Sentencia 1997-15275 de enero 30 de 2013

 

Sentencia 1997-15275 de enero 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Expediente: 25000-23-26-000-1997-15275-01 (27.121)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Víctor Alberto Gasca Noreña

Demandada: Nación-Ministerio de Defensa - Armada Nacional

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 29 de octubre de 2003, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la demanda se presentó el 22 de octubre de 1997(16), y la pretensión mayor se estimó en cincuenta millones de pesos ($ 50’000.000), por concepto de perjuicios materiales, mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 13.460.000(17).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(18), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se demanda se origina en las lesiones sufridas por el señor Víctor Alberto Gasca Noreña, en hechos ocurridos el 4 de enero de 1996, en las instalaciones del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina 7 y como quiera que la demanda se interpuso el 22 de octubre del 1997(19), resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.

3. El objeto del recurso de apelación.

Previo a abordar el análisis de fondo resulta necesario señalar que el recurso de apelación interpuesto por la demandada está encaminado a que se revoque la condena impuesta en primera instancia, cuestionando en concreto dos aspectos: (i) Que el tribunal a quo había condenado a la Nación a pagar una indemnización por “daño de relación”, sin tener en cuenta que en la demanda no se formuló ninguna pretensión en tal sentido; y, (ii) Que se debía descontar de la indemnización cualquier cantidad que el actor hubiera recibido, a título de pago total o parcial.

Lo anterior obliga a destacar que el recurso que promueve el apelante único, cuya situación no puede desmejorarse en virtud del principio constitucional de la no reformatio in pejus, se encuentra limitado a los aspectos indicados, consideración que cobra mayor significado en el sub lite si se tiene presente que la ocurrencia del hecho dañoso, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedió, así como la imputación de responsabilidad patrimonial no fueron controvertidas por la parte recurrente, de manera que ninguna precisión efectuará la Sala en relación con el régimen de responsabilidad, el daño antijurídico y la legitimación en la causa por activa, de manera que los referidos son puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión que profirió el tribunal a quo(20).

Así las cosas, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación interpuesto por la Nación-Ministerio de Defensa Nacional.

4. El reconocimiento de perjuicios cuestionado por la parte demandada.

4.1. La condena impuesta por “daño de relación”.

Ordenó el a quo la indemnización de un perjuicio por “daño de relación” en la suma equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, al encontrar acreditado que la vida exterior del demandante se había modificado, toda vez que fue intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades y a pesar de ello presentaba dolor, limitación para la marcha y tenía que utilizar un bastón, además de asistir a sesiones de fisioterapia, clínica del dolor, siquiatría y rehabilitación.

Como ya se dijo, la parte demandada en su recurso manifestó su desacuerdo, al señalar que el demandante no había solicitado ninguna indemnización por esta clase de perjuicio.

En este contexto resulta pertinente señalar que la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta corporación, en aplicación del artículo 165 de la Ley 446 de 1998 que consagra el principio de reparación integral ha dado aplicación al reconocimiento “oficioso” de esta tipología de perjuicios —daño a la vida de relación— cuando a pesar de no haberse solicitado expresamente en la demanda, de su contenido se infiere dicha solicitud y además se encuentre debidamente acreditada su causación en el proceso, todo ello en consonancia con el principio de interpretación de la demanda(21).

En igual sentido, esta Subsección ha dispuesto esta clase de reconocimiento indemnizatorio, sin que mediara pretensión expresa, acogiendo los mencionados principios de reparación integral e interpretación de la demanda. Al resolver un recurso de apelación planteado en los mismos términos que el presente y en relación con un caso que involucraba una lesión física, la Sala expuso(22):

“En la sentencia de primera instancia, también se condenó a la Empresa Social del Estado-Hospital San Diego de Cereté, a pagar a la señora Marlen del Carmen Mestra Salcedo por concepto de “daño a la vida de relación”, la suma equivalente a setecientos (700) gramos de oro fino.

La parte demandada impugnó esta condena, porque este tipo de perjuicios al no haberse solicitado por el demandante en el libelo introductorio, no podía el juez reconocerlos de oficio.

De tiempo atrás la sección en aplicación del artículo 165 de la Ley 446 de 1998 que establece el principio de reparación integral ha dado aplicación al reconocimiento de esta tipología de perjuicios cuando a pesar de no haberse solicitado expresamente en la demanda, de su contenido se infiere tal solicitud y además se encuentre debidamente probado.

Sostuvo la Sala(23) en esta oportunidad:

“En efecto, si bien en la demanda no se solicitó expresamente la indemnización de los perjuicios a la vida de relación de los citados actores, ya que al formular las pretensiones sólo se hizo referencia a los perjuicios morales y materiales, la Sala reiteradamente ha señalado que deben reconocerse tales perjuicios, toda vez que una interpretación de la demanda, permite establecer que la misma hizo referencia a la alteración de las condiciones normales de vida de los doctores José Joaquín Valencia Díaz, Euclides Roa Escobar y Hernán Vicente Verástegui García y sus familias”.

De igual manera, en relación con el reconocimiento oficioso de este tipo de perjuicios, en sentencia de 10 de agosto de 2000 (exp. 12718 - actor: Elver R. Arias Z. y otros), la Sala precisó:

“Si bien es cierto que la reparación de este perjuicio no fue solicitada expresamente en la demanda, la Sala reitera lo que ha afirmado en decisiones anteriores en el sentido de que el perjuicio fisiológico —hoy denominado daño a la vida de relación(24) o alteración de las condiciones de existencia—, debe ser indemnizado cuando el mismo se encuentra debidamente acreditado, aunque no haya sido pedido en la demanda”(25).

En el asunto materia de análisis, se observa que el a quo obró adecuadamente al reconocer indemnización por esta clase de perjuicios, hoy conocidos como alteración en las condiciones de existencia, porque del análisis integral del contenido de la demanda se deduce con suficiente claridad que hizo referencia a ellos y además sin lugar a dudas que la pérdida de anatómica de una extremidad, como fue el caso de la amputación del antebrazo de la señora Mestra Salcedo, genera una alteración en su condición de vida, razón más que suficiente para reconocerle indemnización por este tipo de perjuicios, los cuales únicamente se modificarán en cuanto a su tasación en salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cuanto fueron reconocidos en gramos oro” (se resalta).

Estas consideraciones, que hoy se reiteran, permiten afirmar que la decisión cuestionada se ajusta a derecho, circunstancia que en principio impone su confirmación, no obstante, frente a la clase de reconocimiento que hiciera el a quo y que es materia de censura, estima pertinente la Sala referirse a las consideraciones de la Sala Plena de la Sección Tercera, en punto al contenido del perjuicio que se indemnizó y su identificación con el daño a la salud como una tipología de perjuicio autónomo. Expuso la Sección(26):

“En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación— precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.

Es así como la doctrina, sobre el particular señala:

“Hecha esta identificación, entre el daño corporal y el daño a la salud, vemos que también se identifica con el perjuicio fisiológico; terminología que impera en la doctrina francesa para referirse al daño en la esfera funcional, como sinónimo del daño a la integridad física y psíquica de la persona; se denomina así porque afecta, como decimos, la esfera funcional con independencia de la pérdida de rentas que pueda ocasionar.

“Pero esta terminología es peligrosa porque se desliza hacia una realidad diferente. Como se ha precisado por la doctrina italiana, hay que matizar que, si bien a veces se utiliza como sinónimo del llamado daño biológico, la doctrina italiana más especializada, ha señalado que este último, es un concepto médico-legal, mientras que el daño a la salud es un concepto jurídico, normativo, que se encuentra consagrado en el artículo 32 de la Constitución…”(27) (se resalta).

En esa perspectiva, se insiste, la noción de daño a la vida de relación que sirvió al Consejo de Estado para indemnizar los perjuicios inmateriales sufridos por el sujeto, diferentes al moral, no es más que un concepto que ya no es utilizado por la doctrina y jurisprudencia italianas, en la medida en que se ha reconocido independencia entre el perjuicio biológico o fisiológico —relacionado con la órbita psicofísica del individuo— y otros perjuicios que afectan valores, derechos o intereses de la persona que, en la actualidad, en Italia, serían indemnizados bajo la panorámica del daño existencial (v.gr. la tranquilidad del ser humano, la seguridad, las condiciones de existencia, entre otros)(28), sin que esta última categoría se encuentre lo suficientemente decantada en otras latitudes, razón para rechazar en esta instancia su adopción en el derecho colombiano, máxime si de manera reciente fueron proferidas cuatro sentencias de la Sección Unida (Sala Plena) de la Corte de Casación Italiana, en la que se recoge el daño existencial dado, precisamente, de la amplitud y falta de delimitación conceptual que implicaba (imposibilidad de objetivización)(29).

Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad psicofísica puesto que parten de confrontar, o mejor de un parangón entre la esfera individual y la externa o social; el primero en la carga relacional del sujeto (relaciones sociales) lo que llevó a que fuera considerado en Italia como un daño subjetivo, inequitativo e desigualitario —dado que una persona puede tener una vida social o relacional más activa que otra, sin que eso suponga que deba indemnizarse diferente el daño—, y el segundo, por referirse a una alteración grave y significativa del proyecto de vida, es decir, a los planes y objetivos de la persona hacia el futuro.

Entonces, como se aprecia, el daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no sólo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no patrimonial(30).

En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones.

En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica(31). Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada.

Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima “a igual daño, igual indemnización”(32).

En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquél, sino que está dirigido a resarcir económicamente —como quiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo.

Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), sólo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso—:

i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(33).

Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación.

Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud.

Ahora bien, el hecho de sistematizar el daño a la salud (integridad corporal, psicológica, sexual, estética), mientras se deja abierta la estructura de los demás bienes o derechos jurídicos, garantiza un esquema coherente con los lineamientos conceptuales, teóricos y prácticos del resarcimiento del daño, como quiera que no se presta para generar una tipología paralela al daño a la salud que produzca los mismos efectos perjudiciales que acarrearon las nociones abiertas e indefinidas del daño a la vida de relación y de alteración a las condiciones de existencia.

En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona; y, por último, será oportuno que se analice la posibilidad por parte de esta corporación —siempre que los supuestos de cada caso lo permitan— de que se reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada (v.gr. el derecho al buen nombre). La aplicación de esta tipología del daño garantiza la reparación estática y dinámica del perjuicio, esto es los efectos internos y externos, subjetivos y objetivos, individuales y colectivos que la lesión antijurídica o injusta desencadena en el sujeto y las personas que constituyen su entorno.

No obstante lo anterior, es preciso recalcar que en nuestro país no existe un sistema abierto y asistemático del perjuicio inmaterial, puesto que estos esquemas atentan contra el entendimiento del derecho de la responsabilidad, motivo por el cual, será la jurisprudencia de esta corporación la encargada de definir la posibilidad de reconocer otras categorías o tipos de daños distintos al daño a la salud, pero siempre que el caso concreto permita la discusión y se afronte la misma a través de la búsqueda de una metodología coherente que contenga el abanico resarcitorio a sus justas proporciones sin que se desdibuje el contenido y alcance de la teoría del daño resarcible.

Esta es, precisamente, la importancia del daño a la salud, ya que como se ha explicado permite reconducir a una misma categoría resarcitoria todas las expresiones del ser humano relacionadas con la integridad psicofísica, como por ejemplo las esferas cognoscitivas, psicológicas, sexuales, hedonísticas, etc., lo que evita o impide que se dispersen estos conceptos en rubros indemnizatorios autónomos.

Así las cosas, el daño a la salud posibilita su reparación considerado en sí mismo, sin concentrarse de manera exclusiva y principal en las manifestaciones externas, relacionales o sociales que desencadene, circunstancia por la cual este daño, se itera, gana concreción y objetividad en donde las categorías abiertas la pierden y, por lo tanto, permite garantizar los principios constitucionales de dignidad humana y de igualdad material” (resalta la Sala).

En aplicación de los anteriores criterios y descendiendo al caso concreto, se tiene que el accionante sufrió una afectación de su integridad física, con la valoración de invalidez a que hizo expresa referencia la parte recurrente —20.5%—, además de las circunstancias que encontró demostradas el fallador de primera instancia, las cuales le permitieron considerar afectada la vida de relación del demandante, sin embargo, estima la Sala que, en esencia, el perjuicio ocasionado se corresponde con el daño a la salud, en tanto el señor Gasca Noreña sufrió una afectación de su integridad psicofísica, la cual le generó la pérdida de un 20.5% de su capacidad laboral, por lo que el fallo apelado será objeto de modificación únicamente para precisar que, al tenor del actual criterio jurisprudencial, el rubro a indemnizar lo es el del daño a la salud, en consonancia con las anteriores consideraciones.

4.2. El descuento de las sumas pagadas, a título de pago total o parcial.

Respecto de lo alegado por la demandada, en el sentido de considerar que debían descontarse las sumas que el actor hubiera recibido, en aplicación de lo dispuesto por el Decreto 94 de 1989, a título de pago total o parcial, resulta pertinente reiterar que, cuando se reconocen a favor del lesionado o de sus familiares los derechos de carácter prestacional derivados de la pérdida de capacidad laboral o la muerte ocurrida en servicio, dichas sumas de dinero emanan de una relación jurídica distinta a la que aquí se reclama, razón por la cual, entre otras cosas, no existe justificación alguna para ordenar el descuento de estos valores del monto de la indemnización que se llegare a reconocer por el ejercicio de la acción de reparación directa(34), pues tal y como lo ha sostenido la corporación, las fuentes y causas de la indemnización laboral y la derivada de un proceso de responsabilidad extracontractual del Estado, son bien diferentes y, por lo tanto, no hay lugar ni a exclusión ni a descuento, ya que sin duda alguna en estos casos se presenta el reconocimiento de indemnizaciones por concepto de títulos distintos(35).

5. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia proferida el 29 de octubre de 2003, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, la cual en su parte resolutiva quedará así:

“PRIMERO: declárese administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Armada Nacional Infantería de Marina, de la lesión sufrida por el señor Víctor Alberto Gasca Noreña, conforme las consideraciones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, condénese a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Armada Nacional Infantería de Marina, a reconocer y pagar a favor de los demandantes las siguientes indemnizaciones:

Para el señor Víctor Alberto Gasca Noreña (lesionado), la suma equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos mensuales vigentes para la fecha de esta sentencia, por concepto de perjuicios morales.

Por concepto de daño a la salud se cancelará la suma de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de la sentencia, para el señor Víctor Alberto Gasca Noreña.

TERCERO: Para el cumplimiento de esta sentencia se dará aplicación a lo dispuesto por los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

CUARTO: Deniéguense las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas”.

2. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(16) Folio 7 vto., cdno. 1.

(17) Decreto 597 de 1988.

(18) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(19) Folio 7 vto., cuaderno principal 1.

(20) Este criterio fue expuesto por la Sala en sentencia de 26 de enero de 2011, expediente 20.955, Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez y reiterado en sentencias de 11 de abril de 2012, expediente 27.106, y de 9 de mayo de 2012, expedientes 23.631 y 23.770, Consejero Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón.

(21) Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 2 de marzo de 2000, radicación 11250, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 21 de febrero de 2002, radicación 12287, Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández Enríquez; sentencia de 20 de marzo de 2003, radicación 11308, Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar.

(22) Sentencia de 7 de julio de 2011, radicación 23001-23-31-000-1995-37279-01(21294), Consejero Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón.

(23) Consejo de Estado. Sentencia del 20 de marzo de 2003, C.P. Dr. Germán Rodríguez Villamizar, radicación 73001-23-31-000-1994-1445-01(11308).

(24) Sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 11.842.

(25) Al respecto pueden consultarse sentencias del 18 de febrero de 1999, expediente 12.210; del 3 de mayo de 1999, expediente 11.169 y del 2 de marzo de 2000, expediente 11.250.

(26) Sentencia de 14 de septiembre de 2011, expediente 38.222, Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero.

(27) Vicente Domingo, Elena “Los daños corporales: tipología y valoración”, Ed. Bosch, Barcelona, 1994, pág. 139.

(28) “Allí se define el daño existencial [se refiere a la sentencia de la Sala Plena de la Corte de Casación Italiana 6572 del 24 de marzo de 2006] como todo perjuicio causado en el hacer no reditual del sujeto, susceptible de ser constatado de manera objetiva, que altera sus hábitos y su modo de relacionarse, induciéndolo a alternativas de vida distintas, que inciden en el despliegue y realización de su personalidad en el mundo exterior”. Koteich Khatib, Milagros “El daño extrapatrimonial”, en “Diritto Romano Comune e America Latina”, Universidad Externado de Colombia, pág. 259.

(29) Ver: Corte de Casación Italiana, sentencia del 24 de junio de 2008, publicada el 11 de noviembre de 2008, 26972.

(30) Fruto del trabajo jurisprudencial en Italia, se llegó a establecer dentro de este orden que el concepto daño biológico agrupa entre otros: el daño a la vida de relación, el daño estético, el daño a la esfera sexual y el daño a la incapacidad laboral genérica, todo lo cual ha sido recogido y reconocido por la Corte Suprema de Casación de ese país. Ver entre otras, las sentencias: 2761 de 1990, 1341 de 1991, 11133 de 1990, 9170 de 1994, y 7262 de 1991.

(31) “Este estado de cosas no sólo deja la sensación de desorden, sino que también crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser “límites razonables”, determinados sí, en términos jurídicos”. Cortés, Edgar. Ob. cit., pág. 57.

(32) “En el histórico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmó que el criterio de liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico “debe, de un lado, responder a una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesión no puede valorarse de manera diferente para cada sujeto) y, de otro, debe ser suficientemente elástico y flexible para adecuar la liquidación del caso concreto a la incidencia efectiva de la lesión sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales se manifiesta concretamente la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicado”. Rozo Sordini, Paolo “El daño biológico”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, págs. 209 y 210.

(33) “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico”. Gil Botero, Enrique “Daño corporal-Daño biológico-Daño a la vida de relación”, pág. 10.

(34) En ese mismo sentido consultar, entre otras, las siguientes providencias: sentencia del 26 de mayo de 2010, expediente 18.950, Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; sentencias de 9 de mayo de 2012, expediente 24.725 y de 6 de junio de 2012, expediente 25.121, Consejero Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón.

(35) Al respecto ver: sentencia de 19 de agosto de 2004, expediente 15791 DM, Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 26 de febrero de 2009, expediente 31842, Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero; sentencia de 28 de abril de 2010, expediente 18456, Consejero Ponente (E): Dr. Mauricio Fajardo Gómez.