Sentencia 1997-4694 de marzo 18 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 25000-23-26-000-1997-4694-01

Expediente: 22.339. Apelación sentencia ejecutiva

Consejero Ponente (e):

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Ejecutante: Instituto de Fomento Industrial Concesión Salinas

Ejecutado: Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales

Bogotá, D.C., dieciocho de marzo de dos mil diez.

Extractos: «II. Consideraciones

La Sala precisa que es competente(6) para conocer del presente asunto toda vez que se trata del recurso de apelación Interpuesto contra una sentencia proferida en un proceso ejecutivo adelantado para hacer efectivas obligaciones derivadas de un contrato de seguro celebrado para garantizar un contrato estatal(7) el cual es de doble instancia porque a la fecha de presentación de la demanda(8), la mayor pretensión(9) alcanzaba la suma exigida por la ley para la mayor cuantía.

La aseguradora ejecutada impugnó la sentencia de primera instancia por medio de la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución y efectuar la liquidación del crédito, con fundamento en la inexistencia del título ejecutivo y en la inexistencia parcial de la obligación definida a su cargo.

Procede la Sala a valorar las pruebas aportadas válidamente al proceso con el fin de pronunciarse sobre la existencia y ejecutividad de la obligación por cuyo cumplimiento se adelantó este juicio ejecutivo.

1. Lo probado.

1.1. El contrato de suministro y sus modificaciones.

1.1.1. El 31 de julio de 1995, el director primer suplente del Instituto de Fomento Industrial Concesión Salinas y el representante legal de la Empresa Colombiana de Sal, Ecosal S.A. (en concordato) celebraron un contrato con el objeto de suministrar sal grano lavada proveniente de los cristalizadores de Manaure, Guajira, por parte del IFI Concesión Salinas y a favor de Ecosal S.A.; al efecto esta última debía procesarla como producto para el consumo humano con destino a la exportación y venta hacia Venezuela.

Las partes también acordaron, entre otras cláusulas, las siguientes:

“Décima cuarta. Garantías. Para avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en desarrollo del presente contrato, el contratista se compromete a constituir a favor del Instituto de Fomento Industrial Concesión Salinas, con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y con autorización para su funcionamiento, la siguiente póliza de garantía de cumplimiento del contrato, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor estimado durante su vigencia, o sea por la suma de noventa y tres millones seiscientos sesenta mil pesos ($ 93’660.000) moneda corriente, vigente por todo el término del contrato y tres (3) meses más: la garantía de que trata la presente cláusula debe llenar los requisitos de la póliza maestra de la Contraloría General de la República y ser aprobada por la Superintendencia Bancaria.

PAR. 1º—Reposición, adición y prórroga de garantías. El monto de las garantías se repondrá cada vez que en razón a los siniestros correspondientes se viere disminuido o agotado. Las garantías respectivas se adicionarán o prorrogarán cada vez que se adicione el contrato en valor o se prorrogue el plazo y en los eventos de suspensión del plazo del contrato o de modificaciones unilaterales del mismo, en forma tal que en todo momento se ajusten a lo indicado en la presente cláusula.

PAR. 2º—Pago primas. Al presentar el consumidor a el proveedor las garantías o sus certificaciones de modificación, deberá anexar siempre en ellas el recibo de pago de la prima correspondiente.

PAR. 3º—Aprobación de garantías. Las garantías, los certificados de modificación de las mismas y los recibos de pago de las primas respectivas, deberán someterse a aprobación legal por parte de el proveedor.

PAR. 4ºNegativa a constituir garantías, negativa o mora para modificarlas. Si el consumidor se negare a constituir las garantías exigidas, el proveedor dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre y tendrá derecho a exigir a el consumidor las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios que de ellos se deriven. En caso de mora de el consumidor para realizar modificaciones a las garantías constituidas, el proveedor tendrá derecho a realizarlas en nombre de el consumidor descontando el valor de las primas de las cuentas o saldos a favor de este, quien desde ya otorga su autorización para tales efectos” (documento público aportado en copia auténtica, fls. 1 a 12, cdno. 3).

1.1.2. El 8 de marzo de 1996, las partes contratantes suscribieron el otrosí 1 al contrato de suministro, el cual tuvo por objeto modificar algunos aspectos del contrato principal, como son el precio y la forma de pago, “manteniendo la estructuración y objeto del contrato inicialmente suscrito en tal sentido” (documento público aportado en copia auténtica, fls. 13 a 18, cdno. 3).

1.1.3. Posteriormente, las partes contratantes suscribieron el otrosí Nº 2 al contrato de suministro, por medio del cual, entre otras modificaciones, extendieron el objeto del contrato en los siguientes términos:

“Cláusula primera. Para contemplar la autorización a el consumidor, en relación con el procesamiento y venta de sal para consumo humano en el mercado interno, se incluye un parágrafo a la cláusula segunda (2ª) del contrato el cual quedará según el siguiente texto:

PAR.Se contempla igualmente como objeto del presente contrato, el suministro de sal grano proveniente de los cristalizadores de Manaure por parte del proveedor a favor de el consumidor quien se compromete a procesarla como producto para consumo humano estando este autorizado a efectuar la venta del producto en el mercado interno con la condición expresa de que la sal sea relavada dos veces en Manaure, asumiendo el consumidor los mayores costos y mermas inherentes al proceso, cancelando los precios que el proveedor establezca para tal evento, previo cumplimiento de las condiciones técnicas de procesamiento exigidas en el Decreto 547 del día 19 de marzo de 1996 o en normas posteriores que regulen dicho aspecto” (documento sin fecha aportado en copia auténtica, fls. 13 a 26, cdno. 2).

1.2. El contrato de seguro y sus anexos modificatorios.

1.2.1. El 31 de julio de 1995, la Aseguradora Cóndor S.A., Compañía de seguros Generales expidió la póliza única de seguro de cumplimiento 025-952201281 en la cual figura como tomador la Empresa Colombiana de Sal, Ecosal S.A., y como beneficiario el Instituto de Fomento Industrial Concesión de Salinas IFI. El contrato de seguro tuvo por objeto el amparo de cumplimiento de todas las obligaciones pactadas en el contrato de suministro celebrado entre el IFI Concesión Salinas y Ecosal S.A., hasta por el monto de la suma asegurada que ascendió a $ 93’600.000 y durante la vigencia de la póliza que corrió del 31 de julio de 1995 al 31 de octubre de 1996 (documento aportado en original, fl. 27, cdno. 2).

1.2.2. El 20 de febrero de 1996, la Aseguradora Cóndor S.A., Compañía de Seguros Generales expidió el Anexo Modificatorio 168377 a la póliza única de seguro de cumplimiento 025-952201281, a través de la cual se amplió la vigencia de la póliza desde el 14 de febrero de 1996 hasta el 14 de febrero de 1997 y se modificó el objeto del seguro en los siguientes términos:

“Por medio del presente anexo de modificación se hace constar que de acuerdo con el acta de suspensión de operaciones de septiembre 20 de 1995 y acta de reiniciación de operaciones del 14 de febrero de 1996 se corre la vigencia de la póliza así:

Desde febrero 14 de 1996 hasta febrero 14 de 1997.

Objeto del seguro:

Garantizar el cumplimiento del contrato de suministro relacionado con el suministro de sal grano lavada proveniente de los cristalizadores de Manaure en el departamento de La Guajira. Y amparar el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas en el contrato de suministro suscrito entre el IFI Concesión de Salinas y Ecosal S.A.” (fl. 28, cdno. 2).

1.2.3. El 22 de febrero de 1996, la Aseguradora Cóndor S.A., Compañía de Seguros Generales expidió el anexo modificatorio 168415 a la póliza única de seguro de cumplimiento 025-952201281, a través del cual se dispuso lo siguiente:

“Por medio del presente anexo de modificación se hace constar que el valor asegurado correcto es $ 93’660.000 (...).

Objeto del seguro:

Garantizar el cumplimiento del contrato de suministro relacionado con el suministro de sal grano lavada proveniente de los cristalizadores de Manaure en el departamento de La Guajira. Y amparar el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas en el contrato de suministro suscrito entre el IFI Concesión de Salinas y Ecosal S.A.” (fl. 29, cdno. 2).

1.2. El acto administrativo que declaró el incumplimiento.

Por medio de la Resolución 1514 del 6 de febrero de 1997, el Instituto de Fomento Industrial - Concesión de Salinas resolvió:

“ART. 1º—Declarar la ocurrencia del riesgo amparado con la póliza 025-952201281 y sus anexos de modificación 168377 y 168415 otorgada por Cóndor S.A., Compañía de seguros generales, NIT 890-300.465-8, expedida el día 31 de julio de 1995, cuyo afianzado es la Empresa Colombiana de Sal S.A., ‘Ecosal S.A.’ en concordato, póliza vigente hasta el día 14 de febrero de 1997 por el valor total asegurado de noventa y tres millones seiscientos sesenta mil pesos ($ 93’660.000), por incumplimiento del contrato, por causas imputables al afianzado.

ART. 2ºAdelantar la reclamación ante Cóndor S.A., Compañía de Seguros Generales por el valor asegurado de noventa y tres millones seiscientos sesenta mil pesos $ 93'660.000 del amparo cubierto por la póliza por concepto del incumplimiento del contrato y sus otrosí uno y dos suscrito entre el IFI - Concesión de Salinas y Ecosal S.A., en concordato.

ART. 3º—Proceder a la liquidación del contrato.

ART. 4º—Notificar personalmente, la presente resolución a los representantes legales o a quienes hagan sus veces, de la Sociedad Empresa Colombiana de Sal S.A., Ecosal S.A. (en concordato) y Cóndor S.A., Compañía de seguros generales.

ART. 5º—Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, interpuesto personalmente ante este despacho, dentro de los cinco días siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y subsiguientes del Decreto 1 de 1984”.

IFI - Concesión Salinas fundamentó dicha decisión en el incumplimiento de la obligación de adquirir las toneladas acordadas mensualmente en el contrato de suministro y en el no pago de las facturas de que tratan las cláusulas octava y novena del contrato (documento público aportado en copia auténtica, fls. 30 a 34, cdno. 2).

El anterior acto administrativo se notificó por edicto, el cual se fijó el 14 de febrero de 1997 y se desfijó el 28 de enero siguiente, como también en forma personal, sin que se hubiere presentado recurso alguno contra el mismo (documento aportado en copia auténtica, fl. 36, cdno. 2; documento original, fl. 50, cdno. 2).

Se precisa además que, como se explicó en acápite precedente, el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia proferida el 2 de noviembre de 2000, la cual no fue apelada, negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento que formuló la aseguradora aquí ejecutada contra la Resolución 1514 del 6 de febrero de 1997 ya señalada (fls. 200 a 219, cdno. 3).

1.4. La liquidación del crédito.

El 30 de marzo de 1997, el director general y el contador de IFI - Concesión Salinas efectuaron la liquidación de los intereses corrientes y de mora sobre el valor de las facturas adeudadas por Ecosal S.A., así:

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# Factura
Fecha
factura
Valor
deuda
Actualización
deuda
Interés
corriente
Interés
mora
25670
15-06-96
14’850.624
15’439.525
577.875
128.705
25677
11-07-96
15’197.084
15’607.975
591.357
0
25678
11-07-96
51’800.000
53’200.543
2’015.668
0
26-08-96

84’248.043


30-08-96

84’501.138

112.331
30-09-96

86’024.271

845.011
30-10-96

87’574.859

860.243
30-11-96

89’153.396

875.749
30-12-96

90’760.386

891.534
30-01-97

92’396.342

907.604
28-02-97

94’061.786

923.963
30-03-97

95’757.249

940.618
Total

81’847.708
95’757.249
3’184.899
6’485.758
Gran total
105’427.906

Nota:La factura 25678 el producto fue para exportación, el cliente no demostró a través de documentos legales (DEX y otros). Por lo cual reliquidamos esta factura” (documento aportado en copia auténtica, fl. 40, cdno. 2).

1.5. Reclamación.

El 15 de abril de 1997, el director del IFI - Concesión Salinas radicó ante la Aseguradora Cóndor S.A., la reclamación por la ocurrencia del siniestro amparado por la póliza 025-952201281 por valor de $ 93’660.000 (documento aportado en copia auténtica, fl. 41, cdno. 2).

2. La materia litigiosa.

La Sala advierte que el presente estudio se limitará al análisis de la inexistencia parcial de la obligación que el recurrente alegó con sustentó en que no se demostró la liquidación del contrato fuente de la obligación por cuya efectividad se adelantó este proceso.

Los argumentos que propuso el recurrente contra la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución, fundados en la ilegalidad del acto administrativo que integra el título ejecutivo están excluidos del análisis que hará la Sala, toda vez que en estos eventos —título de recaudo ejecutivo constituido por un acto administrativo— solo es posible proponer como excepciones las de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se funden en hechos ocurridos con posterioridad a la expedición del acto administrativo; la de indebida representación de las partes o falta de notificación en legal forma de personas determinadas, o falta de emplazamiento en legal forma de las personas indeterminadas que deban ser citadas como partes y la de pérdida de la cosa debida.

En efecto, la Sala a partir del auto proferido el 27 de julio de 2005, dentro del expediente 23565, con fundamento en lo previsto en el numeral 2º del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil y previa la aclaración de que esa norma resulta aplicable tanto en los casos en los cuales el título ejecutivo está compuesto por providencias judiciales, como también en aquellos en los cuales el título de recaudo está integrado por un acto administrativo; al respecto afirmó:

“En el trámite de los procesos ejecutivos ante esta jurisdicción, se aplica el Código de Procedimiento Civil, por remisión en los términos del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, ante la falta de normativa sobre el tema en el Código Contencioso Administrativo, además de que la Ley 446 de 1998, al modificar el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, expresamente dispuso en relación con el trámite a seguir para los procesos ejecutivos, que este sería aquel de mayor cuantía regulado en el Código de Procedimiento Civil(10).

En materia de excepciones de mérito dentro del proceso ejecutivo, el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, establece para cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o un laudo de condena, o en otra providencia que conlleve ejecución, que solo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; la de nulidad en los casos que contemplan los numerales 7º y 9º del artículo 140, y la de pérdida de la cosa debida.

Para cuando el título ejecutivo esté constituido por una sentencia, laudo de condena o providencia que conlleve ejecución, la norma proscribe, dentro de ese proceso, cualquier discusión sobre la legalidad del título, circunscribiendo las alegaciones por la vía de las excepciones, solo a los sucesos posteriores al nacimiento del título, y a partir de los cuales se pueda concluir que la obligación está satisfecha, se ha extinguido, se ha novado, o ha perdido su exigibilidad.

El acto administrativo, una vez en firme, tiene la calidad de providencia que conlleva ejecución; tal carácter le ha sido expresamente atribuido por el legislador, que en el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, expresamente dispone:

(...).

Mientras que el artículo 66 del mismo código, reitera la noción de que el acto administrativo conlleva ejecución, cuando expresamente establece los casos en los cuales pierden su fuerza ejecutoria (...).

Por fuera de los eventos expresamente señalados en esa norma, el acto administrativo es una providencia que conlleva ejecución, la cual puede lograrse en veces directamente por parte de la administración, como sucede en los términos del artículo 68 ibídem para cuando se dispone de jurisdicción coactiva; o de lo contrario, ante la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa, de acuerdo a la atribución de competencia realizada por el legislador.

A su vez en los artículos 85 y 87 del Código Contencioso Administrativo, el legislador ha establecido las acciones que permiten la revisión de legalidad del acto administrativo que contiene un título ejecutivo, esto es, la de nulidad y restablecimiento del derecho y la relativa a controversias contractuales, ambas tramitadas a través del proceso ordinario tal como lo manda el artículo 206 ídem.

También previó el legislador los términos para intentar tales acciones, sin que el mismo supere dos años, comoquiera que para la primera señaló uno de cuatro meses contados a partir del día siguiente a la notificación, comunicación, publicación o ejecución del acto, mientras que para la segunda señaló un plazo de dos años, contados desde diferentes momentos, según que se trate de contrato sometido o no a liquidación(11).

Al permitirse el cuestionamiento de legalidad del acto administrativo presentado como recaudo ejecutivo, a través de la proposición de excepciones dentro del proceso ejecutivo, fundadas en hechos sucedidos con anterioridad a la expedición del acto administrativo, se está desconociendo de un lado la naturaleza de providencia que conlleva ejecución que el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, le otorga al acto administrativo, y de otro, se vulnera el debido proceso, comoquiera que se surte la revisión de legalidad del acto administrativo ante un juez diferente a aquel establecido por el legislador para el efecto, esto es ante el juez de la ejecución y no ante el ordinario que fue al que se atribuyó competencia por el legislador para realizar tal enjuiciamiento, además de que se le da a la revisión de legalidad un trámite diferente al señalado para el efecto por el legislador, y se desconocen los términos que también el legislador previó para la formulación del juicio de legalidad.

Igualmente el trámite de excepciones que discutan la legalidad del título de recaudo ejecutivo, desnaturaliza el proceso ejecutivo que solo busca obtener coercitivamente del deudor, el pago a favor del acreedor, de una obligación sobre cuya claridad, expresión y exigibilidad, no existe duda alguna. El trámite de excepciones en el proceso ejecutivo no permite convertirlo en un proceso ordinario, en el cual se discuta la legalidad del título”.

En cuanto a la excepción de inexistencia de título ejecutivo, la Sala consideró en la precitada providencia que, si bien no puede ser alegada como excepción cuando el título ejecutivo está conformado por una providencia que dé lugar a su ejecución, lo cierto es que uno de los puntos que se deben estudiar al resolver el recurso de apelación contra la sentencia ejecutiva es precisamente la existencia del título:

“Si bien la inexistencia del título ejecutivo no puede ser alegada a través de excepción cuando el título está constituido por una providencia que conlleve ejecución, uno de los requisitos cuyo cumplimiento debe observar el juez al momento de dictar la sentencia que ordena seguir adelante la ejecución, lo es la existencia del título base del recaudo ejecutivo. De observar que no existe tal título no es viable dictar sentencia en tal sentido, y en cambio debe ordenarse la terminación del proceso, como se hará en este caso en relación con la compañía aseguradora”.

Por todo lo anterior la Sala limitará este estudio a la alegada inexistencia de la obligación y se abstendrá de realizar un pronunciamiento respecto de la legalidad de la Resolución 1514 del 6 de febrero de 1997.

A lo anterior se impone agregar que, en el presente caso, la improcedencia del análisis de la legalidad del citado acto administrativo que integra el título ejecutivo, encuentra fundamento sólido tanto en la ley y en la jurisprudencia ya explicada, como también en la fuerza vinculante de la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2000 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio de la cual negó las pretensiones formuladas con el objeto de que se declarara la nulidad de esta resolución.

3. Los requisitos del título ejecutivo.

El artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, establece al respecto lo siguiente:

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.

La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 294”.

Con fundamento en la anterior disposición la Sala ha precisado en abundantes providencias(12) que el título ejecutivo debe reunir condiciones formales, las cuales consisten en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación i) sean auténticos y ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva de conformidad con la ley.

De igual manera se ha señalado que también deben acreditarse condiciones sustanciales, las cuales se traducen en que las obligaciones por cuyo cumplimiento se adelanta el proceso sean claras, expresas y exigibles.

La obligación es expresa cuando aparece nítida y manifiesta de la redacción misma del título; es clara cuando se revela fácilmente en el título y es exigible cuando puede lograrse su cumplimiento porque no está sometida a plazo o condición.

4. La existencia y exigibilidad de las obligaciones en el presente caso.

La Sala, mediante la valoración de las pruebas obrantes en el expediente, considera que la obligación de pago por cuya efectividad se adelantó este proceso es clara, expresa y actualmente exigible.

En efecto, por medio la póliza 952201281 emitida por Cóndor Compañía de Seguros Generales S.A., se demostró la existencia del contrato de seguro que amparó el cumplimiento del contrato de suministro de sal, celebrado el 31 de julio de 1995 por Ecosal S.A., y el Instituto de Fomento Industrial Concesión de Salinas, IFI. Se deduce además del mismo documento aportado en original, que la sociedad afianzada fue Ecosal S.A.; que el beneficiario o asegurado lo fue el Instituto de Fomento Industrial - IFI; que el valor final asegurado corresponde a la suma de $ 93’660.000 y que la póliza estuvo vigente hasta el 14 de febrero de 1997 (fls. 1 a 29, cdno. 3).

Se demostró también que el 6 de febrero de 1997 la entidad declaró la ocurrencia del riesgo asegurado, por medio de la Resolución 1514, que fue debidamente notificada al contratista y a la aseguradora (fls. 35 a 40, cdno. 3).

De los mismos documentos se deduce además que el siniestro se produjo y se declaró dentro de la vigencia del contrato de seguro, esto es antes del 14 de febrero de 1997.

Está igualmente acreditado que la aseguradora ejecutada no logró desvirtuar, en sede judicial, la presunción de legalidad que cobija Resolución 1514 del 6 de febrero de 1997 y, por ende, la ocurrencia del riesgo amparado (fls. 223 y ss., cdno. 3).

Los anteriores hechos demostrados conducen a concluir la existencia de la obligación de pago a cargo de la aseguradora ejecutada, la cual es clara, expresa y exigible.

La Sala advierte que las cualidades de dicha obligación no se excluyen por la sola circunstancia de que no se hubiere demostrado la liquidación del contrato, como lo aduce la aseguradora en su impugnación.

Así se deduce de lo precisado por la Sala en providencia proferida el 30 de agosto de 2001, oportunidad en la cual se explicó:

La liquidación del contrato no debe ser entendida como una condición de exigibilidad de las obligaciones a cargo de las partes contratantes, porque como lo prescribe la ley y lo ha precisado la jurisprudencia, es un corte de cuentas entre las partes, en el que se deja constancia de las obligaciones cumplidas y no cumplidas en oportunidad(13).

De manera que cumplidas las prestaciones a cargo de las partes, por propia voluntad o mediante el proceso ejecutivo, tal circunstancia debe constar en la correspondiente acta de liquidación del contrato”(14) (resalta ahora la Sala).

En la precitada providencia la Sala claramente afirmó que la liquidación del contrato no condiciona la ejecución de las obligaciones que emanan de él. De la misma se deduce también que resulta procedente demostrar el cumplimiento de la obligación por cuya ejecución se adelanta el proceso, con el documento contentivo de la liquidación del contrato, que refleje esta circunstancia.

En el caso concreto que aquí se examina no se demostró que el contrato de suministro se hubiese liquidado bilateral o unilateralmente, con lo cual resulta inviable considerar, como lo alegó pero no lo probó la ejecutada, que exista una realidad económica distinta de la que se evidencia de la Resolución 1514 de 1997 y de la póliza 025952201281.

A manera de conclusión cabe precisar lo siguiente:

i) El sujeto ejecutado puede demostrar la inexistencia de la obligación por cuya efectividad se le demanda, con el documento contentivo de la liquidación del contrato en el que conste que la misma no existe o ya se cumplió.

ii) La ausencia de prueba de la liquidación del contrato no conduce a concluir

acerca de la inexistencia de las obligaciones que emanan de él.

Así las cosas, en consideración a que la aseguradora ejecutada no probó la inexistencia de la obligación de pago que se deriva del acto administrativo señalado y de la correspondiente póliza de seguros, se habrá de confirmar la sentencia apelada.

5. Los intereses de mora.

La aseguradora apelante solicitó que, en el evento de que no fuese revocada la sentencia impugnada, se modificara lo dispuesto respecto de le liquidación del crédito para que se dé aplicación a la tasa moratoria prevista en le Ley 80 de 1993.

Al respecto la Sala precisa que, como se explicó, la existencia y el contenido de la obligación que se hace efectiva a través de este proceso, consta en le Resolución 1514 del 6 de febrero de 1997, cuya legalidad se presume.

Se advierte además que el mandamiento de pago no contiene una decisión respecto de la tasa de interés moratorio que habrá de aplicarse en el caso concreto, como también que la aseguradora apelante no impugnó por este aspecto la providencia que la contiene.

En consideración a lo anterior la Sala precisa que los reparos que se pretendan realizar respecto de la tasa del interés por mora aplicable para concretar la obligación que está a cargo de la aseguradora, deben plantearse un vez se produzca la liquidación del crédito, en cumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia.

Con fundamento en todo lo anterior la Sala confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada, proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 9 de agosto de 2001.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(6) Artículos 75, Ley 80 de 1993, 351 inciso 1º y 510 Código de Procedimiento Civil.

(7) Así lo precisó la Sala entre otras providencias en Auto 32.867 del 30 de enero de 2008, reiterado en Auto 34.057 del 9 de abril del mismo año.

(8) 22 de julio de 1997.

(9) La ejecutante solicitó el pago de $ 93’660.000, suma que supera ampliamente el monto exigido en 1997 para que este proceso fuese de mayor cuantía.

(10) A través del artículo 32 de la Ley 446 de 1998, se adicionó el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, norma que se ocupa de la acción relativa a controversias contractuales, entre otros aspectos, para señalar que “en los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa se aplicará la regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contenida en el Código de Procedimiento Civil”. La interpretación sistemática de esta disposición ubicada en la acción relativa a controversias contractuales, con el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, que asignó a la jurisdicción contencioso administrativa la competencia para conocer de los procesos de ejecución derivados de los contratos estatales, permite concluir que ese también es el trámite a seguir cuando el ejecutivo proviene directamente del contrato estatal, aunque no medie sentencia de condena.

(11) Artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, numerales 2º y 10.

(12) Entre otros puede consultarse el auto proferido el 4 de mayo de 2000, Expediente 15679, ejecutante: Terminal de Transportes de Medellín S.A.

(13) Al efecto puede consultarse sentencia proferida el 9 de marzo de 2000, Expediente 10778.

(14) Auto proferido el 30 de agosto de 2001; Expediente 16256; actor: Consorcio Recchi Spa Construzioni Generali Grandi Lavori Fincosirt Spa; C.P. Alier Hernández E.