Sentencia 1997-5665 de diciembre 19 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

DECLARACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO

En el seguro de vida.

EXTRACTOS: «2. Y aunque se entendiera que el cargo tiene tintes de la violación indirecta de la ley sustancial, en tanto se acusó que el tribunal no apreció que el asegurado nunca fue inquirido sobre una enfermedad del esófago, pues le preguntaron por el estómago, a la verdad, lejos de demostrar la dimensión del error, el ataque es apenas un alegato de instancia en el que se juntan consideraciones de la más diversa índole, sin acreditar la gravedad del yerro que se dice cometió el tribunal, pues para ello no basta con que se le censure por dejar de ver que el cuestionario puesto a consideración del asegurado preguntaba por enfermedades del estómago y no precisamente del esófago, sin reparar que no hay desbarro manifiesto en comprender que la pregunta por el estómago comprende razonablemente a sus partes.

Dijo el casacionista proseguir la “censura a la interpretación que al artículo 1058 del Código de Comercio ha dado en su sentencia el ad quem, entrando ahora sí de lleno a analizar el contenido y alcance real que de acuerdo con reiterados pronunciamientos jurisprudenciales y de doctrina existen al respecto”. En esa tarea, de acuerdo estuvo el casacionista en que en el contrato de seguro impera la bona fide en grado superlativo, así mismo, que la declaración que precede la concesión del amparo puede ser espontánea o dirigida. En todo caso, aseveró, en atención al profesionalismo que rodea la actividad aseguradora, si bien el asegurado debió observar buena fe en la declaración espontánea, no estaba obligado a ir más allá de lo que el cuestionario —que se supone técnicamente elaborado— le inquiría.

En suma, para el casacionista el asegurado no estaba obligado a responder sino estrictamente aquello por lo cual se le interrogó y nada más, pues “a pretexto de proteger la buena fe del asegurador —no se puede obligar— al tomador a revelar espontáneamente todos los detalles mínimos de su vida, fueran morales o físicos”.

Asentado el casacionista en la regla que a propósito construyó, según la cual el asegurado no debía responder nada diferente a lo que le era preguntado en el cuestionario, concluyó que no estaba en “la obligación de declarar en cuanto a su úlcera de esófago sufrida cinco años atrás, siendo que ello por ningún lado se lo preguntaban en el cuestionario por él diligenciado al momento de hacer su declaración sincera del riesgo, pues solo le preguntaban si había sufrido úlcera de estómago y nunca de esófago, cosas bastantes diferentes entre sí”.

Juzga la Corte que aún colocados en la perspectiva del casacionista, y así se admitiera como hipótesis normativa que el asegurado no está obligado a responder sino estrictamente por aquello que el cuestionario le plantea, carece de razón en el reproche que hace a la sentencia, pues un entendimiento cabal del cuestionario revela que la pregunta que echa de menos el casacionista sí existió.

Así, admitiendo, solo como hipótesis, que al asegurado basta atender estrictamente las preguntas de la declaración dirigida, en el caso presente la respuesta del asegurado a los datos inquiridos por el asegurador fue insuficiente, y en materia grave, pues cuando se vio compelido a responder sobre sus antecedentes de úlceras en el estómago, no podía dejar de informar que había sufrido una de ellas en el esófago, sin caer en desatención del principio de la buena fe. Dicho de otro modo, más allá de si el asegurado cumple con el deber de buena fe con solo responder por aquello que se le indaga y nada más, en el caso que transita por la Corte el asegurado positivamente fue indagado por la enfermedad, el padecimiento de úlceras, sin que sea susceptible de equívocos la ubicación de esa patología, pues lo cierto es que sí la padeció.

No es entonces relevante el lugar de manifestación de la enfermedad, como lo entiende el censor, en particular porque la pregunta por úlceras del estómago concierne razonable y lógicamente la posible presencia de esa dolencia en las partes componentes o adyacentes al mismo.

El principio de buena fe que debe presidir al comportamiento del asegurado queda maltrecho en grado sumo, cuando un asegurado pretende no sentirse preguntado en la encuesta acerca de úlceras antecedentes, si es que las ha tenido en el esófago y no en el estómago, como si la exigencia profesional que se le hace al asegurador por el casacionista, la de proveer un cuestionario técnico, pudiera llegar al extremo de tener que detallar minuciosamente la compleja anatomía humana y hacer exhaustiva mención de todas las patologías posibles.

En materia contractual la protección de quienes concurren al negocio jurídico requiere el máximo de transparencia posible, de modo que las decisiones se tomen con plenitud de información relevante. De esta manera un contratante no puede quebrar la igualdad, ni tomar ventaja de la ignorancia del otro, especialmente si la ausencia de información de uno de ellos está originada en el silencio del otro que oculta información disponible, información que por ser esencial debe brindarse oportuna y cumplidamente. En la etapa importantísima de formación del contrato de seguro, cuando el asegurador se apresta a brindar la protección, está a merced del asegurado, pues normalmente para estimar el estado de riesgo, aquel requiere de información de ordinario reservada, puesto que la salud personal viene a estar asociada a la intimidad del asegurado.

Así las cosas, la reserva que rodea la información sobre los datos precisos de la salud del asegurado, hace que este sea la fuente principal y privilegiada, circunstancia que incrementa en grado sumo el deber de obrar con buena fe. En ese sentido, valga recordar que

“... como de tiempo atrás lo tiene definido la Corte, “... Para efectos de la calificación del riesgo que va a asumir, el artículo 1058 autoriza al asegurador a preparar libremente, alguna pauta, y a proponer al tomador del seguro un cuestionario que este está obligado a responder sinceramente en su integridad. Es imperativo, pues, considerar que el asegurador requiere que el tomador del seguro conteste todas las preguntas del citado cuestionario, porque estas se enderezan a permitir a aquel que conozca cabalmente los hechos o circunstancias que a su juicio le permiten ora conceder el seguro solicitado, ya rechazarlo u otorgarlo pero con estipulación de condiciones más onerosas... Esta corporación, en su sentencia del 31 de marzo de 1954 (...), en cuanto al referido cuestionario dijo y ahora reitera: ‘Los cuestionarios o preguntas que hace el asegurador al asegurado para conocer la extensión de riesgos que va a asumir en virtud del contrato, tienen importancia jurídica porque determinan o precisan el límite de las obligaciones recíprocas de los contratantes. Cuando el asegurador, en esos cuestionarios, hace una pregunta, esta tiene el sentido de que el hecho a que se refiere es considerado por él como esencial para determinar su consentimiento en el contrato, en cambio, otros hechos que el asegurador pasa en silencio deben considerarse como que no tiene importancia para él, según experiencia en la materia de los riesgos sobre que versa el seguro’. (LXXVII, pág. 17)” (G.J. CLII, pág. 265)…

Del contrato de seguro se predica, como atributo que le pertenece, la “uberrimae bona fidei”, no simplemente para significar que debe celebrarse de buena fe, desde luego que tal exigencia la reclaman específicos mandatos constitucionales (art. 83 de la C.P.) y legales (arts. 863 del C. de Co., 1603 del C.C., entre otros), respecto de cualquier negocio jurídico, y en general, como regla de comportamiento a seguir en toda relación intersubjetiva con relevancia jurídica; sino para enfatizar que la misma —la buena fe— adquiere, dentro de la estructura de dicho contrato, una especial importancia, al paso que las repercusiones de la misma, examinadas siempre de manera rigurosa, se ofrecen en una muy variada gama de aplicaciones.

Una de esas nítidas manifestaciones del aludido principio reluce, para decirlo claramente, en lo concerniente con el deber del asegurado de hacerle saber al asegurador todas aquellas circunstancias que influyan en la apreciación del riesgo, para cuya determinación, dada su complejidad y onerosidad, se confía el asegurador, por regla general, en las informaciones suministradas por aquel, a quien, por consiguiente, se le exige en el punto una conducta “intachablemente diligente”, ya que toda reticencia o inexactitud en la información de cualquier incidencia que pueda hacer ver como más o menos probable la realización del hecho condicionante de la obligación del asegurador, es suficiente para enturbiar de tal forma la igualdad de condiciones entre las partes que, inclusive puede llegar a afectar la licitud de la negociación. Así lo prevé el artículo 1058 del Código de Comercio al prescribir que “El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído, de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro...”.

En otros términos, la cabal estimación de los riesgos que habrá de cubrir el seguro y, por consiguiente, la decisión del asegurador de ajustar el contrato o no, así como la de liquidar la prima respectiva, descansa, preponderantemente, en las atestaciones que al respecto asiente el tomador del seguro, quien, en tal virtud, “ha de decir exactamente todo lo que dice y ha de decir todo lo que sabe”, de modo que la lealtad, exactitud y esmero de este en el cumplimiento de ese deber resultan indispensables para el anotado fin, a la vez que la transgresión de las señaladas reglas de conducta aparejan consecuencias de diverso orden, entre ellas la de afectarlo de nulidad relativa, como ya fuera demostrado” (Sent. Cas. Civ. de nov. 30/2000, exp. 5743).

En síntesis, mientras que razonablemente es de esperar que sobre su salud el asegurado lo sepa todo, o por lo menos la información más relevante, el asegurador todo lo ignora. Y si el asegurador buscara información en otro lugar, operarían mecanismos de bloqueo a los datos, veda justificada por el derecho a la intimidad. Así las cosas —se insiste—, la fuente privilegiada —aunque no exclusiva— de conocimiento es el propio asegurado, porque autoriza el acceso a la historia clínica, permite el examen de su cuerpo o brinda los datos correspondientes, ya sea llenando una encuesta médica o a través de una entrevista con el galeno. Esta especie de “monopolio” del conocimiento que maneja el asegurado sobre el estado de su salud y los antecedentes médicos, viene a justificar aún más la imposición de un especial deber de conducta que le conmina a obrar con absoluta honestidad en la declaración que haga, lo cual le prohíbe callar información relevante que a su disposición se halla y que en condiciones normales no es asequible para el asegurador, pues no se brinda a cualquiera. Por todo ello, es reprochable la conducta del asegurado que se escuda en que calló un dato significativo porque sobre él no le indagaron, aunque, repítese, una pregunta sobre úlceras en el estómago comprende razonablemente las del esófago.

En consecuencia, no prospera la censura».

(Sentencia de casación, diciembre 19 de 2005. Expediente 76001-3103-002-1997-5665-01. Magistrado Ponente: Dr. Edgardo Villamil Portilla).

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