Sentencia 1997-15263 de julio 23 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000199715263-01 (24146)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Gonzalo Manrique Bustamante y otro

Demandado: Nación – rama judicial

Asunto: Reparación directa

Bogotá, D.C., veintitrés de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 10 de octubre de 2002 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, comoquiera que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, independientemente de la cuantía del proceso, es decir, sea esta igual o inferior a 500 SMLMV(13).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(14), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

Según se desprende de lo expuesto en la demanda, la responsabilidad administrativa que se demanda se origina en la supuesta ocurrencia de un error jurisdiccional contenido en la diligencia de entrega material de los inmuebles de propiedad de los aquí demandantes practicada el día 20 de octubre de 1995, todo dentro del proceso ejecutivo adelantado por Gustavo Santoyo Avila contra Gilberto Rodríguez Bobadilla, por tanto y como quiera que la demanda se interpuso el 17 de octubre de 1997(15), resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.

3. El régimen de responsabilidad.

Previamente al análisis de los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la Sección, en sentencia de 19 de abril de 2012(16), unificó su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia.

En consonancia con lo anterior, resulta necesario recordar que la acción de reparación directa se interpuso con fundamento en un presunto error jurisdiccional cometido en el marco de un proceso ejecutivo por el Juzgado Civil Municipal de La Mesa – Cundinamarca, despacho que en acatamiento del despacho comisorio 489 de 25 de septiembre de 1995, procedente del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, habría entregado unos inmuebles de propiedad de los aquí demandantes sin hallarse plenamente identificados de manera previa —como exige la ley— lo que les habría causado los perjuicios por los que reclaman indemnización, situación que alude a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la administración de justicia, regulada hoy en día en la Ley 270 de 1996(17), disposición esta que, a pesar de haber entrado en vigencia con posterioridad a las providencias que en el presente asunto se indican como contentivas de error judicial, orienta los criterios generales a tener en cuenta para resolver el caso concreto, todo ello de conformidad con los pronunciamientos jurisprudenciales que en torno a ella se han proferido(18).

No obstante lo anterior, cabe igualmente advertir que, por tener el sub judice origen en providencias dictadas con anterioridad a la vigencia de la citada Ley 270 de 1996, no está sometido en modo alguno a la consideración expuesta por la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada de su artículo 66(19).

En este orden de ideas, es pertinente recordar el texto del artículo 65 de la Ley 270 de 1996, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Esta norma desarrolla la cláusula general de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables y que fueren causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Nacional, concepto que -desde luego- comprende todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no solo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares de la justicia(20).

Ahora bien, frente al error judicial, el artículo 66 de la citada ley vino a definirlo de la manera que, a continuación, se procede a transcribir:

“(…) Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.

Al ejercer el control previo de constitucionalidad frente al Proyecto de Ley Estatutaria que dio origen a la citada Ley 270 de 1996, la H Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de este artículo(21) y precisó que: (i) dicho error se materializa únicamente a través de una providencia judicial; (ii) debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia ha definido como una “vía de hecho”, y (iii) no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, porque ello comprometería en forma grave la seguridad jurídica.

De otra parte, el artículo 67 de la misma ley dispone que para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: (i) el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error esté en firme.

Con fundamento en lo anterior, la Sala ha considerado que existe error judicial cuando el juzgador, independientemente de si actúa o no con el elemento subjetivo de la culpa, profiere una providencia discordante con el conjunto de actuaciones desarrolladas dentro del proceso, la cual, una vez queda en firme, ocasiona un daño antijurídico(22).

En este sentido, la Sala en sentencia de 11 de mayo de 2011, señaló los presupuestos que deben cumplirse para la configuración del error judicial. En efecto, en tal ocasión precisó(23):

“Bajo la nueva disposición constitucional se admitió la responsabilidad del Estado por error judicial, el cual se consideró que se configuraba siempre que se reunieran las siguientes exigencias: (i) que el error estuviera contenido en una providencia judicial en firme; (ii) que se incurriera en error fáctico o normativo; (iii) se causara un daño cierto y antijurídico, y (iv) el error incidiera en la decisión judicial en firme. Consideraba la Sala, en jurisprudencia que se reitera:

“a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, sí esta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional (…).

“b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta sección(24), el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso. El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares.

“c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos”.

Bajo este entendimiento, para determinar si el juzgador incurrió o no en error judicial debe analizarse la concordancia de la providencia emitida con cada una de los actos desarrollados por las partes durante el proceso, observando con detenimiento los hechos aducidos, el material probatorio aportado y la aplicación del marco normativo realizada por funcionario judicial al caso particular. Dicha posición fue sostenida por la Sección en la citada sentencia de 5 de diciembre de 2007(25), de la manera que sigue:

“La Sala precisa que el error judicial siempre está contenido en una providencia judicial, por medio de la cual se pone fin, en forma normal o anormal al proceso, por esta razón el yerro solo se configura cuando se han agotado los recursos previstos en la ley para impugnar la providencia judicial. Su configuración se logra mediante el análisis comparativo entre las fuentes del derecho que rigen la función de administrar justicia y la providencia judicial respecto de la cual se predica el error judicial, a cuyo efecto deberá considerarse también el conjunto de actos procesales que integran el correspondiente proceso.

En efecto, no es dable tomar como hecho independiente o autónomo únicamente la providencia judicial, pues esta debe analizarse mediante el estudio de los otros actos procesales, demanda, contestación, pruebas, etc. Pues solo de esta manera es dable deducir la inconformidad de la providencia con el deber ser definido por el ordenamiento jurídico, en su aspecto sustancial y procedimental. El error judicial no supone la prueba de elementos que cualifiquen la conducta personal del agente estatal, como tampoco calificativos absolutos de inexcusable, garrafal, evidente o injustificado. Ni el artículo 90 de la Constitución, ni las normas legales que han desarrollado la materia, cualifican de esa manera la acción u omisión del Estado determinante de responsabilidad por daños antijurídicos padecidos por causa de una providencia judicial. Cabe por tanto señalar que el error judicial consiste, en realidad, en una verdadera falla en la función de administrar justicia, en el entendido de que no cualquier discordancia entre la realidad fáctica o jurídica del proceso y la providencia judicial determinan este vicio.

Si bien la jurisprudencia nacional exigía un error cualificado ello, como se indicó, respondía a la regulación normativa que traía el referido artículo 40 del CPC, pero este elemento no resulta exigible para definir la responsabilidad del Estado, no solo porque dicha norma fue subrogada por la Ley 270 de 1996, sino porque los límites entre la responsabilidad estatal y la personal del agente están claramente establecidos y, de ellos se infiere, que solo esta última amerita la verificación de las cualificaciones de las conductas del agente estatal. Si bien la vía de hecho comporta un error judicial, no toda decisión que entrañe un error judicial constituye una vía de hecho. De esta manera, una equivocada interpretación de una norma sustancial o una indebida valoración probatoria, que traduzca en la violación del marco normativo que rige la función de administrar justicia, podrá considerarse error judicial aunque no corresponda a una vía de hecho” (…) Para la Corte, la vía de hecho se caracteriza por constituir una desconexión manifiesta entre lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y la actuación del funcionario judicial de que se trate. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el vicio que se alega como fundamento de la supuesta vía de hecho debe ser evidente o incuestionable, lo cual significa que la falencia, además de constituir una subversión superlativa del orden jurídico debe afectar o vulnerar un derecho fundamental, mediante una operación material o un acto que desborda el ámbito de la decisión judicial. La Sala precisa que el concepto de error judicial que traduce en uno de los supuestos que hace procedente la responsabilidad del Estado por la actuación de sus jueces, no requiere, para su configuración, del cumplimiento de los supuestos que propone la Corte Constitucional para que se dé la vía de hecho. Pero advierte también que, en un caso dado, el concepto de error judicial que ha definido el Consejo de Estado, puede estar vinculado a alguna de las denominadas por la Corte Constitucional —causales de procedibilidad—, esto es a: un defecto sustantivo, orgánico o procedimental, un defecto fáctico, un error inducido, una decisión sin motivación, un desconocimiento del precedente o una violación directa de la Constitución. Sin que sea dable afirmar que el error judicial constitutivo de la responsabilidad que aquí se analiza, solo se configure en presencia de las hoy llamadas por la Corte “Causales de procedibilidad” (Destaca la Sala).

Ahora bien, frente a la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, se denota, como lo ha observado la Sección en el pasado, que si bien la Corte Constitucional, en la sentencia de control previo del Proyecto de Ley Estatutaria de Administración de Justicia, pareció asimilar el error judicial a la vía de hecho(26), esta identificación es impropia toda vez que, en el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, no se tiene por objeto la conducta subjetiva del agente infractor, sino la contravención al ordenamiento jurídico inmersa en una providencia judicial(27).

Esta diferencia resulta fundamental a efectos de identificar de manera más clara los linderos de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, al descartar cualquier juicio de comportamiento subjetivo y centrar la atención en la decisión judicial que se cuestiona y su confrontación con el ordenamiento jurídico, especialmente con los derechos fundamentales que puedan resultar comprometidos.

Finalmente, vale señalar que en cada caso concreto debe tenerse presente el margen de discrecionalidad judicial que resulta legítimo y servirse de ella, para llevar a cabo el juicio de responsabilidad correspondiente. Como lo ha advertido la Sala, en algunas oportunidades el juez tiene en frente una decisión única, mientras que en otros, aparecen como posibles distintas decisiones razonables; en esta última hipótesis, mal se haría en un juicio de responsabilidad patrimonial en identificar un daño antijurídico como consecuencia de la adopción razonada de la opción judicial por una de las posibles decisiones razonables, todo ello de acuerdo con los presupuestos fácticos existentes en el proceso.

Al respecto se expuso:

“(…) el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables en cuanto correctamente justificadas pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de este ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, solo las decisiones carentes de este último elemento una justificación o argumentación jurídicamente atendible pueden considerarse incursas en error judicial”(28).

En efecto, el error del juez radica en la valoración abiertamente equivocada o la inobservancia de un elemento decisivo e incidente en el proceso, lo cual conlleva a la incorrecta aplicación de la normatividad jurídica al caso de su conocimiento y, por tanto, a proferir en aquel una decisión judicial contraria al ordenamiento jurídico.

Cabe señalar, que los funcionarios judiciales en desarrollo del principio constitucional de independencia y autonomía de los jueces pueden interpretar en diversos sentidos las disposiciones normativas aplicables a un caso, y siempre que lo realicen de manera razonada, coherente y con solidez argumentativa no podrá configurarse un error jurisdiccional(29).

En este mismo sentido la Sección ha manifestado(30):

“(…) la responsabilidad directa por el hecho de los jueces debe partir del reconocimiento de los límites del razonamiento jurídico y, en consecuencia, de que no frente a todos los problemas jurídicos será posible identificar una única respuesta o solución correcta. De hecho, el denominado ‘principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa’ de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas— pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de este ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, solo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial”.

(…)

“Por tanto, solo las decisiones judiciales que —sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales— resulten contrarias a derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional (…)”. (Destaca la Sala)

4. La determinación de la responsabilidad estatal en el caso concreto.

4.1. Lo probado en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente acreditados los siguientes hechos:

- Que ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, se adelantó un proceso ejecutivo en contra del señor Gilberto Rodríguez Bobadilla, incoado por el señor Gustavo Santoyo Avila, en el cual, con fundamento en las providencias de 5(31) y 11(32) de junio de 1991, se ordenó, respectivamente librar mandamiento de pago a favor del señor Gustavo Santoyo Avila y en contra del señor Gilberto Rodríguez Bobadilla y aceptar la caución para la práctica de medidas cautelares.

En ese orden, en un aparte de los numerales primero y segundo de la providencia de 11 de junio de 1991 se decretó el embargo del 50% y de la parte o derechos que el deudor, señor Gilberto Rodríguez Bobadilla, tuviera, respectivamente sobre el inmueble denominado “Villa Carolina” y el inmueble distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria 166-0027681, en los siguiente términos (se cita el texto tal cual aparece en el expediente):

1. Decretar el embargo el 50% de un lote de terreno que se denuncia como de propiedad del demandado, que para efectos de matrícula se denomina “Villa Carolina", el cual se desmembró del predio llamado el Llano, ubicado en la vereda La Concepción, jurisdicción Municipal de la Mesa (Cundinamarca), con cabida superficial de 1250 metros cuadrados, junto con todas sus mejoras y anexidades, cuya matrícula inmobiliaria corresponde al 166-0026542. Ofíciese al señor Registrador de Instrumentos Públicos a fin de que inscriba el embargo, devuelva el oficio con la nota de inscripción junto con el certificado de tradición actualizado, con la advertencia de que el oficio se enviará al registrador de La Mesa (Cund.)” (Se destaca).

En el numeral segundo se ordenó:

“2. Se decreta el embargo de la parte o de los derechos que son de propiedad del demandado sobre un lote de terreno con cabida aproximada de 14800 metros cuadrados, el cual se desmembró de la finca llamada El Llano, ubicada en la vereda La Trinidad, jurisdicción del Municipio de la Mesa (Cund.), cuyo número de matrícula inmobiliaria corresponde al 166-0027681 del Círculo de Registro de la Mesa (Cund.)” (…)” (Se destaca).

- Que por oficios 1303 y 1304 de 12 de junio de 1991(33), el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá solicitó al señor Registrador de Instrumentos Públicos de “La Mesa” la correspondiente inscripción del embargo decretado sobre el 50% y la parte o lo derechos que sobre los inmuebles distinguidos con números de matrícula inmobiliaria 166-0026542 y 166-0027681, respectivamente, pudieran corresponder al ejecutado Gilberto Rodríguez Bobadilla.

- Que en providencia de 3 de diciembre de 1991 el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá dispuso “Decretar el avalúo y remate de los bienes embargados en este proceso y de los que posteriormente se embarguen y secuestren”.(34)

Que por auto de 31 de julio de 1992(35) el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá decretó el secuestro de los referidos inmuebles y comisionó al Juez Civil Municipal de La Mesa para la práctica de la correspondiente diligencia, previa advertencia de que, para efectos del secuestro del inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 166-0027681, el interesado debía concretar, alinderar y acreditar cual es la parte que aún conserva el demandado, esto es el señor Gilberto Rodríguez Bobadilla, así (se cita el texto tal cual aparece en el expediente):

Como está acreditado el registro del embargo del 50% del lote de terreno que se denomina “Villa Carolina”, que se desmembró del predio llamado El Llano, ubicado en la vereda La Concepción, jurisdicción municipal de La Mesa (Cundinamarca), con cabida superficial de 1250 metros 2, se decreta su secuestro para lo cual se comisiona con amplias facultades al señor Juez Municipal de La Mesa. Para los fines previstos en los artículos 681-12 y 882-3 del C.P.C se le informa al comisionado que el otro comunero no demandado es el señor Jorge Enrique Muñoz López. Líbrese despacho comisorio con insertos.

Para efectos del secuestro de los derechos sobre el inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 166-0027681, el peticionario debe concretar, alinderar y acreditar cual es la parte que aún conserva el demandado, pues de acuerdo con el folio de matrícula inmobiliaria ha realizado varias ventas. (Se destaca).

- Que en virtud del Despacho Comisorio 336 de 11 de agosto de 1992(36) el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá comisionó al Juzgado Civil Municipal de La Mesa, para la práctica del secuestro del predio “Villa Carolina” al estar “acreditado el registro del embargo del 50% del lote de terreno”.

- Que mediante certificación suscrita el 8 de julio de 1993(37) el Jefe de oficina delegada de catastro de la Mesa (Cundinamarca) Instituto Geográfico Agustín Codazzi, señala que el predio distinguido con el número catastral "00-02-009-0288-000", con un área de 1.457 mts2 y con los siguientes linderos "norte carretera a San Joaquín Oriente Sánchez de C. Maria Mercedes sur Orduz Luis Guillermo occidente servidumbre de entrada (...). Escritura Pública 1.309 del 14 de junio de 1989 Notaría la Mesa. Registro 166-0027681 del 19 de junio de 1989 de la Mesa" figura como de propiedad del señor Gilberto Rodríguez Bobadilla.

- Que en virtud del Despacho Comisorio 267 de 30 de julio de 1993(38) el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá comisionó al Juzgado Civil Municipal de La Mesa para la práctica del secuestro del derecho de cuota que sobre el inmueble distinguido con el número de matrícula inmobiliaria 166-0027681 pueda tener el señor deudor Gilberto Rodríguez Bobadilla, así (se cita el texto tal cual aparece en el expediente):

Como está acreditado el registro del embargo del derecho de cuota que tiene el demandado sobre un lote de terreno con cabida aproximada de 14.800 metros cuadrados, que se desmembró de la finca llamada El Llano ubicado en la vereda La Trinidad, jurisdicción del Municipio de La mesa (Cund.), distinguido con matrícula inmobiliaria No. 166-0027681, se decreta su secuestro para lo cual se comisiona al Juzgado Civil Municipal de La Mesa, con amplias facultades.” (Se destaca)

- Que el día 16 de septiembre de 1993, en cumplimiento del despacho comisario 267 de 30 de julio de 1993, el Juzgado Civil Municipal de La Mesa – Cundinamarca, llevó a cabo la diligencia de secuestro(39) sobre el inmueble distinguido con el número de matrícula inmobiliaria 166-0027681, oportunidad en la que se consignó (se cita el texto tal cual aparece en el expediente):

"Siguiendo el orden de la diligencia, el personal que la compone se traslada a la finca llamada El Llano, de donde se desmembró el lote de terreno objeto de la medida cautelar, de la vereda La Trinidad, de esta comprensión municipal. Una vez en el sitio de la diligencia, al cual fuimos guiados directamente por los interesados, el Juzgado constató que se trata de un lote de terreno fraccionado físicamente en dos partes proporcionales por los costados oriente a occidente. En dicho lugar no logramos ser atendidos por persona alguna, ya que una franja del terreno se encuentra aparentemente abandonada y en la otra nadie atendió al llamado del personal del juzgado, existiendo candado que franquea la puerta de acceso. Continuando con el orden de la diligencia, el juzgado procede a la identificación del inmueble, para lo cual es auxiliado por una señora que habita en una vivienda y local comercial contiguo a la servidumbre. Se trata de un lote de terreno de una topografía levemente inclinada, determinado por los siguientes linderos (…) a este sector A tuvo acceso el personal del juzgado a través de un boquete de la cerca en alambre de púas que lo delimita, la cual se encuentra en muy malas condiciones y caída en gran parte de su trayecto. En relación con el segundo lote, que se denominará B, su estado ciertamente es diferente al anterior, puesto que se determina por una cerca en malla de aproximadamente dos metros de altura, la parte del lote aparece en grama y sobre él se levanta una casa de habitación, al fondo, construida en ladrillo, con techo en teja de eternit de color rojo, aparentemente en muy buenas condiciones, lo mismo un Kiosko de aproximadamente cuatro metros de diámetro con techo de paja, esta descripción es muy superficial habida cuenta que, como ya se mencionó el personal del Juzgado no puedo entrar a este sector del inmueble, por encontrarse un candado en la puerta de acceso. De la confrontación entre los datos que anteceden y aquellos que han sido consignados en los anexos del despacho comisario, el juzgado concluye, que ciertamente se trata del mismo, y por ende, lo declara debidamente identificado. Acto seguido se le otorga el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante, quien en uso de la misma expresó: Fundamentando en las consideraciones realizadas por el despacho, solicito se dé cumplimiento al despacho comisario y en consecuencia se proceda al secuestro del bien ya identificado. Teniendo en cuenta que no se ha presentado oposición alguna a estas diligencias, en atención a lo solicitado y de conformidad con la delegación que le ha otorgado el Juzgado Sexto Civil del Circuito, este Despacho declara legalmente secuestrado el inmueble a que ha venido haciendo mención, en su integridad, (es decir comprendiendo los lotes A y B), y de él se hace entrega real y material a la secuestre designada". (Se destaca).

- Que el mismo día 16 de septiembre de 1993, en cumplimiento del despacho comisario 336 de 11 de agosto de 1992, el Juzgado Civil Municipal de La Mesa – Cundinamarca, llevó a cabo la diligencia de secuestro(40) sobre el predio denominado “Villa Carolina”, oportunidad en la que se consignó (se cita el texto tal cual aparece en el expediente):

“Siguiendo con el orden de la diligencia, el personal que la compone se traslada al inmueble objeto de la medida cautelar denominado Villa Carolina, ubicado en la vereda La Concepción o La Concha, de la comprensión municipal de la Mesa (…)” “Continuando con el orden de la diligencia se entra a la determinación del predio en que nos encontramos, así: Se trata de un lote de terreno, junto con una construcción edificada sobre el mismo, con una topografía casi plana y limitado de la siguiente manera.

“(…)

Cotejados los linderos constatados por el despacho con aquellos que figuran como anexos al despacho comisorio, se establece que guardan total correspondencia, y en consecuencia el juzgado declara legalmente identificado el predio. A continuación, el juzgado le concede el uso de la palabra al señor apoderado de la parte actora, quien manifestó: Debidamente identificado como se haya el predio objeto de esta diligencia, solicito muy respetuosamente al despacho, proceda a ordenar su secuestro.

“(…)

“En consecuencia, el Juzgado dispone hacer entrega real y material del inmueble a la secuestre designada. (Se destaca)

- Que mediante dictamen pericial de fecha 9 de mayo de 1994, se estableció el avaluó comercial(41) de los inmuebles embargados y secuestrados, para proceder luego a su venta en pública subasta. En este sentido se expuso lo siguiente (se cita el texto tal cual aparece en el expediente):

“Primer predio: Predio rural denominado “Villa Carolina”

Avaluo: Teniendo en cuenta todo lo anterior, estado lamentable de las construcciones como puede observarse de las fotografías que adjuntamos, consideramos que el 50% de este inmueble que fue lo embargado y secuestrado, tiene en la actualidad un valor comercial de $ 3.750.000,oo, m/cte, es decir, a razón de $ 6.000 M2, incluyendo mejoras y teniendo en cuenta que el predio tiene una extensión superficiaria de 1,250 M2, aproximadamente.

Segundo predio: Esta localizado en la misma vereda “Concepción” o “La Concha”, sitio “La Palma” del Municipio de “La Mesa”, sobre la carretera que de este poblado conduce a la Inspección departamental de San Joaquín y dista del predio primeramente reseñado, esto es el conocido con el nombre de “Villa Carolina”, unos 25 metros, aproximadamente.

“(…)

“Según informe de los vecinos, la porción de terreno cercado en malla y la construcción de dos pisos y Kiosko allí levantados, son del Sr. Gonzalo Manrique.

Al igual que el lote de terreno “Villa Carolina”, es plano, esta sobre el carreteable asfaltado tantas veces citado, con entrada igualmente por la callejuela al medio con el predio del Sr. Manuel Corredor, de consiguiente, consideramos que el valor del metro cuadrado de terreno, es igualmente de $ 6.000, excepto la construcción de dos pisos.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el lote de terreno tiene un área de 1386 M2, aproximadamente, consideramos de común acuerdo que tanto el lote como la construcción existentes, tiene en la actualidad un valor comercial de $23.400.000 M/Cte.

“(…)

“Resumen

a. Valor 50% del predio “Villa Carolina” $ 3.750.000

b. Valor segundo predio, junto con construcciones $ 23.400.000

Total avalúo $ 27.150.000” (Se destaca)

- Que en cumplimiento del auto de fecha 26 de julio de 1995 proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, el día 13 de junio del mismo año se efectuó el aviso de remate(42) de los referidos inmuebles, en los siguientes términos (se cita el texto tal cual aparece en el expediente):

“Que dentro del proceso ejecutivo de Gustavo Santoyo Avila contra Gilberto Rodriguez Bobadilla, mediante calendado 1 de junio del presente año, se señaló la hora de las 8 a. m. del día 26 de junio de 1995, para llevar acabo diligencia de remate de los siguientes bienes:

“50% de un lote de terreno ubicado en la vereda La Concepción, jurisdicción municipal de La Mesa (C), denominado “Villa Carolina”, junto con sus mejoras y anexidades, con matrícula inmobiliaria 166-0026512 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privado de La Mesa (C).

“Finca denominada El Llano ubicada en la vereda La Trinidad, jurisdicción municipal de La Mesa (C), con matrícula inmobiliaria 166-0027681 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privado de La Mesa (C).

Los anteriores bienes fueron avaluados pericialmente así. El primero en $ 3.750.000. El segundo en la suma de $ 23.400.000, para un total de $ 27.150.000.

Será postura admisible la que cubra el 70% del avaluó total dado al bien, previa consignación del porcentaje legal.

- Que el día 26 de julio de 1995 el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, declaró abierta la licitación para efectuar la diligencia de remate(43) en los términos del aviso antes transcrito y adjudicó los inmuebles objeto de las medidas cautelares, con base en las siguientes consideraciones (se cita el texto tal cual aparece en el expediente):

“Adjudica los bienes a rematar al señor Hermogenes Rodriguez Losada, de las condiciones civiles anotadas, por la suma de $ 19.100.000. Tradición - El inmueble de matrícula 166-0026542 fue adquirido por compra a Sánchez de Corredor María Mercedes, escritura pública 1.940 de la Notaría de La mesa 26-10-87 anotación 06-01-89 y el de matrícula 166-0027681 fue adquirido inicialmente según escritura 896 de la Notaría de la Mesa de octubre 18 de 1955 y el lote de 14.800 M2 por escritura pública 1.039 de 14 de junio de 1989 por compra a Sánchez de Corredor María Mercedes Y Molano Barrera Leonardo (sic.). - De acuerdo al avalúo el primer lote en su porcentaje queda $2.665.000.00 y el segundo en $16.435.000, para un total de $19.000.000 valor de la adjudicación. - Se hace la salvedad de que el señor Luis Alfredo Conde Cabezas consigno como porcentaje la suma de $4.700.000 cifra que no cubre el 20% por lo tanto se ordena la devolución de dicho título y el señor Hermogenes Rodríguez Losada ratifica su postura y oferta en la suma antes citada o sea $19.100.000 la cual es aceptada por el juzgado como único postor”.

- Que por auto de fecha 2 de agosto de 1995(44) el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, aprueba la diligencia de remate de los inmuebles de la referencia y decreta el desembargo y levantamiento del secuestro de los bienes subastados. En este sentido se expresó que “El día 1º de junio del año en curso, se señaló las 8 am del día 26 de julio de este año, para dar inicio a la diligencia de remate de los inmuebles (50% y derechos de cuota) embargados, secuestrados y avaluados que se relacionan en el aviso de remate y que se dan por reproducidos, inmuebles que fueron rematados al señor Hermogenes Rodriguez Losada, como mejor postor a quien le fueron adjudicados por la suma de $ 19.100.000. Como se han cumplido las formalidades prescritas por la ley para la realización de la subasta, se le debe partir aprobación en los términos del artículo 250 del C.P.C.” (Se destaca).

- Que a través de oficio 1631 de 14 de agosto de 1995(45) el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá comunica al Señor Registrador de Instrumentos Públicos de La Mesa que “por auto calendado el 2 de agosto del presente año se decretó el desembargo del 50% de un lote de terreno ubicado en la vereda La Concepción, jurisdicción del Municipio de La Mesa (Cund.) denominado Villa Carolina junto con sus mejoras y anexidades y con matricula inmobiliaria 166-0026542 y los derechos que son de propiedad del demandado en la finca llamada El Llano, ubicada en la vereda La Trinidad, jurisdicción de ese municipio, con matricula inmobiliaria 166-0027681. Las medidas se solicitaron con oficios números 1303 de junio 12 de 1991 y 1304 de junio 12 de 1991. (Se destaca).

- Que mediante Escritura Pública 2296 de 10 de septiembre de 1995(46), el adjudicatario, señor Hermógenes Rodríguez Losada, procedió a protocolizar ante la Notaría Única de la Mesa, la diligencia de remate e inscribió la propiedad sobre los referidos inmuebles en su totalidad, así:

“Que me presenta para su protocolización y la conservación, en nueve hojas, la copia fotostática de la diligencia de remate, efectuada el 26 de julio de 1995 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, mediante la cual se adjudicó al compareciente señor Hermogenes Rodriguez Losada los inmuebles denominados “Villa Carolina” y “Lote” ubicados en la vereda La Concepción o La Concha, jurisdicción del Municipio de La Mesa (…)”.

- Que para proceder a la entrega de los inmuebles al rematante y, ante la imposibilidad de localizar a la secuestre designada, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá a través del Despacho Comisorio 489 de 25 de septiembre de 1995(47), comisionó al Juzgado Civil Municipal de La Mesa, para la entrega real y material de los inmuebles denominados “Villa Carolina” y el “El Llano, distinguidos respectivamente con los números de matrícula inmobiliaria 166-0026542 y 166-0027681.

- Que el día 10 de octubre de 1995, en cumplimiento del despacho comisario 489 de 25 de septiembre de 1991, el Juzgado Civil Municipal de La Mesa – Cundinamarca, suspendió la diligencia de entrega(48) sobre los inmuebles de la referencia, toda vez que en los insertos se describen los inmuebles objeto de la entrega haciendo referencia a la matrícula inmobiliaria, sin anexar los correspondientes certificados, resultando “indispensable la identificación plena y previa de los bienes para tal efecto”, a lo que agregó que, “en relación con el predio denominado “Villa Carolina”, al rematante se le adjudicó tan solo el 50% del mismo, y en el despacho o sus anexos no se hace referencia a la persona de su copropietario. Siendo así las cosas, y con el fin de evitar cualquier vicio que a la postre pueda generar la nulidad de la actuación del comisionado, se suspende la presente diligencia, para disponer que previamente se oficie al comitente con el fin de que se sirva enviar a este despacho, todos los documentos necesarios para la cabal identificación de los bienes objeto de entrega.

- Que el día 20 de octubre de 1995, en cumplimiento del despacho comisario 489 de 25 de septiembre de 1991, el Juzgado Civil Municipal de La Mesa – Cundinamarca, procedió a la entrega real y material(49) de los inmuebles objeto de las medidas cautelares. Tal diligencia se desarrolló con fundamento en los argumentos que la Sala se permite retener a continuación (se cita el texto tal cual aparece en el expediente):

“Siguiendo con el orden de la diligencia, el personal que la integra se traslada al inmueble denomina “villa Carolina”, situado en la vereda Concepción o La Cocha de esta localidad, donde somos atendidos por la señora Ros Mary Salgado de Quinche, quien afirma ser la propietaria del bien, quien confiere poder al abogado Cesar Daniel Mora, para que intervenga en la diligencia de entrega comisionada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, en condición de causahabiente del señor Jorge Enrique Muños López, copropietario del 50% del bien objeto de la entrega.

“(…)

“Habida cuenta de que el predio en el que hoy nos encontramos y que fue objeto de remate, fue previamente individualizado e identificado en diligencia de secuestro que practicara este mismo funcionario el día 16 de septiembre de 1993, y además que no existe duda alguna de que se trata del mismo bien a que se contraen las copias allegadas al inicio de la diligencia, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4º del artículo 337 dl C.P.C., estima el Juzgado que no es indispensable recorrer ni identificar nuevamente los linderos del inmueble, el cual se tiene plenamente identificado.

“(…)

“En este estado de la diligencia, el Dr. Cesar Daniel Mora Gonzalez, solicita el uso de la palabra, y una vez autorizado para tal efecto, expuso: Con mi acostumbrado respeto, solicito al señor Juez comisionado para la práctica de la diligencia de entrega, se sirva tener en cuenta que, el inmueble denominado “Villa Carolina”, fue indebidamente secuestrado, en consideración a que fue efectuada la medida cautelar sobre la totalidad del predio y no sobre el 50% que fue decretada por el Juzgado comitente en aquella oportunidad. Por lo anterior le solicito al Juez comisionado, y como quiera que las mejoras existentes en este bien se encuentran establecidas a lo largo del mismo inmuebles, y no es posible hacer la entrega fraccionada o desmembrada por las razones arriba expuestas. Que al momento de la entrega esta se haga en común y proindiviso entre el rematante en un 50% y mis representados en el otro 50% restante, previa la manifestación que el despacho haga sobre la ilegalidad del secuestro.

“(…)

Ante todo es conveniente poner de presente que la diligencia de entrega ordenada por el comitente tiene como fundamento procesal el artículo 531 del C.P.C., en virtud del cual no son atendibles oposiciones de ninguna índole, ni es posible alegar derecho de retención por parte del secuestre, sin embargo, y como quiera que el inmueble materia de la entrega pertenece a dos personas, y tan solo se remató el 50% cuyo derecho de dominio ostentaba el demandado en el proceso, es conveniente hacer las siguientes precisiones.

“(…)

“En segundo lugar, y refiriéndose concretamente a la supuesta irregularidad por haberse practicado el secuestro sobre la totalidad del inmueble y no sobre el porcentaje perteneciente al demandado, además de no ser ni la oportunidad ni la forma de invocarse, es conveniente aclarar que no existe irregularidad de ningún talante. Para resolver el Juzgado considera: “(…) “Ante este hecho se estima que si bien la entrega debe realizarse, ella en ninguna manera puede afectar la posesión que sobre el derecho del otro comunero se ha venido ostentando, situación que se debe traducir en que los inconformes tienen derecho a permanecer en el bien, es decir a no ser desalojados, pero a su vez es necesario advertirles sobre el derecho de copropiedad que recae en manos del rematante señor Hermogenes Rodriguez Losada. Lo cual los coloca en una posición de coposeedores.

“(…)”

“Como se advierte, no es que se acepte la revocatoria de la providencia impugnada para abstenerse de entregar; se impone es una modificación de dicha orden para hacer la advertencia a que antes se hizo alusión. En consecuencia el Juzgado RESUELVE: Complementar la decisión que se ataca, en el sentido de aclarar que la entrega, implica una coposesión entre el señor Hermogenes Rodriguez Losada, de una parte y ROS Mary Salgado de Quiceno y Pedro Ignacio Lozano de otra, razón por la cual no es menester disponer el desalojo del predio para su entrega al rematante.

“(…)

“Procede el despacho a trasladarse al otro inmueble objeto de entrega, lote de terreno denominado El Llano ubicado en la misma vereda La Concepción de esta comprensión municipal, donde somos atendidos por los señores Gonzalo Manrique Bustamante y Leobardo Molano Barrera (...), quienes enterados por el señor juez del motivo de la diligencia, manifestaron que se oponen a la misma y procedieron a reconocer poder a abogados. En vista de que sobre el inmueble en el cual nos encontramos, el día 16 de septiembre de 1993, este mismo funcionario practicó diligencia de secuestro, en la cual se hizo un recorrido integral del mismo y se determinaron sus linderos, considera el despacho que no hay necesidad de proceder nuevamente sobre el particular, declarándolo debidamente identificado, pues se trata indudablemente del mismo bien.

“(…)

“Para resolver el juzgado considera:

“(…) se tiene que entre los bienes subastados, la diligencia de remate hace referencia entre otros, a La Finca denominada El Llano ubicada en la vereda La Trinidad, jurisdicción del Municipio de La Mesa – Cundinamarca, con Matricula Inmobiliaria 166-0027681 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Mesa. En la copia a que hace alusión la diligencia, el predio se describe de la siguiente manera: “Esta localizado en la misma vereda Concepción o la Concha, sitio la Palma, del Municipio de La Mesa sobre la carretera que de este poblado conduce a la Inspección Departamental de San Joaquín y dista del predio primeramente reseñado, esto es del conocido con el nombre de Villa Carolina, unos veinticinco metros (…)”.

“(…)

“Los anteriores datos, así como aquellos que se refieran a la descripción detallada, a las condiciones del inmuebles, son perfectamente concordantes con la diligencia de secuestro que este funcionario practicara por comisión del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, diligencia en la que además, tales datos se confrontaron con los que indicaban los insertos del despacho comisorio, logrando establecer que se trata del mismo inmueble objeto de secuestro y como consecuencia se declaró legalmente identificado.

“(…)

“Para el juzgado no existe duda alguna como así se mencionó, que el bien denominado El Llano, determinado por los linderos transcritos fue el mismo que fue objeto de secuestro, avalúo y posterior remate y el mismo que hoy se pretende entregar. Esta diligencia, como se ha dicho, no tiene otra finalidad que entregar los bienes que fueron rematados, no con el objeto de garantizar los derechos de terceros, sino tan solo como una ejecución natural del remate que fue previamente aprobado por el despacho de conocimiento.

“(…)

“En consecuencia se ordena hacer entrega del inmueble al señor Hermogenes Rodriguez Losada, en forma real y material, para lo cual se exhorta a los interesados para que desalojen los predios que actualmente ocupan y de esta manera obtener que el rematante entre en posesión de los mismo.

“(…)

“Como ya se sostuvo en el proveído que es materia de impugnación, con la presente diligencia se trata tan solo de suplir la omisión del secuestre de hacer entrega efectiva de los bienes rematados, siendo esta una tares de mera ejecución, en la que no es procedente dar cabida a debates de ninguna naturaleza. El ámbito dentro del cual le corresponde moverse al juzgado se concreta en dos aspectos básicos: el primero: la presencia e identificación del rematante, y lo segundo, la identificación del bien, es decir que el inmueble debe tratarse del mismo que fue rematado en el proceso dentro del cual se libró el despacho comisorio. Satisfechas tales exigencias, inexorablemente es deber del comisionado proceder a la correspondiente entrega.

“(…)

“Es cierto que tanto en el despacho comisorio como en las copias que se acompañan se hace referencia al certificado de tradición, pero es cierto igualmente que allí no se consignan los linderos de los inmuebles.

“(…)

“Por lo anterior no son de recibo las argumentaciones presentadas por los recurrentes, pues conserva plena validez la determinación de entregar el bien al rematante. En virtud de lo anterior el Juzgado no accede a la revocatoria o modificación del auto atacado, ni a la suspensión de la diligencia.

“(…)

“En virtud de lo anterior el Juzgado hace entrega real y material al rematante señor Hermogenes Rodriuez Losada del inmueble, concretamente en lo concerniente a la porción derecha del mismo y que ocupa el mencionado señor Manrique, lo mismo que la parte restante, en las condiciones en que se encuentra”.

- Que en el curso de la citada diligencia los procuradores judiciales de los opositores y hoy demandantes, señores Gonzalo Manrique Bustamante y Leobardo Molano Barrera, interpusieron recursos de reposición, de apelación y de queja, que fueron —los dos primeros— resueltos negativamente y, en cuanto al último, se dispuso el trámite de ley.

- Que mediante providencia de 12 de enero de 1996(50), el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, al pronunciarse sobre la procedencia del recurso de queja interpuesto, dispuso: 'Declarar bien denegado el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del opositor Gonzalo Manrique Bustamante, contra la decisión adoptada por el Comisionado en diligencia del 20 de octubre de 1995, de no admitir la oposición por el mismo planteada.”

- Que a través de la sentencia de tutela de 18 de octubre de 1995(51), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá - Sala de Decisión Civil, dispuso negar la acción de tutela impetrada por el señor Gonzalo Manrique contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, aduciendo que “Los hechos precursores de la petición de tutela no tiene la entidad suficiente para erigirse en quebranto del debido proceso. La realidad anunciada por el peticionario tampoco revela que haya quebranto del derecho de propiedad, pues las determinaciones del proceso no aniquilan los títulos de propiedad del ciudadano, sino que le colocan en la posibilidad de reivindicar contra quien eventualmente recibirá una porción de terreno no amparada por título alguno. Ha de tenerse en cuenta demás que en las ventas forzadas hechas por ministerio de la justicia, el Juez representa al tradente y como tal no podría transmitir más derechos que los que tenía el deudor en la heredad. No podría el Juez de tutela decretar la evicción de la cosa comprada en contra del rematante, ni juzgar el alcance de la tradición efectuada en el juicio ejecutivo, ni determinar la validez de los títulos en una eventual reivindicación pues la naturaleza de la acción de tutela no lo permite sin lesionar".

- Que por sentencia de 27 de noviembre de 1995(52), la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, dispuso confirmar la providencia de tutela impugnada y remite el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, siendo la misma excluida de estudio por parte de la Corte Constitucional a través de providencia de fecha 8 de marzo de 1996(53).

- Que en cumplimiento del Despacho Comisorio 99-2-10097 proveniente del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, dentro del presente proceso, los peritos designados para el desarrollo de una inspección judicial al inmueble objeto de las medidas cautelares que son centro de debate, remitieron un dictamen pericial(54) con el fin de establecer la identidad de los predios, cuyos apartes la Sala se permite recoger a continuación (se cita el texto tal cual aparece en el expediente):

“Con este fin nos trasladamos al Municipio de La Mesa vía San Joaquín vereda La Concha, con el fin de localizar los inmuebles objeto del avalúo y así poder evaluar directamente en el terreno toda la documentación suministrada por el juzgado con el fin de establecer la identidad de los predios.

“(…)

“A la tercera pregunta “SI LOS INMUEBLES DENOMINADOS LAS PALMAS Y EL CHAPARRAL, CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 166-32084 Y 166-0032513, RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDEN O EXISTE IDENTIDAD CON EL INMUEBLE CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 166-0046679 DE PROPIEDAD DE HERMOGENES RODRIGUEZ LOSADA, CUYOS LINDEROS Y DEMAS CARACTERISTICAS SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN LA DILIGENCIA DE REMATE DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 1995, DEL JUSGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA, DENTRO DEL PROCESO EJEJCUTIVO DE GUSTAVO SANTOYO AVILA CONTRA GILBERTO RODRIGUEZ BOBADILLA.

El inmueble que aparece referenciado con la matrícula inmobiliaria 166-0027681 en la diligencia de remate del 26 de julio de 1995 efectuada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Santafé de Bogotá y que había sido adquirido por el señor Gilberto Rodríguez mediante escritura 1039 de 14 de junio de 1989 de la notaría única de la Mesa e inscrita en la oficina de registro de instrumentos públicos y privados de La Mesa el 19 de junio de 1989, es el mismo del cual procedió a hacer una serie de ventas de áreas en menor extensión hasta agotar el área vendible del predio quedándole únicamente el área destinada para el acceso vehicular de los predios vendidos.

Dos de esas ventas fueron hechas así.

La primera mediante escritura 429 del 6 de febrero de 1991 de la notaria 14 de Bogotá predio denominado Las Palmas con una compraventa parcial de 600 mts, predio al cual la oficina de instrumentos públicos le asignó la matrícula inmobiliaria 166-0032084.

Esta venta fue hecha de Gilberto Rodríguez Bobadilla a Jaime Orlando Agudelo García (53.19%) Athed Cecilia de la Hoz Cortes (27.25%) y Jaime Alberto González Garzón (19.56%) quienes a su vez vendieron mediante escritura 13599 de 1º de noviembre de 1991 de la notaria 27 de Santa fe de Bogotá el 72.75% (Jaime Alberto González Garzón el 19.56% y Jaime Orlando Agudelo García el 53.19%) a Gonzalo Manrique Bustamante, conservando Athed Cecilia de la Hoz Cortes el 27.25% a la fecha, según consta en el certificado de libertad de fecha 10 de septiembre de 199 suministrado por los interesados el día de la visita que se efectuó al lote.

Verificados los linderos que aparecen en las escrituras 429 del 6 de febrero de 1991 y la escritura 13599 del 1º de noviembre de 1991 y a su vez estos con la cabida y linderos del predio que visitamos podemos concluir que uno de los dos predios incluidos en la diligencia de remate y a los cuales se les adjudicó la matrícula 166-0046679 y cuya descripción física aparece en el folio de matrícula de fecha 10 de septiembre de 1999 coincide con el predio las palmas.

La segunda fue hecha mediante escritura 631 de 11 de abril de 1991 de la notaria única de La Mesa, predio denominad Chaparral, con una compraventa parcial de 720 mts 2, predio al cual la Oficina de instrumentos públicos le asignó la matrícula inmobiliaria 166-0032513.

Verificados los linderos de la escritura 631 del 11 de abril de 1991 y estos a su vez con la cabida y linderos del predio que visitamos y con la descripción que aparece en el certificado de libertad de la matrícula 166-0046679 podemos concluir que es el otro predio y el que completa el inmueble rematado en el proceso del juzgado sexto de Gustavo Santoyo Avila contra Gilberto Rodríguez Bobadilla.

Sin pretender incursionar en el análisis jurídico que corresponderá al honorable magistrado encontramos que estos predios nunca debieron ser perseguidos ni embragados toda vez que como consta en el certificado de libertad con matrícula 166-0032084 desde el 6 de febrero de 1991 el señor Gilberto Rodríguez Bobadilla lo había vendido y en el certificado de libertad 166-0032523 desde el 11 de abril de 1991, también Rodríguez Bobadilla lo había vendido a Leobardo Molano Barrera.

De otra parte y como se concluye con el análisis del folio de matrícula 166-0021681, para la época de la inscripción del embargo decretado por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá (12 de junio de 1991) a el señor Gilberto Rodríguez Bobadilla únicamente le quedaba a su nombre el acceso peatonal y vehicular a los predios que resultaron de las ventas en menor extensión”.

4.2. El error judicial que se alega en el caso concreto.

Los demandantes pretenden que se declare que los Juzgados Sexto Civil del Circuito de Bogotá y su comisionado el Juzgado Civil Municipal del La Mesa (C) incurrieron en un error judicial, toda vez que - en su sentir -, desconocieron su derecho de propiedad al embargar, secuestrar y posteriormente aprobar el remate y entrega material de un inmueble que les pertenece, todo lo cual ocurrió por no haber identificado en debida forma el bien sobre el que recaía la orden de embargo y secuestro dentro del proceso ejecutivo respecto del cual ellos eran ajenos.

Las circunstancias descritas en el anterior acápite de esta sentencia evidencian que ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá se adelantó un proceso ejecutivo singular promovido por el señor Gustavo Santoyo Avila contra el señor Gilberto Rodríguez Bobadilla, proceso en el cual el demandante solicitó el embargo del 50% y de la parte o derechos que el deudor, señor Gilberto Rodríguez Bobadilla, tuviera, respectivamente sobre el inmueble denominado “Villa Carolina” y el inmueble distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria No. 166-0027681.

Encuentra la Sala igualmente demostrado, que por auto de 31 de julio de 1992 el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá decretó el secuestro de los referidos inmuebles y comisionó al Juez Civil Municipal de La Mesa para la práctica de la correspondiente diligencia, previa advertencia de que, para efectos del secuestro de los referidos inmuebles, el interesado debía concretar, alinderar y acreditar cuál era la parte que aún conservaba sobre los mismos el demandado, esto es el señor Gilberto Rodríguez Bobadilla, toda vez que, de acuerdo con el folio de matrícula inmobiliaria, el mencionado deudor, había realizado varias ventas sobre el bien.

Como prueba de la propiedad sobre el inmueble en cabeza del demandado en el proceso ejecutivo, señor Gilberto Rodríguez Bobadilla, el demandante, aportó la certificación suscrita por el Jefe de la Oficina Delegada de Catastro de la Mesa – Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en la que figuraba como propietario del inmueble distinguido con el folio de Matrícula Inmobiliaria 166-0027681 el deudor Rodríguez Bobadilla y, con base en dicho documento, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá procedió a decretar el secuestro.

Así las cosas, ha de señalar la Sala que en el sub lite se encuentra acreditada, ciertamente, la ocurrencia de un “error jurisdiccional”, el cual habrá de declararse(55). En efecto, estima la Sala que en el sub lite se encuentra demostrada una manifiesta y protuberante falla del servicio respecto del proceso ejecutivo adelantado por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, que llegó hasta la decisión de entregar en forma real y material los inmuebles objeto de la medidas cautelares, circunstancia que se infiere, además de las conclusiones a las que arribó el dictamen pericial decretado por el Tribunal a quo, según el cual “estos predios nunca debieron ser perseguidos ni embargados” por lo dispuesto en el original de los folios de matrícula inmobiliaria 166-0027681 y 166-0032084 - , en los que figuraban como propietarios del mismo predio embargado para la fecha en que se decretaron dichas medidas dentro del proceso ejecutivo, los hoy demandantes, Gonzalo Manrique Bustamante y Leobardo Molano Barrera y no el deudor Gilberto Rodríguez Bobadilla.

En efecto en la Anotación 13 del folio de Matrícula Inmobiliaria 166-0027681(56) se indicó que el día 24 de mayo de 1991 se inscribió la escritura pública de venta sobre el inmueble de la referencia 631 del 11 de abril de 1991, otorgada en la Notaría Única de La Mesa, acto en el que intervinieron, como vendedor, el señor Gilberto Rodríguez Bobadilla y como comprador el hoy demandante, señor Leobardo Barrera.

En la anotación 3 del folio de Matrícula Inmobiliaria 166-0032084(57) se indicó que el día 6 de julio de 1992 se inscribió la escritura pública de venta sobre el inmueble de la referencia 13599 del 1º de noviembre de 1991, otorgada en la Notaría 27 de Bogotá, acto en el que intervinieron, como vendedor, los señores Jaime Orlando Agudelo García y Jaime Alberto González Garzón, de una parte, y como comprador el hoy demandante, señor Gonzalo Manrique Bustamante.

De la lectura de las providencias judiciales objeto de reproche en el presente caso, específicamente las contentivas de las diligencias de embargo y secuestro, se infiere que era deber del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, antes de proceder a su decreto, examinar de manera exhaustiva los folios de matrícula inmobiliaria a los que se ha hecho alusión, con el fin de identificar plenamente el bien inmueble objeto de las respectivas medidas y verificar si el mismo se encontraba en cabeza del deudor o si por el contrario la titularidad del mismo la ostentaba otra persona; sin embargo, en el presente asunto, tanto el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá como su comisionado Juzgado Civil Municipal de La Mesa, encontraron “plenamente identificado” el inmueble objeto de las medidas con base en una prueba que no es la idónea, esto es, la certificación suscrita por el Jefe de la Oficina Delegada de Catastro de la Mesa – Instituto Geográfico Agustín Codazzi, cuando, como es sabido, el certificado que expide el registrador de instrumentos públicos es el documento idóneo para demostrar la titularidad del derecho de dominio sobre un inmueble de conformidad con lo establecido el Decreto 1270 de 1970.

Al respecto, resulta pertinente hacer referencia a las consideraciones expuestas en reciente jurisprudencia de unificación de fecha 13 de mayo de 2014, Expediente No. 23128. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. En este sentido se dijo:

“1. Estado actual de la jurisprudencia en relación con la prueba del derecho de dominio.

Jurisprudencia el Consejo de Estado.

“(…)

Al respecto, la Sala tiene por establecido(58):

“De conformidad con el artículo 756 del Código Civil, la tradición de bienes raíces se efectúa por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos, lo cual significa, que si el título no se registra no se transmite el derecho (C.C., art. 756).

“En este orden de ideas, el titular del derecho de dominio de un bien inmueble es quien aparece inscrito como tal en la oficina de registro de instrumentos públicos del círculo correspondiente, como lo dispone el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos (D-L 1250/70), que regula las inscripciones en la matrícula inmobiliaria y tiene como objeto -el registro-, servir de medio de transmisión de la propiedad inmueble y de constitución de los derechos reales desmembrados de la misma, como de las limitaciones que se le impongan y de dar publicidad a la titularidad de los derechos reales inmobiliarios y a las limitaciones que los afecten. La propiedad y demás derechos reales en bienes inmuebles, solo existen y se transmiten mediante la inscripción en la matrícula inmobiliaria(59).

“(…)

No obstante la jurisprudencia consolidada y actual de las altas cortes en torno al tema de la prueba del dominio sobre bienes inmuebles, un análisis profundo de los antecedentes, características, finalidades y alcances del Sistema de Registro Inmobiliario en Colombia, permite llegar a la conclusión de que el solo aporte del Certificado expedido por el Registrador de Instrumentos Públicos, resulta suficiente para acreditar la propiedad sobre el bien inmueble objeto de debate.

“(…)

“1. El Sistema Registral Inmobiliario en Colombia.

3.1. Aclaración previa.

El 1º de octubre de 2012 el Congreso de la República dictó la Ley 1579, “por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones”, normativa que, de manera expresa, derogó el Decreto-ley 1250 de 1970 que regulaba el anterior estatuto.

Si bien la Ley 1579 de 2012 no resulta aplicable al presente asunto, comoquiera que se expidió con posterioridad a los hechos que le dieron origen, en especial al momento en que se expidió el certificado de tradición y libertad, por medio de la cual la demandante pretende probar el derecho de dominio respecto del inmueble objeto de su demanda, al tiempo que las normas que regulan el mérito probatorio del registro son idénticas a aquellas que estaban contenidas en el Decreto-Ley 1250 de 1970, lo cierto es que para la Sala resulta de la mayor importancia hacer referencia expresa a los preceptos normativos previstos en dicha Ley, comoquiera que reflejan el estado actual de la legislación y la voluntad e intención actual del legislador en relación con los parámetros, principios y procedimientos que deben estar presentes en el registro de instrumentos públicos.

De manera que el análisis que a continuación abordará la Sala se centrará principalmente en el Decreto-Ley 1250 de 1970, pero cuando a ello hubiere lugar se citarán las normas que resulten relevantes, contenidas en la Ley 1579 de 2012.

El Decreto-Ley 1250 de 1970

El Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, contenido en el Decreto-Ley 1250 de 1970, fue expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 8ª de 1969.

El artículo 1º del mencionado Decreto-Ley, define el Registro de Instrumentos Públicos como un servicio del Estado que se prestará por funcionarios públicos para los fines y con los efectos consagrados en las leyes.

El artículo 2º, define que está sujeto a registro, todo “acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario”, así como todo acto, contrato o providencia que disponga la cancelación de las anteriores inscripciones —Principio de especialidad—.

“(…)

“Finalmente, en relación con el alcance del registro, los artículos 42 y 43 disponen lo siguiente(60):

“ART. 43.—Ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción o registro tendrá mérito probatorio, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro.

“(…)

“Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación(61) ha expresado que uno de los aspectos más importantes del servicio público registral lo constituye el hecho de que sirve, justamente, de publicidad(62), en tanto da a conocer a terceros quién es el propietario del bien y, en consecuencia, quién puede disponer del mismo, así como su real situación jurídica, lo cual otorga a los usuarios de dicho servicio seguridad jurídica respecto de sus actuaciones sobre bienes inmuebles, cuando estas se fundamentan en los registros que lleva la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; de ahí que las inscripciones deben adelantarse en forma cuidadosa respetando el antiguo principio de los derechos reales de conformidad con el cual el primero en el tiempo ha de prevalecer en el derecho —prius in tempore, potior iure—.

De igual manera, se ha entendido que la inscripción resulta determinante para el efectivo cumplimiento de los propósitos del sistema de registro:

‘La inscripción proporciona una protección al titular inscrito y unas garantías que son impensables fuera del Registro de la propiedad. Al efecto declarativo de la inscripción y al efecto probatorio, se añade toda la eficacia defensiva procedente de la publicidad registral. Esta eficacia derivada de la publicidad registral se crea por el Estado en orden a garantizar el interés general, tanto en la seguridad jurídica (en sentido subjetivo, o seguridad de las situaciones jurídico-subjetivas) como en la seguridad del tráfico jurídico.’(63).”.

Es así cómo cada folio de matrícula inmobiliaria, asignado a un bien inmueble determinado, que se distingue “con un código o complejo numeral indicativo del orden interno de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando”, según lo establece el artículo 5º del Decreto-Ley 1250 de 1970, se gobierna por el principio de legalidad o calificación registral(64), según el cual el Registrador tiene la función de confrontar los títulos con el ordenamiento jurídico y si advierte disconformidad, no puede autorizar su otorgamiento e inscripción —D. L. 1250/70, arts. 24 y 37—. Es por ello que “el certificado del registrador es el único medio de que disponen los usuarios del servicio para conocer la situación jurídica de un inmueble; y, confían en que el certificado que les expide la oficina de registro corresponde a la realidad”(65).

“(…)

“Tanto para la jurisprudencia como para la doctrina, uno de los principales efectos de la inscripción es el de la publicidad de la propiedad y demás derechos reales en inmuebles, lo cual indica que es de público conocimiento que la situación jurídica de los inmuebles se exterioriza por el registro, de igual forma que cada persona puede tener acceso al registro para informarse de la situación jurídica de un inmueble y, por último, que el derecho inscrito en favor de una persona realmente le pertenece puesto que así lo dice el registro (publicidad material).

“(…)

“Por lo anterior, la sola certificación, entendida como la constancia o fe que expide el Registrador acerca de la situación jurídica de los bienes sometidos a registro, mediante la reproducción fiel y total de las inscripciones respectivas (D. L. 1250/1970, art. 54)(66), sin duda constituye prueba suficiente, para el caso que aquí se examina, de la titularidad del derecho de dominio que se pretende hacer valer, puesto que en ese documento se hace constar tanto la persona que figura como titular de ese derecho —valor constitutivo del derecho de dominio de la inscripción (modo de transferir el dominio)— como que esa constancia se fundamenta en la realización de un acto de registro del título, el cual goza de una presunción de legalidad y legitimidad registral que debe necesariamente observarse y acatarse mientras no se demuestre –a través de los medios legales previstos para ello- lo contrario, en el entendido en que previamente se ha surtido todo un procedimiento especial, jurídico y técnico mediante el cual el registrador ha recibido, examinado, calificado, clasificado y finalmente inscrito el respectivo título.

“(…)

“En consecuencia, para la Sala, un nuevo análisis de las normas que regulan la forma como se adquieren y se transmiten los derechos reales —entre ellos el de la propiedad— en nuestro ordenamiento, conducen a la conclusión de que el certificado que expida el registrador de instrumentos públicos en el cual aparezca la situación jurídica de un determinado inmueble y en el cual se identifique como propietario —por la correspondiente inscripción del título que dio lugar a ello— la persona que alegue esa condición en un juicio que se adelante ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para efectos de acreditar la legitimación en la causa por activa, constituye plena prueba de ese derecho.

Todo el panorama expuesto pone en evidencia que en este caso se incurrió en un error de hecho al no haberse identificado plenamente el inmueble objeto de las medidas dentro del proceso ejecutivo, lo cual conllevó a que se profirieran unas providencias judiciales que, a la postre, permitieron que se entregaran a otra persona los inmuebles de propiedad de los aquí demandantes. En efecto, dichas autoridades judiciales vincularon al proceso ejecutivo unos inmuebles de propiedad de unas personas diferente del deudor, sin haber satisfecho los requisitos para ello, pues no adelantaron labor alguna tendiente a lograr su plena identificación, sino que se limitaron a adelantar el proceso con los datos que les suministró el mismo interesado y con base en una prueba que no demostraba, como se dijo, la real situación del inmueble.

Así las cosas, la Sala concluye que el daño sufrido por los señores Gonzalo Manrique Bustamante y Leobardo Molano Barrera, consistente en la afectación de su derecho de domino y propiedad, es de carácter anormal e injusto y que es consecuencia del error jurisdiccional imputable a la Nación —Dirección Ejecutiva de Administración Judicial—, razón por la cual la sentencia apelada habrá de ser revocada para, en su lugar, decretar la responsabilidad de la parte demandada en estos hechos y condenarla, consecuencialmente a pagar la indemnización de perjuicios a que haya lugar de conformidad con el petitum de la demanda y de lo probado en el proceso.

5. Liquidación de perjuicios.

Se solicitó en la demanda en forma genérica una indemnización por concepto de perjuicios morales y materiales correspondiente a la suma que resulte demostrada en el proceso.

En procura de demostrar la causación de estos perjuicios, a solicitud de la parte demandante, el Tribunal a quo ordenó como medio probatorio el avalúo(67) de los referidos inmuebles, rendido por los peritos Bibian J. Romero y Edgar Pedraza Zoque con fecha 9 de noviembre de 1999, en el cual se conceptuó(68):

“Descripción económica de los inmuebles en especial el valor del terreno, construcciones, servicio y demás hechos que puedan influir en el valor.

Para dar respuesta a esta pregunta se realizó el correspondiente avaluó, teniendo en cuenta lo pedido para cada uno de los predios y aplicándole al valor de los inmuebles para el año 1995 los índices de valoración para la construcción dados por Camacol.

Avalúo predio las palmas - (Gonzalo Manrique Bustamante)

Lote600M2 A $ 26.666$16.000.000
Casa100M2 A $300.000$35.000.000

Valor total del inmueble en 199551.000.000
Valor actual del inmueble92.228.000

El precio actual de la construcción fue calculado aplicando los índices de la construcción dados por Camacol para los años 1995 (16.48%) 1996 (19.24%) 1997 (15.26%) 1998 (14.91%) 1999 hasta el mes de septiembre (7.16%).

Avalúo predio El Chaparral - (Leobardo Molano Barrera)

Lote720M2 A $ 26.666 $19.199.520
Casa20M2 A $500.000$1.000.000

Valor total del inmueble en 199520.199.520
Valor actual del inmueble36.529.803

Al efectuar la valoración de estos inmuebles analizamos principalmente:

- Se hicieron las verificaciones correspondientes sobre el terreno, su localización en el municipio, su entorno y sus zonas de influencia.

- Los inmuebles están localizados en un área recreacional transitoria, por lo cual se le da el tratamiento similar al de asentamiento urbano.

- El mercado actual de inmuebles con estas características en el sector, es de una modera oferta y demanda.

- La accesibilidad a la zona, los servicios que esta posee y las vías de acceso al lote.

- La construcción se encuentra en buen estado

- Para llegar a la conclusión del valor final se analizaron los costos de la tierra y de la construcción misma, dentro de la zona, para el año 1995 y se aplicaron los reajustes con base a los índices de construcción dados por Camacol para los años 1995 (parcial) 1996, 1997, 1998 y lo corrido del año 1999 con el fin de poder determinar su valor actual.

Debe advertir la Sala que del anterior dictamen se corrió traslado a la demandada para los efectos indicados en el artículo 238-1 del código de procedimiento civil, oportunidad frente a la cual la Nación – Rama Judicial guardo silencio. En estas condiciones la Sala dará crédito a lo consignado en el avalúo efectuado por los peritos, por encontrarlo justificado y ajustado a la realidad, advirtiendo que las sumas que arrojó el mencionado avalúo deberán ser actualizadas a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, aplicando la fórmula que se presenta a continuación, tomando como índice inicial el correspondiente al 9 de noviembre de 1999 (fecha del dictamen pericial – avalúo), y como índice final, el vigente a la fecha de esta providencia.

1999.1
 

- Gonzalo Manrique Bustamante

1999.2
 

- Leobardo Molano Barrera

1999.3
 

No se accederá al reconocimiento de una indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y de perjuicios morales, toda vez que no aparece en el expediente prueba de su causación.

6. Costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 10 de octubre de 2002 y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR a La Nación – rama judicial responsable administrativamente de los perjuicios causados a la parte actora con ocasión de la falla del servicio de administración de justicia por error jurisdiccional.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a La Nación – rama judicial a pagar por perjuicios materiales, las siguientes sumas:

A favor del señor Gonzalo Manrique Bustamante, la suma de ciento noventa millones ciento sesenta y cinco mil trescientos cincuenta y dos pesos $ 190.165.352.

A favor del señor Leobardo Molano Barrera, la suma de setenta y cinco millones trescientos veinte mil novecientos setenta y cuatro pesos $ 75.320.974.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 114 del Código General del Proceso y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

5. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del C.C.A.

6. Sin costas (art. 55 de la ley 446 de 1998).

Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese y devuélvase».

13 Al respecto consultar las precisiones que sobre el particular realizó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a través de Auto del 9 de septiembre de 2008. Exp. 110010326000200800009 00.

14 Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

15 Folio 45 del cuaderno principal.

16 Expediente 21.515.

17 Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1.996.

18 Este criterio fue expuesto recientemente por la Sala en sentencia de 11 de septiembre de 2011, expediente 18913.

19 En igual sentido se pronunció la Sección en sentencia de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15.128, Consejero Ponente. Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

20 Sentencia de 22 de noviembre de 2001, expediente 13.164. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque.

21 En la Sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional razonó en los siguientes términos: “Sobre el particular, entiende la Corte que la Constitución ha determinado un órgano límite o una autoridad máxima dentro de cada jurisdicción; así, para la jurisdicción constitucional se ha previsto a la Corte Constitucional (C.P., art. 241), para la ordinaria a la Corte Suprema de Justicia (C.P., art. 234), para la contencioso administrativa al Consejo de Estado (C.P., art. 237) y para la jurisdiccional disciplinaria a la correspondiente sala del Consejo Superior de la Judicatura (C.P., art. 257). Dentro de las atribuciones que la Carta le confiere a cada una de esas corporaciones, quizás la característica más importante es que sus providencias, a través de las cuales se resuelve en última instancia el asunto bajo examen, se unifica la jurisprudencia y se definen los criterios jurídicos aplicables frente a casos similares. En otras palabras, dichas decisiones, una vez agotados todos los procedimientos y recursos que la ley contempla para cada proceso judicial, se tornan en autónomas, independientes, definitivas, determinantes y, además, se convierten en el último pronunciamiento dentro de la respectiva jurisdicción. Lo anterior, por lo demás, no obedece a razón distinta que la de garantizar la seguridad jurídica a los asociados mediante la certeza de que los procesos judiciales han llegado a su etapa final y no pueden ser revividos jurídicamente por cualquier otra autoridad de la rama judicial o de otra rama del poder público.
En virtud de lo anterior, la Corte juzga que la exequibilidad del presente artículo debe condicionarse a que no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, una responsabilidad del Estado a propósito del error jurisdiccional, pues ello equivaldría a reconocer que por encima de losórganos límite se encuentran otros órganos superiores, con lo cual, se insiste, se comprometería en forma grave uno de los pilares esenciales de todo Estado de derecho, cual es la seguridad jurídica. (…)”.

22 Sentencia de 23 de abril de 2008, expediente 16.2741. Consejera Ponente: Dra. Ruth Stella Correa.

23 Expediente 22.322. Consejera Ponente: Dra. Ruth Stella Correa.

24 Sentencia de 27 de abril de 2006, expediente 14.837.

25 Sentencia de 5 de diciembre de 2007, expediente 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

26 Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.

27 En este sentido, pueden consultarse las siguientes providencias: sentencia de 28 de enero de 1999, Expediente: 14399; Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 10 de mayo de 2001, Expediente 12719, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 2 de mayo de 2007, Expediente 15.576, Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15.128, Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

28 Sentencia de 2 de mayo de 2007. Expediente 15776. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

29 En la mencionada sentencia de 5 de diciembre de 2007, expediente 15.128, se precisó: “El error del juez no es entonces el que se traduce en una diferente interpretación de la ley a menos que sea irrazonable; es aquel que comporta el incumplimiento de sus obligaciones y deberes, sea porque no aplica la ley vigente, porque desatiende injustificadamente los precedentes jurisprudenciales o los principios que integran la materia, porque se niega injustificadamente a decir el derecho o porque no atiende los imperativos que rigen el debido proceso, entre otros”.

30 Sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 15.576.

31 Folio 8 del cuaderno 3.

32 Folio 13 del cuaderno 2.

33 Folios 17 a 18 del cuaderno 2.

34 Folios 21 a 23 del cuaderno 3.

35 Folio 33 del cuaderno 2.

36 Folio 34 del cuaderno 2.

37 Folio 38 del cuaderno 2.

38 Folio 40 del cuaderno 2.

39 Folios 49 a 50 del cuaderno 2.

40 Folios 58 a 60 del cuaderno 2.

41 Folios 74 a 79 del cuaderno 2.

42 Folios 58 a 60 del cuaderno 2.

43 Folios 95 a 96 del cuaderno 2.

44 Folio 99 del cuaderno 2.

45 Folio 102 del cuaderno 2.

46 Folios 107 a 108 del cuaderno 2.

47 Folio 121 del cuaderno 2.

48 Folios 19 a 20 Anexo 2 del cuaderno 3.

49 Folios 174 a 189 Anexo 2 del cuaderno 3.

50 Folios 28 a 31 Anexo 2 del cuaderno 3.

51 Folios 8 a 16 Anexo 4 del cuaderno 3.

52 Folios 18 a 27 Anexo 6 del cuaderno 3.

53 Folios 104 del cuaderno 4.

54 Folios 1 a 21 del cuaderno del dictamen pericial.

55 La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de julio de 1993, Exp. 8163 y del 16 de julio de 2008, Exp. 16423, ambas con ponencia del Consejero, Doctor Mauricio Fajardo Gómez.

56 Folios 1 a 5 del Anexo 5 del cuaderno 3.

57 Folios 1 a 5 del Anexo 5 del cuaderno 3.

58 Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 24 de agosto de 2000, expediente 10.821. C.P. Ricardo Hoyos Duque.

59 Valencia Zea, Arturo y Ortiz Monsalve, Álvaro. Derecho Civil, Derechos Reales. Bogotá. Tomo II. 1996. pág. 507.

60 Sobre el alcance de las dos anteriores disposiciones la Sala se detendrá más adelante.

61 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010. Expediente 16744.

62 Velásquez Jaramillo, Luis Guillermo; Bienes, Editorial Temis, Bogotá, Novena edición, 2004, pág. 309.

63 Jerez Delgado, Carmen. “Tradición y Registro”. Colección Cuadernos de Derecho Registral. Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España. Madrid. 2004. Págs. 280, 281.

64 Velásquez., op. cit. pág. 318.

65 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de 26 de febrero de 1996, Exp. 11246, C.P. Daniel Suárez Hernández.

66 La Ley 1579 regula la expedición de los certificados de la siguiente forma:
ART. 67.—Contenido y formalidades. Las Oficinas de Registro expedirán certificados sobre la situación jurídica de los bienes inmuebles sometidos a registro, mediante la reproducción fiel y total de las inscripciones contenidas en el folio de matrícula inmobiliaria.
La solicitud de expedición del certificado deberá indicar el número de la matrícula inmobiliaria o los datos de registro del predio.
La certificación se efectuará reproduciendo totalmente la información contenida en el folio de matrícula por cualquier medio manual, magnético u otro de reconocido valor técnico. Los certificados serán firmados por el registrador o su delegado, en forma manual, mecánica o por cualquier otro medio electrónico de reconocida validez y en ellos se indicará el número de turno, fecha y hora de su radicación, la cual será la misma de su expedición, de todo lo cual se dejará constancia en el respectivo folio de matrícula”.

67 Folios 1 a 21 del cuaderno del dictamen pericial.

68 Folios 118 a 120 del cuaderno principal.