Sentencia 1997-13883 de enero 30 de 2013

 

Sentencia 1997-13883 de enero 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 2500 0232 6000 1997 13883-01

Expediente 26 574

Consejero Ponente (E):

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Demandante: Julio Gabriel Ávila Vargas

Demandado: Nación - rama judicial

Naturaleza: reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

8. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en observancia de la naturaleza del asunto.

8.1. En efecto, la Ley 270 de 1996 consagró la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(3).

8.2. Ahora bien, es importante recordar que la Sala debe limitarse a analizar los aspectos que la parte accionada señala en su recurso(4) pues esta corporación(5) ha considerado que, de la premisa “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, no se sigue una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y determinar libremente qué es lo desfavorable al recurrente, pues, a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso.

II. Validez de los medios de prueba

9. En relación con los hechos de que trata el proceso, obran las documentales allegadas por orden del a quo y las aportadas en copia simple por la parte demandante. Sobre estas últimas, la Sala considera que, de conformidad con su jurisprudencia(6), podrán ser valoradas por cuanto, según lo afirmado por la parte demandante y no contradicho por la demandada, esta última posee los originales en sus archivos y, en lugar de tachar las copias de falsas, se remitió a ellas para fundamentar su defensa(7). Adicionalmente, en la contestación de la demanda, la accionada solicitó que se les tuvieran como pruebas(8).

III. Hechos probados

10. Con base en las pruebas obrantes en el expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

10.1. El 4 de septiembre de 1991, el señor José Alfonso Ortiz Villamil instauró una denuncia penal ante la policía metropolitana de Bogotá, por el hurto de un vehículo de “marca Land Rover, de color azul, carrocería cabinada, placa AJ-9694, modelo 1963, servicio particular, motor 17700085B, serie F45303168” (copia simple de la denuncia 4491, aportada por el actor, fl. 2, cdno. 2).

10.2. El 20 de noviembre de 1991, la tercera estación de policía del municipio de Ramiriquí —Boyacá—, retuvo al señor Julio Gabriel Ávila Vargas, quien manifestó ser el propietario del vehículo “Land Rover, color azul oscuro, modelo 63, placas IT-1787, chasis 8437, motor sin número”. El automotor fue inmovilizado porque

“... al parecer este vehículo es el mismo que fue hurtado en la ciudad de Bogotá el día 04-09-91; según denuncia 4491 formulada ante la Sijín (unidad operativa de Kennedy) (...) // Igualmente aclaro ante ese comando que al vehículo en mención le fue borrado el número del motor y el chasis se encuentra arreglado ya que fue cambiado el soporte delantero donde figura el número” (copia simple del Ofi. 434 aportada por el actor, por el cual el comandante de la tercera estación de policía de Ramiriquí, deja a disposición del primer distrito de policía de Tunja al señor Ávila Vargas y el vehículo inmovilizado, fl. 8, cdno. 2).

10.3. En el acta de inventario del automotor se consignó:

“Estado general del vehículo: mecánicamente general buena, pintura regular, la cojinería en regular estado. No presenta choques. Tiene retoques de pintura” (copia simple del acta de inventario 001 aportada por el actor y levantada por agentes de la tercera estación de policía de Ramiriquí nov. 21/91, fl. 9, cdno. 2).

10.4. El mismo 20 de noviembre, el señor Ávila Vargas rindió versión libre y espontánea ante el comandante de la tercera estación, sobre la manera como había adquirido el vehículo retenido (copia simple del acta de la diligencia aportada por el actor, fl. 17, cdno. 2).

10.5. El 22 de noviembre de 1991, el señor Julio Gabriel Ávila Vargas se comprometió a presentarse “cada ocho días, los lunes a las nueve de la mañana”, ante la sección de policía judicial e investigaciones del departamento de policía de Tunja (copia simple del acta de compromiso de presentación, allegada por el actor, fl. 9 vuelto, cdno. 2).

10.6. El 2 de diciembre de 1991, el jefe de la Sijín de Boyacá puso a disposición del juez 101 de instrucción criminal de Santafé de Bogotá

“... en los patios de la remonta del Departamento de Policía de Boyacá, el vehículo de las siguientes características: clase: campero. Marca: Land Rover. Tipo: cabinado. Modelo 1963. Color: azul oscuro. Motor: no. Chasis: 8437. Placas: IT-1787. // El mencionado automotor fue inmovilizado el día 201191 en el municipio de Ramiriquí por personal de la policía de ese lugar, a solicitud verbal del señor Alfonso Ortiz Villamil (...), quien manifiesta que dicho automotor es el mismo que le fue hurtado en la ciudad de Bogotá. El vehículo en el momento de la inmovilización era conducido por Julio Gabriel Ávila Vargas (...), quien manifestó ser el propietario del vehículo, quien fue dejado en libertad con presentaciones las cuales está cumpliendo” (copia simple del Ofi. 610 aportado por el actor, fl. 7, cdno. 2).

10.7. El 18 de diciembre de 1991, el Juzgado 101 de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá declaró abierta la investigación y ordenó vincular mediante indagatoria, al señor Julio Gabriel Ávila Vargas (copia simple de la providencia aportada por el actor, fl. 6, cdno. 2).

10.8. El 11 de febrero de 1992, el señor Julio Gabriel Ávila Vargas se presentó en el despacho del juzgado 12 de instrucción criminal del distrito judicial de Tunja “... con el fin de rendir indagatoria que de él se solicita en el sumario 1136 que le adelanta el Juzgado 101 de Instrucción Criminal del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá” (copia simple de la indagatoria aportada por el actor, fls. 33-36, cdno. 2).

10.9. El 25 de abril de 1994, la juez tercera penal municipal de Tunja, comisionada por el Juzgado 44 de Santafé de Bogotá, practicó diligencia de inspección judicial con intervención de perito al vehículo inmovilizado en los patios de la remonta de la Policía Nacional (copia simple de la diligencia de inspección judicial aportada por el actor, fl. 19, cdno. 2).

10.10. El 9 de junio de 1994, el Juzgado 44 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, al momento de resolver la situación jurídica del sindicado Julio Gabriel Ávila Vargas, consideró que había indicios, documentos y testimonios que llevaban a considerar que la conducta investigada podía configurar un delito de receptación y, en consecuencia, declaró que no era competente para conocer de la investigación. Por esta razón, dispuso la devolución de las diligencias a la fiscalía 142 de la unidad tercera del patrimonio económico, “quien ya conoció de estas sumarias” (copia simple de la providencia aportada por el actor, fls. 24-26, cdno. 2).

10.11. En la parte motiva de esta providencia, la juez 44 penal municipal de Santafé de Bogotá consideró:

“Para el despacho es claro que el vehículo que se encuentra a disposición de este juzgado no coincide en sus características con el reclamado por el denunciante, tales como números de placa, chasis y motor, sin embargo existen situaciones que no dan la certeza suficiente como para suponer que el rodante de placas IT 1787 pertenece al sindicado, o por lo menos no totalmente” (copia simple de la providencia aportada por el actor, fl. 25, cdno. 2).

10.12. El 5 de septiembre de 1994, la fiscalía 227 de la unidad primera de delitos varios de Santafé de Bogotá avocó el conocimiento de la investigación y decretó algunas pruebas (copia simple de la providencia aportada por el actor, fl. 27, cdno. 2).

10.13. El 7 de abril de 1995, el fiscal delegado 121 de la unidad cuarta del patrimonio económico de Santafé de Bogotá precluyó la investigación penal a favor del señor Julio Gabriel Ávila Vargas y ordenó que, en su calidad de legítimo poseedor, se le entregara el vehículo de placas IT-1787. En la parte motiva de la providencia consideró:

“Al haberse establecido la forma en que el indagado Ávila Vargas adquirió el automotor de placas IT-1787, a través de los diferentes adquirientes, la mayoría, en distintas épocas, corroborado con la documentación correspondiente aportada para ello, no es procedente ni jurídico concluir que dicho automotor es producto de un hurto y menos que es el mismo que le fuera arrebatado al denunciante José Alfonso Ortiz Villamil, además esta persona a pesar de los varios requerimientos que le hizo el juzgado que conoció inicialmente la investigación y la fiscalía para que aclarara algunos aspectos relacionados con la tradición de este automotor de su propiedad, nunca se hizo presente.

Entonces, establecida la originalidad de la placa IT-1787 del vehículo que le fue inmovilizado al sindicado, el estudio técnico practicado visible a folio 26, su tradición probada a través de declaraciones y pruebas documentales, este despacho hará entrega del mismo a su poseedor legítimo, Julio Gabriel Ávila Vargas, y continuará la investigación en el cuaderno de copias en averiguación de responsables.

Además de los planteamientos jurídicos esbozados, observa esta delegada que han transcurrido más de tres años desde el momento en que se declaró la apertura de la investigación, estando los términos de instrucción más que vencidos y sin que ni siquiera se le hubiere resuelto la situación jurídica al indagado dentro de los términos perentorios establecidos en las normas procedimentales, por parte de los funcionarios que tenían a cargo la investigación, causándose gran perjuicio a la persona vinculada, a la víctima y al bien que de una u otra manera se vio afectado, sin que esta situación pueda permanecer por término indefinido, por lo que este despacho precluirá la investigación a favor de Julio Gabriel Ávila Vargas” (copia simple de la providencia aportada por el actor, fls. 28-32, cdno. 2).

10.14. Según consta en el libro del parqueadero de la remonta de la Policía Nacional, el 8 de agosto de 1995 a las 14:00 horas, se entregó al señor Julio Gabriel Ávila Vargas, el vehículo de placas IT-1787 “dando cumplimiento al Oficio 5949 emanado de la Fiscalía 121 de Santafé de Bogotá” (original del ofi. dirigido al a quo por el jefe del grupo de automotores de la sección de policía judicial e investigación del Departamento de Policía de Boyacá, fl. 37, cdno. 2).

IV. Problema jurídico

11. Comoquiera que la parte demandada es apelante única en este proceso, debe la Sala concentrarse en determinar si, como lo afirma en el recurso y contrario a lo concluido por el a quo, no había lugar a declarar su responsabilidad administrativa y patrimonial por los perjuicios causados como consecuencia de la investigación penal adelantada en contra del señor Ávila Vargas.

11.1. De manera subsidiaria, la Sala deberá establecer si, como lo afirma la parte recurrente, las actuaciones que dieron lugar a la declaratoria de responsabilidad de la Nación - rama judicial son imputables a la Fiscalía General de la Nación y, en ese caso, si hay lugar a ordenar que el pago de la condena se realice con afectación al presupuesto de esta última o si, como lo estableció el a quo, debe condenarse a la Nación - rama judicial, quien fue la entidad que compareció al proceso.

11.2. De manera previa, debe la Sala precisar si, en el sub examine, operó o no el fenómeno de la caducidad de la acción. Para ello debe establecerse a partir de qué momento empezó a correr el término con el que contaba el actor para pretender que se le indemnizaran los perjuicios causados por cuenta de la investigación penal adelantada en su contra.

V. Análisis de la Sala

12. A propósito de la excepción de caducidad de la acción propuesta por la entidad demandada, es importante anotar que, si bien el a quo consideró que no se encontraba probada(9) y que este punto no fue objeto de discusión en el recurso de apelación interpuesto, le corresponde a la Sala estudiar si, efectivamente, la demanda fue presentada en tiempo(10), pues este es uno de los presupuestos procesales de la acción.

12.1. Ahora bien, en la medida en que la demandada es apelante única y que, en consecuencia, el recurso de apelación se limita a determinar si la Nación - rama judicial es responsable administrativa y patrimonialmente por los perjuicios causados a Julio Gabriel Ávila Vargas, por cuenta de su vinculación a una investigación penal, el examen de la caducidad de la acción debe circunscribirse a lo relacionado con esta pretensión.

12.2. La Sala considera oportuno recordar que, consagrada por el legislador para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, la figura de la caducidad constituye una sanción para las partes que no impulsan el litigio dentro del plazo fijado y que, por ende, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. En el caso concreto de la acción de reparación directa, el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo —vigente al momento de la ocurrencia de los hechos—, estableció que el término para incoarla es de dos (2) años “contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

12.3. Según la jurisprudencia consolidada de la corporación(11), en los casos en los cuales la generación o la manifestación del daño no coincide con el momento en que se produjo el hecho causante, el término de caducidad debe empezar a contarse a partir de la existencia o de la manifestación fáctica de aquel, “pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria”(12).

12.4. En aplicación de este criterio, la corporación ha considerado que, en los eventos de error judicial y de privación injusta de la libertad, generalmente el daño se hace evidente, o se concreta, al momento de la ejecutoria de la providencia judicial que establece la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión o el procedimiento adelantado por la autoridad juridicial(13).

12.5. En estos términos, en el sub examine, el término de caducidad de la acción debe empezar a contarse a partir de la ejecutoria de la providencia mediante la cual se precluyó la investigación penal a favor del demandante y se ordenó que se le devolviera el vehículo retenido, esto es, la proferida por el fiscal delegado 121 de la unidad cuarta de delitos contra el patrimonio económico de Santafé de Bogotá, el 7 de abril de 1995 —supra párrafo 10.13—.

12.6. No obstante, observa la Sala que, tal como lo adujo la entidad accionada en la contestación de la demanda, de acuerdo con los medios de convicción obrantes en el proceso, no es posible establecer con certeza en qué momento fue notificada dicha providencia y, mucho menos, cuándo quedó en firme.

12.7. En efecto, pese a que el traslado del proceso penal adelantado contra el señor Ávila Vargas fue pedido por ambas partes (fls. 11 y 55, cdno. 1), decretado por el a quo (fl. 68, cdno. 1) y solicitado en múltiples oportunidades y ante diferentes dependencias por parte de este último, nunca fue allegado al expediente.

12.8. Sobre este particular obran en el plenario: i) el Oficio 2000-1-690 de 19 de julio de 2000 por medio del cual la secretaria del a quo solicitó a la fiscal 121 seccional de la unidad de delitos contra el patrimonio de Bogotá, que remitiera copias del “proceso 158947 sindicado Julio Gabriel Ávila” (fl. 70, cdno. 1); ii) la reiteración de dicha comunicación correspondiente al número 2001-1-644 de 15 de junio de 2001 (fls. 86 y 87, cdno. 1); iii) el Oficio 01-1-219 de 9 de agosto de 2001 dirigido ya no a la unidad de delitos contra el patrimonio sino a la primera de seguridad pública (fls. 89, 90 y 91, cdno. 1) y, iv) la reiteración de este último mediante el número 2001-01-1053 de 30 de octubre de 2001 (fls. 93 y 94, cdno. 1) que, según informe secretarial, fue devuelto por el correo (fl. 95, cdno.1 y fl. 65, cdno. 2).

12.9. En respuesta a todas estas comunicaciones únicamente figura en el expediente el oficio de 5 de julio de 2001, radicado en la secretaria del a quo el 9 siguiente y que, según el encabezado, es la contestación al 2000-1-690, esto es, a la primera comunicación enviada por la secretaría del tribunal. En esta respuesta, el fiscal 121 local de la unidad cuarta de delitos contra el patrimonio de Bogotá, consignó:

“Para dar contestación al oficio de la referencia, me permito informar que es la primera citación que recibe esta delegada, y revisado el archivo de asignaciones el proceso 158947 es por hurto en averiguación de responsables de procedencia del juzgado 37 penal municipal.

Se averiguó igualmente que el proceso 158947 donde aparece el señor Julio Gabriel Ávila, siendo denunciante el señor José Alfonso Ortiz Villamil, fue asignado el 7 de febrero de 1995 con 213 y 178 folios y correspondió a la unidad primera de seguridad pública, donde le sugiero dirigirse” (fl. 64, cdno. 2).

12.10. Sin embargo, en la medida en que se tiene certeza de que la Fiscalía 121 de Bogotá sí profirió la decisión por la cual se ordenó la devolución del vehículo inmovilizado al señor Ávila Vargas —supra párrafo 10.13— y que, a pesar de ello, no informó nada al respecto, sino que se limitó a sugerir que la solicitud se dirigiera a la unidad primera, dependencia que, a su vez, nunca respondió al requerimiento formulado, para la Sala es claro que el actor se encontraba en la imposibilidad de acreditar la ejecutoria de la decisión de la cual aportó copia simple, esto es, la del 7 de abril de 1995.

12.11. En este orden de ideas y dado que es evidente que al menos una parte de la resolución preclusiva sí fue ejecutada, pues el vehículo retenido fue devuelto al señor Ávila Vargas por orden de la fiscalía 121 —supra párrafo 10.13—, considera la Sala que hizo bien el a quo al tener en cuenta como fecha de ejecutoria, la señalada por el demandante, esto es, el 24 de abril de 1995. Lo anterior por cuanto, de una parte, no puede penalizarse al actor por las dificultades que se presentaron en el caso concreto para recaudar la prueba necesaria y, por otra, la fecha de ejecutoria señalada no resulta irrazonable, sobre todo si se tiene en cuenta que los términos para la notificación y la ejecutoria se computan en días hábiles y, entre el 7 y el 24 de abril del año 1995, estos fueron solo 8(14).

12.12. Así las cosas y dado que la presente acción de reparación directa fue interpuesta el 24 de abril de 1997 (fl. 13, cdno. 1), esto es, a los dos años del día en que, según se explicó, se considera ejecutoriada la decisión por la cual se precluyó la investigación a favor del señor Ávila Vargas y se ordenó la devolución del vehículo retenido, la Sala concluye que la acción instaurada no estaba caducada.

13. Respecto de los elementos que dan lugar a la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial de la entidad demandada, la Sala observa que está probada la existencia de un daño pues, tal como lo consideró el a quo y como está acreditado dentro del expediente, por cuenta del proceso penal adelantado por el hurto del vehículo del señor Alfonso Ortiz Villamil, el actor estuvo vinculado al proceso penal desde el momento en que rindió indagatoria —11 de febrero de 1992—, y hasta la fecha en la cual se profirió la providencia por la cual se precluyó la investigación y se ordenó que se le devolviera el vehículo retenido —7 de abril de 1995—, esto es, más de tres años después, tiempo durante el cual estuvo en la obligación de presentarse cada ocho días ante la sección de policía judicial e investigaciones del departamento de policía de Tunja.

14. Ahora bien, establecida la existencia del daño es necesario verificar si se trata de un daño antijurídico imputable jurídica o fácticamente a la entidad demandada o si, por el contrario, es de aquellos que el perjudicado estaba en la obligación de soportar.

14.1. Al respecto la Sala estima que, tal como lo consideró el a quo y de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 42 de la Ley 81 de 1993(15), que modificó el 329 del Decreto 2700 de 1991 “por el cual se expiden las normas de procedimiento penal”, el proceso adelantado por el hurto del vehículo del señor Ortiz Villamil y en el cual estuvo vinculado el demandante en la presente acción de reparación directa, debió calificarse en un término máximo de ocho (8) meses contado a partir del momento en que entró en vigencia la Ley 81 de 1993(16), es decir, a más tardar, el 2 de julio de 1994. Lo anterior por cuanto, para la fecha en que la mencionada ley comenzó a regir, esto es, el 2 de noviembre de 1993, ya habían transcurrido más de 22 meses desde el momento en que se profirió la resolución de apertura de la investigación —18 de diciembre de 1991—.

14.2. Así pues y comoquiera que el proceso adelantado en contra del actor solo fue calificado el 7 de abril de 1995, esto es, más de 39 meses después de la apertura de la instrucción, lo cual contraría abiertamente la disposición legal citada y que la parte demandada no aportó, como le correspondía, ningún elemento que permitiera justificar la dilación del término legal(17), la Sala concluye que se causó un daño antijurídico al actor, toda vez que él no estaba en la obligación de soportar el permanecer vinculado a una investigación penal que se prolongó por un tiempo mucho mayor al permitido por la ley, sin que se acreditara la existencia de justificación alguna.

14.3. En estos términos, y, dado que existe un nexo causal entre la actuación surtida por las autoridades encargadas de tramitar el proceso penal y el hecho de que el actor hubiera estado vinculado al mismo por más de 39 meses, de manera injustificada, la Sala comparte la decisión del a quo en lo relacionado con este punto y, en consecuencia, la confirmará.

15. Ahora, en lo que tiene que ver con el centro de imputación jurídica de la responsabilidad, la Sala considera que, no es cierto que, como lo afirma el recurrente, fueran exclusivamente las actuaciones y/o omisiones de la fiscalía, las causantes del daño ocasionado al demandante. En efecto, está plenamente acreditado en el expediente que, en el trámite del proceso penal adelantado contra el actor, no solo participaron funcionarios de la Fiscalía General de la Nación sino jueces de la República.

15.1. Así, por ejemplo, está probado que durante la etapa de la investigación previa, el señor Ávila Vargas fue dejado a disposición del Juzgado 101 de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá —supra párrafo 10.6—, y que fue este último quien resolvió abrir la investigación en contra de aquel y ordenar su vinculación mediante indagatoria —supra párrafo 10.7—.

15.2. También está acreditado que, para el 25 de abril de 1994, era el Juzgado 44 Penal Municipal de Santafé de Bogotá quien tenía a cargo la conducción del proceso, pues fue este quien comisionó al juzgado tercero penal municipal de Tunja para que realizara una diligencia de inspección judicial al vehículo retenido en el marco de la investigación —supra párrafo 10.9—. Fue solo hasta el 9 de junio de ese mismo año —1994— que, al momento de resolver la situación jurídica del actor, el mencionado juzgado 44 declinó la competencia para conocer el asunto y ordenó remitir las diligencias a la fiscalía 142 de la unidad tercera de delitos contra el patrimonio, dependencia que, según el texto de la providencia, ya había conocido de las mismas —supra párrafo 10.10—. Finalmente, figura en el expediente que el 5 de septiembre de 1994, la fiscalía 227 de la unidad de delitos varios de Santafé de Bogotá avocó el conocimiento de la investigación —supra párrafo 10.12—.

15.3. Así las cosas y comoquiera que, incluso si no se pueden determinar con exactitud los períodos en los cuales la investigación fue tramitada por la Fiscalía General de la Nación o por la rama judicial, es claro que ambas participaron en las actuaciones y omisiones que implicaron que el señor Ávila Vargas estuviera vinculado a una investigación penal, por un tiempo mucho mayor al permitido por la ley y, por ende, ambas deben ser declaradas responsables patrimonial y administrativamente por los perjuicios causados por este concepto.

15.4. Sobre este punto vale la pena aclarar que si bien la Fiscalía General de la Nación no compareció al proceso directamente, es posible declararla responsable por cuanto, durante todo el trámite, fue representada por el director ejecutivo de administración judicial quien, en virtud del artículo 99-8 de la Ley 270 de 1996(18), vigente para la fecha de la presentación de la demanda —24 de abril de 1997—, debía asumir la defensa de la Nación en todos los procesos judiciales instaurados tanto por los actos de los jueces como de los fiscales.

15.5. Lo anterior por cuanto, si bien la Constitución Política de 1991 previó la creación de la Fiscalía General de la Nación como una entidad con autonomía presupuestal y administrativa, integrante de la rama judicial del poder público(19), en virtud tanto del Decreto 2652 de 1991 como de la Ley 270 de 1996, que la representación judicial de la fiscalía en aquellos asuntos conocidos por la justicia contencioso administrativa, en su calidad de órgano integrante de la rama judicial, debía ser ejercida bien por el Ministerio de Derecho y Justicia, o por la dirección ejecutiva de administración judicial, según si el proceso se adelantó en vigencia del Decreto 2652 o de la Ley 270, estatutaria de la administración de justicia. Es solo hasta la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, expedida el 7 de julio de ese año y publicada en el Diario Oficial Nº 43335 del 8 de julio de 1998 que el legislador estableció diferencia en lo relativo a la representación judicial de la Fiscalía General de la Nación respecto del resto de la rama judicial, al indicarlo así en su artículo 49, mediante el que se modificó el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo(20).

15.6. Ahora, si de las actuaciones que obran en el expediente, se induce que la Fiscalía General de la Nación, entidad que cuenta con patrimonio independiente y autonomía administrativa y financiera, participó en los hechos que dieron lugar a la declaratoria de la responsabilidad patrimonial del Estado, dicha entidad sea condenada a pagar la indemnización de los perjuicios que, en virtud de su actuación, causó. En este orden de ideas, la Sala modificará la sentencia de primera instancia en el sentido de ordenar que la condena al pago de los perjuicios a que haya lugar sea imputada al presupuesto de la Nación - rama judicial y de la Fiscalía General de la Nación, solidariamente.

16. Finalmente, la Sala considera oportuno poner de presente que, si bien el demandante no impugnó la decisión del a quo y que, en virtud del principio constitucional de la no reformatio in pejus(21), no podría agravarse la pena impuesta a la entidad demandada, apelante única en este proceso, el a quo se equivocó al confundir los conceptos de daño y perjuicio y, en consecuencia, considerar que porque el señor Ávila Vargas no acreditó el monto de los perjuicios, tampoco probó la existencia del daño, esto es, el deterioro sufrido por el vehículo retenido.

16.1. En efecto, tal como fue mencionado en el texto mismo de la sentencia objeto de impugnación (fl. 107, cdno. ppal.), en el expediente estaba probado que, al momento de ser decomisado —20 de noviembre de 1991—, el vehículo se encontraba en buen estado —supra párrafos 10.2 y 10.3— y que, en inspección judicial practicada el 25 de abril de 1994, el perito designado consignó que “el estado del vehículo es de total deterioro” (fl. 19, cdno. 2).

16.2. Así pues, si bien no se tenía claridad sobre el monto total de los perjuicios, la existencia del daño sí estaba plenamente probada y, por lo tanto, le correspondía al juez de primera instancia aplicar lo previsto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, esto es, proferir una condena genérica y señalar las bases con fundamento en las cuales debía adelantarse el trámite incidental de regulación de perjuicios.

V. [sic] Liquidación de perjuicios

17. En la medida en que el valor del daño moral causado al actor y estimado por el a quo en cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales, no fue controvertido en el recurso de apelación y que, de conformidad con los parámetros fijados por la jurisprudencia de la corporación(22), no aparece como desproporcionado, la Sala confirmará la condena del a quo.

17.1. En efecto, con el fin de establecer un paralelo la Sala considera oportuno recordar que, en los casos de privación injusta de la libertad, se ha sostenido que, según el promedio de indemnizaciones otorgadas, el perjuicio moral por un mes de detención puede estimarse en 5.1 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que, en principio, pueda excederse el tope de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ello significa que si, en el sub examine, el tiempo de vinculación al proceso penal hubiera sido tiempo de privación efectiva de la libertad, al señor Ávila Vargas se le hubiera reconocido, en ausencia de circunstancias especiales, el tope establecido en la jurisprudencia esto es, el valor de cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

17.2. Ahora, si bien el caso que nos ocupa no es completamente equiparable al de una privación de libertad, dada la diferencia de limitaciones impuestas en los eventos de una detención efectiva y de una mera sindicación, lo cierto es que, dada la cantidad de tiempo que el señor Ávila Vargas estuvo vinculado al proceso penal —más de 39 meses—, sin que se le resolviera su situación jurídica y en abierta violación de las disposiciones legales que fijaban los términos en los cuales debía desarrollarse la investigación, la Sala considera que el reconocimiento de perjuicios morales por cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes se ajusta a los parámetros jurisprudenciales.

18. Por último, la Sala precisa que dado que la indemnización debe cancelarse en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del cumplimiento del fallo y no al de la fecha de su ejecutoria, como lo determinó el a quo en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, habrá lugar a hacer la modificación correspondiente.

19. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por la Sección Tercera —Sala de Descongestión— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 18 de noviembre de 2003, la cual quedará así:

1. DECLARAR NO PROBADAS las excepciones formuladas por la parte demandada.

2. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - rama judicial - Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a Julio Gabriel Ávila Vargas por haberlo tenido vinculado a una investigación penal por un tiempo mucho mayor al permitido por la ley, sin justificación alguna.

3. En consecuencia, CONDENAR a la Nación - rama judicial - Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar solidariamente por concepto de perjuicios morales, el equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al momento del cumplimiento del fallo, en favor del señor Julio Gabriel Ávila Vargas.

4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas a la apoderada judicial que ha venido actuando.

7. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) Para tal efecto puede consultarse el auto de 9 de septiembre de 2008 proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(4) De conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, “... el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella...”.

(5) Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de la Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2012, Exp. 21507, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(6) Al respecto, esta corporación ha sostenido que las copias simples pueden ser valoradas en los siguientes eventos: “cuando a) le sea imposible a quien las aporte obtener una copia auténtica, porque la parte contra la que se aduce conserva el original y se niega, previa solicitud, a allegarla al expediente, sin razón jurídica atendible; b) citadas ambas partes, una concurre a la audiencia de trámite de reconstrucción total o parcial de un expediente y aporta los documentos que obraban en dicho proceso (CPC, art. 133, num. 6º); c) en la audiencia de reconocimiento de un documento privado, la persona citada no concurre a la diligencia, o se niega a prestar juramento o a declarar, o da respuestas evasivas, no obstante la amonestación del juez y con declaración en nota puesta al pie del documento (CPC, art. 274); d) la parte contra quien se aduce tiene el original de las copias y por ende, sin necesidad de una inspección judicial, puede efectuar el procedimiento de cotejo y tacharlas de falsas, de ser el caso, (CPC, arts. 255 y 289) y e) la parte contra quien se aducen y posee los originales, en vez de tacharlas de falsedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa” Sección Tercera, sentencia de 27 de octubre de 2011, Exp. 20450, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 24 de noviembre de 2011, Exp. 22243, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(7) En efecto, con relación a los hechos y omisiones expuestos en la demanda, la demandada respondió: “Al primero. No me consta. Empero y según la denuncia respectiva en fotocopia anexa, es cierto. // Al segundo. Por la fotocopia del respectivo documento anexo, es cierto. // Al tercero. Según los documentos en fotocopias anexos, es cierto” (fl. 45, cdno. 1).

(8) En el acápite de pruebas manifestó: “Para que se decreten y tengan como tales solicito las siguientes: 1. Las que obren en el proceso” (fl. 54-55, cdno. 1).

(9) Sobre el particular el a quo estimó: la decisión judicial en razón de la cual se reclaman los perjuicios, data del 7 de abril de 1995, notificada por estado el 19 de abril de 1995 y con ejecutoria el 24 de abril de la misma anualidad y (...) la demanda fue presentada el 24 de abril de 1997” (fl. 106, cdno. ppal.).

(10) Al respecto vale la pena recordar que, según la jurisprudencia constante de la corporación, la caducidad de la acción debe ser declarada “aún de oficio, siempre que el fallador de primera o segunda instancia lo encuentre probado, a términos de lo dispuesto por el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo”. Ver sobre el particular, entre muchas otras, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de marzo de 2012, Exp. 22734, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(11) Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: sentencias de 30 de abril de 1997, Exp. 11.350, C.P. Jesús María Carrillo; 11 de mayo de 2000, Exp. 12.200, C.P. María Elena Giraldo; 2 de marzo de 2006, Exp. 15.785, C.P. Maria Elena Giraldo y auto de 7 de marzo de 2002, Exp. 21.189, C.P. Ricardo Hoyos Duque. De la Subsección B ver, por ejemplo, auto de 15 de diciembre de 2011, Exp. 40425, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 27 de abril de 2011, Exp. 18518, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(12) En este sentido se pronunció la Sección Tercera en providencia de 7 de septiembre de 2000, Exp. 13126, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(13) Al respecto ver: Sección Tercera, sentencias de 13 de septiembre de 2001, Exp. 13392, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 14 de febrero de 2002, Exp. 13622, C.P. María Elena Giraldo Gómez y de 23 de junio de 2010, Exp. 17493, C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez. De la Subsección A, sentencia de 27 de enero de 2012, Exp. 22205, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera y de la Subsección B, sentencia de 15 de noviembre de 2011, Exp. 21410. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(14) Los días 13 y 14 fueron feriados.

(15) Esta disposición consagraba: “Los procesos que al entrar en vigencia la presente ley se encuentren en curso se calificarán según los siguientes términos: // Los procesos en los cuales hubiere transcurrido un término igual o mayor a dieciocho (18) meses sin exceder de cuarenta y ocho (48) en etapa de instrucción se calificarán en un término no superior a ocho (8) meses”.

(16) Esta ley entró en vigencia a partir de su promulgación, esto es, el 2 de noviembre de 1993.

(17) Ver al respecto, Sección Tercera, sentencia de 3 de febrero de 2010, Exp. 17293, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de la Subsección B, sentencia de 28 de junio de 2012, Exp. 21509, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(18) Esta disposición estipulaba: “[s]on funciones del director ejecutivo de administración judicial: 8. Representar a la Nación - rama judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados especiales”.

(19) El artículo 249 consagró: “La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal”.

(20) Según esta norma: “El artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, quedará así: ART. 149.—Representación de las personas de derecho público. Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso-administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este código si las circunstancias lo ameritan. En los procesos contencioso-administrativos la Nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, procurador o contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso. La Nación - rama judicial estará representada por el director ejecutivo de administración judicial” (resaltado propio).

(21) El artículo 31.2 de la Constitución Política prescribe: “El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

(22) Al respecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp. 16205, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En esta providencia se señalaron como parámetros a tener en cuenta: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “... la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia...” (Sec. 3ª, sent. sep. 6/2001, Exp. 13232, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez), mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad.