Sentencia 1997-25148 de abril 27 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001-13-31-000-1997-25148-01 (20.749)

Consejera Ponente (e):

Dra. Gladys Agudelo Ordóñez

Actores: Fredy Fernando Lerma Cobo y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, Fiscalía General de la Nación y Departamento Administrativo de Seguridad, DAS

Asunto: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintisiete de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 31 de enero de 2001, por el Tribunal Administrativo Sala de Descongestión Sede Cali.

Para resolver el asunto en estudio se desarrollará el siguiente orden conceptual: i) Competencia; ii) Responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación respecto de las condenas que se profieran contra la Nación por sus actuaciones; iii) el régimen de responsabilidad aplicable al asunto que se somete a decisión judicial y iv) el caso concreto.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia y el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración de justicia conocen en primera instancia los tribunales administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado(1).

2. Responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación respecto de las condenas que se profieran contra la Nación por sus actuaciones.

Como cuestión previa, es menester señalar que para la fecha de presentación de la demanda, la representación judicial de la Nación, en los casos en los cuales se discutía la responsabilidad del Estado por hechos imputables a la administración de justicia, estaba a cargo de la dirección ejecutiva de administración judicial, entidad que fue debidamente notificada y representada.

No obstante lo anterior, la Sala en reiterada jurisprudencia ha señalado que si bien es cierto la Fiscalía General de la Nación pertenece a la rama judicial, también lo es que esta entidad goza de autonomía administrativa y presupuestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución. Corolario de esa autonomía es que las condenas que se profieran contra la Nación, por las actuaciones realizadas por la Fiscalía, deberán ser cumplidas o pagadas con el presupuesto de esta. Así lo ha ordenado esta corporación; por ejemplo, en providencia dictada por la Sala Plena, el Consejo de Estado, al decidir el conflicto de competencias surgido entre la dirección ejecutiva de administración judicial y la Fiscalía General de la Nación, en relación con el pago de la condena impuesta mediante la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 2 de septiembre de 1999, en la cual se declaró administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, por la privación injusta de la libertad a que fue sometida la demandante, sostuvo:

“En el presente caso, la litis se trabó con La Nación, representada por el Ministerio de Justicia y del Derecho (que a la postre resultó condenada), porque, como consta en el expediente, al momento de la presentación de la demanda no se había designado al director ejecutivo de la rama judicial, por ello el tribunal aplicó el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo que establecía la representación de la Nación, para estos eventos, en el Ministerio de Justicia.

“Ahora bien, una es la representación judicial —que hoy en día tiene la dirección ejecutiva de la administración judicial— y otra muy distinta, la capacidad para responder pecuniariamente.

“Con la Constitución de 1991 la Fiscalía General de la Nación fue dotada de autonomía administrativa y presupuestal, de tal forma que maneja sus recursos separadamente del presupuesto que gobierna el Consejo Superior de la Judicatura, conteniendo un rubro de sentencias judiciales.

“Aparte de lo anterior, la ley le otorga responsabilidad en estos eventos al Fiscal General de la Nación, según lo ordena el numeral 5º del artículo 17 del Decreto 261 de 2000, Estatuto que modificó la estructura y funciones de la Fiscalía:

“ART. 17.—El Fiscal General de la Nación tiene la representación de la entidad frente a las autoridades del poder público así como frente a los particulares y además de las funciones especiales otorgadas por la Constitución Política, tiene las siguientes funciones generales:

“5. Ser vocero y responsable por las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación ante los demás estamentos del Estado y de la sociedad”.

“En el mismo sentido estaba el numeral 4º del artículo 22 del Decreto 2699 de 1991, subrogado por la norma transcrita.

“En el caso que nos ocupa está probado que la autoridad que infligió el daño fue la Fiscalía General de la Nación al ordenar injustamente la privación de la libertad de la señora Anatilde Santiago de Contreras y toda vez que el presupuesto de esta Entidad es diferente del que tiene a su cargo el Consejo Superior de la Judicatura, los rubros que deben afectarse para reponer el daño causado son los de la Fiscalía General de la Nación y no los de la dirección ejecutiva de administración judicial(2).

Esta posición fue reiterada por la Sala en sentencia de 11 de febrero de 2009, en la cual sostuvo:

“Considera la Sala que si bien hoy la representación judicial de la Nación, por hechos que se imputan a la Fiscalía General, corresponde a esta entidad, en los procesos iniciados y adelantados con anterioridad, cuando aún no estaba vigente el artículo 49 de la Ley 446 de 1998 y jurisprudencialmente se discutía la inaplicación de esa norma por contradecir la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, dicha representación, para la época de formulación de la demanda, estaba a cargo de la dirección ejecutiva del Consejo Superior de la Judicatura, entidad que, en el presente asunto, confirió poder a la doctora Yadira Reales Vesga, para que asumiera la defensa judicial de la Nación-rama judicial, por los hechos que le imputaron los actores como consecuencia de la privación injusta de la libertad del arquitecto Jairo Berbeo Medina, según obra a folio 48 del cuaderno 4.

“Hechas las anteriores precisiones, considera la Sala que la condena impuesta en este caso a la Nación-rama judicial-Consejo Superior de la Judicatura, por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el arquitecto aludido, será asumida por la Fiscalía General de la Nación con cargo a su presupuesto”(3).

Por lo anterior, y en consideración a que en el asunto sub lite la Nación estuvo debidamente representada durante todo el proceso por el Ministerio de Justicia y del derecho [hoy del Interior y de Justicia] y la dirección ejecutiva de administración judicial, es viable definir la controversia planteada y en caso de que se profiera alguna condena, esta será asumida por la Fiscalía General de la Nación con cargo a su presupuesto.

3. El régimen de responsabilidad aplicable al asunto que se somete a decisión judicial.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por razón de la detención injusta de la libertad a la cual fue sometido el señor Fredy Fernando Lerma Cobo, desde el 16 de agosto de 1996 hasta el 2 de septiembre de ese año, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996.

Al respecto, el artículo 65 de la Ley 270 de 1996, establece:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Respecto de la norma transcrita, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota con la declaración de la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando esta sea ilegal o arbitraria. En reiterada jurisprudencia(4), se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad, es decir que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, se configura un evento de detención injusta(5). Lo anterior en virtud de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 90 de la Constitución Política; en ese sentido, la Sala mediante sentencia del 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-03[7] de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de justicia, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-03[7] de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”(6).

Ahora bien, la Sala en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(7). En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(8).

Una primera línea jurisprudencial podría calificarse de restrictiva, bajo el entendido de que la responsabilidad del Estado, por la privación injusta de la libertad de las personas, se fundamentaba en el error judicial, que se produciría como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonable, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, se dijo que la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez que causa perjuicios a sus coasociados(9). Posteriormente, se indicó que la investigación de un delito cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(10).

Una segunda línea entendió que en los tres eventos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si este incurrió en dolo o culpa(11). Se consideró, además, que en tales eventos la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad, pero que en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se exigiría al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no solo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención(12).

En ese orden, se sostuvo que el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos(13). El primero, previsto en su parte inicial, señalaba que: “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir un tipo de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o ilegalidad de la detención. La segunda parte de la disposición, en cambio, tipificaría los tres supuestos —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible— los cuales, una vez acreditados, darían lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigeró el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, que implicaba imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada, al tiempo que amplió, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado fuese absuelto en aplicación del principio universal del in dubio pro reo(14).

En la actualidad, la Sala ha acogido el criterio objetivo, con fundamento en que, en los eventos señalados en la segunda parte del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico, por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.

Desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental (C.N., art. 28) que solo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”, y como certeramente lo anota la doctrina:

“No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad.

“La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad que caracterizaba al antiguo régimen...”(15).

Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce —sin discriminación alguna— la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.N., art. 5º) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos los de libertad como ámbitos de autodeterminación de los individuos (C.N., art. 2º), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (art. 29 eiusdem)(16).

Sobre el derecho de libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

— En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado mediante la Ley 74 de 1968 se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta...”.

— En la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por la Ley 16 de 1972 se dice que: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo las condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(...) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no solo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”(17).

La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues según el inciso 4º del artículo 29 de la Carta Política: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”, y por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado(18).

Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible, y si además prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

Se precisa igualmente que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.

Se concluye, entonces, que en aplicación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, la responsabilidad patrimonial del Estado procede cuando se cumplen los siguientes supuestos: i) que una persona sea detenida preventivamente por decisión de autoridad judicial competente; ii) que sea exonerada mediante sentencia absolutoria definitiva o mediante su equivalente; iii) que la decisión absolutoria se haya proferido como consecuencia de que el hecho no existió, que el sindicado no lo cometió o que el hecho que realizó no era punible; iv) que el sindicado y los demás demandantes en el juicio de responsabilidad hayan padecido daños.

Según el mismo artículo, la indemnización no es procedente cuando el daño proviene de la culpa grave o del dolo de la propia víctima.

Así las cosas, cuando se produce la exoneración del sindicado, por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, entre otros, la privación de la libertad resulta siempre injusta, comoquiera que quien estuvo detenido sufrió un daño que no estaba en la obligación de soportar.

En ese orden de ideas, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio obrante en el proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a los actores, con ocasión de la privación de la libertad del señor Fredy Fernando Lerma Cobo.

4. El Caso concreto.

Con el fin de acreditar los hechos de la demanda al proceso se allegaron en debida forma los siguientes elementos de prueba, los cuales son susceptibles de valoración.

1. Según el oficio 1784 del 12 de julio de 2000, proveniente de la cárcel del Distrito Judicial de Cali, el señor Fredy Fernando Lerma Cobo estuvo detenido en ese centro penitenciario desde el 16 de agosto de 1996 hasta el 2 de septiembre siguiente, por una orden del Fiscal Primero de la Unidad de Patrimonio Económico, el cual se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento consistente en detención preventiva (fl. 29, cdno. 3).

2. En proveído de 30 de agosto de 1996, la Unidad Uno de Patrimonio Económico Grupo Especial de Fiscales Delegados, al definir la situación jurídica del señor Fredy Fernando Lerma Cobo y de otros sindicados, señaló:

“Promediando las 15:00 del día 16 de agosto, un grupo de agentes adscritos al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, al mando del Víctor Manuel Uribe Correal, incursionaron en la plaza de Caicedo de esta ciudad, realizando un operativo rápido tendiendo a desvertebrar una banda de falsificadores de documentos públicos y privados, la cual se tenía conocimiento existía, en razón a la gran cantidad de capturas en los aeropuertos internacionales, en los que las personas capturadas señalaban el mentado sitio como lugar de elaboración de documentos falsos que utilizaban para salir del país.

“El operativo arrojó como resultado la captura de las 18 personas que se vincularon al presente investigativo y a la incautación de un sinnúmero de documentos públicos y privados los que aparecen discriminados por cada uno de los sindicados...

“En la diligencia de indagatoria el sindicado Fredy Fernando Lerma Cobo, en la cual expresa su inconformidad con el operativo en el que resultara aprehendido y esgrime que la documentación en fotocopia autenticada que soporta la legal procedencia del documento, citando fechas exactas y pormenores del origen del documento que le fuera incautado y que se encuentra vencido y en proceso de refrendación, asegura desconocer y/o tener cualquier vínculo laboral con los otros 17 sindicados, incluyendo a su hermano Jorge Eliécer.

“... Si consideramos que los requisitos sustanciales para la imposición de la medida de aseguramiento, son mínimas, estas pruebas deben ser valoradas con los principios de la sana crítica y con base en una valoración de los hechos investigados. Y es por ello que encontramos que estos requisitos no se cumplen respecto (sic) los sindicados... Fredy Fernando Lerma Cobo... quienes en forma inmediata deberán recuperar su libertad (fls. 10 a 25, cdno. 2).

3. La Fiscal 72 Seccional, en el oficio 472 de 9 de octubre de 2000, remitió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, copia auténtica de la Resolución 45 del 31 de julio de 1997, mediante la cual precluyó la investigación penal en favor del señor Fredy Fernando Lerma Cobo. En dicha providencia, señaló:

“Los documentos que en copias mecánicas presenta el procesado Fredy Fernando Lerma Cobo, dentro de estas sumarias y las allegadas a través de su defensor, encuentran respaldo total en el oficio 55194 de fecha mayo 30 de 1997, emanado del Ministerio de Defensa Nacional - Fuerzas Militares de Colombia, toda vez que en este se hace referencia que efectivamente a dicho procesado Lerma Cobo se le expidió permiso de tenencia de armas con vencimiento en mayo de 1996 y posteriormente se revalidó con vigencia a noviembre 8 de 2004.

“Lo anterior significa que el documento que se le decomisó al señor Fredy Fernando Lerma Cobo, en fecha del pasado 16 de agosto de 1996, corresponde a un original, pese a que se encuentra tanto para la fecha de su decomiso como a la de este momento de resolver lo pertinente vencido, como si se aprecia en el mismo cuya fecha corresponde a mayo 17 de 1992, considerándose atípica la conducta punible investigada, ya que no ha habido falsificación alguna de documento público, de ahí la necesidad de ordenar la preclusión de la instrucción, al tenor del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que nos encontramos frente a la inexistencia del delito de falsedad de documento público el cual no debe proseguirse... (fls. 32 a 35, cdno. 3) (resalta la Sala).

4. Mediante el oficio 264 del 6 de junio de 2000, la Fiscal 72 Seccional, le informó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que la investigación penal número 80391 y la Resolución 45 del 31 de julio de 1997, mediante la cual se dispuso la preclusión de la investigación penal en favor del implicado fueron archivadas el 29 de agosto de 1997, una vez quedó en firme el señalado proveído (fl. 30, cdno. 3).

De conformidad con el material probatorio atrás referenciado, está demostrado que el señor Fredy Fernando Lerma Cobo estuvo privado de la libertad durante 16 días, al cabo de los cuales fue puesto en libertad por orden de la autoridad judicial competente.

Así mismo, esta acreditado que la Fiscalía 72 Seccional, Unidad Dos de Patrimonio Económico, precluyó la investigación penal a favor del señor Fredy Fernando Lerma Cobo, toda vez que consideró que la conducta por la cual se le privó de la libertad era “atípica”, comoquiera que no se configuró el delito de falsedad en documento público, toda vez que el salvo conducto que portaba el demandante al momento de su captura pese a estar vencido correspondía a un documento original, legalmente expedido.

Así las cosas, considera la Sala que la privación de la libertad del señor Fredy Fernando Lerma Cobo no se produjo entonces como consecuencia de un hecho que fuere atribuible al sindicado, pues no se acreditó en este asunto causa alguna que permita establecer que la decisión de mantenerlo detenido se hubiere adoptado con fundamento en una actuación directa y exclusiva del demandante.

Ciertamente, el señor Fredy Fernando Lerma Cobo fue exonerado de responsabilidad penal mediante la Resolución 45 del 31 de julio de 1997, mediante la cual se declaró la preclusión de la investigación porque en el proceso penal finalmente se encontró acreditado que “la conducta a él endilgada era atípica”.

Así las cosas, es evidente que la circunstancia descrita constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el demandante, siempre mantuvo intacta la presunción de inocencia que lo amparaba y que el Estado, a través de la entidad ahora demandada, jamás le desvirtuó.

Por lo anterior, es evidente desde todo punto de vista, que es desproporcionado pretender que se le pueda exigir a los particulares demandantes que asuman en forma inerme y como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, la privación de su derecho a la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado, a pesar de que la misma administración de justicia que les limitó el derecho en mención, llegue a concluir que la conducta que había originado la imposición de la detención “es atípica”.

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas se impone concluir que no estaban los demandantes en la obligación de soportar el daño que el Estado les irrogó y que debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir a los demandantes.

Así las cosas, no hay duda que la entidad demandada debe responder por los perjuicios causados a los actores, por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Fredy Fernando Lerma Cobo, en aplicación de lo previsto por el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, pues el hecho punible por el cual se le investigó y se lo detuvo en un centro penitenciario no constituía una conducta punible, tal como lo señaló la Fiscalía en la Resolución 45 de 31 de julio de 1997, en la que precluyó la investigación.

Hechas las anteriores precisiones, la Sala revocará la sentencia impugnada y en su lugar proferirá la condena correspondiente con cargo al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, por ser esta la entidad que privó injustamente de la libertad al señor Fredy Fernando Cobo.

Indemnización de perjuicios

Perjuicios morales

Por la privación injusta de la libertad del señor Fredy Fernando Lerma Cobo además de este concurrieron al proceso, su esposa Luzcelly Becerra García, y sus hijos menores: Johana Carolina y Jhon Alexander Lerma Becerra, según se desprende de la demanda y de los poderes debidamente conferidos a su apoderado judicial (fl. 1, cdno. 2).

Los actores solicitaron, por concepto de perjuicios morales, una suma equivalente en pesos, a 1.500 gramos de oro en favor del señor Fredy Fernando Lerma Cobo y 1.000 gramos de oro, para su esposa e hijos respectivamente (fl. 34, cdno. 1).

En relación con el parentesco de los demandantes con el señor Fredy Fernando Lerma Cobo, obran en el proceso las siguientes pruebas:

1. Copia auténtica del registro civil de matrimonio de Fredy Fernando Lerma Cobo y Luzcelly Becerra García, expedida por la Notaría Tercera Encargada de Cali (fl. 4, cdno. 2)

2. Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Johana Carolina y Jhon Alexander Lerma Becerra, expedidas por las Notarías Novena y Décima del Circulo de Cali, en las que consta que son hijos de Fredy Fernando Lerma Cobo y Luzcelly Becerra García (fls. 2 y 3, cdno. 2).

Conforme a lo anterior, se encuentra debidamente acreditado que el señor Fredy Fernando Lerma Cobo está casado con la señora Luzcelly Becerra García y que Johana Carolina y Jhon Alexander Lerma Becerra son sus hijos.

Así las cosas, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que en casos de detención en establecimientos carcelarios se presume el dolor moral, la angustia y la aflicción de la víctima directa del daño, por la privación injusta de la libertad(19), Así mismo, presume dicho dolor respecto de sus seres queridos, conforme a las reglas de la experiencia, tal como la Sala lo ha reconocido en otras oportunidades(20).

Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(21).

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el señor Fredy Fernando Lerma Cobo estuvo privado injustamente de la libertad durante 16 días, y que dicha medida le produjo a este y a sus seres queridos un profundo dolor y aflicción, el cual debe ser resarcido, se reconocerá por concepto de perjuicios morales al señor Fredy Fernando Lerma Cobo, la suma de ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes y a su esposa e hijos la cantidad de (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes, respectivamente.

No se reconocerán perjuicios materiales, toda vez que los actores no los establecieron en la demanda, ni en el plenario existe prueba alguna que acredita su existencia y cuantificación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de 28 de febrero de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo Sala de Descongestión Sede Cali; en su lugar se dispone:

1.(sic) DECLÁRASE responsable a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Fredy Fernando Lerma Cobo.

2. CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación, a pagar a las personas que a continuación se relacionan las siguientes sumas de dinero:

Por concepto de perjuicios morales en favor de:

 

Fredy Fernando Lerma Cobo
80 smlv
Luzcelly Becerra García
50 smlv
Johana Carolina Lerma Cobo
50 smlv
Jhon Alexander Lerma Becerra
50 smlv

 

3. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme con lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

5. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 2008 00009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(2) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de junio de 2001, expediente C-736, actor: dirección ejecutiva de administración judicial, M.P. Ligia López Díaz.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, expediente 15.769, actor: Jairo Berbeo Medina y otros.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el dos de mayo de 2007, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros y el 26 de marzo de 2008, expediente 16.902, actor: Jorge Gabriel Morales y otros, entre otras.

(5) Sobre el particular, consultar la sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2001, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.

(7) El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463.

(9) Sección Tercera, Sentencia de 1º de octubre de 1992, expediente 7058.

(10) Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente 8666.

(11) Sección Tercera, Sentencia de 15 de septiembre de 1994, expediente 9391.

(12) Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente 10056.

(13) Rodríguez Villamizar, Germán. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Memorias del décimo encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, página 107.

(14) Sección Tercera, Sentencia de 18 de septiembre de 1997, expediente 11.754.

(15) García Morillo, Joaquín. Los derechos de libertad (I) la libertad personal, en López Guerra, Luis et al. Derecho Constitucional, volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, página 258.

(16) El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295 de 10 de diciembre) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan —aun previstas en la ley— privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente el mismo tribunal en sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D. 4) indicó: “... por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/1995, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/1996).

(17) Sentencia C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997.

(18) Al efecto puede consultarse la Sentencia C-774 de 25 de julio de 2001 de la Corte Constitucional.

(19) Entre otras, sentencia de 14 de marzo de 2002, expediente 12.076.

(20) Sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 15.980.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros - William Alberto González y otra.