Sentencia 1997-13799 de mayo 8 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000-23-26-000-1997-13799-01(27073)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Melquisedec Martínez Bohórquez y otros

Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa

Referencia: reparación directa

Bogotá, D. C., ocho de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 8 de enero de 2004, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, por razón de la cuantía(1).

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(2).

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración.

2.1. El caso concreto.

El día 22 de noviembre de 1996, entre las seis y media y siete de la noche, los señores Milton Martínez Torres y César Hernández Gualdrón, se dirigían del aeropuerto al centro de Bogotá, por la avenida El Dorado, en un carro marca Volskwagen, de propiedad de este último, quien lo conducía. Al pasar frente a las instalaciones de la Policía, aproximadamente a la altura de la calle 50, el vehículo sufrió un desperfecto mecánico y se detuvo; los ocupantes se bajaron para revisar el motor, que en este modelo de autos está ubicado en la parte posterior y mientras estaban en esa labor, otro automotor marca Mercedes Benz de propiedad del Ministerio de Defensa, conducido por un funcionario de esa entidad los embistió, dejando seriamente herido al señor Martínez Torres, quien fue trasladado de urgencias para recibir atención médica, pero falleció una hora después.

2.2. Las pruebas obrantes en el proceso.

1. Copia de los registros civiles de nacimiento de María del Carmen Torres Espitia, Milton Martínez Torres, Daniel David Martínez Torres, Sonia Isabel Martínez Torres (fls. 2 a 5, 164 a 170, c. pruebas).

2. Copia del registro civil de matrimonio de Hebelio Torres y Rosa Espitia (fl. 1, c. pruebas).

3. Registro civil de defunción de Milton Martínez Torres (fl. 6 c. pruebas).

4. Informe del accidente Nº 96-001215, donde consta que no se diagramaron los vehículos porque fueron movidos; como causas del accidente se registró respecto del vehículo Nº 1 (de propiedad del Ejército) distraerse y del vehículo Nº 2, (particular) falta de señales, mal parqueado y el conductor manifestó no tener luz de stop, ni direccionales ya que hacía poco lo había retirado del taller. Como características de la vía se registró que se trataba de una vía urbana, de asfalto, en buen estado, dos carriles, recta, con buena iluminación y que estaba húmeda pero no estaba lloviendo al momento del accidente, no se registró visibilidad disminuida por algún obstáculo (fls. 34 y 63, c. pruebas).

5. Testimonio de los señores Domingo Hernández Aguilar, Fermín Alarcón López y Luis Hernando Peláez Vásquez quienes fueron contestes en declarar acerca de la unión familiar de la víctima con sus hermanos y sus padres a quienes ayudaba, razón por la cual sus familiares se han visto muy afectados con su muerte, por el sufrimiento que han padecido y también porque él les colaboraba económicamente (fls. 9 a 16, c. pruebas).

6. Declaración del señor César Augusto Hernández Gualdrón, propietario del vehículo en el que se transportaba la víctima momentos antes del accidente y quien sobre lo ocurrido manifestó:

“Más o menos a eso de la cinco de la tarde termina la jornada laboral en la empresa, pero nosotros nos quedamos hasta un poco antes de las seis de la tarde elaborando un documento que tenía que ser entregado ese mismo día en el centro de la ciudad, salimos y nos montamos en el vehículo wowagen (sic) de mi propiedad tomando el carril central de la avenida 26 hacia el centro, antes de la carrera 50 a la altura de un reloj publicitario el vehículo se baró, (sic) ambos nos bajamos del carro y fuimos a la parte de atrás donde queda el motor para ver que (sic) había sucedido y arreglarlo de alguna manera, él me preguntó si tenía una linterna para alumbrar el motor y yo le dije que tenía una en la guantera y fue y la sacó y volvió a ubicarse a mi derecha en posición agachado, sosteniendo la linterna en un lapso de tiempo muy corto sentí el golpe del carro Mercedes Benz del Ejército y en cuestión de segundos mi carro estaba unos quince metros adelante del sitio donde recibió el golpe por lo que estaba en neutro y Milton quedó tendido en el piso en el mismo sitio, yo me volví hacia el vehículo que lo atropelló y de inmediato le exigí al conductor que nos llevara a un centro asistencial, Milton logró ponerse en pie dio tres pasos me dijo que no podía respirar…

PREGUNTADO: Diga que explicación le dio el conductor del Mercedes Benz sobre el accidente. CONTESTO: El dijo que no nos vió (sic). PREGUNTADO: Diga cómo era la iluminación de la calle 26 a la hora del accidente. CONTESTO: La iluminación era adecuada, era muy buena y el clima estaba en perfectas condiciones, sé que llovió en el día pero a la hora del accidente no estaba lloviendo” (fls. 11 y 12, c. pruebas).

7. Oficio OAR-R-1164-01, del 22 de junio de 2001, mediante el cual la Universidad de la Salle certifica que el señor Milton Martínez Torres era estudiante de la institución en la Facultad de Administración de Empresas, jornada nocturna desde el II ciclo de 1993 hasta el II ciclo de 1996 (fls. 38 a 41, c. pruebas).

8. Fotocopia autenticada del proceso penal Nº 293994, adelantado contra Justino de Jesús Méndez por el delito de homicidio, occiso Milton Martínez Torres (fls. 42 a 161, c. pruebas).

De las pruebas obrantes en el proceso penal, merecen destacarse las siguientes:

8.1. Acta de inspección de cadáver Nº 8232-0512 STT, en la Clínica Assistir el 22 de noviembre de 1996, practicada por el Fiscal 314, lugar de los hechos Avenida El Dorado delante de la Avenida 68, se allega epicrisis de la Sociedad Médica Assistir donde se registraron condiciones del paciente Dx politraumatismo y muerte (fls. 46 a 56, c. pruebas).

Dentro de las diligencias se practicó inspección judicial en el sitio de los hechos y se consignó que en “la avenida El Dorado a cincuenta metros del puente peatonal ubicado frente al Hospital Central de la Policía, … Se trata de una vía pública carril central de la avenida El Dorado dirección occidente oriente, más o menos a cincuenta metros sobre el costado sur se encontró, sobre el separador central el vehículo marca Volkswagen de color rojo placas RAI-958 con abolladura en el babero trasero, guardabarro trasero derecho, la pasta de los stops destruida, al tratar de dar arranque no fue posible hacerlo toda vez que parte del motor se encuentra pegando con las latas del babero trasero. Luces delanteras en buen estado, los stops, las luces direccionales, las de reversa y estacionarias no funcionan” (fl. 57, c. pruebas).

Respecto del otro vehículo se hizo constar “Vehículo marca Mercedes Benz color beige placa EJC-CEB2001 el cual presenta abolladura en el guardabarro izquierdo, destrucción de la farola y cocuyo izquierdo, abolladura a la altura de la placa delantera, no funcionan sus direccionales y estacionarias, la cojinería se encuentra en buen estado. Presenta abolladura en el bomper delantero izquierdo, llantas en buen estado, frenos y luces en buen estado (fl. 58, c. pruebas).

8.2. Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo Mercedes Benz, a nombre del Ministerio de Defensa Nacional y copia de la licencia de conducción del señor Justino de Jesús Méndez Garzón y del carné de autorización para conducir Nº 087 expedido por el Ejército Nacional al igual que acta de entrega del vehículo al señor Justino Méndez Garzón, conductor del Ejército Nacional. Copia de las pólizas de seguros y Soat (fls. 74 a 79, c. pruebas).

8.3. Declaración rendida en el proceso penal por el señor César Augusto Hernández Gualdrón, en que manifestó:

“El vehículo estaba en el carril central al lado izquierdo más bien pegado al separador bajo o al lado del poste del bus (sic), Milton estaba en la parte de atrás del carro prácticamente detrás del motor y yo estaba al lado izquierdo de Milton a unos Cincuenta Centímetros. (Sic) - No hubo tiempo de colocar las señales preventivas y no funcionaban las luces de parqueo. … PREGUNTADO. Dígale al despacho cuándo fue la última vez que le hizo revisión mecánica a su vehículo. CONTESTO: Hacía tres días pero la revisión exactamente fue un daño de la caja que fue reparado en un taller en el siete de Agosto (sic), las luces de parqueo estaban dañadas aproximadamente un mes (sic), no se las habían arreglado porque no tenía el dinero para mandárselas arreglar. PREGUNTADO: Dígale al despacho que manifestación hizo el conductor del vehículo materia de investigación. CONTESTO: En el momento que no golpió y que yo le hice el reclamo de lo que paso (sic), me dijo que no nos vio. ... PREGUNTADO. Dígale al despacho cómo era el estado de la vía. CONTESTO: Es una vía plana había dejado de llover más o menos entre cinco y media y seis de la tarde dejó de llover y esto lo afirmo con certeza porque nosotros trabajamos muy cerca al sitio del accidente (sic) la carretera estaba húmeda pero tanto paa decir que habían (sic) charcos no, estaba bien de iluminación ya que estábamos a un lado del poste de alumbrado público. PREGUNTADO: Dígale al despacho como era el flujo vehicular en el sitio del accidente. CONTESTO: El carro se paró cuando se apagó justo detrás del trancón y los carros que pasaban al lado nuestro pues pasaban relativamente despacio por la existencia misma del trancón, cuando fuimos a llevar a Milton a que lo atendieran en el carro que lo atropelló a escasos diez metros había trancón por la proximidad de la avenida cincuenta. Cabe anotar que para llevar a Milton a la Cruz Roja hubo que subir el Mercedes Benz por el separador y hacer la U para desplazarnos en sentido contrario” (fls. 95 a 98, c. pruebas).

8.4. Providencia proferida el 24 de abril de 1998, por la Fiscalía 5 Delegada, Unidad Primera de Vida de Bogotá, mediante la cual se abstiene de imponer medida de aseguramiento al sindicado. Es importante resaltar que en las copias del proceso penal que fueron remitidas no aparece la versión libre del sindicado, pero su dicho fue consignado en los antecedentes de esta providencia, donde se señaló que la explicación suministrada por el señor Méndez fue que al pasar un vehículo le salpicó el panorámico y le quitó visibilidad y cuando se aclaró vio dos personas de espaldas reparando el motor sin ninguna señal y que chochó porque el piso estaba húmedo y al frenar el vehículo se deslizó, venía a 40 km por hora, estaba oscuro y había un charco.

8.5. Resolución de septiembre 21 de 1998, en la que se precluyó la investigación adelantada contra Justino de Jesús Méndez por el homicidio culposo de Milton Martínez Torres, por considerar que hubo culpa de la víctima, al no observar las normas que lo obligaban a colocar señales de prevención del vehículo en la vía (fls.129 a 134 y 146 a 152, c. pruebas).

8.6. Protocolo de necropsia 6226-96 donde se consignó: “Adulto joven con politraumatismo contundente en accidente de tránsito, al ser arrollado por vehículo. Recibió atención médica para reanimación avanzada”.

Es de anotar que solo se aportó una parte del documento de modo que las conclusiones de la necropsia no obran en el expediente (fls. 67, c. pruebas).

2.3. De las pruebas trasladadas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, en principio, los testimonios practicados en un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración solo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador, cuando son trasladados en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil.

Así sucede en este caso, ya que la declaración rendida por el señor César Augusto Hernández, en el proceso penal fue ratificada en el proceso contencioso y por lo tanto puede ser valorada plenamente.

Se advierte que algunos de los argumentos que soportaron la decisión de primera instancia provienen de lo manifestado por el señor Justino de Jesús Méndez y que fueron reseñados en la resolución de la Fiscalía 5 Delegada de Bogotá, puesto que la copia de la indagatoria a la que se refiere la decisión no fue allegada al proceso y por lo tanto respecto de la versión rendida por el conductor del vehículo que atropelló a la víctima, únicamente se conoce el resumen efectuado por la Fiscalía.

En consecuencia, las pruebas que fueron trasladadas de la investigación penal adelantada por estos mismos hechos, serán valoradas en el sub judice, teniendo en cuenta que se cumplieron los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, para dicho traslado, se allegaron en copia autenticada y el testimonio del señor César Augusto Hernández fue ratificado en este proceso.

Ahora bien, acerca de la posibilidad de apartarse de la decisión proferida en el proceso penal, de tiempo atrás se ha afirmado por esta corporación que los fallos absolutorios no implican la exención de responsabilidad en el proceso contencioso(3), es decir que la valoración allí efectuada no tiene fuerza de cosa juzgada(4).

Así se ha pronunciado esta Sala:

“La Sala ha dicho repetidas veces también que la absolución penal no implica en todos los casos la absolución de la entidad en el proceso de responsabilidad patrimonial, porque las dos relaciones se subsumen para su definición en dos normatividades diferentes, hasta el punto de que ni siquiera puede hablarse, en tales eventos, de prejudicialidad mientras se define la responsabilidad penal del servidor público autor del ilícito. Normatividad una, que define la conducta culposa o dolosa del servidor desde la perspectiva del derecho penal y otra, que estudia esa conducta en relación con el funcionamiento del servicio para ver si pone de presente que por esa misma conducta, funcionó mal, no funcionó o lo hizo tardíamente”(5).

De manera similar, la doctrina acepta que las pruebas que hayan sido trasladadas de otro proceso, no comprometen la libertad de valoración del juez:

“... Se refiere, con claro desarrollo del principio de economía procesal, a la posibilidad de que se utilicen pruebas ya practicadas dentro de un proceso para ser evaluadas en la decisión que debe tomarse en uno diferente, conservando el respectivo juez plena autonomía en el estudio crítico que realice, con lo cual queda sentado en esta materia no se trata de trasladar interpretaciones acerca del poder de convicción y alcance de la prueba, sino tan solo el medio probatorio como tal, como objetivamente se surtió dentro de otro proceso, para ser analizado en uno diferente y por juez distinto, con los alcances que según su entendimiento tienen, para generar la certeza que requiere la decisión que de él se espera.

Bien puede suceder que el juez que ahora estudia las pruebas, les dé un alcance diferente del que les otorgó el funcionario que anteriormente las examinó dentro del proceso de donde se trasladaron, dada la absoluta libertad de análisis probatorio de que goza el juez, lo cual igualmente permite que la opinión pueda ser coincidente con la del primero”(6).

Dicha decisión no tiene efectos de cosa juzgada en el presente proceso, ni se viola con ello el non bis in idem, por cuanto no se dan los requisitos de identidad de hechos, de causa y de sujetos necesarios para que se aplique esta garantía procesal, es decir que las sentencias penales no tienen efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, entre otras cosas porque el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad, independiente de que este “hubiera sido causado con una conducta regular o irregular”(7).

Al respecto ha dicho la Sala:

“En materia de responsabilidad estatal por falla del servicio derivada del hecho delictual de un funcionario, la decisión penal no constituye prejudicialidad forzosa para el fallo de la primera controversia. No se maneja la prejudicialidad del fallo criminal en lo administrativo, hasta el punto en que puede existir condena penal al agente, sin que por este motivo se comprometa la responsabilidad administrativa por falla del servicio; como puede existir absolución penal y condena en el proceso administrativo. El valor probatorio de las sentencias penales se ha estudiado en aquellos asuntos en los que la única prueba aportada para demostrar los hechos configurativos tiene otras pruebas u otros elementos de juicios distintos a los que le suministre la sentencia penal, podrá, sin desconocer la cosa juzgada, llegar en materia de responsabilidad administrativa a una solución en aparente contradicción con aquella; “aparente” contradicción porque en el fondo se refieren a aspectos o realidades diferentes”(8).

2.4. El daño.

Siendo el daño el primer elemento a establecer en un proceso de responsabilidad, debe precisarse que en el sub judice, el mismo se concreta en la muerte del señor Milton Martínez Torres, lo cual aparece plenamente acreditado con el registro civil de defunción y el acta de levantamiento del cadáver.

2.5. La imputación.

Establecida la existencia del daño, corresponde efectuar el análisis pertinente, a fin de determinar si el mismo puede ser imputado a la parte demandada.

Es preciso indicar que en cuanto a la conducción de vehículos, la Sala tiene por establecido que es una actividad peligrosa y que como tal, el régimen de responsabilidad aplicable es el objetivo, pues el riesgo creado en desarrollo de dicha actividad es una carga excesiva, grave y anormal que no deben asumir los ciudadanos. En este tipo de responsabilidad al actor le bastará probar la existencia del daño y que éste pueda ser atribuido a la entidad, ya sea por acción o por omisión, en este caso en desarrollo de la actividad riesgosa, mientras que para exonerar de responsabilidad al demandado se exige acreditar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva de la víctima.

En el sub judice se acreditó que el accidente ocurrió con un vehículo de propiedad del Ministerio de Defensa, que además era conducido por una persona vinculada a la entidad y se probó también el daño, de manera que en principio procedería endilgar responsabilidad a la entidad, pero en el fallo de primera instancia se negaron las pretensiones de la demanda porque el a quo estimó probada la causal de exclusión de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima, circunstancia que constituye el principal motivo de la apelación.

2.6. De la causal exonerativa de responsabilidad.

El reconocimiento de la culpa exclusiva de la víctima efectuado en el fallo objeto de apelación está estructurado sobre el argumento de que el señor Martínez Torres incumplió con las normas de tránsito que obligan a utilizar señales o luces de parqueo cuando el vehículo se detiene en una vía —circunstancia que fue aceptada por el señor César Augusto Hernández en sus declaraciones— y esta inobservancia de las disposiciones de seguridad fueron el hecho determinante en la ocurrencia del accidente porque quien conducía el vehículo del Ministerio de Defensa no los vio.

El fallador de primera instancia acogió los argumentos expuestos en la decisión de la Fiscalía 5 Delegada de la Unidad de Vida de Bogotá que precluyó la investigación por considerar que la víctima violó el artículo 126 del Decreto 1809 de 1990, mediante el cual se modificó la Ley 1344 de 1970, Código de Tránsito, norma que dispone: “Todo conductor al detener su vehículo en vía pública, deberá hacerlo en forma que no obstaculice el tránsito de los demás y abstenerse de efectuar maniobras que pongan en peligro a otros vehículos o a las personas”.

Este argumento fue rechazado en el recurso de apelación por considerar que la decisión del tribunal desconoció que la víctima no era propietario del vehículo y tampoco lo estaba conduciendo, sino que simplemente tenía la calidad de pasajero, de manera que no se podía hablar aquí de culpa exclusiva de la víctima.

A juicio de la Sala, este punto constituye el núcleo central de la discusión, que debe resolverse teniendo en cuenta el análisis de la norma que sirvió de base para configurar la causal de exclusión de responsabilidad, en efecto, pese a que el Código Nacional de Tránsito establece normas que son aplicables a todos los ciudadanos puesto que su fin es orientar la circulación en las vías, para este caso particular, la sola lectura de la disposición evidencia que ella está dirigida a un sujeto activo calificado como son los conductores, razón por la cual debe afirmarse que el cumplimiento de este deber normativo no estaba radicado en cabeza de la víctima quien se transportaba como pasajero.

Por otra parte, lo cierto es que lo afirmado por el conductor del vehículo oficial no es creíble ya que simplemente dijo que otro automotor lanzó agua a su parabrisas y esa circunstancia le impidió ver el vehículo detenido, explicación que es desvirtuada en el informe del accidente donde en primer lugar se registra como causa del accidente respecto del vehículo Nº 1 (el vehículo oficial) distraerse y se asegura que la vía estaba húmeda pero no estaba lloviendo, había plena visibilidad y la iluminación era buena, lo cual es corroborado con la declaración del señor Hernández quien manifestó que el vehículo quedó varado al pie de un poste de luz y que efectivamente la vía estaba húmeda pero no llovía y no había charcos.

Ahora bien, se puede pensar que la entidad no debe responder por existir un hecho de un tercero, pero para que proceda ese reconocimiento debe probarse en grado de certeza que la participación de este fue lo determinante en la producción del accidente y eso es precisamente lo que se echa de menos en este caso, puesto que de acuerdo con el análisis del acervo probatorio, la negligencia del conductor del vehículo particular pudo haber contribuido a la ocurrencia del accidente, pero fue el descuido del otro conductor lo que derivó en el resultado dañoso.

No obstante lo anterior, encuentra la Sala, que aunque no se acreditó la existencia de una culpa exclusiva de la víctima, el análisis de lo ocurrido, de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, permite concluir que el señor Martínez Torres se expuso imprudentemente al peligro, al aceptar bajarse del vehículo en una vía de alto tráfico, para revisarlo sin ningún tipo de precaución y sin tomar ninguna medida preventiva para evitar un accidente como el que finalmente se presentó, razón por la cual se considera que hubo una concurrencia de culpas, y, en consecuencia, a la condena que procedería contra la entidad por su responsabilidad en lo ocurrido, se le rebajará el 50%, por ser esta la proporción en la cual la víctima contribuyó a la configuración del daño.

Corolario de lo anterior resulta que debe endilgarse responsabilidad a la entidad demandada y en consecuencia se revocará la decisión de primera instancia.

2.7. Perjuicios.

2.7.1. Perjuicios morales.

Actualmente, la corporación viene reconociendo que la simple acreditación de la relación de parentesco existente permite presumir el dolor sufrido por los parientes, de modo que al allegarse al proceso los registros civiles de los hermanos de la víctima eso es suficiente para que se ordene el reconocimiento de perjuicios morales; así lo ha dicho en otra oportunidad esta Sala:

“La simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya muerto o sufrido una lesión —esta última sin importar que sea grave o leve, distinción que no tiene justificación práctica y teórica alguna para efectos de la presunción del perjuicio, sino, por el contrario se relaciona con el grado de intensidad en que se sufre—, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política, debe presumirse, que el peticionario los ha padecido”(9).

Es así que al proceso se allegó copia del registro civil del matrimonio de Hebelio Torres y Rosa Espitia abuelos de la víctima y del registro civil de María del Carmen Torres donde consta que los anteriormente relacionados son padres de esta. Se arrimó también copia del registro civil de Milton Martínez Torres, que da fe de que sus padres son Melquisedec Martínez y María del Carmen Torres y los registros civiles de Daniel David Martínez Torres y Sonia Isabel Martínez Torres, con lo cual se acreditó su condición de hermanos de la víctima, pero además se cuenta con las declaraciones recibidas ante esta jurisdicción y que dan cuenta de las estrechas relaciones existentes entre la víctima y sus familiares, se les concederán perjuicios morales en cuantía equivalente a 50 SMMLV, para cada uno de los padres, 25 SMMLV para cada uno de los hermanos y 25 SMMLV para los abuelos.

2.7.2. Perjuicios materiales.

Los perjuicios materiales fueron solicitados para su madre, porque según lo manifestado en la demanda, ella dependía económicamente de la víctima, pero tal circunstancia no fue probada en el proceso, lo cual impide su reconocimiento, ya que pese a que el señor Martínez Torres convivía con sus padres al momento de su muerte, ya había superado los 25 años de edad puesto que nació el 19 de enero de 1971 y por ello no puede aplicarse la presunción de que mantendría la ayuda hasta que se independizara. Adicionalmente, las declaraciones obrantes en el plenario informan que la víctima si trabajaba y que se desempeñaba como ejecutivo de cuenta en la firma Suratep, pero ninguna certificación se allegó en ese sentido, de manera que se desconoce a cuánto ascendían sus ingresos y si los mismos eran ocasionales o fijos.

2.8. Costas.

De conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, en cuanto no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revocar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera, Sala de Descongestión el 8 de enero de 2004, y en su lugar se dispone:

2. Declarar que el Ministerio de Defensa, es responsable de la muerte del señor Milton Martínez Torres, ocurrida el 22 de noviembre de 1996.

3. Condenar al Ministerio de Defensa a pagar a título de indemnización por perjuicios morales a los señores Melquisedec Martínez y María del Carmen Torres el equivalente a 50 SMMLV, para cada uno y a los señores Daniel David Martínez Torres, Sonia Isabel Martínez Torres, Evelio Torres Castiblanco y Rosa Espitia Torres, el equivalente a 25 SMMLV para cada uno.

4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Dese cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen. Para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) El 16 de abril de 1997, el gramo oro tenía valor de $11.153,26, por tanto 1.200 gramos oro equivalían a $16.060.694 y la mayor cuantía estaba fijada en $13.460.000.

(2) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 13 de agosto de 2008; Expediente 17042, C. P. Enrique Gil Botero.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de marzo de 2011, Radicado 17993, C. P. Enrique Gil Botero.

(4) Consejo de Estado, Sección tercera; sentencia del 3 de mayo de 2001, Radicado 12338, C. P. Alier Hernández.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 1993, Expediente 7863.

(6) López Blanco, Hernán Fabio; Procedimiento Civil, tomo III Prueba, Editorial Dupré; Bogotá, año 2001; pág. 90.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de febrero 10 de 2011, Radicado 19123, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de junio de 1991, Radicado 6249, C. P. Carlos Betancur Jaramillo.

(9) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de octubre 1º de 2008. Expediente 27268, C. P. Enrique Gil Botero.