Sentencia 1997-24884 de septiembre 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad. 760012331000199724884 01 (31658)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Hensy Harold Martínez Vacca y otros

Demandado: Ministerio de Salud y otro

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Antes de entrar en el debate del asunto, la Sala establece la vocación de doble instancia del presente proceso. De acuerdo con el artículo 31 de la Carta Política se reconoce el principio de la doble instancia, cuyo carácter debe respetar la garantía de acceso efectivo de la administración de justicia, sin que esto implique su carácter absoluto. Por lo tanto, se precisa tener en cuenta que la jurisdicción y competencia del juez se determinan “con fundamento en la situación de hecho existente en el tiempo de la demanda”, en aplicación de la denominada “perpetuatio juridictionis”. En ese sentido, para la época en que se presentó la demanda, 24 de julio de 1997, la norma procesal aplicable era el Decreto 597 de 1988, en atención a lo establecido en el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998(48), de tal manera que la cuantía para que un proceso de reparación directa tuviera una vocación de doble instancia era de $13.460.000.

Al revisar las pretensiones de la demanda, se encuentra que la parte actora solicitó la suma de $ 25.000.000. Como se señaló, la cuantía para que se pueda deducir la vocación de doble instancia, que se corrobora con la admisión del recurso de apelación por el Despacho y que no fue discutido por las partes en dicha instancia, se encuentra superada para el presente caso lo que permite que el asunto sí pueda acceder a la doble instancia ante esta Corporación(49).

2. Objeto del recurso.

De la literalidad del escrito en que se sustentó el recurso se evidencia que son dos asuntos los que se deben resolver: a) Si la naturaleza de la providencia ha debido ser de auto o sentencia, como lo alega el recurrente; es decir, si lo que procedía era un auto en que se declarara incompetente la Sala de Descongestión para los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño; y remitiera el expediente al juez o Tribunal que consideraba tenía competencia para asumir el caso. B) Si hay lugar a entrar en el estudio del fondo del asunto, esto es, en el juicio de responsabilidad médica impetrado en la demanda.

3. Naturaleza de la providencia que declaró la incompetencia.

De tiempo atrás la jurisprudencia tiene determinado que cuando se acumulan indebidamente pretensiones y la irregularidad no se advierte en la fase inicial del proceso, el juez que conoce de la demanda debe resolver las que son de su competencia e inhibirse de fallar sobre las que resultan fuera de su órbita de conocimiento(50).

En el presente caso se presentó una acumulación subjetiva de pretensiones, mediante las cuales se buscaba la declaratoria de responsabilidad de una entidad pública y de un particular, para lo cual se invocó el factor de conexidad, a efectos de que de las mismas pudiese conocer el Tribunal Administrativo.

El Tribunal del conocimiento en el momento de fallar el asunto advierte que la entidad pública demandada, el Ministerio de Salud, carece de legitimación en la causa para ser demandado, lo cual ipso facto, convierte al juez, conforme a los precedentes de esta Corporación en incompetente para fallar la pretensión esgrimida conjuntamente contra el particular. La naturaleza de esta decisión por fuerza debe ser la de Sentencia, pues el Tribunal estaba obligado a resolver la situación respecto del demandado que sí estaba bajo la órbita de su competencia. Mal habría hecho si hubiese remitido mediante un auto el expediente a la jurisdicción ordinaria, sin haber decidido de fondo la situación del Ministerio de Salud, pues esta es una entidad que se encuentra fuera de la órbita de competencia asignada a los jueces que pertenecen a esta jurisdicción.

Lo dicho basta para demostrar lo desacertado del argumento expuesto por el recurrente, en el sentido que para la protección del debido proceso lo procedente era proferir un auto remitiendo todas las pretensiones, incluidas las esgrimidas con la entidad pública, a la jurisdicción ordinaria.

4. Procedencia del análisis sobre la responsabilidad de la entidad privada, en virtud del fuero de atracción.

Resta por examinar el segundo punto que se deriva de las razones en que se sustenta el recurso, esto es, si en el caso sub judice hay lugar a entrar a discutir el fondo del asunto respecto de la responsabilidad de la clínica particular contra la que se dirigieron las otras pretensiones acumuladas.

Para el efecto es necesario verificar si en el caso concreto es aplicable el fuero de atracción, una vez que se ha verificado que la entidad pública que lo generaba carecía de cualquier legitimación para ser demandada.

4.1. El factor conexión o “fuero de atracción” para determinar la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

De acuerdo con lo señalado por esta Corporacion(51), el factor de conexión consiste en que si se demanda a una entidad pública, en relación con la cual el competente para conocer de los juicios en los que ha de dilucidarse su responsabilidad es el juez administrativo, en conjunto con otra u otras entidades o incluso con particulares, respecto de los cuales la competencia para el conocimiento de los pleitos en los que se encuentren implicados está atribuida a otra jurisdicción, en virtud del fuero de atracción que permite la aplicación del “factor de conexidad”; en estos casos el juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para conocer del asunto en relación con todos ellos.

Sin embargo, en relación con el factor de conexión —que como se advirtió, es el que da lugar a la aplicación del denominado “fuero de atracción”— la Sala reitera que “su operatividad resulta procedente siempre y cuando desde la formulación de las pretensiones y la presentación del soporte probatorio de las mismas en el libelo contentivo de la demanda, pueda inferirse que existe una probabilidad mínimamente seria de que la entidad o entidades públicas demandadas, por cuya implicación en la litis resultaría competente el juez administrativo, sean efectivamente condenadas. Tal circunstancia es la que posibilita al mencionado juez administrativo adquirir —y mantener— la competencia para fallar el asunto en lo relativo a las pretensiones enderezadas contra aquellos sujetos no sometidos a su jurisdicción —fuero de atracción—, incluso en el evento de resultar absueltas, por ejemplo, las personas de derecho público, igualmente demandadas, cuya vinculación a la litis determina que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo la llamada a conocer del pleito, atendidos los otros cuatro factores atributivos de competencia recién referidos”(52) (destacado fuera de texto).

En el caso materia de análisis, se pretendió fijar la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa por el factor conexidad. Para el efecto se demandó a la Nación, Ministerio de Salud y a la Clínica Centenario - Serinsa S.A., esta última de carácter privado, por la falta en la intervención quirúrgica del señor Martínez Vacca, por lo cual, para determinar la operatividad del “fuero de atracción, la Sala procede a examinar el petitum y los hechos probados en el sub examine. Así, observa la Sala que de las pretensiones de la demanda, concretamente de la pretensión declarativa, no se evidencia una “probabilidad mínimamente seria” de la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Hacienda, pues al respecto se lee en la demanda:

“PRIMERA: Declárase a la Nación colombiana - Ministerio de Salud - Y (sic) La Clínica Centenario —Serinsa S.A.—, de Cali, representados como se dijo atrás, administrativamente responsables de los perjuicios sufridos por el señor Hensy Harold Martínez Vacca con ocasión de las secuelas que de por vida le quedaron por razón de intervención quirúrgica a que fue (sic) sometido en la clínica demandada, con sede en Cali, según los hechos de la demanda...”(53).

Ahora bien, al examinar el acervo probatorio que obra en el expediente, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

a. Obra en el expediente copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento del señor Hensy Harold Martínez Vacca Nº 72-02-24-02065(54), expedida por el Notario Primero encargado del Círculo de Cali, el 24 de julio de 1997.

b. Se encuentra acreditado el estado de coma en el que se encuentra el señor Hensy Harold Martínez, mediante copia de la “hoja de evolución”(55), de la Clínica Centenario de Cali, la cual fue aportada con la demanda, y en la que se lee:

“(...) Paro cardíaco - Coma. (ilegible) Anestecia (sic) GENERAL RESUMEN (sic): PTE Que presenta paro cardiaco a las 7:30 a.m. bajo anestesia general con (ilegible)...”.

c. Obra en el expediente copia de la historia clínica de la Fundación Valle del Lili de Cali(56), aportada con la demanda, y en la cual se lee:

“... remitido de la Clínica Centenario con Dx. De paro cardíaco coma en trasoperatorio bajo anestesio general.

En la nota de remisión se (ilegible): evento ocurrido hoy a las 7:30 h bajo anestesia general con (ilegible)...”.

d. Obra el certificado de existencia y representación de la Clínica Centenario - Serinsa S.A.(57), expedido por la Cámara de Comercio de Cali, documento en el que consta que por escritura pública Nº 3976 del 24 de agosto de 1993, otorgada en la Notaría Sexta de Cali, se constituyó la sociedad denominada “Servicios Médicos Integrales Limitada”; además, consta que mediante escritura pública 1394 del 8 de mayo de 1995, en la Notaría Catorce de Cali, dicha sociedad de trasformó de limitada en anónima, y bajo el nombre de “Clínica Centenario – Serinsa S.A.

e. Obra en el expediente el “resumen de egreso” del señor Hensy Harold Martínez Vacca, el cual fue enviado por el Centro Médico Fundación Valle del Lili, mediante oficio del 6 de agosto del 2004(58), en respuesta al oficio 4205OVN24884 enviado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca(59). En este documento se afirmó:

“Paciente remitido de la clínica centenario por haber presentado en el curso de una cirugía ortopédica un paro cardiorespiratorio, en el cual fue (sic) asistido y reanimado en su momento. Ingresa a Cuidado Intensivo, cuya valoración neurológica en este momento era compatible con un daño cerebral hipóxico importante, lo cual se verificó en su evolución en las semanas siguientes cuyo estado fué (sic) consistente con un estado vegetativo persistente como secuela del daño hipóxico. Por esta razón el paciente requirió ser alimentado por yeyunostomía, manejo de su estado ventilatorio por traqueostomía con terapias además de rehabilitación física.

Al momento de su salida, exactamente el 30 de octubre del 96, el paciente continuaba en su estado vegetativo persistente sin ningún otro signo objetivo de mejoría lo cual dado su estado es improbable que ocurra y se sugiere que sea manejado en forma multidisciplinaria para evitar complicaciones asociadas.

DIagnósticos (sic) Definitivos:

1. Estado vegetativo persistente.

2. Secuelas de encefalopatía hipóxica severa”(60).

f. Obra en el expediente oficio del 9 de agosto de 2004(61), suscrito por la Secretaría General de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, en respuesta al oficio 4207OVN24884 del 16 de julio de 2004(62), enviado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En la respuesta se lee:

“De acuerdo al (sic) oficio de la referencia me permito informar que el señor Hensy Harold Martínez Vacca identificado con la cedula (sic) de ciudadanía 166.921 expedida en Cali, laboró al servicio de ésta (sic) Corporación desde el 4 de Noviembre (sic) de 1992 hasta el 6 de Abril (sic) de 1999, fecha en la que el Seguro Social según Resolución 2077 de 1999, le reconoce la Pensión de Invalidez.

Que la remuneración mensual recibida por el señor Hensy Harold Martínez Vacca para el último año es de $407.390 m/c.”(63).

g. Obra en el expediente el oficio 4209OVN24884 del 16 de julio de 2004(64), dirigido a la Clínica Centenario - Serinsa S.A., enviado por el tribunal Administrativo del Valle del cauca, en el cual se solicitó a la entidad demandada:

“Copia auténtica de toda la historia clínica del señor Henssy (sic) Harold Martínez Vacca, identificado con C.C. 16.796.921 de Cali, quien fue intervenido allí por los meses de febrero y septiembre de 1996, indicando los motivos por los cuales fue remitido a la Fundación Valle del Lili de Cali”.

h. Obra en el expediente la declaración del señor Jorge Luis Orozco Vélez(65), médico que atendió al señor Martínez Vacca, en la Fundación Valle del Lili, y quién al ser preguntado sobre la causa del estado del paciente, respondió:

“Lo (sic) reportan quienes lo remitieron es que el paciente tuvo un paro durante el parp (sic) quirúrgico que se realizaba con anestesia general pero no dan más datos, entonces pueden suceder tantas cosas, las posibles causas son muy diversas, el resultado es el mismo, si al cerebro le falta oxígeno lo que uno ve es lo mismo independiente de la causa uno encuentra lo mismo en el paciente, nosotros no podemos saber en realidad qué pasó, es el grupo médico directo que atendió al paciente que son el cirujano, el anestesiólogo, quienes deben identificar la causa por la cual el paciente realizó un paro cardíaco durante la cirugía. Preguntando: Sírvase decirnos “si el exceso de anestesia pudo haberle producido la encefalopatía que afecta al ya citado paciente”. Contesto: el exceso anestésico no puede producir ese daño, lo que sí puede afectar es otros órganos, desconozco si los medicamentos usados en la dosis que se dice fueron aplicadas (sic) que no las conozco y que hacen parte del record anestésico hubieran podido precipitar el paro cardíaco, porque el daño cerebral es producido por la falta de oxígeno secundario al paro cardíaco”.

En consecuencia, de los hechos probados en el sub judice, la Sala observa que toda la actividad probatoria del demandante se dirigió a demostrar el estado vegetativo en que finalmente quedó el mencionado paciente, y que el mismo fue, según su propio dicho, consecuencia del exceso de anestesia en la intervención quirúrgica que le fue practicada en la clínica privada; incluso, en el acápite que rotula como “concepto de violación”, se ocupó de hacer referencia única y exclusivamente a la responsabilidad de la citada Clínica, en donde manifestó:

“La conducta de la Clínica Centenario —Serinsa S.A.— de Cali, desde el punto de vista quirúrgico y frente al señor Hensy Harold Martínez Vacca fué (sic) incuestionablemente deficiente, ineficaz y culposa, generadoras en fallas en la prestación del servicio público e implicativa (sic) de violación de normas sustantivas de carácter civil y administrativo, pues (sic) es evidente que el paciente Martínez Vacca acusa un estado de salud lamentable por exceso de anestesia, destacándose por ello la responsabilidad administrativa de los demandados, pues (sic) quebrantaron normas legales y supralegales entre ellas los artículos 2º, 6, 13, 42, 48 y 90 de la Carta Política; y artículos 1494 y 2341 del Código Civil”(66).

Destaca la Sala que por ninguna parte se puede deducir algún tipo de relación con los hechos objeto de demanda, que hubiesen servido para vincular al otrora Ministerio de Salud, hoy Ministerio de salud y de la Protección social, descartándose desde el inicio del proceso tal situación, es decir, no aparece demostrada la situación fáctica o normativa alguna que posibilitara a demandar en un solo proceso a la entidad pública y a la privada.

Se itera que uno de los requisitos para acceder al conocimiento de esta jurisdicción de procesos en los que haga parte una entidad estatal y una particular a través de llamado fuero de atracción, es que debe existir razón legal y fáctica que justifique la pretensión contra todos los citados al proceso(67). En el caso sub judice la parte actora focalizó la causa petendi del libelo exclusivamente en las supuestas fallas cometidas por quienes realizaron la intervención quirúrgica, y sus esfuerzos argumentativos a propósito de los fundamentos de derecho giraron de manera exclusiva alrededor de la obligación de responsabilidad derivada de la falla en el servicio en la que presuntamente incurrieron los profesionales de una clínica privada. Por lo anterior, la Sala establece que en el sub lite no procede la operatividad del denominado “fuero de atracción”.

4.2. La función pública o administrativa no es sinónimo de servicio público.

Sobre este punto es menester hacer referencia a la diferencia que, en casos como el que aquí se examina, esta Corporación ha establecido entre los conceptos de función pública y servicio público, al respecto se ha señalado:

“En este contexto también resulta oportuno destacar que en distintos pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, se ha precisado las diferencias que existen entre los conceptos de función pública y una de sus especialidades cual es la función administrativa y el servicio público, para concluir que son conceptos distintos y que no siempre la prestación de un servicio público como es el caso de la salud, comporta el ejercicio de una función administrativa, como la pretende asimilar el demandante.

“En efecto, la corte Constitucional sostuvo(68):

“... Si bien en un sentido amplio podría considerarse como función pública todo lo que atañe al Estado, cabe precisar que la constitución distingue claramente los conceptos de función pública y de servicio público y les asigna contenidos y ámbitos normativos diferentes que impiden asimilar dichas nociones, lo que implica específicamente que no se pueda confundir el ejercicio de función públicas, con la prestación de servicios públicos, supuestos a los que alude de manera separada el artículo 150 numeral 23 de la Constitución que asigna al Legislador competencia para expedir las leyes llamadas a regir una y otra materia(69).

Así las cosas, la noción de “función pública” atañe al conjunto de las funciones que cumple el Estado, a través de los órganos de las Ramas del poder público, de los órganos autónomos e independientes, (art. 113) y de las demás entidades o agencias públicas, en orden a alcanzar sus diferentes fines.

El servicio público se manifiesta esencialmente en prestaciones a los particulares(70). La función pública se manifiesta, a través de otros mecanismos que requieren de las potestades públicas y que significan, en general, ejercicio de la autoridad inherente del Estado(71).

Debe recordarse así mismo que como se desprende del artículo 365 superior, la actividad de prestación de los servicios públicos no es únicamente del Estado, y que bien puede este decidir dejarla en manos de los particulares, no obstante que la regulación, control y vigilancia de dichos servicios le corresponde ejercerla directamente y con exclusividad (arts. 189-22, 365, 370).

Ello no sucede en cambio en el caso de las funciones públicas, que corresponde ejercer a los servidores públicos y solo de manera excepcional puede ser encargado su ejercicio a particulares (art. 123-2), y en los términos ya expresados.

La Constitución Política, ha reservado para el Estado las funciones de la regulación, control y vigilancia de los servicios públicos, —que en sí mismas corresponden cabalmente al ejercicio de funciones públicas—, mientras que la prestación de los mismos, en la medida en que no implica per se dicho ejercicio, ha determinado que puede ser adelantada por el Estado, por particulares o por comunidades organizadas (art. 365, C.P.).

Ahora bien en relación con los controles que se pueden ejercer respecto de los particulares que excepcionalmente cumplen funciones públicas, frente a aquellos que simplemente prestan un servicio público, cabe hacer las siguientes consideraciones.

Como ya se señaló el particular que ejerce funciones públicas se encuentra sometido exactamente a los mismos controles que los servidores públicos(72).

En el caso de un particular que presta un servicio público la Corte ha precisado que este se encuentra sometido al régimen especial fijado por el legislador para la prestación del servicio público de que se trate, así como el control y vigilancia del Estado(73). Ello no implica, sin embargo, que ese particular por el simple hecho de la prestación del servicio público se encuentra sometido al régimen disciplinario.

Las empresas prestadoras de salud igualmente están encargadas de un servicio público regido por los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, cuya prestación está reglamentada, vigilada y controlada por el Estado (art. 49, C.P.), pero sin que ello signifique el sometimiento de las entidades privadas promotoras y prestadoras de salud a la ley disciplinaria, en tanto en sí misma su actividad no implica el ejercicio de una función pública”.

Por su parte esta Corporación en relación con el mismo tema planteado señaló(74):

“La función Pública es toda actividad ejercida por los órganos del Estado para la realización de sus fines”.

El servicio público es una actividad que desarrolla la administración, en forma directa o delegada, con el objeto de satisfacer las necesidades de los Administrados, esto es: el interés general.

Por tanto, son diferentes los conceptos de función pública y servicio público.

Así lo ha señalado reconocida parte de la doctrina.

En efecto, Roberto Dromi sobre el punto dice:

“... funciones públicas. Atañen a la defensa exterior, para resguardo de supremas necesidades de orden y paz y a la actuación del derecho, para la tutela de los propios valores jurídicos como orden, seguridad y justicia.

(...).

“... servicios públicos: Se refieren a prestaciones o servicios de interés comunitario, que no son de forzosa ejecución estatal directa””(75).

De conformidad con lo anterior, la Sala concluye que el procedimiento quirúrgico que se prestó al señor Hensy Harold Martínez Vacca, por la Clínica Centenario - Serinsa S.A., la cual conforme al certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali(76), es persona jurídica de derecho privado, y tiene por objeto social la prestación de servicios integrados en el campo de la salud; si bien se lo puede calificar como la prestación del servicio público de salud, a tal actividad no puede dársele la connotación de una función pública o administrativa.

Por lo anteriormente expuesto, determina la Sala, que se presenta incompetencia de la Jurisdicción de los Contencioso Administrativo para pronunciarse de fondo respecto de las pretensiones planteadas en contra de la referida clínica privada, puesto que no es posible aplicar el factor conexión o fuero de atracción para asumir tal competencia, razón por la cual, se procederá a confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Nación - Ministerio de Salud, hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, y se inhibió para resolver acerca de las pretensiones formuladas en la demanda en contra de la Clínica Centenario - Serinsa S.A. de la ciudad de Cali.

5. Costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, debido a que ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 14 de abril de 2005 proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, Sede Cali.

2. ABSTÉNGASE de condenar en costas”.

3. Ejecutoriada esta providencia DEVÚELVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

48 El parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998 establece: “Mientras entran a operar los juzgados administrativos continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley”. Debe tenerse en cuenta que la cuantía es uno de los factores o normas de competencia.

49 En este sentido puede verse la sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp. 18143.

50 La Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 20 de septiembre de 2001, Exp. 10973 se afirmó: “la jurisprudencia, como mecanismo auxiliar en la administración de justicia, al pronunciarse en casos similares ha dicho que cuando se acumulan pretensiones sobre las cuales el juez solo tiene jurisdicción sobre una(s) y no sobre la(s) otra(s) debe inhibirse sobre la que no es de su jurisdicción, porque la inhibición no grava la condición del demandado”.

51 Sentencia del 29 de agosto de 2007. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Radicación 25000-23-26-000-1995-00670-01 (15526).

52 Sentencia del 29 de agosto de 2007. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Radicación 25000-23-26-000-1995-00670-01 (15526).

53 Fl. 14 del C. 1.

54 Fl. 6 del C. 1.

55 Fl. 2 del C. 1.

56 Fls. 3-5 del C. 1.

57 Fls. 7-13 del C. 1.

58 Fl. 4 del C. 3, en el cual se lee: “En respuesta a su solicitud enviada, enviamos copa de la historia clínica de (sic) el (sic) paciente Hensy Harold Martínez Vacca (...)”.

59 Fl. 3 del C.3., en el cual se lee: “(...) se solicita que a la mayor brevedad posible, nos informen y remitan lo siguiente: Copia autentica de la historia clínica del señor Hensy Harold Martínez Vacca identificado con C.C. 16.796.921 de Cali, intervenido en esa fundación por el mes de septiembre de 1996 (...)”.

60 Fl. 5 del C. 3.

61 Fl. 6 del C.3.

62 Fls. 2 del C.3., en el cual se lee: “(...) se le solicita que a la mayor brevedad posible, nos informen y remitan lo siguiente:
Certifique si el señor Henssy (sic) Harold Martínez Vacca fue empleado de la asamblea, indicando de qué fecha a qué fecha, como también el monto de sueldos devengado”.

63 Fl. 6 del C. 3.

64 Fl. 4 del C. 4.

65 Fls. 6-9 del C.4.

66 Fl. 17 del C. 1.

67 En este sentido: sentencias del 4 de febrero de 1993 (Exp. 7506, actor Maximiliana Céspedes, ponente, Carlos Betancur Jaramillo) y la del 25 de marzo del mismo año (Exp. 7476, actor Mariela Chamorro de Flor, ponente Dr. Julio cesar Uribe). En la primera se señala:
“Si bien es cierto la jurisprudencia reiterada de la Sala indica que las acciones de responsabilidad contra las empresas industriales o comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, se juzgan ante la jurisdicción ordinaria, dada la normativa especial que rige a ese respecto (art. 31 del Decreto 3130 de 1968) no es menos cierto que cuando en la demanda se citan estas al proceso en litis consorcio con un establecimiento público, que, como tal, está dotado de fuero especial, al cual también se le imputa la responsabilidad solidaria, el juez competente será este último para todos los efectos, dándose así lo que la doctrina y la jurisprudencia conocen como fuero de atracción. A este respecto la sala sigue la orientación marcada por esta misma Sala, en el sentido que al darse el aludido fuero todas las partes llamadas al proceso pueden ser juzgadas por el mismo juez. (Sentencia marzo 8 de 1979, proceso 2230 ponente Jorge Valencia Arango). Se entiende para estos efectos que exista razón legal y fáctica que justifique la pretensión contra todos los citados al proceso”.

68 Corte Constitucional, Sentencia C-037/03. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

69 “ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
(...).
23 Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos”.

70 Ver Juan Alfonso Santamaría Pastor, Principios de Derecho Administrativo, Volumen II, segunda edición C.E. Ramón Areces, Madrid, 2000, pág. 301 y ss.

71 Sobre las potestades que reflejan el imperium estatal ver Juan Carlos Cassagne Derecho Administrativo, quinta edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994, págs. 17 y ss.

72 Ver las sentencias C-563/98, M.P. Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Díaz y C-181/02 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

73 Ver Sentencia C-915/02, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

74 Sentencia del 18 de noviembre de 1999, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Radicación ACU-1016.

75 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, consejero ponente Hernán Andrade Rincón, Expediente 19001-23-3-000-1997-3427-01 (19666), del 23 de junio de 2011.

76 Fl. 7 a 13 del C. 1.