Sentencia 1997-22957 de marzo 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 760012331000199722957 01 (26.677)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Bárbara González

Demandados: municipio de Santiago de Cali

Asunto: acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D. C., veintiséis de marzo dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Aspectos previos.

1.1. Competencia.

En atención a lo previsto en los artículos 120 del Código Contencioso Administrativo y 1º del Acuerdo 55 de 2003, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de 03 de marzo de 2003 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca(37).

Adicionalmente, comoquiera que la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación tuvieron lugar para el año 2003, la norma aplicable, a efectos de determinar la segunda instancia, es el Decreto 597 de 1988, el cual señalaba que para el año 1996, fecha de presentación de la demanda, la cuantía mínima para que un proceso en acción de reparación directa fuere susceptible del recurso de apelación era de $13.460.000, la cual se determina por el valor de las pretensiones sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad al libelo introductorio. En el caso concreto la única pretensión fue por concepto de perjuicios morales estimados en la suma equivalente a 1.500 gramos de oro fino, cuantía esta que supera la exigida para el recurso de apelación.

2. Medios probatorios - hechos probados.

— Historia clínica de la señora Rocío Rodríguez Sánchez, expedida por la Fundación Valle de Lili, el día 04 de octubre de 1995(38), en el que se observa que el día 23 de septiembre de 1996, se hace la siguiente anotación:

“(…) Fonoaudiología: Resumen evaluación –tto-

La paciente fue remitida el 22 - 0I -1995 por la Dra. Jackeline Arabia - neuropsicóloga Ful; para valoración del Lge. La Pcte refería “leve dificultad en encontrar palabras, organizar lo que debía expresar”. (Posterior a TCE)

Se realizó la valoración encontrándose síntomas de tipo afásico (sin presentar afasia), especialmente referidos al análisis y síntesis auditivo, fluidez fonológica, y evocación verbal. Inicio tto el 22 de feb./96, finalizó el: 28/VI/96 con un total de 20 sesiones.

El tto se suspendió de común acuerdo, ya que se lograron superar y manejar las dificultades existentes (…)”.

— Fórmula medica expedida por el Centro Médico Integral del Dolor, Dr. Francisco Javier López E. médico cirujano de la Universidad del Valle, con fecha marzo 04 de 1996, en el que certifica que la paciente Rocío Rodríguez Sánchez, presenta erupción facial acneiforme, secundaria a ingesta de Epamín(39).

— Copia simple de la tarjeta de propiedad de la motocicleta marca Suzuki de placas JBA-99A, de propiedad de Rocío Rodríguez Sánchez(40).

— Copia simple de la póliza de seguro obligatorio SOAT, de la Previsora S. A. Compañía de Seguros, con vigencia desde el 15-11-1995 hasta 21-11-1996(41).

— Recorte de periódico, diario y fecha desconocida, donde se denuncia(42):

“En la carrera 39, frente a la edificación de placa 5B-82, en el sector de Imbanaco, hay un bache que se ha convertido en una trampa mortal. Es muy difícil verlo y por eso son constantes los accidentes. Muchos ocupantes de motos, la mayoría “parrilleros”, han rodado por el piso al saltar el vehículo en este bache.

Esta semana, una niña se cayó de una moto y la levantaron privada. Hubo que llevarla al hospital departamental, donde llegó grave.

Así las cosas, urge que la Secretaría de Obras Públicas tome cartas en el asunto y ojala lo haga antes que otra persona sea víctima de esta trampa demasiado peligrosa”.

— Recorte de periódico (diario y fecha desconocida) realizado por el reportero Álvaro Leonardo Díaz el cual titula “hueco sume en drama a una joven periodista”, en el que figura el accidente de Rocío Rodríguez en el desnivel de la calle 5ª con carrera 39, al sur de la ciudad, además se informa que el hueco fue tapado horas después, cuando la vida de Rocío Rodríguez corría peligro en la Sala de Cuidados Intensivos de la Clínica de los Remedios(43).

— Copia simple de la historia clínica expedida por el Centro Médico Imbanaco, de la señora Rocío Rodríguez, en el que figura:

“Paciente quien sufre accidente en moto. px traumatismo craneoencefálico severo, con otorrea, pc, deformidad s…”

— Copia simple del informe neuropsicológico realizado a Rocío Rodríguez Sánchez, elaborado por Jaquelin Arabia, neuropsicóloga del Centro Médico Fundación Valle de Lili, donde se observan las siguientes conclusiones y recomendaciones(44):

“(…) Rocío presenta deficiencias moderadas a su procesamiento nmesico principalmente en la codificación (organización) y evocación de la información afectando tanto su memoria a corto plazo como a largo plazo (semántica-episodica). Además hay una disminución de las funciones nominativas del habla, constándole encontrar nombres requeridos a causa de la estructura sonora imprecisa de las palabras, acercándose a una afasia acústica nmesica típica de afectaciones temporales (…).

(…) se utilizarán actividades encaminadas a lo anterior como resolución de problemas, ayudas externas, de memoria, entrenamiento de estrategias internas tanto de organización como de repetición (…)”.

— Copia simple de la factura Nº 105986 expedida por la Fundación Valle de Lili, con fecha 13-10-1995, donde se evidencia la terapia física (fisioterapia) realizada a Rocío Rodríguez Sánchez, por un valor de $46.0000(sic)(45).

— Copias simples de órdenes de pago der servicio Nº 29842 - 29699 - 29967 expedidas por el Centro Médico Fundación Valle de Lili a nombre de Rocío Rodríguez Sánchez(46).

— Copia simple del laboratorio clínico - patológico, citología - microbiología, Gloria Marín de Medina M.D., con fecha 23 de agosto de 1995, en el que figura el grupo sanguíneo (O+) de Rocío Rodríguez(47).

— Copia simple de la constancia expedida por la Clínica Nuestra Señora de los Remedios, en la que consta que Rocío Rodríguez Sánchez fue hospitalizada el día 23 de agosto de 1995 para cirugía, practicada por el doctor Carlos Alberto Reyes y fue dada de alta el día 12 de septiembre de 1995(48).

— Copia simple de la fórmula médica expedida por la Clínica Nuestra Señora de los Remedios en la que se observa(49):

“(…) — Carlos Alberto Victoria (internista)

(…)

— Neurocirujano

Carlos A. Reyes

(…)

— Cirujano plástico

Hugo Nabia

— Anestesiólogo: César Castro Calima

La primera operación fue:

el 23 de agosto de 1995

el 30 de agosto de 1995”

— Copia simple de la fórmula médica expedida por la Clínica Nuestra Señora de los Remedios, con fecha agosto 24 de 1994 en la que se observa orden con el Dr. Carlos A. Reyes neurocirujano(50).

— Copia simple de la fórmula Nos. FA40982 - FA41621 - FA41122 de la Clínica Nuestra Señora de los Remedios, con fecha 29/08/1995, 12/09/1995, 01/09/1995 respectivamente(51).

— Copia simple de la constancia del Instituto de Radiodiagnóstico Clínica de Los Remedios, con fecha 4 de septiembre de 1995, donde se indica que hay fractura en la clavícula por debajo del cuello(52).

— Copia simple de la fórmula de farmacia # FI09815 de la Clínica Nuestra Señora de Los Remedios, con fecha 09/09/1995(53).

— Copia simple de la fórmula médica de septiembre 11 de 1995 expedida por la Clínica Nuestra Señora de Los Remedios, a nombre de Rocío Rodríguez, en la que se evidencia la fecha de ingreso el 23 de agosto de 1995 y la fecha de salida el 11 de septiembre de 1995(54).

— Copia simple de la formula médica de septiembre 12 de 1995 expedida por la Clínica Nuestra Señora de Los Remedios, donde consta que la paciente Rocío Rodríguez posee una parálisis facial derecha(55).

— Copia simple de los recibos Nº 71003 - 70921 - 70896 expedidos por la Clínica Nuestra Señora de Los Remedios, donde figuran los gastos de alimentación(56).

— Copia simple de la fórmula médica del Dr. Carlos Alberto Reyes con fecha septiembre 12 de 1995, donde se hace un resumen de los hechos sobre la hospitalización y los diagnósticos realizados a la paciente Rocío Rodríguez(57).

— Copia simple de la fórmula médica del Dr. Carlos Alberto Reyes con fecha septiembre 12 de 1995, en la cual efectúa un listado de los honorarios médicos por los diferentes servicios prestados, por un valor de $3.300.000(58).

— Copia simple de las fórmulas médicas del Dr. Carlos Alberto Reyes con fechas del 10 de octubre de 1995 a nombre de Rocío Rodríguez, donde ordena diferentes exámenes médicos(59).

— Copia simple de la fórmula médica del Dr. Carlos Alberto Reyes con fecha 01 de diciembre de 1996 a nombre de Rocío Rodríguez, en la cual le da una incapacidad por 180 días a partir del 23 de agosto del 95(60).

— Copia simple de la factura Nº 1840, con fecha 25 de octubre de 1995, a nombre de Rocío Rodríguez, en donde consta que se pagó la totalidad de $3.300.000 a Reyes Ltda(61).

— Copia simple del examen médico, realizado por el Laboratorio Audiológico de la Clínica de Otorrinolaringología de Occidente a la señora Rocío Rodríguez, con fecha 09 de diciembre de 1995, en el que se observa la siguiente anotación(62).

“(…) Examen difícil de realizar porque la paciente está muy irritable y nerviosa. Olvida fácilmente las instrucciones entonces pregunta mucho y llora con frecuencia. Me parece importante realizar un examen cuando la paciente se encuentre en mejor estado (…)”.

— Copia simple de la factura Nº 10502, con fecha 05 de septiembre de 1995, a nombre de Rocío Rodríguez, en donde consta que se pagó al Centro de Terapia Respiratoria, la suma de $4.550(63).

— Copia simple de las facturas Nº 0146 - 0160, a nombre de Rocío Rodríguez, en donde consta que pagaron los procedimientos realizados en la entidad revivir manejo de paciente en estado crítico, por las sumas de $564.000 y $282.000 respectivamente(64).

— Copia simple del certificado expedido por la Cámara de Comercio de Cali, donde acredita que Rocío Rodríguez Sánchez es propietaria del establecimiento de Comercio Beauty Center, en el cual certifica un total de activos de $1.550.000(65).

— Certificado expedido por el contador público Tulio Hernán Lasso Bryon, en el que consta que la señorita Rocío Rodríguez Sánchez es propietaria del Establecimiento de Comercio Beauty Center, en el que tenía un ingreso de $500.000 mensuales(66).

— Copia simple del certificado expedido por la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, donde se le confiere el título de comunicador social - periodista a Rocío Rodríguez Sánchez, el día 23 de junio de 1995(67).

— Copia simple del certificado expedido por la Notaría Primera del Círculo de Cali, en el que consta que en folio Nº 283 tomo 2.71 se halla inscrito el nacimiento de Joaquín Rodríguez Sánchez ocurrido el día 01 de marzo de 1972, hijo de Francisco Antonio Rodríguez y Otilia Sánchez(68).

— Copia simple del certificado expedido por la Notaría Cuarta del Círculo de Cali, en el que consta que en folio Nº 740723 - 06922 se halla inscrito el nacimiento de Francisco Rodríguez Sánchez ocurrido el día 23 de julio de 1974, hijo de Francisco Antonio Rodríguez y Otilia Sánchez(69).

— Copia simple del certificado expedido por la Notaría Primera del Círculo de Cali, en el que consta que en folio Nº 138 tomo 2.70 se halla inscrito el nacimiento de Rocío Rodríguez Sánchez ocurrido el día 06 de febrero de 1970, hija de Francisco Antonio Rodríguez y Otilia Sánchez(70).

— Copia simple de cheques Nº 1399526 - 1399528 - 1399527 - 0335643 - 0335645 - 0110487 del Banco Unión Colombiano(71).

— Copia simple de fotografías a blanco y negro, en las cuales se observa el mal estado de una vía pública, pero no hay claridad sobre la vía, ya que no se puede percibir en las fotografías alguna dirección que permita identificar la ubicación exacta en la que se tomaron estas fotografías, y tampoco se puede verificar en qué fecha fueron tomadas(72).

— Fotografías de la demandante, donde se evidencia su mal estado de salud y los cuidados intensivos a que fue sometida después del accidente(73).

— Copia simple del comunicado realizado por Florida International University, con fecha 02 de octubre de 1995, destinado a Rocío Rodríguez Sánchez, en donde se le da información sobre los requisitos del programa de maestría de periodismo en español dado por esta universidad, además se le da información sobre el costo de este programa(74).

— Copia simple del certificado con fecha 02 de febrero de 1996, expedido por el Centro Cultural Colombo Americano, donde consta que Rocío Rodríguez Sánchez, realizó 4 niveles en el programa de inglés general(75).

— Copia simple del Carnet de afiliación de salud a Coomeva - medicina prepagada, de la señora Rocío Rodríguez Sánchez(76).

— Copia de la demanda presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo del departamento del Valle por Otilia Sánchez de Rodríguez (madre) y esta en representación de su hija menor Nesli Lorena Rodríguez Sánchez, Francisco Escobar (esposo de Otilia), Joaquín Rodríguez Sánchez y Francisco Rodríguez Sánchez (hermanos), y Rocío Rodríguez Sánchez (víctima), en fecha 27 de febrero de 1996(77).

Demanda que fue admitida mediante auto proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del departamento del Valle del Cauca en fecha 11 de marzo de 1996(78) y contestada por el municipio de Santiago de Cali el 04 de julio de 1997(79).

— Copia simple del seguro de responsabilidad civil tomado por el municipio Santiago de Cali, en el que constan el valor de la póliza ($250.000.000), las condiciones, los amparos y las exclusiones(80).

— Factura # 130919 de la Droguería Alianza Ltda., en la que consta la compra de “ambramicina” por un valor de $1.100(81).

— Factura con fecha 18 de octubre de 1996, de la Droguería Súper Baratas a nombre de Rocío, en la que consta la compra de “ambramicina” por un valor de $1.200(82).

— Factura con fecha 14 de marzo de 1997, de la Droguería Copservir LIDA #18 Cali, en la que consta la compra de “ambramicina” y “Doliun” por un valor de $3.700(83).

— Facturas Nº 61151 - 61200 - 51057, con fechas 03 de diciembre de 1996, 30 de diciembre de 1996 y 08 de noviembre de 1996, de la droguería Eduardo Martínez e Hijos y Cía. Ltda., en las que consta la compra de “ambramicina”(84).

— Facturas Nº 2474 - 2478 - 2661 - 2675 - 2682 - 2690 - 2699 - 2603 - 2700 - 40359 - 45575 - 45577 - 45580 - 45595 - 39994 - 80715, de la droguería Acuña S. A., en las que consta la compra de “ambramicina”(85).

— Facturas Nº 668856 - 70545 - 73817 - 71979 - 70047 - 73458 - 79483 - 61179 - 61178 - 76659 - 88308 - 77451, de la Fundación Valle de Lili, a nombre de Rocío Rodríguez, donde se evidencia el pago realizado por diferentes consultas médicas(86).

— Oficio expedido por la Compañía de Seguros La Previsora S. A., en donde consta que durante la vigencia comprendida entre el 01 de julio de 1995 al 31 de diciembre de 1995 en la póliza de responsabilidad civil Nº 0256120 del municipio de Cali no se efectuaron pagos de indemnizaciones que afecten dicha vigencia(87).

— Oficio expedido por la Alcaldía de Santiago de Cali - Secretaría de Mantenimiento Vial y Construcción de Vías Rurales, con fecha 14 de noviembre de 2000, dirigido al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en el cual informa que la Secretaría de Obras Públicas Municipales (hoy Secretaría de Mantenimiento Vial y Construcción de Vías Rurales), no tuvo conocimiento del deterioro de la calle 5ª con carrera 39 frente al edificio Imbanaco, durante el mes de marzo de 1995(88).

3. Legitimación en la causa sustantiva.

En atención a los motivos de la apelación la Sala procede a analizar la legitimación en la causa para determinar si le asistía o no la razón al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, para negar las pretensiones de la demanda por falta de legitimación en el extremo activo de la relación procesal.

Es así que en la verificación de los presupuestos procesales materiales o de fondo, dentro de los cuales se encuentra la legitimación en la causa, compete a la Sala, antes de considerar las pretensiones planteadas en el libelo introductorio, analizar la legitimidad para obrar dentro del proceso de la parte actora o de quien acude como demandado y su interés jurídico en la pretensión procesal, pues la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable a los demandantes o a las entidades demandadas(89).

En primer lugar, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, en sentido amplio, la jurisprudencia constitucional se ha referido a la legitimación en la causa, como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(90), de forma tal que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas(91).

Dentro del concepto de legitimación en la causa, se vislumbra la legitimación de hecho, originada en la simple alegación de esa calidad en la demanda, como lo prevé el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, al señalar “la persona interesada podrá”, siendo entonces ese interés mínimo, suficiente para accionar y para proponerlo en la instancia procesal de inicio del juicio(92). Por su parte, la legitimación material se concreta en el evento en que se pruebe realmente la calidad alegada para obtener una sentencia favorable a las pretensiones de la demanda(93).

Un concepto más reciente ha establecido que

“(…) se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda (…) la legitimación material en la causa, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño (…)”(94).

En el caso que en esta oportunidad ocupa a la Sala, la demandante Bárbara González invocó en el escrito introductorio la calidad de abuela de la víctima Rocío Rodríguez Sánchez, quien resultó lesionada como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el día 23 de agosto de 1995.

Al respecto, el tribunal de primera instancia consideró que no está acreditada procesalmente la legitimación en la causa de la señora Bárbara González, esto es, su condición de abuela de Rocío Rodríguez Sánchez, razón por la cual negó las pretensiones de la demanda.

Contrario sensu, el recurso de alzada consideró probada la calidad invocada con el registro civil de matrimonio de Otilia Sánchez González, madre de la víctima, en el cual, según el dicho de la apelante, figura que la madre de Otilia González es la señora Bárbara González.

En consecuencia previo al análisis de fondo de las pretensiones reclamadas por los mencionados demandantes, la Sala verificará que se encuentre plenamente acreditado el parentesco aducido en la demanda, pues conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, incumbe a las partes probar los presupuestos de hecho o la calidad en que fundamentan sus pretensiones.

3.1. Acreditación del vínculo de parentesco por consanguinidad.

En atención a la acreditación del parentesco los hechos a probar son, el primer lugar, la relación de parentesco entre la víctima, es decir, Rocío Rodríguez Sánchez y sus padres, Francisco Rodríguez y Otilia Sánchez, y, en un segundo plano, debe acreditarse la relación de parentesco de uno de los padres de la víctima con la demandante Bárbara González, de donde podría deducirse el parentesco por consanguinidad (ascendente) en segundo grado entre esta última y la víctima Rocío Rodríguez Sánchez, esto es, la relación de abuela - nieta.

Por consiguiente, no probar el parentesco entre la víctima y sus padres conllevaría la imposibilidad de acreditarlo respecto de la demandante, así como no probar el parentesco entre los padres y la demandante conllevaría la falta de acreditación de la relación de parentesco alegada en la demanda, de la cual la demandante deriva el interés jurídico reclamado.

Sobre el tema, vale decir que el registro del estado civil, el cual comprende, entre otros, los nacimientos, matrimonios y defunciones, como función del Estado, se estableció en 1883, con la expedición del Código Civil. Posteriormente, con la expedición la Ley 57 de 1887, sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional, en el artículo 22, se estableció tener y admitir como pruebas principales del estado civil, respecto de nacimientos, matrimonios o defunciones de personas bautizadas, casadas, o muertas en el seno de la Iglesia Católica, las certificaciones que con las formalidades legales expidieran los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales.

A partir de la vigencia de la Ley 92 de 15 de junio de 1938, los documentos referidos pasaron a ser supletorios y se determinó en el artículo 18 ibídem que solo tendrían el carácter de pruebas principales del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones, que se verifiquen con posterioridad a la señalada ley, las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los notarios, el alcalde municipal, los funcionarios consulares de Colombia en el exterior y los corregidores e inspectores de policía, quienes quedaron encargados de llevar el registro del estado civil de las personas. Finalmente con el Decreto-Ley 1260 de 1970, se estableció como prueba única del estado civil, para los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos después de su vigencia, las copias auténticas de los registros civiles.

Así las cosas, la prueba del estado civil y la acreditación del parentesco deberá hacerse con el documento que corresponda.

En este sentido el precedente de la Sala ha sostenido:

“En vigencia del artículo 347 del Código Civil, y la Ley 57 de 1887, el estado civil respecto de personas bautizadas, casadas o fallecidas en el seno de la iglesia, se acreditaba con los documentos tomados del registro del estado civil, o con las certificaciones expedidas por los curas párrocos, pruebas que, en todo caso, tenían el carácter de principales. Para aquellas personas que no pertenecían a la Iglesia Católica, la única prueba principal era la tomada del registro del estado civil. Con la entrada en vigencia de la Ley 92 de 1938 se estableció la posibilidad de suplir la falta de las pruebas principales por supletorias. Para acudir a estas últimas, era necesario demostrar la falta de las primeras. Esta demostración consistía en una certificación sobre la inexistencia de la prueba principal, expedida por el funcionario encargado del registro civil, que lo era el notario, y a falta de este, el alcalde. Por su parte, el Decreto 1260 de 1970 estableció como prueba única para acreditar el estado civil de las personas, el registro civil de nacimiento”(95).

Aun en reciente jurisprudencia la Sala dijo:

“Sobre el particular, al ocuparse de regular los asuntos atinentes a las “pruebas del estado civil”, el Decreto-Ley 1260 de 1970, en su artículo 105, determina: “Artículo 105. Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos. En caso de pérdida o destrucción de ellos, los hechos y actos se probarán con las actas o los folios reconstruidos o con el folio resultante de la nueva inscripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 100”. Para eliminar cualquier duda en relación con el alcance y el carácter imperativo de la norma transcrita, el mismo estatuto en cita determina, a la altura de su artículo 106: “Artículo 106. Ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro”. Sobre el punto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, en sentencia del 22 de enero del 2008, señaló: “Así pues, cuando el estado civil se aduce como fuente de derechos y de obligaciones (D. 1260/70, art. 1º) es necesario acudir a su régimen probatorio establecido en los artículos 101 y siguientes del Decreto 1260 de 1970”. Con fundamento en lo anterior puede concluirse entonces que el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto”(96).

Ahora bien, el Decreto-Ley 1260 de 1970 - Estatuto del Registro del Estado Civil de las Personas, determinó que el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, de donde se desprende su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley(97). En relación con su origen, dijo la normatividad ibídem, que esta situación se deriva de los hechos(98), actos y providencias que lo determinan y de la calificación legal que de ellos se haga(99), todo lo cual, debe constar en el registro del estado civil(100), para cuyo efecto, mediante el citado estatuto, el legislador reglamentó lo concerniente al registro del estado civil de los colombianos y a las inscripciones que allí deben efectuarse; así, previó que están sujetos a registro los hechos y los actos relativos al estado civil de las personas, dentro de los cuales incluyó de manera especial los nacimientos, los matrimonios y las defunciones(101), inscripciones que solo son válidas cuando cumplen con el lleno de los requisitos legales(102).

Entonces, la señalada normatividad, que reglamentó todo lo relacionado al registro del estado civil de las personas, en su título VI consagró lo relacionado al registro civil de nacimiento, expuso los hechos y actos que deben inscribirse y quienes deben efectuar la inscripción, entre los cuales se encuentran: 1. El padre, 2. La madre, 3. Los demás ascendientes, 4. Los parientes mayores más próximos, 5. El director o administrador del establecimiento público o privado en que haya ocurrido, 6. La persona que haya recogido al recién nacido abandonado, 7. El director o administrador del establecimiento que se haya hecho cargo del recién nacido expósito y 8. El propio interesado mayor de diez y ocho años(103). Asimismo se determinó la circunscripción territorial para el efecto(104).

En este sentido, el funcionario encargado de llevar el registro del estado civil de las personas, es quien verifica el cumplimiento de los requisitos y solemnidades legales, contenidas en el aludido régimen, y formaliza la inscripción de los nacimientos, razón de más para que el ordenamiento haya previsto como prueba idónea de este hecho, la copia autentica del folio contentivo de la inscripción o la certificación que estos funcionarios expidan, con fundamento en dicho folio, documentos que, por lo anterior, gozan de la presunción de autenticidad y pureza de las inscripciones allí contenidas(105).

En resumen, en el ordenamiento civil colombiano la prueba del nacimiento y de las situaciones que emanen de él está circunscrita se circunscribe a la copia autentica del correspondiente folio o al certificado que con base en él expidan(106) los funcionarios encargados de llevar el registro del estado civil y la oficina central(107), es más, el mismo Estatuto previó que ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, se itera como ocurre con el nacimiento y las situaciones que de él se desprenden, hagan fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado a funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la descrita normatividad(108).

Ahora bien, en el caso de autos, la Sala encuentra que, como ya se ha dicho antes, la demandante acudió al plenario aduciendo ser abuela de la víctima lesionada dentro del accidente de tránsito, es decir de Rocío Rodríguez González, de quien obra el certificado de registro civil de nacimiento, según el cual esta nació el 6 de febrero de 1970, hija de Francisco Rodríguez y Otilia Sánchez, de lo cual puede afirmarse que se encuentra acreditado el parentesco entre la víctima y sus padres.

Sin embargo, no ocurre lo mismo en la acreditación de la relación parental abuela - nieta, pues ella solo sería acreditable mediante un segundo documento, esto es, el registro civil de nacimiento de los padres de la víctima, prueba legal e idónea para demostrar que la demandante, en su calidad de madre de alguno de los padres de la víctima, resulta ser la abuela de Rocío Rodríguez Sánchez, condición esta que, se itera, no se cumple en el caso de autos.

3.2. Acreditación de la condición de tercero damnificado.

No obstante lo anterior, la jurisprudencia de la Sala reconoce la legitimación en la causa para actuar como demandantes dentro del proceso de reparación directa cuando, además del daño antijurídico(109), en este caso consistente en las lesiones a la integridad sicofísica de Rocío Rodríguez González derivadas del accidente de tránsito ocurrido el día 23 de agosto de 1995, y de su imputación a la administración pública, el actor demuestra que ha sufrido un perjuicio cierto(110) y personal.

Para el asunto que llama la atención de la Sala en este momento interesa resaltar el carácter personal(111) del perjuicio, lo que significa que para que este exista y pueda ser indemnizado es necesario que quien demande reparación sea la persona que lo sufrió. En consecuencia, “(…) [E]l daño es personal cuando se deriva de los derechos que tiene el demandante sobre el bien que sufrió menoscabo, debiendo establecerse la titularidad jurídica sobre el derecho que tiene respecto de ese bien menguado” (112). Así las cosas, el carácter personal del perjuicio supone que este puede ser sufrido por toda persona, quien quedará en la posibilidad de formular una petición para que le sean indemnizados todos los perjuicios que sufrió directamente.

Así las cosas, es claro que la posición de la Sala de Sección ha sido admitir que las personas lesionadas o perjudicadas en sus derechos e intereses, ya sean estos de carácter material o moral, asumen la condición de víctimas y están legitimadas en la causa por activa para iniciar un proceso de responsabilidad civil a fin de que sean reparadas integralmente. Es decir que la legitimación en la causa por activa, en sentido material, se presenta cuando quien acude al proceso tiene relación con los intereses inmiscuidos en el mismo y guarda una conexión con los hechos que motivaron el litigio, en otras palabras, es titular de un interés jurídico susceptible de ser resarcido(113).

Cuando el demandante ha sufrido un daño como consecuencia de la acción u omisión del Estado acude al proceso en calidad de víctima directa o víctima inicial; en cambio, quienes pretenden la reparación de los perjuicios personales derivados del daño sufrido por otra persona (generalmente lesiones o muerte) están legitimados para demandar en calidad de víctimas indirectas o damnificados, dado que han sufrido un daño por rebote(114) que en todo caso es independiente y autónomo del daño inicial.

Así las cosas, las víctimas indirectas —también llamadas damnificados— son todas aquellas que han sufrido perjuicios, tanto morales como materiales, derivados del daño padecido por una víctima directa con ocasión de la acción u omisión de las autoridades públicas y que, en consecuencia, están legitimadas para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para obtener la respectiva indemnización.

Sin embargo, el derecho a la reparación de las víctimas indirectas o de los damnificados está condicionado, entre otras cosas, a la existencia del carácter personal del perjuicio, toda vez que este solo se reconoce en la medida en que prueben que el hecho dañino les ocasionó un perjuicio, ya sea por la especial relación afectiva o por la dependencia económica que mantenían con la víctima directa o inicial.

Ahora bien, esta corporación ha aliviado la carga probatoria para los damnificados que acuden al proceso en calidad de parientes de la víctima directa o miembros de su núcleo familiar directo. Así, ha sostenido que en favor de ellos opera la presunción legal de que la muerte o lesión de una persona genera perjuicios a los padres, hijos e hijas, cónyuge, compañero o compañera permanente, y hermanos o hermanas de la víctima directa.

Esta presunción deriva del afecto especial que existe entre los miembros del núcleo familiar directo, en atención a que las reglas de la experiencia enseñan que el daño padecido en estos casos genera dolor y sufrimiento gracias a la relación de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que en el desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad(115).

Por consiguiente, comoquiera que el Código de Procedimiento Civil establece que a las partes les corresponde probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico perseguido por ellas (art. 177) y que el Decreto 1260 de 1970, antes estudiado, señala que el registro civil es la prueba conducente para la demostración de los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas (art. 105), de manera que una vez se acredita la calidad de pariente de la víctima inicial o de miembro de su núcleo familiar directo el juez presume que el hecho dañino soportado por esta le produjo dolor y sufrimiento a aquel.

En este sentido se pronunció la corporación al afirmar que el registro civil es la prueba idónea para acreditar el estado civil y que, una vez probado este el juez puede deducir que una persona está legitimada materialmente por activa para demandar. Es decir, a partir de la prueba del estado civil el juez construye una cadena de inferencias, por una parte, infiere la condición de damnificado o damnificada; y en segundo lugar, de dicha condición infiere o presume el dolor, la aflicción y el sufrimiento, por el daño sufrido por la víctima directa, lo que se traduciría en un perjuicio moral. Ahora bien, dicha presunción puede ser desvirtuada, pues se trata de una presunción de facto o de hombre (praesumptio facti o praesumptio hominis)(116).

Sin embargo, esta corporación ha sostenido que pese a que el parentesco del actor con la víctima directa o inicial, o su calidad de miembro del núcleo familiar directo de aquella, hagan presumir la existencia del perjuicio moral, lo cierto es que la esencia de la reparación sigue siendo el perjuicio sufrido, y no la calidad con la que se concurra al proceso.

En efecto, así lo sostuvo la Sección Tercera en reciente sentencia, al considerar que si bien se encontraba debidamente acreditado el parentesco entre las demandantes y la víctima, esto es, la madre y la hermana de un conscripto que murió como consecuencia de un suicidio, lo cierto es que al valorar la nota suicida quedó plenamente demostrado que las demandantes no tenían una relación de cercanía sentimental o de afecto con la víctima directa. Todo lo contrario, en dicho núcleo familiar se verificó la ausencia de cariño, la inexistencia de lazos de solidaridad y la falta de respecto por la dignidad humana, circunstancias estas que, a juicio del alto tribunal, no permitían presumir razonadamente que efectivamente las demandantes hubiesen experimentado dolor angustia o aflicción por la muerte del soldado conscripto y, como no aportaron al proceso ninguna prueba que acreditara lo contrario, no se ordenó condena alguna por perjuicios morales(117).

Ahora bien, el Consejo de Estado también ha sostenido que frente a los damnificados que no hacen parte del núcleo familiar directo de la víctima inicial o que no logran probar tal circunstancia no opera la presunción antes mencionada; por lo tanto, la carga probatoria del actor se dirige a acreditar que la especial relación de afecto que mantenía con la víctima directa o inicial hizo que los daños padecidos por ella le generaran unos perjuicios, que pueden ser tanto morales como materiales, los cuales serán el objeto de las pretensiones indemnizatorias.

En este orden, el damnificado no está sujeto a probar determinado parentesco sino la existencia del perjuicio, caso en el cual son admisibles todos los medios de prueba (declaración de parte, testimonio de terceros, dictamen pericial, documentos, indicios) pertinentes y útiles para que el juez llegue al convencimiento sobre la configuración del perjuicio aleado en la demanda, para el caso de autos, el perjuicio moral reclamo que exige la acreditación de la especial relación de afecto que mantenía la actora con la víctima directa o inicial(118) y el dolor, la congoja, la tristeza o desasosiego derivada de él como consecuencia de la concreción del daño antijurídico.

En definitiva en los eventos en que la causa petendi se fundamente en la simple condición de damnificado, sin que medie una relación de parentesco o afinidad, bien porque no se acreditó o bien porque no existe, de acuerdo con el régimen probatorio previsto en el Código de Procedimiento Civil al cual remite el Código Contencioso Administrativo (art. 168), los demandantes tienen la carga de probar la existencia del perjuicio en aras de obtener la respectiva reparación.

Así las cosas, reciben el tratamiento de terceros damnificados quienes concurren al proceso en: i) en calidad de parientes que forman parte del núcleo familiar directo de la víctima inicial, como son padres, hijos o hijas, hermanos y hermanas, sin allegar el respectivo registro civil; ii) como miembros del núcleo familiar directo, pero sin ostentar la condición de parientes, se trata entonces de cónyuges, compañeros o compañeras permanentes de la víctima(119), que tampoco allegan el registro civil de matrimonio o la prueba de la unión marital de hecho(120); iii) los parientes por consanguinidad o afinidad, que pese haber probado la calidad en la que concurrieron al proceso, no están cobijados por la presunción, en razón a que no hacen parte del núcleo familiar directo de la víctima inicial, por ejemplo, los abuelos y abuelos, tíos y tías, primos y primas, suegros y suegras, etc.; y iv) finalmente, todo tercero que sin ser pariente y sin pertenecer al núcleo familiar directo de la víctima, haya sufrido un daño y, por tanto, pueda probar la condición de damnificado.

En este evento la prueba del perjuicio no se deriva de la condición de pariente o a fin, sino de las relaciones de cercanía y afecto existentes entre el lesionado (víctima directa) y el demandante (perjudicado, víctima indirecta o de rebote), caso en el cual la prueba de tales relaciones no está sujeta a una tarifa legal(121).

Al respecto, la corporación ha traído a colación la doctrina de los autores Mazeaud y Tunc para fundamentar su decisión:

“320. Personas que pueden pedir reparación de un atentado contra los sentimientos afectivos. Por estar admitida en materia delictual y cuasidelictual la reparación del perjuicio no pecuniario, se suscita, en una esfera particular, una cuestión delicada y muy discutida: la del atentado contra los sentimientos afectivos. Se trata de determinar quiénes son los que pueden alegar tales ultrajes, los que están en su derecho para pedir reclamación del perjuicio moral experimentado por el hecho de la desaparición de un ser que les era querido o también del hecho de los sufrimientos o de la enfermedad que alcancen a esa persona.

“La misma cuestión se ha presentado sobre el terreno del daño material. Ha sido resuelta decidiendo que toda puede demandar la reparación con la condición de que justifique, por una parte, un perjuicio cierto; y, de otra, un “interés legítimo”; es lo que suele expresarse al exigir un “atentado contra un derecho adquirido”.

“¿Conviene aplicar la misma regla en materia de daño moral?

“323. Necesidad de un perjuicio cierto: Parientes consanguíneos y afines; personas que no poseen ningún vínculo de parentesco por consanguinidad ni por afinidad. Se ha admitido que el carácter de certeza del daño material puede existir no sólo si la persona que se queja no está unida al difunto por ningún vínculo de obligación alimentaria, sino también si no posee con él lazo alguno de parentesco consanguíneo o de afinidad.

“Está claro que, en esto, queda fuera de la cuestión la obligación alimentaria. El demandante no alega los socorros que se le podrían haber abonado por el difunto, sino el afecto que aquél experimentaba con respecto a éste, el pesar que padece por su desaparición. Con mucha más razón no se plantea la cuestión de exigirle al demandante que el difunto haya subvenido a sus necesidades.

“Por consiguiente, no hay que plantear más que una cuestión: ¿experimenta el demandante, sí o no, un verdadero pesar? En la afirmativa, ese pesar debe ser reparado, sea quien sea el que lo sufra: pariente cercano, pariente lejano o, incluso, sencillamente un amigo. En la negativa, no se debe ninguna reparación.

“324. No cabe entonces sino rechazar las teorías restrictivas; todas ellas proceden de una confusión entre el perjuicio material y el daño moral. Así como no cabe reservarle la acción de indemnización tan sólo a los parientes consanguíneos y afines que sean acreedores de alimentos, no se podría reservarla para los parientes consanguíneos y por afinidad muy próximos (cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y hermanas, suegros y suegras, yernos y nueras, cuñados y cuñadas), a los parientes en grado de suceder, o también a los que tengan un vínculo de parentesco consanguíneo o por afinidad reconocido por la ley. El pesar experimentado, cuya reparación se asegura, no se limita a unas u otras de esas categorías, rebasa el círculo mismo de la familia, y es susceptible de afectar a cualquier persona.

“325-2. El único límite a la multiplicación de las acciones debe buscarse, por lo tanto, en la exigencia de un pesar real y suficientemente profundo.

“Corresponderá a los tribunales, en cada caso, averiguar si se ha cumplido con ese requisito”(122)(123).

Sobre el particular la Subsección resalta la sentencia del 18 de febrero de 1999, en la que esta Sección señaló que “si bien no está acreditado el parentesco entre la víctima y los demandantes, si lo está su calidad de damnificados y por lo tanto se condenará a la entidad demandada a pagar a los padres del actor, por concepto de perjuicios morales el equivalente a 1.000 gramos oro y para el hermano de la víctima el equivalente a 500 gramos oro(124).

Entonces, nótese que esta posición ha llevado al reconocimiento y pago de los perjuicios, no a título de pariente sino de tercero damnificado, a favor de quienes a pesar de acudir al proceso en calidad de parientes no allegan el medio probatorio conducente para tal efecto, pero sí acreditan que el hecho dañino les produjo algún perjuicio.

En este orden de ideas, la medida del perjuicio, que a su vez es la medida de la indemnización, se acredita a través de distintos medios probatorios dependiendo de si el demandante es miembro del núcleo familiar directo de la víctima inicial, lo que hace presumir la existencia del sufrimiento; o de si el demandante no es pariente y tampoco hace parte de dicho núcleo familiar, o pese a que llegó al proceso ostentando dicha calidad no logró acreditarla, caso en el cual, en principio, se admite cualquier medio de prueba pertinente y útil para demostrar la especial relación de afecto que mantenían con la víctima directa.

En definitiva, se puede concluir que en reiteradas oportunidades, desde la década del noventa hasta hoy, esta corporación ha reconocido el derecho a la reparación integral a quienes acrediten la calidad de damnificados, independientemente si prueban o no el parentesco con la víctima inicial o su pertenencia o no al núcleo familiar directo de la misma. Esta tesis se ha sostenido recientemente en varias sentencias de la Sección Tercera, en las que incluso se ha indemnizado por los perjuicios morales y materiales a quienes a pesar de presentarse al proceso en calidad de parientes de la víctima directa sin allegar la prueba conducente, son considerados damnificados, al acreditar tal condición a través de medios probatorios como los testimonios(125).

Sin duda alguna, el reconocimiento y pago de la reparación integral a título de tercero damnificado constituye una garantía del derecho fundamental al acceso efectivo a la administración de justicia del actor, quien asume la carga de probar la existencia del perjuicio cuya presunción no se logró establecer.

Ahora bien, en estos casos la carga de la prueba se debe acentuar o aumentar, de tal forma que el demandante debe utilizar todos los medios de prueba pertinentes para llevar al juez al absoluto convencimiento sobre la existencia del perjuicio que le produjo el daño sufrido por la persona con la que mantenía una relación de afecto y cercanía; de lo contrario, no se garantizaría el derecho de defensa del Estado como demandado.

Asimismo, debe preverse que si el actor acude al proceso en calidad de pariente o de miembro del núcleo familiar directo de la víctima inicial, tanto el escrito de contestación de la demanda, como las demás intervenciones realizadas por el demandado durante el proceso, se dirigirán a desvirtuar las calidades con las que los demandantes concurrieron al mismo y no otras, por lo que la actividad probatoria ejercida por la entidad demandada se podría ver afectada, no podría entonces el juez, en aras de garantizar el acceso material a la administración de justicia de los demandantes, sacrificar el derecho al debido proceso, y con el derecho de defensa, del Estado - demandado.

De manera que la posición aquí esgrimida no conlleva el olvidarse de que el principio de congruencia de las sentencias, es un mandato dirigido al juez que tiene una doble dimensión, pues no solo exige que entre la parte motiva y la parte resolutiva de la decisión judicial exista completa armonía (congruencia interna); sino también, que la sentencia resulte armónica, consonante y concordante con los hechos y las pretensiones formuladas en la demanda y con aquello planteado en el escrito de oposición (congruencia externa), a fin de que se garantice una coherencia entre lo pedido y lo resuelto; pues de lo contrario, el juez incurriría en un fallo ultra petita, si concede más allá de lo pedido; o infra o citra petita, si deja de pronunciarse sobre cuestiones sujetas al proceso, lo que iría en contravía de la naturaleza rogada(126) de la jurisdicción de lo contencioso administrativo(127). Se trata de un principio esencial que busca proteger el derecho de las partes a obtener una decisión judicial que garantice el debido proceso y el derecho de defensa de quien dirige su actuación procesal a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la demanda(128).

En consecuencia, el reconocimiento del derecho a la reparación de quien acude al proceso en una calidad que no acredita sólo debe proceder cuando su actividad probatoria se intensifica de tal forma que logra demostrar plenamente la existencia del perjuicio que no fue posible presumir.

Así las cosas, en esta oportunidad corresponde a la Sala verificar si del material probatorio obrante en el plenario se establece o no la afectación moral invocada como perjuicio en el libelo introductorio, entendida ésta como el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, cuya prueba, por excelencia, se ha encontrado constituida en los medios testimoniales.

Sin embargo en el sub examine es evidente la ausencia total de los medios probatorios que permitan establecer el perjuicio alegado por la demandante, pues no obran testimonios ni prueba alguna que acredite que Bárbara González, como consecuencia del accidente sufrido por Rocío Rodríguez Sánchez, haya sufrido dolor, aflicción, desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra o alguna situación constitutiva de un daño moral.

Al respecto quiere la Sala resaltar que las pruebas testimoniales solicitadas en el libelo introductorio y su corrección fueron negadas por el tribunal a quo, por cuanto este consideró que la petición no cumplía con los requisitos del artículo 219 del Código de Procedimiento Civil, asimismo, en cuanto al traslado de las pruebas obrantes en el expediente radicado bajo el Nº 17185 (76001-23-24-000-1995-02237-01) - actor Otilia Sánchez Rodríguez(129), se prevé que pese a su solicitud y autorización, luego de requerir a la actora para que efectuara la cancelación correspondiente a la expedición de tales copias, no obra en el plenario actuación alguna que certifique el despliegue de la ejecución de dicho pago.

Y, finalmente, frente a la copia del registro civil de matrimonio allegada por la actora mediante oficio del 30 de noviembre de 2011(130), prueba que fue negada en segunda instancia por no configurar ninguna de las hipótesis taxativamente señaladas en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo (131), debe anotarse que, como es obvio, ella no puede ser valorada en la presente providencia, pero, aun en el evento en que ella hubiese sido admitida, resulta claro, en primer lugar, que el registro civil de matrimonio no es la prueba legal ni idónea para acreditar el vínculo de parentesco derivado del nacimiento, pues como ya se dijo, el nacimiento y los hechos que de él se derivan solamente puede acreditarse mediante la copia del folio correspondiente al registro civil de nacimiento o mediante la certificación que sobre dicho folio expida el funcionario competente, de manera que la copia del registro civil de matrimonio únicamente acredita el vínculo civil existente entre los cónyuges y las situaciones jurídicas que de él se deriven, dentro de las cuales no se halla el vínculo de parentesco entre nieta y abuela.

En segundo lugar, aun en el evento de otorgarle al registro civil de matrimonio la capacidad para probar el vínculo de parentesco entre la nieta y la abuela, por el hecho de figurar registrado allí el nombre de esta última, en concordancia con todo lo dicho, claramente la demostración de este vínculo tampoco es suficiente para acreditar el perjuicio moral aludido con la demanda introductoria.

En consecuencia, la Sala negará las súplicas de la demandada, con fundamento en los argumentos antes expuestos.

4. Costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia de 03 de marzo de 2003 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca(132), por los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Una vez ejecutoriada la presente sentencia DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(37) Folios 250-256 del c. 3.

(38) Folios 2-3 del c. 1.

(39) Folio 4 del c. 1.

(40) Folio 46 del c. 1.

(41) Folio 48 del c. 1.

(42) Folio 50 del c. 1.

(43) Folio 49 del c. 1.

(44) Folios 52-56 del c. 1.

(45) Folio 57 del c. 1.

(46) Folio 58 del c. 1.

(47) Folio 59 del c. 1.

(48) Folio 60 del c. 1.

(49) Folio 61 del c. 1.

(50) Folio 62 del c. 1.

(51) Folios 63-64 del c. 1.

(52) Folio 65 del c. 1.

(53) Folio 66 del c. 1.

(54) Folio 67 del c. 1.

(55) Folio 68 del c. 1.

(56) Folio 69 del c. 1.

(57) Folio 70 del c. 1.

(58) Folio 71 del c. 1.

(59) Folios 72-74 del c. 1.

(60) Folio 75 del c. 1.

(61) Folio 76 del c. 1.

(62) Folios 77-78 del c. 1.

(63) Folio 79 del c. 1.

(64) Folios 80-81 del c. 1.

(65) Folio 82 del c. 1.

(66) Folio 83 del c. 1.

(67) Folio 85 del c. 1.

(68) Folio 86 del c. 1.

(69) Folio 87 del c. 1.

(70) Folio 88 del c. 1.

(71) Folios 89-90 del c. 1.

(72) Folios 91-92 del c. 1.

(73) Folios 93-95 del c. 1.

(74) Folios 96-103 del c. 1.

(75) Folio 104 del c. 1.

(76) Folio 105 del c. 1.

(77) Folios 106-116 del c. 1.

(78) Folios 117-120 del c. 1.

(79) Folios 121-129 del c. 1.

(80) Folios 130-141 del c. 1.

(81) Folio 148 del c. 1.

(82) Folio 148 del c. 1.

(83) Folio 148 del c. 1.

(84) Folio 149 del c. 1.

(85) Folios 150-157 del c. 1.

(86) Folios 168-161 del c. 1.

(87) Folio 42 del c. 2.

(88) Folio 43 del c. 2.

(89) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, C. P. María Elena Giraldo Gómez, Expediente 13356. Constituye postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que estas, a diferencia de aquella, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado.

(90) Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

(91) Consejo de Estado, sentencia de 25 de julio de 2011, Expediente 20.146.

(92) Consejo de Estado, sentencia de 19 de agosto de 2011, Expediente 19.237.

(93) Consejo de Estado, Sentencia del 10 de agosto de 2005, Expediente 13444.

(94) Consejo de Estado, sentencias de 11 de noviembre de 2009, Expediente 18163; 4 de febrero de 2010, Expediente 17720.

(95) Consejo de Estado, sentencia de 22 de abril de 2009, Expediente 16.694.

(96) Consejo de Estado, sentencia de 7 de abril de 2011, Expediente 20.750.

(97) Artículo 1º ibídem.

(98) En el hecho jurídico es aquel que se realiza sin la participación de la voluntad del hombre y que provienen básicamente de la naturaleza pero generan consecuencias jurídicas, tal es el caso de la muerte o el nacimiento.

(99) Artículo 2º ibídem.

(100) Artículo 101 ibídem.

(101) Artículo 5º ibídem.

(102) Artículo 102 ibídem.

(103) Artículo 45 ibídem.

(104) ART. 46.—Circunscripción territorial para registro de nacimientos. Los nacimientos ocurridos en el territorio nacional se inscribirán en la oficina correspondiente a la circunscripción territorial en que hayan tenido lugar. Si el nacimiento ocurre durante viaje dentro del territorio, o fuera de él, la inscripción se hará en el lugar en que aquél termine.

(105) Artículo 103 ibídem.

(106) Artículo 105 ibídem.

(107) Artículo 110 ibídem.

(108) Artículo 106 ibídem.

(109) La prueba de la existencia del daño, entendido este como la alteración negativa de un estado de cosas existente, es un requisito indispensable para que surja la responsabilidad civil del Estado y, en consecuencia, el deber de repararlo de manera integral (entre otras sentencias, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 15 de julio de 2000, Exp. 15800).

(110) En este sentido consúltese, entre otros pronunciamientos los siguientes: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 15 de julio de 2000, Expediente 15800.

(111) Henao Pérez, Juan Carlos. Op., cit., págs. 85 a 117.

(112) Ibíd., pág. 128. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de junio de 2011, Expediente 19311.

(113) En este sentido véase, entre otras sentencias, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 20 de septiembre de 2001, Expediente 10973, 23 de abril de 2008, Expediente 16271 y 19 de agosto de 2011, Expediente 19237.

(114) Saavedra Becerra, Ramiro. La Responsabilidad Extracontractual de la Administración Pública, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2003, pág. 607. “(…) [E]s muy frecuente que el perjuicio afecte no solamente a la víctima inmediata sino también a otras personas. En la terminología jurídica francesa, los daños que sufren tales personas, como consecuencia del daño corporal o de la muerte de la víctima del daño inicial, se conocen como domagges par ricochet861, aunque algunos autores los denominan préjudices réfléchis. Los españoles, por su parte, prefieren denominarlos “daños por rebote” o daño indirecto”.

(115) En este sentido véase, entre otras, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 17 de julio de 1992, Expediente 6750; Sentencia de 30 de marzo de 2004, Expediente S 736; Sentencia de 30 de agosto de 2007, Expediente 15724; Sentencia de 26 de febrero de 2009, Expediente 16727.

(116) “(…) [L]as presunciones se fundamentan en el acontecer lógico de ciertos sucesos en relación con otros (…) en estos casos las presunciones son sólo elementos que conforman una operación intelectual del juez para reconstruir un hecho pasado (…). Las presunciones solamente señalan la vía que el juzgador debe seguir para concluir a partir de hechos concretos conocidos, que no tienen función representativa, la existencia o no de hechos desconocidos como en caso de las operaciones mentales que efectúa el juzgador en las presunciones hominis o las que lleva a cabo el legislador en las legales, para imponer una conclusión apriorística al juez que la aplica”. González Quintero, Carlos Ernesto. Las presunciones en el Derecho Colombiano, Bogotá, Editorial Leyer, 1998, pág. 29 y ss. Así las cosas, la presunción también se puede definir como “(…) un juicio del legislador o del juez, que consiste en tener como cierto o probado un hecho, partiendo de hechos debidamente probados”. Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio, Bogotá, Ediciones El Profesional, 2006, pág. 710 y ss. Las presunciones suelen clasificarse en tres tipos, por una parte, aquellas creadas por el legislador, que pueden ser de Derecho (iuris et de iure) o legales (iuris tantum), si bien ambas tienen como fuente la ley, las presunciones de derecho producen una certeza definitiva y como consecuencia de ello no admiten prueba en contrario, mientras que las presunciones legales pueden ser desvirtuadas. Finalmente, se encuentran las presunciones de facto o de hombre, caso en el cual el juez, con base en las máximas generales de la experiencia, realiza inferencias o juicios en virtud de los cuales se considera como cierto un hecho, admitiéndose, en todo caso, pruebas contrarias al hecho presumido. Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Bogotá, Editorial ABC, Tomo II, Quinta Edición, 1995, pág. 693 y ss.

(117) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 27 de febrero de 2019, Expediente 25334.

(118) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 10 de julio de 2003, Expediente 14083.

(119) El parentesco puede ser de tres tipos: i) por consanguinidad, es el que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz o que están unidas por vínculos de sangre; el parentesco por afinidad, es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer; y finalmente el parentesco civil, es el que resulta de la adopción, mediante la cual la ley estima que el adoptante, su mujer y el adoptivo se encuentran entre sí, respectivamente, en las relaciones de padre, de madre, de hijo (véase Código Civil, arts. 35 a 60).

(120) Según lo establecido en la Ley 54 de 1990, (art. 1º) “(…) para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho”. Ahora bien, la existencia de la unión marital de hecho podrá probarse por cualquiera de los medios de prueba establecidos en el Código de Procedimiento Civil y será de conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia (L. 979/2005, art. 2º). Cosa distinta es que la existencia de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se presuma y que el juez esté llamado a declararla en dos situaciones: i) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; ii) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho (L. 979/2005, art. 1º).

(121) Así, por ejemplo, en fallo del 25 de febrero de 2009, esta corporación indemnizó a la demandante a pesar de no acreditar la calidad de cónyuge en la que concurrió al proceso, pues la partida eclesiástica de matrimonio, sumado al hecho de que era la madre de los hijos de la víctima, constituyeron indicio suficiente para reconocerle el equivalente a 100 smlmv por concepto de los perjuicios morales sufridos como consecuencia de la muerte del subdirector de la cárcel de Florencia (Caquetá) frente a quien la Policía Nacional omitió adoptar las medidas de seguridad requeridas para protegerle la vida (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 18.106). Un caso similar se presentó en sentencia del 22 de junio de 1995(121), en la que se declaró que la falla en el servicio del municipio de Suárez (Cauca) había contribuido en la muerte de la víctima, y se condenó a la entidad demandada al pago del equivalente a 400 gramos oro por los perjuicios ocasionados a los demandantes que acudieron al proceso en calidad de cónyuge, hijos, e hijastra, así como al pago del equivalente a 200 gramos oro a quienes lo hicieron en calidad de hermanos y nietos del occiso, pero en este caso la condena se produjo en favor terceros damnificados, pues pese a la ausencia de la prueba conducente para acreditar el parentesco o la pertenencia al núcleo familiar directo de la víctima inicial, los testimonios rendidos en el proceso sí probaban la existencia del perjuicio material y moral que ese deceso les había ocasionado.

(122) Mazeaud, Henri y Leon y Tunc, André. Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-América. 1977. 5ª. Edición. Tomo I, Vol. I. págs. 447, 449, 450 y 459.

(123) En sentencia del 14 de mayo de 1998, el turno fue para los suegros del occiso a quienes se les reconoció, a título de terceros damnificados, una indemnización de 600 gramos oro por concepto del daño moral que les produjo la muerte de un teniente de la Fuerza Aérea, en razón a que los testimonios que obraban en el expediente acreditaron que entre ellos existía una relación fraternal y que convivían bajo el mismo techo. (Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 10916).

(124) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C. P. Ricardo Hoyos Duque, Expediente 10517.

(125) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, Expediente 18.884; sentencia del 14 de abril de 2011, Expediente 20.145; y sentencia del 27 de junio de 2012, Expediente 22.683.

(126) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de mayo de 2006, Expediente 14226.

(127) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia 26 de julio de 2012, Expediente 18582; Sección Tercera, sentencia del 9 de diciembre de 2011, Expediente 20410; Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2011, Expediente 16651; Sección Tercera, sentencia de 15 de octubre de 2008; Sección Cuarta, sentencia del 21 de noviembre de 2007, Expediente 15770; Sección Cuarta, sentencia del 16 de agosto de 2002, Expediente 12668.

(128) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia 26 de noviembre de 2009, Expediente 17564.

(129) Folio 273 del c. 3.

(130) Folios 297-298 del c. 3.

(131) Folios 299-300 del c. 3.

(132) Folios 250-256 del c. 3.