Sentencia 19975 de agosto 11 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Expediente: 19.975 (R-8914)

Consejera Ponente (e):

Dra. Gladys Agudelo Ordóñez

Actor: Gilberto Maldonado Escalante y otro

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Bogotá, D.C., once de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación formulado por la accionada contra la sentencia de 29 de septiembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Norte de Santander y Cesar, Sala de Descongestión, mediante la cual se declaró la responsabilidad de la entidad demandada y del llamado en garantía por los hechos imputados.

Previo a decidir el asunto de fondo puesto a consideración de la Sala, es menester anotar que la entidad demandada propuso la excepción de inepta demanda, en consideración a que la parte actora no precisó el valor de los perjuicios materiales, sin embargo, el tribunal estimó que esta no resultaba procedente, toda vez que en la demanda se solicitaron perjuicios materiales y morales y el petitum se encontraba debidamente razonado, lo que le permitía al fallador decidir el asunto sin incurrir en situaciones que comportaran violación a los derechos de las partes, decisión que la Sala comparte. Y si bien es cierto, como lo manifiesta la enjuiciada, que la parte actora no solicitó en la demanda una suma determinada, por concepto de perjuicios materiales, lo cierto es que esta pidió que se condenara a la demandada a pagar las sumas que llegaren a acreditarse en el proceso por dicho concepto. Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la demandada no recurrió dicho aspecto.

En todo caso, debe quedar claro que el proceso es de doble instancia, por cuanto la pretensión mayor de la demanda fue establecida en el equivalente a 1000 gramos oro, por concepto de perjuicios morales, cuyo valor para la época de presentación de la demanda equivalía a $ 11’532.960(1), y la cuantía establecida en el año de 1995, para que un proceso tuviera vocación de doble instancia, fue establecida en $ 9’604.000.

a. De conformidad con las pruebas válidamente decretadas y practicadas en el proceso, entre ellas las que reposan en el proceso penal seguido ante los jueces regionales de Cúcuta, y disciplinario seguido ante la procuraduría delegada para los derechos humanos, los cuales fueron remitidos al proceso contencioso administrativo mediante oficio S.L. 1375 de 27 de septiembre de 1996 (fl. 265, cdno. 1), y 3189 de 21 de octubre de 1996 (fl. 223, cdno. 1), en su orden, cuyo traslado fue solicitado conjuntamente por las partes(2), se encuentra acreditado lo siguiente:

El Instituto Nacional de Medicina Legal, Seccional Norte de Santander, estableció que el menor Germán Maldonado Escalante presentaba escoriaciones (sic) puntiformes (2) numulares en región sacra derecha; hematoma numular residual en región rotuliana interna izquierda, causadas con elemento contundente, que le dejó una incapacidad médico legal definitiva de 8 días. Por su parte, el departamento de psiquiatría forense estableció que la citada persona presentaba cuadro ansioso de carácter reactivo (fls. 42, 43, cdno. 2).

En relación con Gilberto Maldonado Escalante, Medicinal Legal estableció que este presentaba equimosis en fase de resolución en los párpados y región infraorbitaria izquierda; excoriaciones pequeñas a fase de cicatrización en la cara posterior del codo izquierdo; escoriaciones irregulares en fase de cicatrización en el dorso de la muñeca izquierda y extremidad distal de la mano a la altura de la cabeza de los metacarpianos 1º, 3º y 4º; edema y dolor sobre el reborde costal inferior derecho, causadas con elemento contundente, que le dejó una incapacidad médico legal provisional de 12 días (fl. 55, cdno. 1).

Teniendo en cuenta lo anterior, no hay duda que se encuentra acreditado el daño antijurídico sufrido por los demandantes, pues las lesiones por ellos padecidas constituyen un menoscabo a un bien jurídicamente tutelado por el legislador, del cual se derivan los perjuicios cuyo resarcimiento se pretende en este caso.

c.(sic) Establecida la existencia del daño antijurídico sufrido por los demandantes, se pretende ahora determinar si este resulta imputable a la entidad demandada y, por lo tanto, si le asiste el deber jurídico de resarcir los perjuicios derivados del mismo.

En cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos en los cuales resultaron lesionados los hermanos Maldonado Escalante, se encuentra lo siguiente:

En el curso del proceso penal seguido en la Fiscalía Regional de Cúcuta rindieron declaración las siguientes personas:

El Capitán del Ejército Nacional César Alonso Maldonado Vidales, quien para la época de los hechos se desempeñaba como teniente y comandaba el grupo de personas que capturaron a los hermanos Maldonado Escalante, en hechos ocurridos el 28 de abril de 1993, señaló:

“(...) Recibimos la información que Rubén Zamora, comandante del 33 frente de las FARC, tenía en la ciudad de Cúcuta uno de sus hombres de confianza, cuyo alias era José Luis, dicho particular tenía la misión de servir de contacto en la ciudad de Cúcuta, fue así como precisamos que dicho contacto iba a contraer una cita con otro individuo que había enviado Rubén Zamora desde el campamento donde él se encuentra, no recuerdo el día pero en las horas de la mañana el contacto lo encontramos haciendo espera del otro individuo con el cual debía encontrarse, a lo que se percató de la presencia de personas para él sospechosas porque tenían armamento, salió corriendo, unos soldados lo persiguieron y otros iban a dispararle, yo personalmente les di la orden de que lo cojieran (sic) vivo y lo trajeran para verificar dónde estaba la persona que debía encontrarse con él y qué tipo de transacción iban a realizar, al individuo lo alcanzaron los soldados y se agarró a puñetazos con uno de ellos, inclusive trató de quitarle el fusil a uno de los soldados, otro soldado que se encontraba en el mismo lugar acudió a la ayuda, y se encendieron a golpes con este individuo, hasta que lo lograron capturar (...) le pregunté que por qué corría, que lo tenía plenamente identificado, que era José Luis del 33 Frente de las FARC, el sujeto se negó en repetidas ocasiones, pero cuando lo dirigíamos a las instalaciones del grupo Maza dijo que era que lo íbamos a matar y se puso a llorar, entonces reconoció ser integrante de este frente guerrillero pero que él no portaba ningún tipo de armas, que simplemente era un enlace que tenía Rubén Zamora en la ciudad de Cúcuta, el individuo continuó llorando y nos dijo que él nos entregaba al otro tipo que venía de Filo Gringo, enviado por Rubén Zamora, y que nos llevaba hasta el campamento porque él sabía dónde estaba ubicado y había estado ahí, yo le dije que a lo mejor era alguna artimaña para engañar a la tropa, que lo iba a llevar al Grupo Maza para entrevistarlo, entonces el tipo quien portaba documentos a nombre de Gilberto Maldonado Escalante, nos dijo que lo único que él tenía era un radio para comunicarse diariamente con el bandolero Emiro Ropero Suárez, alias Rubén Zamora, pero que él no le hacía daño a nadie, inclusive dijo que él no había hecho daño a nadie, que la única misión era cumplir lo que le ordenaba Rubén Zamora, le preguntamos dónde tenía el radio, y nos dijo que él todos los días iba con un sujeto hasta Urimaco donde tenía un radio enterrado y lo sacaba en las mañanas cuando entablaba la conversación, nosotros no le queríamos creer, mas sin embargo fuimos hasta el sitio de los basureros de Urimaco y el tipo empezó a buscar, pero no encontraba nada, a mi me pareció que nos estaba engañando, entonces ordené que lo embarcaran nuevamente en el vehículo y que lo trajéramos a las instalaciones del grupo, salimos de Urimaco y el tipo nos dijo que el radio lo tenía en el barrio Ermita, nos dirigimos allí y cuando llegamos al lugar señalado por él y estábamos buscando, él llamó a un muchacho como de aproximadamente unos 16 años de edad, de quien dijo era hermano, creo que se llama o llamaba Alexander si no estoy mal, y le dijo mire mijo diga la verdad, ya me cojieron (sic), entregue la caleta, que me van a soltar, y me preguntó a mi que si era verdad que yo lo iba a soltar, yo le dije que si él colaboraba nosotros también le colaborábamos, entonces me señalo una muchacha y dijo esta también es hermana mía, ahí es mi casa lo que pasa es que allí no está el radio, sino que yo los traje hasta aquí para que mi familia me viera vivo, y de pronto Uds. me iban a asesinar, yo le dije que no tenía por qué matarlo, puesto que esa idea de que el Ejército comete asesinatos solamente existe en la mente de los cabecillas de la guerrilla, yo me enfadé, inclusive le grité que él me estaba tomando el pelo y que lo iba a llevar hasta el Grupo Maza para que lo entrevistaran y para que verificaran si realmente este individuo era del Grupo Urbano y no de la Comisión Rural, como él decía, se puso a llorar, y llamó al hermano y le dijo que entregara la caleta, el mismo Gilberto reiteró que el radio lo tenía era en Urimaco, y le preguntaba al hermano afirmando él mismo que allá estaba el radio, y que inclusive tenía unas armas, dijo que si quieren lleven a mi hermano y verá que él también sabe dónde está la caleta, él me ha acompañado en varias ocasiones, nos regresamos nuevamente a Urimaco, entramos al lugar, exactamente el mismo, y el pelao después que lo desembarcamos lo llamé aparte, y le dije dígame dónde es que tiene la caleta, este estaba muy nervioso, me dijo que él no sabia nada, que él era estudiante y que a lo mejor el hermano había dicho que tenía radio para que no se lo llevaran preso, pero que él le había visto un aparato, era en la casa, en el Barrio la Ermita (...) Afirmativamente, allí se encontraba un paquete envuelto en cinta, lo destapamos y encontramos un radio de comunicaciones, de alta potencia, marca Kenwood, unos panfletos, unas cartas y otros documentos, no había nada más (...) José Luis, como es apodado temía porque pensó que nosotros lo íbamos a matar, tenía muchos nervios y no quería que yo lo llevara a la unidad militar, entonces yo le prometí que nada malo le iba a pasar, que él debía colaborarnos con el fin de poder capturar a los cabecillas de esa organización, dijo que él solo no iba al Grupo Maza, que lo llevaran con el hermano, yo le dije que no que el hermano no tenía nada que ver ahí, que el bandolero era él, y entonces dijo que así no iba, que tenía que matarlo ahí pero que al batallón no entraba, decidí que si el individuo nos había entregado el radio, posiblemente nos fuera a dar más datos de interés militar, entonces lo llevé al Grupo Maza junto con su hermano, nos sentamos en una mesa y comencé a entrevistarlo (...) Preguntado: se manifiesta por el procesado y su hermano que la patrulla que hizo la retención y comandada por Ud. realizó torturas en el batallón y en el sitio conocido como Urimaco, lugar a donde fueron llevados y en donde se les decía que se les iba a dar muerte, siendo una de estas amenazas el de rociarle gasolina a Gilberto Maldonado. El menor de edad acusa de que fue objeto también de actos violentos, incluso por Ud. mismo, propinados con el objeto de hacerles manifestar en dónde se encontraban unos fusiles que Ud. les imputaba conocer o tener, dentro de las torturas que dice el menor está la de haber ordenado Ud. a los soldados ejercer acto sexual en ellos, dada la gravedad de los hechos, explique Ud. a la Fiscalía los hechos manifestados por el procesado y su hermano. Contestó: bueno, a Urimaco nos dirigimos porque Gilberto Maldonado dijo que allí tenía el radio (...) yo me pregunto, si una persona se dirige con una patrulla a Urimaco, a asesinar a una persona, rociándole gasolina como manifiesta el señor Maldonado Escalante y su hermano, por qué regresamos nuevamente al Grupo Maza después de haber ido al Barrio la Ermita, además si este señor dice haber sido objeto de violación sexual, existen una cantidad de exámenes que pueden comprobar la veracidad, no creo que un comandante que viene con una cantidad de soldados vaya a hacer tan torpe de ordenar que se viole a una persona y menos a un hombre a quien piensa entregar a las autoridades, inclusive ni siquiera la de amenazarlo de muerte a sabiendas de que no es la política del comando superior que se realicen este tipo de amenazas, es mejor, más viable, y más rentable entrevistarse con una persona como lo hice yo, con alias José Luis, quien manifestó que nosotros lo íbamos a matar porque era la costumbre del Ejército asesinar a todas las personas que integraban grupos subversivos, es apenas lógico señor Fiscal que ellos deben hacer su respectivo montaje para contrarrestar la acción de la justicia (...) los morados o signos de tortura que según manifiesta el señor Gilberto Maldonado Escalante no es más que el resultado de agarrarse a puños con dos soldados que iban de civil porque pertenecen al grupo especial de inteligencia, y al cual Gilberto Maldonado pensaba quitarle el fusil a lo mejor para hacer frente a los militares, que integraban la patrulla, cuando yo le pregunté por qué había salido corriendo y por qué pensaba quitarle el fusil al soldado, él manifiesta que al principio él había pensado que lo venían a matar (...)” (fls. 31 a 38, cdno. 2).

El Sargento Segundo del Ejército Nacional José Fernando Roldán Restrepo sostuvo:

(...) El día 29 de abril del año en curso en las horas de la mañana llegamos al sector ubicado más o menos entre el barrio La Hermita y Tucunare de esta ciudad, en este lugar teníamos conocimiento de la presencia de un sujeto conocido como José Luis, quien después resultó que se llamaba Gilberto Maldonado Escalante, de este teníamos informaciones que trabajaba para Rubén Zamora, uno de los comandantes del XXXIII Frente de las FARC, después de llegar al lugar y al observar su presencia allí, procedimos a capturarlo, este corrió cuando los soldados intentaron dispararle, el señor teniente César Maldonado ordenó que no fueran a disparar, motivo por el cual los soldados procedieron a cojerlo (sic) a la fuerza ya que este opuso resistencia, en el momento de cogerlo lanzó puñetazos y patadas a los soldados, exactamente al soldado voluntario Niño Plazas y al soldado Valero, los cuales para defenderse y poderlo coger tuvieron que proceder a usar la fuerza ya que de lo contrario se corría el riesgo de que él les quitara un fusil, después de cojerlo (sic) se le informó por qué se capturaba, manifestó que no quería problemas y que nos entregaría un caleta que tenía guardada en el sector de Urimaco, salimos con él hacia ese lugar (...) allí él nos mostró un joven que cruzó por esa calle y dijo que lo llamáramos que él era su hermano y que él si sabía el sitio exacto de la caleta (...) que él ahí tenía un radio de comunicaciones que él utilizaba para comunicarse con un campamento de Rubén Zamora ya que él permanecía pendiente de las necesidades de cualquiera de los integrantes de las FARC aquí en Cúcuta, después de recogido el radio de un solar ubicado cerca al sitio de la captura se le preguntó que hacía cuánto tenía el radio, dijo que hacía mucho tiempo lo tenía pero que por la presión militar se vio obligado a esconderlo, de allí salimos con él hacía el Grupo Maza, claro que en el momento de salir él manifestó que no iría solo porque temía que por estar comprometido con las FARC de pronto lo matarían, para facilitar las cosas él pidió ir en compañía de su hermano y así se hizo hasta llegar a las instalaciones del Grupo Maza (...)” (fl. 67 a 69, cdno. 2).

El soldado voluntario Efraín Niño Plazas narró lo siguiente:

“(...) Sé que fue en las horas de la mañana entre los barrios la Hermita y Tucunare, este individuo fue capturado teniéndose la información que actuaba como José Luis, esa mañana él se movilizaba en una moto de color negra, nosotros estábamos en búsqueda de alias José Luis, nosotros lo interceptamos y cuando fuimos a retenerlo el opuso resistencia reaccionando violentamente y trató de desarmarme a mí y a mi compañero Valero queriendo quitarnos el fusil, diciendo que nosotros lo íbamos a matar, a pesar de que nosotros lo interceptamos y le manifestamos que éramos miembros del Ejercito Nacional, él reaccionó violentamente y actuó de esta manera, motivo por el cual nosotros tuvimos que emplear la fuerza para reducirlo a la impotencia (sic) y controlarlo, después lo subimos al carro y nos manifestó que no lo fuéramos a matar, que él tenía una caleta de armamento en el sector de Urimaco, que lo lleváramos allí y que él nos la entregaría, fue así como mi teniente Maldonado como jefe de patrulla optó porque nos trasladáramos con el tipo hasta este sitio, ya habiéndole dicho que nosotros estábamos enterados que él era alías José Luis integrante del XXXIII Frente de las FARC, ya llegamos a Urimaco y allí se puso a escarbar y nos hizo escarbar en la tierra a nosotros también, pero no encontramos nada, ya después manifestó que quien tenía conocimiento de dónde estaba la caleta era un hermano de él y que se encontraba en el barrio La Hermita y allí ubicó al hermano y le dijo vamos hasta Uribaco para que nos diga dónde es que estaba la caleta y lo subimos a la camioneta y llegamos nuevamente a Urimaco y nuevamente nos pusimos a escarbar donde el señaló, pero todo fue inútil porque allí no había nada, estando allí ya cambió de información y dijo que él tenía un radio de comunicaciones en La Hermita y nuevamente lo trasladamos allí, y en un solar de una mejora donde no había nadie mis compañeros encontraron por indicación del tal Gilberto Maldonado un radio de comunicaciones (...) después de esto el tal Gilberto dijo que si lo íbamos a llevar preso al batallón, que nos pedía que su hermano lo acompañara ya que tenía miedo de que le fuera a suceder algo y mi teniente aceptó y así se hizo (...) (fl. 70 a 71, cdno. 2).

El soldado José Misael Valero Santana señaló:

“(...) Nosotros teníamos conocimiento por informaciones de inteligencia que un individuo conocido como alias José Luis integrante del XXXIII Frente de las FARC iba a recibir una carta en el sitio ubicado entre los barrios la Hermita y Tucunare, carta esta que enviaba Rubén Zamora, uno de los comandantes del XXXIII Frente de las FARC, fue así como nos trasladamos a ese lugar, no recuerdo la fecha, pero fue en la mañana y allí montamos guardia hasta que apareció un tipo en una motocicleta de color negro, creo que Yamaha, y nosotros procedimos a interrogarlo y le gritamos alto de parte del Ejército Nacional y el tipo al oír esto dejó la moto tirada y salió corriendo y fue cuando uno de los soldados se le atrevezó (sic) por delante y así fue que lo arrestamos, pero este batalló para no dejarse agarrar, inclusive a mí me mandó varios puñetazos y puntapiés tratando de desarmarnos el fusil, viéndonos obligados a emplear la fuerza para reducirlo (...) al tipo siempre se le trató bien, lo único que se tuvo que emplear la fuerza en el momento de la aprehensión ya que cuando le dijimos que éramos del ejército el tipo quizo (sic) darse a la fuga a costa de lo que fuera y porque quizo (sic) hasta desarmarnos tuvimos que proceder así, pero en todo momento se le dio buen trato (...)” (fls. 72 a 74, cdno. 2).

La señora María Eugenia Álvarez, quien para la época de los hechos laboraba como secretaria del Grupo Mecanizado Maza Nº 5 del Ejército Nacional, sostuvo:

“(...) Para esa fecha el teniente Maldonado llegó a la oficina donde yo laboro como secretaria en el manejo del computador y me pidió el favor de que yo escribiera lo que él le preguntaba al tal Gilberto Maldonado y lo que contestara ese individuo, eso fue todo pues así lo hice (...) Preguntado. Sírvase informar al despacho si el señor teniente César Alonso Maldonado en algún momento presionó, golpeó o trató mal de palabra o de obra al entrevistado para que este contestara las preguntas por él formuladas. Contestó. No, en ningún momento todo se hizo dentro de las normas legales de los derechos humanos, no se le trató mal ni se le golpeó, mucho menos yo iba a permitir que contestara lo que se le preguntaba bajo presión, pues por ley yo sé que esto es incorrecto (...)” (fls. 75 a 76 cdno. 2).

José Benhur Suárez Arbeláez, quien para la época de los hechos residía enseguida de la casa de la familia de los hermanos Maldonado Escalante, dijo lo siguiente:

“(...) A mí me había dicho Gilberto unos días antes que si le guardaba unas vainitas allá, porque él iba a desocupar la casa. Yo le dije que sí, desde que no fuera mucho pues mi rancho es muy pequeño. Entonces un sábado, no recuerdo la fecha, hace como unos 15 ó 20 días, más o menos, me llegó un hermanito de él por ahí a las ocho de la noche con un paquete. Me dijo que ese paquete lo mandaba Gilberto para que se lo guardara bien guardadito y que tuviera mucho cuidado con eso (...) al pie de la cocina del rancho hay una mata de limoncillo muy grande y frondosa, que es donde guardo cosas, y debajo de esa mata metí ese paquete por seguridad. Y ahí fue donde lo encontraron unos señores que fueron allá (...) La mujer mía dijo que ellos habían llegado allá con el mismo muchacho que me llevó el paquete. Preguntado: manifieste si tiene conocimiento quién es el propietario del radio o paquete. Contestó: pues Gilberto que fue el que lo mandó, el paquete tenía como unos doce o trece días de haberlo mandado Gilberto (fls. 39 a 41, cdno. 2).

Por su parte, Juan Evangelista Maldonado Pérez, padre de los hermanos Maldonado Escalante, sobre lo ocurrido aseveró:

“(...) cuando llegué a la casa encontré a mi mujer que estaba llorando y fue cuando me comentó que se habían llevado retenido a Gilberto y a Germán (...) él solo tiene 16 años, es decir que es un menor de edad y lo más grave fue que yo lo llevé a Germán a los Derechos Humanos y allí me dijeron que él no tenía nada, que no le habían hecho nada, pero después ya creo que por orden de la Fiscalía fue remitido a Medicina Legal y allí le dieron incapacidad porque presentaba signos de tortura, en cuanto a Gilberto he tenido conocimiento de que fue retenido porque lo acusan de subversivo (...) lo único que yo puedo decir es que él ha sido muy gente con la comunidad y cuando puede hace un favor sin mirar a quién, esa es la herencia y el ejemplo que yo le he dado, por tal motivo yo no creo que él esté metido en esas cosas de lo que se le acusa” (fls. 119 a 121, cdno. 2).

El soldado profesional José Raúl Delgado Mora, en declaración rendida en el proceso disciplinario seguido contra los miembros del Ejército Nacional que participaron en el operativo en el que fueron capturados los hermanos Maldonado Escalante, sostuvo:

(...) Participé en el operativo, siendo el comandante el teniente Maldonado Vidal César, estábamos en carro civil secretamente, en las horas de la mañana tipo 7:00 a.m. no recuerdo bien, no fue en Buenos Aires, si no en el barrio Tucunare, yo estaba en un sitio y luego los otros compañeros lo habían capturado y lo tenían ya en el carro, el teniente le hizo unas preguntas a Gilberto y nos fuimos al barrio Buenos Aires, donde había una caleta de armas y quería que lo viera la familia y tenía un hermano que sabía de la caleta escondida. El hermano nos llevó a otra casa y tenían esa cosa guardada, un radio grande marca Kendoo (sic) (...) Luego fuimos al comando Maza dejando al hermano en la casa. Preguntando: Al ver al capturado usted observó alguna herida o maltrato en su rostro o cuerpo de Gilberto. Contestó: yo le vi normal, no le vi ninguna herida ni raspaduras (...) Preguntado. Manifiesta usted que Gilberto no tenía raspaduras ni heridas, cómo es posible que después aparece con excoriaciones en su cuerpo. Contestó: no tengo conocimiento de eso, pues en ningún momento lo vi maltratado (...) yo en ningún momento estuve con el capturado en el carro, pues durante el operativo siempre permanecí en otro carro. Preguntado: el capturado Gilberto manifestó haber sido torturado por el grupo de miembros del ejército que lo capturó, qué tiene usted que decir al respecto. Contestó. En ningún momento el señor fue objeto de maltrato (...) cuando uno captura a alguien la persona opone resistencia y se actúa con fuerza, en este caso no sé decirle pues no me di cuenta” (fls. 68 a 69, cdno. 3).

En el mismo proceso también rindió declaración el soldado profesional Efraín Niño Plaza, quien hizo las siguientes revelaciones:

“(...) Preguntado: al momento de la captura del señor Gilberto Maldonado Escalante puso resistencia. Contestó: sí, no dejarse subir y gritó que lo íbamos a matar. Preguntado. Si se presentó resistencia ustedes lo golpearon o algo parecido para subirlo al carro. Contestó. Se utilizó la fuerza, nos obligó que lo subieran al carro. Preguntado: según el capturado mencionado dice que fue torturado, golpeado para que confesara sobre el armamento, qué tiene que decir al respecto. Contestó: eso es falso, negativo, en ninguna forma fue torturado solamente se empleó la fuerza al momento de la captura (...)” (fls. 70 a 71, cdno. 3).

En el proceso contencioso administrativo rindieron declaración las siguientes personas:

Elizabeth Rebolledo Romero afirmó lo que se expone a continuación:

“(...) Preguntado. Sírvase manifestar al tribunal si usted conoce al señor Gilberto y Germán Maldonado Escalante. En caso afirmativo desde hace cuánto tiempo y en razón de qué los conoce. Contestó. Los conozco hace diez años, éramos vecinos del barrio, inclusive él vive diagonal a mi casa (...) me consta que fueron retenidos por unas personas vestidas de civil, yo creía que los iban a secuestrar, y me di cuenta cuando se los llevaron en una camioneta color azul, y a Germán le pegaron una patada para entrarlo a la camioneta de color azul, y antes de entrarlo a la camioneta Germán corrió y Gilberto le gritó que ponga el denuncio en Derechos Humanos y fue cuando agarraron a Germán y lo entraron a la camioneta, y le dijeron varias groserías, y Gilberto estaba dentro de la camioneta todo aporreado y luego después de una hora trajeron a Gilberto en una camioneta blanca todo aporreado, lleno de morados y como mojado (...) a Germán yo no lo volví a ver, no me acuerdo si fueron dos o tres días en que yo lo volví a ver. Yo creo que eran del DAS, según lo que yo vi no sé por qué se los llevaron, desconozco su vida privada, sé que son bellas personas, muy humanas, sé que cuando uno necesita algo ahí están (...)” (fls. 244 a 245, cdno. 1).

Guillermo Maldonado Escalante, hermano mayor de Germán y Gilberto, relató lo siguiente:

“(...) Respecto al trato que les dieron tengo conocimiento de que fue un trato ilegal ha (sic) sabiendas de que habían capturado a un menor de edad, no tenían por qué haberlo golpeado como lo hicieron, el tratamiento que le dieron fue inhumano, primero dándole patadas, sin medir ninguna consecuencia, golpes por diferentes partes del cuerpo, creo que en el expediente aparece un antecedente de Medicina Legal (...) el menor fue perjudicado en la parte académica, moralmente siguió sufriendo nervios, de susto quedó psicosiado (sic), pues todavía sufre consecuencias, él quedó psicosiado (sic) desde ese entonces, vuelvo y repito que la Fuerza Pública hizo una detención ilegal (...) porque no era la forma de actuar, a golpes por la cara, a patadas por el estómago, no vastó (sic) con eso hasta vendarlos, amenazarlos a muerte para que de pronto dijeran lo que ellos no sabían (...) cuando yo el hermano mayor me hice cargo de buscarlos y agotando todos los recursos tuve conocimiento que lo cargaba el Ejército Nacional, lo cargaban para arriba y para abajo en una camioneta (...) tuve la oportunidad de localizarlos en la Fiscalía en el Palacio de Justicia donde tenían dos días de detenidos, me entregaron el menor todo golpeado, ya no parecía ser hijo de familia, parecía un gamín de la calle, todo golpeado, sucio, muerto de hambre (...) Germán se encontraba estudiando y Gilberto Maldonado se encontraba laborando en la finca de mi papá, era el encargado del ganado y de la hacienda en general que queda en la vía a Tibú (fls. 212 a 215, cdno. 1).

Carmen Sofía Cáceres Carvajal indicó:

“Yo abrí la puerta de mi casa para ir a llevar los niños a la guardería, entonces en ese momento vi un carro azul de vidrios ahumados, lo metieron hacia dentro del lote y se bajaron unos señores y buscaron quién les prestara una pala y entraron adentro de unas paredes y con una pala que les prestó una señora de enfrente escarbaron bastante y no encontraron nada ahí, entonces ellos salieron y tiraron la pala (...) entonces Gilberto Maldonado dijo a Germán vaya a Derechos Humanos que estos hijuepuetas me van a matar, entonces Germán salió corriendo para abajo, para la casa y un señor gordo mandó a uno de los señores que iba ahí que lo agarrara y ellos se fueron y más abajo lo agarraron y lo hicieron subir a la camioneta de un puntapié porque no quería subirse, entonces arrancaron y se fueron(...) (fls. 215 a 218, cdno. 1).

La declaración rendida por Germán Maldonado Escalante en la Fiscalía General de la Nación, visible a folios 26 a 29 del cuaderno 2, no podrá valorarse por la Sala, si se tiene en cuenta que la citada persona funge como demandante en este caso(3). Tampoco podrán valorarse en el sub judice la indagatoria rendida en el proceso penal por el señor Gilberto Maldonado Escalante, visible a folios 9 a 19 del cuaderno 2, ni las versiones libres rendidas en el proceso disciplinario por los uniformados comprometidos en los hechos, visibles a folios 176 a 189 del cuaderno 3, si se tiene en cuenta que tales diligencias no tienen el alcance de una prueba testimonial ni pueden someterse a ratificación, por no cumplir los requisitos de aquella, ya que no se rinden bajo la formalidad del juramento(4).

El 29 de abril de 1993, el mayor César Augusto Sánchez Carvajal, Oficial S2 del Grupo Mecanizado Maza Nº 5 del Ejército Nacional, dejó a disposición de la Fiscalía Regional de Cúcuta a los hermanos Maldonado Escalante, con fundamento en el siguiente informe:

“Con el presente me permito colocar a disposición de la Fiscalía Regional al particular Gilberto Maldonado Escalante (...) y al menor de edad Germán Maldonado Escalante, indocumentado de 15 años de edad, los cuales fueron detenidos por tropas de esta unidad el día 29 de abril de 1993 a las 10:00 horas en operación de registro y control en el barrio Tucunare de la ciudadela de Juan Atalaya de esta ciudad: su detención se realizó cuando Gilberto Maldonado Escalante hacía contacto personal en la calle con un mensajero enviado desde el campamento de la autodenominada cuadrilla XXXIII de las FARC. Este particular hace parte de la red urbana de la cuadrilla de las FARC que delinque en la ciudad de Cúcuta, actúa como cabecilla político y su misión es la conformación de la compañía Andrea Londoño de las FARC, próximamente a ponerse en ejecución para realizar trabajos delictivos y de masas en los barrios populares de la ciudad; también es el enlace entre el cabecilla Emiro Romero Suárez (a. Rubén Zamora) y los políticos, contactos en la ciudad, mantiene permanente comunicación radial, coordina todas las actividades de cuadrilla, encargado de la consecución de material y elementos o necesidades que la organización guerrillera necesita para su sostenimiento en el monte, además es coordinador, mediador y comunicador de mensajes de publicidad y proselitismo de la organización hacia la opinión pública.

“El menor de edad Germán Maldonado Escalante fue retenido a solicitud de Gilberto Escalante, su hermano mayor, para que lo acompañara, se desconoce su vinculación a la organización guerrillera de las FARC.

“Quiero dejar constancia al señor fiscal regional que el particular Gilberto Maldonado Escalante presenta raspaduras leves porque en el momento de su retención puso resistencia; fue visto por el médico y su estado de salud es normal.

“Al particular Gilberto Maldonado Escalante se le efectúo una entrevista personal libre, espontánea y sin ningún tipo de presión, la cual anexo copia así como un casete con apartes importantes de la entrevista (fls. 2 y 3, cdno. 2).

El 29 de abril de 1993, la Fiscalía Regional de Cúcuta profirió resolución de apertura de investigación y ordenó la práctica de varias pruebas, entre ellas envió a los hermanos Maldonado Escalante al Instituto Nacional de Medicina Legal, a “efectos de que se dictamine si presentan lesiones y el objeto con que se hayan causado” (fl. 7, cdno. 2).

El 7 de mayo de 1993, la Fiscalía Regional de Cúcuta profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra el señor Gilberto Maldonado Escalante, por el delito de rebelión (fls. 44 a 51, cdno. 2).

El 6 de marzo de 1994, el Juzgado Regional de Cúcuta profirió sentencia anticipada contra el señor Gilberto Maldonado Escalante por el delito de rebelión y lo condenó a una pena de prisión de 3 años y 4 meses (fls. 241 a 252, cdno. 2).

El material probatorio revelado indica que el señor Gilberto Maldonado Escalante militaba en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y que según labores de inteligencia del Ejército Nacional, la citada persona servía de enlace entre los cabecillas del Frente 33 de dicha organización subversiva y las milicias de la ciudad. En tal virtud, agentes del S-2 de Inteligencia adscritos al Grupo Mecanizado Maza Nº 5 del Ejército Nacional, con sede en la ciudad de Cúcuta, al mando del teniente César Alonso Maldonado Vidales, organizaron un operativo el 29 de abril de 1993 en el barrio Tucunare de Cúcuta, para capturarlo y desmantelar la estructura guerrillera.

Los uniformados que participaron en el procedimiento señalaron que este opuso férrea resistencia a la captura, al punto que trató de desarmar a los soldados Niño Plazas y Valero Santana, de tal suerte que para someterlo debieron utilizar la fuerza física. Seguidamente, procedieron a trasladarlo a las instalaciones del Grupo Maza Nº 5 del Ejército Nacional, pero debido a que el sujeto se encontraba muy nervioso porque creía que lo iban a matar, decidió confesar su militancia en el Frente 33 de las FARC, y les aseguró a los uniformados que tenía información valiosa para dar con el paradero de otros subversivos que servían de enlace con el citado frente y sobre la existencia de una caleta supuestamente con armas.

Después de varias horas de búsqueda infructuosa, el señor Gilberto Maldonado Escalante, con la colaboración de un hermano menor de edad de nombre Germán, les entregó a los miembros de la Fuerza Pública un radio de comunicaciones y algunos documentos alusivos al grupo guerrillero que se encontraban encaletados en un terreno aledaño a su casa. Posteriormente, Gilberto, quien en un principio se opuso rotundamente a ser trasladado a las instalaciones del Grupo Maza Nº 5 del Ejército Nacional, por temor a que lo mataran, puso como condición para acudir a dicho lugar que lo acompañara su hermano, como en efecto sucedió.

Según la demanda, los hermanos Maldonado Escalante fueron capturados el 28 de abril de 1993 por miembros del grupo S-2 de Inteligencia del Ejército Nacional, al mando del teniente César Alonso Maldonado Vidales, y después de haber sido sometidos a fuertes torturas físicas y psicológicas, fueron dejados el día siguiente a disposición de la Fiscalía Regional de Cúcuta.

La entidad demandada se defendió de las imputaciones formuladas en su contra, alegando que las lesiones del señor Gilberto Maldonado Escalante fueron causadas durante un procedimiento dirigido a obtener su captura, pues hubo un forcejeo entre este y los miembros del Ejército Nacional que participaron en el operativo, ya que la víctima opuso férrea resistencia a su detención. En relación con las lesiones que afectaron al menor Germán Maldonado Escalante, la demandada no dijo nada al respecto.

El Tribunal Administrativo de Santander, Norte de Santander y Cesar, Sala de Descongestión, declaró la responsabilidad de la entidad demandada, con fundamento en que los hermanos Maldonado Escalante estaban en buenas condiciones de salud antes de ser capturados, y con posterioridad a ello presentaron lesiones que no lograron justificarse por parte de los uniformados que participaron en el operativo militar.

La Sala confirmará la decisión anterior, habida cuenta de que las pruebas aportadas al plenario permiten evidenciar que los miembros del Grupo S-2 de Inteligencia Militar, adscritos al Grupo Mecanizado Maza Nº 5 del Ejército Nacional, con sede en Cúcuta, que participaron en el operativo para lograr la captura del señor Gilberto Maldonado Escalante, acusado de pertenecer a la guerrilla de las FARC, le produjeron lesiones injustificadas a este y a su hermano menor de edad.

En Efecto, si bien los uniformados que declararon en el proceso penal, disciplinario y contencioso administrativo, manifestaron enfáticamente que el señor Gilberto Maldonado Escalante se opuso al arresto y a que fuera conducido a las instalaciones del Grupo Mecanizado Maza Nº 5, circunstancia por la cual se vieron obligados a usar la fuerza, lo cierto es que su dicho no se encuentra respaldado por ningún otro medio de prueba diferente a sus propios testimonios. Más aún, personas ajenas a las partes, quienes también rindieron declaración en el proceso, manifestaron que los miembros de la Fuerza Pública infringieron malos tratos, tanto físicos como verbales, contra los hermanos Maldonado Escalante.

Por ejemplo, Elizabeth Rebolledo Romero destacó que los hermanos mencionados fueron obligados a abordar una camioneta de color azul, y que a Germán le pegaron una patada para “entrarlo a la camioneta”, y que observó a Gilberto “todo aporreado”, lleno de morados. Entre tanto, Carmen Sofía Cáceres Carvajal aseguró que Germán salió corriendo porque su hermano le solicitó que fuera a denunciar la situación a Derechos Humanos, pero más abajo lo agarraron y lo subieron a patadas a la camioneta.

A lo anterior, habría que adicionar que los uniformados que rindieron declaración manifestaron que Gilberto se opuso vehementemente al arresto, razón por la cual se vieron obligados a utilizar la fuerza, a fin de garantizar la seguridad de ellos y de someter al citado individuo a la autoridad, lo cual explica la presencia de algunas magulladuras en su cuerpo, producto del forcejeo que hubo ente ellos. Sin embargo, ninguno de los miembros de la Fuerza Pública mencionó que alguno de ellos hubiera tenido algún forcejeo con el menor Germán Maldonado Escalante. Entonces, cómo explicar las lesiones que este sufrió en el cuerpo, las cuales le ameritaron una incapacidad médico legal de 8 días, según se infiere del examen médico practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, en el que se dictaminó que Germán presentaba escoriaciones puntiformes en región sacra y un hematoma numular residual en región rotuliana interna izquierda, causadas con elemento contundente, además de un cuadro ansioso de carácter reactivo, como lo estableció el Departamento de Psiquiatría Forense del instituto mencionado.

Vistas con detenimiento las declaraciones rendidas por los miembros de la Fuerza Pública, cabe resaltar que ninguno de ellos dio explicaciones acerca de las lesiones que sufrió el menor Germán Maldonado Escalante. Por lo tanto, si tal como lo aseguraron estos, Gilberto Maldonado opuso una férrea resistencia durante su captura, presentándose un forcejeo en el que resultó lesionado, cómo explicar las lesiones que afectaron a su hermano menor de edad.

Ahora bien, es preciso señalar que la aparición de las lesiones que sufrieron los hermanos Maldonado Escalante coincide con la época de su retención por parte de los miembros del Grupo Maza Nº 5 del Ejército Nacional, al mando del hoy capitán César Alonso Maldonado Vidales, tal como lo dictaminó el Instituto Nacional de Medicina Legal, al señalar que las lesiones de los hermanos Maldonado Escalante fueron causadas aproximadamente 7 u 8 días previos a la fecha en la cual el médico legista los sometió a valoración, y ello ocurrió el 6 de mayo de 1993, lo cual coincide con la época en la que fueron retenidos por miembros del Ejército Nacional (fl. 209, cdno. 1).

Y si bien en la demanda se dijo que las víctimas fueron retenidas el 28 de abril de 1993, y que solo hasta el día siguiente fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes, lo cierto es que no obra prueba alguna en el plenario que acredite que ello hubiere sido así; por el contrario, está demostrado que los hermanos Maldonado Escalante fueron retenidos el 29 de abril de 1993. No obstante lo anterior, lo cierto es que las víctimas sí fueron llevadas primero a las instalaciones del Grupo Maza Nº 5 del Ejército Nacional, con sede en Cúcuta, al parecer para ser interrogadas, y luego sí fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

En todo caso, los hermanos Maldonado Escalante aparecieron con varias lesiones en el cuerpo después de su retención por parte de miembros del Ejército Nacional adscritos al Grupo Maza Nº 5, tal como aparece acreditado con los dictámenes practicados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, lesiones que no fueron explicadas por la entidad demandada.

Para la Sala no son creíbles las afirmaciones de los miembros del Ejército Nacional que participaron en el operativo, en cuanto aseguraron que las lesiones que sufrió Gilberto Maldonado fueron causadas durante el forcejeo que se presentó entre este y los uniformados que intervinieron en su captura, pues lo cierto es que su hermano menor de edad también apareció con varias lesiones después de su retención y nadie hizo alusión a que este hubiera forcejeado igualmente con las autoridades, pero además porque los testimonios de Elizabeth Rebolledo Romero y Carmen Sofía Cáceres Carvajal dejan en evidencia que los hermanos Maldonado Escalante fueron ultrajados y maltratados física y verbalmente por los uniformados, declaraciones que ameritan plena credibilidad para la Sala por su claridad, coherencia y espontaneidad y porque se trata de personas ajenas a las partes, que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, además no se evidencia en ellas ánimo de beneficiar o perjudicar a alguien en particular.

Todo parece indicar que los hermanos Maldonado Escalante fueron forzados para que entregaran información acerca de las operaciones del Frente 33 de las FARC y sobre la ubicación de una supuesta caleta con armamento, prueba de ello lo constituyen las lesiones que estos sufrieron en distintas partes del cuerpo, las cuales no fueron justificadas por la entidad demandada. También resulta relevante el hecho de que las citadas personas hubieran sido llevadas por la fuerza a las instalaciones del Grupo Maza Nº 5 del Ejército Nacional, previo a ser dejadas a disposición de las autoridades competentes, como era lo lógico y procedente en este caso.

Cabe destacar que las pruebas reveladas constituyen verdaderos indicios acerca del maltrato al que fueron sometidos los hermanos Gilberto y Germán Maldonado Escalante durante su retención, comportamiento que no tendría otra razón que la de obtener información relacionada con el modus operandi del Frente 33 de las FARC y de la existencia de una supuesta caleta con armas, configurándose así el delito de tortura, prohibido por la Constitución y los tratados internacionales, ya que este atenta gravemente contra la vida e integridad física de las personas. El Estado social de derecho se centra en la protección de la persona en todas las modalidades y en el respeto a la dignidad humana, de allí que los derechos fundamentales adquieren una dimensión trascendental, y la defensa de la libertad, la seguridad, la integridad física y moral de los ciudadanos constituye el pilar fundamental sobre el cual se edifica una sociedad(5).

En ese orden de ideas, dado que se acreditó en el plenario que a los hermanos Maldonado Escalante les infligieron tratos físicos denigrantes, que llegaron al extremo de ocasionarles lesiones que les produjo una incapacidad médico legal de 8 y 12 días, respectivamente, queda en evidencia que sus derechos fundamentales fueron vulnerados, pues su vida e integridad física estuvieron en riesgo, al igual que su dignidad humana resultó ultrajada, y comoquiera que el Estado tiene el deber de garantizar la protección de sus ciudadanos bajo unas condiciones mínimas de orden material, este tipo de conducta, como la que se configuró en el asunto sub examine, debe quedar proscrita y al margen de cualquier situación, con mayor razón cuando en casos como estos se involucran menores de edad como ocurrió con Germán Maldonado Escalante.

Es menester resaltar que las autoridades de la República fueron instituidas para proteger a las personas en su vida, honra y bienes, independientemente de cualquier condición social, económica, política, religiosa, sexual, etc., inclusive, es obligación de las autoridades la protección de aquellas personas que por una u otra razón han infringido con su comportamiento o conducta el ordenamiento legal y han quebrantado bienes jurídicos debidamente tutelados por el legislador, como era el caso del señor Gilberto Maldonado Escalante, a quien se le comprobó su militancia en la guerrilla y fue condenado por el delito de sedición a pena privativa de la libertad por la justicia regional.

Lo anterior evidencia que en este caso se configuró una falla en la prestación del servicio imputable a la entidad demandada, la cual no demostró la presencia de una causa extraña que la exonerara de responsabilidad, razón por la cual deberá responder por los daños y perjuicios causados a los demandantes con ocasión de los hechos ocurridos el 29 de abril de 1993.

Por último, la Sala no hará pronunciamiento alguno en torno al llamado en garantía, toda vez que el Tribunal Administrativo de Santander, Norte de Santander y Cesar, Sala de Descongestión, lo declaró responsable por los hechos en los que resultaron lesionados los hermanos Maldonado Escalante, y este no recurrió la decisión que lo afectó no obstante haber intervenido en el proceso.

Hechas las anteriores precisiones, la Sala confirmará la sentencia de de 29 de septiembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Norte de Santander y Cesar, Sala de Descongestión, mediante la cual se declaró la responsabilidad de la entidad demandada y del llamado en garantía por los hechos ocurridos el 29 de abril de 1993, en los cuales resultaron lesionados los hermanos Maldonado Escalante.

VI. Indemnización de perjuicios

Teniendo en cuenta que en el sub judice la entidad demandada fue la única que recurrió la decisión anterior, lo que le confiere la calidad de apelante único e impide la agravación de la condena impuesta por el tribunal, lo cierto es que esta podrá aminorarse en el evento de que las pruebas obrantes en el plenario permitiesen llegar a dicha conclusión.

Es preciso manifestar que dentro de las limitaciones que tiene el juez superior, para efectos de proferir el fallo por medio del cual decidirá el recurso de apelación, lo constituye la garantía de la no reformatio in pejus, principio según el cual se garantiza que el juez ad quem no agravará o desmejorará la situación definida en primera instancia a quien es considerado apelante único, y que encuentra expresa consagración constitucional en el artículo 31 en cuanto asegura que: “El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”(6).

Perjuicios morales

Por los hechos ocurridos el 29 de abril de 1993 concurrieron al proceso Gilberto y Germán Maldonado Escalante, quienes solicitaron, por dicho concepto, el equivalente a 1000 gramos de oro para cada uno. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Santander, Norte de Santander y Cesar, Sala de Descongestión, condenó a la entidad demandada a pagar, por dicho concepto, el equivalente a 300 gramos de oro para cada uno de ellos. La Sala estima que la suma señalada se encuentra ajustada a los parámetros fijados jurisprudencialmente por el Consejo de Estado para tal efecto, razón por la cual se confirmará dicha condena, pero esta se fijará en salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo expresado en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, en la que se que consideró que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se sugirió la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(7).

En consecuencia, la Sala condenará a la entidad demandada a pagar a Gilberto Maldonado Escalante y a Germán Maldonado Escalante, la suma de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cada uno de ellos, dejando claro que tales sumas de dinero serán reembolsadas por el hoy capitán del Ejército Nacional César Alonso Maldonado Vidales, por las razones atrás anotadas.

Dado que el tribunal negó el reconocimiento de otra clase de perjuicios, y ello no fue motivo de impugnación por la parte actora, la Sala no hará ningún pronunciamiento en torno a ello.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, resulta que ninguna actuó de esa manera, razón por la cual la Sala se abstendrá de imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia de 29 de septiembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Norte de Santander y Cesar, Sala de Descongestión; en su lugar,

2. DECLÁRASE responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por las lesiones que sufrieron Gilberto y Germán Maldonado Escalante, en hechos ocurridos el 29 de abril de 1993.

3. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar a Gilberto Maldonado Escalante y a Germán Maldonado Escalante, la suma de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cada uno de ellos.

4. CONDÉNASE al capitán del Ejército Nacional César Alonso Maldonado Vidales a reembolsar las sumas de dinero que como consecuencia de este fallo deba sufragar la entidad demandada.

5. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

6. ABSTIÉNESE de condenar en costas al demandado.

7. Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

8. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme con lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo de Santander, Norte de Santander y Cesar, Sala de Descongestión, cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

(1) El valor del gramo de oro fijado por el Banco de la República para el 27 de abril de 1995, fecha de presentación de la demanda, era de $ 11.532,96.

(2) En los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que en tales casos resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión (C.E., Sec. Tercera, sent., feb. 21/2002, Exp. 12.789).

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de julio de 2009, Expediente 16.840.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2009, Expediente 16.319.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, Expediente 19.283.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de 2011, Expediente 18.315.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros - William Alberto González y otra.