Sentencia 1997-14370 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000232600019971437001 (30000)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Méllda Valle de De La Hoz

Actor: Amilto Humberto Peña Martínez y otros

Demandado: Universidad Nacional de Colombia

Referencia: Reparación directa

Bogotá D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado, para decidir el recurso de apelación formulado por las partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 17 de noviembre de 2004, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, por razón de la cuantía(1).

2.2. Responsabilidad extracontractual del Estado.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(2).

Verificada la ocurrencia de un daño, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que este se hace responsable de su reparación, pero esta atribución solo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(3).

En primer lugar es conveniente precisar que solo la parte demandada apeló y como según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, la competencia del superior está limitada al estudio de los motivos de inconformidad. Así lo ha dicho la providencia de la Sección Tercera de esta corporación:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso.

Téngase presente que la exigencia que consagra la ley para que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse no es, en consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso, a tal punto que su inobservancia acarrea la declaratoria de desierta del recurso y, por contera, la ejecutoria de la providencia que se pretende impugnar (CCA, art. 212)”(4).

De esta manera se limitará la Sala al análisis de los motivos de inconformidad expuestos por la parte demandada.

2.3. El caso concreto.

El señor Humberto Peña Taylor era estudiante de derecho de la Universidad Nacional y el día 15 de junio de 1995, mientras se encontraba en la cafetería de dicha entidad educativa, fue asesinado por dos personas que ingresaron a las instalaciones y realizaron varios disparos contra él.

2.4. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa, que se presenta como uno de los argumentos planteados por la parte demandada en el recurso de apelación, constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo y sobre ella se ha dicho que “La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado”(5).

Sobre la legitimación en la causa, la Sala se ha referido a la existencia de una legitimación de hecho, cuando se trata de una relación procesal que se establece entre quien demanda y el demandado y surge a partir del momento en que se traba la litis, con la notificación del auto admisorio de la demanda y por otra parte, habla de una legitimación material en la causa, que tiene que ver con la participación real de las personas en el hecho que da origen a la interposición de la demanda, independientemente de que hayan sido convocadas al proceso.

Así lo ha dicho la Sala:

“En relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que esta, en los procesos ordinarios y según lo ha señalado la Sala, no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado. Adicionalmente, se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del líbelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo. Lo anterior lleva a concluir que en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa, no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda. En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra”(6).

En tratándose de la legitimación en la causa por pasiva debe señalarse que ella se refiere a “la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante...”(7).

En el sub judice se allegaron los registros civiles de los demandantes y de la víctima, en donde consta el grado de parentesco existente entre ellos, de manera que lo alegado sobre este punto no está llamado a prosperar, así como tampoco los planteamientos acerca de la insuficiencia de poder respecto de la accionante Alba Yaneth Peña Taylor, ya que como antes se registró, respecto de ella fue declarada la caducidad de la acción, de manera que el fallo de primera instancia no la favoreció y en consecuencia, ello no podía ser objeto de apelación.

2.5. Pruebas obrantes en el proceso.

1. Registros civiles de Esther Judith Peña Parra, Alba Judith Peña Taylor, Humberto Peña Taylor, María Eugenia Peña Taylor y Ángela Patricia Peña Taylor (fls. 4, 110, 113 a 114, cdno. pruebas).

2. Registro civil de defunción del señor Humberto Peña Taylor (fl. 112, cdno. pruebas).

3. Copias autenticadas de algunos artículos periodísticos en los que se registró la noticia de la muerte del estudiante Peña Taylor (fls. 1 a 3, 9 a 13 y 128 a 131, cdno. pruebas).

4. Oficio OJN-196 de julio 23 de 2001, mediante el cual la Universidad Nacional remitió varios documentos entre los que se cuentan las actas del Consejo Superior Universitario 10, 15 a 17, 19 y 22 de 1991, en las cuales se trató el tema relacionado con la investigación adelantada contra el señor Peña Taylor y culminado el proceso disciplinario se le impuso la sanción de expulsión de la universidad, así como los informes rendidos por los miembros de la vigilancia de la universidad sobre las faltas cometidas por el estudiante (fls. 47 a 71, cdno. pruebas).

5. Copia autenticada de la Resolución 192 del 2 de noviembre de 1994, mediante la cual el Consejo Superior Universitario, autorizó el reintegro del estudiante Peña Taylor, con matrícula condicional, para que pudiera terminar las materias pendientes y elaborar el trabajo de tesis (fls. 72 a 74, 77 a 95, cdno. pruebas).

6. Oficio SA-075 del 6 de febrero de 2001, mediante el cual la secretaria académica de la Universidad Nacional informó que el señor Humberto Peña Taylor ingresó a la universidad el primer semestre de 1987 y para el 15 de junio de 1995, su situación era de estudiante matriculado; afirmó también que el estudiante no alcanzó a entregar documentos para el grado porque fue asesinado dos días antes de vencer el plazo, pero el consejo de la facultad mediante Acta 46, de junio 29 de 1995 le otorgó el grado póstumo como abogado (fls. 75, cdno. pruebas).

7. Oficio 0377 del 7 de febrero de 2001, mediante el cual se informa que la planta de personal de la universidad fue fijada mediante Acuerdo 55 del 15 de junio de 1994 y para esa época tenía 228 celadores. Luego fue modificada la planta en junio de 1995, para quedar con un total de 212 cargos de celador y en el Acuerdo 12 de 1981, contentivo del manual de funciones de la universidad, se asignaron las funciones para dicho cargo (fls. 98 y 99, cdno. pruebas).

8. Copia autenticada del contrato 102 de 1994, celebrado entre la Universidad Nacional y la empresa Seguridad Burns de Colombia S.A., el 14 de octubre de 1994, con vigencia de doce meses, cuyo objeto era la prestación del servicio de vigilancia privada a la universidad, en 17 zonas que incluía varios edificios y cubría en general las diferentes áreas en que se encontraba dividida la planta física del ente universitario. Entre las obligaciones del contratista estaba la de prestar el servicio con personal de reservistas de primera clase, debidamente seleccionados y adiestrados en manejo de equipos de incendio, de radio, en primeros auxilios, seguridad personal, relaciones humanas y procedimientos de vigilancia y se compromete a vigilar que el personal asignado cumpla con las obligaciones y deberes que se derivan de la función asignada. Se anexa relación de los puestos en que se prestaba el servicio (fls. 100 a 109, cdno. pruebas).

9. Declaración del señor José Ricaurte Montes Henao, en la que manifestó que el estudiante Peña Taylor venía siendo objeto de seguimiento y hostigamiento por desconocidos, pero él lo atribuía al enfrentamiento que sostenía con algunos miembros de la vigilancia de la universidad. De igual forma, había recibido amenazas por un trabajo que estaba realizando con unos compañeros de la universidad para una ONG, que trabajaba con derechos humanos llamada Minga. Sobre lo sucedido manifestó:

“...Cuando llegué a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional como a las 12:40 del día, subí al tercer piso de la facultad donde se encontraba Humberto Peña trabajando en su monografía de grado, él me comentó que lo esperara en la cafetería por que (sic) estaba terminando de imprimir su trabajo de investigación académica, ya en la cafetería estábamos reunidos alrededor de unas 6 personas esperando a Humberto Peña para salir a almorzar, cuando Humberto Peña llegó a la cafetería yo me paré de la mesa para pagar la cuenta de los tintos y fue en ese momento cuando una mujer joven desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones a Humberto Peña; todo sucedió muy rápido cuando Humberto cayó al suelo un hombre se le acerca con arma en mano y le dispara repetidas veces, esto sucedió como a la una de la tarde siendo una hora en la cual la cafetería está muy concurrida,...

Un hecho que me llamó la atención fue que después de 25 minutos aproximadamente del asesinato de Humberto Peña se hizo presente el médico y los enfermeros del servicio de salud a pesar que esas dependencias quedan a escasos 200 metros de la Facultad de Derecho, pero más lamentable aún es que durante todo ese tiempo no se hizo presente en la cafetería el servicio de vigilancia de la Universidad Nacional de Colombia, como a las 4 o 5 de la tarde es decir 3 horas después de los hechos trágicos se hizo presente el Cuerpo Técnico de la Fiscalía, agentes de la Procuraduría pero en ningún momento personas vinculadas con la seguridad de la Universidad Nacional, yo procedí a abrir la puerta de la cafetería a fin de que estas instituciones tomaran cartas en el asunto algunos estudiantes de la facultad me comentaron y yo lo corroboré personalmente con los vigilantes de la facultad que estuvieron ese día, que el servicio de radiocomunicaciones que maneja la vigilancia de la Universidad Nacional se había caído entre las doce del día y las dos de la tarde, es decir, que durante ese lapso de tiempo el servicio de radiocomunicaciones utilizado por la vigilancia de la Universidad Nacional estaba fuera de servicio”.

El testigo manifestó que estos hechos fueron denunciados en los organismos internacionales.

De igual forma, al ser interrogado sobre ese aspecto manifestó que la vigilancia de la universidad “estaba más en función de vigilar a los estudiantes cómo se organizaban los estudiantes para garantizar la seguridad y tranquilidad de los estudiantes y los bienes de la universidad. En las porterías de acceso a la universidad era excepcional el día que los vigilantes solicitaran el carnet estudiantil para controlar el ingreso a la universidad y mucho menos se requisaban los paquetes o las personas que ingresaban a la universidad, incluso había un margen muy grande de tolerancia muy grande por parte del personal de vigilancia de la universidad en el expendio de drogas frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia; durante mis 5 años de permanencia en la universidad siempre existió el expendio de drogas con el conocimiento del personal de vigilancia quienes sabían de este tipo de actividades ilícitas” (fls. 115 a 123, cdno. pruebas).

10. Declaración de la señora Tania Guzmán, para la época de los hechos era representante estudiantil en el consejo superior de la universidad y por eso estuvo al tanto de lo ocurrido aunque no presenció los hechos. La declarante coincidió con el otro testigo en que para esa época los vigilantes no practicaban requisas a los estudiantes. Adicionalmente declaró acerca del sufrimiento de la familia del estudiante, especialmente de su madre y sus hermanas a quienes protegía mucho (fls. 136 a 140, cdno. pruebas).

11. Declaración de la señora Liliana Roya Blanco, quien fue testigo presencial de los hechos y corroboró la narración efectuada por el testigo José Ricaurte Montes Henao, especialmente en lo relacionado con que el día de los hechos los vigilantes no hicieron nada para impedir la huida de los asesinos.

En lo que tiene que ver con las relaciones de la víctima con su familia, manifestó que mostraba mucho afecto hacia sus padres y hermanas, por ser el único varón de la casa, era muy consentido de todas y se llevaba muy bien con ellas, las protegía y estaba pendiente de sus cosas, por esa razón su muerte fue un gran impacto para la familia, sobre todo porque él era el ejemplo ya que había logrado estudiar en la Universidad Nacional (fls. 143 a 150, cdno. pruebas).

2.6. El daño antijurídico.

La existencia del daño es el primer elemento que debe acreditarse para que pueda predicarse la responsabilidad.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 superior al que antes se hizo referencia, el Estado debe responder por todo daño antijurídico que le sea imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, de manera que lo exigido en la norma no es solo la existencia de un daño, entendido este como un menoscabo, afectación o lesión de un bien, sino que además se requiere que este sea antijurídico, es decir, aquel que no se tiene la obligación de padecer y que es contrario a derecho, que vulnera el ordenamiento jurídico y con ello lesiona los bienes e intereses jurídicamente protegidos.

Sobre el daño antijurídico ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996:

El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances pueden ser desarrollados, dentro de ciertos límites, por el legislador. Sin embargo una interpretación sistemática de la Carta y de los antecedentes de la norma permiten determinar los elementos centrales de este concepto.

La doctrina española ha definido entonces el daño antijurídico no como aquel que es producto de une actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.

Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar”, por lo cual “se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo”. Por consiguiente, concluye esa corporación, “el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva”(5).

Desde el punto de vista sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho (C.P., art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y este sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”.

(...)

Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual este se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

Para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar plenamente acreditado, carga procesal que le incumbe a la parte demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Pues bien, en el presente caso, el daño consiste en la muerte del señor Humberto Peña Taylor, la cual se probó debidamente con el registro civil de defunción y con los testimonios y certificaciones arrimados al proceso.

2.7. La imputación.

Ahora bien, en relación con la imputación, corresponde determinar si la muerte del estudiante, puede ser atribuida a la entidad demandada.

En anteriores oportunidades esta corporación ha reconocido la existencia de una obligación o deber de cuidado de los establecimientos educativos respecto de los estudiantes, teniendo en cuenta que quienes ingresan a uno de ellos, se someten a las reglas impuestas por este y como contraprestación surge un deber correlativo de garantizarle a dichas personas la seguridad necesaria para que puedan obtener el cumplimiento de los logros educativos que se proponen.

Así ha dicho la Sala:

“La jurisprudencia de esta corporación, por lo demás, ha precisado, de forma insistente —según se ha dejado expuesto—, que los establecimientos educativos tienen la obligación de desplegar precisas y eficientes labores de vigilancia y de control respecto de las distintas actividades que desarrollen y con ocasión de las cuales los alumnos se encuentren encomendados a su custodia, dentro o fuera de las instalaciones del plantel educativo, de manera que no corra riesgo o se pueda ver comprometida la integridad física o síquica de los estudiantes.

La inobservancia del anotado deber de custodia y cuidado por parte del personal a cargo del establecimiento educativo, en la medida en que supone el desconocimiento del contenido obligacional a cargo de este, constituye una falla en el servicio”(8).

En primer lugar debe establecerse que a pesar de haberse aportado al plenario copia del acuerdo negocial mediante el cual la universidad contrató los servicios de vigilancia, según la misma certificación expedida por la entidad, además de la seguridad privada, para la época de los hechos existían alrededor de 212 empleos de planta para la vigilancia de la universidad, sin que pudiera entonces establecerse una diferencia entre las funciones cumplidas por los trabajadores de la universidad y los vinculados con la empresa de seguridad privada, teniendo en cuenta que en el proceso no se acreditó quién o quiénes específicamente fueron los responsables del ingreso de personas armadas al área universitaria y qué tipo de vínculo tenían con la institución.

Adicionalmente, y contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, en los eventos en que se presenta un daño como consecuencia de la actividad desplegada por un tercero,· con el cual la entidad celebró un contrato, es esta la llamada a responder por el mismo, ya que “la actividad realizada por estos en ejecución de convenio celebrado con una entidad pública, debe ser analizada como si hubiere sido desplegada directamente por esta a efectos de establecer si debe deducirse responsabilidad extracontractual al Estado”(9).

En este caso, es claro que existía la obligación de garantizar la seguridad de las personas que acudían a la universidad, puesto que según el manual de funciones de la Universidad Nacional, el personal de vigilancia tenía entre otras las siguientes funciones:

“3. Vigilar permanentemente el edificio o área que se le haya encomendado, ingreso y salida de personas, paquetes, cajas o similares y marcar el reloj.

4. Exigir el documento correspondiente para ingreso y salida de implementos, equipos, muebles etc.

5. Tomar las medidas de precaución, según el caso para evitar los riesgos en materia de robos, hurtos, etc. de acuerdo con su superior inmediato.

6. Mantener y cuidar el arma de dotación oficial que se le haya entregado para el cumplimiento de sus funciones y utilizarla en caso de necesidad.

7. Practicar las requisas que le ordene su superior inmediato”.

Por otra parte, en el contrato se estableció que el contratista se obligaba a que el personal asignado a cada uno de los puestos de vigilancia cumpliera estrictamente con las obligaciones, responsabilidades y deberes que se derivaran del ejercicio en los puestos de servicio de vigilancia.

Es esta la razón fundamental para rechazar el argumento según el cual la vigilancia no tenía relación directa con la prestación del servicio por parte de la entidad ya que ella se dedica a la educación, pero como antes se precisó, existe para ella la obligación de garantizar la seguridad de las personas que acuden a sus instalaciones comoquiera que se trata de una actividad necesaria para la prestación del servicio misional de la entidad.

De esta manera, la omisión del personal de vigilancia en el cumplimiento de estas funciones constituye una falla del servicio imputable a la entidad.

Ahora bien, para que se configure la causal denominada hecho de un tercero, se requiere que este sea exclusivo' y determinante en la producción del daño, circunstancias que la parte demandada debe probar en el proceso con el fin de obtener el reconocimiento de la causal y la consecuente exoneración de responsabilidad(10).

Sin embargo, cuando el hecho de un tercero no es exclusivo, es decir cuando en la producción del hecho dañoso participa también la administración, se genera una obligación solidaria y puede entonces solicitarse la reparación del daño a cualquiera de las personas que participaron en su producción.

Así lo ha dicho la Sala:

“Si bien puede considerarse que en este caso participaron en la producción del hecho dañoso, tanto la conducta del tercero quien lo provocó materialmente, como la conducta de omisión del Estado quien no adoptó las medidas pertinentes tendientes a prevenirlo, tratándose del concurso de conductas distintas a la de la víctima, se genera una obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en su producción del daño, como ya se indicó (C.C., arts. 2344 y 1568). Por consiguiente, cuando la conducta del tercero no es única y por tanto no es exclusiva sino coparticipada o cooperada en forma eficiente y adecuada con la de otra (s) persona (s), el afectado puede pedir la declaratoria de responsabilidad de uno o de todos los deudores solidarios (art. 1571 ib.). Por lo tanto la actuación de un tercero cooperada con otra persona no es constitutiva de exonerante de responsabilidad, pues para que constituyera exonerante se requeriría que además de que fuera exclusiva rompiera el nexo de causalidad, entre la conducta demostrada contra el demandado y el daño causado a los demandantes. Debe recordarse que: - la solidaridad de los deudores se produce en relación con la parte demandante y que entre los deudores solidarios la obligación de cada uno es conjunta y, por lo tanto, admite división o separación (art. 1579 ib.). - el demandante puede dirigir su demanda por hechos como el descrito - concurrencia conductas entre demandado y tercero - contra uno de estos o contra todos (art. 1579 ib.)”(11).

Así ocurre en el sub judice puesto que a la producción del daño contribuyó tanto la conducta de quienes dispararon contra el estudiante como también la falla en que incurrieron los que prestaban el servicio de vigilancia de la universidad, circunstancia que impide entonces que se configure la causal invocada.

En consecuencia, como de las pruebas obrantes en el proceso es posible concluir que en el sub judice no se presentó ninguna causal de exoneración, corolario de lo anterior resulta que debe atribuirse responsabilidad a la entidad demandada y por ello habrá de confirmarse la sentencia impugnada.

Finalmente, la Universidad Nacional confirió nuevo poder al doctor Diego Javier Lancheros Perico con cédula de ciudadanía 79.487.555 de Bogotá y tarjeta profesional 69.596, del Consejo Superior de la Judicatura, anexando los soportes documentales correspondientes, razón por la cual se reconocerá personería para actuar en los términos conferidos en el poder.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 17 de noviembre de 2004, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

2. Reconocer personería al doctor Diego Javier Lancheros Perico con cédula de ciudadanía 79.487.555 de Bogotá y tarjeta profesional 69.596, del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del poder conferido por la Universidad Nacional.

3. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor».

(1) La mayor pretensión de la demanda es de 1500 gramos oro, y el valor del gramo oro para la fecha de presentación de la demanda era de $ 11.371,26 para un total de $ 17.056.890 y la mayor cuantía para el año 1997 era de $ 13.460.000.

(2) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 13 de agosto de 2008; Expediente 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

(3) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Expediente 10922, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 9 de 2012, Radicado: 21060, C.P. Mauricio Fajardo.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, Expediente 10973, M.P. María Elena Giralda Gómez.

(6) Consejo de Estado, sección tercera; sentencia de octubre 31 de 2007; Radicado 13503, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) Devis Echandía, Hernando; “Teoría general del proceso”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, p. 260.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de junio 23 de 2010, Radicado: 18468, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercero, sentencia de junio 7 de 2007, Radicado 16089.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de marzo 18 de 2010, Radicado 18357. C.P. Enrique Gil Botero.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de noviembre 27 de 2002; Radicado 13774. C.P. María Helena Giralda.