Sentencia 1997-9395 de marzo 19 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 25000-23-24-000-1997-09395-01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Ref.: Apelación sentencia

Actor: Melva Cecilia Hernández Corzo

Demandado: Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá

Bogotá, D.C., diecinueve de marzo de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 24 de enero de 2002, que denegó las pretensiones de la demanda.

5.1. El caso concreto.

En el presente caso se busca la nulidad de los actos administrativos de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá mediante los cuales no accedió a la petición de la actora presentada el 17 de marzo de 1995, en el sentido de que se le exonerara del pago de las multas impuestas por la no revisión técnico mecánica del taxi de placas SD 6753, de su propiedad, quien adujo para el efecto que dicho vehículo se encontraba inmovilizado, según constancia del Juzgado 4º Penal Municipal de Bogotá del 27 de febrero de 1995, por el secuestro indebido del taxímetro desde el 16 de septiembre de 1986.

El 31 de diciembre de 1989 (fl. 17, cdno. 2), cuando se le impuso la multa a la actora por cometer la infracción correspondiente a la “no revisión técnico mecánica”. Para entonces se encontraba vigente el Decreto 1344 de 1970 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), cuyos artículos 40, 73, 190 disponían:

ART. 40.—Modificado Decreto Nacional 2591 de 1990, decía así: Para poder transitar dentro del territorio nacional, los vehículos deben someterse a las normas sobre dimensión y peso, que fije el Ministerio de Obras Públicas de acuerdo con las características de las vías, y deberán encontrarse en las condiciones mecánicas y de comodidad y seguridad consagradas en este código, provistos de órganos de mando de fácil y seguro accionar, y con dispositivo de dirección que garantice la fácil y segura maniobrabilidad del vehículo” (negrilla fuera de texto).

“ART. 73.—Las autoridades de tránsito revisarán periódicamente todos los vehículos, con el fin de verificar su correcto estado mecánico y el de los instrumentos de control y seguridad, y cuando comprueben graves deficiencias mecánicas o de higiene, podrá ordenar la inmovilización del vehículo, hasta que se corrijan”.

ART. 190.—Modificado mediante la Ley 33 de 1986, así: El propietario y el conductor de un vehículo que transite con frenos o dirección en deficientes condiciones mecánicas, incurrirá en multa equivalente a diez (10) salarios mínimos, y se suspenderá y retendrá la licencia de tránsito, mediante resolución motivada de la respectiva autoridad, hasta cuando el vehículo sea reparado” (negrilla fuera de texto).

La Corte Constitucional en Sentencia C-214 de 1994 declaró exequible el artículo 190 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, por considerar que la sanción de multa impuesta al propietario o conductor de un vehículo que transite en deficientes condiciones mecánicas, tiene como fin garantizar la seguridad de las personas.

Sostuvo la Corte:

“La sanción que la norma acusada contempla tiene una finalidad social como es la de garantizar la seguridad de las personas, es decir, que no resulten vulnerados sus derechos a la vida, a la integridad física y a la salud, entre otros; por consiguiente, la autoridad de tránsito frente a renuencia de un propietario de vehículo en ordenar su revisión, no puede asumir una actitud pasiva, meramente fiscalista, al conformase únicamente con la imposición de la sanción. Debe por lo tanto, disponer de inmediato, en forma oficiosa, la revisión del vehículo y ordenar su inmovilización, si este presenta fallas mecánicas que hacen peligrosa su circulación; con ello se busca alcanzar la finalidad social que persigue tanto la revisión del vehículo, como la sanción prevista en la norma acusada que coactivamente obliga a dicha revisión”.

Obra en el expediente la constancia suscrita por la Secretaría del Juzgado 4º Penal Municipal en la que consta lo siguiente:

“La suscrita secretaria del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá D.C.,

“Hace constar

“Que revisado cuidadosamente el Expediente 33887 seguido contra Luis Javier Montoya Diez, por el delito de abuso de confianza, se constató: Que la diligencia de embargo y secuestro de los bienes de propiedad de Melba Cecilia Hernández Corzo, se realizó el día 16 de septiembre de 1986. Dentro de la citada diligencia fue secuestrado, entre otros, el taxímetro de carro viejo, marca Pulsar Nº 0183. Que hasta el presente el demandado no ha devuelto los elementos embargados. Que igualmente dentro del expediente reposa a folio 65 fotocopia del Oficio 9009 de fecha septiembre 6 de 1989, de la secretaría de tránsito, dirigido al Juzgado 6 Civil del Circuito, en donde se especifica: ‘damos respuesta al Oficio 2187 ... revisada la documentación del vehículo de placas SD 6733: 1. El vehículo antes mencionado se encuentra matriculado para servicio público. 2. Es propietaria la señora Melba Cecilia Hernández Corzo c.c. ..., desde el 28 de octubre de 1982... 3. El taxímetro que porta según autorización del DATT es marca Pulsar Nº 0189. 4. El taxímetro sí es requisito indispensable para prestar el servicio legalmente; 5. Un vehículo de servicio público no puede operar con un taxímetro diferente al que fue autorizado por el DATT... Que dentro de los requisitos para el cambio de taxímetro figura el denuncio por pérdida o robo’. Que el Juzgado 55 Penal del Circuito de esta ciudad, condenó al secuestre a pagar indemnización por la inmovilización del automotor de placas SD-6753, por la no prestación, ni usufructo de transporte público.

“Se expide la presente, a petición de la señora Melba Cecilia Hernández Corzo, con destino a la Secretaría de Tránsito y Transporte...”.

Para la Sala es claro que en manera alguna la secretaria del Juzgado 4º Penal Municipal de Bogotá dejó constancia de que el taxi de propiedad de la actora y cuya no revisión técnico mecánica fue objeto de imposición de multas se encontraba inmovilizado por orden judicial; de lo que sí dejó constancia es de que se secuestró el taxímetro de dicho vehículo y que el secuestre nunca lo devolvió a su propietaria, razón por la cual esta lo denunció por abuso de confianza, proceso que culminó condenando al denunciado por los perjuicios irrogados con la inmovilización del automotor, inmovilización que se deduce llevó a cabo la actora por su propia voluntad al carecer del taxímetro, circunstancia que, a juicio de la Sala, en manera alguna la eximía de cumplir con la obligación legal de presentar el vehículo para la revisión técnico mecánica, como sí la impedía para prestar el servicio de transporte público.

En efecto, los artículos 167 y 185, numeral 1º, del Decreto-Ley 1344 de 1970 establecían:

“ART. 167.—Ningún automóvil autorizado para prestar servicio público con taxímetro podrá hacerlo cuando no tenga taxímetro o este no funcione correctamente, o tenga los sellos rotos o adulterados.

PAR.—El taxímetro deberá colocarse en sitio visible para el usuario”.

“ART. 185.—El conductor de un vehículo que autorizado para prestar servicio público con taxímetro, no lo tenga instalado, no lo utilice o lleve pasajeros a pesar de que este no funciones o tenga los sellos rotos o adulterado, incurrirá en las siguientes sanciones:

1. Por no tener instalado el taxímetro, con multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos e inmovilización del vehículo”.

Del contenido de los preceptos trascritos se concluye, que el taxímetro es indispensable para que un taxi pueda prestar el servicio público de transporte, más no para llevar a cabo la revisión técnico mecánica de que trata el artículo 190 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, máxime cuando lo que es objeto de revisión es el estado general del vehículo, que comprende, por ejemplo, el correcto funcionamiento del sistema de frenos, dirección, luces, suspensión, etc.

Debe precisarse que la actora reconoce en la demanda que inmovilizó el taxi debido a que no contaba con el respectivo taxímetro, por lo que en manera alguna puede afirmarse que los perjuicios por tal inmovilización hayan sido consecuencia de la expedición de los actos acusados, si se tiene en cuenta que mediante ellos se decidió no exonerarla de las multas causadas por la no revisión técnico mecánica, para lo cual, se reitera, no era necesario que contara con el instrumento en cuestión; lo anterior significa que no existe relación de causalidad entre los actos acusados y los perjuicios reclamados.

5.2. Indebida aplicación del artículo 120 del Acuerdo 51 de 1993.

La actora considera que la administración aplicó indebidamente el artículo 120 del Acuerdo 51 de 1993 proferido por la junta liquidadora del Intra, al negar la solicitud de exoneración de las multas impuestas por la “no revisión técnico mecánica”, pues para los años 1989 y 1993 no se encontraba vigente. El tenor de la norma es el siguiente:

“ART. 120.—Cuando un vehículo automotor no pueda ser revisado dentro del plazo establecido para hacerlo, debido a imposibilidad física para trasladarlo o por encontrarse en condiciones no aptas para operar o por estar inmovilizado por orden de autoridad competente, para efectos de evitar la aplicación de la sanción contemplada en el artículo 190 del Decreto 1344 de 1970 por la no revisión oportuna, su propietario deberá justificar este hecho ante el organismo de tránsito competente, mediante prueba idónea, según el caso. El escrito de justificación no exonera el pago de las sanciones causadas con antelación a su presentación”.

El artículo 125 ibídem disponía:

“ART. 125.—Los propietarios de los vehículos que al momento de entrar en vigencia la presente reglamentación, y que estando obligados a efectuar la revisión técnico mecánica de los mismos no lo hubieren hecho en ninguna oportunidad, para efectos del cálculo de la sanción de que trata el artículo 190 del Decreto-Ley 1344 de 1970, se tendrá en cuenta la fecha de publicación del Decreto 1890, es decir el 6 de agosto de 1990.

Si el tiempo del cálculo de la multa incluye varios años, se debe tener en cuenta los diferentes salarios mínimos correspondientes al año en que el vehículo se va a revisar y por lo tanto se va a cancelar la multa.

PAR.—Independientemente del modelo cuando un vehículo no haya sido revisado en ninguna oportunidad, el mes que sea revisado será el mes básico para posteriores revisiones”.

La Sala comparte el criterio del tribunal en cuanto a que dicha norma no fue el único fundamento para negar a la demandante la exoneración de las multas tantas veces citadas, pues también lo fueron los artículos 74 y 190 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, los cuales la demandante acepta que fueron debidamente aplicados pero, sin embargo, insiste en que debió ser exonerada de las multas por la ocurrencia de una fuerza mayor para llevar a cabo la revisión técnico mecánica que, a su juicio, la constituyó el hecho de no haberle sido devuelto el taxímetro por parte del secuestre, circunstancia que considera la Sala no configura la aducida fuerza mayor.

De todas maneras, sin perjuicio de lo anteriormente dicho, la Sala resalta que para las revisiones mecánicas correspondientes a los años de 1994 a 1996 ya había sido expedido el Acuerdo 51 de 1993, luego no existe explicación alguna para que, por lo menos para tales años, la demandante no hubiera justificado ante la autoridad de tránsito la no revisión mecánica de su taxi lo que demuestra que negligente en su actuar.

5.3. Caducidad de la acción.

La actora alega que la Secretaría de Tránsito y Transporte le está cobrando unas multas que ella no debe, ya que el artículo 258 del Código Nacional de Tránsito Terrestre fija en 6 meses la caducidad de las multas por infracciones de tránsito.

El tenor de la norma es el siguiente:

“ART. 258.—La acción por contravenciones de las normas de tránsito caduca en seis (6) meses y se interrumpe con la audiencia”.

La Sala de Consulta de esta corporación sostuvo mediante concepto de 13 de noviembre de 2007, que la caducidad establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Tránsito Terrestre es aplicable a la contravención señalada por el artículo 190 ibídem “por la no revisión técnico mecánica” y se cuenta a partir del día inmediatamente siguiente al vencimiento del plazo legal establecido para efectuar la revisión anual del vehículo. Dijo la Sala:

“La caducidad establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Tránsito es aplicable a la contravención tipificada en el artículo 190 del mismo, referente al incumplimiento de la obligación de efectuar la revisión técnico mecánica anual, que rige en la actualidad solamente para los vehículos de servicio público y los de servicio especial de transporte de estudiantes, asalariados y turismo, de acuerdo con los artículos 140 del Decreto-Ley 2150 de 1995 y 13 del Decreto 491 de 1996. En el caso de la contravención instituida por el artículo 190 del Código Nacional de Tránsito, el término de caducidad indicado por el artículo 258 del mismo, debe contarse a partir del día inmediatamente siguiente al vencimiento del plazo legal establecido para efectuar la revisión técnico mecánica anual del vehículo. La contravención tipificada en el citado artículo 190 no es continuada sino que se presenta cada vez que se produzca el vencimiento del plazo legal fijado para realizar la revisión técnico mecánica anual, sin que ésta se haya hecho y por tanto, desde el día siguiente a dicho vencimiento empieza a correr el respectivo término de caducidad por la contravención cometida”.

Obra en el expediente la Resolución 00441 de 14 de noviembre de 1997 (fl. 333, cdno. 2), expedida por el secretario de Tránsito y Transporte de Bogotá, publicada en el Registro Distrital 1550, por la cual resolvió “declarar la caducidad de las multas de movilización causadas por no haber efectuado la revisión técnico mecánica de los vehículos automotores de servicio público y particular, matriculados en esta ciudad, dentro de las fechas establecidas para tal fin. Teniendo en cuenta que dicha obligación es anual y que por lo tanto la conducta omisiva se agota al transcurrir un año de su no cumplimiento, la declaratoria de caducidad se hará respecto de ese año, siempre y cuando hayan transcurrido los seis (6) meses contemplados en el artículo 258 del Código Nacional de Tránsito a partir de la última multa mensual de cada anualidad”.

Asimismo obra la actualización de comparendos (fl. 17, cdno. 2) de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá en la que se observa:

“Boleta : R322547

Fecha de infracción: 891231 Valor $ 1.105.900

Hora infracción: 24:00

Lugar de infracción : multa por no rev.

Placa: SDF 753

Infracción: 053

(...)”.

La Sala observa que la Resolución 00441 de 14 de noviembre de 1997 proferida por el secretario de Transporte de Bogotá es posterior a la actualización de comparendos anteriormente transcrita.

Lo anterior significa que la administración de manera oficiosa revocó mediante dicha resolución, los actos demandados en el sub lite y, decidió exonerar a la actora de pagar las multas correspondientes a los períodos comprendidos entre diciembre de 1989 y julio de 1996 por encontrarlas caducadas según el artículo 25 del Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Así las cosas, concluye esta corporación que la actora no aportó elementos de juicio que lleven a modificar la decisión adoptada por el tribunal, razón por la cual será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera, Subsección A) de 24 de enero de 2002.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de 19 de marzo de 2009».

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