Sentencia 1997-15221 de noviembre 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000232600019971522101 (26243)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Enrique Bonilla Gómez

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otro

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D. C. doce de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, además, el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado, para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3 de septiembre de 2003, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, por razón de la cuantía(1).

2.2. Responsabilidad extracontractual del Estado.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado colombiano, contenidos en el artículo 1º superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño antijurídico el cual deriva su calificación atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el daño, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(2).

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que este se hace responsable de su reparación, pero esta atribución solo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(3).

Así mismo, en providencia de Sala Plena radicación 24392 de agosto 23 de 2012, se dijo:

“Esta Sala, en sentencia de 19 de abril pasado(4), unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos ‘títulos de imputación’ para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación. Por ello se concluyó en la mencionada sentencia de la siguiente forma:

‘En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia’”(5).

2.3. Pruebas.

1. Copia de las escrituras públicas 9620 del 19 de octubre de 1992 mediante la cual la señora María Sofía Correa Ramírez compró a industria Emege Ltda., el inmueble ubicado en la Calle 22 # 69-80 de Bogotá; la escritura Nº 8998 del 5 de noviembre de 1994 donde consta la venta efectuada por dicha señora al señor Mario Palacio; escritura Nº 0867 del 21 de febrero de 1995, aclaratoria de uno de los datos contenidos en el documento anterior y 868 del 21 de febrero de 1995, en que este vendió al señor Enrique Bonilla Gómez.

2. Contrato de promesa de compraventa suscrito el 25 de enero de 1995 entre los señores Mario Palacio y Enrique Bonilla Gómez sobre el inmueble antes relacionado por un precio de $233.400.000. Se dejó constancia de que el bien fue entregado real y material y recibido a entera satisfacción por el comprador.

3. Copia de la denuncia penal presentada por los señores María Sofía Correa y Arturo Calle, ante la Dirección Seccional de Fiscalías por el presunto delito de falsedad y estafa por los hechos relacionados con esta demanda.

4. Copia de la providencia proferida por la Fiscalía 113 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, Unidad Tercera Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico de Bogotá, el 27 de octubre de 1995, mediante la cual ordenó la cancelación de la escritura pública Nº 8998 del 5 de noviembre de 1994, la número 0868 del 21 de febrero de 1995 y la cancelación de las anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente.

5. Copia de la providencia del 14 de diciembre de 1995 proferida por la Fiscalía 113 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, Unidad Tercera Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico de Bogotá, en que se resolvió reivindicar el dominio que tiene la señora María Sofía Correa Ramírez sobre el objeto de la venta fraudulenta ordenando la entrega del inmueble a su propietaria.

6. Providencia del 26 de febrero de 1997 proferida por la Fiscalía 113 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, Unidad Tercera Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico de Bogotá, en que se dictó resolución de acusación contra el señor Mario Palacio por los delitos de estafa y falsedad y se precluyó la instrucción a favor del señor Pablo Enrique Bonilla Gómez.

7. Providencia del 18 de abril de 2001, proferida por el Juzgado 26 Penal del Circuito de Bogotá, en que se condenó al señor Mario Palacio a 36 meses de prisión por el delito de falsedad de particular en documento público.

En el presente asunto, observa la Sala que los medios de prueba relacionados, fueron aportados con la demanda, decretados en el auto de pruebas de primera instancia y allegados al proceso directamente por las partes dentro de periodo probatorio, es decir, de manera oportuna y regular, razón por la cual, conforme al precedente de esta subsección, serán valorados teniendo en cuenta los principios que informan la sana crítica.

2.4. Caducidad de la acción.

La caducidad es un fenómeno jurídico que se presenta en los eventos en que los personas dejan transcurrir el tiempo sin ejercen su derecho en el término establecido por la ley, y en consecuencia pierde su facultad de accionar ante la jurisdicción. Este término se consagra como uno de los desarrollos del principio de seguridad jurídica, puesto que asegura la existencia de un plazo objetivo para que el ciudadano pueda hacer efectivos sus derechos; tradicionalmente se ha considerado que no puede ser materia de convención antes de su cumplimiento, o de renuncia, una vez cumplido.

La caducidad es una figura procesal que extingue la acción por el no ejercicio de la misma en el término perentorio establecido por el legislador, no admite renuncia ni suspensión, salvo en el evento de presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho y se interrumpe con la demanda.

Su consagración en el ordenamiento jurídico está orientada a ofrecer certeza jurídica a quienes tienen interés en acudir a la justicia para obtener la protección de sus derechos y también a la colectividad a la cual debe garantizársele la seguridad jurídica, de tal modo que cuando se desconoce el término de caducidad se vulnera el derecho al debido proceso.

El artículo 136 numeral 8 del Decreto 01 de 1984, estableció que la acción de reparación directa debe intentarse dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho, la omisión o la operación administrativa que de origen al perjuicio, pero la jurisprudencia ha considerado que en algunas ocasiones, cuando el hecho no se hizo visible, el término se cuenta a partir del conocimiento del hecho dañino y no a partir de su ocurrencia.

Al respecto, la Sala tiene por establecido que el término de caducidad en este tipo de acciones se cuenta, generalmente, a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo ocurrencia el hecho, la omisión o la operación administrativa que sea la causa del perjuicio:

A juicio de la Sala, en el presente caso, contrario a lo consignado en el fallo de primera instancia, la caducidad debía empezar a contarse a partir del momento en que la Fiscalía ordenó cancelar las escrituras falsas y las anotaciones en el registro de instrumentos públicos, puesto que es en ese momento en que se concreta el daño sufrido por el accionante y no cuando se ordenó la entrega real y efectiva del bien a su verdadera propietaria, teniendo en cuenta que lo que se predica es una falla en el servicio registral que dio lugar a la pérdida de los derechos de propiedad del accionante sobre el bien, caso en el cual la acción habría caducado porque la demanda habría sido presentada por fuera de los dos años previstos en la ley.

No obstante lo anterior, observa la Sala que en el presente caso, el aquí accionante fue vinculado a la investigación penal por falsedad iniciada por denuncia que la señora María Sofía Correa —propietaria del inmueble— presentara ante la Fiscalía y solo se archivó la investigación en su contra el 26 de febrero de 1997. Así las cosas, si bien el daño se concretó el 27 de octubre de 1995, si el señor Bonilla Gómez hubiera demandado en ese momento, sus pretensiones no tendrían vocación de prosperidad por cuenta de la sindicación de haber participado en la estafa que pesaba en su contra y por esa razón, el término debe contarse a partir del momento en que quedó totalmente aclarada su situación jurídica frente al proceso penal porque se archivó la investigación penal, de tal suerte que las condiciones válidas para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa en demanda de reparación directa solamente nacen al mundo jurídico en ese momento.

Así lo dijo esta Sala en anterior oportunidad

“En este caso concreto debe hacerse distinción acerca de la manera en que debe comenzar a contarse el término de caducidad de la acción, en efecto, para el proceso donde aparece como demandante principal Pedro Gustavo Vásquez González, es claro para la subsección que la excepción de caducidad de la acción no está llamada a prosperar, toda vez que el cómputo del plazo para que esta operara debe realizarse a partir del momento en que el padre acusado le quedó totalmente aclarada su situación jurídica frente al proceso penal, dado que inicialmente el padre de la víctima fue acusado de cometer el execrable crimen, de tal suerte que las condiciones válidas para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa en demanda de reparación directa solamente nace al mundo jurídico cuando dentro del proceso penal se ordena a su favor la preclusión de la instrucción adelantada en su contra, a través de la providencia del 13 de octubre de 1995 proferida por la Fiscalía 31 del Grupo de Vida Unidad Tres de la Fiscalía General de la Nación.

Lo anterior, por cuanto como bien se dijo por esta sección en el auto aludido, este demandante no estaba en condiciones de demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de su hija, por encontrarse sub júdice y por ende, hasta antes de su absolución carecía de interés para instaurar la acción, a contrario sensu, una vez exonerado por la justicia penal en forma definitiva, resultando otro agente de la policía responsable, nació para ese actor la oportunidad para reclamar perjuicios no solo por la muerte de su hija, sino por la errónea sindicación de que fue objeto”(6).

De lo expuesto se deduce entonces que el término debe contarse a partir del 26 de febrero de 1997, por lo cual la demanda se presentó dentro del plazo establecido en la ley.

2.5. Llamamiento en garantía.

En el presente proceso, la Superintendencia de Notariado y Registro llamó en garantía al entonces Notario 21 de Bogotá, llamamiento que fue aceptado por el Tribunal de Primera Instancia y el señor Montoya Gómez, habiendo sido notificado, compareció al proceso oponiéndose a las pretensiones de la demanda y a su vinculación.

Sobre este punto ha considerado la Sala:

“El llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual, que vincula a llamante y llamado y permite traer a este como tercero, para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante como producto de la sentencia. Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita y según la cual aquel debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena en contra del llamante.

El objeto del llamamiento en garantía lo es ‘que el tercero llamado en garantía se convierta en parte del proceso, a fin de que haga valer dentro del mismo proceso su defensa acerca de las relaciones legales o contractuales que lo obligan a indemnizar o a rembolsar, y al igual del denunciado en el pleito, acude no solamente para auxiliar al denunciante, sino para defenderse de la obligación legal de saneamiento’(7).

El artículo 217 del Código Contencioso Administrativo permite, en los procesos de naturaleza contractual y en los de reparación directa, el llamamiento en garantía, figura que se regula por el Código de Procedimiento Civil (art. 57), al no existir en aquella codificación, norma que regule el tema. A su turno el Código de Procedimiento Civil al ocuparse de la figura remite a las normas que rigen la denuncia del pleito, en relación con la cual el escrito que la contenga debe reunir los siguientes requisitos:

1) Nombre del llamado o el de su representante según sea el caso.

2) Indicación de su domicilio, residencia, habitación u oficina.

3) Los hechos y fundamentos de derecho en que se basa el llamamiento.

4) La dirección donde el llamado podrá recibir las notificaciones.

Adicionalmente existe la carga de aportar prueba sumaria de la existencia del derecho legal o contractual a formular el llamamiento en garantía.

Es decir, es indispensable para la procedencia del llamamiento en garantía, además del cumplimiento de los requisitos formales, que el llamante allegue prueba siquiera sumaria del derecho legal o contractual en que apoya la vinculación del tercero al proceso, dado que dicha vinculación implica la extensión de los efectos de la sentencia judicial al tercero, causándole eventualmente una posible afectación patrimonial”(8).

En consonancia con lo anterior, considera la Sala que no era procedente el llamamiento en garantía, por cuanto no existe un derecho legal o contractual que permitiera vincular al notario a este proceso, ya que si se consideraba que el daño derivó del servicio notarial, de acuerdo con los artículos 195 del Decreto-Ley 960 de 1970 y 117 del Decreto 2148 de 1983, los notarios son responsables civil, penal y disciplinariamente por los actos, daños y perjuicios que causen a los usuarios del servicio en la prestación del mismo, de manera que lo procedente era una demanda directa contra dicho servidor a través de las vías previstas en el ordenamiento jurídico para tal fin.

2.6. Daño antijurídico.

La existencia del daño antijurídico es el primer elemento que debe acreditarse para que pueda predicarse la responsabilidad.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 superior al que antes se hizo referencia, el Estado debe responder por todo daño antijurídico que le sea imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, de manera que lo exigido en la norma no es solo la existencia de un daño, entendido este como un menoscabo, afectación o lesión de un bien, sino que además se requiere que este sea antijurídico, es decir, aquel que no se tiene la obligación de padecer y que es contrario a derecho, que vulnera el ordenamiento jurídico y con ello lesiona los bienes e intereses jurídicamente protegidos.

Sobre el daño antijurídico ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996:

“El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances pueden ser desarrollados, dentro de ciertos límites, por el Legislador. Sin embargo una interpretación sistemática de la Carta y de los antecedentes de la norma permite determinar los elementos centrales de este concepto.

La doctrina española ha definido entonces el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.

Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como ‘la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar’, por lo cual ‘se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo’. Por consiguiente, concluye esa corporación, ‘el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva’[5].

Desde el punto de vista sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho (C.P., art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y este sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización.

(…)

Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual este se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo.

Para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar plenamente acreditado, carga procesal que le incumbe a la parte demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Pues bien, en el presente caso, el daño consistente en la pérdida del derecho de propiedad del señor Bonilla Gómez sobre el lote adquirido mediante compraventa a Mario Palacio, se acreditó plenamente con las escrituras públicas y los folios de matrícula inmobiliaria allegados al proceso y las providencias proferidas por la Fiscalía mediante las cuales se anularon las escrituras falsas.

2.7. Imputación.

Establecida la existencia del daño antijurídico, corresponde efectuar el análisis pertinente, a fin de determinar si el mismo puede ser imputado a la parte demandada.

Teniendo en cuenta el precedente de la Sala, respecto de los títulos de imputación arriba citados, conviene precisar que en otras oportunidades esta corporación se ha pronunciado sobre la responsabilidad del Estado por daños causados en el curso de la actividad registral, indicando que a la administración le asiste el deber de reparar en los casos en que no realice oportunamente todas las anotaciones registrales y cuando expida un certificado que no corresponda a la real situación jurídica del bien.

En el presente caso, el principal argumento de la apelación consiste en que el notario omitió verificar la autenticidad de los documentos aportados para el otorgamiento de la escritura, en particular, de la cédula de ciudadanía que utilizó la persona que se hizo pasar por quien figuraba en el registro de instrumentos públicos como propietaria del inmueble, hecho que dio origen a una falsedad contenida en un documento público.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 2148 de 1983, el notariado es un servicio público e implica el ejercicio de la fe notarial, en virtud de la cual, el notario otorga plena autenticidad a las declaraciones emitidas ante él y a lo expresado por este respecto de los hechos percibidos en el ejercicio de sus funciones.

El Decreto 960 de 1970, regula lo concerniente a la actividad de los notarios y en sus artículos 18 a 23 se establecen los requisitos de forma que deben reunir las escrituras públicas y los pasos que deben ser observados, a saber, recepción de los documentos, extensión, otorgamiento y la autorización, fase en que el notario da fe pública al instrumento, cuando se han cumplido los requisitos exigidos, pero se entiende que en esta labor el notario se circunscribe a la constatación de dichos elementos y no se le exige que llegue hasta verificar la autenticidad de aquellos que soportan el trámite de protocolización puesto que esta labor el ordenamiento jurídico la ha deferido a las autoridades judiciales quienes son las competentes para declarar la falsedad de los documentos.

Lo antes consignado es relevante en primer lugar porque cuando se predica la existencia de una falla por omisión, debe establecerse previamente cuáles son las funciones que la ley le asigna y si hubo incumplimiento de los deberes funcionales por parte del agente o funcionario de la administración.

Por otra parte, el señalamiento de cuáles son los deberes exigibles a los notarios de cara a la labor escrituración resulta importante porque en el sub judice el problema no se presentó en los documentos entregados en la notaria para otorgar la escritura pública cuyo examen es del resorte del notario, lo ocurrido fue que se suplantó la propietaria del bien, valiéndose de la presentación de una cédula falsa, circunstancia que escapaba a la verificación y control del notario, quien al no tener conocimiento anterior de la otorgante, no podía determinar que se trataba de una persona diferente y tampoco pudo detectarlo en la firma utilizada por la usurpadora puesto que, como se indicó en el fallo objeto de apelación, en el proceso penal hubo que recurrir a expertos grafólogos para determinar la falsedad de la misma, razón por la cual esta falacia no pudo ser detectada por quienes la autorizaron y mucho menos por aquellos que se encargaron de su registro en la matrícula inmobiliaria.

Ahora bien, según el precedente de la sección, los daños ocurridos por la falsificación de documentos en principio resultan imputables a quienes efectuaron la adulteración de los instrumentos, sobre todo cuando las falsedades pueden resultar imperceptibles para la administración, pero si se demuestra que no se verifican los elementos formales exigidos para el otorgamiento de escrituras o el registro de instrumentos públicos, sí puede configurarse una falla del servicio.

Ahora bien, a juicio de la Sala, en el sub lite, la irregularidad que dio lugar a las pretensiones de esta demanda no puede ser endilgada a los demandados comoquiera que ella fue producto de la actividad de un tercero que orquestó todo el andamiaje necesario para engañar, no solo al accionante, sino también al notario ante quien se otorgó la escritura pública suplantando a la propietaria del bien, lo cual fue acreditado fehacientemente en el proceso penal adelantado por estos hechos que culminó con la condena impuesta al señor Mario Palacio por los delitos de falsedad y estafa.

Por otra parte, conviene señalar que en muchas oportunidades a la ocurrencia del daño concurre la culpa de la víctima, cuando no actúa diligentemente en la verificación y el estudio de los títulos del bien a adquirir, pero en este caso, como se dijo anteriormente se trataba de todo un montaje llevado a cabo por expertos quienes lograron con artimañas engañar al comprador de buena fe.

De esta manera, al acreditarse que el daño fue consecuencia del hecho de un tercero, lo cual está previsto como causal de exoneración de la responsabilidad, lo procedente entonces es la confirmación del fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia apelada, proferida el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3 de septiembre de 2003, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones.

2. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La pretensión mayor es de $212.700.000 y la mayor cuantía para el año de presentación de la demanda era de $13 460.000.

(2) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

(3) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Exp.10922 C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(4) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 19 de abril de 2012. C.P. Hernán Andrade Rincón. Exp 21515.

(5) Ídem.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de febrero de 2012, radicación 20880, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(7) Morales Molina Hernando, Curso de derecho procesal civil. Editorial ABC, undécima edición, pág. 258. Bogotá. 1991.

(8) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 8 de junio de 2011. Rad. 18.901 C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.