que la acción de reparación directa constituye la vía procesal conducente para buscar la responsabilidad extracontractual de las demandadas como consecuencia de los hechos descritos en la demanda.

2.2. La legitimación en la causa.

El señor Luis Abelardo Ortiz Ortiz demostró su calidad de lesionado, según lo anotado en la historia clínica 274611 del hospital Simón Bolívar (fls. 15 a 20, cdno. pruebas, en copia simple aportada por la entidad hospitalaria). Ahora, a pesar de que no fue objeto de la alzada, la Sala considera, contrario a lo expresado por el a quo (fl. 124, cdno. ppal. 2), que la señora María del Tránsito Velásquez Bohórquez está legitimada en la causa por activa, toda vez que si bien no demostró su vínculo o parentesco con el lesionado, las pruebas testimoniales dan cuenta de su condición de damnificada(6). Ahora, lo anterior no supone que se pueda analizar el reconocimiento de los perjuicios a la actora, toda vez que el principio de la no reformatio in pejus lo impide, toda vez que no es objeto de la impugnación ni puede agravarse la situación jurídica de los apelantes únicos.

Frente a la legitimación de las demandadas se tiene que fueron el municipio de Choachí y la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP las que coordinaron los trabajos en las líneas eléctricas, sin que en parte alguna aparezca involucrado el departamento de Cundinamarca (fls. 5 a 10, cdno. pruebas, testimonios). En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo de declarar legitimadas a los dos primeras, pero no así frente a la última. Con todo, como lo anterior no quedó consignado en la parte resolutiva de la sentencia se modificará para disponer lo propio.

2.3. La caducidad.

Toda vez que el accidente ocurrió el 20 de julio de 1996, según la historia clínica 274611 del hospital Simón Bolívar (fl. 17, cdno. ppal., en copia simple aportada por la entidad hospitalaria) y la demanda se presentó el 7 de marzo de 1997, fuerza concluir que lo fue en el bienio prescrito en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(7).

3. Problema jurídico.

El problema jurídico del presente asunto se concreta en determinar la responsabilidad extracontractual del municipio de Choachí y la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP por los perjuicios ocasionados a los señores Luis Abelardo Ortiz y María del Tránsito Velásquez Bohórquez, como consecuencia del accidente sufrido por el primero de los mencionados, en momentos en que manipula las redes eléctricas a órdenes del contratista del citado municipio.

4. Los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

4.1. Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(8), de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación patrimonial de los actores que se alega en la demanda, se entrará a estudiar la imputación.

4.2. Igualmente, precisa referir que los documentos allegados por la parte actora lo fueron dentro de la oportunidad pertinente, en original, en copia auténtica y copias simples (cdno. ppal., cdno. pruebas)(9).

4.3. El daño.

En el sub lite, el daño alegado por los actores se concretó en las lesiones padecidas por el señor Luis Abelardo Ortiz Ortiz, como consecuencia del accidente ocurrido el 20 de julio de 1996, en momentos en que manipulaba las redes eléctricas.

En ese orden, de la historia clínica 274611 del hospital Simón Bolívar se tiene:

“Paciente de 27 años quien presentó quemaduras por electricidad en MMSS, espalda, muslos bilaterales el día 20-jul, 96, se le practicó amputación a nivel de 1/3 proximal en antebrazo derecho.

A la evaluación se observa:

1. Atrofia moderada en musculatura de brazo y muñón de antebrazo derecho.

2. Cicatriz hipertrófica severa en espalda, brazo derecho y palma mano izq. y muslo bilateral.

3. Debilidad de la musculatura de hombro, brazo y antebrazo (muñón)” (fl. 17, cndo. pruebas).

De lo anterior se desprende el daño causado.

4.4. La imputación.

4.4.1. En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(10):

“En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos ‘títulos de imputación’ como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia”.

Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tengan que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

4.4.2. En ese orden, frente a la imputación del daño irrogado a los actores, de las pruebas allegadas al plenario, se tiene:

4.4.2.1. El 31 de octubre de 1996, el alcalde del municipio de Choachí certificó:

“Que el día 20 de julio de 1996, el señor Luis Abelardo Ortiz Ortiz, identificado con la C.C. Nº 11.410.223 expedida en Cáqueza, se encontraba en compañía del señor Helman Acosta, y otras personas realizando, con autorización de la alcaldía municipal la construcción de un arranque para electricidad en la vereda Aguadulce, jurisdicción del municipio de Choachí.

El corte de energía para la realización del trabajo, se había solicitado con anterioridad a la Empresa de Energía de Cundinamarca, y se obtuvo en esa fecha gracias a la colaboración que brindó dicha empresa por intermedio del jefe del distrito de Cáqueza” (fl. 1, cndo. pruebas, original).

4.4.2.2. El 19 de diciembre de 1996, el señor Omar Saraza Mateus, jefe del distrito de Cáqueza de la Empresa de Energía de Cundinamarca certificó:

“El día 20 de julio de 1996 se autorizó verbalmente al ingeniero: José Helman Acosta para armar un arranque de media tensión (13.2 KV) en la vereda Agua Dulce del municipio de Choachí” (fl. 2, cdno. pruebas).

4.4.2.3. El señor José Helman Acosta Jara, en declaración juramentada ante el a quo, en torno a los hechos, manifestó:

“Luis Abelardo, don Luis Mikan, Esiderio Hernández, Wilson Mikan y Eugenio Velásquez salimos a armar un arranque en la vereda de Agua Dulce del municipio de Choachí, hablamos con el liniero o guarda de líneas de la empresa de energía, Pedro Rivera, para que suspendiera el servicio y posteriormente lo volviera a conectar cuando alguno de nosotros bajáramos hasta el pueblo y le comunicáramos que ya habíamos terminado, luego él quitó el servicio y nosotros nos fuimos a trabajar a la vereda. Estuvimos trabajando durante el día y aproximadamente como a las cinco y media, cuando ya estábamos terminando estaba Abelardo y Esiderio subidos en un poste y nos conectaron la energía y ahí fue cuando resultó lesionado Abelardo. Preguntado: Dígale al tribunal en qué condición iba usted el día de los hechos con las demás personas citadas en respuesta anterior. Contestó. Yo le había dado el trabajo por subcontrato al señor Luis Mikan y ese día yo iba para Bogotá, entonces aproveché para llevarlos al sitio de la obra, dejarlos ahí trabajando y yo me iba luego para Bogotá hacer un negocio. Estando en Choachí yo llamé a Bogota y me dijeron que ya no era necesario que fuera a Bogotá, entonces me quedé acompañándolos ese día en la obra. Yo era directamente el contratista y Luis Mikan era el subcontratista. Preguntado. Usted como coordinador o jefe de dicho trabajo para el día de los hechos con qué personas o funcionarios habló lo relacionado a la suspensión del fluido eléctrico en dicho municipio. Contestó: Yo hablé como primera medida con el ingeniero Omar Saraza en ese entonces jefe de distrito Cáqueza, el cual nos autorizó el corte de servicio para ese día y nos encomendó que coordináramos el corte con el funcionario de Choachí don Pedro Rivera, con el cual se habló ese día para que nos suspendieran el servicio y lo recortara (sic) solo hasta que uno de nosotros bajara a informarle que ya habíamos terminado. Preguntado. Dígale al tribunal qué partición tuvo el señor alcalde municipal de Choachí (Cundinamarca) en dicho trabajo y cuál fue el horario de suspensión del fluido eléctrico. Contestó: Como el municipio y el alcalde era el contratante, entonces en coordinación con ellos habíamos programado el corte del servicio para el 20 de julio que era día festivo y no afectaba las labores de trabajo de oficina. Preguntado: Dígale al despacho si el alcalde municipal de Choachí (Cundinamarca) y el jefe de distrito de Cáqueza de la Empresa de Energía de Cundinamarca autorizaron expresamente la realización del trabajo eléctrico en la vereda Agua Dulce el día 20 de julio de 1996 así como la suspensión del fluido eléctrico. Contestó: Sí, tanto el alcalde como el jefe de distrito autorizaron el corte de servicio para ese día. La suspensión del fluido eléctrico era durante todo el día hasta que alguno de nosotros avisara que ya había terminado la obra y podía volver a conectar el servicio (...) Preguntado: Sabe usted si el guardalíneas Pedro Rivera adscrito a la Empresa de Energía Eléctrica de Cundinamarca con sede en Choachí cual fuera el motivo para colocar el fluido eléctrico sin previo aviso. Contestó: Según los comentarios de la gente, posteriores a los hechos nos dijeron que había estado tomando o ingiriendo bebidas alcohólicas lo cual pudiera haber sido el motivo para que se le olvidara que nosotros estábamos trabajando en la vereda y conectara el servicio. Preguntado: Usted puso haber sido también víctima de tales hechos pero afortunadamente no fue así, como coordinador del trabajo y testigo presencial de los hechos a qué o a quién atribuye la responsabilidad en la ocurrencia de los mismos. Contestó: Así como pude ser afectado también, pudo ser afectado el señor Esiderio Hernández, quien se encontraba subido en el poste en el momento en el que fue conectado el servicio y de milagro no lo afectó a él, estos hechos se atribuyen a la empresa de energía y al funcionario que labora en Choachí don Pedro Rivera por no haber esperado a que nosotros le informáramos que ya habíamos terminado la obra para poder ahí sí conectar el servicio” (fls. 3 a 5, cndo. pruebas).

4.4.2.4. El señor José Wilson Micán Vizcaíno, ante el a quo y en torno a los hechos, declaró:

“Nos fuimos hacer un trabajo en el pueblo de Choachí, en una vereda llamada Agua Dulce, estábamos con el ingeniero Helmar Acosta, llegamos al pueblo de Choachí y ya se había coordinado para el asunto del corte del servicio del fluido eléctrico, el ingeniero habló con el guardalínea de ese pueblo, se hizo el corte y nos desplazamos a la vereda de Agua Dulce, estábamos haciendo un arranque para ese misma vereda, prácticamente ya se había terminado el trabajo, faltaban pocos detalles para terminarlo, serían las 5:30 de la tarde Abelardo estaba haciendo un puente para culminar totalmente el trabajo, yo estaba asegurando un anclaje, yo estaba en el piso y Abelardo estaba subido en el poste y de pronto hubo una descarga eléctrica, miré a Abelardo y estaba envuelto en candela, los allí presentes eran Luis Mican (sic), Desiderio Hernández, Helmer Acosta, Eugenio Velázquez, hubo un momento de pánico y Abelardo después de la descarga se dejó caer sobre un puente flojo que había quedó muerto y hubo una segunda descarga eléctrica. Después de esto bregamos a bajarlo de la estructura, yo Wilson Nican (sic) lo ayudé a bajar y lo recibí en el piso, al verlo tenía su brazo derecho totalmente quemado al igual que la pierna y parte de la espalda. De ahí había un carro, un expreso que había pagado para cargar materiales, el conductor era Eugenio Velázquez y ahí lo llevamos para el puesto de salud de Choachí, allí al ver que el accidente era muy grave no le pudieron hacer nada y lo remitieron a Bogotá a la clínica San Juan de Dios (...) Preguntado: Dígale al tribunal qué autoridades o funcionarios autorizaron realizar dicho trabajo eléctrico así como el corte o suspensión del fluido eléctrico ese día. Contestó. Omar Saraza, ingeniero encargado de la región del oriente de la Empresa de Energía de Cundinamarca autorizó el corte de servicio y el alcalde de Choachí también había autorizado el corte del servicio de energía, también el guardalíneas Pedro no me acuerdo el apellido y el ingeniero Helmar Acosta, contratista, todos ellos fueron los coordinadores del corte del servicio eléctrico. Preguntado: Diga al despacho si recuerda cuál fue el horario de corte o suspensión del servicio eléctrico ese día, que se acordó con la Empresa de Energía de Cundinamarca. Contestó: El corte más o menos fue como a la una de la tarde, se la había dicho al señor guardalínea que hasta que llegáramos a avisarle a él había permiso para meter cañuelas, energizar la línea. El señor guardalínea no esperó a que nosotros fuéramos a avisarle para que energizara la línea, más o menos a las 5:30 energizó la línea sin ninguna autorización, se dice según rumores del pueblo de Choachí el señor estaba tomando (...) Preguntado: Dígale al despacho como testigo presencial de los hechos cuál considera usted que sea la causa y quién el responsable de lo ocurrido. Contestó: Es la irresponsabilidad más grande de uno de los funcionarios de la Empresa de Energía de Cundinamarca y esa más un funcionario de la Empresa de Energía que dentro de su trabajo haya estado tomando según comentarios de la gente del pueblo de Choachí. Preguntado: Finalmente, infórmele al tribunal en qué consiste el trabajo elaborado y denominado arranque eléctrico. Contestó. Ese arranque que se menciona era para una electrificación de la vereda Agua Dulce, consiste en el montaje de unas crucetas y unos seccionadores o cortacircuitos para enviar la energía a dicha vereda. Había que quitar el fluido eléctrico obligatoriamente” (fls. 6 a 8, cdno. pruebas).

4.4.2.5. El testimonio del Luis Eugenio Velásquez Gutiérrez, rendido en las mismas condiciones arriba anotadas, da cuenta:

“Ese día nos dirigimos a hacer un empalme en la vereda Agua Dulce y se le pidió el favor al jefe del distrito de Cáqueza, el señor Omar Saraza para hacer el corto del fluido eléctrico, como también se le pidió el favor al alcalde de Choachí y ellos dieron la autorización de hacer el corte y ya eran como las cuatro y media de la tarde que ellos esperaban que nosotros llegáramos al pueblo de Choachí para darles la orden de que echaran la luz y ahí el guardalíneas ese día me dijeron que estaba por ahí tomando y no esperó que nosotros llegáramos y seguro que le olvidó y echó la luz, cuando él echó la luz Abelardo estaba arriba en el poste y lo cogió la corriente lo quemó casi por todo el cuerpo y el brazo y lo llevamos para el centro de salud de Choachí y ahí no lo pudieron atender y tocó traerlo para acá para Bogotá” (fls. 9 y 10, cdno. pruebas).

Del análisis conjunto de las anteriores pruebas se tiene:

(i) El 20 de julio de 1996, el señor Luis Abelardo Ortiz Ortiz, en compañía de otras personas y a órdenes del contratista del municipio de Choachí, se dispuso a realizar la construcción de un arranque eléctrico para prestar el servicio de electricidad en la vereda Aguadulce (sic), en jurisdicción del mencionado ente territorial; (ii) dicha actividad fue coordinada con los empleados de la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP, quienes dieron la autorización para realizarla y, además, tenían la obligación de desconectar y reconectar el servicio de energía, esto último cuando así lo informaran quienes trabajaban en la zona; (iii) el empleado de la empresa de energía activó el servicio sin previo aviso de los trabajadores.

4.4.3. De conformidad con lo acreditado en el sub lite, dos entidades públicas concurrieron en la ejecución de una obra sobre las líneas eléctricas. El municipio de Choachí, quien contrató al ingeniero José Helman Acosta Jara para la construcción del arranque eléctrico que permitiera la conexión de las redes para llevar el servicio de energía a una vereda dentro de su jurisdicción y la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP, prestadora del servicio público domiciliario de energía eléctrica, que permitió el acceso a las redes, las desenergizó y se comprometió a restablecer el fluido eléctrico previo aviso de terminación de las obras autorizadas.

Por consiguiente, se trata de una actividad que se adelantó de manera coordinada entre el contratista, la entidad territorial y la empresa de servicios públicos. En el sub lite, las pruebas indican que el control y operación de las líneas eléctricas estaba a cargo de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, tal como se desprende de la certificación en la que hizo constar que autorizó el acceso a las redes para realizar los trabajos que aquí se estudian, así como de los testimonios que señalan que un operario de la empresa desenergizó la línea de transporte para permitir la realización de los trabajos y se comprometió a no restablecer el fluido eléctrico mientras no se le informara de la finalización de las obras (fls. 2 a 10, cdno. pruebas); por su parte, el municipio contrató con el ingeniero José Helman Acosta Jara la instalación de un arranque eléctrico sobre las líneas operadas por la empresa prestadora del servicio, para conectar las redes que permitirían a esta última suministrar la energía eléctrica a los habitantes de unas veredas.

Sin embargo, esa colaboración y actuación coordinada per se no comporta la responsabilidad extracontractual de todas las demandadas, en tanto se requerirá para el efecto que los hechos realizados sean determinantes para la causación del daño reclamado, como lo puso de presente esta corporación, en un asunto donde falleció una persona en momentos en que instalaba unas lámparas de alumbrado público por requerimiento que hiciera un municipio a la empresa de energía competente, así(11):

“En estas circunstancias y en aplicación de la teoría del riesgo, que como ya se señaló establece que en los eventos en los cuales se produce un daño como consecuencia de una actividad peligrosa, como lo es la conducción de energía eléctrica, el beneficiario de la actividad debe responder por este, se considera que la electrificadora es la que debe resarcir el daño sufrido por los demandantes.

El hecho no es imputable al municipio de San Marcos porque si bien en última instancia iba a recibir los beneficios de la prestación del servicio de alumbrado público, su actuación consistente en solicitar a la empresa responsable del servicio la instalación de las lámparas no fue la causa eficiente en la producción del daño.

Ha considerado la Sala que un resultado es atribuible a alguien siempre que suprimida la conducta que se le atribuye sea imposible explicar el resultado jurídicamente relevante(12). Por tanto, si en el caso concreto se suprime hipotéticamente la solicitud del alcalde del municipio para que la empresa encargada de la prestación del servicio de alumbrado público instale las lámparas, aún es posible explicar el resultado, esto es, la muerte del señor Sierra Pérez, porque esta no se produjo por haberse realizado dicha solicitud sino por la descarga eléctrica que sufrió la víctima en el momento en que realizaba la instalación de tales lámparas, en cumplimiento de la orden dada por su patrono que a la vez cumplía con un contrato u orden de trabajo celebrado con la empresa demandada.

Pero considerar que la solicitud realizada por el alcalde, que en última instancia, es cierto, motivó la decisión de la empresa de servicios de cumplir su función y a la vez la del contratista, sería tanto como aceptar la teoría de la equivalencia de las condiciones en la producción del daño, la cual ha sido rechazada por la jurisprudencia de la Sala”.

Ahora, aunque la situación que se presenta en el sub lite dista de la descrita arriba, toda vez que aquí el municipio asumió la realización de unas obras, con la autorización de la empresa operadora de las líneas de conducción de energía, para permitir el acceso al servicio público de unos usuarios en el sector rural —hecho que por sí mismo no le transfirió el control de las redes y del transporte de la energía eléctrica, al punto que para el efecto requirió la autorización previa de la prestadora del servicio—, lo cierto es que fue la operación de las redes llevada a cabo por un trabajador de la empresa de energía la que determinó el perjuicio que se reclama, en cuanto, sin mediar el aviso sobre la terminación de las obras autorizadas, restableció el fluido eléctrico que ocasionó la descarga sobre el actor, causándole daños irreversibles en su integridad física. En ese orden, bien puede afirmarse que la realización de las obras contratadas por el ente territorial para hacer posible la conexión al servicio de usuarios del sector rural, comportaba riesgos, entre los que asumió el municipio no se comprenden los relativos al restablecimiento del fluido eléctrico durante la realización de las obras autorizadas por la empresa prestadora del servicio, pues acreditado está que el municipio y el contratista se aseguraron de coordinar con la empresa la realización de esas maniobras, al punto de acordar con esta última que la energización de las líneas se restableciera después de informarse al operario la finalización de los trabajos contratados por el municipio.

Además, no puede perderse de vista que las empresas prestadoras de servicios públicos, para cumplir con la función social que les atribuye la ley, tienen como obligación facilitar el acceso e interconexión a las redes, de otras entidades o empresas prestadoras de servicios y de los usuarios(13), obligación reiterada en el artículo 30 de la Ley 143 de 1994(14), colaboración que fue la que se coordinó entre el municipio, el contratista y la empresa aquí demandada, siendo, en últimas, la operación llevada a cabo por esta última sobre las redes a las que permitió el acceso la determinante del perjuicio causado.

En consecuencia, no pueden desconocerse los efectos determinantes de la operación desplegada por la empresa de energía sobre las redes, por cuanto el restablecimiento del fluido eléctrico sin previo aviso fue la causa efectiva del daño, según coinciden los testigos, al afirmar que acordaron con el guarda líneas al servicio de la empresa que la energización de la red debía hacerse cuando se le informara de la terminación de los trabajos autorizados; sin embargo, la empresa procedió con el restablecimiento del flujo de electricidad en el momento en que el lesionado desarrollaba su trabajo en las redes, lo cual generó el accidente. Versión que resulta creíble para la Sala, si se tiene en cuenta que los técnicos trabajaron desde el mediodía sobre la misma línea, sin flujo de energía y que el accidente se produjo al caer la tarde, después de que el operario de la empresa prestadora del servicio restableció la corriente eléctrica. En ese mismo sentido, como lo afirmó el señor José Wilson Micán Vizcaíno, el tipo de labores que se adelantaban necesariamente requerían, desde su inicio hasta su finalización, de la suspensión del fluido eléctrico (fl. 8, cdno. pruebas), sin que obren pruebas que den cuenta de una labor inapropiada de los trabajadores o que permitan concluir que las líneas eléctricas intervenidas fueran de otra empresa de energía.

En consecuencia, se impone modificar la decisión de primera instancia, para en su lugar absolver al municipio demandado y declarar la responsabilidad patrimonial de la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP.

4.5. Los perjuicios.

La labor de la Sala en este punto se limitará a revisar si las condenas impuestas por el a quo se ajustan a los parámetros establecidos por la Sección, sin que se pueda agravar la situación de las apelantes, pero sí disminuir las condenas, si así se impone.

4.5.1. Perjuicios morales y daño a la salud: De entrada debe aclararse que en la demanda se pidieron los perjuicios morales así:

“1.2.2. Los daños y perjuicios Morales (morales objetivados y morales subjetivados) consistentes en el dolor, aflicción, congoja, angustia, tristezas, pesares presentes, pasados y futuros; daños y trastornos de la personalidad, malformaciones del carácter, etc., con el equivalente en pesos a la fecha de la sentencia de mil gramos oro fino, para cada uno de los demandante (s), de conformidad con el artículo 106 del C.P. y normas concordantes” (se destaca) (fl. 3, cdno. ppal.).

Lo anterior significa que en la demanda no solo se deprecaron perjuicios morales, esto es, los sufrimientos que se devinieron de la lesión, sino también los perjuicios que por la misma causa corporal se dan en la órbita psicofísica del sujeto, en tanto se encaminan a resarcir la pérdida, alteración anatómica o funcional. En efecto, en reciente pronunciamiento(15), la Sección Tercera de esta corporación trasladó las condenas impartidas por daños fisiológicos, conocidos primeramente bajo la denominación de “daño a la vida de relación”, después como la “alteración a las condiciones de existencia” y también como “alteraciones graves a las condiciones de existencia”, al daño a la salud, cuando la lesión antijurídica tenga su génesis en una afectación negativa al derecho a la salud. En consecuencia, en esos eventos los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer serán el daño moral y el daño a la salud.

En claro lo anterior, bien podía, como hizo el a quo, interpretarse la demanda y darle el alcance que finalmente le dio al reconocer tanto los perjuicios morales como los daños a la salud.

En ese orden, frente a estos perjuicios debe señalarse que están plenamente demostrados, como lo ponen de presente los testimonios de los señores José Helman Acosta Jara, José Wilson Micán Vizcaíno y Luis Eugenio Velásquez Gutiérrez:

“José Helman Acosta Jara

Preguntado: Dígale al despacho cómo era el estado de salud, esto es, la presanidad de Luis Abelardo Ortiz Ortiz antes de la ocurrencia de los hechos. Contestó: Él era un muchacho normal, con todas sus funciones físicas y buen trabajador. Él tenía todos sus miembros completos antes de ese día (...) Preguntado: Como testigo presencial de los hechos, dígale a este tribunal qué lesiones sufrió Abelardo Ortiz Ortiz con el accidente en comento. Contestó: Principalmente sufrió amputación del brazo derecho como consecuencia de la descarga eléctrica y también fue afectado con quemaduras y lesiones en la espalda, en la palma de la mano izquierda y una pierna. Preguntado: Dígale al despacho a qué actividad se dedicaba Luis Abelardo Ortiz Ortiz antes de los hechos y cuál su promedio de ingreso mensual. Contestó: Él se dedicaba a la construcción de redes eléctricas, hacía subcontratos o trabajaba al día cuando no tenía subcontratos (...) Preguntado: Dígale al despacho si después de ocurrido el accidente Luis Abelardo Ortiz labora en las mismas condiciones anteriores y obtiene los mismos ingresos. Contestó: No, ahora él debido al accidente y como para estos contratos es indispensable las dos manos prácticamente no está haciendo nada (...) Preguntado: Dígale al despacho si usted considera que Luis Abelardo Ortiz Ortiz y su compañera María Tránsito Velásquez, así como su hijo, por causa de dicho accidente han recibido perjuicios de índole material y moral, de ser así cuáles o en qué consisten. Contestó: Sí, tanto perjuicios morales como materiales (...) (fls. 4 y 5, cdno. pruebas).

José Wilson Mican Vizcaíno

Las lesiones fueron pérdida del brazo derecho, quemaduras en su mano izquierda, quemaduras en su pierna derecha y en su espalda (...) Preguntado: Dígale al despacho si sabe actualmente a qué actividad se dedica Luis Abelardo Ortiz y cuáles son sus ingresos. Contestó: Él últimamente la gente al verlo así, al faltarle su brazo ya nadie lo ocupa y él se dedica solamente a la casa debido al accidente que tuvo (...) Preguntado: Sabe usted si Luis Abelardo Ortiz y su familia han sufrido perjuicios de índole material y moral a causa de dicho accidente. Contestó: Moralmente el trauma que sufrió y creo que seguirá sufriendo ya que por causa de ese accidente ya que en su pensamiento sabe que anteriormente tenía su brazo y ya no lo tiene es una trauma tremendo (...) incluso Abelardo una vez me dijo que quería suicidarse al verse así por el accidente (fl. 7, cdno. pruebas).

Luis Eugenio Velásquez Gutiérrez

Preguntado: Ya que presenció usted el siniestro ocurrido informe al despacho qué lesiones o heridas sufrió Luis Abelardo Ortiz. Contestó: Una herida muy profunda en la pierna derecha y el brazo derecho prácticamente quemado, casi prácticamente heridas por todo el cuerpo (...) Él sufrió perjuicios morales y corporales y él después del accidente quedó traumatizado de pensar la obligación que tenía con su esposa y su hijo, pensó en quitarse la vida” (fls. 9 y 10, cdno. pruebas).

Igualmente, la historia clínica 274611 del hospital Simón Bolívar da cuenta de la gravedad de las lesiones del señor Ortiz Ortiz, como consecuencia de la amputación a nivel del 1/3 de su antebrazo derecho y múltiples quemaduras en muslos y espalda (fl. 17, cdno. pruebas). En suma, las anteriores pruebas demuestran no solo el sufrimiento y dolor que padeció el lesionado, sino también sus afectaciones y limitaciones, tanto en lo psicológico, laboral y personal.

En cuanto a los montos reconocidos, la Sala considera que atendiendo a la gravedad de las lesiones y la incapacidad que advierten los testigos frente a la actividad que desarrollaba comúnmente el lesionado, bien puede indemnizarse en la proporción que dispuso el a quo.

4.5.2. En consecuencia, para los perjuicios morales 100 salarios mínimos mensuales vigentes a la ejecutoria de la presente sentencia. Igualmente, la Sala ha señalado que su estimación debe hacerse en salarios mínimos legales mensuales vigentes y no en gramos oro y, para ello, se tiene en cuenta la equivalencia según la cual, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado, puede reconocerse una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes(16).

4.5.3. Para el daño a la salud 100 salarios mínimos mensuales vigentes a la ejecutoria de la presente sentencia, con todo y que se desconoce el porcentaje de incapacidad(17), atendiendo al criterio fijado por la Subsección en otros asuntos, en donde con base en otras pruebas, como las testimoniales, se ha determinado el grado de afectación y, por ende, el monto de la indemnización(18). Efectivamente, aquí se tiene que la lesión del señor Ortiz Ortiz es permanente y tiene un impacto definitivo para el desarrollo de las actividades a las que se dedicaba.

4.7. Por último, como la conducta de las partes no puede catalogarse como abiertamente temeraria, sino el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y de defensa, se impone negar la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. MODIFICAR la sentencia del 18 de diciembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, la cual quedará así:

“Primero: DECLARAR probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento de Cundinamarca.

Segundo: DECLARAR la responsabilidad extracontractual de la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP, o a quien haga sus veces, por los perjuicios ocasionados al señor Luis Abelardo Ortiz Ortiz, como consecuencia del accidente ocurrido el 20 de julio de 1996.

Tercero: CONDENAR a la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP, o a quien haga sus veces, a pagar al señor Luis Abelardo Ortiz Ortiz las siguientes cantidades:

(i) Por perjuicios morales la suma de cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes a la ejecutoria de la presente sentencia.

(ii) Por daño a la salud la suma de cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes a la ejecutoria de la presente sentencia.

Cuarto: ABSOLVER de responsabilidad del municipio de Choachí, en los términos de la parte considerativa de esta providencia.

Quinto: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

Sexto: Para el cumplimiento de esta sentencia se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Séptimo: Sin costas”.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 7 de julio de 2006, Exp. 28.313, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(3) Sentencia C-737 del 19 de septiembre de 2007, Exps. D-6675 y D-6688 acumulados, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En esa oportunidad se dijo: “Obsérvese que si bien el legislador solo considera explícitamente como entidades descentralizadas a las empresas oficiales de servicios públicos, es decir a aquellas con un capital cien por ciento (100%) estatal, lo cual haría pensar que las mixtas y las privadas no ostentarían esta naturaleza jurídica, a continuación indica que también son entidades descentralizadas ‘las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio’ (resalta la Corte). Así las cosas, de manera implícita incluye a las empresas de servicios públicos mixtas o privadas como entidades descentralizadas, por lo cual la Corte no encuentra obstáculo para declarar su constitucionalidad”. En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de abril de 2011, Exp. 25000-23-24-000-2000-00016-01(AG), M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) El numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, asignó el conocimiento en primera instancia a los tribunales administrativos de los asuntos de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes órdenes. En consecuencia, como los perjuicios materiales se calcularon en $100.000.000, siendo esta la mayor pretensión (fl. 3, cdno. ppal.), es claro que para 1997, cuando se presentó la demanda (fl. 11, cdno. ppal.), la controversia superaba el valor exigido para que tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación, esto es por encima de $13.460.000.

(5) “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

(6) El señor José Helman Acosta Jara señaló que del lesionado “dependen la señora y el hijo” y, más adelante, frente a la pregunta de si María del Tránsito Velásquez han sufrido perjuicios morales, contestó: “[s]í, tanto perjuicios morales como materiales” (fls. 4 y 5, cdno. pruebas); José Wilson Micán Vizcaíno señaló que “[a] cargo de él (refiere al lesionado) está la esposa María no me acuerdo el apellido” (se aclara) (fl. 7, cdno. pruebas).

(7) “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

(8) Henao, Juan Carlos. El daño. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998, pág. 37.

(9) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero. En esa oportunidad se dijo que las copias simples obrantes en el proceso y que surtieran el principio de contradicción tienen plenos efectos probatorios. Claro está salvo: “(...) si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus). (...) De modo que, si la ley establece un requisito —bien sea formal o sustancial— para la prueba de un determinado hecho, acto o negocio jurídico, el juez no puede eximir a las partes del cumplimiento del mismo; cosa distinta es si el respectivo documento (v.gr. el registro civil, la escritura de venta, el certificado de matrícula inmobiliaria, el contrato, etc.) ha obrado en el expediente en copia simple, puesto que no sería lógico desconocer el valor probatorio del mismo si las partes a lo largo de la actuación no lo han tachado de falso. Así las cosas, si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus). (...) De modo que, si la ley establece un requisito —bien sea formal o sustancial— para la prueba de un determinado hecho, acto o negocio jurídico, el juez no puede eximir a las partes del cumplimiento del mismo; cosa distinta es si el respectivo documento (v.gr. el registro civil, la escritura de venta, el certificado de matrícula inmobiliaria, el contrato, etc.) ha obrado en el expediente en copia simple, puesto que no sería lógico desconocer el valor probatorio del mismo si las partes a lo largo de la actuación no lo han tachado de falso”.

(10) Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, Exp. 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(11) Consejo de Estado, sentencia del 15 de agosto de 2002, Exp. 14.357, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(12) Cita original: Al respecto, ver sentencia del 15 de junio de 2000, Exp: 11.330.

(13) El artículo 11 de la Ley 142 de 1994 prescribe: “Función social de la propiedad en las entidades prestadoras de servicios públicos. Para cumplir con la función social de la propiedad, pública o privada, las entidades que presten servicios públicos tienen las siguientes obligaciones: (...) // 11.6. Facilitar el acceso e interconexión de otras empresas o entidades que prestan servicios públicos, o que sean grandes usuarios de ellos, a los bienes empleados para la organización y prestación de los servicios”.

(14) “Las empresas propietarias de redes de interconexión, transmisión y distribución permitirán la conexión y acceso de las empresas eléctricas, de otros agentes generadores y de los usuarios que lo soliciten, previo el cumplimiento de las normas que rijan el servicio y el pago de las retribuciones que correspondan”.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19.031, M.P. Enrique Gil Botero.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exps. 13.232-15.646, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19.031, M.P. Enrique Gil Botero. En efecto, en esa oportunidad se dijo: “el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada”.

(18) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 16 de octubre de 2013, Exp. 28.831, M.P. Ramiro Pazos Guerrero. En esa ocasión precisó: “En esos términos, aunque en el sub lite no está probado el porcentaje de invalidez, lo cierto es que los testigos refieren que la actora, después del accidente, acusa dolencias en el píe y la espalda (fls. 92 a 94, cdno. pruebas demandante) y, además, fue necesario intervenirla quirúrgicamente (fl. 50, cdno. pruebas demandante), se impone concluir que el accidente le causó consecuencias particulares y específicas en su salud. Siendo así y atendiendo a que fue incapacitada por dos meses (fls. 3 y 4, cdno. ppal., en originales), se impone reconocer el doble de salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, esto es cuatro, atendiendo a las dolencias físicas por la cirugía y la extensión de los efectos más allá de la incapacidad”.