Sentencia 1997-6170 de agosto 11 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUB SECCIÓN “A”

Rad.: 70001-23-31-000-1997-6170-01

Exp.: 18.346

Consejera ponente (E):

Dra. Gladys Agudelo Ordóñez

Demandante: Raúl Támara Rosa y otro

Demandado: Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., once de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS:«Consideraciones

I. La competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 8 de marzo de 2000, como quiera que la cuantía del proceso determinada por la pretensión de mayor valor(1), asciende a la suma de $ 20000.000.00. Para la fecha de interposición de la demanda(2) eran susceptibles de acceder a la segunda instancia los procesos de reparación directa cuya cuantía excediera la suma de $13460.000.00(3), monto que, como se puede observar, se encuentra ampliamente superado. El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el tribunal administrativo en primera instancia a términos del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.

II. La prueba recaudada

Para acreditar los supuestos de hecho de la demanda y de la defensa, las partes allegaron, en lo pertinente, los siguientes medios de prueba:

1. Original del documento contentivo del contrato celebrado entre la Inmobiliaria Támara Ltda., representada en el acto jurídico por el señor Raúl Támara Rosa y el señor Gilberto Daza Martínez, quien aparece identificado con la cédula de ciudadanía 8.713.914 de Barranquilla.

En virtud del contrato celebrado las partes convinieron lo siguiente:

“... Raúl Antonio Támara Rosa, transfiere a Gilberto Daza Martínez, el siguiente vehículo automotor: Clase: Automóvil, marca: Chevrolet monza, tipo, cabinado, color: verde, motor Nº 18 LBC-31003124, chasís: 5P­752204, placas: PV 4678, servicio: particular, modelo: 1988. Además del vehículo descrito entregar la suma de siete millones de pesos ($ 7.000.000,00) moneda corriente que se cancelarán así: $ 3500.000.00 a la vista y $ 3’500.000.00 una vez haya corroborado la legalidad del vehículo transferido por el señor Daza. Segundo: Gilberto Daza Martínez entregará a cambio a Inmobiliaria Támara Ltda., el siguiente vehículo: Clase: Van 4x4, marca: Chevrolet mini blazer, color: azul oscuro, Nº motor: ZPV 405220, Nº chasís: ZPV 405220 (TCITGZ), modelo: 1993. Tercero: Por (sic) los vehículos descritos son entregados por las partes a satisfacción, cualquier desperfecto que se produzca serán (sic) por cuenta de los nuevos propietarios. Cuarto: Igualmente los vehículos son entregados a paz y salvo por todo concepto, obligándose al saneamiento de conformidad por la ley. Quinta: Los papeles de traspaso de los vehículos mencionados serán firmados por las partes dentro del término de 15 días contados desde la fecha del presente contrato, siendo los gastos que dichos documentos ocasionen en el traspaso del automóvil Chevrolet monza por parte del comprador. Los costos de traspaso de la venta de la van Chevrolet mini blazer se consideran incluidos dentro del precio de venta. (...) Séptimo: El señor Gilberto Daza Martínez, garantiza la legitimidad del vehículo entregado por él y la correspondiente nacionalización, legalización y pago de impuestos de aduana y saneamiento, comprometiéndose a responder ante los señores de Inmobiliaria Támara Ltda., por cualquier eventualidad que se presentare sobre lo tratado en este punto...”.

El anterior documento fue presentado ante el notario por el señor Raúl Támara Rosa, el día 22 de abril de 1994 y por el señor Gilberto Daza Martínez el día 26 de septiembre de 1994 (fls. 29 y 29, vto. cdno. 1)

2. Original de la licencia de tránsito Nº 0761350 expedida el 1º de junio de 1994 por la secretaría de transportes y tránsito del municipio de Sincelejo a nombre el señor Raúl Támara Rosa.

La licencia corresponde al siguiente vehículo.

— Placa única: AXK 015.

— Marca: Chevrolet.

— Línea: Mini Bleizer (sic).

— Clase de vehículo: Camioneta.

— Color: Azul oscuro.

— Servicio: Particular.

— Carrocería o tipo: Station wagon.

— Número de motor: ZPV-405220

— Número de chasís: TC1T2PV405250 (el número en negrilla se observa con características distintas a los demás).

— Manifiesto número: 9877 del 1º de enero de 1993. Ciudad: Riohacha. Último trámite: Traspaso

(cdno. 1, sin foliar).

3. Copia auténtica expedida por el Incomex del formulario de registro de importación correspondiente al Nº L1931000939697 preimpreso por la entidad.

Según se infiere, la declaración contenida en el formulario corresponde a la importación que realizó la señora Blanca Tapias Pérez de un automóvil marca BMW 318 ISA, de 1.800 c.c., de 4 cilindros en línea, versión alemana, procedente de la ciudad de Miami, Estados Unidos de América que ingresó a Colombia por la aduana de Barranquilla (fl. 108, cdno. 1).

El anterior documento fue allegado al proceso junto con una certificación del 2 de abril de 1997 expedida por el jefe de división de producción y estadística - subdirección de informática, del Incomex, en la cual consta que el señor Edgardo Polo Martínez Nit 8.996.178 no presentó movimientos de registros de importación para el período enero a diciembre de 1993 (fl. 109, cdno.1).

4. Oficio STTM-0038 del 10 de abril de 1997, emitido por el secretario de transportes y tránsito del municipio de Sincelejo, mediante el cual informa que “... revisado el archivo de hojas de vida del parque automotor...” que se lleva en esa secretaría, en relación con el vehículo de placas AXK 015 “... solo se encontró una anotación en el libro radicador de matrículas a folio 11 en el que únicamente aparecen los siguientes datos...”:

“Fecha 4 de abril de 1994, propietario Edgardo Polo Martínez, indocumentado, los datos referentes al vehículo no aparecen diligenciados, lo que indica que, el trámite de matrícula no se efectuó de conformidad con lo previsto en la Resolución 3165 de julio 8 de 1992, igualmente manifiesto que no existe fólder ni hoja de vida de dicho automotor...”(fl. 121, cdno. 1).

5. Copia auténtica expedida por la DIAN del formulario de declaración de aduanas 9201010011380919 que corresponde a la importación que realizó Martha Pulido de Anderson para la sociedad Intercarros Ltda., el 15 de mayo de 1993, de un campero marca Toyota, línea Samurai, modelo 1993, procedente de la ciudad de Caracas - Venezuela.

Se observa un sello del Banco Ganadero con el número 1375801000265-8. El manifiesto es el número 1397 (fl. 137, cdno.1).

6. Oficio suscrito por el jefe de la división administrativa y financiera de la DIAN - administración local de impuestos y aduanas de Sincelejo, a través del cual remite al proceso copia del expediente administrativo DM-93-95- 00035 del usuario aduanero Raúl Támara Rosa, relacionado con el decomiso del vehículo de placas AXK 015, camioneta marca Chevrolet mini blazer (fl. 20, cdno. 2).

Previamente la Sala considera pertinente precisar el valor probatorio de la prueba trasladada.

En reiteradas oportunidades esta corporación se ha pronunciado sobre la eficacia de la prueba trasladada, señalando que resulta posible valorarla en el proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla con las exigencias preceptuadas por el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, es decir que se pueden apreciar sin formalidad adicional siempre que en el proceso del cual se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella.

Es sabido que, en tratándose de los medios de prueba documentales, se pueden trasladar de un proceso a otro en original, previo desgloce del proceso primitivo con observancia de las demás exigencias previstas por el mencionado artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o en copia auténtica, para efectos de cumplir la disciplina probatoria que regenta la aportación de documentos al proceso en los términos del artículo 253 ibidem, entendiéndose por tal, aquella expedida bajo la aducción de algunos de los supuestos establecidos por el artículo 254, para poder deducir sin hesitación que guarda identidad con el original.

Contrario sensu, si la prueba que se pretende trasladar(4) no ha sido practicada con audiencia de la parte contra quien se aduce o a petición de la misma, no podrá valorarse en el proceso al cual se ha trasladado(5). No obstante, ha dicho la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, estas pueden ser valoradas, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvando pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(6).

De no cumplirse algunas de las exigencias expuestas, la posibilidad de apreciar tales elementos de juicio dependerá del cumplimiento de las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada uno de los medios de prueba. A este respecto la Sala ha sostenido(7):

“... El artículo 229 del mismo código dispone:

“Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

“Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

“Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

“Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

“Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.

“Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración solo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.

“En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio.

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquellos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el nuevo proceso”.

La prueba trasladada fue solicitada por la parte demandante y fue practicada directamente por la entidad contra quien se aduce, es decir por la DIAN, por ende, la Sala tendrá en cuenta tales medios de prueba para efectos de analizar la responsabilidad que atribuye la demanda.

Se destacan las siguientes piezas:

a. Copia del auto del 21 de abril de 1995, mediante el cual dispone la investigación administrativa contra el señor Gilberto Daza Martínez, por la importación y legalización de la camioneta, marca Chevrolet mini blazer color azul oscuro de placas AZK (sic) 015, modelo 1993 (fls. 22 y 23, cdno. 3).

b. Copia del documento de aprehensión del vehículo de placas AXK 015, marca Chevrolet-mini blazer, modelo 1993.

El vehículo fue inicialmente aprehendido por la Fiscalía General de la Nación el 19 de abril de 1994 y fue puesto a disposición de la DIAN Sincelejo, el día 20 de febrero de 1995, sin embargo fue recibido materialmente por esta última entidad el 21 de abril del mismo año.

El documento que según consta fue notificado al señor Raúl Támara Rosa, señala que se le otorga al propietario del bien el término de 10 días hábiles para allegar las pruebas que amparen la legal importación del bien (fls. 24 y 25, cdno. 2).

c. Copia del documento que dice contener la declaración de aduanas 9302010010488205, presentada por quien se identificó como Edgardo Polo Martínez, con cédula de ciudadanía 8.996.178. Según se observa el formulario tiene un sello del Banco Ganadero - oficina Riohacha con el número 1375801000265-6. Manifiesto Nº 9877 del 1º de octubre de 1993. La mercancía declarada es una camioneta marca Chevrolet, mini blazer, tipo station wagon, modelo 1993, motor Nº ZPV 405220, serial chasís Nº TC1T6ZPV405220, caja automática, motor a gasolina de seis cilindros en V, el número de levante es 070000174 del 1º de octubre de 1993 (fl. 136, cdno. 2).

d. Copia de la constancia suscrita el 21 de marzo de 1995 por el jefe de la división financiera y administrativa de la DIAN - local Guajira, mediante la cual certifica que en los archivos de la entidad reposa el original de la declaración de aduanas con número de manifiesto Nº 9877, que ampara la siguiente mercancía: “Una camioneta marca ohevrolet mini blazer, tipo station wagon, color azul oscuro, modelo 1993, motor Nº ZPV-405220, serial chasís Nº TC1T6ZPV405220, caja automática, motor a gasolina de seis cilindros en V, a nombre de Edgardo Polo Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía 8.996.178, fecha de presentación 1º de octubre de 1993” (fl. 138, cdno. 2).

e. Copia del oficio suscrito el 27 de mayo de 1995 por el jefe del grupo de automotores de la Sijin Sincelejo, dirigido a la jefe de la división de fiscalización de la DIAN Sincelejo, mediante el cual remite el resultado del estudio técnico practicado al vehículo marca Chevrolet mini blazer, modelo 1993, de placas AXK 015.

“[que revisados sus guarismos se concluyó que no son los acostumbrados por la casa fabricante, sigierole (sic) consultar improntas del vehículo motivo de estudio a la General Motor C.A., de la República de Venezuela o al concesionario autorizado, debido a que no se puedo(sic) reactivar (sic) su chasís para comprobar su (sic) autenticidad de sus guarismos ya que el sitio es confuso (sic) su trabajo” (fl. 170, cdno. 2).

f. Copia de la respuesta enviada por la Compañía General Motors Venezolana C.A., al jefe de la división de fiscalización de la DIAN, Sincelejo, respecto de los guarismos de identificación del vehículo Chevrolet mini blazer, año 1993, serial Nº TC1T6ZPV405220, en la cual señala que el número de serie antes indicado no corresponde al vehículo que se describe o a otro vehículo fabricado por dicha empresa (fl. 219, cdno. 2).

g. Copia del oficio del 20 de septiembre de 1995, suscrito por el secretario del Banco Ganadero - sucursal Riohacha, en el cual consta que la declaración de aduana radicada con el autoadhesivo Nº 1375801000265- 8 fue radicado en dicha sucursal el día 14 de mayo de 1993, figurando como importador Intercarros Ltda., por un valor de $ 9.1 73.457.00. Concluye:

“... Como podrá comprender, de acuerdo a su solicitud, se presenta un desfase tanto en el dígito del Stiker (sic) solicitado por ustedes que corresponde al 1375801000265-6 y la fecha que ustedes solicitan que corresponde al 1º de octubre de 1993...”. (fl. 231, cdno. 2).

9. Copia de la Resolución 0001 del 28 de septiembre de 1995, proferida por el administrador de impuestos y aduanas nacionales - local Guajira Por medio de la cual se revoca el levante de una mercancía Expediente DM- 93-95-00035”.

En la parte motiva consigna que la investigación administrativa se adelantó con base en las diligencias surtidas al interior de la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación, donde se ordenó practicar una revisión técnica sobre los guarismos de identificación de la camioneta marca Chevrolet mini blazer, de placas AXK 015, de color azul oscuro, dando como resultado que los números de motor, chasís y serial, presentan regrabación. Posteriormente el vehículo se puso a disposición de la DIAN, Sincelejo y en desarrollo de la actuación administrativa fueron solicitados los documentos que amparaban la importación e ingreso al país del bien. La DIAN - Guajira dio respuesta a la solicitud, señalando que en los archivos de la entidad reposa el original de la declaración de aduanas con manifiesto Nº 9877 correspondientes al vehículo descrito anteriormente.

Asimismo, mediante oficio fue requerido a la Sijin un estudio en relación con los guarismos de identificación del vehículo para establecer la autenticidad de los mismos. Los técnicos de la Sijin determinaron que los guarismos no eran los acostumbrados por la casa fabricante y sugirió consultar al fabricante del vehículo en Venezuela. La compañía fabricante certificó que el número de serial no corresponde a un vehículo fabricado por dicha empresa. Con el objeto de comprobar la identidad del importador, señor Edgardo Polo Martínez, se ofició a la Registraduría del Estado Civil para que certificara a quién corresponde la cédula de ciudadanía 8.996.178 de Sucre y la respuesta fue que el cupo no se había asignado a ningún ciuidadano

Finalmente se ofició al Banco Ganadero de Riohacha para que certificara la declaración de aduanas correspondiente al autoadhesivo Nº 1375801000265-8 del 1º de octubre de 1993 y al efecto el banco respondió que la declaración con ese número de adhesivo fue presentada el 14 de marzo de 1993, figurando como importador la sociedad Intercarros Ltda., Nit. 800193785-2, por un valor de $ 9.173.457. Concluyó que se presenta un desfase tanto en un dígito del adhesivo como en la fecha de la declaración.

Con base en los anteriores elementos, la división de fiscalización de la administración local de Impuestos y Aduanas Nacionales de Sincelejo concluyó que la declaración de importación presentada para la importación de la camioneta marca Chevrolet mini blazer, modelo 1993, color azul oscuro, de placas AXK 015, motor Nº ZPV405220 y serial TC1T62PV405220 adolece de múltiples vicios, como la inexistencia del declarante, carencia del pago de los tributos y ausencia de requisitos para conceder el levante, por consiguiente, revocó directamente el acto administrativo por medio del cual se autorizó el levante de la mercancía (fls. 253 a 257, cdno. 2).

10. Copia del pliego de cargos Nº 00049 del 134 de octubre de 1995 con propuesta de decomiso sobre la camioneta marca Chevrolet mini blazer, modelo 1993, color azul oscuro, de placas AXK 015, motor Nº ZPV405220 y serial TC1T62PV405220, formulado por el jefe de la división de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Sincelejo (fls. 279 a 290, cdno. 2).

11. Copia de la Resolución 001 del 5 de enero de 1996, proferida por el jefe de división de liquidación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante la cual ordena el decomiso a favor de la Nación, de la camioneta marca Chevrolet mini blazer, modelo 1993, color azul oscuro, de placas AXK 015, motor Nº ZPV405220 (fls. 316 a 321, cdno. 2).

12. Copia de la Resolución 0001 del 16 de mayo de 1996 proferida por la administradora local de Impuestos y Aduanas Nacionales de Sincelejo, mediante la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la anterior decisión, confirmándola en su integridad (fls. 366 a 369, cdno. 2).

13. Oficio 1796 del 1º de agosto de 1997, suscrito por el secretario judicial II de la unidad de patrimonio económico de la Fiscalía General de la Nación - Sincelejo, mediante el cual remite al presente proceso, copia auténtica del proceso penal adelantado contra los señores Gilberto Celestino Daza Martínez y José Calixto Gómez Gutiérrez, por los delitos de falsedad material de particular en documento público, agravado por el uso y falsedad en documento privado (fl. 528, cdno. 2).

Reitera la Sala lo expuesto párrafos atrás en relación con las exigencias relacionadas con el valor probatorio de la prueba trasladada y precisa, en cuanto concierne específicamente a la prueba documental que si bien no se agotaron las formalidades del traslado que cada medio de prueba exige, en la medida en que no profirió providencia alguna que los incorporara al proceso ni se surtió el traslado de los mismos para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la cual se aducen, lo cierto es que los medios de prueba estuvieron a disposición de las partes para efecto de reargüirlos o solicitar la aclaración y complementación de los mismos(8), sin embargo, las partes guardaron silencio.

De conformidad con los lineamientos expuestos, la Sala valorará los medios de prueba documentales traídos al presente proceso del expediente penal. Se destacan los siguientes elementos:

a. Copia del oficio del 10 de mayo de 1994, suscrito por un funcionario investigador de la Fiscalía General de la Nación, unidad de automotores - CTI. —Decypol—, mediante el cual deja a disposición de la coordinadora de la unidad previa y permanente de la Fiscalía General de la Nación, varios vehículos, entre ellos la camioneta marca Chevrolet mini blazer, color azul oscuro, placas AXK 015, la cual presenta “... alteración en los guarismos de identificación y carece de declaración de importación en los documentos de matrícula, al parecer falsificación en los documentos de adquisición en Venezuela (...) estudio técnico 500 A...”. La retención de los vehículos se produjo, luego de que la Fiscalía 177 de Medellín, mediante providencia del 8 de abril de 1994, comisionara a los técnicos de la Fiscalía para adelantar labores de investigación en los organismos de tránsito de Montería, Sincelejo, Carmen de Bolívar y Zipaquirá. Los investigadores detectaron anomalías en la documentación de dichos vehículos en las oficinas de tránsito y por ello procedieron a detenerlos para inspeccionarlos, encontrando irregularidades en la identificación de los mismos. Particularmente la camioneta marca Chevrolet mini blazer de placas AXK 015 fue inmovilizada el 19 de abril de 1994, según consta en el acta de inventario respectiva (fl. 533, cdno. 2).

El estudio técnico realizado reflejó las siguientes irregularidades:

“Motor: Exáminado (sic) el guarismo estampado sobre una saliente del bloque del motor se observó que por su morfología, ubicación, distribución y superficie, este guarismo se encuentra regrabado. Chasís: Examinado (sic) el guarismo estampado en el larguero derecho se observó que por su morfología, ubicación, distribución y superficie, este guarismo se encuentra regrabado. Plaqueta serial: Examinada (sic) la plaqueta al igual que el guarismo estampado en esta, se observó que son de falsificación integral, encontrando los remaches que el aseguran removidos...” (fls. 531 y 532, cdno. 2).

b. Copia del oficio suscrito por el jefe de la unidad de la dirección seccional, del CTI, de la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual rinde informe sobre la misión de trabajo ordenada por el fiscal octavo de la unidad previa y permanente en relación con el vehículo marca Chevrolet mini blazer, color azul oscuro de placas AXK 015.

Consigna el informe: “... En cumplimiento de la orden de trabajo referenciada, comunico a usted, que se solicitaron al tránsito municipal de Sincelejo mediante Oficio 0066 de fecha junio 3 de 1994, los documentos correspondientes al vehículo AXK 015, los cuales anexo y relaciono...”(9).

— Copia del formulario único nacional Nº 093-3186069 del 8 de abril de 1994, el cual consigna que el trámite solicitado es matrícula inicial de la camioneta marca Chevrolet, línea mini blazer, modelo 1993, Nº de motor ZPV - 405220, Nº de chasís: TC1T6ZPV404220, Nº de serie TC1T6ZPV404220. En el espacio correspondiente a los datos del propietario se halla consignado el nombre de Edgardo Polo Martínez, cédula de ciudadanía 8.996.178 de Barranquilla. No se observa la firma y sello del delegado del organismo de tránsito.

— Copia de la licencia de tránsito Nº 0761350, en relación con el vehículo cuyas características fueron descritas a nombre del señor Raúl Támara Rosa. La fecha de expedición es 1º de junio de 1994. El último trámite es el traspaso.

— Copia de la licencia de tránsito Nº 0761067, en relación con el vehículo cuyas características fueron descritas a nombre del señor Edgardo Polo Martínez. La fecha de expedición 8 de abril de 1994, el último trámite es la matrícula. Se halla consignado en el documento que el manifiesto que ampara el vehículo es el 9877 del 1º de octubre de 1993 de la ciudad de Riohacha.

— Copia del certificado de origen Nº 8284 del Instituto de Comercio Exterior de la República de Venezuela.

— Copia de la constancia Nº 118678 de la división de vehículos del Ministerio de Justicia de la República de Venezuela.

— Copia del conocimiento de embarque Nº 001 del 1º de octubre de 1993. Figura como embarcador la sociedad Castellana Motor de Venezuela.

— Copia de la factura Nº 6601 del 23 de septiembre de 1993 expedida por la sociedad Castellana Motor de Venezuela.

— Copia del registro de importación Nº L192210-236271 del Incomex de la República de Colombia.

— Copia del documento de sobordo del 1º de octubre de 1993.

— Copia del formulario único nacional Nº 093-3186070 (la fecha es ilegible), el cual consigna que el trámite solicitado es el traspaso de la camioneta marca Chevrolet, línea mini blazer, modelo 1993, Nº de motor ZPV-405220, Nº de chasís: TC1T6ZPV404220, Nº de serie TC1T6ZPV404220. En el espacio correspondiente a los datos de propietario se halla consignado el nombre de Edgardo Polo Martínez, cédula de ciudadanía 8.996.178 de Barranquilla. En el espacio del nuevo propietario se halla en nombre de Raúl Támara Rosa. No se observa la firma y sello del delegado del organismo de tránsito (fls. 544 a 553, cdno. 2).

c. Según se infiere de los documentos allegados al proceso, el señor Gilberto Celestino Daza Martínez, quien vendió el vehículo al señor Raúl Támara Rosa, fue vinculado mediante indagatoria al proceso penal por el presunto delito de falsedad y en dicha diligencia manifestó que el vehículo lo había adquirido con “transito libre” a una persona de nombre José Calixto Gómez Gutiérrez, quien, al decir del indagado, era propietario de una consignataria de vehículos en la ciudad de Bogotá. Afirmó que el vehículo lo recibió como parte de pago por un dinero que le había prestado al señor Gómez Gutiérrez y precisó que antes de recibir el vehículo lo sometió a una revisión de la Sijin, empero, los funcionarios no emitieron una constancia escrita porque debían corroborar los documentos que amparaban la nacionalización del vehículo. Sostuvo que con el vehículo recibió dos formularios únicos nacionales firmados por el señor Edgardo Polo Martínez, uno para efectuar la matrícula inicial y otro para realizar el respectivo traspaso (fls. 624 a 630, cdno. 2).

Al señor Gilberto Celestino Daza Martínez le fue resuelta la situación jurídica absteniéndose de imponer medida de aseguramiento y por lo mismo fue dejado en libertad.

Posteriormente, durante el curso de la investigación, el funcionario instructor encontró nuevos elementos que vinculaban al señor Gilberto Celestino Daza Martínez con la posible comisión de los delitos investigados y por consiguiente libró la respectiva orden de captura.

Según consta en el informe del 5 de junio de 1997, funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, procedieron a dar captura al señor Gilberto Celestino Daza Martínez, luego de algunas labores de seguimiento.

Narra el informe:

“El día 4 de junio de los cursantes (sic), siendo aproximadamente las 07:40 horas, salió a bordo del vehículo Chevrolet Swit (sic), color blanco, de placas QGQ, en compañía de una señora; se adelantó la labor de seguimiento y siendo aproximadamente las 12:45 horas, cuando regresaba a su residencia, tratamos de interceptar el vehículo pero inmediatamente emprendió la huída y a la altura de la calle 84 con carrera 65, se bloqueó el vehículo, de inmediato nos identificamos como miembros activos del DAS, se le comunicó de las órdenes de captura existentes en su contra, se identificó con la cédula de ciudadanía 8.713.914 de Barranquilla a nombre de Gilberto Celestino Daza Martínez, al efectuar una requisa al vehículo en que se movilizaba se encontraron los siguientes documentos:

C.C. 8.716 521 de Barranquilla a nombre de Álvaro José Calderón Torres, permiso para conducir a nombre de Álvaro José Calderón Torres Nº 2094781, certificado judicial T.D. Nº. 68883 a nombre de Gilberto Celestino Daza Martínez, permiso para conducir a nombre de Gilberto Celestino Daza Martínez, Nº 4742453, permiso para porte de armas Nº P0041677.

“Al preguntarle por la tenencia de la documentación falsa, manifestó que únicamente los utilizaba para los desplazamientos entre los diferentes departamentos de la Costa Atlántica, ya que en varias oportunidades había sido víctima de retenes montados por la subversión, en uno de los cuales fue despojado del revólver Llama serie IM1025D, calibre 38 largo...”.

Al revisar los archivos de laboratorio e identificación al igual que de la Policía Judicial de la seccional, los investigadores encontraron 12 requerimientos con orden de captura a nombre del señor Gilberto Celestino Daza Martínez, por los delitos de falsedad y estafa.

Se desconocen los resultados del proceso penal (fls. 775 a 778, cdno. 2).

13. Dentro del proceso se recibieron los siguientes testimonios:

a. Jairo de Jesús Martelo Jiménez. El declarante manifiesta conocer al señor Raúl Támara Rosa porque son vecinos. Expone las circunstancias que rodearon la adquisición de la camioneta Chevrolet mini blazer por parte del señor Támara Rosa y la aprehensión del bien por parte de la DIAN. Aduce que el vehículo aprehendido era una herramienta de trabajo para el demandante y que la aprehensión del vehículo le ocasionó perjuicios de orden material (fls. 394 a 397, cdno. 2).

b. Saúl Enrique Vega Mendoza. Profesión abogado. El declarante expresa que inicialmente ejerció la representación judicial del señor Raúl Támara Rosa en el proceso penal que se adelantó por las irregularidades detectadas en los guarismos de identificación de la camioneta marca Chevrolet mini blazer que adquirió el señor Támara Rosa; afirma que sus servicios profesionales fueron contratados por el señor Gilberto Daza Martínez, quien fue la persona que le vendió el vehículo al señor Raúl Támara. Aun cuando no explica la ciencia de su dicho, afirma que el señor Raúl Támara Rosa, solicitó a la DIAN, local Guajira, el documento de importación de la camioneta y dicha entidad confirmó por vía telefónica la existencia de la declaración de la mercancía en sus archivos, tal situación afirma, determinó que el demandante comprara el vehículo (fls. 398 a 404, cdno. 2).

c. Doris María Guerrero de Álvarez. Expresa que el señor Raúl Támara Rosa vivió en un apartamento de su propiedad y por ello lo conoce. Sostiene que la camioneta fue retenida por las autoridades, aproximadamente dos meses después de la compra. Dice constarle que a partir de ese momento el señor Raúl Támara, intentó demostrar por todos los medios que la camioneta había sido adquirida legalmente, sin embargo, para la fecha de la declaración aún no la ha podido recuperar. Sostiene que el señor Támara Rosa, es muy correcto y respetuoso de las leyes (fls. 405 y 406, cdno. 2).

d. Mario Rafael Montalvo Hurtado. Se trata de la persona que, según su dicho, conducía la camioneta el día en que fue aprehendida por las autoridades. Sostiene que el día 19 de abril de 1994, fue abordado por funcionarios del CTI de Sincelejo y Decypol de Medellín, quienes solicitaron los documentos del vehículo y luego procedieron a retenerlo, por cuanto los guarismos de identificación se encontraban alterados. Afirma el declarante que precisamente momentos antes había llevado el vehículo a las instalaciones del DAS para hacerlo revisar y a pesar de que dicha entidad no expidió una certificación por escrito, los funcionarios que lo atendieron manifestaron que el vehículo se encontraba en orden.

Señaló expresamente:

“... [Y]o le informé a los señores del CTI, que yo venía del DAS de revisar el vehículo y ellos me contestaron que ellos no confiaban en el dictamen técnico del DAS aquí en Sucre, por lo tanto el carro quedaba detenido, les presenté fotocopia a los señores del CTI, de los documentos que había presentado al DAS y volvieron y me dijeron que ellos no creían en esos documentos, procedieron a decomisar el vehículo. En marzo 20 yo viajé a Riohacha, específicamente a la DIAN para constatar los documentos de la camioneta bleizer (sic), documentos como la declaración de aduana de importación de vehículo, facturas y otros documentos, me atendió la secretaria del director y otra secretaria de apellido barrios, de Corozal, quien gentilmente me atendió, me mostró los documentos originales de la camioneta blaizer (sic), yo lo verifiqué con fotocopias que llevé de aquí de Sincelejo y eran auténticos y se los mostré a la secretaria y también me confirmó que los documentos estaban en regla y que eran originales, yo le solicite me diera una certificación por escrito y me contestaron diciendo que no podían dar dicha certificación a mí personalmente sino que ellos la enviarían a través de la DIAN, Sincelejo el documento se recibió y se le presentó copia al doctor Raúl Támara para efectuar la negociación, luego que le presenté los documentos al doctor Raúl Támara para que procediera al negocio con el señor Gilberto Daza Martínez, vendedor del vehículo, que ya estaba matriculado aquí en Sincelejo, el doctor Raúl Támara me pidió que verificara si estaban en regla los papeles del vehículo como tarjeta de propiedad y placas. El vehículo estuvo detenido aproximadamente 5 meses aquí en los patios de la Fiscalía...”.

Finalmente sostuvo que en el año 1995 se acercó a la oficina de tránsito departamental para conocer el estado de cuenta de los impuestos y se percató que debía dos años a lo cual manifestó: “... [m]e sorprendió porque el carro tenía placas y tarjeta, me supuse que era una irregularidad de los funcionarios del tránsito ya que sin pagar impuestos correspondientes, no podías (sic) entregarle placas ni tarjeta...”.

El declarante allegó a la audiencia copia al carbón del acta de inventario del vehículo que se suscribió el día de la aprehensión por parte del departamento de estudios criminológicos y de Policía Judicial Decypol el día 19 de abril de 1994 (fls. 407 a 410, cdno. 2).

e. Declaración testimonial y reconocimiento de documento por parte del señor Víctor Miguel Castro Yepes, quien para la época en que se realizó el traspaso de la camioneta de placas AXK 015 al señor Támara Rosa, se desempeñaba como funcionario de la secretaría de transportes y tránsito de Sincelejo.

Manifestó el testigo:

“... Diga el declarante todo cuanto sepa y le conste acerca del decomiso del vehículo marca Chevrolet van mini bleizer (sic) 4 x 4 modelo 93, de placas AXK 015, al señor Raúl Támara Rosa, por parte de la Fiscalía General de la Nación. CONTESTÓ: No sé, hasta ahora me entero que está decomisado. PREGUNTADO. Diga el declarante todo lo que sepa en relación con la matrícula del vehículo mencionado. CONTESTÓ: Sé que se matriculó en la secretaría de transporte y tránsito de Sincelejo, solamente eso. PREGUNTADO. Diga el declarante, si reconoce las firmas que aparecen en la licencia de tránsito Nº 0761350, a nombre de Raúl Támara Rosa, que se le pone de presente uno de los documentos que obran entre el folio 79 y 80 del cuaderno principal. CONTESTO: La firma que está abajo es mía, la otra presumo que es del señor jefe de placas y matrículas, Manuel Calderón, porque hace mucho tiempo me retiré de la secretaría de tránsito. PREGUNTADO. Diga el declarante, sabe de alguna anomalía o irregularidad en la matricula del mencionado vehículo CONTESTO desde el momento en que se registro el vehículo y por el hecho de haber estampado mi firma en la licencia de tránsito, no conozco y hasta ahora tengo conocimiento de que haya existido alguna irregularidad o anomalía. PREGUNTADO: Diga el declarante cómo explica usted que el señor apoderado del municipio de Sincelejo, al contestar la demanda instaurada por el señor Raúl Támara Rosa, haya afirmado que en el libro radicador de matrículas correspondiente a las placas AXK 015 no se haya consignado las características del vehículo, por lo que es inexistente tal inscripción, además de que no aparece ningún tipo de documentos, ni el formulario único nacional. CONTESTÓ: Me parece que es muy atrevido hablar de la inexistencia de un acto sin investigar si tales documentos reposan o en la secretaría de tránsito o por el contrario fueron solicitados por alguna autoridad competente, en cumplimiento de sus funciones, creo que dicha contestación por así decirlo, el abogado de la administración municipal lo hizo por salir del paso, y aparte de ello, el libro radicador de matrículas no lo llevaba mi persona y fuera de ello eran los libros auxiliares que para efectos de registro la información fidedigna se encontraba en los fólderes de cada uno de los vehículos y que el hecho de no aparecer tales documentos no es mi responsabilidad...” (fls. 411 y 412, cdno. 2).

f. Declaración testimonial con reconocimiento de documento por parte del señor Manuel Calderón jefe de placas y matrículas del municipio de Sincelejo (encargado) desde el año 1992.

Manifestó desconocer cualquier circunstancia en cuanto al decomiso de la camioneta marca Chevrolet mini blazer 4 x 4, modelo 1993 de placas AXK 015.

Reconoció la firma estampada en la licencia de tránsito Nº 0761350 a nombre de Raúl Támara Rosa, cuyo original reposa a folio 80 del cuaderno 1 del expediente.

Precisó en la declaración lo siguiente:

“PREGUNTADO: Diga el declarante, si sabe de alguna irregularidad o anomalía en la matrícula del mencionado vehículo. CONTESTÓ. Cuando ingresé a la secretaría de transporte y tránsito, que fue creada el 1º de junio de 1992, me fue asignado el cargo de jefe de placas y matrículas encargado y el secretario me dio ciertas normas respecto a lo que se iba a hacer en esa oficina, por ende, no soy investigador, soy un tramitador de las respectivas matrículas que lleguen a esta oficina, por esta razón si llegó a mis manos la papelería de este vehículo se le exigieron las siguientes normas, confiando en la buena fe de la persona: debía presentar el vehículo al tránsito, tomarle las respectivas improntas, presentar un formulario ubico (sic) Nacional donde aparece o aparecería el nombre del propietario, su número de cédula, su dirección, su número de teléfono, su firma respectiva al dorso del formulario, nuevamente su firma autenticada ante una notaría y las improntas irán anexas a dicho formulario, también en el formulario único nacional aparecerán todas las características del vehículo...”. (fls. 413 a 415, cdno. 2).

14. Informe escrito bajo juramento presentado por el director de la unidad administrativa especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a solicitud de la parte actora:

En el informe, el director de la DIAN explicó en qué consiste la declaración de importación, en los siguientes términos: “... es el formulario oficial adoptado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante resolución, con cuya presentación ante las entidades financieras y bancos autorizados por la entidad, se da inicio a una actuación administrativa en cumplimiento del deber legal que surge por la introducción de mercancía de procedencia extranjera al territorio nacional...”.

Sostuvo que la declaración de importación debía ir acompañada de los siguientes documentos:

“— Registro o licencia de importación que ampare la mercancía cuando a ello hubiere lugar.

“— Factura comercial;

“— Documento de transporte;

“— Certificado de origen cuando se requiera para la aplicación de disposiciones especiales;

“— Certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas especiales;

“— Lista de empaque, cuando hubiere lugar a ella.

“— Certificado de inspección exigido por una sociedad de certificación, cuando a ello hubiere lugar, según las disposiciones vigentes.

“— Mandato, cuando la declaración se presente a través de una sociedad de intermediación aduanera.

“— Declaración del valor y los documentos soporte, cuando a ellos hubiere lugar.

Explicó que el levante de la mercancía es la autorización que efectúa la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de un funcionario inspector o del sistema informático “Sidunea” y que permite la disposición libre o restringida de la mercancía extranjera en el territorio nacional, según la modalidad de importación.

Precisó que a pesar de que el levante es considerado un acto administrativo, sus efectos no son los de crear una situación jurídica particular y concreta, por cuanto dicho acto constituye una mera autorización cuya vigencia está sometida al cumplimiento continuo de los requisitos que sirvieron de base para su expedición.

El levante permite suponer “... con fundamento en el principio de la buena fe...” que el importador ha cumplido con los requisitos y procedimientos exigidos en la legislación aduanera, de tal suerte que los mismos pueden acreditarse cuando sean requeridos por las autoridades, pues de no hacerlo resulta evidente que la autorización de levante carece de fundamento.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1909 de 1992, con la modificación introducida por el artículo 1º del Decreto 1812 de 1995, a efectos de retirar la mercancía del depósito debe autorizarse su levante para lo cual el declarante o la persona autorizada deberá entregar al depósito habilitado en el cual se encuentre la mercancía o a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, según el caso, original y copia de la declaración de importación, acompañada del original de los documentos señalados por el artículo 32 del Decreto 1909 de 1992.

A la pregunta: “... [S]írvase explicar si en la importación del vehículo se ordena generalmente acto de reconocimiento o inspección por parte del inspector o aforador correspondiente a fin de establecer plenamente la identificación del mismo...”, respondió que desde la modificación de la legislación aduanera para adaptarse al proceso de internacionalización de la economía se acudió al “sistema aleatorio de selección de mercancías para inspección aduanera”, conforme a los parámetros establecidos por la DIAN, como mecanismo de agilización de los procesos de importación.

Afirmó que en el proceso de importación y para efectos de obtener autorización del levante, los funcionarios de los depósitos habilitados o las autoridades aduaneras, según el caso, incorporan en el sistema informático de la aduana los datos contemplados por la Resolución 371 de 1992 o cuando la administración no cuenta con el sistema informático, verifican que el importador entregue los documentos reseñados en el artículo 28 del Decreto 1909 de 1992 modificado por el Decreto 1812 de 1995 y anotan en el registro de declaraciones los datos que se relacionan en el artículo 43 de la Resolución 371 de 1992.

Distinguió los eventos en los cuales la mercancía es seleccionada por el sistema automático de la aduana para la inspección aduanera, de los casos en los cuales no es seleccionada, bien por el sistema o manualmente.

Señaló que la inspección aduanera consiste en la verificación de los datos contenidos en la declaración de importación y demás documentos soportes, con la mercancía efectivamente introducida al país y custodiada en los depósitos habilitados.

Manifestó que la competencia para realizar la inspección aduanera está atribuida exclusivamente a las autoridades aduaneras y, en la misma, los funcionarios pueden verificar:

“— El cumplimiento de los requisitos de la modalidad declarada, exactitud de la declaración y correcta liquidación de los tributos aduaneros.

“— La ocurrencia de cualquiera de los eventos contemplados en el artículo 30 del Decreto 1909 de 1992 (causales para rechazar el levante de mercancías).

“— La inexistencia o inconsistencia de los documentos señalados en el artículo 32 del Decreto 1909 de 1992, modificado por el artículo 4º del Decreto 1812 de 1995.

“— Los errores aritméticos en el diligenciamiento del formulario.

“— Las diferencias entre el valor aduanero declarado y el valor aduanero que corresponda, de conformidad con las normas especiales que rigen la materia.

“— Las faltantes o averías en la mercancía declarada.

“— La mercancía no amparada por la declaración, porque se omite su descripción o porque la descripción no corresponde a la mercancía inspeccionada, o por exceso de cantidad de la misma”.

Añadió:

“Es importante mencionar en relación con la inspección de vehículos que desde la implantación del sistema informático de aduana “Sidunea” y

Hasta el año 1995 el módulo de selectividad del sistema estaba programado para que se efectuara la inspección física en el 100% de los vehículos importados, posteriormente y con la vigencia del Decreto 861 de 26 de mayo de 1995, modificado por los decretos 1574 de 1995 y 567 de 1996, se determinaron las mercancías sujetas para su importación a la presentación obligatoria de un certificado de inspección, dentro de las que se encuentran vehículos, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres...”

Por otra parte precisó que en la actualidad [es decir a la fecha del informe, rendido jul. 28/97] la declaración de importación debe ser presentada en un (1) original y cuatro (4) copias, para realizar los cotejos y verificaciones pertinentes.

Con anterioridad las entidades recaudadoras “... no entregaban la información al área de recaudación en listados como se menciona en la pregunta; pues como se dijo el mecanismo para suministrar la información consistía en la grabación de cada una de las declaraciones en medio magnético, cumpliendo una serie de requisitos técnicos, para posteriormente ser cotejada frente al documento físico en la subdirección de recaudación...”. El medio magnético debía ser remitido a la subdirección de recaudación dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de recepción o recaudo y en dicha dependencia se procedía a efectuar la revisión de la planilla del control de paquetes, confirmar si el sistema sí había realizado la grabación del paquete en medios magnéticos y ejecutar las labores de validación del documento físico frente a la grabación realizada por la entidad recaudadora.

Finalmente el apoderado de la parte demandante formuló la siguiente pregunta: “... manifieste al tribunal si en el caso específico de la declaración de importación Nº 1375801000265-6 contenida en el formulario Nº 9302010010488205, correspondiente a la camioneta marca Chevrolet mini blazer (...) a nombre de Edgardo Polo Martínez, se tuvieron u observaron todas y cada una de las formalidades, cotejos, confrontaciones, revisiones, etc., antes mencionadas...” a la cual el director de la DIAN contestó:

“La subdirección de recaudación confirma que el documento recibido por la entidad recaudadora es idéntico a la grabación en medio magnético realizada por la misma, informando que los datos de la copia de la declaración que reposa en la DIAN. identificada con el autoadhesivo 137501000265-8 y preimpreso 9201010011380919 y que fue recepcionada por el banco, anexa, no coinciden con los datos expuestos en el numeral del cuestionario, a saber: digito de verificación del autoadhesivo preimpreso, nombre del importador y descripción en la copia original en poder de la DIAN el dígito de verificación es 8, el preimpreso es 9201010011380919, el nombre del importador es Martha Pulido de Anderson y la descripción corresponde a una campero Toyota samurai(...) mientras que el descrito en el oficio de la referencia, el digito de verificación es 6, el preimpreso es 9302010010488205 el importador es Edgardo Polo Martínez, y en la descripción se menciona una camioneta Chevrolet mini blazer” (fls. 425 a 440, cdno. 2).

15. Dentro de proceso fue decretado un dictamen pericial con el objeto de establecer el valor del vehículo. Los peritos estimaron, con base en lo avalúos contenidos en revistas especializadas en la materia que el valor del bien es de $ 20'000.000.00, para el mes de junio de 1998 (fls. 815 y 816, cdno. 2).

III. Lo probado

Apreciado el material probatorio allegado al proceso y haciendo un análisis objetivo y comparativo de tales medios de convicción para llegar a una conclusión, dentro de lo razonable (CPC, art. 187), encuentra la Sala acreditado:

a. Que tal como lo expone la demanda (hecho 1º), el día 22 de abril de 1994, fue suscrito un contrato de permuta entre la sociedad Inmobiliaria Támara Ltda., —representada por el señor Raúl Támara Rosa— y el señor Gilberto Daza Martínez. En virtud del contrato, el señor Támara Rosa, se obligó a transferir el derecho de dominio del vehículo marca Chevrolet monza, modelo 1988, color verde, de placas PV 4678, servicio particular y a dar la suma de $ 7’000.000.00 al señor Gilberto Daza Martínez; este, a su turno, se obligó a transferir al señor Raúl Támara Rosa, el derecho de dominio de la camioneta marca Chevrolet mini blazer, modelo 1993, color azul oscuro, placas AXK 015, motor Nº ZPV 405220 y chasís Nº TC1TGZZPV 405220.

b. Que, no obstante, el día 19 de abril de 1994 —días antes a la fecha del contrato—, la camioneta Chevrolet mini blazer de placas AXK 015, había sido retenida por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y la Decypol por presentar irregularidades en los guarismos de identificación específicamente, porque los números de motor, chasís y serial se hallaban regrabados.

c. Que el día de la retención por parte de las autoridades la camioneta era conducida por un trabajador de la sociedad demandante.

d. Que con ocasión de las irregularidades detectadas en los guarismos de identificación de la camioneta, la Fiscalía General de la Nación decretó la apertura del correspondiente proceso penal con el fin de investigar la posible comisión de conductas punibles.

e. Que, asimismo, la Fiscalía General de la Nación dio aviso a las autoridades aduaneras para que adelantaran la correspondiente investigación administrativa por las irregularidades que se presentaron en el ingreso y nacionalización del vehículo al país procedente de la República de Venezuela.

f. Que, en efecto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DAN — local Sincelejo—, inició la actuación administrativa con miras a establecer las irregularidades en el proceso de nacionalización del bien y en la misma se logró establecer que la declaración de aduanas y la orden de levante del vehículo no fue tramitada en legal forma, porque el declarante no existe, el autoadhesivo de pago de los tributos no fue puesto por el banco autorizado para el recaudo y porque los soportes que sirvieron para presentar la declaración de aduana fueron desvirtuados.

g. Que el procedimiento administrativo adelantado por la DIAN - local Sincelejo, culminó con la revocación del acto de levante y el decomiso definitivo de la camioneta a favor de la Nación.

h. Que la camioneta Chevrolet mini blazer, modelo 1993, color azul oscuro, placas AXK 015, motor Nº ZPV 405220 y chasís Nº TC1TGZZPV 405220, fue matriculada en la oficina de transportes y tránsito del municipio de Sincelejo, el día 8 de abril de 1994, a nombre de quien dijo llamarse Edgardo Polo Martinez

i. Que la persona que se obligó a transferir el derecho de dominio de la camioneta a favor de la inmobiliaria Támara Ltda., señor Gilberto Daza Martínez, jamás figuró como propietario del bien en el entonces denominado registro terrestre automotor.

j. Que el trámite de traspaso de la camioneta Chevrolet mini blazer, modelo 1993, a favor del señor Raúl Támara Rosa, representante legal de la sociedad Támara Ltda., se concretó el día 1º de junio de 1994, fecha en la cual fue expedida la respectiva licencia de tránsito.

k. Que el señor Gilberto Celestino Daza Martínez, fue investigado penalmente por los presuntos delitos de falsedad y estafa; dentro de la investigación fue capturado, sin embargo, se desconocen los resultados del proceso penal.

IV. La sentencia recurrida se confirmará por cuanto en el asunto sub lite no se encuentran acreditados la totalidad de los elementos integradores de la responsabilidad extracontractual del Estado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política

En efecto, el tribunal a quo analizó los hechos que se atribuyen a cada una de las entidades demandadas, para concluir que ninguna de ellas incurrió en las fallas en la prestación del servicio endilgadas, por ende, la obligación indemnizatoria no se estructura.

Sostuvo que el Incomex, no desplegó ninguna actuación constitutiva de falla, pues el formulario de registro de importación preimpreso por la entidad simplemente fue diligenciado con información falsa; precisó que no era posible endilgarle responsabilidad al municipio de Sincelejo porque la matrícula del vehículo no se perfeccionó y, en relación con la DIAN, sostuvo que no era viable atribuirle responsabilidad porque. “... la aprehensión y decomiso de la mercancía...” era procedente a términos de lo dispuesto por el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992.

La inconformidad de la parte actora, radica en el análisis que efectuó el a quo en torno a la responsabilidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN —y del municipio de Sincelejo— secretaría de transportes y tránsito, en la medida en que, a su juicio, la omisión y negligencia de dichas entidades permitieron la causación del daño por cuya indemnización se demanda. Sobre tales puntos se pronunciará la Sala.

Como se dijo anteriormente, dentro del proceso está acreditado que el vehículo marca Chevrolet, mini blazer, color azul oscuro, modelo 1993, de placas AXK 015 fue decomisado de manera definitiva a favor de la Nación, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - administradora local de impuestos de Sincelejo, de lo cual se infiere que el daño, se encuentra debidamente acreditado, pues el señor Raúl Támara Rosa, fue despojado de la propiedad y la tenencia del bien.

La primera precisión que debe realizar la Sala es que la demanda no cuestiona la legalidad de los actos administrativos proferidos por la DIAN - local Sincelejo, mediante los cuales revocó la orden de levante y dispuso la aprehensión y decomiso definitivo del vehículo automotor, como lo entendió el a quo al efectuar el juicio de imputabilidad (desde el ámbito fáctico y jurídico) a cargo de la DIAN. De haber cuestionado la legalidad de las decisiones adoptadas, lo procedente era haber instaurado la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada por el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo., dentro de la oportunidad prevista por el artículo 136 ibidem, porque en tal escenario, indiscutiblemente la fuente de la obligación indemnizatoria sería la ilegalidad de la actuación administrativa materializada a través de los actos administrativos contrarios al orden jurídico.

Sin embargo, para la Sala resulta claro que la demanda pretende estructurar la responsabilidad a cargo de la DIAN, por las distintas acciones y omisiones en que, a su juicio, incurrieron los funcionarios de la entidad al impartir la autorización de levante de manera irregular; omitir el control respecto del recaudo de los tributos aduaneros y prescindir de la inspección aduanera del bien que se hallaba en proceso de nacionalización.

Dicho en otras palabras, la parte actora no cuestiona la actuación administrativa adelantada por la Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales - local Sincelejo, sino las irregularidades que, a su juicio, se produjeron durante el proceso de importación adelantado por la Dirección de Aduanas - local Riohacha.

Para la fecha de ocurrencia de los hechos el proceso de importación de mercancías se hallaba regulado por el Decreto 1909 de 1992(10).

El artículo 2º del mencionado decreto establecía que la obligación aduanera en la importación nacía con la introducción de mercancía de procedencia extranjera al territorio nacional y comprendía fundamentalmente la declaración de importación, el pago de los tributos aduaneros y el pago de las sanciones a que hubiera lugar. El cumplimiento de dichas obligaciones debía hacerse dentro de los plazos establecidos por el artículo 18 ibidem(11).

Mientras se gestionaba el proceso de importación, la mercancía debía quedar situada en los denominados “depósitos habilitados” (D. 1909/92, art. 8º), autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para lo cual el trasportador debía informar sobre la llegada de la mercancía al administrador de aduanas con la debida antelación en los términos que señalara la entidad administrativa.

Tal como lo sostuvo el director de impuestos y aduanas nacionales, al rendir el informe solicitado por el a quo en los términos dispuestos por el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil, con el descargue de la mercancía en el depósito habilitado debía entregarse al funcionario de la aduana el manifiesto de la carga, los conocimientos de embarque, las cartas de porte, las guías aéreas, según el caso, y los demás documentos que adicionaran el manifiesto (D. 1909/92, art. 12) y para efectos del levante o retiro de la mercancía de los depósitos habilitados era necesario acreditar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras (D. 1909/92, art. 28).

En efecto, el trámite de importación comprendía efectuar la declaración correspondiente que podía realizarse luego de la entrega de la mercancía al depósito habilitado, dentro de los plazos a los cuales se ha hecho alusión (D. 1909/92, art. 18) o de manera anticipada para efectos de proceder al retiro de la mercancía en el momento mismo del descargue (inc. tercero, art. 17, D. 1909/92).

La obligación de efectuar la declaración de importación era del importador, entendido por tal la persona que realizaba la operación o la persona por cuya cuenta se efectuaba y debía ser presentada en los bancos o entidades financieras autorizadas por la dirección de aduanas, ubicados en la comprensión aduanera donde se hallara la mercancía o donde se tramitara la importación en el caso de la declaración anticipada.

La declaración de importación debía contener, por lo menos, los siguientes datos (D. 1909/92, art. 22): a) identificación y ubicación del importador y del declarante autorizado; b) modalidad de la importación; c) información del documento de transporte; d) descripción de la mercancía; e) sub partida arancelaria f) cantidad, unidad, peso, valor, seguros y fletes g) país de origen h) liquidación privada de los tributos aduaneros, de las sanciones y su forma de pago i) fundamento de la exención o tratamiento preferencial (en caso de producirse) j) firma del declarante.

Cumplido lo anterior, el declarante, el importador o la persona autorizada debía presentar al funcionario inspector del depósito de aduanas, el original y la copia de la declaración de importación, acreditar la titularidad de la mercancía, exhibiendo el documento de transporte y el poder o el mandato, cuando fuera el caso, además debía exhibirse la licencia previa, el certificado de origen o el certificado de sanidad cuando hubiera lugar a ellos (D. 1909/92, art. 28). Con posterioridad, la disposición fue modificada por el Decreto 1812 de 1995 y para efectos de obtener la autorización de levante de la mercancía se comenzó a exigir, además del original y la copia de la declaración de importación, los documentos a que hace referencia el artículo 32 del Decreto 1909 de 1992(12). La norma además disponía que en el mismo día de la presentación de dichos documentos al depósito autorizado o a la aduana, debía autorizarse el levante para retirar la mercancía o debía rechazarse el mismo cuando se presentaran las causales contempladas por el artículo 30 ibidem.

“ART. 28.—Retiro de la mercancía. Para retirar la mercancía deberá permitirse su levante por la Dirección de Aduanas Nacionales, para lo cual, el importador, el declarante o la persona autorizada para el efecto, deberá entregar al depósito autorizado en el cual se encuentre la mercancía o a la aduana, según el caso, original y copia de la declaración de importación.

“Para los mismos efectos, se deberá acreditar la titularidad sobre la mercancía, exhibiendo el documento de transporte y el poder o mandato, cuando sea del caso. Adicionalmente, deberá exhibirse la licencia previa, el certificado de origen o el certificado de sanidad, cuando haya lugar a ellos”.

Por su parte, el artículo 29 del decreto, contemplaba lo siguiente en relación con la autorización del levante:

“ART. 29.—Autorizacion de levante. La Dirección de Aduanas Nacionales, deberá autorizar el levante de la mercancía el mismo día de la presentación, al depósito autorizado o a la aduana, según el caso, de los documentos señalados en el artículo anterior. Dentro del mismo término, deberá rechazar el levante, cuando se haya presentado alguna de las causales señaladas en el artículo siguiente, o determinar que la mercancía debe ser objeto de inspección aduanera. El incumplimiento de este término dará lugar a la correspondiente investigación disciplinaria para el funcionario o a la determinación de responsabilidad para el depósito autorizado.

Inciso 2º del artículo 29. Modificado por el Decreto 1546 de 1993, artículo 1º(13). “El levante de la mercancía procederá cuando se subsane la causal que motivó su rechazo, cuando practicada la inspección aduanera se estableció la veracidad de la declaración, o cuando formulada la liquidación de corrección y/o de revisión de valor según el caso, el declarante cancela los mayores valores dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación o interpone recurso, pagando lo que reconoce deber y otorgando garantía por la suma en discusión”.

“Cuando se practique inspección aduanera, el levante procederá respecto de la mercancía que se encontró conforme con la declaración de importación; sobre las demás mercancías, continuará el respectivo proceso de manera independiente.

“La autorización de levante de la mercancía deberá obtenerse dentro del término previsto en el artículo 18 de este decreto” (resaltado fuera del texto original).

Y las causales contempladas para el rechazo del levante eran las siguientes:

“ART. 30.—Eventos para rechazar el levante. No procederá el levante de la mercancía cuando se presente uno de los siguientes eventos:

a) Cuando la declaración de importación sea presentada con posterioridad al término establecido en el artículo 18 de este decreto, o cuando se acuda al depósito o a la aduana, según el caso, para obtener el levante, una vez transcurrido el mismo término”;

b) Cuando la declaración de importación se haya presentado en lugar diferente a la jurisdicción aduanera de la mercancía;

c) Cuando la declaración de importación carezca de la constancia del pago de los tributos aduaneros exigibles;

d) Cuando la declaración de importación no contenga los siguientes datos: modalidad de la importación, sub partida arancelaria, descripción de la mercancía, cantidad, valor, tributos aduaneros y tratamiento preferencial;

e) Cuando la mercancía declarada no esté amparada con licencia de importación, certificado de sanidad o certificado de origen, cuando las normas lo exijan; o,

f) Cuando el nombre del declarante sea diferente al del consignatario del documento de transporte y no se acreditó endoso para el retiro de la mercancía.

g) Adicionado por el Decreto 1546 de 1993, artículo 2º. Cuando el valor declarado de la mercancía sea inferior al precio oficial fijado mediante resolución por el director de impuestos y aduanas nacionales, según lo reglamente la DIAN”.

Es de anotar que la normatividad contemplaba la posibilidad de que las autoridades aduaneras realizaran una inspección a la mercancía objeto de importación, la cual incluía un examen físico, para efectos de verificar la correspondencia con la descrita en la declaración de importación, el origen, estado, cantidad, valor, clasificación arancelaria, gravamen, tratamiento tributario y examen de laboratorio, en caso de ser necesario (D. 1909/92, art. 33), la cual debía realizarse, por regla general en un (1) día (D. 1909/92, art. 33).

Según lo expresó el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el informe rendido dentro del proceso, hasta el año 1995 la dirección de aduanas practicaba la inspección aduanera en el 100% de los vehículos importados.

A juicio de la Sala, las fallas en la prestación del servicio que se atribuyen a la DIAN, no se hallan acreditadas y, por el contrario, se observa que las autoridades aduaneras observaron el procedimiento de importación en los términos previstos por la normatividad vigente para la época de los hechos. A la Dirección de Aduanas Nacionales fueron presentados documentos falsos para efectos de realizar el trámite de nacionalización de la mercancía y con base en los mismos se logró obtener la autorización de levante del legalidad, sin embargo, tal circunstancia no es constitutiva por sí misma de falta o falla en la prestación del servicio, porque para la entidad administrativa no era posible establecer en el momento la indubitabilidad de los documentos presentados por el declarante o constatar la veracidad de la información consignada en los distintos documentos oficiales, y en tales condiciones, no había razón para impedir el ingreso de la mercancía al país o rechazar el levante.

La camioneta marca Chevrolet mini blazer modelo 1993, fue introducida a la República de Colombia, procedente de la República de Venezuela, por un sujeto que dijo llamarse Edgardo Polo Martínez, quien declaró ser el importador de la mercancía y en la condición aludida presentó la declaración de importación en el formulario indicado por la aduana, con la información requerida por el artículo 22 del Decreto 1909 de 1992.

En efecto, indicó la dirección en la cual podía ser ubicado, manifestó acogerse al convenio de complementación en el sector automotor andino acuerdo [Decisión] de Cartagena 298, identificó el bien como una “... camioneta marca Chevrolet, mini blazer, tipo station wagon, color azul oscuro, modelo 1993, motor ZPV 405220, serial chasís Nº TC1T6ZPV405220, caja automática, motor a gasolina de seis cilindros en V...”, consignó el valor del bien en términos Icoterms en la modalidad FOB, plasmó la conversión en moneda local y sobre la misma liquidó los tributos correspondientes arguyendo el tratamiento preferencial; señaló que transportaba el bien por sus propios medios, consignó la sub partida arancelaria y suscribió la declaración en los términos dispuestos por la norma y para fundamentar lo consignado en la declaración, allegó a las autoridades aduaneras la factura de compra del vehículo donde, con apariencia de veracidad, constaba que el automotor había sido adquirido por el importador a la sociedad comercial Castellana Motor, con domicilio Caracas, Venezuela. Asimismo allegó un documento en el cual constaba que el vehículo había sido sometido a una revisión técnica en el cuerpo técnico de Policía Judicial de Venezuela, sobre las características que lo identificaban para efectos de establecer la solvencia del automotor para embarque y el certificado de origen aparentemente expedido por el Instituto de Comercio Exterior de la República de Venezuela y finalmente aportó el documento que aparentemente daba cuenta de la mercancía que legalmente salía de Venezuela, denominado “sobordo”.

Finalmente allegó la declaración de importación al funcionario de aduana con un autoadhesivo numerado y el sello puesto por el Banco Ganadero, autorizado por el Convenio 057 de 1992 para recibir el pago de los tributos aduaneros, con los cuales aparentemente se acreditaba la presentación y el pago en la entidad autorizada.

Con base en los anteriores elementos la DIAN - local Guajira impartió la autorización del levante del bien introducido al país.

Como se puede observar, en principio no existía razón alguna para rechazar el levante de la mercancía e impedir la entrega del bien al importador, en primer lugar porque la Dirección de Aduanas debía presumir la buena fe del particular en la gestión administrativa conforme lo consagra el artículo 83 de la Constitución Política y en segundo lugar porque los funcionarios de la aduana no tienen asignada la función de constatar la autenticidad de los documentos que se presentan en desarrollo de las distintas actuaciones o la veracidad de las manifestaciones en ellos contenidas, cuando no existe elemento alguno que permita presumir que se trata de una declaración apócrifa.

En desarrollo de su función las autoridades aduaneras solo están obligados a advertir a los interesados las faltas en las que puedan incurrir al presentar sus declaraciones, conforme lo establece el artículo 27 del Código Contencioso Administrativo, pero no podía entrar a cuestionar la dubitabilidad de los documentos allegados a la actuación, sin razón conocida.

Por otra parte, para la Sala no es de recibo el argumento aducido por el señor apoderado de la parte actora, según el cual la DIAN omitió el deber de constatar el pago de los tributos aduaneros para autorizar el levante del bien importado, a términos de los artículos 29 y 30 del Decreto 1909 de 1992, pues como quedó dicho, la declaración presentada para efectos de obtener la autorización de levante llevaba adherida la etiqueta proveniente, en apariencia, del Banco Ganadero, sucursal Riohacha, Nº 1375201000265-6, con sello de recibido con pago, de manera que ante la presentación de la declaración en tales condiciones, la entidad solo podía presumir la veracidad y autenticidad de la misma, sin que tuviera razón válida para rechazar el levante.

La norma exigía a la autoridad administrativa rechazar el levante, entre otros eventos, cuando no existiera constancia de pago, pero como se ha dicho, la declaración llevaba el autoadhesivo que acreditaba el pago de la obligación, solo que el mismo era apócrifo, pero en ese momento no era posible determinarlo.

A más de lo anterior, no podía exigírsele válidamente a la entidad administrativa que hubiera retardado la autorización de levante del bien importado bajo la aducción de no haber constatado la veracidad del adhesivo que llevaba puesto el formulario, porque la disposición consagraba que una vez fuera presentada la declaración en las condiciones exigidas por la normatividad debía procederse a la entrega inmediata de la mercancía depositada. La constatación a la cual se refirió el director de impuestos y aduanas nacionales, en su informe, era posterior a la entrega real del bien importado.

Finalmente, dentro del proceso no existe prueba de que, sobre el bien se haya efectuado la inspección aduanera prevista por el artículo 33 del Decreto 1909 de 1992, sin embargo, aun cuando se hubiera realizado, en la misma no se habrían determinado las irregularidades que a la postre fueron detectadas en los guarismos de identificación del vehículo, porque dicha inspección solo tenía como finalidad constatar la correspondencia entre lo declarado ante las autoridades aduaneras y la mercancía objeto de importación, como la cantidad, el peso, etc., mas no estaba concebida para detectar irregularidades específicas en los bienes sujetos al trámite, como la adulteración en los mecanismos de identificación del vehículo, como parece entenderlo la parte actora.

En el presente evento, la información declarada coincidía con la mercancía que se introdujo al territorio nacional, de manera que la inspección hubiera resultado inocua para detectar las irregularidades, las cuales solo podían ser detectadas por un experto en guarismos de identificación de automotores.

Por otra parte, la Sala no encuentra que el municipio de Sincelejo hubiera incurrido en fallas en el servicio, en el proceso de matrícula y traspaso del vehículo, capaces de comprometer la responsabilidad de la entidad por los hechos que informan la demanda.

El apoderado del municipio de Sincelejo, al contestar la demanda, adujo que el vehículo no fue matriculado, porque en los archivos de la entidad no fueron hallados los documentos que sirvieron de soporte para efectuar dicho trámite.

Lo primero que debe advertir la Sala es que dentro del presente proceso se encuentra acreditado que, efectivamente, la secretaría de transportes y tránsito del municipio de Sincelejo, expidió la licencia de tránsito del vehículo marca Chevrolet blazer, color azul oscuro, modelo 1993, de placas AXK 015, a nombre del señor Raúl Támara Rosa; que la licencia es auténtica y que se expidió en virtud de la solicitud de traspaso. En efecto, en el proceso obra el documento original, las firmas estampadas en el mismo fueron reconocidas por quienes las plasmaron y no fue tachado de falso o reargüido en forma alguna dentro del proceso.

Empero, también se encuentra plenamente acreditado que el vehículo fue matriculado en el municipio de Sincelejo el 8 de abril de 1994. Así se deduce de la prueba recaudada dentro del proceso penal que se surtió con ocasión de los hechos y que fue debidamente trasladada al presente proceso.

Según quedó consignado en la relación de los medios de prueba obrantes en la presente actuación, al proceso penal fue remitido un oficio suscrito por el jefe de la unidad de la dirección seccional del CTI de la Fiscalía de la Nación, mediante el cual rindió informe sobre la misión de trabajo ordenada por el fiscal octavo de la unidad previa y permanente en relación con el vehículo marca Chevrolet mini blazer, color azul oscuro de placas AXK 015.

Con el informe fueron allegados los documentos enviados por la secretaría de transportes y tránsito de Sincelejo, que sirvieron de soporte para efectuar la matrícula del vehículo, tales como: Formulario único nacional Nº 093-3186069 del 8 de abril de 1994, relacionado con la matrícula inicial de la camioneta marca Chevrolet, línea mini blazer, modelo 1993, Nº de motor ZPV-405220, Nº de chasís: TC1T6ZPV404220, Nº de serie TC1T6ZPV404220; certificado de origen Nº 8284 del Instituto de Comercio exterior de la República de Venezuela; constancia Nº 118678 de la división de vehículos del Ministerio de Justicia de la República de Venezuela; conocimiento de embarque Nº 001 del 1º de octubre de 1993; factura Nº 6601 del 23 de septiembre de 1993 expedida por la sociedad Castellana Motor de Venezuela; Registro de importación Nº L192210-236271 del Incomex de la República de Colombia; Sobordo del 1º de octubre de 1993 (fls. 544 a 553, cdno. 2).

Por lo anterior, las afirmaciones esbozadas por el apoderado del municipio de Sincelejo, en cuanto la matrícula del vehículo, no pueden estimarse.

Para la época en que se produjo la matrícula del vehículo, la expedición de licencias de tránsito y el traspaso de vehículos se encontraban regulados por el Decreto-Ley 1344 de 1970(14), Código Nacional de Tránsito, modificado por el Decreto 1809 de 1990, y el Acuerdo 51 de 1993 proferido, por la junta liquidadora del Instituto Nacional de Tránsito, Intra.

El artículo 2º del citado Código Nacional de Tránsito, modificado por el artículo 1º del Decreto 1809 de 1990, definía la licencia de tránsito como un “documento público cuya finalidad es autorizar el tránsito de un vehículo por las vías públicas del territorio nacional y sirve para la identificación del mismo”.

Por su parte, el artículo 87 de la misma codificación, modificado por el artículo 1º, numeral 75 del Decreto 1809 de 1990, establecía:

“La licencia de tránsito estará suscrita por la autoridad de tránsito ante la cual se presentó la solicitud, identificará el vehículo y será expedida luego de perfeccionado el registro en la oficina de tránsito correspondiente y contendrá los siguientes datos:

“1. Características de identificación del vehículo.

“2. Destinación y clase para el cual fue homologado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

“3. Nombre del propietario, documento de identidad, domicilio y dirección.

“4. Limitaciones a la propiedad.

“5. Número de placa asignada.

“6. Los demás que determine el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

“PAR. 1º—Las características que identifican un vehículo son las siguientes: número de motor, número de chasís o serie, línea, clase (de vehículo), marca, modelo, tipo (de carrocería), color, clase de servicio y capacidad.

“PAR. 2º—El inventario nacional automotor será llevado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito con base en la información contenida en el registro de que trata el presente artículo. El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito establecerá los mecanismos para que la autoridad de tránsito competente suministre la información correspondiente”.

A la vez el artículo 92, modificado por el numeral 80 del artículo 1º del Decreto 1809 de 1990, disponía que la licencia de tránsito debía solicitarse por el propietario del vehículo “de acuerdo con la reglamentación que expida el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito”. Y el artículo 73 del Acuerdo 51 de 1993, proferido por la junta liquidadora del Instituto Nacional de Tránsito, que regulaba todos los trámites ante los organismos de tránsito del país, establecía en el inciso primero que el registro inicial de un vehículo automotor se efectuará ante el organismo de tránsito competente, por el comprador o por quien importe directamente el vehículo (...)”.

En el caso particular, la obligación de la entidad demandada no podía ir más allá que dar fe acerca de los documentos que allegó la persona que matriculó inicialmente el vehículo, de suerte que no estaba dentro de su ámbito establecer si tales documentos eran falsos o no y si la información contenida en los mismos era veraz, pues dentro de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico a las autoridades de tránsito no estaba contemplada dicha posibilidad, como se dijo anteriormente cuando se analizó la responsabilidad atribuida a la DIAN.

En efecto, reitera la Sala que en aplicación del principio consagrado por el artículo 83 de la Carta Política, el Acuerdo 00051 de 14 de octubre de 1993, “por el cual se dictan disposiciones en materia de tránsito terrestre automotor” proferido por la junta liquidadora del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, disponía en el artículo 2º que en las gestiones que se adelantaran ante las autoridades de tránsito debía presumirse la buena fe.

Por su parte, el artículo 3º de dicha normatividad establecía que “La responsabilidad de todos los trámites que se lleven a cabo ante los organismos de tránsito y ante el Intra, estará en cabeza del propietario, vendedor, comprador, mandatario, importador, tenedor, poseedor del vehículo; médicos en el evento de la práctica de los exámenes para la obtención de la licencia de conducción; propietarios, representante legal, directores de las escuelas de enseñanza automovilística, etc., sin perjuicio de las acciones legales que de ello se desprenda” (resaltado fuera del texto).

De conformidad con la normatividad aludida, las improntas tomadas sobre los datos de identificación del vehículo deben ser adheridas por el interesado en el formulario único nacional. En ese sentido, es dable afirmar que al no corresponderles a las autoridades de tránsito el levantamiento de las improntas, mal podría exigirse de estas la constatación sobre la originalidad y autenticidad de los datos allí consignados.

Las autoridades competentes deben partir del supuesto de que los datos de identificación del vehículo, según las improntas acompañadas a la solicitud de matrícula o de traspaso son originales. No es la autoridad de tránsito la competente para establecer la autenticidad de los documentos que amparan la importación, nacionalización y compraventa de un vehículo.

Los organismos de tránsito no tienen atribuida la facultad de investigar la autenticidad de los documentos allegados por las personas interesadas para su trámite, y menos aún están en el deber legal de corroborarla, toda vez que son los particulares, quienes asumen la responsabilidad sobre la información suministrada a efectos de brindar celeridad y eficacia a los trámites.

No hay duda que la demandada, en aplicación del citado principio, cumplió con la obligación de registrar unos documentos que le fueron allegados por la persona interesada. Y si bien dicha situación produjo confianza en el demandante en el sentido de que el automotor se encontraba debidamente matriculado, ello constata que las autoridades de tránsito cumplieron con la obligación que les imponía el ordenamiento legal, cual era el registro del vehículo automotor. Desafortunadamente en este caso la matrícula se produjo con documentos apócrifos e hizo incurrir en error a las autoridades de tránsito.

Es de anotar que el ordenamiento legal vigente para la época de los hechos no exigía a los organismos de tránsito la obligación de cotejar firmas, huellas, improntas o los documentos de importación o manifiesto que fueran allegados dentro de los trámites correspondientes, limitándose su actuación a la evaluación formal de los documentos sometidos a inscripción.

Las personas interesadas en la matrícula y en el traspaso de un vehículo están en la obligación de tomar las precauciones necesarias para verificar, si es del caso con la ayuda de expertos en la materia, la autenticidad u originalidad de los guarismos de identificación del automotor que pretende adquirirse y a pesar de que el demandante afirma que sometió el vehículo a las experticias técnicas para constatar autenticidad de los mecanismos de identificación del vehículo, sin embargo, su dicho solo fue ratificado por el testigo Mario Rafael Montalvo Hurtado, quien para la fecha de la inmovilización del vehículo ostentaba la condición de empleado de la sociedad demandante y a quien el señor Támara Rosa, había encomendado la tarea de verificar la documentación del vehículo y la legalidad de la importación.

Desde luego, la simple afirmación del testigo carece de la fuerza de convicción suficiente para demostrar que el automotor fue sometido de manera previa a la negociación al examen de expertos del DAS para verificar la originalidad de los guarismos de identificación. En primer lugar porque, a juicio de la Sala, la condición de dependencia que ostentaba el testigo en relación con la parte demandante afecta la credibilidad e imparcialidad de su declaración y en segundo lugar porque la afirmación del testigo debía ser corroborada por la certificación expedida por la autoridad que realizó la experticia y tal documento no existe, o por lo menos no fue allegado al proceso, de manera que las afirmaciones en tal sentido quedaron reducidas al campo de la mera especulación.

En las anteriores circunstancias, mal podría aducirse que hubo una actuación irregular a cargo de la entidad demandada, y por ende una falla en la prestación del servicio, pues resulta evidente que en este caso el daño producido al demandante se debió a la actuación delictiva de un tercero, que en forma fraudulenta logró la inscripción inicial y el traspaso del vehículo en el registro terrestre automotor con apariencia de legalidad.

Además, de la prueba recaudada se infiere que el demandante con su conducta contribuyó a la causación del daño alegado, pues el vehículo fue inmovilizado por las autoridades por primera vez el 19 de abril de 1994, debido a la alteración que presentaban los mecanismos de identificación.

Para la fecha en que fue inmovilizado el vehículo, el señor Raúl Támara Rosa detentaba la tenencia del mismo, pues como se dijo, uno de sus empleados era quien lo conducía; pese a lo anterior, días después, el 22 de abril de 1994, el señor Raúl Tamara decidió suscribir el contrato de permuta con el señor Gilberto Daza Martínez, en virtud del cual se obligó a transferir a este el derecho de dominio de un vehículo marca Chevrolet monza, modelo 1988, color verde, de placas PV 4678 a cambio de la camioneta que presentaba irregularidades y además se obligó a entregar en la misma fecha la suma de $ 3.500.000.00 y otro tanto, una vez fuera corroborada “... la legalidad de la camioneta...” entregada por el señor Daza Martínez.

Todo lo anterior permite inferir que el señor Raúl Támara Rosa decidió suscribir el contrato de permuta luego de conocer las anomalías que presentaban los mecanismos de identificación del vehículo y, a más de lo anterior, decidió iniciar los trámites de traspaso meses después de conocidas dichas irregularidades (jun. 1º/94).

En conclusión el daño alegado no se produjo por las fallas en la prestación del servicio endilgadas a las entidades demandadas que, valga decirlo, no fueron acreditadas, sino por la conducta fraudulenta de un tercero y por la culpa de la víctima.

Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el día 8 de marzo de 2000, en cuanto resolvió negar las pretensiones de la demanda.

V. No se impondrá condena en costas porque la conducta de las partes no se enmarca dentro de las previsiones contempladas por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub Sección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 8 de marzo de 2000.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Pretensión consecuencial de condena por indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

(2) 28 de enero de 1997.

(3) Artículo 2º del Decreto 597 de 1988.

(4) Haciendo referencia no solo al medio de prueba documental sino a cualquier otro que conste en un documento, como puede suceder con el acta de la audiencia de un testimonio practicado en otro proceso, por vía de ejemplo.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de julio 7 de 2005, Expediente 20.300.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12.789.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 13 de abril de 2000, Expediente 11.898.

(8) En este sentido ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 4 de junio de 2008, Expediente 15.657.

(9) Es de anotar que al presente proceso fueron traídos en copia auténtica, sin embargo, según consta en el oficio algunos de ellos fueron aportados en originales en actuación penal

(10) Las normas contendidas en el Decreto 1909 de 1992 fueron modificadas con posterioridad por los decretos 1672 de 1994; 1812 de 1995; 1800 de 1994; 513 de 1994; 2685 de 1995; 2492 de 1999; 1012 de 1999, 1957 de 1999, entre otras disposiciones. Para la fecha en que se realizó el proceso de importación del automotor en el sub lite, la única norma del Decreto 1909 de 1992 que se hallaba modificada era la contenida en el inciso segundo del artículo 29, atinente a la procedencia del levante cuando ha sido rechazado previamente, la cual fue modificada por el Decreto 1546 del 9 de agosto de 1993.

(11) ART. 18.—Permanencia de la mercancía en depósitos. Para efectos aduaneros, la mercancía podrá permanecer almacenada mientras se realizan los trámites para obtener su levante, hasta por un término de dos (2). meses, contados desde la fecha de su llegada al territorio nacional. Cuando la mercancía se haya sometida al régimen de tránsito, este término se contará desde la terminación de dicho régimen.

El término establecido en este artículo podrá ser prorrogado hasta por cuatro (4) meses adicionales en los casos autorizados por la Dirección de Aduanas Nacionales y se suspenderá en los eventos señalados en el presente decreto.

(12) La norma fue modifica en el año 1995 en el siguiente sentido:

“ART. 32.Modificado por el Decreto 1812 de 1995, artículo 4º. Documentos que se deben conservar. Para efectos aduaneros, el importador estará obligado a conservar por un período mínimo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de su presentación de la declaración de importación, copia o fotocopia de los siguientes documentos y ponerlos a disposición de la autoridad aduanera, cuando así lo requiera:

a) Registro o licencia de importación que ampare la mercancía, cuando a ellos hubiere lugar;

b) Factura comercial;

c) Documento de transporte;

d) Certificado de origen cuando se requiera para la aplicación de disposiciones especiales;

e) Certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas especiales;

f) Lista de empaque, cuando hubiere lugar a ella;

g) Certificado de inspección expedido por una sociedad de certificación, cuando a ello hubiere lugar, según las disposiciones vigentes;

h) Mandato, cuando la declaración se presentó a través de una sociedad de intermediación aduanera e,

i) Declaración del valor y los documentos soporte, cuando a ello hubiere lugar. Parágrafo. En la copia o fotocopia de cada uno de los documentos soporte que deben conservarse de conformidad con el presente artículo, deberá aparecer el número y fecha de la declaración de importación con la cual fueron entregados los originales y el nombre y la firma del empleado del depósito habilitado conectado o del funcionario de la Dirección de impuestos y aduanas nacionales que recibió la declaración.

(13) 9 de agosto de 1993.

(14) El Decreto-Ley 1344 de 1970, al igual que sus disposiciones reglamentarias y modificatorias, fueron derogadas por la Ley 769 de 2002, actual Código Nacional de Tránsito.