Sentencia 1997-15324 de junio 6 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Exp.: 250002326000 1997 15324 01 (24.690)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Construcciones Domus Ltda.

Demandada: Nación - Consejo Superior de la Judicatura

Acción: reparación directa

Bogotá, D.C., seis de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente desde el punto de vista funcional(13) para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 27 de febrero de 2003, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación.

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

Ahora bien, vale reiterar en esta oportunidad, que en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en el error judicial, el término de caducidad se cuenta desde el momento en el cual la providencia contentiva del error queda ejecutoriada. Sobre el particular ha señalado la Sala:

“Cuando se pretenda ejercer la acción de reparación directa como consecuencia del error jurisdiccional, esta deberá instaurarse dentro del término de dos años, caducidad prevista en el inciso cuarto del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, contado a partir de la ejecutoria de las providencias judiciales que agoten las instancias sin hacer depender dicho plazo del resultado del recurso o de la acción de revisión, salvo que se afirme que el error se encuentra contenido en la providencia que desata dicho recurso o acción. En otras palabras, la instauración del recurso o de la acción de revisión no impide la ocurrencia de la caducidad de la acción de reparación directa”(14) (destaca la Sala).

En el caso sub examine la responsabilidad administrativa que se demanda por error judicial —se afirma—, tiene origen en las providencias de 16 de marzo y 7 de noviembre de 1995, proferidas por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en las cuales se alega, el tribunal incurrió en error, todo esto en el marco del proceso ejecutivo adelantado por la Organización Servimos S.A., en contra de la Sociedad Construcciones Domus Ltda., providencias que cobraron ejecutoria el 30 de marzo y el 15 de noviembre de 1995(15), respectivamente, y comoquiera que la demanda se interpuso el 5 de noviembre de 1997(16), resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.

3. El régimen de responsabilidad.

Previamente al análisis de los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, resulta acertado referirse, en primer término, al régimen de responsabilidad que rige el caso sub judice, para lo cual se precisa que la acción de reparación directa se interpuso con fundamento en un presunto error judicial en que habría incurrido la sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con ocasión de la expedición de las mencionadas providencias de 16 de marzo y 7 de noviembre de 1995, situación que alude a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la administración de justicia, regulada hoy en día en la Ley 270 de 1996(17), disposición esta que, a pesar de haber entrado en vigencia con posterioridad a la expedición de las providencias que en el presente asunto se acusan como contentivas de error judicial, orienta los criterios generales a tener en cuenta para resolver el caso concreto, de conformidad con los pronunciamientos jurisprudenciales que en torno a ella se han proferido(18).

No obstante lo anterior, cabe igualmente advertir que, en razón de que el sub judice tiene origen en providencias dictadas en 1995, esto es, con anterioridad a la vigencia de la citada Ley 270 de 1996, no está sometido en modo alguno a la consideración expuesta por la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada de su artículo 66, en los términos a que se hará referencia más adelante(19).

En este orden de ideas, es pertinente recordar el texto del artículo 65 de la Ley 270, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Esta norma desarrolla la cláusula general de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables y que fueren causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Nacional, concepto que desde luego comprende todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares de la justicia(20).

Ahora bien, frente al error judicial, el artículo 66 de la citada ley vino a definirlo de la manera que, a continuación, se procede a transcribir:

“… Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.

Al ejercer el control previo de constitucionalidad frente al proyecto de ley estatutaria que dio origen a la citada Ley 270 de 1996, la honorable Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de este artículo(21) y precisó que: (i) dicho error se materializa únicamente a través de una providencia judicial; (ii) debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia ha definido como una “vía de hecho”, y (iii) no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, porque ello comprometería en forma grave la seguridad jurídica.

De otra parte, el artículo 67 de la misma ley dispone que para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: (i) el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error esté en firme.

Con fundamento en lo anterior, la Sala ha considerado que existe error judicial cuando el juzgador, independientemente de si actúa o no con el elemento subjetivo de la culpa, profiere una providencia discordante con el conjunto de actuaciones desarrolladas dentro del proceso, la cual, una vez queda en firme, ocasiona un daño antijurídico(22).

En este sentido, la Sala en sentencia de 11 de mayo de 2011, señaló los presupuestos que deben cumplirse para la configuración del error judicial. En efecto, en tal ocasión precisó(23):

“Bajo la nueva disposición constitucional se admitió la responsabilidad del Estado por error judicial, el cual se consideró que se configuraba siempre que se reunieran las siguientes exigencias: (i) que el error estuviera contenido en una providencia judicial en firme; (ii) que se incurriera en error fáctico o normativo; (iii) se causara un daño cierto y antijurídico, y (iv) el error incidiera en la decisión judicial en firme. Consideraba la Sala, en jurisprudencia que se reitera:

“a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, si esta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional (…).

“b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta Sección(24), el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso. El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares.

“c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos”.

En cuanto al error que pudieran cometer las altas cortes en ejercicio de la función jurisdiccional que les es inherente, teniendo como referente la exequibilidad condicionada del artículo 66 de la Ley 270 de 1996, la jurisprudencia de la Sección consideró que dicha responsabilidad sí era procedente en los casos en los cuales la decisión de una de dichas corporaciones fuera constitutiva de una vía de hecho, esto es, cuando incurrieran en errores que pudieran ser advertidos sin que se hiciera necesario para ello realizar una labor hermenéutica dispendiosa(25).

En sentencia de 5 de diciembre de 2007(26), la Sala reiteró el criterio fijado en la sentencia proferida el 4 de diciembre de 1997 en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado por el error en el que hubieran incurrido las altas cortes y, agregó, que la declaratoria de responsabilidad patrimonial por tales errores no atenta contra la independencia de los jueces ni contra la seguridad jurídica; que dichas corporaciones también incurren en error judicial determinante de la responsabilidad patrimonial del Estado, porque el artículo 90 de la Constitución no hace distinciones y porque estas no son infalibles, y que el Consejo de Estado, que es el tribunal supremo de lo contencioso administrativo, no está limitado por la investidura del juez que incurra en error judicial, al momento de definir la responsabilidad patrimonial del Estado.

Se aclaró en esa providencia —además— que como el caso concreto había ocurrido antes de que entrara en vigencia la Ley 270 de 1996, la decisión de la Sala no estaba condicionada por la interpretación que la Corte Constitucional dio al artículo 66 de esa ley en la Sentencia C-037 de 1996, pero que en todo caso debía tenerse en cuenta que la misma Corte, en Sentencia C-038 de 2006, al resolver sobre la constitucionalidad del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998, había variado su posición con respecto a la procedencia de juicios de responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de sus altos dignatarios.

Bajo este entendimiento, para determinar si el juzgador incurrió o no en error judicial debe analizarse la concordancia de la providencia emitida con cada una de los actos desarrollados por las partes durante el proceso, observando con detenimiento los hechos aducidos, el material probatorio aportado y la aplicación del marco normativo realizada por funcionario judicial al caso particular. Dicha posición fue sostenida por la Sección en la citada sentencia de 5 de diciembre de 2007, de la manera que sigue:

“La Sala precisa que el error judicial siempre está contenido en una providencia judicial, por medio de la cual se pone fin, en forma normal o anormal al proceso, por esta razón el yerro sólo se configura cuando se han agotado los recursos previstos en la ley para impugnar la providencia judicial. Su configuración se logra mediante el análisis comparativo entre las fuentes del derecho que rigen la función de administrar justicia y la providencia judicial respecto de la cual se predica el error judicial, a cuyo efecto deberá considerarse también el conjunto de actos procesales que integran el correspondiente proceso.

En efecto, no es dable tomar como hecho independiente o autónomo únicamente la providencia judicial, pues esta debe analizarse mediante el estudio de los otros actos procesales, demanda, contestación, pruebas, etc. Pues sólo de esta manera es dable deducir la inconformidad de la providencia con el deber ser definido por el ordenamiento jurídico, en su aspecto sustancial y procedimental. El error judicial no supone la prueba de elementos que cualifiquen la conducta personal del agente estatal, como tampoco calificativos absolutos de inexcusable, garrafal, evidente o injustificado. Ni el artículo 90 de la Constitución, ni las normas legales que han desarrollado la materia, cualifican de esa manera la acción u omisión del Estado determinante de responsabilidad por daños antijurídicos padecidos por causa de una providencia judicial. Cabe por tanto señalar que el error judicial consiste, en realidad, en una verdadera falla en la función de administrar justicia, en el entendido de que no cualquier discordancia entre la realidad fáctica o jurídica del proceso y la providencia judicial determinan este vicio.

Si bien la jurisprudencia nacional exigía un error cualificado ello, como se indicó, respondía a la regulación normativa que traía el referido artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, pero este elemento no resulta exigible para definir la responsabilidad del Estado, no solo porque dicha norma fue subrogada por la Ley 270 de 1996, sino porque los límites entre la responsabilidad estatal y la personal del agente están claramente establecidos y, de ellos se infiere, que solo esta última amerita la verificación de las cualificaciones de las conductas del agente estatal. Si bien la vía de hecho comporta un error judicial, no toda decisión que entrañe un error judicial constituye una vía de hecho. De esta manera, una equivocada interpretación de una norma sustancial o una indebida valoración probatoria, que traduzca en la violación del marco normativo que rige la función de administrar justicia, podrá considerarse error judicial aunque no corresponda a una vía de hecho” (…) Para la Corte, la vía de hecho se caracteriza por constituir una desconexión manifiesta entre lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y la actuación del funcionario judicial de que se trate. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el vicio que se alega como fundamento de la supuesta vía de hecho debe ser evidente o incuestionable, lo cual significa que la falencia, además de constituir una subversión superlativa del orden jurídico debe afectar o vulnerar un derecho fundamental, mediante una operación material o un acto que desborda el ámbito de la decisión judicial. La Sala precisa que el concepto de error judicial que traduce en uno de los supuestos que hace procedente la responsabilidad del Estado por la actuación de sus jueces, no requiere, para su configuración, del cumplimiento de los supuestos que propone la Corte Constitucional para que se dé la vía de hecho. Pero advierte también que, en un caso dado, el concepto de error judicial que ha definido el Consejo de Estado, puede estar vinculado a alguna de las denominadas por la Corte Constitucional —causales de procedibilidad—, esto es a: un defecto sustantivo, orgánico o procedimental, un defecto fáctico, un error inducido, una decisión sin motivación, un desconocimiento del precedente o una violación directa de la Constitución. Sin que sea dable afirmar que el error judicial constitutivo de la responsabilidad que aquí se analiza, solo se configure en presencia de las hoy llamadas por la Corte “Causales de procedibilidad” (destaca la Sala).

Ahora bien, frente a la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, se denota, como lo ha observado la Sección en el pasado, que si bien la Corte Constitucional, en la sentencia de control previo del proyecto de ley estatutaria de administración de justicia, pareció asimilar el error judicial a la vía de hecho(27), esta identificación es impropia toda vez que, en el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, no se tiene por objeto la conducta subjetiva del agente infractor, sino la contravención al ordenamiento jurídico inmersa en una providencia judicial(28).

Esta diferencia resulta fundamental a efectos de identificar de manera más clara los linderos de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, al descartar cualquier juicio de comportamiento subjetivo y centrar la atención en la decisión judicial que se cuestiona y su confrontación con el ordenamiento jurídico, especialmente con los derechos fundamentales que puedan resultar comprometidos.

Finalmente, vale señalar que en cada caso concreto debe tenerse presente el margen de discrecionalidad judicial que resulta legítimo y servirse de ella, para llevar a cabo el juicio de responsabilidad correspondiente. Como lo ha advertido la Sala, en algunas oportunidades el juez tiene en frente una decisión única, mientras que en otros, aparecen como posibles distintas decisiones razonables; en esta última hipótesis, mal se haría en un juicio de responsabilidad patrimonial en identificar un daño antijurídico como consecuencia de la adopción razonada de la opción judicial por una de las posibles decisiones razonables, todo ello de acuerdo con los presupuestos fácticos existentes en el proceso.

Al respecto se expuso:

“… el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas— pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de este ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, solo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial”(29).

En efecto, el error del juez radica en la valoración abiertamente equivocada o la inobservancia de un elemento decisivo e incidente en el proceso, lo cual conlleva a la incorrecta aplicación de la normatividad jurídica al caso de su conocimiento y, por tanto, a proferir en aquel una decisión judicial contraria al ordenamiento jurídico.

Cabe señalar, que los funcionarios judiciales en desarrollo del principio constitucional de independencia y autonomía de los jueces pueden interpretar en diversos sentidos las disposiciones normativas aplicables a un caso, y siempre que lo realicen de manera razonada, coherente y con solidez argumentativa no podrá configurarse un error jurisdiccional(30).

En este mismo sentido la Sección ha manifestado(31):

“… la responsabilidad directa por el hecho de los jueces debe partir del reconocimiento de los límites del razonamiento jurídico y, en consecuencia, de que no frente a todos los problemas jurídicos será posible identificar una única respuesta o solución correcta. De hecho, el denominado ‘principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa’ de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas— pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de este ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, solo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial”.

(…)

“Por tanto, solo las decisiones judiciales que —sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales— resulten contrarias a Derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional…” (destaca la Sala).

4. La determinación de la responsabilidad estatal en el caso concreto.

4.1. Lo probado en el proceso.

De conformidad con la copia auténtica del expediente acumulado, contentivo de proceso ejecutivo adelantado por la Organización Servimos S.A., en contra de Construcciones Domus Ltda., remitida por el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, se encuentran debidamente acreditados los siguientes hechos que interesan al presente asunto(32):

Que la Sociedad Organización Servimos S.A., instauró demanda ejecutiva de mayor cuantía, en contra de Construcciones Domus Ltda., en la que solicitó se librara mandamiento de pago por la suma de $ 35.000.000, por concepto de capital, más intereses moratorios a la tasa del 5%, desde el momento en que se hizo exigible la obligación reclamada y hasta el día de su pago a favor de la ejecutante(33).

El Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, mediante providencia de 11 de marzo de 1992, libró el mandamiento de pago en los términos solicitados por la parte ejecutante(34).

A través de sentencia proferida el 4 de abril de 1994(35), el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, negó la prosperidad de las excepciones de mérito formuladas por la parte demandada y ordenó seguir adelante con la ejecución —según lo dispuesto en el auto de mandamiento de pago—, practicar la liquidación del crédito y condenó en costas a la parte demandada.

Frente a la anterior decisión, Construcciones Domus Ltda., a través de su mandatario judicial interpuso recurso de apelación, dirigido a que se revocara la sentencia de primera instancia y en su lugar se declararan como probadas la excepciones por ella formuladas(36).

La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió la apelación en sentencia de 16 de marzo de 1996, mediante la cual revocó parcialmente la sentencia recurrida y modificó la suma por la cual se continuaría la ejecución, al estimar probadas las excepciones de pago parcial y cobro de lo no debido(37).

El 28 de marzo de 1995(38), la parte demandada solicitó la corrección de errores aritméticos que a su juicio se encontraban en la anterior providencia, para lo cual señaló, en lo que es materia de debate en este proceso, que se había realizado una operación aritmética equivocada al momento de establecer la tasa efectiva anual que se derivaba de la tasa de interés mensual anticipada pactada en el pagaré base de la ejecución, por lo que debía corregirse el yerro y disponer la reducción y perdida de los intereses pactados en exceso del límite legal.

Dicha solicitud de corrección fue resuelta por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante el auto de 7 de noviembre de 1995(39), en el que modificó la suma por la cual seguiría adelante la ejecución, toda vez que sobre este aspecto constató la existencia de un error aritmético. En lo referido a la reducción de intereses, la Sala denegó la petición.

4.2. El error judicial que se alega en el caso concreto.

La sociedad demandante pretende que se declare que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá incurrió en un error judicial derivado del error aritmético que, a su juicio, se cometió al determinar la tasa de interés efectivo anual resultante de las tasas mensuales pactadas en un título valor que respaldaba un negocio jurídico celebrado con la Sociedad Organización Servimos S.A., en el marco del proceso ejecutivo adelantado en su contra.

Al efecto alegó en síntesis que en el caso concreto se debieron aplicar fórmulas de matemática financiera, lo que no se hizo y en consecuencia, las conclusiones del tribunal culminaron en la negativa de su solicitud de corrección, tendiente en últimas a que se decretara la reducción y pérdida de intereses de plazo y moratorios cobrados por el ejecutante.

No ofrece discusión alguna que la persona interesada en reclamar del Estado la reparación de los daños antijurídicos cuya causación imputa a la acción o a la omisión de una autoridad pública y que, con tal propósito, ejerce la acción de reparación directa, tiene la carga de acreditar en el proceso la concurrencia de los elementos inherentes al régimen de responsabilidad en el cual ampara sus pretensiones, esto es, si se trata de un régimen objetivo de responsabilidad, deberá demostrar, además del daño, el hecho dañoso de que se trate, así como el nexo de causalidad entre aquel y este; por su parte, si de un régimen de falla del servicio se trata —como ocurre en el asunto sub judice—, además de los premencionados elementos, tiene el actor, en principio, la carga de demostrar que el servicio o la función a la cual se refiere, no funcionó, funcionó mal o lo hizo tardíamente(40).

El daño, comprendido como el primer elemento en un juicio de responsabilidad(41), en el caso objeto de estudio es el menoscabo patrimonial que se asevera fue causado a la sociedad demandante como consecuencia de la adopción de unas decisiones judiciales que resultaron adversas a sus intereses y cuyo fundamento jurídico, afirma, fue errado.

En este orden de ideas, para el análisis del daño en el presente caso, no basta la constatación probatoria de que se hayan producido las mencionadas decisiones judiciales adversas a la demandante; sin duda alguna, cuando se traba una litis judicial, ello significa que habrá vencedores y vencidos, y a estos últimos, por el solo hecho de ostentar tal calidad, no se les produce necesariamente un daño resarcible, por lo que puede afirmarse que la parte vencida en un proceso judicial está en el deber legal de soportar ese “daño”, a menos que la decisión o decisiones que la ponen en tal situación se hayan proferido contraviniendo el ordenamiento jurídico y/o de manera específica con violación abierta de sus derechos, es decir con “error”, eventos en los que se verificaría un error judicial y, en consecuencia, el daño estaría llamado a ser indemnizado siempre que se acrediten los perjuicios causados.

Como puede apreciarse, tratándose de la responsabilidad edificada en la ocurrencia de un error judicial, el análisis sobre la antijuridicidad del daño presenta una especial connotación, ya que en estos casos no es suficiente con establecer —como ya se dijo— la existencia de una decisión judicial adversa a los intereses del demandante, sino que se hace necesario revisar, con ocasión del estudio de este primer elemento —el daño—, el contenido mismo de la decisión, para efectos de verificar si en ella se incurrió o no en un “error”, presupuesto necesario para calificar la antijuridicidad del daño, de manera que al cumplirse con la acreditación de este elemento, es posible abordar el estudio de la imputación del mismo y la consiguiente responsabilidad.

En consonancia con lo anterior, debe insistir la Sala en que el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene —ni puede tener— la vocación de constituirse en una instancia adicional a las tramitadas dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico.

Así las cosas, en relación con el análisis del daño antijurídico en el presente caso, es menester señalar que, de conformidad con lo establecido en acápite anterior respecto a lo probado en el proceso, se encuentra acreditada en el expediente la existencia de las providencias judiciales que se enjuician por contener presuntamente un error judicial, providencias que como se ha manifestado desde la demanda, materializaron decisiones contrarias a los intereses y la argumentación defendida en el proceso ejecutivo por parte de la sociedad hoy demandante.

En estas condiciones, es pertinente revisar el contenido de tales decisiones para efectos de constatar la existencia del “error judicial” endilgado y solo en caso de resultar acreditado lo anterior, se hará un análisis de la imputación, dirigido a determinar cuál es la responsabilidad de la demandada.

Como se expuso anteriormente, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia de 16 de marzo de 1996 resolvió en segunda instancia la apelación del fallo proferido el 4 de abril de 1994 por el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá. En dicha providencia se revocó parcialmente la sentencia recurrida para modificar la suma por la cual se continuaría la ejecución, al estimar probadas las excepciones de pago parcial y cobro de lo no debido(42). Con respecto al tema que se discute en el presente proceso, señaló:

“Se indica en el hecho Quinto del incidente de regulación o pérdida de intereses, y como uno de los motivos de dicha solicitud, el que la demandada canceló la suma de $ 33.033.155 por concepto de intereses, suma que supera en exceso lo que en realidad debía cancelar. Pero al proceso no aportó la prueba de pago de intereses de plazo en dicha cuantía, ni siquiera sumando los pagos por este concepto mencionados en la excepción de pago y en el alegato de conclusión; así como tampoco lo suman los guarismos mencionados en los documentos que obran a folios 22, 24, 29, 30, 32, 34 y 36 cuaderno 3, que indican siete pagos por valor de $ 3.600.000, suma exactamente correspondiente a los de plazo al 4% mensual pactados en el pagaré y uno por $ 3.080.000, que se admitió haber recibido en cheque en el documento que obra a folios 9 y 56 del cuaderno 3.

Por lo tanto, la reducción o pérdida de intereses alegada, debe examinarse comparando la tasa pactada en el pagaré con la certificada por la Superintendencia Bancaria.

Para el 7 de enero de 1991, el interés bancario corriente (efectivo anual), según la certificación de la Superintendencia Bancaria que obra a folio 38 cuaderno 3, se encontraba a la tasa del 36.15%.

En cuanto al interés remuneratorio, el límite lo fijó el artículo 2231 del Código Civil, aplicable a este caso, por remisión que hace el artículo 2º del Código de Comercio, pues este no sienta una regla precisa sobre el asunto. Este artículo indica que, el interés convencional que exceda en una mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, será reducido por el juez a dicho interés corriente, si lo solicitare el deudor.

Atendiendo lo anterior al caso concreto tenemos que, la tasa efectiva anual certificada para el 17 de enero de 1991, 34.27%, más una mitad 17.13 = 51.40%. El 4% mensual pactado en el pagaré como interés de plazo no sobrepasa entonces el límite permitido. Tampoco sobrepasa el límite establecido por el artículo 884 del Código de Comercio. El de mora pactado en un 5% mensual, tampoco sobrepasa el límite establecido por el artículo 884 citado.

No hay razón entonces, para declarar la reducción o la pérdida de intereses solicitada por la demandada” (se destaca).

Mediante el auto de 7 de noviembre de 1995(43), la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió la solicitud de corrección por error aritmético formulada por la ejecutada, disponiendo la modificación de la suma por la cual seguiría adelante la ejecución, toda vez que sobre este aspecto constató la existencia de un error aritmético.

Frente al tema específico que concita la atención de la Sala en esta oportunidad —el juicio sobre la pérdida o reducción de intereses—, señaló el tribunal:

“La idea de error aritmético concierne a una mala operación aritmética o a la adopción de rubros equivocados, es decir, hay error aritmético cuando quiera que el juez equivoca los cálculos matemáticos o elige guarismos que ostensiblemente no corresponden a los que señalan las consideraciones del fallo.

Pero cuando la decisión judicial extrae consecuencias jurídicas negativas porque juzga no demostrada la exorbitancia de los intereses no puede haber error aritmético entre otras por las siguientes razones:

Carga de la prueba en la reducción de intereses

Sea que la regulación de los intereses se proponga como incidente o se tramite conjuntamente con las excepciones, en ambos casos es necesaria la proposición y práctica de las pruebas tendientes a acreditar el abuso en el cobro de los intereses. No obstante que en la proposición de la regulación de los intereses el demandado no provocó la prueba técnica idónea, ahora en segunda instancia al proponer la corrección del que califica como error aritmético aquel demandado advierte que: “Es oportuno dejar sentado que en virtud de no ser los abogados ni los juzgadores versados en asuntos financieros ni en hacer operaciones matemáticas como las aquí realizadas, bien puede acudirse a entidades como la Superintendencia Bancaria…” Lo anterior significa que la parte demandante en su oportunidad no provocó el decreto de la prueba idónea, dictamen pericial o informes técnicos previstos en los artículos 243 y 278 del Código de Procedimiento Civil, y solo ahora en segunda instancia suscita tardíamente la prueba eficaz para demostrar la justeza de su reclamación para que se reduzcan los intereses y se sancione al demandante.

Considera entonces la Sala que el propio demandado ha admitido y la esencia de lo discutido así lo enseña, que la demostración de la exorbitancia del interés pactado era tema que debía dilucidarse con prueba técnica que no fue provocada por el interesado. Síguese de lo anterior que la ausencia de la prueba idónea fue determinante a las (sic) conclusión que arribó y no un equivocado cálculo, cómputo u operación constitutivo de error aritmético.

En el fallo cuya corrección aritmética se pide, la Sala sentó la siguiente premisa: “por lo tanto, la reducción o pérdida de intereses alegada, debe examinarse comparando la tasa pactada en el pagaré, con la certificada por la Superintendencia Bancaria”. El instrumento procesal creado para corregir yerros de cómputo resulta impropio para alterar las premisas de hecho de la sentencia. La premisa de hecho considera el interés pactado tal como reposa en el texto del pagaré (4 y 5%) y si la Sala no aplica el equivalente del interés nominal para expresarlo en términos efectivos es por ausencia de un dato que debió haberse producido con intervención de auxiliares técnicos que las partes no pidieron oportunamente.

No se trata entonces de un simple error de cálculo u operación aritmética, sino de ausencia en el expediente de los datos técnicos necesarios para llegar a una conclusión diferente, ausencia de prueba atribuible a quien debió propiciarla y no a la Sala en segunda instancia por no hallarse dentro de los casos excepcionales de decreto de pruebas en esta (sic)” (se destaca).

Sin perder de vista las consideraciones expresadas en las mencionadas providencias, a juicio de la Sala el análisis del exiguo caudal probatorio obrante en el presente asunto, constituido en esencia por la copia auténtica del proceso ejecutivo incoado en contra de Construcciones Domus Ltda., muestra a las claras que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá no incurrió en el error judicial imputado por la parte actora.

La anterior conclusión se impone tras considerar que el actor debía demostrar en este proceso que en las providencias cuestionadas se avaló el pago de intereses por encima del límite impuesto en la normatividad aplicable al caso, toda vez que se trata del elemento constitutivo del error endilgado en la demanda, aspecto que en atención al carácter técnico del yerro que se dice fue cometido, debió soportarse ante esta instancia mediante los medios de prueba pertinentes e idóneos para tal fin.

Es oportuno recordar que la carga de la prueba es “una noción procesal que consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos”(44). Sobre este tema se ha expresado la corporación(45) en estos términos:

“La noción de carga ha sido definida como “una especie menor del deber consistente en la necesidad de observar una cierta diligencia para la satisfacción de un interés individual escogido dentro de los varios que excitaban al sujeto”(46). La carga, entonces, a diferencia de la obligación, no impone al deudor la necesidad de cumplir —incluso pudiendo ser compelido a ello coercitivamente— con la prestación respecto de la cual se ha comprometido con el acreedor, sino que simplemente faculta —la aludida carga—, a aquel en quien recae, para realizar una conducta como consecuencia de cuyo despliegue puede obtener una ventaja o un resultado favorable, mientras que si no la lleva a cabo, asume la responsabilidad de aceptar las consecuencias desventajosas, desfavorables o nocivas que tal omisión le acarree.

“Trayendo este concepto al ámbito del proceso y de la actividad probatoria dentro del mismo, la noción de carga se traduce en que a pesar de que la igualdad de oportunidades que, en materia de pruebas, gobierna las relaciones entre las partes procesales, dicho punto de partida no obsta para que corra por cuenta de cada una de ellas la responsabilidad de allegar o procurar la aportación, al expediente, de la prueba de ciertos hechos, bien sea porque los invoca en su favor, bien en atención a que de ellos se deduce lo que pide o a lo que se opone, ora teniendo en cuenta que el hecho opuesto está exento de prueba —verbigracia, por venir presumido por la ley o por gozar de notoriedad o por tratarse de una proposición (afirmación o negación) indefinida—” (se destaca).

Así pues, la carga de la prueba expresa las ideas de libertad, de autorresponsabilidad, de diligencia y de cuidado sumo en la ejecución de una determinada conducta procesal a cargo de cualquiera de las partes(47).

El tratadista Hernando Devis Echandía define la expresión “carga” de la siguiente manera:

“[…] podemos definir la carga como un poder o facultad (en sentido amplio), de ejecutar, libremente, ciertos actos o adoptar cierta conducta prevista en la norma para beneficio y en interés propios, sin sujeción ni coacción y sin que exista otro sujeto que tenga el derecho a exigir su observancia, pero cuya inobservancia acarrea consecuencias desfavorables”(48).

En ese orden de ideas, el contenido material que comporta la carga de la prueba está determinado por la posibilidad que tienen las partes de obrar libremente para conseguir el resultado jurídico —constitutivo, declarativo o de condena— esperado de un proceso, aparte de indicarle al juez cómo debe fallar frente a la ausencia de pruebas que le confieran certeza respecto de los asuntos sometidos a su conocimiento(49).

Precisamente, se debe considerar que a los jueces no se les exige ser expertos en todas las áreas del conocimiento y que, apoyados en la oportuna asunción de la carga probatoria que es consustancial a las partes, bien pueden servirse de pruebas técnicas producidas por personas versadas que con sus conocimientos especializados les permitan formar su convencimiento respecto de los hechos que interesa demostrar al peticionario de la prueba como sustento de las normas jurídicas cuya aplicación reclama.

Este entendimiento es congruente con lo señalado por el mismo apoderado de la sociedad ejecutada en la mencionada solicitud de corrección de 28 de marzo de 1995, cuando reconoce que el fallador no tenía por qué tener conocimiento sobre temas financieros que a su juicio eran aplicables al caso, no obstante pretendió sugerir que la carga de establecer cuál era la tasa de interés efectiva anual era de su resorte. Se expuso en la solicitud(50):

“1.1.2. Es oportuno dejar sentado que en virtud de no ser los abogados ni los juzgadores versados en asuntos financieros ni en hacer operaciones matemáticas como las aquí realizadas, bien puede acudirse a entidades como la Superintendencia Bancaria, para que sea esta quien certifique a qué tasa de interés efectiva anual corresponde una tasa nominal pactada en un determinado negocio. Desde luego, habrá de tenerse en cuenta que la solicitud que se eleve ante la superintendencia debe contener todos los datos necesarios, para que pueda esta, realizar todas las operaciones respectivas, …” (se destaca).

Así, es claro que en el presente caso, al deprecar la responsabilidad patrimonial con fundamento en el error judicial que se alega cometido, correspondía a la demandante soportar sus afirmaciones en tal sentido a través de los medios probatorios que el ordenamiento procesal pone a su alcance, por manera que no resultaba suficiente limitarse a traer a este debate la misma argumentación que fuera expuesta y derrotada en el proceso ejecutivo, ya que tal actitud lo único que revela es la intención de convertir el presente juicio de responsabilidad en una tercera instancia que avale su criterio, sin que en esta oportunidad hubiera soportado su razonamiento en elementos de juicio distintos a los presentados ante el Tribunal Superior de Bogotá, situación que igualmente aparece replicada en lo que atañe al tema probatorio desarrollado en el proceso ejecutivo.

Lo anterior permite concluir que la utilización de las fórmulas de matemática financiera que señala como aplicables al caso, constituye su personal criterio de interpretación, desprovisto de prueba alguna que respalde tal apreciación en el sentido de acreditar que las decisiones adoptadas en el proceso ejecutivo lo fueron alejadas de las pruebas obrantes en el expediente o de expresos criterios normativos o jurisprudenciales atinentes a la resolución del problema jurídico a resolver en esa oportunidad.

En este sentido comparte la Sala lo expuesto por el Tribunal en la providencia de 7 de noviembre de 1995, al referirse a la carga de la prueba en el punto relativo a la solicitud de reducción de intereses, para señalar que la exorbitancia del interés pactado era tema que debía dilucidarse a través de prueba técnica, que no fue provocada por el interesado, por lo que la ausencia de medios de convicción en tal sentido fue lo que determinó la decisión y no la ocurrencia del error judicial que se alegó en la demanda.

La Sala considera que no existe yerro alguno por la diferencia de criterio que se tenga respecto de la manera como, en el presente caso, el fallador de segunda instancia adoptó las decisiones criticadas, por lo que debe reiterarse entonces, que una diferencia de interpretación o de apreciación no constituye un error judicial, como tampoco la simple inconformidad que tenga una de las partes con las conclusiones fácticas de una providencia judicial(51), y no es dable afirmar que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá incurrió en error al establecer la tasa de interés efectivo anual resultante en el caso particular, toda vez que a él correspondía argumentar y probar lo contrario para salir avante con su pretensión, porque la ley establece que al actor le incumbe probar los fundamentos de hecho y de derecho en que sustenta sus pretensiones(52), lo cual no logró en el caso sub examine según se ha analizado.

Es oportuno precisar que cuando un ciudadano acude a la administración de justicia para que por intermedio de los jueces de la República se decida una controversia, está expuesto a que la decisión que dirima el litigio le sea favorable o desfavorable a sus pretensiones, porque el derecho de iniciar un proceso y promover un pronunciamiento judicial no conlleva, en sí mismo, que la decisión que corresponda necesariamente debe ser positiva en relación con sus intereses.

Dado que, como se anotó, las providencias censuradas no constituyen, per se, un daño antijurídico y como quiera que, en este caso, no se acreditaron los los presupuestos constituyentes del error judicial en el caso concreto, resulta forzoso para la Sala confirmar la providencia del a quo.

5. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de febrero de 2003, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(13) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(14) Sentencia del 14 de agosto de 1997. Expediente 13.258. C.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque.

(15) Teniendo en consideración la notificación realizada mediante edicto fijado entre el 23 y el 27 de marzo de 1995 y la notificación mediante edicto, folio 89 del cuaderno de pruebas 2.

(16) Folio 14 del cuaderno de primera instancia.

(17) Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1996.

(18) Este criterio fue expuesto recientemente por la Sala en sentencia de 11 de septiembre de 2011, Expediente 18913, C.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.

(19) En igual sentido se pronunció la Sección en sentencia de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15.128, C.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

(20) Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Expediente 13.164. C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(21) En la Sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional razonó en los siguientes términos: “Sobre el particular, entiende la Corte que la Constitución ha determinado un órgano límite o una autoridad máxima dentro de cada jurisdicción; así, para la jurisdicción constitucional se ha previsto a la Corte Constitucional (C.P., art. 241), para la ordinaria a la Corte Suprema de Justicia (C.P., art. 234), para la contencioso administrativa al Consejo de Estado (C.P., art. 237) y para la jurisdiccional disciplinaria a la correspondiente sala del Consejo Superior de la Judicatura (C.P., art. 257). Dentro de las atribuciones que la Carta le confiere a cada una de esas corporaciones, quizás la característica más importante es que sus providencias, a través de las cuales se resuelve en última instancia el asunto bajo examen, se unifica la jurisprudencia y se definen los criterios jurídicos aplicables frente a casos similares. En otras palabras, dichas decisiones, una vez agotados todos los procedimientos y recursos que la ley contempla para cada proceso judicial, se tornan en autónomas, independientes, definitivas, determinantes y, además, se convierten en el último pronunciamiento dentro de la respectiva jurisdicción. Lo anterior, por lo demás, no obedece a razón distinta que la de garantizar la seguridad jurídica a los asociados mediante la certeza de que los procesos judiciales han llegado a su etapa final y no pueden ser revividos jurídicamente por cualquier otra autoridad de la rama judicial o de otra rama del poder público.

En virtud de lo anterior, la Corte juzga que la exequibilidad del presente artículo debe condicionarse a que no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, una responsabilidad del Estado a propósito del error jurisdiccional, pues ello equivaldría a reconocer que por encima de los órganos límite se encuentran otros órganos superiores, con lo cual, se insiste, se comprometería en forma grave uno de los pilares esenciales de todo Estado de derecho, cual es la seguridad jurídica. (…)”.

(22) Sentencia de 23 de abril de 2008, Expediente 16.2741. C.P. Dra. Ruth Stella Correa.

(23) Expediente 22.322. C.P. Dra. Ruth Stella Correa.

(24) Sentencia de 27 de abril de 2006, Expediente 14.837.

(25) Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Expediente 10.285, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Se dijo en la sentencia: “La exequibilidad condicionada de la Corte Constitucional debe entenderse, entonces, desde la misma perspectiva que ha manejado esa corporación respecto de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales cuando la autoridad pública investida de la potestad de administrar justicia ha incurrido en vía de hecho; es decir, que sólo excepcionalmente será admisible la responsabilidad patrimonial del Estado derivada del error judicial cometido por las altas corporaciones de justicia y demás tribunales y juzgados en los eventos en que este sea absolutamente evidente y no se requiera realizar ninguna labor hermenéutica para hallarlo configurado”.

(26) Sentencia de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(27) Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(28) En este sentido, pueden consultarse las siguientes providencias: sentencia de 28 de enero de 1999, Expediente: 14399; C.P. Dr. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 10 de mayo de 2001, Expediente 12719, C.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 2 de mayo de 2007, Expediente 15.576, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15.128, C.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

(29) Sentencia de 2 de mayo de 2007. Expediente 15776. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(30) En la mencionada sentencia de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15.128, se precisó: “El error del juez no es entonces el que se traduce en una diferente interpretación de la ley a menos que sea irrazonable; es aquel que comporta el incumplimiento de sus obligaciones y deberes, sea porque no aplica la ley vigente, porque desatiende injustificadamente los precedentes jurisprudenciales o los principios que integran la materia, porque se niega injustificadamente a decir el derecho o porque no atiende los imperativos que rigen el debido proceso, entre otros”.

(31) Sentencia de 2 de mayo de 2007, Expediente 15.576.

(32) Prueba decretada a petición de la parte actora, remitida en copia auténtica al tribunal a quo por el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, D.C. —folio 454 del cuaderno de pruebas 2—, obrante de folios 1 a 546 del mismo cuaderno.

(33) Documento obrante de folios 133 a 136 del cuaderno de pruebas 2.

(34) Folio 137 del cuaderno de pruebas 2.

(35) Folios 411 a 420 del cuaderno de pruebas 2.

(36) Folios 37 a 56 del cuaderno de pruebas 2.

(37) Folios 62 a 80 del cuaderno de pruebas 2.

(38) Folios 90 a 96 del cuaderno de pruebas 2.

(39) Folios 81 a 86 del cuaderno de pruebas 2.

(40) En este sentido puede consultarse lo expuesto por la Sala en la sentencia de 8 de febrero de 2012, Expediente 21.803, C.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.

(41) René Chapus. Responsabilité publique et responsabilité privée. París, Librairie genérale de droit et de jurisprudence R. Pichon et R. Durand – Auzias, 1957. P. 349.

(42) Folios 62 a 80 del cuaderno de pruebas 2.

(43) Folios 81 a 86 del cuaderno de pruebas 2.

(44) Parra Quijano, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007, pág. 249. De manera más detallada el tratadista Devis Echandía expone lo siguiente: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., núms. 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones”. Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002, pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables”. Ídem. Pág. 406.

(45) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de diciembre 11 de 2007. Radicado 110010315000200601308 00.

(46) Cita original del Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de diciembre 11 de 2007. Radicado 110010315000200601308 00: “Hinestrosa, Fernando, Derecho Civil Obligaciones, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 1969, pág. 180”.

(47) “La carga es un imperativo del propio interés y no del interés ajeno. Es decir, que quien cumple con el imperativo (comparecer, contestar demanda, probar, alegar) favorece su interés y no el de cualquiera otro, como en cambio sí ocurre con quien cumple una obligación o un deber. Precisamente, por ello no existe una sanción coactiva que conmine al individuo a cumplir, sino que se producirá para el sujeto, como consecuencia de su incumplimiento, una desventaja sin que su omisión se refleje en la esfera de un tercero. En la carga se está en pleno campo de la libertad. El sujeto tiene la opción entre cumplir o no cumplir su carga. Si no lo hace no tiene sanción, porque lo que se busca es facilitar la situación del sujeto ya que el fin perseguido es justamente un interés propio. Cuando se notifica el auto que abre el proceso, porque se acepta la pretensión, nace la carga para el opositor de comparecer y defenderse, contradecir, excepcionar. El opositor puede optar por hacerlo o no. Si no lo hace es él quien se perjudica. Carnelutti dice que la carga es un acto necesario y la obligación un acto debido. Es indudable que en el proceso más que obligaciones, abundan las cargas” (Quintero, Beatriz y Prieto, Eugenio. Teoría general del proceso. Bogotá: Editorial Temis. 2000, pág. 460).

(48) Devis Echandía. Op. Cit., pág. 401. El autor citado elabora una excelente presentación sobre las distintas posiciones teóricas sobre el contenido de la noción carga. Las mismas se pueden encontrar en: Ibíd., págs. 378-401.

(49) En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el 19 de agosto del 2009, Expediente 17.563 y del 18 de febrero de 2010, Expediente 18006, entre otras.

(50) Folios 90 a 96 del cuaderno de pruebas 2.

(51) Al respecto pueden consultarse las mencionadas sentencias de 2 de mayo de 2007, Expediente 15.576 y de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15.128, criterio reiterado en sentencia de 17 de noviembre de 2011, Expediente 22.982.

(52) Artículo 177 Código de Procedimiento Civil.