Sentencia 1997-1999 de marzo 29 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 05001232600019971999-01 (20.598)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Diana Patricia Taborda López y otros

Demandado: Instituto de Seguros Sociales

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia

La Corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la mayor de las pretensiones: $22.125.320, que era el valor de 2.000 gramos de oro a la fecha de su presentación, suma que fue solicitada como indemnización por el daño moral a favor de la señora Diana Patricia Taborda López, supera la cuantía exigida para el efecto por aquella norma(1).

2. Sobre la prueba del perjuicio aducido por los demandantes

2.1. Está demostrado que el hijo que esperaba la señora Diana Patricia Taborda López falleció por “anoxia fetal intrauterina”, secundaria a “sufrimiento fetal agudo”, según el certificado de la muerte fetal, expedido por médico del Instituto de Seguros Sociales (fl. 9) y la copia de la historia clínica que se le siguió a la madre en la entidad demandada, durante el parto, ocurrido el 10 de noviembre de 1995 (fls. 9-28).

Aclara la Sala que se les conferirá pleno valor probatorio a los documentos traídos por la parte demandante, aunque obran en copia simple, porque la parte contra la cual se aducen posee los originales de los mismos y, por lo tanto, pudo efectuar su cotejo y tachar de falsedad las copias que no se correspondieran con éstos, actuación que bien pudo practicar, por razones de economía y lealtad procesal, sin necesidad de que se llevara a cabo la inspección judicial de que trata el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil(2). Además, se advierte que durante el trámite del proceso, la entidad demandada, en respuesta al oficio del a quo remitió algunas piezas de esa historia clínica (fls. 104-111), las cuales coinciden con las que trajo la parte demandante.

2.2. Los señores Diana Patricia Taborda López y John Fredy Martínez Molina eran los padres de la criatura. Ese hecho quedó demostrado con el certificado de muerte fetal (fl. 51 cdno. 1); con la historia clínica que se le siguió a la madre en los centros hospitalarios de la entidad demandada, a la cual ya se hizo alusión y con el registro civil del matrimonio celebrado entre los demandantes, el 30 de julio de 1994, registrado en la notaría Veintiséis de Medellín (fl. 5)(3).

2.3. La señora Edelmira López de Taborda acreditó ser la abuela de la criatura, en tanto demostró ser la madre de la señora Diana Patricia.

Cabe anotar que en el certificado del registro civil del nacimiento de la señora Diana Patricia Taborda López, figura como madre la señora “Edilma” López (fl. 2). Sin embargo, considera la Sala que se trató de un error mecanográfico, porque todas las pruebas demuestran que el verdadero nombre de la madre de la señora era “Edelmira” López. Así figura en los certificados de los registros civiles de nacimiento y de matrimonio de la demandante (fls. 4 y 6); en el poder que confirió y en su cédula de ciudadanía, según la constancia de presentación personal que la misma hizo ante el Tribunal Administrativo de Antioquia (fl. 1).

Pero, si alguna duda pudiera surgir entre la identidad de la demandante y la madre de la señora Diana Patricia, a partir de la inconsistencia advertida en el registro, lo cierto es que la señora Edelmira López acreditó su condición de damnificada, con el testimonio rendido ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Bello, Antioquia, comisionado por el a quo, por las señoras María Gloria Vargas de Zapata y Lucelly Molina de Martínez (fls. 97-99). La primera aseguró conocer a los demandantes desde hacía más de 23 años y la segunda manifestó que era la madre del señor John Fredy, padre de la criatura; ambas testigos refirieron que la señora Edelmira López vivía con la pareja y dieron cuenta del dolor que sufrió por la muerte de su nieto, el hijo de la señora Diana Patricia.

2.4. La demostración del parentesco en el primero y segundo grados de consanguinidad, entre los demandantes y la criatura, unida a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que aquéllos sufrieron por la muerte de éste durante el parto.

2.5. El perjuicio material, en la modalidad de daño emergente, reconocido por el a quo también está demostrado. Obra en el expediente la constancia expedida por el administrador de la Funeraria Tavera, el 29 de enero de 1997, según la cual el señor John Fredy Martínez Molina, padre de la criatura, canceló los gastos que generaron las exequias, los cuales ascendieron a $80.000 (fl. 8).

3. La responsabilidad del Estado por la prestación del servicio médico obstétrico

Dado que, según la demanda, los perjuicios sufridos por los padres y la abuela del que estaba por nacer se derivó de las fallas en la atención del servicio médico que requirió la madre al momento del parto, considera la Sala oportuno referirse a la jurisprudencia que ha desarrollado en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que se producen con ocasión de la prestación del servicio médico obstétrico.

En relación con la responsabilidad médica derivada de los daños causados durante la prestación del servicio de obstetricia, la Sala se había inclinado por considerar que en los eventos en los cuales el desarrollo del embarazo hubiera sido normal y, sin embargo, éste no terminara satisfactoriamente, la obligación de la entidad demandada era de resultado(4).

En decisiones posteriores se insistió en que la imputación de la responsabilidad patrimonial debía hacerse a título objetivo, pero siempre que desde el inicio, el proceso de gestación fuera normal, es decir, sin dificultades evidentes o previsibles, eventos en los cuales era de esperarse que el embarazo culminara con un parto normal. Decía la Sala:

“La entidad demandada sostiene su inconformidad frente al fallo protestado con el argumento de que la obligación médica es de medio y no de resultado; de tal manera que habrá falla del servicio, no cuando teóricamente era posible evitar el resultado dañoso, sino cuando, dentro de la realidad de los hechos, existió negligencia médica al no aplicar o dejar de aplicar unas técnicas que son comúnmente aceptadas en el medio científico.

“Es cierto que, en forma pacífica, se ha aceptado la tesis según la cual, por regla general, en la actividad médica la obligación es de medio, no de resultado; se ha dicho que el compromiso profesional asumido en dicha actividad tiende a la consecución de un resultado, pero sin asegurarlo, pues la medicina no es una ciencia exacta. En otros términos, el galeno no puede comprometer un determinado resultado, porque éste depende no solamente de una adecuada, oportuna y rigurosa actividad médica, sino que tienen incidencia, en mayor o menor nivel, según el caso, otras particularidades que representan lo aleatorio a que se encuentra sujeta dicha actividad y a que se expone el paciente.

“Sin embargo, en el campo de la obstetricia, definida como la rama de la medicina que se ocupa principalmente del embarazo, parto y los fenómenos posteriores al alumbramiento, hasta la involución completa del útero(5), la responsabilidad médica tiende a ser objetiva, cuando ab initio el proceso de embarazo se presentaba normal, es decir, sin dificultades o complicaciones científicamente evidentes o previsibles, como sucedió en el presente caso. En efecto, se trataba de una mujer joven que iba a dar a luz a su primer hijo y quien durante el curso del proceso de embarazo no registró problemas que ameritaran un tratamiento especial.

“En casos como éstos, parte de la doctrina se inclina por encontrar una obligación de resultado, puesto que lo que se espera de la actividad médica materno-infantil, es que se produzca un parto normal, que es precisamente la culminación esperada y satisfactoria de un proceso dispuesto por la naturaleza, en donde la ciencia médica acude a apoyarlo o a prever y tratar de corregir cualquier disfuncionalidad que obstaculice su desarrollo normal o ponga en riesgo a la madre o al que está por nacer. Lo especial y particular de la obstetricia es que tiene que ver con un proceso normal y natural y no con una patología.

“Al respecto, el profesor Carlos Alberto Ghersi, señala:

“... más allá de los riesgos inherentes a todo embarazo y parto —o a pesar de ellos— lo cierto es que el resultado final lógico de un proceso de gestación que, debidamente asistido y controlado por el médico obstetra, se presenta como normal, habrá de ser el nacimiento de una criatura sana, por ello, ante la frustración de dicho resultado, corresponderá al galeno la acreditación de las circunstancias exculpatorias. Éstas deberán reunir, a dichos fines, las características de imprevisibilidad o irresistibilidad propias del caso fortuito”(6).

“En el caso sub júdice, la entidad demandada no ha demostrado que en el proceso de embarazo de la señora Maria Aracelly Molima Mejia, el parto y los fenómenos posteriores al alumbramiento del niño Luis Carlos Catalán Ramírez, se produjeron circunstancias imprevisibles o irresistibles que la liberan de responsabilidad en el ejercicio de la actividad médica, por el resultado de dicho proceso, el cual dejó como secuelas la infertilidad y disminución de la respuesta sexual de la madre y retardo mental severo del niño.

“Pero más allá, y sin necesidad de recurrir a este tipo de regímenes que se derivan de un tipo específico de obligación, en este caso, no hay duda de que el daño fue producto de una evidente falla del servicio probada, puesto que la parte actora ha demostrado que la administración omitió realizarle a la actora Maria Aracelly Molina exámenes médicos indispensables para establecer el proceso de su embarazo, con los cuales pudo haberse diagnosticado a tiempo alguna irregularidad y, además, cuando estaba próxima a dar a luz no fue atendida en forma oportuna, siendo que requería asistencia médica urgente. Como esto no se hizo se produjeron las graves consecuencias antes relacionadas tanto para la madre como para el niño.

“De modo que fue la conducta negligente de la administración la que desencadenó el daño que se reclama, razón por la cual no es necesario acudir ni siquiera al régimen de presunción de falla para deducir su responsabilidad, puesto que la misma está abundantemente probada en el proceso”(7).

En la jurisprudencia vigente se recogió dicho criterio para considerar que los eventos de responsabilidad patrimonial del Estado por la prestación del servicio médico de obstetricia no pueden ser decididos bajo un régimen objetivo de responsabilidad; que en esos casos, la parte demandante no queda relevada de probar la falla del servicio, sólo que el hecho de que la evolución del embarazo hubiera sido normal, pero que el proceso del parto no fuera satisfactorio constituye un indicio de dicha falla(8). En sentencia de 14 de julio de 2005(9), dijo la Sala:

“Debe precisarse, en esta oportunidad, que las observaciones efectuadas por la doctrina, que pueden considerarse válidas en cuanto se refieren a la naturaleza especial y particular de la obstetricia, como rama de la medicina que tiene por objeto la atención de un proceso normal y natural, y no de una patología, sólo permitirían, en el caso colombiano, facilitar la demostración de la falla del servicio, que podría acreditarse indiciariamente, cuando dicho proceso no presenta dificultades y, sin embargo, no termina satisfactoriamente. No existe, sin embargo, fundamento normativo para considerar que, en tales eventos, la parte demandante pueda ser exonerada de probar la existencia del citado elemento de la responsabilidad. Y más exigente será, en todo caso, la demostración del mismo, cuando se trate de un embarazo riesgoso o acompañado de alguna patología”.

En síntesis, conforme a la tesis que actualmente orienta la posición de la Sala en torno a la deducción de la responsabilidad de las entidades estatales frente a los daños sufridos en el acto obstétrico, a la víctima del daño que pretende la reparación le corresponde la demostración de la falla que acusa en la atención y de que tal falla fue la causa del daño por el cual reclama indemnización, es decir, debe probar: (i) el daño, (ii) la falla en el acto obstétrico y (iii) el nexo causal. La demostración de esos elementos puede lograrse mediante cualquier medio probatorio, siendo el indicio la prueba por excelencia en estos casos, ante la falta de una prueba directa de la responsabilidad, dadas las especiales condiciones en que se encuentra el paciente con respecto a quienes realizan los actos médicos, y se reitera, la presencia de un daño en el momento del parto cuando el embarazo se ha desarrollado en condiciones normales, se constituye en un indicio de la presencia de una falla en el acto obstétrico.

En pocos términos, no le basta al actor presentar su demanda afirmando la falla y su relación causal con el daño, para que automáticamente se ubique en el ente hospitalario demandado la carga de la prueba de una actuación rodeada de diligencia y cuidado. No, a la entidad le corresponderá probar en contra de lo demostrado por el actor a través de la prueba indiciaria, esto es, la existencia de una falla en el acto obstétrico y la relación causal con el daño que se produjo en el mismo, demostración que se insiste puede lograrse a través de cualquier medio probatorio incluidos los indicios, edificados sobre la demostración, a cargo de la parte demandante, de que el embarazo tuvo un desarrollo normal y no auguraba complicación alguna para el alumbramiento, prueba que lleva lógicamente a concluir que si en el momento del parto se presentó un daño, ello se debió a una falla en la atención médica.

4. La responsabilidad de la entidad demandada en el concreto

4.1. En el caso concreto, no se cuenta con la prueba de las condiciones en las cuales se desarrolló el proceso de gestación de la paciente. Se desconoce si la madre asistió a los controles médicos de manera regular; si se presentaron o no dificultades durante ese período, o si se previó la existencia de eventuales riesgos durante el parto. Sobre ese aspecto sólo figura en la historia clínica una equis en la casilla “sí” en el renglón control prenatal, de la hoja correspondiente a la “atención preparto” (fl. 11).

La ausencia de esa prueba impide aplicar la regla establecida por la Sala, conforme a la cual cuando la evolución del embarazo hubiera sido normal, pero el parto no se desarrolle de manera satisfactoria hay lugar a inferir la existencia de una falla en la prestación del servicio médico obstétrico.

4.2. Considera la Sala que en el caso concreto las pruebas que obran en el expediente permiten afirmar la existencia de una falla en la prestación del servicio médico obstétrico y la relación causal entre esa falla y la muerte de la criatura que estaba por nacer.

Como antes se señaló, el hijo que esperaba la señora Diana Patricia Taborda López falleció por “anoxia fetal intrauterina”, secundaria a “sufrimiento fetal agudo”, tal como consta en el certificado de la muerte fetal, expedido por médico del Instituto de Seguros Sociales (fl. 9) y la copia de la historia clínica que se le siguió a la madre en la entidad demandada, durante el parto, ocurrido el 10 de noviembre de 1995 (fls. 9-28).

Es cierto que no se estableció cuál fue la causa del sufrimiento fetal agudo, porque el padre de la criatura no permitió que se practicara la necropsia al cadáver de su hijo.

Pero lo que sí está demostrado es que la madre permaneció en la clínica del Instituto de los Seguros Sociales, desde la 11:00 a.m. del 10 de noviembre de 1995; que los controles fueron muy esporádicos y que sólo a las 9:00 p.m., se advirtió el sufrimiento fetal, lo cual motivó la práctica de una cesárea “superurgente”, a pesar de la cual no fue posible ya salvar la vida del que estaba por nacer.

En el dictamen rendido por los dos gineco-obstetras nombrados por el a quo (fls. 112-113), se concluyó que no hubo falla del servicio en la atención que se prestó a la madre en el Instituto de Seguros Sociales, el 10 de agosto de 1995. Así, al responder al interrogatorio formulado por las partes, los peritos afirmaron:

“1. ¿Fue adecuada y suficiente la atención prestada a la paciente?

En Itagüí fue adecuada y suficiente. Al momento en que se ordena la epidural, la institución no dispone de anestesiólogo, ni de pediatra, por lo que se remite a la Clínica León XIII.

No se conoce cuánto tiempo transcurrió entre la orden de remisión de Itagüí y la llegada a la Clínica León XIII. En la Clínica León XIII, la primera nota en la historia clínica aparece a las 21 horas, con una dilatación de 6 cm y una fetocardia de 100 por minuto, a las 21:05 hay bradicardia, se practica registro electrónico y se constatan cambios en la fetocardia en el ecógrafo.

Se programó cesárea superurgente. En el momento en la Clínica León XIII no se dispone (sic) de sala de cirugía. La cesárea se inicia a las 9:30 p.m. El feto nace muerto.

2. ¿Fue oportuna la atención para salvar al feto?

La atención fue oportuna para salvar al feto en ambas instituciones.

3. Hay aspectos en la historia clínica que configuren fallas o faltas de atención?

No los hay.

(...).

A. ¿Fue adecuado el control médico llevado por la madre?

Sí, fue adecuado.

B. ¿Cómo era el estado físico de la madre y del hijo al ingreso?

El estado físico de la madre y del hijo al ingreso era normal.

C. ¿Fue acertado el diagnóstico?

El diagnóstico fue acertado y oportuno.

D. ¿Las pautas de manejo están de acuerdo con lo propuesto en la literatura médica?

El proceso médico aplicado estuvo de acuerdo con la literatura médica para estos casos.

E. ¿Cuál(sic) la causa real de la muerte?

La causa real de muerte no se puede dar. No se autorizó la autopsia. Por los datos de la historia se puede suponer que el feto murió por anoxia como causa precipitante, y como causa básica, un sufrimiento fetal agudo intraparto.

F. ¿Fue adecuado el tratamiento dado a la paciente?

El tratamiento médico fue adecuado.

G. ¿Son conscientes los médicos del valor de la vida?

Todas las personas que atendemos partos somos conscientes del valor de la vida del feto y de la madre. Y no se debe confundir en ningún momento algo desafortunado con algo mal hecho”.

A pesar de que los peritos señalan que no hubo falla alguna en la atención brindada a la madre, la Sala considera que esa falla sí puede inferirse de las notas de la historia clínica, en las cuales se advierte omisión de control del proceso de parto durante un largo periodo, control que de haberse realizado, de acuerdo con lo ordenado por el médico que dispuso la hospitalización, hubiera permitido advertir el sufrimiento fetal de manera oportuna.

En efecto, de acuerdo con las notas de la historia clínica, en los apartes que resultan de interés para esta decisión y que son legibles, consta que la atención brindada el 10 de noviembre de 1995 a la señora Diana Patricia Taborda López por la entidad demandada, tanto en la clínica de Itagüí, como en la León XIII de Medellín, fue la siguiente:

— 11:20: nota de enfermería: paciente de 40 semanas, por ecografía y amenorrea. Consulta por presentar actividad, con dilatación 2, membranas íntegras, frecuencia cardíaca: 136, presión arterial: 120/70. Es evaluada por obstetra, ordena hospitalizar para inducción. Serología (-).

— 11:50: atención médica: se dieron las siguientes órdenes: hospitalización, enema evacuante, destroza al 5%, 500 cc. más Pitocín, vigilancia trabajo de parto y frecuencia cardíaca, nada vía oral.

— 12:30: nota de enfermería: primigestante a preparto, se ubica en unidad, se le coloca bata y sábana, se le canaliza vena y se instala venoclisis con Hartman 500 cc, más Pitocín, 2 unidades, se le hace enema evacuante y rasurado.

— 1:30 p.m. atención médica: se ordenó aumentar Pitocín a 20 gotas por minuto. Epidural, remitir a León XIII, porque no hay anestesiólogo.

— 1:30 nota de enfermería: paciente evaluada por el doctor Jiménez, dilatación 3 centímetros, se aumenta goteo de Pitocín.

— 6:20 p.m. nota de enfermería: paciente primigestante que pasa la tarde un poco angustiada, con buena actividad uterina, contracciones de regular intensidad, con venoclisis permeable, pérdidas vaginales abundantes, frecuencia cardiaca fetal: 136, presión arterial: 110/60.

— 6:35: nota de enfermería: paciente siente deseos de pujar y las contracciones son de buena intensidad y larga duración.

— 6:55 p.m.: nota del médico: monitoreo urgente.

— 9:05 p.m.: nota médica en hoja de evolución del trabajo de parto: “cesárea superurgente. Al eco bradicardia severa”.

A continuación, en la misma hoja, figura la siguiente nota: “imposible montar la cesárea”, y en la hoja de observaciones médicas consta: “No hay modo de realizar cesárea, todos los quirófanos ocupados con urgencias extremas”.

— Descripción operatoria (no consta la hora de la intervención): Cirujano: Javier A. González. Diagnóstico preoperatorio: embarazo 40 semanas, trabajo de parto avanzado, sufrimiento fetal agudo. Diagnóstico operatorio: ídem, más mortinato. Intervención: cesárea segmentaria, anestesia general, incisión mediana, longitudinal, infraumbilical. Hallazgos operatorios: anexos normales, producto de sexo masculino, peso: 3.600 gramos, talla: 52 cm apgar: 0. Meconio en vías aéreas. Sin complicaciones en el acto quirúrgico.

10:00 p.m.: nota de enfermería: trasladar a la madre a recuperación, nada vía oral, vigilar sangrado y medicación.

12:00 p.m. “Nota: la familia necesita saber por qué se murió el bebé. Se le dijo que hable con el médico que la operó. No quieren que al bebé se le haga necropsia, ya que piensan que no se lo entregan”.

A las 0:03 del 11 de noviembre: trasladar al piso, enviar feto a necropsia (ya se informó al esposo).

En el partograma figuran las siguientes anotaciones:

HoraTemperaturaPresión arterialFrecuencia cardíaca fetalDilatación
11:50 a.m.Afebril120/701362-3
1:28 p.m.Afebril--1403
(?):10Afebril--1365
9:00Afebril120/701006

Cabe anotar que en el tercer registro no es legible la hora, pareciera ser: “7:10”.

De acuerdo con las anotaciones que se acaban de señalar, la señora Diana Patricia Taborda López permaneció hospitalizada desde la 10:50 de la mañana del 10 de noviembre de 1995, por orden del médico Héctor de Jesús Ariza Coronado, quien la examinó en la clínica del Instituto de Seguros Sociales, en Itagüí, Antioquia. Para ese momento, tanto la madre como la criatura se hallaban en buenas condiciones. Los objetivos que se pretendía cumplir con la hospitalización ordenada eran los de vigilar el trabajo de parto y la frecuencia cardíaca fetal. Así lo afirmó el mismo médico en el testimonio que rindió ante el a quo (fls. 122-125):

“Yo atendí a la señora Diana Patricia Taborda…a las 10 y 50 de la mañana, la paciente consultó en un trabajo inicial de parto, tenía en ese momento que la vi 40 semanas de embarazo, tanto por fecha de su última menstruación, como por ecografía…, tanto ella, como el bebé, en buenas condiciones, yo decidí hospitalizarla…y mis órdenes fueron las siguientes: hospitalizar, enema evacuante, le ordené un goteo de Pitocín, 2 unidades en 500 cm de destroza, que se le pasaron a 10 gotas por minuto, por lo que se dijo vigilar trabajo de parto y frecuencia cardíaca fetal y que no le diesen nada oral. Aclaro que es una paciente primigestante, que llega con un embarazo de término, con un no (sic) buen trabajo de parto…Cuando yo ingresé esta paciente estaban en buenas condiciones tanto ella, como su bebé, pero en el transcurso de un trabajo de parto se pueden presentar complicaciones maternas o fetales y el equipo médico y de enfermeras deben estar prestos para diagnosticar esas complicaciones que se puedan presentar y resolverlas…En esa época y todavía se remiten los pacientes a la Clínica León XIII cuando no teníamos recursos, y estos eran anestesiólogos, pediatras, o si el problema de la paciente debía ser manejado en una institución con mejores recursos”.

Aunque a las 10:50 de la mañana, tanto la madre como la criatura se encontraban en buenas condiciones, a las 9:00 de la noche, en la Clínica León XIII de Medellín, a donde había sido remitida la paciente, se determinó la necesidad de practicarle una cesárea “superurgente”, porque el parto se había complicado y se diagnosticó que la criatura presentaba sufrimiento fetal agudo. El médico gineco-obstetra Javier Alberto González Jiménez (fls. 126-128), quien le practicó la cesárea a la madre explicó:

“…[la señora Diana Patricia] tenía un diagnóstico preoperatorio de embarazo de 40 semanas, trabajo de parto avanzado y sufrimiento fetal agudo; diagnóstico operatorio ídem, más mortinato…, en los hallazgos operatorios anoto que encontré meconio en vías aéreas del mortinato o del producto, es de presumir que su deceso fuera secundario a obstrucción de esas vías áreas, pero el diagnóstico definitivo debe estar dado por una necropsia del producto, ya que muchos recién nacidos presentan meconio en las vías aéreas y se recuperan…, meconio se expulsa cuando hay sufrimiento fetal, en este caso, el diagnóstico de sufrimiento fetal se hizo porque se evidencia una baja en la frecuencia cardíaca del feto…Las causas del sufrimiento fetal son múltiples y en base a la historia clínica no puedo determinar qué pudo determinar el sufrimiento fetal…, no podemos decir que hubiera tenido un trabajo de parto prolongado hasta el momento en el que se toma la decisión de la cesárea y por consiguiente, considero que la evolución del trabajo de parto no explica el sufrimiento fetal…, el diagnóstico de sufrimiento fetal apenas se vino a evidenciar a las 9 de la noche…”.

No encuentra la Sala ningún motivo de reproche en la atención que se brindó a la paciente tanto en el momento del ingreso, como en la práctica de la cesárea. En estos aspectos se considera plenamente atendible el concepto rendido por los peritos en relación con la atención adecuada y oportuna que se les brindaron a la madre y a la criatura durante el trabajo de parto.

A pesar de que el trabajo de parto se hubiera iniciado de manera regular, que tanto la criatura como la madre se hallaran en buenas condiciones al inicio, durante el desarrollo del mismo podían presentarse complicaciones maternas o fetales, como lo señaló el médico Ariza Coronado. Para diagnosticar y atender oportunamente esas complicaciones, en caso de que se presentaran, fue precisamente, que se ordenó su hospitalización.

El trabajo de parto y la frecuencia cardiaca del que estaba por nacer debían ser vigilados constantemente, con el fin brindar a la madre y su criatura una asistencia oportuna y eficaz, en caso de que se presentara alguna complicación y así evitar que éstos sufrieran daño alguno. Sin embargo, esa tarea no se cumplió y fue esa omisión, justamente, la causa de que la intervención médica por tardía resultara ineficaz.

En efecto, durante el lapso transcurrido entre las 11:50 a.m. y las 9:00 p.m. del 10 de noviembre de 1995, se advierten fallas en la prestación del servicio médico, las cuales permiten concluir que el sufrimiento fetal agudo no se diagnosticó de manera oportuna y que esa tardanza fue la causa de que la atención brindada durante la cesárea no lograra salvar la vida del niño.

Se advierte que según la historia clínica, entre la 1:30 p.m., hora en la cual se ordenó remitir a la paciente a la clínica León XIII, para que se le aplicara anestesia epidural, porque en la clínica de Itagüí no había anestesiólogo, hasta las 6:55 p.m., momento en el cual se ordenó practicar monitoreo urgente a la criatura, la paciente no fue valorada por un médico. Aún más, no hay constancia de que se hubiera practicado el monitoreo ordenado, con el fin de establecer las condiciones en las cuales se hallaba el feto.

De lo anterior se infiere que si bien sólo a las 9:00 p.m. se advirtió la existencia de sufrimiento fetal agudo y la necesidad de practicarle una cesárea a la madre, no fue de manera repentina que se produjo esa complicación en el parto, sino que la misma no fue advertida oportunamente por los médicos, porque no se brindó asistencia a la madre y a su criatura durante un lapso prolongado: entre la 1:30 y las 9:00 p.m. Como ya se señaló, de la valoración médica que se hizo a la madre a las 6:55, sólo se dejó constancia de la necesidad de practicar un monitoreo urgente a la criatura, con el fin de establecer las condiciones en las cuales se encontraba, pero ese control tampoco se practicó.

Según lo que afirmó el médico Ariza Coronado, quien practicó la cesárea, en el caso concreto se advirtió el sufrimiento fetal por la baja en su frecuencia cardíaca, pero se insiste, esa baja sólo se detectó a las 9:00 p.m. y no antes, porque no se valoró el trabajo de parto de manera continua desde la 1:30 p.m., ni siquiera se practicó el monitoreo fetal ordenado a las 6:55.

La causa de muerte fue “anoxia fetal intrauterina”; en los hallazgos operatorios se encontró meconio en las vías aéreas del mortinato, el cual según lo explicó el mismo gineco-obstetra Javier Alberto González Jiménez, se expulsa cuando hay sufrimiento fetal. En consecuencia, si bien no se demostró cuál fue la causa del sufrimiento fetal, sí quedó acreditado que ese sufrimiento no se diagnosticó oportunamente, por omisión de control al trabajo de parto y de monitoreo a la criatura y que como consecuencia de ese sufrimiento se produjo la expulsión de meconio, que fue absorbido por el feto a través de sus vías respiratorias produciendo su muerte por anoxia.

En consecuencia, habiéndose demostrado que el feto falleció por anoxia, que absorbió meconio en el vientre materno a través de sus vías aéreas; que el meconio fue expulsado como consecuencia del sufrimiento fetal agudo y que ese sufrimiento no se detectó oportunamente por falta de control médico de la paciente que acudió a buscar asistencia desde el inicio de su trabajo de parto, considera la Sala que sí está establecida probatoriamente la existencia de relación causal entre la falta de asistencia médica oportuna; la absorción de meconio y la muerte del recién nacido.

La omisión de la práctica de la necropsia, atribuible a la negativa del padre para la práctica del dictamen impidió conocer las causas del sufrimiento fetal, pero no excusa las fallas que se presentaron en el servicio médico que debía brindarse a la madre. Por lo tanto, la falta de esta prueba no tiene incidencia sobre la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada que aquí se predica.

En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada, previa modificación de la indemnización reconocida a los demandantes, conforme a los siguientes parámetros:

5. La indemnización de los perjuicios

5.1. La indemnización del perjuicio moral

El a quo reconoció una indemnización, por el perjuicio moral, equivalente a 1.000 gramos de oro a favor de los padres de la criatura y a 700 gramos de oro a favor de la abuela materna.

La Sala modificará el valor de esas indemnizaciones, de acuerdo con los criterios establecidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, en la cual se fijó en salarios mínimos legales mensuales vigentes el valor del perjuicio moral, abandonando así el criterio de aplicación extensiva de las normas que sobre la materia se habían adoptado en el Código Penal, por considerarlo improcedente y para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo, que ordenan la reparación integral y equitativa del daño y la tasación de las condenas en moneda legal colombiana, respectivamente.

En consecuencia, la indemnización por el perjuicio moral a favor de los señores Diana Patricia Taborda López y John Fredy Martínez Molina se reconocerá por cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno y a favor de la señora Edelmira López Restrepo de Taborda por setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5.2. La indemnización por el perjuicio material: daño emergente

En la sentencia impugnada se reconoció indemnización por el perjuicio material, en la modalidad de daño emergente, a favor del señor Jhon Fredy Martínez Molina, por $80.000, correspondiente a las exequias de su hijo. Ese valor fue actualizado a la fecha del fallo de primera instancia, con base en los índices de precios al consumidor, para un total de $161.909, suma que de nuevo será actualizada a la fecha de esta sentencia, conforme al siguiente cálculo:

Ra = Rh x I. final

I. inicial

Ra = $161.909 x 110.62 (IPC febrero/12)

64.77 (IPC marzo/01)

Ra = $276.523

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFÍCASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida el Tribunal Administrativo de Antioquia-Caldas-Chocó, Sala de descongestión, el 16 de marzo de 2001, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE al Instituto de Seguros Sociales patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la inadecuada atención del parto de la señora Diana Patricia Taborda López y la consecuente muerte de su hijo, ocurrida el 10 de noviembre de 1995.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE al Instituto de Seguros Sociales a pagar a los actores las siguientes cantidades: (i) por perjuicios morales: para cada uno de los señores Diana Patricia Taborda López y Jhon Fredy Martínez Molina cien (100) salarios mínimos legales mensuales, y para la señora Edelmira López de Taborda setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y (ii) por perjuicios materiales: para el señor Jhon Fredy Martínez Molina doscientos setenta y seis mil quinientos veintitrés pesos ($276.523).

3. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. El Instituto de Seguros Sociales dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Aadministrativo.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de directa en el año de 1997 tuviera vocación de segunda instancia ante esta Corporación era de $13.460.000.

(2) Ver sentencia de 27 de octubre de 2011, expediente 20.450.

(3) El artículo 213 del Código Civil establece: “El hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho, tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de paternidad”.

(4) En sentencia de 10 de febrero de 2000, expediente 11.878, consejero ponente Alier Eduardo Hernández Enríquez, dijo la Sala: “...en el campo de la obstetricia, definida como ‘la rama de la medicina que se ocupa principalmente del embarazo, parto y los fenómenos posteriores al alumbramiento, hasta la involución completa del útero”, la responsabilidad médica tiende a ser objetiva, cuando ab initio el proceso de embarazo se presenta normal, es decir, sin dificultades o complicaciones científicamente evidentes o previsibles... En casos como estos, parte de la doctrina se inclina por encontrar una obligación de resultado, puesto que lo que se espera de la actividad médica materno-infantil, es que se produzca un parto normal, que es precisamente la culminación esperada y satisfactoria de un proceso dispuesto por la naturaleza, en donde la ciencia médica acude a apoyarlo o a prever y tratar de corregir cualquier disfuncionalidad que obstaculice su desarrollo normal o ponga en riesgo a la madre o al que está por nacer. Lo especial y particular de la obstetricia es que tiene que ver con un proceso normal y no con una patología”.

(5) Melloni. Diccionario Médico Ilustrado. t. IV, p. 412.

(6) Carlos Alberto Ghersi. Responsabilidad profesional. Buenos Aires: Ed. Astrea, 1998, p. 114.

(7) Sentencia de 17 de agosto de 2000, expediente 12.123, consejero ponente Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(8) Sentencia de 7 de diciembre de 2004, Expediente 14.767, consejero ponente Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(9) Expediente 15.276, consejero ponente Ruth Stella Correa Palacio.