Sentencia 1997-23869 de septiembre 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 76001-23-31-000-1997-23869-01(29086)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Maria Marlene Porras Mosquera y otros

Demandado: Ministerio de Transporte, Invías y otros

Referencia: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Competencia

La Corporación es competente para conocer del asunto, en razón de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes en proceso de doble instancia(59), seguido contra la Nación —Ministerio de Transporte— Instituto Nacional de Vías, Invías en el cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Debe precisarse, de igual forma, que como quiera que ambas partes del proceso formularon los recursos de alzada en contra de la providencia de primera instancia, la Sala resolverá la controversia a partir de lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, es decir, abordará los extremos de la litis sin limitación alguna, excepto la que impone el principio de congruencia.

Para resolver el asunto sometido a conocimiento de la Sala, se abordará el estudio de los siguientes aspectos: 1) aspectos procesales previos; 2) el objeto del recurso de apelación; 3) presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado; 4) la responsabilidad del estado por accidente de tránsito; 5) los hechos probados; 6) el daño antijurídico; 7) problema jurídico y; 8) el caso concreto; 9) incidente de Regulación de honorarios y 10) indemnización de perjuicios.

1. Aspectos procesales previos.

Previo a abordar el análisis respecto al objeto del recurso de apelación interpuesto por las partes, la Sala advierte que se allegó copia del proceso penal a solicitud únicamente de la parte actora. Teniendo en cuenta esto, la Sala con relación a la eficacia probatoria de la prueba trasladada se sostiene en el precedente según el cual cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla lo exigido en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en que el (los) proceso (s) del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia.

Cuando se trata de prueba documental, específicamente, se podrá trasladar de un proceso a otro en original (evento en el que se requerirá el desglose del proceso de origen y que se cumpla lo exigido en el CPC, art. 185), o en copia auténtica (evento en el que se deberá cumplir lo consagrado en el CPC, arts. 253 y 254).

En el caso que la prueba a trasladar no se haya practicado con audiencia de la parte contra quien se aduce o a petición de la misma, no podrá dotarse o concederse valor probatorio en el proceso contencioso administrativo(60).

Sin embargo, el precedente de la Sala sostiene que cuando el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso haya sido solicitado por ambas partes, las mismas podrán ser valoradas y apreciadas, pese a que se hayan practicado sin citarse o intervenir alguna de aquellas en el proceso de origen y, no hayan sido ratificadas en el proceso al que se trasladan, ya que se puede considerar contrario a la lealtad procesal “que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión”(61).

La Sala al revisar los documentos que obran en el expediente, observa que pueden ser valorados en esta oportunidad, porque tales medios de prueba han permanecido a disposición de las partes durante el curso del proceso y ninguna de ellas a controvertido la autenticidad de los mismos, razones por las cuales tales pruebas serán apreciadas en el sub lite con el valor legal que les corresponde(62).

De esta manera, la Sala valorará las pruebas practicadas dentro del proceso contencioso administrativo y aquellas trasladadas del proceso penal, conforme a los fundamentos señalados.

De otra parte, se observa que con la demanda se aportaron tres fotografías. Estos documentos fotográficos no llenan los requisitos legales para ser valorados. En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que,

“... En este caso son privados, pues la demanda es indicadora indirecta de que tienen origen en la propia parte que las allegó (CPC, art. 251); de todas maneras tienen dicha calidad porque en ellos no consta el funcionario que las tomó o filmó. Para cuando se aportaron dichos elementos probatorios regía el artículo 25 del Decreto-Ley 2651 de 1991 según el cual “Los documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieron o no como destino servir de prueba se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación ( )” lo cierto es que la sola presunción de autenticidad de los mismos no define las situaciones de tiempo y modo de lo que ellas representan. Esto por cuanto la fecha cierta de un documento privado, respecto de terceros, se cuenta a partir de uno de los siguientes hechos: o por el fallecimiento de alguno de los que lo han firmado, o desde el día en que ha sido inscrito en un registro público o en que conste haberse aportado al proceso, o en que haya tomado razón de él un funcionario competente e n su carácter de tal, o desde que haya ocurrido otro hecho que le permita al juez adquirir certeza de su existencia (CPC, art. 280). Desde otro punto de vista, la doctrina se ha pronunciado sobre el valor probatorio de las fotografías como documentos representativos que son; dice que las fotografías de personas, cosas, predios, etc. sirve para probar el estado de hecho que existía al momento de haber sido tomadas, de acuerdo con la libre crítica que de ellas haga el juez y que son un valioso auxiliar de la prueba testimonial, cuando el testigo reconoce en ella o en ellas el lugar o la cosa que dice haber conocido. Por consiguiente y para el caso como la fecha cierta de las fotografías es la de presentación de la demanda, porque se aportaron con ésta, el 26 de julio de 1995, de nada sirve para la eficacia probatoria que se reputen auténticas”(63).

En ese orden y comoquiera que en el caso concreto los hechos ocurrieron el 8 de agosto de 1995 y que se reputa como fecha cierta de las fotografías la de la presentación de la demanda, esto es el 4 de agosto de 1997, las mismas carecen de toda eficacia probatoria.

Frente a las fotografías aportadas por la parte demandada, tampoco serán valoradas, en la medida que no cumplen con los requisitos procesales apenas mencionados y no brindan mayor claridad sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar que se pretenden hacer valer en el presente caso.

2. Objeto del recurso de apelación.

La parte demandada Instituto Nacional de Vías, Invías, se alza contra la sentencia de primera instancia reafirmando que la causa del accidente fue la imprudencia del conductor del camión que llevaba una carga irregular y que se le atravesó al señor Juan de Dios Rodríguez, conductor del vehículo accidentado que además no cumplía con las normas de tránsito al desplazarse en una zona industrial a más de 30 Km/h y con un número superior de pasajeros al permitido para su automotor. Solicitó que se revoque la sentencia y en subsidio que se mantenga la decisión de repetir contra las llamadas en garantía(64).

La llamada en garantía Planes S.A., antes Ltda., se reafirmó en que su actuación fue oportuna en el mantenimiento de la vía y adecuada a las obligaciones a su cargo. Rebatió que en cuanto a la señalización que se había perdido para el día el accidente, solamente faltaba una señal, la que indicaba la presencia del hueco, pero que las demás estaban intactas. Además insistió en que dentro de sus funciones no se encontraba la de controlar y vigilar las obras no rutinarias encomendadas a contratistas particulares, conforme al contrato 18-037-95(65).

La llamada en garantía La Previsora S.A. Compañía de Seguros, reiteró que no se probó el derecho del Instituto Nacional de Vías, Invías, para llamarla en garantía, puesto que solo aportó una fotocopia simple de la póliza; que el fallo no hizo un análisis de las condiciones del contrato y sus exclusiones, como la culpa grave (dentro de la que se encuadra el comportamiento del INVÍAS) y el no reconocimiento de perjuicios morales. Y por último arguyó que no se encontraba debidamente probado el perjuicio(66).

La parte actora en apelación adhesiva, solicitó modificar la sentencia para que se reconocieran por concepto de perjuicios morales, tanto para la esposa como para los hijos y los padres del señor Albeiro Rodríguez Velasco la suma de 100 SMLMV y para cada uno de los hermanos del occiso 50 SMLMV, de acuerdo con la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado(67).

3. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización” de la responsabilidad del Estado y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados(68), sin distinguir su condición, situación e interés(69). Como bien se sostiene en la doctrina,

“La responsabilidad de la Administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad(70); los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la Administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”(71).

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(72) tanto por la acción, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar: i) atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio —simple, presunta y probada—; daño especial —desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal—; riesgo excepcional). Adicionalmente a lo anterior, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En cuanto al daño antijurídico, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado social de derecho. Así pues, el precedente jurisprudencial constitucional ha señalado,

“La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”(73).

De igual manera, el precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra a los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(74).

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(75), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(76). Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”(77).

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(78). Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(79).

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(80). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(81).

Es más, se sostiene doctrinalmente:

“que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”(82).

Dicha tendencia es la que marcó el precedente jurisprudencial constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación.

Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación(83) que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”(84).

En ese sentido, el precedente jurisprudencial constitucional indica:

“... el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible(85). Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano”(86).

A lo que se agrega por el mismo precedente,

“En la actualidad, un sector importante de la moderna teoría de la imputación objetiva (la nueva escuela de Bonn: Jakobs, Lesch, Pawlik, Müssig, Vehling) estudia el problema desde una perspectiva distinta a la tradicional de Armin Kaufmann: el origen de las posiciones de garante se encuentra en la estructura de la sociedad, en la cual existen dos fundamentos de la responsabilidad, a saber:

1) En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor etc. Sin embargo, la contrapartida a esa libertad es el surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales para evitar que el peligro creado produzca daños excediendo los límites de lo permitido. Vg. Si alguien abre una zanja frente a su casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora bien, si las medidas de seguridad fracasan y el riesgo se exterioriza amenazando con daños a terceros o el daño se produce —un peatón cae en la zanja— surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar el riesgo —prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario— (pensamiento de la injerencia). Esos deberes de seguridad en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro.

Los anteriores deberes nacen porque el sujeto ha configurado un peligro para los bienes jurídicos y su fundamento no es la solidaridad sino la creación del riesgo. Son deberes negativos porque su contenido esencial es no perturbar o inmiscuirse en los ámbitos ajenos. Corresponde a la máxima del derecho antiguo de no ocasionar daño a los demás.

2) Pero frente a la libertad de configuración, hay deberes que proceden de instituciones básicas para la estructura social (competencia institucional) y que le son impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del estado frente a los ciudadanos. Estos deberes se caracterizan, porque el garante institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con alguien, de prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que lo amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de la naturaleza. Vg. El padre debe evitar que un tercero abuse sexualmente de su hijo menor y si no lo hace, se le imputa el abuso.

Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en éstos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos(87)(88).

16. En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante.

“Si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo trascendente para la imputación es si esa persona desplegó deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no interesa si el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de una actividad peligrosa. Vg. Si alguien maneja una represa y el agua se desborda ocasionándole daño a una población, en el juicio de imputación lo sustancial no es si el operario abrió la compuerta más de lo debido (acción) o simplemente no la cerró a tiempo (omisión); lo fundamental es si cumplió o no con los deberes de seguridad que surgían del control de una fuente de peligro. Lo mismo acontece, cuando en virtud de relaciones institucionales se tiene el deber de resguardar un determinado bien jurídico contra determinados riesgos. El padre de familia incumple sus deberes de protección frente a su hijo, no sólo cuando entrega el arma homicida, también lo hace cuando no evita que un tercero le ocasione una lesión mortal. En la actualidad, se afirma que la técnica moderna y el sistema social, hacen intercambiables la acción y la omisión(89). Günther Jakobs ha demostrado que todos los problemas del delito de omisión son trasladables a la acción. Hay conductas activas, socialmente adecuadas, que se convierten en un riesgo jurídicamente desaprobado cuando la persona tiene una posición de garante. Ejemplo: es socialmente adecuado apagar la luz del portón de una casa (acción) aun cuando sea probable que un peatón puede tropezar en la oscuridad; pero se convierte en un comportamiento prohibido (apagar la luz) si el propietario ha realizado una construcción frente a ella, porque al crear una fuente de peligro aparecen deberes de seguridad en el tráfico: alumbrar la obra para que nadie colisione con ella”(90).

En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante(91).

Dicha formulación no debe suponer, lo que debe remarcarse por la Sala, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal(92), teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la Administración, puesto que no puede considerarse (...) que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”(93), y que además debe obedecer a la cláusula del Estado social de derecho(94).

Debe plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada, sin fijar un sólo criterio de imputación en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sino que cabe hacer el proceso de examinar si procede encuadrar en la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos(95), que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho; en caso de no poder hacer su encuadramiento en la falla en el servicio, cabe examinar si procede en el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo (probatoriamente) se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra en el riesgo excepcional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera “(...) en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación”(96).

Asimismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(97) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). Conforme al anterior esquema, se analizará el caso a resolver.

4. La responsabilidad del Estado por accidente de tránsito.

Dado que en la demanda se adujo que el daño se produjo como consecuencia de un foramen en la carretera que de Popayán conduce a Cali; hueco que llevaba bastante tiempo sin ser reparado por la Entidad demandada que tiene a su cargo el mantenimiento de dicha vía, y sin que se presentará una señalización adecuada sobre el mismo, a consecuencia del cual el día 8 de agosto de 1995, a eso de las 11:40 a.m., se produjo un accidente en el que perdió la vida el señor Albeiro Rodríguez Velasco y resultaron lesionados la señora Dora Lilia Pérez, Jhon Jader Rodríguez Velasco y José Duván Velasco. Y aduciendo a lo consignado en los documentos de la investigación preliminar realizada por la unidad Seccional de Fiscalías, de Jamundí Valle, Fiscal 139, en los que se inhibió de abrir investigación al señor Juan de Dios Rodríguez Velasco, al considerar que el deceso del pasajero fue ajeno a la voluntad del conductor porque se debió al mal estado de la carretera y a que el INVÍAS no había realizado la señalización debida en el sitio para evitar posibles accidentes, el asunto se definirá con fundamento en el régimen de falla del servicio, como fue imputado en la demanda, en tanto se afirmó que “por no haber arreglado la vía, es decir, tapando el hueco que estaba en la calzada, desde hacía bastante tiempo, eso simple y llanamente es un descuido y falta de responsabilidad en el cumplimiento de las funciones que debe y debía cumplir la Entidad demandada y es precisamente donde se tipifica la falla de la administración pública, que da lugar a la reparación de perjuicios morales y materiales causados”(98).

Sobre la responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares como consecuencia de la desatención de las autoridades públicas en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, la jurisprudencia de esta Corporación(99) ha señalado que el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio. En efecto, la Sala ha indicado que es necesario efectuar, de un lado, el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado y, de otro, el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro. En este sentido se ha sostenido:

““... responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones de control que a ella le corresponden [se refiere a la Policía Vial] (...) no es objetiva, pues requiere que los perjuicios que se reclamen puedan imputarse al incumplimiento de una obligación determinada.

“Esta responsabilidad, incluso bajo la óptica del artículo 90 de la C.P., sólo puede surgir cuando se evidencia la existencia de una falla del servicio, teniendo en cuenta que tal concepción es relativa. Su régimen fue precisado por la Sala en sentencia del 5 de agosto de 1994 (exp. 8487, actor Víctor Julio Pardo, ponente, Carlos Betancur Jaramillo), en la cual se señaló:

“1. En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO. (...)

“2. Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, sólo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende.

“La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como “anormalmente deficiente”. (Mayúsculas dentro del texto original. Resaltado fuera de él)(100).

5. Los hechos probados.

Respecto de los hechos que dieron origen al presente proceso, se tiene que los medios probatorios debidamente allegados y practicados en el proceso y que gozan de eficacia probatoria en el sub judice, son los siguientes:

1) Oficio RVAL-0046, de 11 de enero de 2000, en el que la Directora Regional del Valle, certificó que: ““Hasta el día veinticinco (25) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999), la conservación y el mantenimiento del sector Santander de Quilichao-Jamundí de la carreta Popayán- Cali, correspondía al Instituto Nacional de Vías”(101).

2) Copia auténtica del Contrato 18-031-95, suscrito entre el INVÍAS y PLANES LTDA., para “adelantar gestiones tendientes a lograr un efectivo y oportuno mantenimiento de las carreteras nacionales, así como la dirección, coordinación, programación y control del mantenimiento rutinario de los sectores Santander de Quilichao - Crucero Villarrica, Crucero Villarica - Puerto Tejada...”(102). Por un plazo de 9 meses contados desde el 23 de junio de 1995, fecha de la firma del contrato.

3) Copia auténtica del Contrato 18-001-95, suscrito entre el INVÍAS y la Cooperativa de Trabajo Asociado Quilichao Ltda., para ejecutar las obras de mantenimiento y conservación rutinaria de la Carretera Ruta 25, Tramo 04 K85+000 a K126+000 Santander - Cali, y otros tramos(103).

4) Copia auténtica del Contrato sin formalidades plenas 18-037-95, suscrito entre el INVÍAS y el señor JHON JAIRO TORO ZULUAGA, para la “reparación obra de drenaje consistente en excavación de carpeta asfáltica, excavación de material común, construcción de alcantarilla de tapa en concreto reforzado, losa en concreto reforzado de espesor 0.20 mts. relleno en concreto simple F’c=140 Kg/cm2 y acabado en carpeta asfáltica. Incluye señalización temporal”(104).

5) Copia auténtica de la Póliza RC-128251, de responsabilidad civil de la Previsora S.A. Compañía de Seguros suscrita por el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS(105).

6) Informe Mensual 2 de la Sociedad PLANES LTDA., en el que se relatan las actividades desplegadas por dicha empresa en el mes de agosto de 1995, especialmente el anexo 2, donde se señalan las emergencias que dieron origen al presente caso(106)/ (107).

7) Copia de la Inspección Judicial practicada al cadáver del señor Albeiro Rodríguez Velasco, por la Inspectora de Policía del Municipio de Jamundí - Valle, el día 10 de agosto de 1995(108).

8) Copia del acta de levantamiento de Cadáver del señor Albeiro Rodríguez Velasco de 8 de agosto de 1995, realizada por la Inspección Segunda de Policía del Municipio de Jamundí - Valle(109).

9) Informe de accidente firmado por Carlos Humberto Corrales Daza, identificado con placa 012 del DATT - Valle, que indica un volcamiento el día 8 de agosto de 1995, a las 11:40 a.m., en la vía Jamundí - Santander Km 3; en área rural, sector industrial; que el tiempo era normal. En cuanto a la vía se lee que se trataba de una vía recta, plana con bermas, de doble sentido, dos carriles, asfalto y con huecos, con buena iluminación y que había un agente y ninguna señal ni demarcación. El conductor del vehículo particular campero de placas KEI 669, marca Suzuki LJ80, modelo 1981, era el señor Juan de Dios Rodríguez Velasco. Que del accidente se reportan: un muerto el señor Albeiro Rodríguez Velasco y seis heridos: José Duván Velasco, Marlene Porras Dora Lilia Pérez, Liliana Pérez, Jhon Jader Rodríguez y Nilson Rodríguez (los nombres subrayados presentaron algún tipo de lesión evaluada debidamente por el Hospital Piloto de Jamundí)(110)/(111) (resaltado fuera de texto).

10) Relación de órdenes de comparendo de la Coordinación de Patrulleros del DATT - Valle de fecha 9 de agosto de 1995, firmado por el Coordinador de la Patrulla vial Señor Orlando Gálvez Rodríguez, en la que consta las personas accidentadas el día anterior.

11) Informe de Necropsia NML 95-049, del señor Albeiro Rodríguez Velasco, expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Unidad Local de Jamundí, en el que se tiene como diagnóstico de la muerte: “1) Shock neurogénico. 2) Lasceración (sic) cerebral y fractura de baso de cráneo. 3) Trauma craneoencefálico en accidente de transito (sic)”(112).

12) Copia de la Resolución Interlocutoria 027 Previa 050195-1405, de la Unidad de Seccional de Fiscalías, Fiscal 139 de Jamundí - Valle(113), remitida por la Fiscalía 103 Secciona Jamundí - Valle en la que se resuelve:

“PRIMERO: INHIBIRSE DE ABRIR INVESTIGACIÓN CRIMINAL por los hechos investigados averiguatorios (sic) de la muerte del señor Albeiro Rodriguez (sic) Velasco, por lo expuesto en la parte primera de esta Resolución”(114).

13) Testimonio rendido por el señor TEOBALDO JUSPIAN en el que manifestó:

“PREGUNTADO: Sirvase (sic) decir si usted sabe cómo ocurrieron los hechos en los que perdió la vida el señor ALBEIRO RODRÍGUEZ VELASCO y recibieron lesiones la señora DORA LILIA PEREZ, el menor JHON JADER RODRÍGUEZ PEREZ y JOSÉ DUBAN VELASCO. CONTESTO. Sí, porque nosotros veníamos de una finca, por allá de pasear, veníamos de una Finca más o menos por allá de Caloto Cauca, veníamos ya por llegar a Jamundí ya para llegar al matadero de Jamundí, ellos venían en un Jeep Suzuki color blanco, adelante y nosotros veníamos en una camioneta blanca atrás, cuando ya llegamos al hecho encontramos al señor ALBEIRO que ya estaba grave y acudimos a ayudarlo a alzarlo en la camioneta que veníamos atrás para llevarlo al Hospital, al llegar al Hospital él falleció. La señora LILIA PÉREZ tenía una herida en la cabeza, en un brazo y en una pierna y el niño no recuerdo cuál de ellos, tenía una cosa muy leve, y había un niño que estaba aporriado (sic) pero no me acuerdo el nombre de él. El accidente del carro era por un hueco que había bastante grande ahí, entonces se voltió (sic) el carro como a unos 40 metros del hueco hacia adelante(115) (resaltado fuera de texto).

“(...).

“PREGUNTADO. Sirvase (sic) decir las características del hueco que usted dice estaba en la vía y fue la causa del accidente del vehículo Susuki (sic). CONTESTO. El hueco era bastante grande y era adentro de la carretera, del cordón para adentro, hacia el centro de la vía y era bastante hondo más o menos de unos 80 centímetros y de ancho unos 3 metros, como de esos que han escarbado para volverlo a arreglar y que no le habían puesto como una señal de prevención para que los carros mermen la velocidad y busquen la salida. A veces acostumbran a ponerle piedras o una rama o algo así, o una señal pero no tenía nada (resaltado fuera de texto)(116).

14) Testimonio de la señora MARÍA TERESA MARÍN DE REYES, en el que refirió:

“PREGUNTADO: Sirvase (sic) decir cuál fue la causa del accidente del Jeep donde se transportaba ALBEIRO RODRÍGUEZ. CONTESTO. Un hueco que había en la carretera viniendo de Jamundí. El huevo era siempre bastante grande, pues uno con susto yo ví un hueco ahí grande, el hueco estaba situado en la parte derecha de la vía cerca al matadero”(117).

15) Testimonio de la señora RUBI LILIA PÉREZ VALDES, quien sobre las circunstancias del accidente afirmó:

“(...) Eso fue el 8 de agosto de 1995, veníamos de una finca que se encuentra ubicada en Caloto Cauca, a las alturas de Jamundí en el sitio de Aeroandes había un hueco en la vía, lo que recuerdo es que era un hueco grande y cuando el vehículo esquivó el hueco casi se estrella con un carro grande y el señor conductor perdió el control del vehículo y se volcó yo perdí el conocimiento y no recuerdo más hasta cuando ya desperté en la vía”(118).

Igualmente, afirmó no haber visto señales que advirtieran de la existencia del hueco en la vía(119).

16) Registro Civil de Nacimiento de ALBEIRO RODRÍGUEZ VELASCO(120); Registro Civil de Nacimiento de MARIA MARLENI PARRA MOSQUERA(121)/(122); Certificado Notarial del Matrimonio entre el señor ALBEIRO RODRÍGUEZ VELASCO y la señora MARLENE PORRAS MOSQUERA(123); los Registros Civiles de Nacimiento de NILSON ALBEIRO RODRÍGUEZ PORRAS(124) y JANIE ZULEIMA RODRÍGUEZ PORRAS(125); Registro Civil de Nacimiento de JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ VELASCO(126), ANA NIEVES RODRÍGUEZ VELASCO(127), DORALICIA RODRÍGUEZ VELASCO(128), CARMENZA RODRÍGUEZ VELASCO(129), ALEXIS RODRÍGUEZ VELASCO(130), MARIA OFELIA RODRÍGUEZ VELASCO(131) y NELLY JANET RODRÍGUEZ VELASCO(132); Registro Civil de nacimiento de DORA LILIA PÉREZ NARVÁEZ(133); Registro Civil de Matrimonio de los señores JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ VELASCO y DORA LILIA PÉREZ NARVÁEZ(134); Registro Civil de Nacimiento de JHON JADER RODRÍGUEZ PÉREZ(135) y Registro Civil de Nacimiento de JOSÉ DUVÁN VELASCO(136).

13) Certificado de Existencia y Representación de la Previsora S. A. Compañía de Seguros, expedido por la Cámara de Comercio de Cali(137).

14) Certificado de Existencia y Representación de PLANES LTDA., expedido por la Cámara de Comercio de Cali(138).

15) Registro Civil de Defunción del señor ALBEIRO RODRÍGUEZ VELASCO(139).

16) Registro Civil de Defunción de la señora MARÍA MARLENE PORRAS MOSQUERA(140).

6. Daño antijurídico.

En cuanto al daño antijurídico, el precedente jurisprudencial constitucional señala que la,

“... antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima. De otra lado, la concepción del daño antijurídico a partir de la consideración de que quien lo sufre no está obligado a soportarlo constituye otra forma de plantear el principio constitucional según el cual, la igualdad frente a las cargas públicas es sustento de la actividad de la administración pública”(141).

Así pues, el precedente jurisprudencial constitucional ha señalado,

“La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”(142).

De igual manera, el precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(143).

Asimismo, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado social de derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(144). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(145), anormal(146) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(147).

Para el caso concreto, se tiene que conformidad con todo el conjunto probatorio antes descrito, la Sala encuentra acreditado que el señor Albeiro Rodríguez Velasco perdió la vida como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido mientras se desplazaba por la vía Jamundí - Santander de Quilichao, a la altura del kilómetro 3, en un jeep campero blanco, Suzuki LJ80, de placas KEI 999, conducido por el señor Juan de Dios Rodríguez Velasco, el día 8 de agosto de 1995, hacia las 11:40 a. m., por esquivar un hueco en la vía que no había sido reparado por la entidad demandada, quien tenía a su cargo el mantenimiento de la infraestructura vial de ese sector de la carretera Panamericana y que pese a que en el Informe Mensual 2 se consignó que se estaba solucionando una avería producto del colapso de una alcantarilla y que la Sociedad llamada en garantía PLANES LTDA., procedió a informar al INVÍAS de lo ocurrido desde el día 3 de agosto de 1995, para el momento del acaecimiento de los hechos, no se había tapado el hueco y carecía de señalización, tal y como lo refirió el señor Jesús Alberto Escobar, Administrador del Grupo 1 de la Sociedad PLANES LTDA., enviado al Instituto Nacional de Vías, en el que señaló que: “ El día Martes 8 del mismo mes, la señalización dejada en la proximidad del hundimiento se perdió. Esto generó dificultades en la operación vehicular al paso por el sitio, llegándose ha (sic) producir un accidente grave con fallecimientos y heridos entre un camión que maniobró bruscamente al paso por el hundimiento (dejado 10 cms. Para remate con mezcla asfáltica) y un campero Zuzuki (sic) con carpa, el cual al tratar de rebasarlo perdió el control y se volcó”(148). Versión ratificada por los testimonios obrantes en el sumario.

La muerte del señor ALBEIRO RODRÍGUEZ VELASCO, y las lesiones sufridas por la señora DORA LILIA PÉREZ, en la cara, brazo derecho y pierna izquierda, su hijo JHON JADER RODRÍGUEZ PÉREZ, con lesiones en el cráneo y el señor JOSÉ DUVÁN VELASCO, claramente constituyen un daño, sin embargo, al no poder establecer el cuantum de las lesiones sufridas, por que no obra en el plenario prueba al respecto, tal daño no es atribuible al Instituto Nacional de Vías, INVÍAS que era el encargado del mantenimiento de dicha carretera.

El Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, sin embargo, es responsables del percance ocasionado el día 3 de agosto por el colapso de la alcantarilla de la vía en mención, la entidad demandada por lo tanto, ha debido reparar el hueco de forma pronta e inmediata y al no hacerlo, sin importar la causa, por lo menos ha debido alertar a los conductores sobre la presencia del foramen, con señales visibles que permitieran brindar seguridad a los ciudadanos que se desplazaran por el lugar. No es de recibo, la excusa de la entidad demandada, al querer evadir su responsabilidad, considerando que el hecho de haber contratado con la Sociedad PLANES LTDA., lo eximía de responsabilidad, puesto que la prestación del servicio efectivamente era una obligación suya, cosa distinta es determinar el grado de participación que pueda llegar a tener la sociedad en mención contratada, según alega el INVÍAS, para reparar dicho daño, tema que será abordado en el acápite de llamamiento de garantía.

7. Problema jurídico.

De lo anterior se pueden plantear como problema jurídico: Establecer si el caudal de pruebas recaudado en el sub lite permite concluir que concurren los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado por los daños causados a los demandantes como consecuencia de la muerte de Albeiro Rodríguez Velasco y las lesiones sufridas por Dora Lilia Pérez, Jhon Jader Rodríguez Pérez y José Duván Velasco, por el accidente ocurrido en las circunstancias antes mencionadas o si, por el contrario, se acreditaron los elementos necesarios para declarar probadas las excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la demandada, Ministerio de Transporte o la excepción de Culpa exclusiva de la Víctima o hecho de un tercero alegadas por el Instituto Nacional de Vías y las llamadas en Garantía La Previsora S.A. Compañía de Seguros y PLANES S.A., antes LTDA. Así como la concurrencia de culpas alegadas por la sociedad Planes S.A., antes LTDA., como eximente de responsabilidad para reducir en algo, en caso de probarse la responsabilidad de la entidad demandada, la indemnización de perjuicios a pagar por su representada.

8. El caso concreto.

Constituye postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que éstas, a diferencia de aquélla, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado(149).

Clarificado, entonces, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que la misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado, resulta menester señalar, adicionalmente, que se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(150). La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.

Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas(151). De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, pues, como lo ha precisado la Sala,

“[L]a excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (CCA, art. 164) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal.

La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevo y probado —modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante— que tumba la prosperidad total o parcial de la pretensión, como ya se dijo.

La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado” (resaltado en el texto original, subrayas fuera de él)(152).

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado —legitimado en la causa de hecho por pasiva— y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(153).

En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra(154). De manera ilustrativa, así lo ha explicado la Sala:

“La legitimación ad causam material alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Ejemplo:

— A, Administración, lesiona a B. A y B, están legitimados materialmente; pero si

— A demanda a C, sólo estará legitimado materialmente A; además si D demanda a B, sólo estará legitimado materialmente B, lesionado. Si D demanda a C, ninguno está legitimado materialmente.

Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y sólo están legitimados materialmente, quienes participaron realmente en la causa que dio origen a la formulación de la demanda”(155).

En consonancia con lo anterior, se ha indicado que la falta de legitimación en la causa no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitum de la demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción, en la medida en que se trata de

“... una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada”(156). (...)”(157).

Ahora bien, en atención a los motivos de la apelación la Sala procede analizar como presupuesto procesal previo la legitimación en la causa para determinar si le asistía la razón a la Sala de Descongestión para los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño - Sede Cali, para declarar por probada la falta de legitimación por pasiva de la Nación - Ministerio de Transporte.

En primer lugar, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, en sentido amplio, la jurisprudencia constitucional se ha referido a la legitimación en la causa, como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(158), de forma tal que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas.

Conforme con el criterio básico que informa el instituto de la legitimación en la causa, en esa materia específica, la función legislativa está circunscrita a determinar qué sujetos se encuentran jurídicamente habilitados o autorizados para promover el proceso, para intervenir en él y para contradecir las pretensiones de la demanda; función que debe ejercer teniendo en cuenta la naturaleza de la actuación de que se trate y los fines o propósitos que con ella se persiguen.

Por su parte, esta Corporación ha sostenido que la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones.

Entendido así el concepto de legitimación en la causa, es evidente que cuando ella falte, bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada.

Al respecto, no sobra recordar lo dicho por la Sala en tal sentido, a saber:

“La legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada”(159).

Ahora bien, también ha dicho la Sala que la legitimación en la causa puede ser de hecho cuando la relación se establece entre las partes por razón de la pretensión procesal, es decir de la atribución de una conducta que el demandante hace al demandado en su demanda, o material frente a la participación real de las personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas hayan demandado o hayan sido demandadas, por lo cual la ausencia de esta clase de legitimación, no constituye una excepción de fondo porque no enerva la pretensión procesal en su contenido sino que es una condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito, sin que el estar legitimado en la causa otorgue el derecho a ganar, lo que sucede aquí es que si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto, no porque él haya probado un hecho que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—; si la falta de legitimación en la causa es del demandado al demandante se le negarán las pretensiones, no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder, y, por eso, el demandado debe ser absuelto(160).

En conclusión, cuando se advierte la falta de legitimidad en la causa, tal circunstancia comporta la denegación de las pretensiones de la demanda al desestimar las pretensiones por alegarse contra quien no procede, o por no estar debidamente identificado quien acciona, sea que la falta se presente en el extremo pasivo o en el activo de la relación procesal.

Del plenario se desprende que la demanda está dirigida contra la Nación - Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías.

Respecto del primero, esto es, el Ministerio de Transporte, la Sala observa que el accidente se presentó sobre una vía de carácter nacional y que la Ley 64 de 1967 creó el Fondo Vial Nacional como un establecimiento público del orden nacional, con el objeto de construir, conservar y mantener las carreteras nacionales, desde ese entonces el Ministerio de Transporte no ha construido carreteras, toda vez que el órgano ejecutor era el Fondo Vial Nacional. Adicionalmente, mediante el Decreto 2171 de 1992 se reorganizó el sector transporte y se reestructuró el Fondo Vial Nacional, cambiándole la denominación por la actual “Instituto Nacional de Vías, INVÍAS” (art. 52) con el objeto de ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación, en lo que refiere a carreteras (art. 53), por lo cual es acertado considerar que no existe en cabeza del Ministerio de Transporte legitimación en la causa por pasiva, como lo sostuvo el Tribunal a quo.

Teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Vías surgió como consecuencia de la reestructuración del Fondo Vial Nacional, efectuada mediante decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, se entiende que para la fecha en que ocurrieron los hechos (ago. 8/95) el marco jurídico y la competencia en materia de construcción, reparación, mantenimiento y señalización de las vías en principio correspondía al mencionado INVÍAS, entidad que conforma un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Transporte (art. 52) y sin duda, dicho establecimiento público, por tener a su cargo la ejecución de las políticas nacionales en materia de infraestructura vial, a diferencia del Ministerio de Transporte, quien solamente fija las políticas en materia de transporte nacional e internacional, sería la entidad que eventualmente podría resultar comprometida de acreditarse los factores de imputación señalados en los hechos de la demanda.

Asimismo, el patrimonio y el rubro presupuestal afectado en cualquier evento sería el correspondiente al Instituto Nacional de Vías, por ser la entidad competente en esta materia, la cual no tiene una dependencia jerárquica respecto del Ministerio de Transporte (D. 2171/92 art. 63).

Además, como obra en el plenario prueba de que el Instituto Nacional de Vías estaba encargado de la conservación, señalización y mantenimiento de la carretea Vía Jamundí - Santander de Quilichao a la altura del kilómetro 3, al momento de los hechos y hasta el 25 de mayo de 1999(161). Obligación que llevo a cabo el INVÍAS en esas fechas, al contratar con la Sociedad Planes Ltda.(162), “...las gestiones tendientes a lograr un efectivo y oportuno mantenimiento de las carreteras nacionales, así como la dirección, coordinación, programación y control del mantenimiento rutinario de los sectores Santander de Quilichao - Crucero Villarrica, Crucero Villarica - Puerto Tejada...”(163). Así como también mediante el Contrato 18-001-95, suscrito entre el INVÍAS y la Cooperativa de Trabajo Asociado Quilichao Ltda., en el que contrató la ejecución de obras de mantenimiento y conservación rutinaria de la Carretera Ruta 25, Tramo 04 K85+000 a K126+000 Santander - Cali, y otros tramos(164).

En conclusión, cuando se ha probado, como en este caso, la falta de legitimación en la causa por pasiva porque a quien se les atribuyó la falta no es el sujetos que debe responder, es necesario denegar las pretensiones de la demanda, tal y como se dispondrá en el sub lite, lo cual impone confirmar la decisión de la sentencia de primera instancia por las razones aquí expuestas frente a la demandada Nación - Ministerio de Transporte.

Igualmente, en relación con los lesionados en el accidente de tránsito, DORA LILIA PÉREZ NARVÁEZ, JHON JADER RODRÍGUEZ PÉREZ y JOSÉ DUVÁN VELASCO, si bien se encuentran identificados con copia auténtica de sus respectivos registros civiles de nacimiento(165) y efectivamente estuvieron involucrados en los hechos ocurridos en la carretera panamericana el día 8 de agosto de 1995, no se pudo determinar en el plenario el quantum de las mismas y por tal motivo, no se pueden tasar los perjuicios a los que pudiera dar lugar el daño irrogado a los demandantes. Sin embargo, teniendo en cuenta el precedente de esta Corporación:

(...) la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (...) la Sala encuentra que las lesiones padecidas por el señor Sholten son de suma gravedad pues implicaron: i) anomalías fisiológicas que se manifestaron en la imposibilidad de realizar normalmente sus deposiciones (...) y en retención urinaria (...); ii) anomalías anatómicas derivadas de la infección, las cuales se evidenciaron en los edemas y necrosis de la piel escrotal que, a su ingreso al hospital San Ignacio, fueron diagnosticados como gangrena de Fournier y para cuyo tratamiento fue necesario un debridamiento quirúrgico (...); iii) perturbaciones a nivel de sus órganos genito-urinarios; y iv) afectación en la realización de actividades tan rutinarias como las digestivas (...) En este sentido y aun a pesar de que no obraba dictamen de pérdida de capacidad laboral, de haber sido de carácter permanente, dichas lesiones habrían dado lugar a otorgar una indemnización cercana a los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, comoquiera que está demostrado que al señor Sholten le fueron tratadas las dolencias por las cuales fue trasladado al hospital San Ignacio y que allí no sólo se curó de la infección padecida, sino que le practicaron un recubrimiento de la zona perineal, con injertos de piel, intervención respecto de la cual evolucionó favorablemente —supra párr. 10.22—, está claro que los padecimientos constitutivos de daño a la salud susceptible de ser indemnizado fueron sufridos por un espacio de alrededor de tres meses (...) Así pues, en la medida en que las lesiones padecidas (...) corresponden a lesiones que no sólo eran de carácter reversible sino que, efectivamente, fueron revertidas en el marco de la atención médica garantizada por la demandada y que la víctima tuvo que soportarlos por un período relativamente corto en comparación con lesiones graves de carácter permanente que una persona joven tendría que soportar a lo largo de sus años de vida, se considera proporcionado reconocer una indemnización correspondiente a (...) diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)(166).

En este orden de ideas, y como consta en el acervo probatorio que las lesiones sufridas por los demandantes fueron de carácter temporal y sin ningún tipo de secuela, la Sala reconocerá para cada uno de los lesionados el equivalente a tres Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes para las víctimas directas, sin embargo, en relación con el señor JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ VELASCO, como cónyuge y padre de DORA LILIA PÉREZ NARVÁEZ y JHON JADER RODRÍGUEZ PÉREZ, respectivamente, no encuentra la Sala que haya lugar a reconocer ningún tipo de indemnización, pues no se probó de ninguna manera su grado de aflicción o dolor.

En relación con el daño emergente alegado por el señor JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ VELASCO, es pertinente recordar como en decisión del 23 de abril de 2009 (exp. 16837)(167) la posición de la Sección Tercera de esta Corporación, en cuanto a la prueba para acreditar la titularidad sobre vehículos automotores manifestó que es necesario probar no sólo la existencia del título traslaticio de dominio, sino también el registro del traspaso en el registro automotor, el cual es un documento solemne pues sólo se pude demostrar con la inscripción del respecto acto jurídico en el registro nacional automotor(168).

Se entiende, por lo tanto, que tienen interés jurídico y, en consecuencia, están legitimados en la causa por activa para reclamar la indemnización del presunto daño antijurídico que recae sobre bienes muebles, el legítimo tenedor, el poseedor o el propietario, quienes podrían resultar perjudicados, pero la calidad con que acudan al proceso debe ser invocada en el escrito introductorio y acreditada plenamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, con fundamento en el cual, incumbe a las partes probar los presupuestos de hecho o la calidad en que fundamenta sus pretensiones.

En tratándose del derecho real de dominio, el sistema civil colombiano requiere para su perfeccionamiento que converjan el título y el modo, es decir, que para radicar la propiedad en cabeza de alguien, es necesario, en primer lugar, que exista un título(169) otorgado con la finalidad de transferir el dominio de una persona a otra, y, posteriormente, que esa transferencia se perfeccione mediante la efectiva entrega o tradición de la cosa. Recogiendo las definiciones ofrecidas por el profesor José J. Gómez, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha precisado:

“(...) como se sabe, en el Derecho Civil se distinguen claramente las nociones de Título y Modo. Así, el primero es el hecho del hombre o la sola ley que establece obligaciones o lo faculta para la adquisición de los derechos reales, conforme lo ha establecido desde antiguo la doctrina universal, al paso que el segundo es la manera como se ejecuta o realiza el título. Y en virtud de estos dos fenómenos los particulares pueden adquirir el derecho de dominio sobre las cosas”(170).

De acuerdo con lo anterior, el derecho real nace de la suma de dos momentos, el primero de ellos, la formación del título que en tratándose de bienes muebles, como es el caso de los automotores, no requiere solemnidad alguna y puede ir contenido en la ley, en un contrato, escrito o verbal, o en un acto administrativo o judicial, los cuales constituyen fuente de obligaciones, y por lo tanto no tienen la virtud, per se, de transferir el derecho real de dominio, como sí la tradición(171), que es, precisamente, donde se presenta un segundo momento, correspondiente a la verificación del modo(172), es decir de la tradición(173), que en relación con los vehículos automotores ha mostrado la evolución normativa y jurisprudencial, que a continuación se expone.

Bajo el imperio del texto original del Decreto-Ley 1344 de 4 de agosto de 1970, se definió el registro nacional automotor y el registro terrestre automotor, en los siguientes términos:

“ART. 2º—Para la interpretación y aplicación del presente código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Registro nacional automotor: Es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros.

Registro terrestre automotor: Es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros”.

En ese entendido, se consideraba que la inscripción en el registro automotor surte efectos de publicidad y oponibilidad, pues el legislador no dispuso que con él se surtiera efecto alguno entre las partes sino ante las autoridades y terceros, por lo cual no podría decirse que éste constituía el modo de transferir el dominio o propiedad del bien.

Es así, que bajo el Decreto 1344 de 1970 el derecho real de dominio o propiedad se adquiría con la conjunción del título, correspondiente a la ley, el contrato u acto judicial o administrativo traslaticio de dominio, y el modo-tradición, que se efectuaba con la entrega real y material que del bien hiciera el tradente al adquirente, por cualquiera de los medios contemplados en el artículo 754 de nuestro ordenamiento civil(174).

Posteriormente, con el Decreto-Ley 2157 de 1970, por medio del cual se dictaron normas sobre el régimen jurídico de los vehículos automotores, se derogaron los Decretos 1255 de 1970 y 2059 de 1970, con entrada en vigencia desde 1º de enero de 1971, se dispuso que los propietarios o poseedores regulares de vehículos automotores terrestres, dentro de los doce meses siguientes a la vigencia de ese decreto, presentarían al Instituto Nacional de Transportes, directamente o por conducto de las oficinas de tránsito correspondientes, una solicitud para ser incluidos en el inventario nacional automotor y a partir de la vigencia de este decreto todo acto o contrato que implicara tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción de dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre un vehículo automotor terrestre, debía presentarse por los interesados ante las autoridades de tránsito, para que surtiera efectos ante ellas, quienes dejarían constancia de la inscripción en el acto o contrato y darían aviso al instituto nacional del transporte(175).

Finalmente, frente a la consensualidad de los negocios jurídicos que recaen sobre automotores, en su calidad de bienes muebles, debe anotarse que mediante Decreto-Ley 1255 de 1970, el ejecutivo con facultades extraordinarias, pretendió que se elevara a escritura pública todo acto o contrato que tuviera por objeto la constitución, modificación, extinción o limitación de derechos reales que recayeran sobre ellos, para reputarlo perfecto, y que la tradición se efectuara con la inscripción del título en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, no obstante, dadas las dificultares para su implementación, este Decreto fue suspendido mediante el Decreto-Ley 3059 del mismo año y derogado mediante el Decreto 2157 de 1970.

En el mismo sentido, se profirió el Decreto-Ley 1250 de 1970 por medio del cual se expidió el estatuto de registro de instrumentos públicos, donde se incluyeron normas que versaban sobre bienes raíces y sobre vehículos automotores terrestres, pero mediante el Decreto 2059 de 1970 se suspendió su aplicación en lo relacionado con los automotores y finalmente mediante el 2157 del mismo año se derogaron estas disposiciones, quedando vigente únicamente en lo relacionado al registro de la propiedad inmobiliaria, razón por la cual el registro de los tan mencionados bienes muebles no podía llevarse mediante la inscripción en el registro de instrumentos públicos, porque esta solemnidad (la escritura pública) frente a los automotores nunca estuvo vigente, por lo cual, no podían aplicarse a estos bienes las disposiciones del Decreto 1250 de 1970, que como su nombre lo indica, estaba dirigido al registro de instrumentos públicos.

Con el Decreto-Ley 1809 de 1990 se introdujeron reformas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre de la época - Decreto Ley 1344 de 1970, y mediante la modificación del artículo 88 se vino establecerse, ya no como mera definición sino como parte del articulado, que el registro terrestre automotor es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él debía inscribirse todo acto o contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implicara constitución declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtiera efectos ante las autoridades y ante terceros, encargando al Instituto Nacional de Transporte de reglamentar la forma en que funcionaria y se llevaría el registro terrestre automotor(176).

Con la expedición del Decreto-Ley 1809 de 1990 el legislador tampoco dio efectos de tradir la propiedad al registro de automotores. Por el contrario, la connotación, fuera de la publicidad y oponibilidad del registro, sigue siendo un instrumento de control para las autoridades que por este medio consiguen determinar o individualizar los automotores nacionales que transitan por el territorio y a sus titulares, razón por la cual se estableció que no serían objeto de registro los vehículos y la maquinaria que por sus características no puedan transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público.

En este entendido, la Sala, en reiterada jurisprudencia, al juzgar hechos sucedidos en vigencia de la citada normatividad, sostuvo que

La exigencia de la inscripción de los vehículos en un registro público tiene por objeto permitir el control que debe ejercer el Estado sobre una actividad de interés general, que representa un avance en el desarrollo social, pero que a su vez contiene una potencialidad destructiva que debe ser mantenida dentro de estrictos límites.

La inscripción de un vehículo y de cualquier acto de disposición sobre el mismo en el registro automotor no es constitutiva de ningún derecho, es declarativa del mismo y por lo tanto, puede ser desvirtuada a través de otros medios probatorios(177).

Al respecto, vale la pena referirse a los principios que rigen el valor jurídico de las anotaciones o inscripción en el registro de la propiedad, a saber “declarativo(178) o constitutivo” entendiendo por inscripción declarativa

aquella que no tiene más efecto que publicar una alteración jurídica (...) que se ha producido en la vida real antes de la inscripción; ella se limita a recoger los elementos jurídicos que dan vida al derecho real, sin añadir un valor especial por sí misma. El derecho real nace y existe fuera del registro, y las inscripciones que en él se practican se refieren a derechos reales ya existentes, razón por la que carece de toda eficacia para el nacimiento, existencia y validez del mismo. La inscripción asume el valor de simple medio exteriorizador o de publicidad de una transferencia o gravamen ya operado en la realidad jurídica, no hace más que declarar un cambio jurídico patrimonial que ha ocurrido fuera del registro(179).

Por el contrario, la declaración es constitutiva cuando conlleva el nacimiento del derecho real, es decir, que ella origina la propiedad en cabeza del adquirente, en este sentido el citado autor la define

la inscripción es constitutiva cuando produce el nacimiento, transmisión, modificación o extinción de los derechos reales (...). El registro es la institución que de la vida a los derechos reales mediante formas esenciales para el nacimiento de los mismos. La inscripción asume el valor de factor, elemento o requisito indispensable para que el titulo traslaticio de dominio o constitutivo produzca ese efecto. El asiento no sirve únicamente para exteriorizar la existencia de una transmisión o gravamen, sino que también concurre como un elemento esencial para que el fenómeno traslaticio o constitutivo tenga lugar en la vida jurídica. Es decir, es requisito sine qua non para que se produzca el cambio en el derecho real(180).

Entre los Decretos 1344 de 1970 y 1809 de 1990, y con la entrada en vigencia del Código de Comercio - Decreto-Ley 410 de 27 de marzo de 1971, que empezó a regir a partir del 1º de enero de 1972, teniendo en cuenta especialmente lo prescrito en el parágrafo del artículo 922, se estableció que la tradición del dominio de los vehículos automotores se hiciera, al igual que la de los inmuebles, mediante la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro, ante el funcionario y en la forma que determinaran las disposiciones legales, requiriendo, además, la entrega material.

Ahora bien, para regular el registro terrestre automotor se expidió la Ley 53 de 1989 que le asignó al Instituto Nacional de Tránsito la labor de adelantar el Inventario Nacional Automotor y la de llevar el Registro Terrestre Automotor, recogiendo en su artículo 6º la definición casi textual presentada por el Decreto 1344 de 1970.

El Registro Terrestre Automotor es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros.

Luego, con la expedición de la Ley 53 de 1989 el legislador definió la institución del registro terrestre automotor sin otorgarle la facultad de tradir la propiedad, sino que solo creó la obligación de inscribir en él todo acto o contrato que implicara tradición, incurriendo con ello en la imprecisión de afirmar que los actos o contratos implican tradición por cuanto ellos sólo son el título del cual se deriva la obligación de “dar” mediante la entrega o tradición del bien.

Frente al anterior desarrollo normativo, y con la aplicación del artículo 922 del Código de Comercio, la jurisprudencia presentó diferentes planteamientos, teniendo en cuenta, que ello afectaba el ámbito probatorio del derecho real, para acreditar la legitimación en la causa cuando se alegara la propiedad de automóviles:

El contrato de compraventa de un vehículo automotor es consensual en el derecho colombiano. Dicho contrato constituye así el título adquisitivo del dominio. Pero como éste, por sí solo, no transfiere la propiedad, se requiere la concurrencia de la tradición o modo de adquirir ese derecho, el que para tales muebles no es el ordinario propio de éstos (C.C., art. 754), sino el especial exigido por el artículo 922 del Código de Comercio.

Quiso el legislador rodear esa tradición de una mayor solemnidad hasta el punto de hacerla similar a la exigida para la transferencia de inmuebles. En esa forma la inscripción de los automotores cumple, fuera de la finalidad anotada, otros efectos de alcance administrativo, impositivo y de publicidad, dada la importancia que para la economía nacional tiene el parque automotor.

Contra lo que sucede en los contratos consensuales de muebles en general, la compraventa de un vehículo automotor impone al vendedor una obligación de hacer adicional, cual es la de traditar el objeto vendido mediante la inscripción en la oficina de tránsito correspondiente.

La prueba del dominio para fines de legitimación puede ser, entonces, la certificación de la oficina de tránsito en la que esté inscrito el automotor; o también la copia autenticada de la matrícula o tarjeta de propiedad; prueba ésta que proporciona una gran certeza porque su expedición está precedida, como lo dijo la Corte “de la previa comprobación de su derecho por parte del dueño del vehículo y el cumplimiento de los demás requisitos legales exigidos para expedir el permiso o licencia para que el aparato pueda transitar” (Sent. jul. 21/71). En otros términos, esa matrícula prueba que la inscripción del título de dominio se efectuó y que se hizo a nombre de la persona que figura en ella(181).

Aunque con estos argumentos se evidencia la equivocación al afirmar que la tradición es una obligación de hacer del vendedor, ya que por el contrario ella encarna la obligación de dar(182) que nace del contrato de compraventa en cabeza del vendedor(183), observa la Sala que la aplicación del artículo 922 del Código de Comercio, se extiende a todos los vehículos automotores sin diferenciar si su título pertenece al ámbito del Derecho civil o comercial,

De conformidad con lo establecido en el artículo 922 del Código de Comercio, para acreditar la propiedad sobre vehículos se requiere demostrar que el respectivo título de adquisición fue inscrito en las oficinas de tránsito (D.L. 1344/70, art. 88 Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como fue modificado por el D.L. 1809/90) , para lo cual se requiere aportar copia del registro o de la licencia, ya que ésta se expide luego de perfeccionado el registro y por lo tanto, prueba la realización de ese acto, según lo establecido en el artículo 87 del Decreto-Ley 1344 de 1970, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de este proceso(184).

En contradicción a esta postura, se interpretó la existencia de una dualidad de regímenes, dependiendo de si se trataba de un negocio civil o comercial. En ese sentido la jurisprudencia dijo

En efecto, si se trata de un contrato civil, la tradición se realiza conforme lo establecido en el artículo 754 del Código Civil, esto es, con la manifestación que una de las partes haga a la otra de que le trasfiere el dominio del bien, a través de los medios que señala la norma. En tal evento, el registro del título de adquisición ante el funcionario que indique la ley, no tiene efectos sobre el acto de tradición en sí, sino que constituye una forma de publicidad del mismo, que tiene entre sus fines permitir un mejor control del Estado sobre la actividad de conducción de vehículos y generar confianza pública en las relaciones jurídicas en las que sean objeto dichos bienes.

Diferente es la situación jurídica cuando se trata de enajenación de vehículos automotores destinados al transporte público, pues en tal caso, la compra y venta de los mismos constituirán actos de comercio y su tradición, de acuerdo con la ley mercantil se realiza con la inscripción del título en la oficina correspondiente. En efecto, el artículo 20 numeral 18 del Código de Comercio establece que son mercantiles para todos los efectos legales las empresas de compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire y sus accesorios y el artículo 922 ibídem establece que la tradición de vehículos automotores se realiza con la inscripción del título ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes.

Dicha inscripción debía realizarse, según lo previsto en el Decreto 1344 de 1970, o Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como fue modificado por el Decreto 1809 de 1990, vigentes para la época de ocurrencia de los hechos de que trata este proceso, en las oficinas de tránsito correspondientes y sólo verificado ese acto podía expedirse la licencia de tránsito(185).

Es decir, que cuando el título que genera la obligación de transferir el dominio configuraba un negocio civil, se aplicaban las formas de tradición contenidas en el citado artículo 754 Código Civil. En cambio, si el título configuraba un acto mercantil, la tradición debía efectuarse mediante la inscripción en la correspondiente oficina de registro y de conformidad con cada uno de ellos habría de acreditarse la propiedad de los automotores.

Esta discusión se zanja con la entrada en vigencia de la Ley 769 de 2002 (nov. 8/2002), que en su artículo 47 establece que para la tradición del dominio de los vehículos automotores, además de su entrega material, debe surtirse su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, la cual debe efectuarse dentro de los 60 días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo.

De esta manera se introduce, definitivamente, y sin lugar a dudas, dentro del ordenamiento civil - comercial colombiano, la formalidad de la inscripción en el Registro Terrestre Automotor de los títulos de adquisición(186) de bienes automotores para efectuar la tradición de estos, incluyendo toda maquinaria capaz de desplazarse, los remolques y los semi-remolques. De manera que mientras no se lleve a cabo la inscripción en el Registro Nacional Automotor en la correspondiente oficina del Ministerio de Transporte, el derecho de dominio no se habrá transferido por falta del modo, es decir que no habrá tradición.

Debe anotarse que el registro terrestre automotor es un servicio público establecido por el legislador, de conformidad con la facultad constitucional contemplada en el artículo 131 de la Carta Política, según el cual compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los registradores, de manera que es la ley la encargada de definir y determinar la forma, los fines y los efectos de la inscripción en el registro público, ya sea de automotores o inmobiliario.

En consecuencia, en razón a la formalidad de la inscripción en el registro terrestre automotor, ha de afirmarse que la tradición de un vehículo automotor, cuando sea aplicable la Ley 769 de 2002, solo nace con la inscripción en el Registro Terrestre Automotor y se prueba, entonces, mediante el certificado expedido por la dicha autoridad, donde conste la inscripción y por lo tanto la tradición, asimilándose, entonces, al registro inmobiliario.

Respecto al título, en atención a la consensualidad de los contratos cuyo objeto es un bien automotor, los medios para demostrar su existencia no están supeditados, en principio, a una tarifa legal, por el contrario el Juez puede admitir todos los medios de prueba y valorarlas según su ciencia y conocimiento hasta obtener la acreditación de la existencia del contrato. No ocurre así, con los contratos solemnes, cual es el caso de aquellos que recaen sobre bienes inmuebles, frente a los cuales, el ordenamiento legal ha establecido para su formación y perfeccionamiento el otorgamiento de escritura pública que contenga la voluntad de las partes y los elementos esenciales del negocio, de manera que sólo mediante este instrumento podrá probarse la existencia de un contrato cuyo objeto es un bien raíz, así lo estipula el artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, que limita la eficacia del testimonio al establecer que éste medio probatorio no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato, en concordancia con el 265 ibídem que estatuye que el instrumento público ad substantiam actus no puede suplirse por otra prueba, y el 1760 ibídem que establece que la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad.

En conclusión, sólo con la Ley 769 de 2002 la institución del registro de vehículos automotores, adquiere la plena calidad de ser constitutivo de la tradición, pues si bien con la entrada en vigencia del Código de Comercio se estableció dicha formalidad, ella no ofrecía claridad, ya que como se mostró generaba la discusión sobre si esta norma se aplicaba únicamente en el tráfico mercantil o si, por el contrario, era extensiva a los actos civiles. Pero en cuanto a la prueba de la propiedad, se concluye que con la entrada en vigencia del Decreto 1809 de 1990, el registro terrestre automotor es la prueba idónea para determinar la propiedad(187), toda vez que éste es el contentivo de todos los datos necesarios para tal efecto y, además, refleja la situación jurídica de los vehículos automotores terrestres.

De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que el señor JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ VELASCO, no acreditó en debida forma ser titular del derecho de dominio del vehículo involucrado en el accidente ocurrido el 8 de agosto de 1995.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente(188) y, en el sub lite, ninguna de las partes procedió de esa forma, luego habrá no lugar a imponerlas.

6. El daño antijurídico.

Se encuentra plenamente demostrado que el señor Albeiro Rodríguez Velasco murió como consecuencia del accidente presentado el 8 de agosto de 1995 de conformidad con lo establecido en el registro de defunción 2176002. Así como de las lesiones sufridas por DORA LILIA PÉREZ NARVÁEZ, JHON JADER RODRÍGUEZ PÉREZ y JOSÉ DUVÁN VELASCO. Resalta la Sala, que hay una falla probada del servicio producto de la no reparación del hueco en la vía y la ausencia de la señalización requerida para evitar fatales consecuencias como lo acontecido el día 8 de agosto de 1995.

7. La imputación de la responsabilidad.

La entidad demandada argumentó que realizó las labores correspondientes para el mantenimiento de la vía, y así lo prueban los contratos celebrados con la firma PLANES LTDA. y con la microempresa Santander de Chilichao y que el hueco en cuestión se presentó por motivos de fuerza mayor, siendo tratado en debida forma por la Sociedad Planes Ltda., y por ella misma, al contratar directamente su reparación con el Ingeniero Jhon Jairo Toro Zuluaga, mediante el Contrato 18-037-95. Sin embargo, tal y como lo prueban los testimonios del señor Teobaldo Juspian, María Teresa Marín de Reyes y Rubi Liliana Pérez Valdés y el Informe del Accidente del DATT- Valle, el accidente ocurrido en dicha vía el día 8 de agosto de 1995, en el que murió el señor Albeiro Rodríguez Velasco y resultaron lesionados otras personas, ocurrió por la presencia de un hueco que no había sido reparado aún y al momento de los hechos no se encontró ningún tipo de señalización en el lugar tendiente a prevenir cualquier eventualidad o a alertar a los conductores del peligro que este foramen representaba. Tal afirmación, la confirma también la carta del Administrador del Grupo 1 de Planes Ltda., señor Jesús Alberto Escobar, quien al informar sobre lo sucedido le comunica al INVÍAS el accidente y que la señalización que habían dejado en el lugar se había perdido(189).

Estos documentos no fueron tachados de falso por ninguna de las partes, incluso, tales copias fueron allegadas por la parte demandante en el sub lite, corroborando las obligaciones del Instituto Nacional de Vías y sus contratadas en el mantenimiento de la estructura vial de la vía Santander de Quilichao-Cali, Kilómetro 3 para la fecha en que ocurrieron los hechos. Situación que desvirtúa la petición de la parte demandada al alegar la inexistencia de la obligación.

La parte demandada pese a alegar la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho del tercero, no prueba ninguno de los supuestos indispensables para la configuración de alguna de estas causas eximentes de responsabilidad. Y resalta la Sala, como el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, como responsable del mantenimiento de la vía en cuestión, debió velar por el cumplimiento de la actividades encomendadas a sus contratadas y asegurarse de que estas cumplieran con las funciones a su cargo para evitar cualquier perjuicio que pudiera ocasionarse a terceras personas que transitaran por la vía en cuestión.

Para la época de los hechos regía el Código Nacional de Tránsito Terrestre (D. 1344/70), el artículo 114 establecía lo siguiente: “(...) Señales de prevención o preventivas; que tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de éste. Debe tener forma cuadrada y se colocarán con una diagonal en sentido vertical. Los colores que deben usarse son, fondo amarillo y símbolo y orla negros. (...)”.

Esta Sala da plena credibilidad a los testimonios rendidos en el proceso, que manifestaron no haber visto efectivamente ninguna señalización del hueco y lamentablemente pese a que la parte demandada alega la presencia de un agente de tránsito en el lugar, en el proceso no consta más que el Informe del accidente y ningún testimonio que pueda desvirtuar la afirmación hecha por la parte actora. Por el contrario, de las pruebas aportadas en la contestación de la demanda, también se confirman los hechos relatados por los sujetos involucrados en el accidente, que confirman la existencia de un hueco en la vía y la falta de señalización que impidieron al conductor del vehículo maniobrar en debida forma y ocasionando el fatal desenlace. Por lo tanto, si la entidad demandada no cumplió con las funciones de mantenimiento de la vía al no reparar en el debido momento el hueco de la vía y al omitir la ubicación de las señales reglamentarias que previnieran eficazmente de la existencia del mismo se concluye que incurrió en falla del servicio y, en consecuencia, es patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a la parte actora con la muerte del señor Albeiro Rodríguez Velasco.

Consecuente con lo anterior, el precedente jurisprudencia respecto a la señalización indica lo siguiente:

“Sobre la importancia de la señalización la doctrina ha llegado inclusive a acuñar la expresión “Principio de señalización”, del cual se deriva que cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa comprometen las responsabilidad de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el servicio público, a ellas encomendado. Se ve en este principio, que fuera de construir carreteras seguras y adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, la administración tiene el deber primario de ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros. Si por falta o falla de la administración no se advierte a tiempo de los peligros; o advertida de ellos no los remedia; o deja pasar la oportunidad para hacerlo; en todos estos casos y otros similares, el Estado deberá la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios que su falla en la prestación del servicio ocasione por la ausencia de señalización en las carreteras, lo que hace que no sean adecuadas y seguras.

La seguridad de los habitantes, o mejor de los usuarios de las vías públicas, es uno de los deberes propios de las entidades y personas vinculadas al control del tránsito en todo el territorio Nacional, así lo estableció el Decreto 1344 de 1970(190). Resulta evidente que cuando esa seguridad no es propiciada, antes bien, es cuestionada o puesta en peligro, por la inercia o negligencia de las autoridades llamadas a ejercer el control, las consecuencias gravosas para los particulares, que pueden seguirse de dichas omisiones o cumplimiento defectuosos de tales competencias, han de ser asumidas por las respectivas entidades públicas.

El artículo 112 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, considera las señales de tránsito así: Señales de reglamentación, o reglamentarias; señales de prevención o preventivas; y señales de información o informativas. Siendo las de prevención o preventivas aquellas que “tienen por objeto advertir al usuario de la existencia de un peligro y la naturaleza de este”. Reviste tanta importancia la disposición sobre estos dos tipos de señales (las reglamentarias y las preventivas), que el propio Código Nacional de Tránsito Terrestre, se ocupó de establecer las dimensiones y características que deben tener las mismas(191).

Por lo tanto, se presenta la responsabilidad del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, por la muerte del señor Albeiro Rodríguez Velasco al no haber realizado la reparación de la vía y por no cumplir con la señalización requerida del hueco que se encontraba en una vía pública por donde transitan personas mediante medios mecánicos o por cualquier otro medio de transporte terrestre, para así evitar algún accidente como el que desafortunadamente sucedió en el presente caso.

8. Llamamiento en garantía.

El Instituto Nacional de Vías, INVÍAS llamó en garantía, en ejercicio de su derecho legal, a la compañía aseguradora LA PREVISORA S.A. (CPC, art. 57), sin embargo, no alega la póliza en cuestión sino solamente la póliza RC-158281 de responsabilidad civil vigente desde el 1º de enero de 1995 y hasta el 31 de diciembre de 1995. En la cual no están amparados los daños que se alegan en este proceso y que dan lugar a la correspondiente reparación, resultando evidente que no cumplió con los requisitos mínimos para vincularla al proceso y mucho menos para establecer su obligación de indemnizar.

En relación con la llamada en garantía Sociedad PLANES S.A., antes LTDA., en virtud del contrato 18-031-95, en cambio, si podría configurarse la obligación de responder, pues el compromiso contractual entre ellas adquirido está plenamente probado en el plenario. Sin embargo, En el presente caso, los hechos o actuaciones que dieron lugar al llamamiento en garantía fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, de modo que las normas sustanciales aplicables para dilucidar si el llamado actuó con culpa grave o dolo, serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, casos en los cuales resulta necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que recoge el Código Civil:

“Artículo 63 Código Civil. Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. 

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (se resalta).

No obstante lo anterior, frente a estos conceptos, el Consejo de Estado(192) ha señalado que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Así mismo, es necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena y mala fe que están contenidos en la Constitución Política(193) y en la ley, a propósito de algunas instituciones como por ejemplo contratos, bienes y familia.

En consideración a lo anterior, la Sala(194) ha explicado que para determinar la responsabilidad personal de los agentes, ex agentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta, necesariamente, el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas —actuación dolosa—, o si al actuar pudo prever la irregularidad en la cual incurriría y el daño que podría ocasionar y aun así no lo hizo o confió imprudentemente en poder evitarlo —actuación gravemente culposa—.

Es claro entonces que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la cual juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permitirá deducir la responsabilidad del agente, ex agente estatal o particular en ejercicio de funciones públicas y, por ello, resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta.

En el caso sub examine, advierte la Sala que tal y como se analizó anteriormente, la obligación del mantenimiento vial recaía en el Instituto Nacional de Vía, INVÍAS y la existencia del contrato 18-031-95 solo reafirma esta afirmación. Ciertamente, a partir de tales probanzas no se pueden establecer el grado de responsabilidad que le asiste a la referida llamada en garantía, pues no hay elementos para determinar que la conducta con la cual actuó la referida persona jurídica es constitutiva de dolo o culpa grave.

Por consiguiente, se tiene que el análisis de la conducta de la llamada en garantía PLANES LTDA., no puede ser efectuado porque no se aportaron elementos de juicio, que permitan determinar su culpa grave o dolo como la causa determinante del daño por cuya indemnización se reclama.

Así las cosas, la falta de prueba deja sin posibilidad de efectos que prospere el llamamiento en garantía de las dos sociedades involucradas como terceros a este efecto. Por lo tanto la decisión del a quo, será modificada en este punto.

9. Incidente de regulación de honorarios.

Con relación a la petición realizada por la apoderada de la parte demandada el día 19 de abril de 2013(195), para que se realice la fijación de los honorarios causados desde el otorgamiento del poder y hasta la fecha en que este fue revocado por la parte actora, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley 1395 de 2010, mediante el que se adicionó el nuevo artículo 210A al Código Contencioso Administrativo, es claro que en segunda instancia no se tramitará incidente de regulación de honorarios, razón por la que resuelta la apelación, el proceso se remitirá al juez de primera instancia para que lo tramite y decida.

10. Indemnización de perjuicios.

10.1. Perjuicios morales.

Se solicitó en la demanda el pago de UN MIL GRAMOS DE ORO PURO (1.000) para cada una de las siguientes personas: MARÍA MARLENE PORRAS MOSQUERA, en calidad de esposa del extinto. NILSON ALBEIRO RODRÍGUEZ PORRAS, Hijo del extinto. JANIE ZULEIMA RODRÍGUEZ PORRAS, hija del extinto, JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, en calidad de padre del extinto y DORA LETICIA VELASCO RIVERA, madre del extinto.

Y la suma de QUINIENTOS GRAMOS DE ORO PURO (500) para cada una de las siguientes personas, en calidad de hermanos del extinto, JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ VELASCO, ANA NIEVES RODRÍGUEZ VELASCO, DORALICIA RODRÍGUEZ VELASCO, CARMENZA RODRÍGUEZ VELASCO, ALEXIS RODRÍGUEZ VELASCO; MARÍA OFELIA RODRÍGUEZ VELASCO y NELLY JANET RODRÍGUEZ VELASCO.

Acerca de los daños causados por la muerte de una persona, resulta necesario precisar que con la simple acreditación de la relación de parentesco mediante los respectivos registros civiles de nacimiento, se presume que los parientes cercanos de una víctima fatal han sufrido un perjuicio de orden moral; en efecto, la simple acreditación de tal circunstancia, para eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos hubiere fallecido o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(196) y de las máximas de la experiencia, resulta posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio por cuya reparación demanda.

Agréguese a lo anterior que, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando se produce la muerte de un familiar cercano; asimismo, la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para cuyo propósito debe tener en cuenta la naturaleza y la gravedad de la aflicción y de sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

Como quiera que la sentencia de primera instancia fijara el valor de la indemnización de los perjuicios morales desatendiendo los criterios jurisprudenciales aplicables actualmente para la tasación de este tipo de perjuicios, la sentencia se modificará en este punto. Ahora bien, siguiendo el precedente de unificación jurisprudencial en materia de reconocimiento y liquidación de perjuicios morales en caso de muerte, la Sala advierte que se deberán reconocer 100 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes para los la esposa, los hijos y los padres del señor Albeiro Rodríguez Velasco, así como 50 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes para cada uno de sus hermanos(197).

De acuerdo con lo anterior, la indemnización de perjuicios morales es la siguiente;

NombreParentescoPerjuicio moral,(reconocido en primera instancia)Perjuicio moral,(reconocido)
MARÍA MARLENE PORRAS MOSQUERACónyuge50 SMLMV100 SMLMV
NILSON ALBEIRO RODRÍGUEZ PORRASHijo10 SMLMV100 SMLMV
JANIE ZULEIMA RODRÍGUEZ PORRASHija10 SMLMV100 SMLMV
JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZPadre30 SMLMV100 SMLMV
DORA LETICIA VELASCO RIVERAMadre30 SMLMV100 SMLMV

Y en relación con los daños morales de los hermanos del extinto Albeiro Rodríguez Velasco, la indemnización reconocida será la siguiente:

NombreParentescoPerjuicio moral, (reconocido en primera instancia)Perjuicio moral (reconocido)
JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ VELASCOHermano3 SMLMV50 SMLMV
ANA NIEVES RODRÍGUEZ VELASCOHermana3 SMLMV50 SMLMV
DORALICIA RODRÍGUEZ VELASCOHermana3 SMLMV50 SMLMV
CARMENZA RODRÍGUEZ VELASCOHermana3 SMLMV50 SMLMV
ALEXIS RODRÍGUEZ VELASCOHermano3 SMLMV50 SMLMV
MARIA OFELIA RODRÍGUEZ VELASCOHermana3 SMLMV50 SMLMV
NELLY JANET RODRÍGUEZ VELASCO.Hermana3 SMLMV50 SMLMV

En cuanto a la indemnización de los perjuicios morales producidos por las lesiones personales sufridas en el accidente del día 8 de agosto de 1995, la Sala reconocerá, igual que el Tribunal de primera instancia, la suma de 3 SMLMV, pero por las razones expuestas en esta Sentencia, de la siguiente manera:

NombreParentescoPerjuicio moral, (reconocido en primera instancia)Perjuicio moral, (reconocido)
DORA LILIA PÉREZ NARVÁEZLesionada3 SMLMV3 SMLMV
JHON JADER RODRÍGUEZ PÉREZLesionado3 SMLMV3 SMLMV
JOSÉ DUVÁN VELASCOLesionado3 SMLMV3 SMLMV

Finalmente, debe advertirse que obran en copia auténtica los respectivos registros civiles de nacimiento(198), los cuales dan cuenta de la relación de parentesco existente entre el fallecido ALBEIRO RODRÍGUEZ VELASCO y quienes acudieron al proceso en calidad de sus hijos, padres y hermanos.

10.2. Perjuicios materiales:

10.2.1. Lucro Cesante: el apoderado solicitó que se cancelara en favor de MARÍA MARLENE PORRAS MOSQUERA, NILSON ALBEIRO RODRÍGUEZ PORRAS y JANIE ZULEIMA RODRÍGUEZ PORRAS el lucro cesante, teniendo en cuenta el salario mínimo legal y las edades de los reclamantes, conforme a la reiterada jurisprudencia del Contencioso Administrativa y la matemática financiera que se utiliza para estos casos(199).

Respecto de la actividad productiva desempeñada por el señor Albeiro Rodríguez Velasco, de los testimonios aportados al proceso se infiere que era albañil, pero como no es posible establecer el salario que devengaba al momento de la muerte, se tendrá como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente al momento de los hechos, para el reconocimiento del lucro cesante.

La Sala procede a actualizar el salario mínimo mensual vigente al momento de los hechos, de acuerdo a la presunción manejada por esta Corporación, y para el efecto aplicará la siguiente fórmula financiera:

Va = Vi (If /Ii)

Donde,

Va: valor actual.

Vi:_ valor inicial, equivalente al salario mínimo del año 1995.

If: Índice final, equivalente a la fecha de este fallo, septiembre de 2014, esto es 117,09

Ii: Índice inicial, equivalente al PC para agosto de 1995, esto es, 57,84

Va = 112.934 (117,33 /57,84)

Va = 229.089,66

A la fecha, la actualización del salario mínimo mensual vigente en 1995 ($ 229.089,66) es inferior al salario mínimo legal mensual actual ($ 616.000); por tal razón, en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos, se tomará este último como base para el cálculo; cifra que se aumenta en un 25% por concepto de prestaciones sociales $ 770.000. En cuanto al tiempo a liquidar se le restará un 25% por concepto de lo que la víctima erogaba para su propia manutención, es decir la suma de $ 192.000.

En este orden de ideas, la suma base de liquidación de este perjuicio material será $ 577.500 suma que se dividirá en dos, una mitad para la cónyuge supérstite y la otra mitad dividida entre los dos hijos del occiso.

Liquidación de perjuicios de MARÍA MARLENE PORRAS MOSQUERA

Para liquidar el lucro cesante consolidado, de la cónyuge María Marlene Porras Mosquera, que corresponde al lapso comprendido desde la fecha de la muerte hasta la fecha de este fallo, es decir 147,73 meses, se tomará la mitad de la cifra actualizada, es decir, la mitad de $ 577.500 para un total de $ 288.750. Utilizando la siguiente fórmula matemática:

aaaa463Sent29086
 

S = $ 62’223.780,81

Liquidación de perjuicios de NILSON ALBEIRO RODRÍGUEZ PORRAS

Para liquidar el lucro cesante consolidado que corresponde al lapso comprendido desde la fecha de la muerte hasta la fecha de este fallo; y el lucro cesante futuro el cual, en el caso del hijo Nilson Albeiro Rodríguez Porras, se calculará desde la fecha de este fallo hasta la fecha en que cumpla 25 años.

El período del lucro cesante consolidado inicia desde la fecha de los hechos, 8 de agosto de 1995, hasta la fecha en que se profiere este fallo, esto es 10 de septiembre de 2014. Esto significa que el lucro cesante consolidado cubrirá lo que dejo de percibir durante 229,06 meses, utilizando la siguiente fórmula.

aaaa464Sent29086
 

Para un total de $ 60’539.342,17

El lucro cesante futuro:

Para este demandante está comprendido entre la fecha de este fallo hasta el 8 de febrero del 2016, fecha en la que cumplirá 25 años, esto quiere decir 16,93 meses, de acuerdo con la siguiente fórmula:

aaaa465Sent29086
 

S= Suma a obtener

Ra= Renta actualizada

i = 0.004867

n= número de meses

aaaa466Sent29086
 

Para un total de $ 2’340.816,98

Liquidación de perjuicios de JANIE ZULEIMA RODRÍGUEZ PORRAS

El período del lucro cesante consolidado inicia desde la fecha de los hechos, 8 de agosto de 1995, hasta el 8 de marzo de 2014, fecha en que ésta cumplió 25 años. Por lo tanto el lucro cesante consolidado cubrirá lo que dejo de percibir durante 223 meses, utilizando la siguiente fórmula.

aaaa467Sent29086
 

Para un total de $ 57’923.998.

10.2.2. Daño emergente.

Se solicita en la demanda que se reconozcan los gastos en los que incurrió el señor JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ VELASCO, por valor de $ 1’010.000, para la reparación del vehículo en que se movilizaban al momento del accidente, el cual quedó casi destruido. Sin embargo, la Sala resalta que el Rodríguez Velasco no acreditó ser el propietario del vehículo Jeep Campero, blanco, marca Suzuki, involucrado en el accidente ocurrido el día 8 de agosto de 1995, pues no se allegó prueba del título ni del modo mediante los cuales se acredita la titularidad del derecho de dominio por lo que no se encuentra legitimado para reclamar este tipo de perjuicios, tal y como se indicó en el acápite correspondiente y por lo tanto no será reconocida indemnización alguna por este concepto.

11. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia apelada, esto es, la proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño - Sede Cali y en su lugar se resuelve:

1. Declárese probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el apoderado del Ministerio de Transporte.

2. Declárese administrativamente responsable al Instituto Nacional de Vías, INVÍAS por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 8 de agosto de 1995 y que como consecuencia del hecho murió el señor ALBEIRO RODRÍGUEZ VELASCO y se causaron lesiones personales a la señora DORA LILIA PÉREZ NARVÁEZ, JHON JADER RODRÍGUEZ PÉREZ y JOSÉ DUVÁN VELASCO.

3. Condénese al Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, a pagar por perjuicios morales a las siguientes personas: a la sucesión procesal de MARÍA MARLENE PORRAS MOSQUERA, esposa del extinto; NILSON ALBEIRO RODRÍGUEZ PORRAS, hijo del extinto y JANIE ZULEIMA RODRÍGUEZ PORRAS, hija del extinto; JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, en calidad de padre del extinto y DORA LETICIA VELASCO RIVERA, madre del extinto, para cada uno de ellos la suma de 100 SMLMV.

Y la suma de 50 SMLMV para cada una de las siguientes personas, en calidad de hermanos del extinto, JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ VELASCO, ANA NIEVES RODRÍGUEZ VELASCO, DORALICIA RODRÍGUEZ VELASCO, CARMENZA RODRÍGUEZ VELASCO, ALEXIS RODRÍGUEZ VELASCO; MARÍA OFELIA RODRÍGUEZ VELASCO y NELLY JANET RODRÍGUEZ VELASCO.

Y la suma de 3 SMLMV para DORA LILIA PÉREZ NARVÁEZ, JHON JADER RODRÍGUEZ PÉREZ y JOSÉ DUVÁN VELASCO por los perjuicios morales ocasionados por las lesiones personales sufridas en el accidente de autos.

4. Condénese al Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, a pagar por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado la suma de $ 62’223.780,81, para la sucesión procesal de MARÍA MARLENE PORRAS MOSQUERA, cónyuge del extinto.

La suma de 60’539.342,17 por concepto de lucro cesante consolidado y $ 2’340.816,98 por concepto de lucro cesante futuro, para un total de $ 62’880.159,15 a favor del señor NILSON ALBEIRO RODRÍGUEZ PORRAS, hijo del extinto.

Y a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado, la suma de $ 57’923.998, en favor de la señora JANIE ZULEIMA RODRÍGUEZ PORRAS, hija del extinto.

5. Niéguense las demás pretensiones de la demanda.

6. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

7. Ordénese al Tribunal de origen, que de acuerdo con el artículo 64 de la Ley 1395 de 2010, mediante el que se adicionó el nuevo artículo 210A al Código Contencioso Administrativo, tramite y decida el incidente de regulación de honorarios solicitado.

8. Sin condena en costas.

9. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

59 La pretensión mayor corresponde a 1.000 gramos oro por concepto de perjuicios morales, equivalente al momento de presentación de la demanda a $ 12'000.000, que a la fecha de presentación de la demanda, 4 de agosto de 1997, supera el valor exigido para que el proceso sea de dos instancias.

60 Sentencia de 7 de julio de 2005, expediente 20300.

61 Sentencias de 21 de febrero de 2002, expediente 12789; 9 de junio de 2010, expediente 18078.

62 Este criterio fue recientemente expuesto por la Sala en sentencia del 26 de marzo de 2008, expediente 34.038, M.P. Myriam Guerrero de Escobar.

63 Consejo de Estado, sentencia del diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004), expediente 14452.

64 Folios 494 a 498, cuaderno principal.

65 Folios 499 a 517, cuaderno principal.

66 Folios 518 a 522, cuaderno principal.

67 Folios 530 a 534, cuaderno principal.

68 La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional. Sentencia C-333 de 1996. Postura que fue seguida en la Sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001.

69 La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El Estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Sentencia de 26 de enero de 2006, expediente AG-2001-213. En la doctrina puede verse Starck, Boris. Essai d´ une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. París, 1947.

70 “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la Administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que ésta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la Administración, sino de reacción, de reparación de los daños por ésta producidos”. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, pág. 120.

71 Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob. cit., págs. 120-121.

72 Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al Estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes 10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, “la imputatio juris” además de la “imputatio facti””. Sentencia de 13 de julio de 1993.

73 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996.

74 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001.

75 En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes, si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. Kant, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, pág. 35.

76 El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al Estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 25 de marzo de 2003.

77 “Tenía razón Welzel al considerar que el derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”. Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 05-05-2003 [http://criminet.urg.es/recpc], págs. 6 y 7.

78 “El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aún cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionados por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. Gimbernat Ordeig, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pág. 77 y ss.

79 Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., pág. 7.

80 Larenz, K. “Hegelszurechnungslehre”, en Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., pág. 7.

81 Jakobs, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994.

82 Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob. cit., pág. 171.

83 “La ley de la ponderación pone de manifiesto que la ponderación puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si por su importancia, la satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., pág. 62.

84 Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., pág. 62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “...la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación —afirma Habermas— los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, pág. 259. A lo que agrega “...no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. Habermas, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, en Rosenfeld, Michel; Arato, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Ángeles, Berkeley, 1998, pág. 430.

85 Cfr. Günther Jakobs. Regressverbot beim Erfolgsdelikt.Zugleich eine Untersuchung zum Gruñd der strafrechtlichen Haftung bei Begehung. ZStW 89 (i977), págs. 1 y ss.

86 Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

87 Cfr. Günter Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil.Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage.Walter de Gruyter. Berlin. New York. 1993, págs. 796 y ss.

88 Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

89 Cfr. Javier Sánchez-Vera. Pflichtdelikt und Beteiligung. Zugleich ein Beitrag zur Einheitlichkeit der Zurechnung bei Tun und Unterlassen. Duncker & Humbolt Berlin 1999, págs. 51 y ss. Kurt Seelmann. Grundlagen der Strafbarkeit. Komentar zum Strafgesetzbuch. Band 1. Reihe. Alternativkommentare. Luchterhand. Neuwied. 1990, pág. 389.

90 Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

91 Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

92 “La profesora Beladiez comparte sin reservas la preocupación por los excesos que desfiguran la institución, admite que con alguna frecuencia se producen “resultados desproporcionados e injustos” para la Administración e insiste en advertir que la responsabilidad objetiva no es un seguro universal que cubra todos los daños que se produzcan con ocasión de las múltiples y heterogéneas actividades que la Administración lleva cotidianamente a cabo para satisfacer los intereses generales”. Leguina Villa, Jesús. “Prólogo”, en Beladiez Rojo, Margarita. Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un contrato administrativo. Madrid, Tecnos, 1997, pág. 23.

93 Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob. cit., pág. 204.

94 “(…) el tema de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas ha sido abordado tradicionalmente desde la óptica de las garantías individuales. Se trata de una institución que protege al individuo frente a los daños causados por las Administraciones Públicas como consecuencia de la amplia actividad que éstas desarrollan. Pero, desde la perspectiva de la posición de la Administración, la responsabilidad está en el mismo centro de su concepción constitucional como derivación de la cláusula del Estado social de derecho; derivación que, en hipótesis extrema, puede conllevar que los límites del sistema resarcitorio público estén condicionados por los propios límites del llamado Estado social de derecho”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”, ob. cit., pág. 308.

95 Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el Estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al Estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es sólo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. Merkl, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, pág. 211. Para Martín Rebollo: “Un sistema de responsabilidad muy amplio presupone un estándar medio alto de calidad de los servicios. Y si eso no es así en la realidad puede ocurrir que el propio sistema de responsabilidad acabe siendo irreal porque no se aplique con todas sus consecuencias o se diluya en condenas a ojo, sin reglas fijas o casi con el único criterio de que las solicitudes indemnizatorias no “parezcan” excesivamente arbitrarias o desproporcionadas. Aunque, claro está, lo que sea proporcionado o no, en ausencia de referentes externos sobre cómo debe ser y actuar la Administración, acaba siendo también una decisión subjetiva. De ahí la conveniencia de la existencia de parámetros normativos que señalen cuál es el nivel, la pauta o la cota de calidad de los servicios, es decir, el elemento comparativo y de cotejo sobre cómo debe ser la Administración”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”, ob. cit., pág. 311.

96 “En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”. Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, expediente 21515. Pon. Hernán Andrade Rincón; de 23 de agosto de 2012, expediente 23492. Pon. Hernán Andrade Rincón.

97 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág. 174. De acuerdo con Martín Rebollo “(…) es que la responsabilidad pública es un tema ambivalente que, a mi juicio, no debe ser enfocado desde el estricto prisma de la dogmática jurídico-privada. Esto es, no debe ser analizado sólo desde la óptica de lo que pudiéramos llamar la justicia conmutativa, aunque tampoco creo que éste sea un instrumento idóneo de justicia distributiva. La responsabilidad es, desde luego, siempre y en primer lugar, un mecanismo de garantía. Pero es también un medio al servicio de una política jurídica. Así lo señala Ch. Eisenmann: el fundamento de la responsabilidad puede ser la reparación del daño, pero su función “remite a la cuestión de los fines perseguidos por el legislador cuando impone una obligación de reparar. En este sentido —concluye— la responsabilidad es un medio al servicio de una política jurídica o legislativa””. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”, en AFDUAM: Nº 4, 2000, pág. 307.

98 Folio 115, cuaderno 1.

99 Ver sentencias de la Sección Tercera, proferidas el 8 de marzo y el 29 de agosto de 2007 (exps. 16.052 y 27.434).

100 Sección Tercera, sentencia de septiembre 11 de 1997, expediente 11.764, M.P. Dr. Carlos Betancur Jaramillo.

101 Folio 1, cuaderno 3.

102 Folios 169 a 174, cuaderno 1.

103 Folios 175 a 177, cuaderno 1.

104 Folio 178, cuaderno 1.

105 Folios 186 a 200, cuaderno 1.

106 Folios 208 a 258, cuaderno 1.

107 Folio 299, cuaderno 1.

108 Folio 59, cuaderno 1.

109 Folio 60, cuaderno 1.

110 Folios 70 a 72, cuaderno 1.

111 Folio 66, cuaderno 2.

112 Folio 81, cuaderno 1.

113 Folios 37 a 39, cuaderno 2.

114 Folio 38, cuaderno 2.

115 Folio 24, cuaderno 2.

116 Folio 25, cuaderno 2.

117 Folio 29, cuaderno 2.

118 Folio 50, cuaderno 2.

119 Folio 51, cuaderno 2.

120 Folio 11, cuaderno 1.

121 Folio 12, cuaderno 1.

122 En el poder, en la presentación personal y en todo el proceso aparece como María Marlene Porras Mosquera.

123 Folio 8, cuaderno 1.

124 Folio 13, cuaderno 1.

125 Folio 14, cuaderno 1.

126 Folio 15, cuaderno 1.

127 Folio 16, cuaderno 1.

128 Folio 17, cuaderno 1.

129 Folio 18, cuaderno 1.

130 Folio 19, cuaderno 1.

131 Folio 20, cuaderno 1.

132 Folio 24, cuaderno 1.

133 Folio 25, cuaderno 1.

134 Folio 26, cuaderno 1.

135 Folio 27, cuaderno 1.

136 Folio 29, cuaderno 1.

137 Folios 272 a 276, cuaderno 1.

138 Folios 291 a 293, cuaderno 1.

139 Folio 21, cuaderno 1.

140 Folio 685, cuaderno principal.

141 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002.

142 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que sólo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002.

143 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001.

144 Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana”. Sentencia de 9 de febrero de 1995, expediente 9550.

145 Sentencia de 19 de mayo de 2005, radicación 2001-01541 AG.

146 “por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sentencia de 14 de septiembre de 2000, expediente 12166.

147 Sentencia de 2 de junio de 2005, radicación 1999-02382 AG.

148 Folio 299, cuaderno 1.

149 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, C.P. María Elena Giraldo Gómez, expediente 13356.

150 Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de junio de 2000; C.P. María Elena Giraldo Gómez; expediente 10.171; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), C.P. Germán Rodríguez Villamizar, radicación 66001-23-31-000-1996-03266-01 (14178).

151 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007); referencia 13.503; radicación 11001032600019971350300.

152 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; radicación 10973.

153 A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “…si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; radicación 10973.

154 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004); C.P. María Elena Giraldo Gómez; radicación 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452). En similar sentido y complementando lo dicho en el texto, se ha afirmado lo siguiente: “La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—, si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; expediente 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006); C.P. Ramiro Saavedra Becerra; radicación 66001-23-31-000-1996-03263-01 (15352).

155 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del quince (15) de junio de dos mil (2000); C.P. María Elena Giraldo Gómez; radicación 10171.

156 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, C.P. Alier E. Hernández Enríquez, expediente 13764.

157 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 16837.

158 Corte Constitucional, Sentencia C-965 de 2003.

159 Sentencia del 23 de octubre de 1990, expediente 6054.

160 Consejo de Estado, sentencia del 11 de noviembre de 2009, radicación 18.163, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

161 Folio 1, cuaderno 3.

162 Contrato 18-031-95.

163 Folios 169 a 174, cuaderno 1.

164 Folios 175 a 177, cuaderno 1.

165 Folios 25, 27 y 29, cuaderno 1.

166 Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2014, expediente 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

167 M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

168 Folio 24 de la sentencia apenas mencionada.

169 En los términos del profesor José J. Gómez, el título “es el hecho del hombre generador de obligaciones o la sola ley que lo faculta para adquirir el derecho real de manera directa (Bienes, Publicaciones Universidad Externado de Colombia, 1981, pág. 159).

170 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 9 de junio de 1999, radicación 5265, M.P. Pedro Lafont Pianetta.

171 Providencia de 10 de marzo de 2005, M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar.

172 También el profesor José J. Gómez ofrece como definición de modo “es la forma jurídica mediante la cual se ejecuta o realiza el título, cuando este genera la adquisición de los derechos reales” (obra ibíd.).

173 De conformidad con el artículo 740 del Código Civil, La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo.

Otra definición que ofrece suficiente claridad sobre el tema, es la presentada por el citado tratadista, quien la define como “la forma de cumplir las obligaciones de dar y consiste en la entrega que de la cosa sobre la cual recae el derecho debido, hace el deudor al acreedor”.

174 El Capítulo II del Título VI del Libro del Código Civil, establece las formas de tradición de las cosas corporales muebles, así: ART. 754.—Formas de la Tradición. La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio, y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes: 1) Permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente. 2) Mostrándosela. 3) Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que esté guardada la cosa. 4) Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. 5) Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario o a cualquier otro título no traslaticio de dominio; y recíprocamente por el mero contrato en que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, etc.

175 De este precepto se infiere que el contrato o acto debía presentarse por escrito, pero ello era simplemente para efectos probatorios sin que implicara una solemnidad en la formación de los contratos que versaran sobre automotores.

176 “Decreto 1809 de 1990, 76ª: El artículo 88 del Decreto-Ley 1344 de 1970, quedará así: ART. 88.—El registro terrestre automotor es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto o contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros. El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito será el encargado de expedir las normas para que los diferentes organismos de tránsito y/o transporte lleven el registro terrestre automotor. PAR.—No serán objeto de este registro los vehículos y la maquinaria que por sus características no puedan transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público”.

177 Consejo de Estado, sentencias de 8 de noviembre de 2001 y 20 de febrero de 2003, expedientes 13.730 y 14.176 (respectivamente), M.P. Ricardo Hoyos Duque.

178 No deben confundirse los efectos declarativos de las sentencias judiciales, con los de la institución del registro de la propiedad, pues las sentencias o fallos declarativos, constituyen un título declarativo que igualmente tendrá que cumplir con el modo-tradición para trasladar el derecho real.

179 Caicedo Escobar, Eduardo. Derecho Inmobiliario Registral, Bogotá D.C., Editorial Temis S.A. 1997, págs. 40-41.

180 Ibídem, págs. 39-40.

181 Sentencia del 30 de agosto de 1988, expediente 5198.

182 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 21 de abril de 2010, Proceso 33418, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, sostuvo que en ese caso, la compraventa se constituye en el título traslaticio de dominio y para tal contrato basta el acuerdo entre cosa y precio. Tratándose de bienes muebles la naturaleza de ese negocio jurídico es consensual, del cual nacen obligaciones tanto para el vendedor como para el comprador: el primero debe dar la cosa, el segundo ha de dar el precio pactado. (...) la tradición es la forma jurídica como se cumplen las obligaciones de dar.

183 El artículo 1880 del Código Civil establece que las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos, siendo la primera de ellas la entrega o tradición.

184 Consejo de Estado, sentencia de 12 de septiembre de 2002, expediente 13.395, M.P. Ricardo Hoyos Duque, se pronunció en relación con hechos ocurridos el 4 de agosto de 1993, donde dijo que la copia auténtica de la tarjeta de propiedad era suficiente para probar la propiedad alegada.

185 Consejo de Estado, sentencia de 31 de agosto de 2006, expediente 19.432, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, se pronunció en relación con hechos ocurridos el 14 de julio de 1992 y cuya adquisición del vehículo se pretendió probar con el contrato permuta, celebrado el 13 de febrero de 1992. Allí se dijo que el título no era suficiente para acreditar la propiedad, por cuanto por tratarse de un vehículo de uso público, dedicado al transporte de pasajeros, su adquisición implicaba un acto de comercio cuya tradición debía efectuarse con aplicación del artículo 922 del Código de Comercio, es decir mediante la inscripción en la oficina de registro de automotores, en cuya ausencia se consideró no probada la propiedad pero sí la posesión y se tuvo al demandante como poseedor, postura que en la actualidad no se comparte, toda vez que la Sala considera que en estricto sentido, no puede adjudicarle al demandante una condición diferente a la alegada por él, para dar por establecida la legitimación material por activa, porque ello implicaría sustituir la causa petendi de la acción, es decir modificar los hechos en que se sustenta la demanda, desconociendo el principio del debido proceso, sacrificando el derecho de defensa de la parte contraria y atentando contra la congruencia que debe existir en sus sentencias.

186 El artículo 765 del Código Civil, cita como títulos traslaticios del dominio, aquellos que por su naturaleza sirven para transferir el dominio, como la venta, la permuta y la donación entre vivos, confundiendo con ello la noción del título con la del modo, pues como se concluye en este estudio, el título no traslada el dominio, este solo genera la obligación de dar y es con el modo que se traslada la propiedad de cabeza del tradente a la del adquirente. En los términos del Dr. J.J. Gómez, “al decir el Código (765) que hay títulos constitutivos y traslaticios, contraria(sic) sus propias bases en punto a obligaciones y confunde la noción de título con la noción de modo. Los títulos ni son traslaticios, ni son constitutivos: son simplemente títulos, es decir fuentes de obligaciones o de facultades; si el título es ejecutado y se trata de obligaciones de dar, se transfiere el dominio, pero ello no será obra del título sino del modo: (...) El título no tiene el atributo de transferir el derecho real; (...) el título es simplemente de adquisición o de propiedad, si habiendo originado obligaciones de dar, estas fueron cumplidas (...)”.

187 Artículo 88, Decreto-Ley 1809 de 1990.

188 Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 10.775, M.P. Ricardo Hoyos Duque. “En términos generales la temeridad consiste en una reprochable conducta mediante la cual una persona, independientemente de su posición activa o pasiva dentro del proceso, hace uso indebido de los instrumentos legales de orden sustancial o procesal, en búsqueda de efectos favorables a sus pretensiones. (...) El artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, faculta al juez para condenar en costas a la parte vencida pero en consideración a la conducta asumida por ella. Este precepto resulta aplicable en el presente caso, no obstante que se trata de una acción instaurada antes de la expedición de la Ley 446 de 1998, por tratarse de una norma de carácter procesal que tiene vigencia en forma inmediata. La nueva disposición contiene dos modificaciones sustanciales: a) posibilita la condena en costas para la entidad pública vencida, pues bajo la vigencia del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo sólo se permitía dicha condena para el litigante particular vencido en el proceso, incidente o recurso, con lo cual se atiende por este aspecto al principio de igualdad de las partes y, b) exige una valoración subjetiva para su condena, en tanto que en la norma anterior el criterio para su procedencia era simplemente objetivo, pues remitía al artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. En la nueva regulación de las costas en el proceso administrativo no basta entonces que la parte sea vencida, toda vez que se requiere una valoración de la conducta observada por ella en el proceso. La dificultad surge al determinar los criterios que debe tener en cuenta el juez para decidir cuándo la conducta de la parte justifica la condena en costas. La norma remite así a lo que la doctrina ha denominado “cláusulas abiertas” o “conceptos jurídicos indeterminados”, los cuales no dan vía libre a la arbitrariedad del operador jurídico sino a una aplicación razonable de la norma con un mayor margen de apreciación. En el caso concreto, la cláusula abierta que contiene el artículo 56 de la Ley 446 de 1998 no faculta al juez para decidir a su arbitrio sobre la existencia material de la conducta procesal, sino para resolver en frente de una actuación claramente verificable, cuándo ella amerita la condena al reembolso de los gastos hechos por la parte favorecida con el juicio, incidente o recurso, en consideración a los fines de esa facultad discrecional. La Sala considera que el juicio que en este caso debe hacerse implica un reproche frente a la parte vencida, pues sólo en la medida en que su actuación no se acomode a un adecuado ejercicio de su derecho a acceder a la administración de justicia sino que implique un abuso del mismo, habrá lugar a la condena respectiva. En la medida en que la demanda o su oposición sean temerarias porque no asiste a quien la presenta un fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de recursos con interés meramente dilatorio se considerará que ha incurrido en una conducta reprochable que la obliga a correr con los gastos realizados por la otra parte para obtener un pronunciamiento judicial. En este orden de ideas en el caso particular de los honorarios del abogado reclamados por la parte demandante, que hacen parte de las costas bajo el rubro agencias en derecho, si bien está debidamente acreditada su causación pues efectivamente hubo una activa participación del apoderado para sacar avante las pretensiones de la demanda tales como presentación de la misma, aporte y participación en práctica de pruebas, interposición de recursos, y si bien la tesis sostenida por la parte opositora no fue de recibo para la Sala, se considera que no hubo abuso en la actuación procesal de la demandada, pues no incurrió en conductas dilatorias ni temerarias como las señaladas antes. En consecuencia, se negarán por este aspecto las súplicas de la demanda.

189 Folio 299, cuaderno 1.

190 Artículo 1º, inciso 2º “El tránsito terrestre de personas, animales y vehículos por vías de uso público es libre, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades, para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes”.

191 Ver sentencia del 4 de octubre de 2007, expediente 16058. Aparte reiterado en sentencia del 22 de julio de 2999(sic), expediente 16333, M.P. Enrique Gil Botero.

192 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 31 de 1999, expediente 10.865, reiterada en muchas otras decisiones.

193 El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

194 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de noviembre 27 de 2006, expediente 23.049.

195 Folios 654 y 670, cuaderno principal.

196 “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

197 Sentencia de Unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2014, expediente 26251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

198 Folios 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 24, cuaderno 1.

199 Folio 112, cuaderno 1.