Sentencia 1997-15246 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 25000-23-26-000-1997-15246-01(26271)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Diaz del Castillo

Actora: Sociedad Construcciones Master y Compañía. Limitada

Demandada: Distrito Capital - Secretaria de Salud y otro

Referencia: Apelación sentencia - Acción contractual

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil trece.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia del 22 de octubre de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que niega las pretensiones de la demanda (fls. 149 a 155, cdno. ppal. 2).

I. Antecedentes

1.1. La demanda.

El 23 de octubre de 1997 (fl. 12 rev., cdno. ppal.), la sociedad Construcciones Master & Cía. Ltda., en ejercicio de la acción contractual desarrollada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda en contra del Distrito Capital - Secretaría de Salud y el Hospital San Blas II Nivel (fls. 1 a 12, cdno. ppal.)(1).

1.1.1. Síntesis de los hechos.

Las pretensiones se sustentan en la situación fáctica que se resume así (fls. 6 a 8, cdno. ppal.):

1.1.1.1. El 24 de diciembre de 1996 el Hospital San Blas II Nivel y la sociedad actora suscribieron el contrato de obra 236 para la remodelación de las redes hidráulicas y sanitarias del servicio de lavandería del citado centro hospitalario, por un valor de $ 19.974.250. Acorde con la cláusula segunda, las partes podrían suscribir contratos adicionales, previo el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

1.1.1.2. El 26 de marzo de 1997, la actora, con el visto bueno del interventor, envió al Director del hospital el valor de las obras y trabajos adicionales, consistentes en los acabados de pisos y muros.

1.1.1.3. El 10 de abril del mismo año, el Comité de Adquisiciones de la institución demandada decidió no celebrar un adicional sino un nuevo contrato, porque se debían incorporar otras obras.

1.1.1.4. El 6 de mayo de la misma anualidad se entregó al hospital la obra contratada y los adicionales, sin ningún reparo y, el día 10 siguiente, el Comité de Adquisiciones aprobó el nuevo contrato, el que, a pesar de que las obras se recibieron, la demandada se negó a pagarlas, argumentando su propia omisión.

1.1.2. Las pretensiones.

En armonía con los hechos relacionados, la actora deprecó las siguientes pretensiones (fls. 23 y 24, cdno. ppal.):

1. Que se declare que el Distrito Capital de Santafé de Bogotá - Secretaría de Salud Distrital y el Hospital San Blas II Nivel, empresa social del Estado, establecimiento público del orden Distrital, incumplieron el contrato administrativo de obra 236, celebrado el día 24 de diciembre de 1996 y su adicional aprobado mediante acta de comité y adquisiciones 003 de fecha 20 de marzo de 1997, por un valor de $ 12.314.500, para la remodelación de pisos y muros del servicio de lavandería de dicho hospital.

2. Que como consecuencia de la declaración anterior y a fin de restablecer el equilibrio financiero del contrato principal y su adición, se condene al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, Secretaría de Salud Distrital, y al hospital San Blas II Nivel, empresa social del Estado, establecimiento público de orden Distrital, a pagar a favor de la sociedad Construcciones Master y Compañía Limitada la indemnización de todos los perjuicios derivados del incumplimiento, debidamente actualizados monetariamente a la fecha de la sentencia que ponga fin al proceso de acuerdo a lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

3. Que se condene al Distrito de Santafé de Bogotá, Secretaría de Salud, y al hospital San Blas II Nivel, empresa social del Estado, establecimiento público de orden Distrital, a reconocer y a pagar a la sociedad Construcciones Master y Compañía Limitada el valor de los intereses corrientes y moratorios causados por las sumas demandadas del contrato administrativo de obra 236 y su adición, aprobado mediante acta del comité de adquisiciones 003 de fecha 20 (sic) de marzo de 1997, por un valor de $ 12.314.500 moneda legal y corriente, desde el momento en que se hicieron exigibles hasta la fecha en que se efectúe el pago.

4. Que se condene a la entidad demandada al cumplimiento de la sentencia, en los términos de los arts. 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Pretensión subsidiaria

1. Que se ordene al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, Secretaría de Salud, y al Hospital San Blas II Nivel, empresa social del Estado, establecimiento público de orden Distrital, a elaborar un nuevo contrato con el fin de legalizar las obras adicionales tal como se decidió en el acta del comité de adquisiciones de fecha 10 (sic) de abril (sic) de 1997, obra que fue recibida y entregada a entera satisfacción de los entes demandados, según oficio o acta de fecha mayo 6 de 1997.

2. Que se ordene al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, Secretaría de Salud, y al Hospital San Blas II Nivel, empresa social del Estado, establecimiento Público de orden Distrital, a efectuar el acto de liquidación final del contrato administrativo 236 de fecha 24 de diciembre de 1996, la cual nunca fue hecha por los entes demandados, acto final que servirá para exigir el pago de las obras adicionales y que nunca se pagaron, tal como lo determina la Ley 80 de 1993, de la contratación administrativa.

1.2. Contestación de la demanda(2). 

El Distrito Capital-Secretaría de Salud (fls. 28 a 33 y 55 a 58, cdno. ppal.) propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón de que los hechos cuestionados le resultan ajenos, en cuanto atribuibles al Hospital San Blas II nivel, persona jurídica con autonomía administrativa y patrimonio propio, obligada a responder directamente por sus actuaciones.

1.3. Alegatos.

La parte actora reiteró los argumentos de sus intervenciones (fls. 136 a 138, cdno. ppal.).

II. La sentencia apelada

Mediante sentencia del 22 de octubre de 2003 (fls. 149 a 155, cdno. ppal. 2), el a quo, negó las pretensiones. Para el efecto sostuvo:

El demandado Distrito Capital además de contestar la demanda propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva. Petición que debe ser aceptada por la Sala por cuanto no hay duda que (sic) el Hospital San Blas es un establecimiento público y transformado por el Acuerdo 17 del 10 de diciembre de 1997 en Empresa Social del Estado. Por su naturaleza jurídica le permite tener independencia jurídica, presupuesta (sic) y administrativa, por ende, está en condiciones de responder por los hechos que se le endilgan (…).

La única prueba que se refiere a las obras adicionales, es el testimonio del miembro del Comité de Obras, sin embargo, este solo le consta que el Comité acordó la adición al contrato 236 pero nada dice de la construcción de las mismas. Contrario a ello, el gerente del hospital niega enfáticamente la existencia de tales obras. Por otra parte, la prueba técnica decretada se dio por desistida por falta de interés en la misma, por parte de la actora.

A pesar de todo, el Magistrado Sustanciador, haciendo uso de las facultades expresas del juez contenidas en el artículo 37 numeral 4º del Código de Procedimiento Civil requirió a la parte actora para que aportara cualquier documento en donde constara el recibo de esas obras adicionales. No obstante haber dado respuesta el apoderado del actor, su escrito se dedica a reafirmar lo expuesto en la demanda y allegar el certificado de disponibilidad presupuestal, de lo cual no se infiere que se haya ejecutado y recibido la obra. Así las cosas las, (sic) falencias probatorias en que se incurrieron impiden conocer la situación de los hechos y por ende la pretendida condena, luego, resulta claro que la falta de prueba de un hecho conlleva inexorablemente a una declaración desfavorable de la pretensión que se fundamentó en él (fls. 152 y 154, cdno. ppal. 2).

III. Segunda instancia.

3.1. El recurso de apelación.

Inconforme con la decisión de primera instancia, la sociedad construcciones Master & Cía. Ltda. interpone recurso de apelación (fls. 166 a 169, cdno. ppal. 2). Sostiene que fuera de los documentos aportados no tiene ningún otro que pruebe el recibo de las obras y mal hace el a quo al solicitarle oficiosamente que allegue tal elemento probatorio. Manifiesta que es contradictoria la posición de la demandada, pues, en su contestación, al tiempo que afirma, niega la realización de las obras; empero no probó su pago total.

Insiste que del testimonio rendido ante el a quo por el señor Armando Gómez, miembro del Comité de Compras del hospital, se desprende la realización de las obras a satisfacción y su no pago, contrario a lo concluido por el a quo. Aclara que si bien desistió de la prueba pericial ello se explica por la falta de medios económicos para sufragarla.

3.2. Alegatos.

En este etapa procesal, la parte actora reiteró los argumentos de sus intervenciones (fls. 174 a 176, cdno. ppal. 2).

IV. Consideraciones de la Sala

4.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para desatar el presente asunto, toda vez que el numeral 1º del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, le asigna el conocimiento, en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos(3).

4.2. Problema jurídico.

El problema jurídico en el presente asunto se concreta en determinar si el Hospital San Blas II nivel incumplió el contrato 236 del 24 de diciembre de 1996, suscrito con la sociedad Construcciones Master y Cía. Ltda.

4.3. El análisis probatorio.

4.3.1. Cabe advertir que los documentos que a continuación se relacionan provienen de la entidad pública demandada, quien además las aportó a la actuación, de donde se colige que reposan en sus archivos y podrán ser valorados sin otra consideración. Además, porque la actora solicitó su práctica y no contradijo su validez.

4.3.2. En lo pertinente, las partes pactaron:

PRIMERA: OBJETO: En desarrollo del presente contrato EL CONTRATISTA se compromete para con EL HOSPITAL, a ejecutar todas las obras para remodelación de las redes hidráulicas y sanitarias del servicio de lavandería del Hospital San Blas, contenida en la propuesta de fecha 17 de diciembre de 1996, la cual hace parte integral del presente contrato, cuyo valor total se resume en la siguiente forma:

SUBTOTAL$ 18.325.000
A.I.U.$ 1.649.250
VALOR TOTAL ADJUDICADO INCLUIDO AIU 16% $ 19.974.250

SEGUNDA: VALOR: El valor del presente contrato para todos sus efectos se fija en la suma de DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 19.974.250). PAR.—Las partes contratantes declaran, que cuando las obras objeto del presente Contrato y su valor sobrepasen los límites en él establecidos, a juicio del HOSPITAL, podrán suscribirse adiciones que deben cumplir con las disposiciones legales vigentes y deberán ampliarse las garantías correspondientes. (…) CUARTA. DURACIÓN: La ejecución del presente contrato se fija en un término de tres (3) meses contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación. QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN O ENTREGA DE LA OBRA. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras especificadas en dos (2) meses, de acuerdo con los programas de trabajo adjuntos a la propuesta y aceptados por EL HOSPITAL. (…) DÉCIMA SÉPTIMA. INTERVENTORÍA DEL CONTRATO: La vigilancia de las obras del presente contrato será ejercida por un funcionario del Hospital San Blas, cuyas funciones serán además de las propias de su cargo, las siguientes: a) Exigir al CONTRATISTA toda información que considere necesaria. b) Exigir el debido cumplimiento del contrato. c) Dar instrucciones a los contratistas. d) Controlar y supervisar el estricto cumplimiento del proyecto, especificaciones y rechazar la obra que no se ciña a ellos, bien sea por los materiales empleados o por la forma de la ejecución. e) Tomar las medidas que estime convenientes de materiales para comprobar la calidad y resistencia exigidas. f) Controlar diariamente el avance de la obra de trabajo propuesto. g) Controlar el suministro de personal suficiente para el desarrollo normal de la obra, solicitar el retiro o cambio de este cuando a su juicio lo estime conveniente (…) (se destaca) (fls. 18 y 20, cdno. 2).

4.3.3. El 20 de marzo de 1997, el Comité de Adquisiciones del hospital recomendó a su director adicionar el contrato 236 de 1996, sin exponer las razones ni los términos de la adición (fl. 23, cdno. 2).

4.3.4. El 1º de abril de 1997, la contratante elaboró minuta para suscribir contrato por las obras que reclama el actor, con el objeto de ejecutar acabados en pisos y muros (fl. 28 a 31, cdno. 2), según la documentación allegada por la demandada. En la misma fecha, también se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal por $ 12.314.500, así: “[p]ara respaldar el siguiente compromiso: ADICIÓN AL CONTRATO 236/96 REMODELACIÓN DE LA ZONA DE LA LEVANDE (sic) DEL HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL” (fl. 17, cdno. 2).

4.3.5. El 6 de mayo del año en mención, los señores Armando Gómez Malagón y Javier Ernesto Iglesias, Jefe de Suministros e interventor de la demandada, respectivamente, recibieron a satisfacción las obras del contrato 236 del 24 de diciembre de 1996, según acta de la fecha, la cual no permite especificar lo entregado (fl. 27, cdno. 2). En efecto, en ella se anotó:

“De acuerdo con el informe presentado por el señor JAVIER ERNESTO IGLESIAS con c.c. 19.411.236 de Bogotá en calidad de interventor y yo ARMANDO GÓMEZ MALAGÓN con c.c. 4.178.518 de Nobsa (Boyacá) en representación del Hospital San Blas II Nivel, recibimos a satisfacción la obra entregada por el señor RAFAEL PEDRAZA de la firma C. MASTER con C.C. 79.303.247 de Bogotá, según el contrato 236 de fecha 24 de diciembre/96” (fl. 27, cdno. 2).

4.3.6. En testimonio rendido ante el a quo, el señor Armando Gómez Malagón, Jefe de Suministros y miembro del Comité de Adquisiciones de la demandada, manifestó que aprobó la adición del contrato y que la obra se recibió a satisfacción (fl. 34, cdno. 2). El testigo declaró:

Se aprobó la remodelación de la lavandería en el comité de compras, en el comité se hizo una adición de dicha obra para poder terminar la obra, eso quedó escrito en las actas que se levantaron en el comité. La adición se debió realizar porque no se terminaba la remodelación de la lavandería, porque con el contrato que se hizo no alcanzaba a terminar el arreglo, se hizo la adición porque salieron algunos imprevistos. (…) Sírvase manifestar al despacho si la entidad contratante en este caso el Hospital autorizó a través de una adición al contrato original, la realización de la obra de la lavandería de dicho Hospital. RESPNDIÓ (sic): Sí, esto se aprobó en un comité de compras. PREGUNTADO. Manifieste al despacho si la sociedad Construcciones Master & Cía. Ltda. terminó la obra en su totalidad y a satisfacción de la entidad contratante RESPONDIDO. Sí, la obra se recibió a satisfacción (fl. 34, cdno. 2).

4.4. La cuestión de fondo: El incumplimiento del contrato.

4.4.1. De entrada precisa señalar que el contrato 236 del 24 de diciembre de 1996, suscrito entre el Hospital San Blas II Nivel y Construcciones Master & Cía. Ltda., se rige por las previsiones de la Ley 80 de 1993 —toda vez que en él intervino una entidad estatal—(4), salvo lo dispuesto expresamente por el Decreto 1421 de 1993(5), en tanto constituía la normatividad vigente. Lo anterior teniendo en cuenta la fecha de suscripción del contrato y que sólo hasta diciembre de 1997, mediante Acuerdo 17, se transformó la naturaleza jurídica del Hospital San Blas II Nivel, de establecimiento público distrital a empresa social del Estado(6), razón por la cual, para la época en que se celebró el contrato en estudio, la contratante, se encontraba sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública(7).

4.4.2. En ejercicio de la acción contractual, la pretensión principal de la demanda se concreta en la declaratoria de incumplimiento del contrato 236 de 1996 y sus condenas pecuniarias consecuenciales, en tanto la subsidiaria impetra porque se elabore y suscriba el contrato adicional y se liquide, con el fin de legalizar las obras reclamadas y obtener su pago (fl. 24, cdno. ppal.). Siendo éstas las cuestiones que habrá de resolver la Sala.

4.4.3. No es posible considerar la procedencia del incumplimiento deprecado, en razón del no pago de las obras adicionales, en tanto, en los términos del contrato 236 de 1996, la actora se comprometió a realizar “todas las obras para la remodelación de las redes hidráulicas y sanitarias del servicio de lavandería del Hospital San Blas”, contenidas en la propuesta del 17 de diciembre del mismo año, por un valor de $ 19.974.250 —cláusula primera (fl. 18, cdno. 2)—. Por consiguiente, acorde con el objeto contractual, no cabe el reclamo en que se funda la demanda si se considera que, además, las partes convinieron en un valor global(8).

4.4.4. Según el parágrafo de la cláusula primera “cuando las obras objeto del presente [c]ontrato y su valor sobrepasen los límites en él establecidos, a juicio del HOSPITAL, podrán suscribirse adiciones que deben cumplir con las disposiciones legales vigentes y deberán ampliarse las garantías correspondientes” (fl. 18, cdno. 2). Límites estos que no se conocen, dado que la oferta no fue allegada al plenario y el contrato no permite determinarlos, antes por el contrario, da lugar a sostener que la sociedad se comprometió a realizar “todas las obras para la remodelación” por el precio convenido.

En una interpretación sistemática de lo ocurrido, es claro que la voluntad de las partes fue la de fijar un precio global, al punto que, para modificar su valor, debía procederse a través de un contrato adicional que no se firmó(9). En ese orden, para la Sala es claro que la sociedad actora se comprometió a realizar “todas las obras” por el precio convenido, pues de no ser ello así, esto es, si se efectuaban adicionales, tenía que haberse suscrito el contrato que así lo indicara.

Así las cosas, dado que la actora no desvirtuó que las obras, llamadas por la misma adicionales, estaban incluidas en el contrato original, atendiendo a la oferta que no se allegó al plenario, la sentencia impugnada habrá de confirmarse. Vale agregar, al respecto, que el testimonio rendido por el señor Armando Gómez Malagón, Jefe de Suministros y miembro del Comité de Adquisiciones de la demandada, para la época, en el que manifestó que, en la condición anotada, aprobó la adición al contrato en estudio y que recibió la obra a satisfacción (fl. 34, cdno. 2), es insuficiente para determinar su condición, monto y cantidad, es decir, de ella no se puede concluir su carácter ajeno al objeto y asimismo al precio global pactado. 

Debe señalarse, además que también la pretensión subsidiaria, relativa a que se disponga la suscripción de un acuerdo para respaldar las mentadas obras, ha de negarse, pues no es posible imponer la suscripción de un contrato adicional, sin prueba fehaciente de la obligación(10). En ese orden, igual suerte deberán seguir entonces las pretensiones consecuenciales.

De otro lado, no habrá lugar a condena en costas, por cuanto no se dan los supuestos de que trata el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, reformado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 22 de octubre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

2. SIN COSTAS, toda vez que en la presente instancia no aparecen probadas.

3. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Danilo Rojas Betancourth, Presidente—Stella Conto Díaz del Castillo.

1 La demanda fue adicionada el 25 de marzo de 1998 (fls. 23 a 27, cdno. ppal.) y admitida por el a quo en octubre del mismo año (fl. 43, cdno. ppal.).

2 El Hospital San Blas II nivel (fls. 65, 67 rev., 74, cdno. ppal.) contestó la demanda en forma extemporánea (fls. 78 a 84, cdno. ppal.).

3 La cuantía del presente asunto asciende a la suma de $ 12.314.500 (fl. 24, cdno. ppal.), por ser la mayor pretensión por daño emergente, valor que, actualizado a la presentación de la demanda corresponde a $ 13.669.095 (entre jun. 6/97, un mes después de entregadas las obras adicionales y oct. 23/97, cuando se presentó la demanda), es decir, supera los $ 13.460.000 que, para la época en que se demandó, se exigían para que los tribunales conocieran en primera instancia de asuntos contractuales.

4 El artículo 2º del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública así definió, entre otros, a los establecimientos públicos. Por su parte, el artículo 32 dispuso: “Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad”.

5 “NORMAS GENERALES. Las normas del estatuto general de contratación pública se aplicarán en el Distrito y sus entidades descentralizadas en todo aquello que no regule el presente decreto. // Las operaciones de crédito público se someterán a las normas vigentes sobre la materia. // PAR.—Las normas del Estatuto General de la contratación pública regirán en el Distrito a partir de su promulgación, inclusive las que tengan señalada fecha de vigencia posterior en el mismo estatuto (…)”.

6 Visto en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=494. Igualmente, dicho acuerdo fue allegado con la contestación de la demanda del referido hospital, la cual fue extemporánea (fl. 87 a 91, cdno. 2).

7 La Ley 100 de 1993 prescribía: “ART. 197.—EMPRESAS SOCIALES DE SALUD DE CARACTER TERRITORIAL. Las entidades territoriales deberán disponer, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vigencia de esta Ley, la reestructuración de las entidades descentralizadas cuyo objeto principal sea la prestación de servicios de salud, con el fin de adecuarlas a lo dispuesto en este capítulo”.

8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 18 de julio de 2002, radicado 1439, M.P. Susana Montes de Echeverri. Al respecto, se dijo: “En todas las modalidades de contratación de obra es muy importante la inclusión de la cláusula sobre el valor del contrato; sin embargo, según se trate de una u otra modalidad de contratación, esta cláusula tiene una función o importancia distinta. En efecto, en el contrato por precio global, el valor establecido en la cláusula de valor es vinculante y genera, por lo mismo, obligaciones mutuas pues señala la contraprestación a que tiene derecho el contratista por su trabajo pero, a su vez, señala para él la obligación de ejecutar la totalidad de la obra por ese precio. Es por lo mismo, una cláusula que señala el verdadero valor total del contrato, pues el contrato se celebró a precio determinado”.

9 En tal sentido, el certificado de disponibilidad presupuestal del adicional no firmado se expidió “[p]ara respaldar el siguiente compromiso: ADICIÓN AL CONTRATO 236/96 REMODELACIÓN DE LA ZONA DE LA LEVANDE (sic) DEL HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL” (fl. 17, cdno. 2).

10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 16.211, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. En dicha oportunidad se precisó: “Igualmente, por sabido se tiene que esta solemnidad según la cual esta clase de contratos deben constar por escrito, constituye un requisito ad substantiam actus, esto es, sin el cual el negocio no existe y, por tanto, carece de efectos en el mundo jurídico; ello implica que la falta del documento que contiene el acto o contrato 110 pueda suplirse con otra prueba, pues en aquellos negocios jurídicos en los que la ley requiere de esa solemnidad, la ausencia del documento escrito implica a que se miren como no celebrados y su omisión de aportarlos en legal forma dentro de un proceso judicial impide que se puedan hacer valer o reconocer los derechos y obligaciones —efectos jurídicos— que en nombre o a título de él se reclaman”.