Sentencia 1998-00003/28223 de agosto 31 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente 28223

Radicación 180012331000199800003-01 (28223)

Acumulado 180012331000199900461-01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Rafael Barbosa y otros

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otro

Naturaleza: Reparación directa

Temas: La fuerza normativa de la doctrina probable emanada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aplicada a casos de responsabilidad estatal extracontractual

Bogotá, D.C., treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencias de fechas 11 de septiembre de 2003 y 27 de mayo de 2004, proferidas por el Tribunal Administrativo del Caquetá, por medio de las cuales, en la primera decisión, se denegó las pretensiones de la demanda y, en la segunda, se condenó parcialmente. La primera providencia será revocada y, en su lugar, se proferirá un fallo estimatorio de las súplicas de la parte actora y la segunda será modificada.

Síntesis del caso

El 3 de marzo de 1998, el subteniente Harold Enrique Riascos Godoy, el sargento viceprimero Alberto Quiroga, el cabo primero Ricardo Rincón Suárez, el cabo segundo Rafael Hernando Villalba Silva y los soldados voluntarios Alexander Barbosa Muñoz, Walter Humbeiro Ortiz Gallego, Tulio Chía, William Rojas Rojas y Ulber Abello Bolaños, adscritos al batallón de contraguerrilla 52 de la brigada móvil 3 de la cuarta división del Ejército Nacional fallecieron como consecuencia de los combates sostenidos con miembros del secretariado bloque sur cuadrillas 14 y 15 - compañía móvil Teófilo Forero de las FARC en cercanías de la vereda “El Billar”, inspección rural de Remolinos del Caguán, municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá. En dicha derrota militar resultaron muertos otros 61 militares, desaparecidos 2 y secuestrados 43 más. Como consecuencia de lo anterior, la decimoquinta brigada del Ejército Nacional elaboró un documento denominado “caso táctico El Billar”, donde concluyó que el ejército incurrió en varios errores estratégicos, logísticos y operacionales que condujeron al fracaso de las operaciones militares desplegadas en la zona sur del país.

Antecedentes

I. Lo que se demanda

1. El presente asunto se conforma de cuatro (4) procesos que fueron acumulados en el trámite de primera instancia, dos de ellos durante la etapa probatoria, y los otros dos, después de haber concluido el término para alegar de conclusión. Las demandas respectivas se presentaron de la siguiente manera:

1.1. Proceso 18-001-23-31-002-1999-0124-00 —familia Riascos Godoy—.

1.1.1. Mediante escrito presentado el 20 de abril de 1999 ante el Tribunal Administrativo del Caquetá (fls. 20 a 36, cdno. 1), por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, los señores José Armendaris Riascos Torres, Flora Lorenza Godoy de Riascos, Galvis Janeth Riascos Godoy, Yolima del Pilar Riascos, Oscar Fernando Riascos Godoy, Edwin Rubén Riascos Godoy y Herlinda Velazco, presentaron demanda en contra de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERA: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional), de los perjuicios causados a los demandantes con motivo de la muerte violenta del soldado Harold Enrique Riascos Godoy, ocurrida en el sitio denominado quebrada El Billar, en la inspección rural de Remolinos del Caguán en jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá, a manos del grupo guerrillero las FARC el 3 de marzo de 1998.

SEGUNDA: Condenar a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional), a pagar cada (sic) uno de los demandantes a título de perjuicios morales, el equivalente en pesos de las siguientes cantidades de oro fino, según su precio de venta certificado por el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia:

1. Para José Armendaris Riascos Torres y Flora Lorenza Godoy de Riascos, dos mil (2.000) gramos de oro fino para cada uno en sus condiciones de padres y/o como terceros afectados o damnificados de la víctima.

2. Para Herlinda Velazco, mil (1.000) gramos de oro fino en su condición de abuela paterna y/o como tercera afectada o damnificada de la víctima.

3. Para Galvis Janeth Riascos Godoy, Yolima del Pilar Riascos, Oscar Fernando Riascos Godoy y Edwin Rubén Riascos Godoy, quinientos (500) gramos de oro fino para cada uno en sus condiciones de hermanos y/o como terceros afectados o damnificados de la víctima.

TERCERA: Condenar a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional), a pagar a favor de José Armendaris Riascos Torres y Flora Lorenza Godoy de Riascos, los perjuicios materiales sufridos con motivo de la muerte violenta de su hijo Harold Enrique Riascos Godoy, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación:

1. El sueldo de novecientos seis mil cuatrocientos cuarenta ($ 906.440.oo) pesos, mensuales, que recibía Harold Enrique Riascos Godoy como subteniente del Ejército Nacional, más el veinticinco (25%) por ciento de prestaciones sociales.

2. La vida probable de los padres y de la víctima, según las tablas de supervivencia aprobados por la Superintendencia Bancaria para los colombianos.

(...).

1.2. Proceso 18-001-23-31-002-1999-0003-00 —familia Barbosa Muñoz - Ortiz Gallego - Abello Bolaños—

1.2.1. Mediante escrito presentado el 14 de diciembre de 1998 ante el Tribunal Administrativo del Caquetá (fls. 31 a 54, cdno. 1), por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, los señores Rafael Barbosa y Ana Isabel Barbosa, actuando en nombre propio (familia Barbosa Muñoz - fls. 1 a 2, cdno. 1); Carlos Enrique Ortiz Madrid, Eleonora Álvarez de Ortiz y Teodolinda García, actuando en nombre propio (familia Ortiz Gallego - fls. 6 a 8, cdno. 1); José Octavio Abello Franco, este último actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores Francy Lorena y Katherine Abello Bolaños; María Luisa Bolaños, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor Dahiana Alexandra Quevedo Bolaños; William Bolaños, Alejandro Abello Ramírez, Wilson, Wildel y Marisol Abello Bolaños, obrando en nombre propio (familia Abello Bolaños - fls. 13 a 20, cdno. 1) interpusieron demanda contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERA: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional), de los perjuicios causados a los demandantes con motivo de la muerte violenta de los soldados: Alexander Barbosa Muñoz, Walter Humbeiro Ortiz Gallego y Ulver Abello Bolaños, ocurridas en el sitio denominado quebrada El Billar, en la inspección rural de Remolinos del Caguán en jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá en el departamento del Caquetá, a manos del grupo guerrillero las FARC el 3 de marzo de 1998.

SEGUNDA: Condenar a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional), a pagar a cada uno de los demandantes a título de perjuicios morales, el equivalente en pesos de las siguientes cantidades de oro fino, según su precio de venta certificado por el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia:

1. (Primer grupo - familia Barbosa). Para Rafael Barbosa y Ana Isabel Barbosa, dos mil (2.000) gramos de oro fino para cada [uno] (sic) en sus condiciones de padre y abuela paterna y madre de crianza y/o como terceros afectados o damnificados de Alexander Barbosa Muñoz.

2. (Segundo grupo - familia Ortiz). Para Carlos Enrique Ortiz Madrid y Eleonora Álvarez García o Eleonora Álvarez de Ortiz, dos mil (2.000) gramos de oro fino para cada uno en sus condiciones de abuelos paternos y padres de crianza y/o como terceros afectados o damnificados de Walter Humbeiro Ortiz Gallego.

3. Para Teolinda García, quinientos (500) gramos de oro fino en su condición de abuela materna y/o como tercera afectada o damnificada de Walter Humbeiro Ortiz Gallego.

4. (Tercer grupo - familia Avello (sic)). Para José Octavio Abello Franco y María Luisa Bolaños, dos mil (2.000) gramos de oro fino para cada uno en sus condiciones de padres y/o como terceros afectados o damnificados de Ulver Abello Bolaños.

5. Para Alejandro Abello Ramírez, Wilson Abello Bolaños, William Bolaños, Wilder Abello Bolaños, Marisol Abello Bolaños, Francy Lorena Abello Bolaños, Katherine Abello Bolaños y Dahiana Alexandra Quevedo Bolaños, quinientos (500) gramos de oro fino para cada uno en sus condiciones de hermanos y/o como terceros afectados o damnificados de Ulver Abello Bolaños.

TERCERA: Condenar a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional), a pagar a favor de: Rafael Barbosa, Carlos Enrique Ortiz Madrid y María Luisa Bolaños, los perjuicios materiales sufridos con motivo de la muerte violenta de sus respectivos hijos: Alexander Barbosa Muñoz, Walter Humbeiro Ortiz Gallego y Ulver Abello Bolaños, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación:

1. El sueldo de trescientos cincuenta mil ($ 350.000.oo) pesos mensuales que recibían individualmente Alexander Barbosa Muñoz, Walter Humbeiro Ortiz Gallego y Ulver Abello Bolaños como soldados voluntarios del Ejército Nacional, más un veinticinco (25%) por ciento de prestaciones sociales.

2. La vida probable de los demandantes: Rafael Barbosa, Carlos Enrique Ortiz Madrid y María Luisa Bolaños, y la vida probable de cada una de las víctimas, según las tablas de supervivencia aprobadas por la Superintendencia Bancaria para los colombianos.

(...).

1.3. Proceso 18-001-23-31-003-1999-0468-00 —familia Chía - Quiroga - Rojas—

1.3.1. Mediante escrito presentado el 3 de diciembre de 1999 ante el Tribunal Administrativo del Caquetá (fls. 43 a 68, cdno. 1), por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, los señores Agripina Chía, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores José Abel, César Augusto, María Ligia y Rosa Elvira Parra Chía; Flor María Chía, Lorenzo Chía, Víctor Julio Chía y Luis Rafael Parra Chía (familia Chía - fls. 1 a 5, cdno. 1); Bárbara Quiroga Báez, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor Diana Rocío Rojas Quiroga; Álvaro Rojas Rivera, Jorge Enrique Quiroga y Hermelinda Báez de Quiroga, actuando a nombre propio (familia Quiroga - fls. 6 a 9, cdno. 1); Custodia Rojas Rojas, Carlos Josué Agudelo Rojas, Luz Marina Agudelo Rojas, Oscar Agudelo Rojas, Nancy Agudelo Rojas y Abel Rojas Cely, actuando a nombre propio (familia Rojas - fls. 10 a 15, cdno. 1), interpusieron demanda en contra de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERA: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional), de los perjuicios causados a los demandantes con motivo de la muerte violenta de los militares: Tulio Chía, Alberto Quiroga y William Rojas Rojas, ocurridas en el sitio denominado quebrada El Billar, en la inspección rural de Remolinos del Caguán en jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá en el departamento del Caquetá, a manos del grupo guerrillero de las FARC, el tres (3) de marzo de 1998.

SEGUNDA: Condenar a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional), a pagar a cada uno de los demandantes a título de perjuicios morales, el equivalente en pesos de las siguientes cantidades de oro fino, según su precio de venta certificado por el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia:

1. (Primer grupo - familia Chía): para Agripina Chía, dos mil (2.000) gramos de oro fino en su condición de madre y/o como tercera afectada o damnificada de Tulio Chía.

2. Para Flor María Chía, Lorenzo Chía, Víctor Julio Chía y Luis Rafael Parra Chía, José Abel Parra Chía, César Augusto Parra Chía, María Ligia Parra Chía y Rosa Elvira Parra Chía, quinientos (500) gramos de oro fino para cada uno en sus condiciones de hermanos y/o como terceros afectados o damnificados de Tulio Chía.

3. (Segundo grupo - familia Quiroga): para Bárbara Quiroga Báez y Álvaro Rojas Rivera, dos mil (2.000) gramos de oro fino para cada uno en sus condiciones de madre natural y padre de crianza y/o como terceros afectados o damnificados de Alberto Quiroga.

4. Para Hermelinda Báez de Quiroga, mil (1.000) gramos de oro fino en su condición de abuela materna y/o como tercera afectada o damnificada de Alberto Quiroga.

5. Para Jorge Enrique Quiroga y Diana Rocío Rojas Quiroga, quinientos (500) gramos de oro fino para cada uno en sus condiciones de hermanos y/o como terceros afectados o damnificados de Alberto Quiroga.

6. (Tercer grupo - familia Rojas): para Custodia Rojas Rojas, dos mil (2.000) gramos de oro fino en su condición de madre y/o como tercera afectada o damnificada de William Rojas Rojas.

7. Para Abel Rojas Cely, mil (1.000) gramos de oro fino en su condición de abuelo materno y/o como tercero afectado o damnificado de William Rojas Rojas.

8. Para Carlos Josué Agudelo Rojas, Luz Marina Agudelo Rojas, Oscar Agudelo Rojas y Nancy Agudelo Rojas, quinientos (500) gramos de oro fino para cada uno en sus condiciones de hermanos y/o como terceros afectados o damnificados de William Rojas Rojas.

TERCERA: Condenar a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional), a pagar a favor de: Agripina Chía, Bárbara Quiroga Báez y Custodia Rojas Rojas, los perjuicios materiales sufridos con motivo de la muerte violenta de sus respectivos hijos: Tulio Chía, Alberto Quiroga y William Rojas Rojas, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación:

1. El sueldo de quinientos veintiocho mil trescientos noventa y nueve ($ 528.399.oo) pesos mensuales que recibían individualmente: Tulio Chía y William Rojas Rojas soldados voluntarios del ejército; y el sueldo de un millón veintiún mil ochocientos ochenta y tres ($ 1.021.883.oo) pesos mensuales que recibía Alberto Quiroga como sargento viceprimero del Ejército Nacional, más un treinta (30%) por ciento de prestaciones sociales para los tres militares.

2. La vida probable de las demandantes: Agripina Chía, Bárbara Quiroga Báez y Custodia Rojas Rojas, y la vida probable de cada una de las víctimas, según las tablas de supervivencia aprobadas por la Superintendencia Bancaria para los colombianos.

(...).

1.4. Proceso 18-001-23-31-003-1999-0461-00 —familia Villalba Silva - Rincón Suárez—

1.4.1. Mediante escrito presentado el 30 de noviembre de 1999 ante el Tribunal Administrativo del Caquetá (fls. 27 a 47, cdno. 1), por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, los señores Alfonso Villalba, Betsabé Silva de Villalba, Carlos Alberto Villalba Silva, Guillermo Alonso Villalba Silva y María del Carmen Bustos de Silva, actuando en nombre propio (familia Villalba Silva - fls. 1 a 4, cdno. 1); Olga María Suarez Uribe y José del Carmen Rincón, obrando en nombre propio y en representación de su hijo menor Pedro Pablo Rincón Suárez; José Ramiro Rincón Suárez, María Oliva Rincón de Gómez y María Antonia Uribe de Suárez, actuando a nombre propio (familia Rincón - fls. 5 a 8, cdno. 1) presentaron demanda contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERA: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional), de los perjuicios causados a los demandantes con motivo de la muerte violenta de los militares: Rafael Hernando Villalba Silva y Ricardo Rincón Suárez, ocurridas en el sitio denominado quebrada El Billar, en la inspección rural de Remolinos del Caguán en jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá), a manos del grupo guerrillero de las FARC el tres (3) de marzo de 1998.

SEGUNDA: Condenar a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional), a pagar a cada uno de los demandantes a título de perjuicios morales, el equivalente en pesos de las siguientes cantidades de oro fino, según su precio de venta certificado por el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia:

1. (Primer grupo - familia Villalba): para Alonso Villalba y Betsabé Silva de Villalba, dos mil (2.000) gramos de oro fino para cada uno en sus condiciones de padres y/o como terceros afectados o damnificados de Rafael Hernando Villalba Silva.

2. Para María del Carmen Bustos de Silva, mil (1.000) gramos de oro fino en su condición de abuela materna y/o como tercera afectada o damnificada de Rafael Hernando Villalba Silva.

3. Para Carlos Alberto Villalba Silva y Guillermo Alonso Villalba Silva, quinientos (500) gramos de oro fino para cada uno en sus condiciones de hermanos y/o como terceros afectados o damnificados de Rafael Hernando Villalba Silva.

4. (Segundo grupo - familia Rincón): para José del Carmen Rincón y Olga María Suárez Uribe, dos mil (2.000) gramos de oro fino para cada uno en sus condiciones de padres y/o como terceros afectados o damnificados de Ricardo Rincón Suárez.

5. Para María Oliva Rincón de Gómez y María Antonia Uribe de Suárez, mil (1.000) gramos de oro fino para cada una en sus condiciones de abuelas paterna y materna respectivamente y/o como terceras afectadas o damnificadas de Ricardo Rincón Suárez.

6. Para José Ramiro Rincón Suárez y Pedro Pablo Rincón Suárez, quinientos (500) gramos de oro fino para cada uno en sus condiciones de hermanos y/o como terceros afectados o damnificados de Ricardo Rincón Suárez.

TERCERA: Condenar a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional), a pagar a favor de: Alonso Villalba y Betsabé Silva de Villalba, José del Carmen Rincón y Olga María Suárez Uribe, los perjuicios materiales sufridos con motivo de la muerte violenta de sus respectivos hijos: Rafael Hernando Villalba Silva y Ricardo Rincón Suárez, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación:

1. El sueldo de seiscientos doce mil ochenta y ocho ($ 612.088.oo) pesos mensuales que recibía Rafael Hernando Villalba Silva como cabo segundo del Ejército Nacional, y el sueldo de seiscientos noventa y dos mil quinientos ($ 692.500.oo) pesos mensuales que recibía Ricardo Rincón Suárez como cabo primero del Ejército Nacional, más un treinta (30%) por ciento de prestaciones sociales para cada suboficial.

2. La vida probable de los demandantes y Alonso Villalba, Betsabé Silva de Villalba, José del Carmen Rincón y Olga María Suárez Uribe, y la vida probable de Rafael Hernando Villalba Silva y Ricardo Rincón Suárez, según las tablas de supervivencia aprobadas por la Superintendencia Bancaria para los colombianos.

(...).

1.5. En respaldo de sus pretensiones, los actores de los procesos 124, 3-2, 468 y 461, narraron los siguientes hechos que se resumen a continuación: i) El 3 de marzo de 1998, tropas del batallón de contraguerrillas 52 de la brigada móvil 3, adscrita a la cuarta división del Ejército Nacional, destacadas en el sitio denominado quebrada el Billar, inspección rural de Remolinos del Caguán en jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá en el departamento del Caquetá realizaban operaciones de registro y control de área, cuando entraron en confrontación armada con un grupo armado de guerrilleros de las FARC que dejó como resultado 62 militares muertos y aproximadamente 43 secuestrados, entre los fallecidos se encontraron el subteniente Harold Enrique Riascos Godoy, el sargento viceprimero Alberto Quiroga, el cabo primero Ricardo Rincón Suárez, el cabo segundo Rafael Hernando Villalba Silva y los soldados voluntarios Alexander Barbosa Muñoz, Walter Humbeiro Ortiz Gallego, Tulio Chía, William Rojas Rojas y Ulber Abello Bolaños; ii) se atribuye responsabilidad al Ejercito Nacional por las fallas en que incurrió la brigada móvil 3 en la dirección, control y conducción de las tropas, y los errores tácticos en la adopción y ejecución de los operativos frente al enemigo, toda vez que, pese a que conocía con anterioridad de la nutrida presencia guerrillera en la zona, en tanto dos días antes del desenlace fatídico hubo confrontación armada con dicho grupo en la que se dio de baja a un soldado y herido a otro del mismo batallón, se obligaron a las tropas a mantener las hostilidades; iii) los familiares de las víctimas sufrieron graves perjuicios de orden moral y material.

II. Trámite procesal

2. Surtida la notificación del auto admisorio de la demanda, la Nación - Ministerio de Defensa Nacional presentó escritos de contestación de la demanda dentro del proceso 124, el 26 de mayo de 1999 (fls. 46 a 52, cdno. 4); 3-2, el 8 de marzo de 1999 (fls. 63 a 70, cdno. 1); 468, el 24 de marzo de 2000 (fls. 85 a 94, cdno. 1) y 461, el 23 de febrero de 2000 (fls. 62 a 68, cdno. 1), en los que solicitó que se denegaran en su totalidad las pretensiones elevadas por la parte actora, en la medida en que el daño alegado por los demandantes tiene su fuente en el hecho propio y exclusivo de un tercero, sin que esté comprometida la responsabilidad estatal. Además, agregó que: i) la muerte en combate y por acción directa del enemigo constituye uno de los riesgos propios del servicio; ii) la muerte a manos del enemigo es un riesgo propio del servicio que los militares asumen cuando se vinculan a la institución castrense, lo cual impide el surgimiento de responsabilidad a cargo de esta última en un caso como el de autos; iii) los ataques guerrilleros reúnen los requisitos de imprevisibilidad e irresistibilidad que exoneran de responsabilidad a la institución estatal.

3. Durante el término probatorio, el apoderado de los demandantes solicitó la acumulación del proceso 3-2 al tramitado en el expediente 124 (fls. 97 a 99, cdno. 1 - proceso 3-2), petición que fue resuelta favorablemente por el a quo mediante providencia del 6 de septiembre de 2000. Asimismo ordenó que el proceso 124 se continuara adelantando dentro del proceso 3-2 (fls. 100 a 101, cdno.1 - proceso 3-2).

4. Surtido el trámite de rigor y practicadas las pruebas decretadas, el a quo, mediante corrió(sic) traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión de primera instancia, oportunidad de la cual hicieron uso todos los intervinientes procesales, reiterando los argumentos expuestos en la demanda y contestación. En el proceso 461 (fls. 90 a 93 y 98 a 100, cdno. 1), en el proceso 468 (fls. 122 a 126 y 127 a 130, cdno. 1), proceso 3-2 y acumulado 124 (fls. 105 a 108 y 111 a 117, cdno. 1).

5. El Ministerio Público rindió concepto dentro de los procesos 3-2 y 124 acumulado (fls. 118 a 124, cdno. 1), 461 (fls. 107 a 111, cdno. 1) y 468 (fls. 132 a 137, cdno. 1), en los que consideró que no debían prosperar las pretensiones de la demanda por las siguientes razones: i) la inexistencia de un daño antijurídico y que aun siendo antijurídico no resultaba imputable a la entidad demandada; ii) las muertes de los militares, quienes se encontraban capacitados y entrenados, lo fue en cumplimiento de sus funciones de defensa de la soberanía y del orden institucional; iii) la falta de pruebas que acrediten la falla del servicio alegada; iv) la configuración de la causal de exoneración de responsabilidad del Estado del hecho exclusivo y determinante de un tercero, constituida por el actuar de la guerrilla; v) la imprevisibilidad e irresistibilidad de los ataques guerrilleros.

6. El 22 de febrero de 2002, el apoderado de los demandantes solicitó la acumulación del proceso 461 al tramitado en el expediente 468 (fls. 95 a 97, cdno. 1 - proceso 461), petición que fue resuelta favorablemente por el a quo mediante providencia del 25 de abril de 2002. Asimismo ordenó que el proceso 468 se continuara adelantando dentro del proceso 461 (fls. 114 a 115, cdno.1 - proceso 461).

7. El 11 de septiembre de 2003, el Tribunal Administrativo del Caquetá profirió sentencia de primer grado en los procesos acumulados —461 y 468— (fls. 118 a 140, cdno. p.), en la cual denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en: i) la ausencia de daño antijurídico, teniendo en cuenta el riesgo asumido por los fallecidos al ingresar de manera voluntaria al Ejército Nacional y, por lo tanto, el deber legal y jurídico de soportar el perjuicio por ellos padecido; ii) la ocurrencia de los homicidios se enmarcó dentro del desarrollo de las funciones propias asignadas a las Fuerzas Militares de defender la soberanía, la integridad del territorio y las instituciones; iii) las calidades, preparación y entrenamiento de los militares fallecidos para este tipo de combates y sus muertes a manos del enemigo; iv) ausencia de la falla en el servicio que se endilga a la entidad demandada, situación que es atribuible a la negligencia probatoria desplegada por la parte demandante.

8. El 27 de mayo de 2004, el Tribunal Administrativo del Caquetá profirió sentencia de primer grado en los procesos acumulados —3-2 y 124— (fls. 133 a 147, cdno. p.), en la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En palabras del juez de primera instancia:

PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad patrimonial de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional por la muerte de los soldados Alexander Barbosa Muñoz, Walter Humbeiro Ortiz Gallego, Ulver Avello (sic) Bolaños y el subteniente Harold Enrique Riascos Godoy, en las condiciones que se analizaron en este proveído.

SEGUNDO: CONDENAR al demandado a pagar a los demandantes las sumas de dinero que a continuación se señalan por concepto de perjuicios morales, a saber:

A. Para el señor Rafael Barbosa como padre de Alexander Barbosa Muñoz, el equivalente en pesos de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

B. Para cada uno de los señores: Carlos Enrique Ortiz Madrid y Eleonora Álvarez García de Ortiz como abuelos paternos de Walter Humbeiro Ortiz Gallego, el equivalente en pesos de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

C. Para los señores: José Octavio Abello Franco y María Luisa Bolaños como padres de Ulber Avello (sic) Barbosa, a favor de cada uno de ellos el equivalente en pesos de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

D. Para Katherine, Francy Lorena, Marisol Avello (sic) Bolaños y Dahiana Alexandra Quevedo Bolaños como hermanas de Walter Humbeiro Ortiz Gallego, el equivalente en pesos de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una.

E. Para los señores José Armendaris Riascos Torresy (sic) y Flora Lorenza Godoy de Riascos como padres de Harold Enrique Riascos Godoy, el tribunal ordenará que se les reconozca a cada uno el equivalente en pesos de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

F. Para cada uno de los señores Janeth, Oscar Fernando y Edwin Rubén Riascos Godoy como hermanos de Harold Enrique Riascos Godoy, el equivalente en pesos de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El salario mínimo legal vigente es el que rija para la fecha de ejecutoria de esta decisión

TERCERO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

(...).

8.1. La anterior decisión fue tomada por el a quo con base en los siguientes argumentos: i) el daño ocurrido a los fallecidos es antijurídico debido al riesgo desproporcional al que fueron sometidos, teniendo en cuenta las condiciones y ventajas del enemigo en la zona y el deficiente apoyo institucional; ii) se acreditó plenamente la falla del servicio de la entidad castrense por los errores tácticos, estratégicos, de dirección, planeación, control e inteligencia militar cometidos en la operación del Billar; iii) el daño es imputable a la institución, ya que si bien a los uniformados se les exige un esfuerzo físico mayor al que se les pide a otros profesionales que cumplen actividades similares y una exposición excepcional de su seguridad personal, esto no significa que deban asumir a toda costa los riesgos derivados de las deficiencias del aparato militar.

8.2. El 3 de junio de 2004, el magistrado ponente Baudilio Murcia Guzmán presentó salvamento de voto (fls. 128 a 132, cdno. 1 - proceso 3-2) al no haber sido acogido su proyecto de sentencia mediante el cual se negaban las pretensiones de la demanda en los procesos 3-2 y 124 acumulados, con base en los siguientes argumentos: i) no se encuentra debidamente probada la falla o anormalidad en el servicio por parte de la entidad demandada en relación con los hechos descritos en la demanda; ii) el documento sobre las investigaciones internas adelantadas por la decimoquinta brigada del Ejército Nacional, denominado “caso táctico El Billar”, batallón de contraguerrillas 52” donde se analizan tanto los puntos positivos como negativos de la operación militar, no constituye plena prueba que demuestre la falla del servicio por parte de la entidad castrense, pues los militares tenían pleno conocimiento de que el lugar donde se iba a practicar el registro y control era zona de guerra y había nutrida presencia de subversivos, por consiguiente, debían asumir el riesgo inherente a su calidad de militares para lo cual estaban debidamente entrenados y preparados; iii) la demandada no violó el contenido obligacional atribuido por la ley y la Constitución frente a los hechos que se demandan, razón por la que mal podría endilgarse responsabilidad en su contra.

9. Contra la decisión del 11 de septiembre de 2003 proferida por el a quo en los procesos 461 y 468 acumulados, el apoderado de los demandantes interpuso recurso de apelación (fl. 128, cdno. p.), el cual fue concedido y posteriormente sustentado ante la Sección Tercera del Consejo de Estado (fls. 138 a 140, cdno. p.), corporación que le asignó al proceso el Nº 26069 interno. La impugnación tuvo como fundamento lo siguiente: i) la responsabilidad era del comandante de la unidad militar en la conducción, planeación, organización, dirección, coordinación y control de las operaciones que realizaban los uniformados a su cargo; ii) la causación del daño se originó como consecuencia de la acción u omisión de la autoridad pública en desarrollo del servicio público; iii) se infringió el contenido obligacional contemplado en las normas legales y constitucionales a favor de los uniformados.

10. Contra la decisión del 27 de mayo de 2004 proferida por el a quo en los procesos 3-2 y 124 acumulados, el apoderado de los demandantes interpuso recurso de apelación (fl. 149, cdno. p.), el cual fue concedido y posteriormente sustentado ante la Sección Tercera del Consejo de Estado (fls. 161 a 164, cdno. p.), corporación que le asignó al proceso el Nº 28223 interno. La impugnación tuvo como fundamento lo siguiente: i) respecto al parentesco y vínculo afectivo de Teolinda García como abuela materna de Walter Ortiz Gallego obra la declaración de Gladys María Velásquez López que lo acredita; ii) respecto a los demandantes Alejandro, Wilson y Wilder Abello Bolaños, hermanos del difunto Ulber Abello Bolaños, las declaraciones de Nelsa Narváez Muñoz, Blanca Iris Lozada Perdomo, Nicolás Celis Granada, Raúl de Jesús Valencia García, Ancisar Ramírez Loaiza, Rosember Zapata Vélez y Benjamín Vanegas Días, son unánimes en señalar que residían en la ciudad de Armenia, Quindío, donde también residía y trabajaba Ulber antes de ingresar al ejército y que el vínculo afectivo entre ellos era estrecho; iii) según registro civil, William Bolaños es hermano materno de Ulber Abello Bolaños; iv) con relación a la demandante Yolima del Pilar Riascos, es hermana de crianza de Harold Enrique Riascos, en atención a los testimonios que sostienen que convivió con ellos y la tratan como hija y hermana; v) el vínculo afectivo y de parentesco de abuela paterna de la señora Ana Isabel Barbosa con Alexander Barbosa Muñoz (fallecido) se encuentra acreditado con el registro civil de nacimiento de Rafael Barbosa padre de este último; vi) respecto a los perjuicios materiales: existen declaraciones en las que se afirma que Ulber Abello Bolaños trabajaba antes de irse para el ejército y que con el dinero que ganaba le ayudaba a su mamá; obran testimonios que manifiestan que Harold Enrique Riascos Godoy apoyaba económicamente a la señora Flora Lorenza Godoy. Por lo anterior, solicitó confirmar la sentencia en sus numerales 1º, 2º, literales A, B, C, D, E, F, y revocar el numeral 3º en el sentido de reconocer a título de perjuicios morales el equivalente en pesos de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales para cada uno de los demandantes: Teolinda García, Alejandro Abello Bolaños, Wilson Abello Bolaños, Wilder Abello Bolaños, William Bolaños y Yolima del Pilar Riascos, en sus calidades de abuela materna y hermanos y/o como terceros afectados o damnificados de las víctimas Walter Ortiz Gallego, Ulber Abello Bolaños y Harold Enrique Riascos Godoy y reconocer perjuicios materiales a los demandantes María Luisa Bolaños y Flora Lorenza Godoy de Riascos, madres de Ulber Abello Bolaños y Harold Enrique Riascos Godoy.

11. Mediante auto del 10 de marzo de 2006, la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso 26069 corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y concepto (fl. 326, cdno. p.).

11.1. El apoderado de la parte demandante alegó: i) se encuentra acreditado el parentesco y vínculo estrecho de los fallecidos Rafael Hernando Villalba Silva, Ricardo Rincón Suárez, Tulio Chía, Alberto Quiroga y William Rojas Rojas con sus respectivas familias, padres, hermanos y abuelos, y sus edades de 24, 25, 24, 33 y 25 años respectivamente; ii) se configura la presunción de perjuicios morales y materiales derivados de la muerte de los referidos militares, a favor de sus familiares; iii) la prueba de la falla del servicio está acreditada con el informe rendido por la decimoquinta brigada sobre el “Caso táctico El Billar” y las resultas del proceso disciplinario adelantado contra el coronel y el mayor que se encontraban al mando de las unidades militares y de los operativos en la zona (fls. 327 a 331, cdno. p.).

11.2. La entidad demandada reiteró los argumentos señalados en anteriores oportunidades procesales (fls. 332 a 333, cdno. p.).

11.3. El Ministerio Público guardó silencio.

12. Mediante auto del 1 de agosto de 2006, la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso 28223 corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y concepto (fl. 282, cdno. p.).

12.1. Las partes reiteraron los argumentos señalados en anteriores oportunidades procesales (fls. 283 a 287 y 294 a 296, cdno. p.).

12.2. El Ministerio Público guardó silencio (fl. 297, cdno. p.).

13. Mediante oficio del 13 de mayo de 2005, el apoderado de los demandantes solicitó ante la Sección Tercera del Consejo de Estado la acumulación del proceso 28223 al tramitado en el expediente 26069 (fls. 170 a 171, cdno. p. - proceso 28223), petición que fue resuelta favorablemente el 2 de mayo de 2006. Se resolvió acumular el proceso identificado con el número interno 26.069 al proceso 28.223 y correr traslado a las partes de los documentos tenidos como prueba (fls. 275 a 278, cdno. p. - proceso 28.223).

Consideraciones

A. Presupuestos procesales de la acción

14. Previo a analizar el fondo del presente asunto, resulta pertinente pronunciarse sobre la competencia de esta corporación, la procedencia y caducidad de la acción, y la legitimación en la causa.

14.1. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de los recursos de apelación presentados contra las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Caquetá en procesos que, por su cuantía(1), tienen la vocación de doble instancia.

14.1.1. Ahora, es importante recordar que si bien es cierto que en los procesos 1999-0461-00 y 1999-0468-00, por haberse negado en su totalidad las pretensiones, los demandantes-apelantes recurrieron la sentencia de primer grado, lo que, en principio, daría lugar a considerar que esta Sala tendría competencia para resolver sin limitación alguna, de conformidad con lo dispuesto sobre el particular en la última parte del primer inciso del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(2), no puede pasarse por alto que dentro de los procesos 1998-0003-01 y 1999-0124-00 los demandantes-apelantes únicamente manifestaron su disenso frente a la decisión del a quo de negar los perjuicios morales a favor de Teolinda García, Alejandro Abello Bolaños, Wilson Abello Bolaños, Wilder Abello Bolaños, William Bolaños y Yolima del Pilar Riascos, en sus calidades de abuela materna y hermanos y/o como terceros afectados o damnificados de las víctimas Walter Ortiz Gallego, Ulber Abello Bolaños y Harold Enrique Riascos Godoy y perjuicios materiales a los demandantes María Luisa Bolaños y Flora Lorenza Godoy de Riascos, madres de Ulber Abello Bolaños y Harold Enrique Riascos Godoy, absteniéndose expresamente de cuestionar el resto de la providencia, por lo que, en estas circunstancias, el juez de segundo grado no se pronunciara sobre aspectos que no fueron apelados y que estuvieron, en general, de acuerdo, salvo en lo referente a los puntos controvertidos.

14.1.2. Y, al respecto, tal como lo ha venido sosteniendo de modo pacífico y reiterado la corporación(3), la competencia del ad quem está enmarcada por los motivos de disenso de los recurrentes y en la regla referente a que “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, por lo que no se debe entender que existe una autorización general para el juez de segundo grado de cara a analizar lo desfavorable al recurrente pues, a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso; lo que no excluye el que, como también se ha sostenido en la jurisprudencia, si la apelación se interpuso en relación con un aspecto global de la sentencia, por ejemplo, la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada, el ad quem tenga competencia para pronunciarse sobre cada uno de los elementos que la constituyen y, a su vez, sobre la liquidación de perjuicios que se deriva directamente de ella. Al respecto se recuerda que, tal como lo afirmó explícitamente la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de unificación antes citada, “es asunto de lógica elemental que ‘el que puede lo más, puede lo menos’”(4), por lo que carecería de sentido afirmar que no es posible modificar en favor de la parte que solicitó expresamente que se le exonerara de responsabilidad, la liquidación de perjuicios efectuada en primera instancia.

14.1.3. Al tenor de este análisis, la Sala, en virtud del recurso de apelación interpuesto por los demandantes dentro de los procesos 1999-0461-00 y 1999-0468-00, es competente para pronunciarse sobre la declaratoria de responsabilidad y, si hay lugar a ello, sobre la indemnización, sin embargo, en los procesos 1998-0003-01 y 1999-0124-00, se pronunciara sobre si hay lugar a reconocer, a favor de los demandantes mencionados anteriormente, perjuicios morales y materiales negados en primera instancia, reclamados por la muerte de los militares Walter Ortiz Gallego, Ulber Abello Bolaños y Harold Enrique Riascos Godoy.

14.2. Considera la Sala que la acción de reparación directa instaurada (CCA, art. 86) es la procedente, toda vez que por esta vía se pretende el resarcimiento patrimonial del daño inferido a la parte actora consistente en los perjuicios ocasionados con la muerte de los militares, ocurrida el 3 de marzo de 1998 en jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá y que se le imputa a la entidad demandada.

14.3. La legitimación en la causa por activa aparece demostrada en el plenario porque es la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional la entidad a la cual se le imputa el daño por ellos sufrido, mientras que la legitimación por pasiva se acreditó, así:

14.3.1. Rafael Hernando Villalba Silva —occiso— nació el 15 de septiembre de 1974 (fl. 15, cdno. 6), fruto de la unión originada el 7 de septiembre de 1969 (fl. 12, cdno. 6) entre los señores Alfonso Villalba y Betsabé Silva Bustos (nacida el 14 de mayo de 1949 - fl. 10, cdno. 6). Igualmente, según los registros civiles de nacimiento, figuran como hermanos del difunto los señores Carlos Alberto y Guillermo Alonso Villalba Silva (fl. 13, cdno. 6). Además, en el registro civil de nacimiento de la señora Betsabé Silva Bustos (fl. 10, cdno. 6) —madre del occiso—, aparece que ella es hija de los señores Hermogenes Silva Roncancio y María del Carmen Bustos Rodríguez, quienes contrajeron matrimonio el 13 de noviembre de 1945 (fl. 9, cdno. 6), lo que significa que estos son abuelos maternos del fallecido familiar de los demandantes (fl. 10, cdno. 6).

14.3.2. El señor Ricardo Rincón Suárez —occiso— nació el 19 de agosto de 1973 (fl. 22, cdno. 6), hijo de los señores José del Carmen Rincón (nacido el 25 marzo de 1950, fl. 19, cdno. 6) y Olga María Suárez Uribe (nacida el 4 de abril de 1956, fl. 20, cdno. 6) quienes contrajeron matrimonio el 30 de agosto de 1972 (fl. 21, cdno. 6) y de la cual nacieron, adicionalmente, dos hijos. Así las cosas, Ricardo Rincón Suárez era hermano de José Ramiro (nacido el 18 de octubre de 1976) y Pedro Pablo Rincón Suárez (nacido el 26 de marzo de 1982, fls. 23 y 24, cdno. 6). En los registros civiles de nacimiento de los señores José del Carmen Rincón —padre del occiso— y Olga María Suárez Uribe —madre del occiso— figura que, el primero, era hijo de la señora María Oliva Rincón de Gómez y, la segunda, de María Antonia Uribe de Suárez, de lo que se infiere que se trata de la abuela paterna y materna del difunto que falleció en el hostigamiento militar (fls. 19 y 20, cdno. 6).

14.3.3. El señor Tulio Chía —occiso— nació el 8 se septiembre de 1974 (fl. 21, cdno. 1), hijo de la señora Agripina Chía (nacida el 11 de junio de 1946, fl. 16, cdno. 1). Igualmente era hermano de José Abel (nacido el 20 de septiembre de 1982, fl. 24, cdno. 1), César Augusto (nacido el 28 de mayo de 1984, fl. 24b, cdno. 1), María Ligia (nacida el 22 de octubre de 1985, fl. 26, cdno. 1), Rosa Elvira (nacida el 19 de julio de 1987, fl. 27, cdno. 1) y Luis Rafael Parra Chía (nacido el 27 de octubre de 1979, fl. 23, cdno. 1), y de Víctor Julio (nacido el 22 de octubre de 1977, fl. 22, cdno. 1), Flor María (nacida el 20 de septiembre de 1966, fl. 18, cdno. 1) y Lorenzo Chía (nacido el 31 de marzo de 1970, fl. 19, cdno. 1).

14.3.4. El señor Alberto Quiroga —occiso— nació el 31 de octubre de 1965 (fl. 32, cdno.1 - registro civil de nacimiento), hijo del señora Bárbara Quiroga Báez (nacida el 28 de agosto de 1946, fl. 31, cdno. 1) y su padre de crianza, según los testimonios recaudados en el proceso, era el señor Álvaro Rojas Rivera(5); hermano de Jorge Enrique Quiroga (nacido el 15 de diciembre de 1966, fl. 33, cdno. 1) y Diana Rocío Rojas Quiroga (nacida el 23 de diciembre de 1982, fl. 34, cdno. 1) y nieto materno de Hermelinda Báez de Quiroga, madre de la señora Bárbara Quiroga Báez (fl. 31, cdno. 1).

14.3.5. El señor William Rojas Rojas —occiso— nació el 30 de octubre de 1973 (fl. 27, cdno. 7), hijo de la señora Custodia Rojas Rojas (nacida el 13 de julio de 1946, fl. 35, cdno. 1). William Rojas era hermano de Carlos Josué (nacido el 13 de julio de 1966, fl. 36, cdno. 1), Luz Marina (nacida el 21 de agosto de 1967, fl. 37, cdno. 1), Oscar (nacido el 15 de noviembre de 1974, fl. 39, cdno. 1) y Nancy Agudelo Rojas (nacida el 22 de noviembre de 1975, fl. 40, cdno. 1). En el registro civil de nacimiento de la señora Custodia Rojas Rojas —madre del occiso— aparece que ella era hija del señor Abel Rojas, lo que implica que este es abuelo materno del difunto (fl. 174, cdno. 7) y que, además, según las pruebas valoradas en conjunto, en especial los testimonios(6), se infiere los estrechos lazos afectivos de solidaridad y cercanía existentes con la víctima.

14.3.6. El señor Alexander Barbosa Muñoz —occiso— nació el 10 de noviembre de 1977 (fl. 4, cdno. 4) y era hijo del señor Rafael Barbosa (nacido el 4 de agosto de 1947, fl. 3, cdno. 4). En el registro civil de nacimiento de este último —padre del occiso— figura que él era hijo de la señora Ana Isabel Barbosa, lo que implica que esta era abuela paterna del difunto (fl. 3, cdno. 4).

14.3.7. El señor Walter Humbeiro Ortiz Gallego —occiso— nació el 29 de enero de 1976 (fl. 11, cdno. 4), era hijo de los señores Carlos Humbeiro Ortiz Álvarez y Marta Elena Gallego García. Sin embargo, Carlos Enrique Ortiz Madrid y Eleonora Álvarez de Ortiz fueron, tal como lo narran los testimonios(7) y al margen que no se haya aportado los registros civiles de nacimiento, se considera probado que fueron padres de crianza. En el presente proceso no obra el registro civil de nacimiento de la señora Marta Elena Gallego García —madre del occiso—, por lo que no se sabe a ciencia cierta si la demandante Teodolinda García era la madre de la primera y, en consecuencia, en esas condiciones, no está acreditada su calidad de abuela materna del difunto. Pese a lo anterior, obran en el proceso testimonios(8) que permiten inferir la condición de damnificada por el deceso de su ser querido, así como acreditar los lazos afectivos, por lo que, tal como lo sugiere el actor en la demanda, deberá ser tenida en el presente proceso como una tercera damnificada.

14.3.8. El señor Ulber Abello Bolaños —occiso— nació el 4 de junio de 1976 (fl. 26, cdno. 4), hijo de los señores José Octavio Abello Franco y María Luisa Bolaños (nacida el 4 de agosto de 1948, fl. 21, cdno. 2). Ulber Abello Bolaños era hermano de Wilson, Wilder, Marisol, Francy Lorena y Katherine Abello Bolaños (nacidos el 22 de enero de 1970, fl. 23, cdno. 4; 21 de julio de 1973, fl. 25, cdno. 4; 27 de abril de 1979, fl. 27, cdno. 4; 22 de abril de 1981, fl. 28, cdno. 4; y 26 de diciembre de 1984, fl. 29, cdno. 4 respectivamente), Alejandro Abello Ramírez (nacido el 19 de junio de 1952, fl. 354, cdno. p.), William Bolaños (nacido el 31 de marzo de 1972, fl. 24, cdno. 4) y Dahiana Alexandra Quevedo Bolaños (nacida el 11 de octubre de 1987, fl. 30, cdno. 4).

14.3.9. Harold Enrique Riascos Godoy —occiso— nació el 9 de agosto de 1971 (fl. 14, cdno. 1), hijo de los señores José Armendariz Riascos Torres (nacido el 30 de octubre de 1943, fl. 9, cdno. 1) y Flora Lorenza Godoy Preciado (nacida el 29 de abril de 1948, fl. 10, cdno. 1) quienes contrajeron matrimonio el 3 de noviembre de 1967 (fl. 12. cdno. 1). Asimismo, Harold Enrique Riascos Godoy era hermano de Galvis Janeth (nacida el 15 de noviembre de 1968, fl. 13, cdno. 1), Oscar Fernando (nacido el 30 de abril de 1974, fl. 16, cdno. 1) y Edwin Rubén Riascos Godoy (nacido el 17 de diciembre de 1977, fl. 17, cdno. 1)(9). Igualmente, dentro de la relación familiar biológica, se encuentra como hija y hermana de crianza del señor Harold Enrique Riascos Godoy, Yolima del Pilar Riascos(10).

14.4. El ordenamiento jurídico consagra la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, para lo cual la ley establece taxativamente unos términos dentro de los cuales el interesado tendrá la carga de promover el litigio a través de demanda. Si el recurso judicial se ejerce por fuera de este lapso temporal, aquel perderá la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

14.4.1. En ese orden de ideas, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.

14.4.2. Teniendo en consideración que los hechos datan del 3 de marzo de 1998 y que la demandas se interpusieron el 20 de abril de 1999 (18-001-23-31-002-1999-0124-00); 14 de diciembre de 1998 (18-001-23-31-002-1999-0003-00); 3 de diciembre de 1999 (18-001-23-31-003-1999-0468-00) y 30 de noviembre de 1999 (18-001-23-31-003-1999-0461-00) se concluye que no operó el fenómeno de la caducidad.

B. Validez de los medios de prueba

15. A propósito de los medios de convicción obrantes en el expediente, se observa lo siguiente:

15.1. En virtud del principio de lealtad y buena fe procesal, se valorarán, sin más formalidades, las pruebas pertinentes practicadas en la investigación disciplinaria adelantada por las fuerzas militares por la comisión de irregularidades cometidas el 3 de marzo de 1998 en el marco del ataque armado acaecido en la quebrada del Billar, jurisdicción de Cartagena del Chairá, cuyas copias auténticas reposan en el expediente por haber sido decretadas oportunamente como pruebas en el trámite de la primera instancia(11) (exp. 1999-0468-00, fl. 95, cdno. 1; 1999-003-001, fl. 83, cdno. 4; 1998-0124-043, fl. 58, cdno. 3).

15.1.1. Lo anterior por cuanto dicha prueba fue solicitada por los demandantes (exp. 1999-0468-00, fl. 95, cdno. 1; 1999-003-001, fls. 27, 28, cdno. 1, 83, cdno. 4; 1998-0124-043, fl. 58, cdno. 3) y mediante auto del 25 de junio la primera instancia la decretó. El a quo envió oficio 592 el 3 de junio de 1999 (fl. 3, cdno. 2) y las Fuerzas Militares remitieron copias auténticas del expediente disciplinario (fl. 1, cdno. 10).

15.2. Es de anotar que los testimonios obrantes en la investigación disciplinaria serán también valorados. Si bien es cierto que el testimonio practicado por fuera del proceso puede hacerse valer en un trámite judicial posterior si el testimonio es ratificado en el nuevo trámite, según los parámetros que, para tal efecto, establece el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, también lo es que, como excepción a la regla general que suple el trámite de ratificación prevista por la sentencia de unificación del 11 de septiembre del 2013(12), se puede valorar cuando se dirige la acción contra una entidad que ejerce la representación de la Nación como persona jurídica demandada y contra ella se hacen valer pruebas testimoniales que han sido practicadas por otra entidad que igualmente es parte de la Nación, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración.

15.2.1. Así las cosas, la Sala considera que es pertinente valorar los referidos testimonios, puesto que se cumple la excepción antes señalada: se trata de testimonios que si bien han sido recaudados en un proceso foráneo por el operador disciplinario militar, se los valorará en este proceso contencioso administrativo por tratarse de entes que pertenecen a la misma persona jurídica demandada —la Nación— que los practicó, con audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer, en una instancia diferente, y con observancia de las reglas del debido proceso.

15.3. Ahora bien, por no haberse rendido bajo la gravedad de juramento algunas declaraciones, requisito indispensable para que puedan considerarse como prueba testimonial, la Sala se abstendrá de valorar las indagatorias y versiones libres obrantes en esa investigación disciplinaria(13).

15.4. De acuerdo con la jurisprudencia unificada de la corporación sobre la valoración de recortes de prensa, los del periódico “El Espectador” (fl. 19, cdno. 1), allegados al expediente junto con la demanda 18-001-23-31-002-1999-0124-00 y decretados como prueba, pueden ser considerados no solamente para tener por acreditado el registro mediático de los hechos, sino también la existencia de los mismos, siempre y cuando tengan conexidad con otros medios de prueba y coincidan con ellos(14).

15.5. Se valorarán las copias simples aportadas por la parte actora por cuanto, según la sentencia de unificación de jurisprudencia proferida sobre el particular por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, “en tanto no sean tachadas de falsas por la contraparte, (dichas copias) sí tienen valor probatorio, lo que deviene en una especie de “autenticidad tácita” que no es otra cosa que la materialización del principio de buena fe constitucional”(15).

15.6. La providencia mediante la cual el operador disciplinario del Ejército Nacional declaró que los comandantes del batallón de contraguerrilla 52 y la brigada móvil 3(16), incurrieron en una falta disciplinaria por la comisión de irregularidades tiene valor probatorio para acreditar la existencia de dichas diligencias, esto, la del hecho objeto de la investigación(17).

C. Hechos probados

16. Valoradas las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

16.1. Desde mediados del año 1997, en razón de la alteración del orden público presentada en el sur de Colombia, específicamente en la región del Caguán y los fuertes hostigamientos de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, a las bases militares de “Las Delicias” y “Patascoy”, Nariño, el comando superior del Ejército Nacional ordenó la creación de la brigada móvil 3 con asiento la base aérea de Tres Esquinas, Caquetá, la cual sería agregada al comando de la cuarta división, con el objetivo de contrarrestar militarmente los ataques subversivos. En efecto, el comandante del Ejército Nacional, mayor general Mario Hugo Galán Rodríguez, mediante resolución del 1º de marzo de 1997, ordenó la creación de dicha brigada y se previó la siguiente estructura de funcionamiento: i) un comando y estado mayor; ii) la operación de cuatro unidades tácticas: a) Batallón de contraguerrilla 51 —a cargo del comandante mayor Joaquín Pablo Hernández Buitrago en el área rural de la inspección de Remolinos del Caguán—; b) Batallón de contraguerrillas 52 —a cargo del comandante mayor Jhon Jairo Aguilar Bedoya en el área general del sureste de Cartagena del Chairá—; c) Batallón de contraguerrillas 53, —a cargo del comandante mayor Wanumen Camargo Gildardo, en el área general de Santafé del Caguán—; d) Batallón de contraguerrillas 54 —a cargo del comandante mayor Jaime Borraez, en el área de Larandia(18); iii) unidades de apoyo para el combate - una agrupación aéreo táctica (AGAT) (fls. 1479 a 1480, cdno. 11).

16.2. En lo concerniente a los militares fallecidos cuyos familiares demandan dentro del presente proceso fueron concentrados, incorporados y asignados al batallón de contraguerrillas 52 de la brigada móvil 3 ubicada en inmediaciones de la quebrada El Billar, zona rural de Cartagena del Chairá (Caquetá) en 1997(19). Su proceso de incorporación al Ejército Nacional fue así:

16.2.1. Rafael Hernando Villalba Silva se incorporó al Ejército Nacional en calidad de soldado profesional desde el primero de enero de 1992 y, posteriormente, el 25 de agosto de 1995 como suboficial en el grado de cabo segundo. El 25 de agosto de 1997 fue asignado al batallón de contraguerrillas 52 (hoja de vida militar visible a fl. 76 y ss., cdno. pbas. 9, acumulado 26069).

16.2.2. Ricardo Rincón Suárez se incorporó al Ejército Nacional en calidad de soldado profesional desde el 19 de septiembre de 1991 y, posteriormente, el 21 de agosto de 1992 como suboficial en el grado de cabo segundo, carrera en la que ascendió, según promoción que tuvo lugar el 20 de agosto de 1995, hasta el grado de cabo primero. El 25 de agosto de 1997 fue asignado al batallón de contraguerrillas 52 (hoja de vida militar visible a fl. 82 y ss., cdno. pbas. 9, acumulado 26029).

16.2.3. William Rojas Rojas se incorporó al Ejército Nacional en calidad de soldado voluntario desde el 25 de septiembre de 1997 y, posteriormente, fue asignado al batallón de contraguerrillas 52 (certificado expedido por el subdirector del personal del Ejército Nacional a fl. 36 y ss., cdno. 7, acumulado 26029).

16.2.4. Alberto Quiroga se incorporó al Ejército Nacional en calidad de soldado regular desde el 10 de noviembre de 1983 y posteriormente, el 28 de febrero de 1985 como suboficial en el grado de cabo segundo. El 1º de marzo de 1997 ascendió hasta el grado de sargento viceprimero con lo que acumuló un tiempo total de 15 años al servicio de la institución castrense. El 26 de agosto de 1997 fue asignado al batallón de contraguerrillas 52 (hoja de vida militar visible a fl. 75 y ss., 422, cdno. 7, acumulado 26029).

16.2.5. Tulio Chía se incorporó al Ejército Nacional en calidad de soldado regular desde el 16 de junio de 1994 y posteriormente, el 1º de septiembre de 1997 se integró como soldado voluntario al batallón de contraguerrillas 52 (hoja de vida militar visible a fl. 71 y ss., 447. cdno. pruebas 7, acumulado 26069).

16.2.6. Ulber Abello Bolaños se incorporó al Ejército Nacional en calidad de soldado regular desde el 3 de marzo de 1995 y se retiró el 31 de agosto de 1996. Posteriormente, reingresó en calidad de soldado voluntario el 25 de septiembre de 1997 y fue asignado al batallón de contraguerrillas 52 (hoja de vida militar visible a fl. 238 y ss., cdno. 2, acumulado 28223).

16.2.7. Walter Humbeiro Ortiz Gallego se incorporó al Ejército Nacional en calidad de soldado regular desde el 30 de agosto de 1993 y posteriormente, el 1º de septiembre de 1997 como soldado voluntario. Más tarde, el señor Ortiz Gallego fue asignado al batallón de contraguerrillas 52 (hoja de vida militar visible a fl. 176, cdno. 2, acumulado 28223).

16.2.8. Alexander Barbosa Muñoz se incorporó al Ejército Nacional en calidad de soldado regular desde el 15 de diciembre de 1995 y posteriormente, el 1º de septiembre de 1997 como soldado voluntario. Más tarde, el señor Barbosa Muñoz fue asignado al batallón de contraguerrillas 52 (hoja de vida militar visible a fl. 193, cdno. 2, acumulado 28223).

16.2.9. Harold Enrique Riascos Godoy se incorporó al Ejército Nacional en calidad de soldado bachiller desde el 17 de julio de 1993 y, posteriormente, el 1º de enero de 1994 como dragoneante y ascendió, según Resolución 10666 del 30 de noviembre de 1995, hasta el grado de subteniente, el 1º de diciembre de 1995 (fls. 93 y 101, cdno. 2 —pruebas—); y fue asignado al batallón de contraguerrillas 52 de la brigada móvil 3.

16.3. El comandante de la brigada móvil 3 expidió varias órdenes tácticas de operaciones con destino a las diferentes unidades desplegadas en la zona a efectos de contrarrestar militarmente los hostigamientos del grupo guerrillero del bloque sur de las FARC, quienes tenían el control territorial en la región del medio y bajo Caguán desde hacía varios años. Las órdenes militares dirigidas al batallón de contraguerrillas 52 se detallarán a continuación:

16.3.1. En noviembre de 1997, el comandante de la brigada móvil 3, coronel Orlando Galindo Cifuentes, expidió la orden de operaciones fragmentaria 19 “Rastreador” con destino al comandante del batallón de contraguerrillas 52 (fl. 300, cdno. 10), cuyos apartes más importantes se destacan:

... El batallón de contraguerrillas 52 efectúa patrullaje ofensivo de registro y destrucción a partir del 0305:00 NOV-97 desde el área de Cartagena del Chaira dirección sureste hasta el área general de Panamá desde el nacimiento de la quebrada la toche para localizar el campamento que tienen los narco subversivos sobre la misma, capturarlos al igual que recuperar material de guerra e intendencia de uso privativo de la fuerza pública (...).

16.3.2. El 30 de diciembre de 1997, el comando de la cuarta división del ejército expidió la orden de operaciones 22 de 1997 con destino al comandante de la brigada móvil 3, a quien se le encomendó la siguiente misión:

1. Situación. a. Enemigo: El bloque sur de la ONT FARC con capacidad de realizar todo tipo de acciones terroristas contra tropas en movimiento o en bases fijas como lo sucedido en el puesto de Patascoy (Nariño). b. Propias tropas: Novena brigada, décima segunda brigada y brigada móvil 3. 2. Misión: La cuarta división del Ejército Nacional a partir del 0600-ENE-98 conduce operaciones ofensivas intensas y sostenidas en los departamentos de Huila y Caquetá, límites con los departamentos del Cauca y Putumayo con el fin de localizar y combatir las cuadrillas 2, 32 y 48 de las ONT FARC que asaltaron la base militar de Patascoy y que posiblemente se puedan desplazar hacia la jurisdicción de la novena brigada y décima segunda brigada. 3. Ejecución: a. Concepto de la operación. La operación consiste en desarrollar operaciones ofensivas en los departamentos de Huila y Caquetá, límites con el departamento del Cauca y Putumayo contra los terroristas del bloque sur de las ONT FARC. b. Misiones a unidades subordinadas:... Brigada móvil 3... (fls. 8 y 9, cdno. pbas. 10).

16.3.3. El 2 de enero de 1998 el comandante de la brigada móvil 3, siguiendo la orden de operaciones 22 de 1997 del comando de la cuarta división que asignó misiones a las unidades subordinadas, expidió la orden 1 “Atacador” por medio de la cual se agregó el batallón de contraguerrillas 54 a la brigada de fuerzas especiales con el fin de conducir operaciones de contraguerrillas en el área general de Larandia, Putumayo. El mismo 2 de enero de 1998, el comando de la brigada móvil 3 expidió la orden 2 “Rompedor” donde se encargó a los batallones de contraguerrilla 51, 52 y 53 que condujeran operaciones ofensivas de contraguerrillas en el área general del medio y bajo Caguán para neutralizar los hostigamientos del bloque sur de las FARC. El informe de inteligencia informó que la cuadrilla XIV de las FARC contaba con 120 bandoleros e igual número de armas (fls. 893 y ss., cdno. 10 - caso táctico).

16.3.4. El 6 de febrero de 1998, el comandante de la brigada móvil 3 expidió la orden de operaciones 3/98 “Trepador”, donde manifestó, en relación con las actividades de las cuadrillas XIV y XV de las FARC, que “... por informaciones de alta credibilidad se tiene conocimiento que el bloque sur de la ONT FARC continúan en sus planes de efectuar acciones terroristas contra las tropas que en la actualidad operan en el medio y bajo Caguán ... a través de inteligencia técnica y humana se sabe de la presencia de integrantes de las cuadrillas XIV y XV de las ONT-FARC en número aproximado de 80 bandoleros por el sector del caserío “Las Camelias” y de otro grupo sin determinar a la altura de la quebrada “El Billar”...”. En el numeral 3º de la orden de operaciones, correspondiente a la “ejecución” de la misma, se especificó que el batallón de contraguerrilla 52 estaba compuesta de cinco (5) compañías (A, B, C, D y E), de las cuales 2 (la A y la B) se encontraban en licencia en atención a la ejecución de los planes de bienestar y reentrenamiento programadas por el comando del Ejército Nacional. Al batallón de contraguerrillas 52 se le ordenó esta misión:

La maniobra consiste en efectuar operaciones de registro y destrucción con dos batallones de contraguerrillas y uno en la reserva, así:

BCG-52

Compañías “A” y “B” inician infiltración desde Peñas Coloradas hasta la quebrada Las Ánimas, efectúa maniobras de emboscadas, cierres y bloqueos, controlando corredores de movilidad sobre el sector.

Se preparan para evacuación del área a orden (plan bienestar y reentrenamiento).

Compañías “C”, “D” y “E” inician infiltración desde Peñas Coloradas hasta la desembocadura de la quebrada el Billar; efectúa maniobras de emboscadas, cierres y bloqueos, controlando corredores de movilidad sobre el sector.

(...).

A orden alista las compañías “A” y “B” para ser evacuadas del área (plan bienestar y reentrenamiento) (fls. 19 y ss., cdno. 10) —se subraya—.

16.3.5. El 25 de febrero de 1998, el comandante de la brigada móvil 3 emitió la orden de operaciones fragmentaria 1/98 “Cazador” con destino al batallón de contraguerrillas 52, en la que advirtió que en la región operaban las cuadrillas XIV y XV de las FARC y estaban compuestas de 80 “bandoleros”, a quienes se debía neutralizar. La información consignada en la misión señaló:

I. Situación: a. Enemigo. Por informaciones de alta credibilidad se tiene conocimiento de que el bloque sur de la ONT FARC continúa en sus planes de efectuar operaciones terroristas contra las tropas que en la actualidad operan en el medio y bajo Caguán. A través de inteligencia técnica y humana se sabe de la presencia de integrantes de las cuadrillas XIV y XV de las ONT-FARC en un número aproximado de 80 bandoleros por el sector del caserío ´Las Camelias´ y de otro grupo sin determinar a la altura de la desembocadura de la quebrada “El Billar”. Además de lo anterior, es posible el desplazamiento de los soldados secuestrados en el cerro de “Patascoy” por el área de operaciones... 2. Misión: El batallón de contraguerrillas 52 a partir del día 2519:00-FEB-98 (sic) inicia operaciones de registro y destrucción en el medio y bajo Caguán sector parte alta de la quebrada “El Billar”, con el fin de neutralizar los planes terroristas y de narcotráfico, de las cuadrillas XIV y XV de las ONT FARC y a su vez bloquear los corredores de movilidad y producir su captura o baja si ofrecen resistencia armada; simultáneamente continuar con el cumplimiento de la orden de operaciones 3 “Trepador” con el fin de poder ubicar y rescatar a los soldados secuestrados... (fls. 24 y ss., cdno. 10).

16.4. Hacia las 4:20 p.m. del 2 de marzo de 1998, miembros del grupo guerrillero FARC, en un número que, según lo informado por distintos medios de comunicación(20), se calculaba en 1.200 hombres, atacaron a las dos compañías del batallón de contraguerrillas 52, en el caño El Billar, que se encontraban en cumplimiento de la orden fragmentaria 1/98 “Cazador”, resultando: i) 62 soldados muertos; ii) 25 soldados y 2 suboficiales secuestrados; iii) 18 soldados y 2 oficiales heridos; iv) 16 soldados desaparecidos y 27 soldados ilesos para un total de 152 hombres (auto de apertura de investigación disciplinaria en contra del coronel Orlando Galindo Cifuentes, comandante de la BRIM-3; mayor Jhon Jairo Aguilar Bedoya, comandante del batallón de contraguerrillas 52 orgánico de la BRIM3 —fl. 780, cdno. 10; oficio 1028/BRIM-3 CDO-PO-375 del 7 de marzo de 1998, informe de los hechos operacionales suscrito por el comandante de la brigada móvil 3 coronel Orlando Galindo Cifuentes y remitido al comandante del Ejército Nacional —fls. 1 a 6, cdno. 10).

16.5. En procura de brindar ayuda al personal sobreviviente del batallón de contraguerrillas 52, el comandante de la brigada móvil 3 expidió la orden de operaciones fragmentaria 2/98 “Cazador-II”, con destino al batallón de contraguerrillas 51, al mando del mayor Joaquín Pablo Hernández Buitrago; no obstante, no fue posible el desembarco de la unidad táctica de apoyo aéreo debido al abundante fuego y solo se logró desembarcar el 3 de marzo de 1998. Los uniformados encargados de asegurar el terreno llegaron a la zona de la reyerta militar sin tener conocimiento con exactitud de la situación de las dos compañías atacadas:

16.5.1. El 3 de marzo de 1998, el comandante de la brigada móvil 3 expidió la orden de operaciones fragmentaria 2/98 “Cazador-II”, con destino al batallón de contraguerrillas 51, al mando del mayor Joaquín Pablo Hernández Buitrago, donde se le encargó brindar ayuda a los sobrevivientes del batallón de contraguerrillas 52; no obstante, no fue posible el desembarco de la unidad táctica de apoyo aéreo debido al abundante fuego y solo se logró desembarcar el 3 de marzo de 1998:

El batallón de contraguerrillas 51 a partir del día 0306:00-MAR 98 efectúa movimiento aerotransportado en avión C-47 de la Fuerza Aérea desde Larandia al PDM en Tres Esquinas y posteriormente a orden del comando de la brigada se inicia penetración al área de operaciones sitio “quebrada del Billar” con el fin de apoyar al batallón de contraguerrillas 52 que se encuentran en combates desde el día domingo (1 de marzo), recuperar el sector y producir la captura o baja de los integrantes de esas cuadrillas si ofrecen resistencia armada; simultáneamente continuar con el cumplimiento de la orden de operaciones “Trepador” con el fin de poder ubicar y rescatar los soldados secuestrados (...). La intención del comando de la brigada con la presente operación es la de apoyar y continuar las operaciones, poder rescatar y evacuar personal herido y asesinado del BCG-52, los cuales se encuentran en contacto armado contra la cuadrilla XIV de las ONT FARC desde hace dos días —fls. 27 a 29, cdno. 10 y fls. 1 a 6, cdno. 10, oficio 1028/BRIM-3 CDO-PO-375 del 7 de marzo de 1998, informe de los hechos operacionales suscrito por el comandante de la brigada móvil 3 coronel Orlando Galindo Cifuentes y remitido al comandante del Ejército Nacional.

16.5.2. El 4 de marzo de 1998, el comandante de la brigada móvil 3, coronel Orlando Galindo Cifuentes expidió la orden de operaciones fragmentaria 4/98 “Fortaleza”, donde se precisó:

Desde el 27-FEB-98 el batallón de contraguerrillas 52, en desarrollo de operaciones ofensivas ha sostenido contacto armado con integrantes de las ONT FARC en los que han resultado asesinados y heridos miembros de esta unidad operativa menor en el área general de la “Quebrada El Billar”, jurisdicción del medio Caguán. En la actualidad se desconoce la situación de dos compañías del citado batallón después de sostener intensos combates en dicho sector contra un número indeterminado de antisociales de las cuadrillas XIV y XV de las ONT-FARC —fls. 30 a 34, cdno. 10—.

16.6. Dentro del grupo de militares fallecidos que hacían parte de la unidad táctica —Batallón de contraguerrillas 52— se encuentran relacionados los siguientes:

16.6.1. En el informe administrativo por muerte 105 se consignó respecto del soldado voluntario William Rojas Rojas lo siguiente:

Lugar y fecha: Sitio quebrada El Billar jurisdicción inspección Remolinos del Caguán 03-16:25-MAR-98.

(...).

El 03-16:25-MAR-98, tropas del batallón de contraguerrillas 52 de la brigada móvil 3, se encontraban en el sitio denominado QUEBRADA EL BILLAR, inspección rural de REMOLINOS DEL CAGUÁN, jurisdicción del municipio de CARTAGENA DEL CHAIRÁ, realizando operaciones de registro y control del área, las compañías “C” - “D” – “E” entraron en contacto armado con EL SECRETARIADO BLOQUE SUR – CUADRILLAS 14 Y 15 – COMPAÑÍA MÓVIL TEÓFILO FORERO – COMPAÑÍA FUERZAS ESPECIALES RAMÍREZ DE LAS ONT FARC, atacaron con armas de uso privativo de las FF. MM., posteriormente en el intercambio de disparos y granadas fue asesinado El SLV. ROJAS ROJAS WILLIAM C.M. 78070605600. ESTE COMANDO CONCEPTÚA QUE LA MUERTE SLV. ROJAS ROJAS WILLIAM CM (...) FUE “MUERTE EN COMBATE”... (fl. 42, cdno. 6, mayúsculas y subrayas del texto citado).

16.6.1.1. Al proceso se aportó certificado de defunción A179230 elaborado por el Instituto de Medicina Legal (fl. 268, cdno. 7, acumulado 26029, cdno. 6) y certificado de defunción inscrito el 7 de marzo de 1998, donde se constata que William Rojas Rojas murió en la quebrada del Billar, Cartagena del Chaira, como consecuencia de la onda explosiva de artefacto militar cuando se suscitaba confrontación armada entre el Ejército Nacional y el grupo guerrillero FARC el 3 de marzo de 1998. Para el momento de su fallecimiento, el soldado voluntario William Rojas Rojas devengaba un salario mensual de $ 381.845 pesos, de conformidad con la certificación expedida por el jefe de la sección de procesamiento del comando del Ejército Nacional, expedida en abril de 1999 (fl. 32, cdno. 7, acumulado 26069).

16.6.2. En el informe administrativo por muerte Nº 40 se consignó respecto del cabo segundo Rafael Hernando Villalba Silva lo siguiente:

LUGAR Y FECHA: SITIO QUEBRADA EL BILLAR JURISDICCIÓN INSPECCIÓN REMOLINOS DEL CAGUÁN 03-16:25-MAR-98.

(...).

El 03-16:25-MAR-98, tropas del batallón de contraguerrillas 52 de la brigada móvil 3, se encontraban en el sitio denominado QUEBRADA EL BILLAR, inspección rural de REMOLINOS DEL CAGUÁN, jurisdicción del municipio de CARTAGENA DEL CHAIRÁ, realizando operaciones de registro y control del área, las compañías “C” - “D” - “E” entraron en contacto armado con EL SECRETARIADO BLOQUE SUR - CUADRILLAS 14 Y 15 - COMPAÑÍA MÓVIL TEÓFILO FORERO - COMPAÑÍA FUERZAS ESPECIALES RAMÍREZ DE LAS ONT FARC, atacaron con armas de uso privativo de las FF. MM., posteriormente en el intercambio de disparos y granadas fue asesinado el CS. VILLALBA SILVA RAFAEL HERNANDO C.M. 93393257. ESTE COMANDO CONCEPTÚA QUE LA MUERTE DEL CS. VILLALBA SILVA RAFAEL HERNANDO (...) FUE “MUERTE EN COMBATE” (fl. 17, acumulado 26029, cdno. 6, mayúsculas y subrayas del texto citado).

16.6.2.1. Al proceso se aportó registro civil de defunción 2218414 (fl. 16, acumulado 26029, cdno. 6) y certificado de defunción inscrito el 16 de marzo de 1998, correspondiente a Rafael Hernando Villalba Silva (fl. 16, cdno. 9 - certificado de defunción) donde se constata que este último murió en la quebrada del Billar, Cartagena del Chairá, como consecuencia de la onda explosiva de artefacto militar cuando se libraba combates con subversivos de las FARC, el 3 de marzo de 1998. Para el momento de su fallecimiento, el cabo segundo Rafael Hernando Villalba devengaba un salario mensual de $ 389.976 pesos, de conformidad con la certificación expedida el 3 de septiembre de 2001 por la coordinadora del grupo archivo general del Ministerio de Defensa Nacional (fl. 312, cdno. 9, acumulado 26069).

16.6.3. En el informe administrativo por muerte 115 se consignó respecto al cabo primero Ricardo Rincón Suárez lo siguiente:

LUGAR Y FECHA: SITIO QUEBRADA EL BILLAR JURISDICCIÓN INSPECCIÓN REMOLINOS DEL CAGUÁN 03-16:25-MAR-98.

(...).

El 03-16:25-MAR-98, tropas del batallón de contraguerrillas 52 de la brigada móvil 3, se encontraban en el sitio denominado QUEBRADA EL BILLAR, inspección rural de REMOLINOS DEL CAGUÁN, jurisdicción del municipio de CARTAGENA DEL CHAIRÁ, realizando operaciones de registro y control del área, las compañías “C” - “D” – “E” entraron en contacto armado con EL SECRETARIADO BLOQUE SUR – CUADRILLAS 14 Y 15 – COMPAÑÍA MÓVIL TEÓFILO FORERO – COMPAÑÍA FUERZAS ESPECIALES RAMÍREZ DE LAS ONT FARC, atacaron con armas de uso privativo de las FF. MM., posteriormente en el intercambio de disparos y granadas fue asesinado el CP. RINCÓN SUÁREZ RICARDO C.M. 79634694. ESTE COMANDO CONCEPTÚA QUE LA MUERTE DEL CP. RINCÓN SUÁREZ RICARDO (...) FUE “MUERTE EN COMBATE”... (fl. 26, acumulado 26029, cdno. 6, mayúsculas y subrayas del texto citado).

16.6.3.1. Obra certificado de defunción 3469512 (fl. 25, cdno. 6, acumulado 26029) y registro civil de defunción inscrito el 20 de febrero de 1999 donde se constata que el señor Ricardo Rincón Suárez murió por impactos de proyectil de arma de fuego como resultado de la reyerta militar que tuvo lugar entre el Ejército Nacional y las FARC, el 3 de marzo de 1998 (fl. 17, cdno. 9, acumulado 26029). Para el momento de su fallecimiento, el cabo primero Ricardo Rincón Suárez devengaba un salario mensual de $ 395.068, de conformidad con la certificación expedida por la coordinadora del grupo archivo general del Ministerio de Defensa Nacional el 3 de septiembre del 2001 (fl. 311, cdno. 9, acumulado 26069).

16.6.4. En el informe administrativo por muerte 54 se consignó respecto al soldado voluntario Tulio Chía lo siguiente:

LUGAR Y FECHA: SITIO QUEBRADA EL BILLAR JURISDICCIÓN INSPECCIÓN REMOLINOS DEL CAGUÁN 03-16:25-MAR-98.

(...).

El 03-16:25-MAR-98, tropas del batallón de contraguerrillas 52 de la brigada móvil 3, se encontraban en el sitio denominado QUEBRADA EL BILLAR, inspección rural de REMOLINOS DEL CAGUÁN, jurisdicción del municipio de CARTAGENA DEL CHAIRÁ, realizando operaciones de registro y control del área, las compañías “C” - “D” – “E” entraron en contacto armado con EL SECRETARIADO BLOQUE SUR – CUADRILLAS 14 Y 15 – COMPAÑÍA MÓVIL TEÓFILO FORERO – COMPAÑÍA FUERZAS ESPECIALES RAMÍREZ DE LAS ONT FARC, atacaron con armas de uso privativo de las FF. MM., posteriormente en el intercambio de disparos y granadas fue asesinado el SLV. CHÍA TULIO C.M. 74270389. ESTE COMANDO CONCEPTÚA QUE LA MUERTE DEL SLV. CHÍA TULIO (...) FUE “MUERTE EN COMBATE”... (fls. 61, 448, cdno. 7, acumulado 26029, mayúsculas y subrayas del texto citado).

16.6.4.4. Obra el registro de defunción 2218369 de la Notaría Primera de Florencia (fl. 449, cdno. 7, acumulado 26029) y certificado de defunción A179408 inscrito el 9 de marzo de 1998, por medio de los cuales se acredita que el señor Tulio Chía murió en hostilidades militares con las FARC, el 3 de marzo de 1998 en la Quebrada el Billar, Cartagena del Chairá, Caquetá (fl. 18, cdno. 1). Para el momento de su fallecimiento, el soldado profesional Tulio Chía devengaba un salario mensual de $ 382.976, de conformidad con la Resolución 3224 del 21 de agosto de 1998 expedida por el subjefe del estado mayor del Ejército Nacional (fls. 73 y 457, cdno. 7, acumulado 26069).

16.6.5. En el informe administrativo por muerte del sargento viceprimero Alberto Quiroga se consignó lo siguiente:

LUGAR Y FECHA: SITIO QUEBRADA EL BILLAR JURISDICCIÓN INSPECCIÓN REMOLINOS DEL CAGUÁN 03-16:25-MAR-98.

(...).

El 03-16:25-MAR-98, tropas del batallón de contraguerrillas 52 de la brigada móvil 3, se encontraban en el sitio denominado QUEBRADA EL BILLAR, inspección rural de REMOLINOS DEL CAGUÁN, jurisdicción del municipio de CARTAGENA DEL CHAIRÁ, realizando operaciones de registro y control del área, las compañías “C” - “D” – “E” entraron en contacto armado con EL SECRETARIADO BLOQUE SUR – CUADRILLAS 14 Y 15 – COMPAÑÍA MÓVIL TEÓFILO FORERO – COMPAÑÍA FUERZAS ESPECIALES RAMÍREZ DE LAS ONT FARC, atacaron con armas de uso privativo de las FF. MM., posteriormente en el intercambio de disparos y granadas, se realizaron un registro con tropas orgánicas de esta unidad operativa menor y no se encontró el SV. QUIROGA ALBERTO CM. 8344571 ESTE COMANDO CONCEPTÚA QUE LA PRESUNTA DESAPARICIÓN DEL SV. QUIROGA ALBERTO (...) FUE “EN COMBATE O COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN DEL ENEMIGO”(21) (fl. 423, cdno. 7, acumulado 26029, mayúsculas y subrayas del texto citado).

16.6.5.1. Obra registro de defunción 3423381 de la Notaría Primera de Florencia, fechado 19 de agosto de 1998 (fl. 247, cdno. 7, acumulado 26029) y certificado de defunción A179443, inscrito el 11 de marzo de 1998, por medio de los cuales se acredita que el señor Alberto Quiroga murió en hostilidades militares sostenidas con las FARC, el 3 de marzo de 1998 en la quebrada el Billar, Cartagena del Chaira (fl. 272, cdno. 7, acumulado 26029). Para el momento de su fallecimiento, el sargento viceprimero Alberto Quiroga devengaba un salario mensual de $ 913.388.67 pesos, de conformidad con el expediente de prestaciones sociales (fl. 443, cdno. 7, acumulado 26069).

16.6.6. En el informe administrativo por muerte 47 se consignó respecto al soldado Alexander Barbosa Muñoz lo siguiente:

LUGAR Y FECHA: SITIO QUEBRADA EL BILLAR JURISDICCIÓN INSPECCIÓN REMOLINOS DEL CAGUÁN 2-16:25--MAR-98.

(...).

El 02-16:25-MAR-98, tropas del batallón de contraguerrillas 52 de la brigada móvil 3, se encontraban en el sitio denominado QUEBRADA EL BILLAR, inspección rural de REMOLINOS DEL CAGUÁN, jurisdicción del municipio de CARTAGENA DEL CHAIRÁ, realizando operaciones de registro y control del área, las compañías “B, (sic) entraron en contacto armado al parecer con EL SECRETARIADO BLOQUE SUR- CUADRILLAS 14 Y 15 – COMPAÑÍA MÓVIL TEÓFILO FORERO – COMPAÑÍA FUERZAS ESPECIALES RAMÍREZ DE LAS ONT FARC, atacaron con armas de uso privativo de las FF. MM., posteriormente en el intercambio de disparos y granadas, fue asesinado SLV. BARBOSA MUNOS (sic) ALEXANDER... ESTE COMANDO CONCEPTÚA QUE LA MUERTE SLV. BARBOSA MUNOS (sic) ALEXANDER “MUERTE EN COMBATE” (fl. 177, cdno. 2, acumulado 28223, mayúsculas y subrayas del texto citado).

16.6.6.1. Obra certificado de defunción A179426 del Instituto de Medicina Legal, regional suroriente, Florencia, fechado 11 de marzo de 1998 (fls. 40 y 126, cdno. 2, acumulado 28223) y registro de defunción 2218392 (fl. 195, cdno. 2, acumulado 28.223), donde se constata que señor Alexander Barbosa Muñoz falleció como consecuencia de las hostilidades libradas el 3 de marzo de 1998 entre efectivos del Ejército Nacional y las FARC en la quebrada El Billar, Cartagena del Chaira, Caquetá. Para el momento de su fallecimiento, el soldado Barbosa Muñoz devengaba un salario mensual de $ 313.077.12 pesos, de conformidad con el expediente de prestaciones sociales (fl. 133, cdno. 2, acumulado 28223).

16.6.7. En el informe administrativo por muerte 63 se consignó respecto al sargento viceprimero Walter Humberto Ortiz Gallego lo siguiente:

LUGAR Y FECHA: SITIO QUEBRADA EL BILLAR JURISDICCIÓN INSPECCIÓN REMOLINOS DEL CAGUÁN 03-MAR-98.

(...).

El 03-1 MAR-98, tropas del batallón de contraguerrillas 52 de la brigada móvil 3, se encontraban en el sitio denominado QUEBRADA EL BILLAR, inspección rural de REMOLINOS DEL CAGUÁN, jurisdicción del municipio de CARTAGENA DEL CHAIRÁ, realizando operaciones de registro y control del área, las compañías (sic) “B, (sic) entraron en contacto armado al parecer con EL SECRETARIADO BLOQUE SUR - CUADRILLAS 14 Y 15 – COMPAÑÍA MÓVIL TEÓFILO FORERO – COMPAÑÍA FUERZAS ESPECIALES RAMÍREZ DE LAS ONT FARC, atacaron con armas de uso privativo de las FF. MM., posteriormente en el intercambio de disparos y granadas, fue asesinado SLV. ORTIZ GALLEGO WALTER HUMBERTO... ESTE COMANDO CONCEPTÚA QUE LA MUERTE SLV. ORTIZ GALLEGO WALTER HUMBERTO “MUERTE EN COMBATE” (fl. 177, cdno. 2, acumulado 28223, mayúsculas y subrayas del texto citado).

16.6.7.1. Obra certificado de defunción A179402 del Instituto de Medicina Legal, regional suroriente, Florencia, fechado 9 de marzo de 1998 (fls. 41 y 99, cdno. 2, acumulado 28223) y registro civil de defunción 2218361, donde se certifica que Ortiz Gallego falleció en aquella fecha por causas violentas (fl. 178, cdno. 2, acumulado 28223). Para el momento de su fallecimiento, el soldado Ortiz Gallego devengaba un salario mensual de $ 313.077.12 pesos, de conformidad con el expediente de prestaciones sociales (fl. 134, cdno. 2, acumulado 28223).

16.6.8. En el informe administrativo por muerte 41 se consignó respecto al soldado Ulber Abello Bolaños lo siguiente:

LUGAR Y FECHA: SITIO QUEBRADA EL BILLAR JURISDICCIÓN INSPECCIÓN REMOLINOS DEL CAGUÁN 2-16:25-MAR-98.

(...).

El 02-16:25-MAR-98, tropas del batallón de contraguerrillas 52 de la brigada móvil 3, se encontraban en el sitio denominado QUEBRADA EL BILLAR, inspección rural de REMOLINOS DEL CAGUÁN, jurisdicción del municipio de CARTAGENA DEL CHAIRÁ, realizando operaciones de registro y control del área, las compañías “B, (sic) entraron en contacto armado al parecer con EL SECRETARIADO BLOQUE SUR- CUADRILLAS 14 Y 15 – COMPAÑÍA MÓVIL TEÓFILO FORERO – COMPAÑÍA FUERZAS ESPECIALES RAMÍREZ DE LAS ONT FARC, atacaron con armas de uso privativo de las FF. MM., posteriormente en el intercambio de disparos y granadas, fue asesinado SLV. ABELLO BOLAÑOS ULBERT (sic)...ESTE COMANDO CONCEPTÚA QUE LA MUERTE SLV. ABELLO BOLAÑOS ULBERT (sic) “MUERTE EN COMBATE” (fl. 204, cdno. 2, acumulado 28223, mayúsculas y subrayas del texto citado).

16.6.8.1. Obra certificado de defunción A179407 del Instituto de Medicina Legal, regional suroriente, Florencia, fechado 9 de marzo de 1998 (fls. 42 y 112, cdno. 2, acumulado 28223) y registro civil de defunción 2218367 (fl. 205, cdno. 2, acumulado 28.223) correspondiente a Ulber Abello Bolaños donde se constata que este último falleció en hostilidades militares el 3 de marzo de 1998 cuando en la quebrada El Billar, Cartagena del Chaira, Caquetá, el Ejército Nacional entraba en contacto armado con las FARC. Para el momento de su fallecimiento, el soldado Abello Bolaños devengaba un salario mensual de $ 313.077.12 pesos, de conformidad con el expediente de prestaciones sociales (fl. 135, cdno. 2, acumulado 28223).

16.6.9. En el informe administrativo por muerte 34 se consignó respecto al teniente Harold Enrique Riascos Godoy lo siguiente:

LUGAR Y FECHA: SITIO QUEBRADA EL BILLAR JURISDICCIÓN INSPECCIÓN REMOLINOS DEL CAGUÁN 2-16:25-MAR-98.

(...)

El 03-MAR-98, tropas del batallón de contraguerrillas 52 de la brigada móvil 3, se encontraban en el sitio denominado QUEBRADA EL BILLAR, inspección rural de REMOLINOS DEL CAGUÁN, jurisdicción del municipio de CARTAGENA DEL CHAIRÁ, realizando operaciones de registro y control del área, las compañías “B, (sic) entraron en contacto armado al parecer con EL SECRETARIADO BLOQUE SUR- CUADRILLAS 14 Y 15 – COMPAÑÍA MÓVIL TEÓFILO FORERO – COMPAÑÍA FUERZAS ESPECIALES RAMÍREZ DE LAS ONT FARC, atacaron con armas de uso privativo de las FF. MM., posteriormente en el intercambio de disparos y granadas, fue asesinado ST. RIASCOS GODOY HAROLD ENRIQUE (sic)...ESTE COMANDO CONCEPTÚA QUE LA MUERTE ST. RIASCOS GODOY HAROLD ENRIQUE... “MUERTE EN COMBATE” (fl. 42, cdno. 2 pbas., mayúsculas y subrayas del texto citado).

16.6.9.1. Obra registro de defunción 2218363 de la Notaría Primera de Florencia (fl. 18, cdno. 4) y certificado de defunción A 179405 inscrito el 2 de marzo de 1998, correspondiente a Harold Enrique Riascos Godoy, donde se constata que este último murió en hostilidades militares el 3 de marzo de 1998 en la quebrada El Billar, Cartagena del Chaira, Cartagena, cuando el Ejército Nacional se enfrentó con las FARC (fl. 26, cdno. 2 pbas.). Para el momento de su fallecimiento, el teniente Riascos Godoy devengaba un salario mensual de $ 1.047.204.52 pesos, de conformidad con el expediente de prestaciones sociales (fl. 157, cdno. 2 pbas.).

16.7. Después de la confrontación armada que tuvo lugar por tres días entre finales de febrero e inicios de marzo de 1998 en la quebrada del Billar en la que el batallón de contraguerrilla 52 de la brigada móvil 3 fue derrotado por los frentes XIV - XV y la columna “Teófilo Forero” de las FARC, la decimoquinta brigada de la quinta división del Ejército Nacional elaboró un informe de evaluación técnico y táctico cuyos resultados se conocen como “Caso táctico El Billar” donde se estableció que la unidad menor no fue adecuadamente conformada por el comando del Ejército Nacional, ni contó con material de guerra idóneo y suficiente, ni se adelantaron estudios de inteligencia adecuados de despliegue contraguerrillero. Por ser de interés para los hechos que convocan el presente proceso y en la medida que este hecho probado tiene íntimo vínculo con la estructuración de la responsabilidad que aquí se estudia, se citarán algunas consideraciones del informe militar:

I. Resumen de los hechos: Hechos ocurridos el 021620-MAR-98 en el sitio quebrada El Billar, Inspección de Santafé del Caguán, municipio de Cartagena del Chairá; cuando el bloque sur de las FARC con las cuadrillas 14, 15, las columnas “Teófilo Forero”, “Pedro Martínez”, y las compañías “Roberto Marín”, “Eduardo Cortés” y “Urías Cuellar”, efectuaron un golpe de mano a las compañías C, D y E del batallón de contraguerrillas 52 orgánico de la brigada móvil 3 siendo asesinados sesenta y dos (62) uniformados, cuarenta y tres (43) secuestrados, cuarenta y siete sobrevivientes (47), dos (2) desaparecidos, así como la pérdida de gran cantidad de material de guerra, intendencia y comunicaciones.

(...).

C. Desarrollo de la operación (anexo G): 27-FEB-98. El batallón de contraguerrillas 52 inicia el cumplimiento de las ORDOP 1 “Cazador” emitida por el comando de la BRIM 3, con treinta y seis (36) horas de retardo e incumpliendo la orden de infiltración...

(...).

IV. Análisis de la operación

A. Actuación propias tropas

1. Aspectos positivos.

(...).

2. Aspectos negativos.

a. La falta de granadas de fusil se convirtió en una gran ventaja para la guerrilla, en razón a que por las condiciones topográficas eran las más adecuadas y de mayor rendimiento que las mismas granadas de mortero.

b. No existía suficiente dispersión en el dispositivo de contraguerrillas en el momento del ataque, en razón a que las unidades estaban relativamente cerca; las compañías realizaban actividades administrativas; no habían medidas eficaces de alerta; establecieron la base móvil frente a un claro, contiguo a una casa y cerca de un camino; recibieron fuego simultáneo y de todas las direcciones; la mayoría de las bajas fue (sic) a través de granadas de mortero y de fusil, lo cual demuestra que el dispositivo no mostraba una excelente dispersión.

c. La cantidad de municiones de carga básica y de reserva era de solo 280 cartuchos por fusil, la cual no era la adecuada para el área de operaciones, las condiciones del enemigo y la dificultad para reabastecer.

d. No contaban con brazaletes de identificación, y es un mecanismo de contrainteligencia que facilita la coordinación de la maniobra y evita enfrentamientos entre las propias tropas.

e. No hubo protección y empleo adecuado de los radio operadores, en razón a que de 4 radios PRC-730 el único que no fue neutralizado fue el radio operador del comandante del batallón. Esto fue determinante, en razón a que no se pudo coordinar la reacción de las unidades y tampoco se pudo conducir el apoyo de fuego aerotáctico.

f. No se efectuaron operaciones de registro múltiples hacia diferentes direcciones, en razón a que de las tres compañías de contraguerrillas solo una lo realizó, y lo recomendado es que cada unidad debe realizar sus propias acciones para aumentar la seguridad.

g. No se estudió —ni se estudia— al enemigo y no se conocen sus nuevas tácticas de operar, cuando evidentemente el enemigo cualitativamente evolucionó de guerra de guerrillas a una guerra de movimiento de posiciones, en donde se emplean con gran propiedad los principios de la masa y la sorpresa, con el fin de aniquilar al adversario sin importar los costos de las bajas guerrilleras en un combate abierto.

h. Operar en un área geográfica como el Caquetá sin comunicación satelital, es una gran ventaja que se otorga a la guerrilla, por cuanto es evidente que la cobertura de una estación de relevo es mínima y la señal la absorbe la propia selva. Esta última limitante es definitiva en las operaciones desarrolladas en la selva.

i. Al disminuirse los efectivos del batallón en un 50% por motivos de licencia de personal, no se dispuso de un apoyo o refuerzo inmediato que contrarrestara dicha vulnerabilidad.

j. Cocinar con leña, se constituyó en una permanente vulnerabilidad, en virtud de que ese proceso repetitivo le permite al enemigo conocer la ubicación de las tropas, dado el perfecto dominio del área, sus características y accidentes geográficos.

k. No se escanearon las comunicaciones de la guerrilla, cuando es evidente que para reunir y coordinar los movimientos de las cuadrillas, su uso debió ser permanente y continuo.

l. No se valoró la dimensión, trascendencia e importancia de un contacto armado el día 27-FEB-98 y el contacto armado el día domingo 0109:00-MAR-98 (perece un soldado y otro sale herido), una alarma en la noche de ese mismo domingo, todo lo cual confirmaba la presencia de la guerrilla, en un área donde históricamente las cuadrillas actúan como una sola unidad, dado el dominio absoluto de la región. Todo ello lo confirman los grandes asaltos que han desarrollado en el área general del Caquetá. En cierta medida no se valoró ni el riesgo ni el nivel de amenaza del área donde se operaba.

m. Las unidades no tenían concepción clara del plan de reacción y seguridad, el cual debe contemplar como mínimo un registro, un dispositivo disperso de los equipos de combate y una responsabilidad de los sectores a través del sistema del reloj.

n. Las compañías “C” y “D” no tenían carta del área, lo cual las condicionaba a estar cerca del comandante del batallón y a tomar contacto directo con el mismo. Lo anterior generaba concentración de tropas y aumento de vulnerabilidad.

ñ. No se aplicaban las técnicas de contraguerrillas y no existía un esquema de maniobra para empleo de las compañías de contraguerrillas, debido a que el desplazamiento entre Mata de Guadua y El Billar las compañías “D”, “E” y “C” lo hicieran en ese orden, una detrás de la otra, además era permanente el empleo de caminos, instalación de bases de patrullaje cerca de casas y escuelas, y la permanencia de las mismas más allá de las 24 horas.

o. No hubo unidad de mando, dirección y liderazgo después del asalto con morteros, granadas de fusil y 40 mm (Lunes 021700-MAR-98), en razón a que la única actitud fue dispersarse en diferentes direcciones. El 03-MAR-98 ya se recupera en forma parcial la unidad de mando con el personal de sobrevivientes y se determina un plan de acción, pero se comete la gran equivocación de dirigirse al claro.

p. No existía un plan de contingencia, en caso de que la operación de registro fuera atacada, determinando las misiones para los restantes equipos de combate y definiendo las direcciones y objetivos por cubrir.

q. Los abastecimientos no eran planificados en forma ideal, en razón a que se les suministraba dinero en efectivo a las patrullas para la compra de víveres en un área donde no existía oferta de los mismos, dineros que a la postre eran repartidos a los soldados, y con el cual adquirían licor y pagaban servicios en los prostíbulos.

r. Permanecer en un área general por espacio de una noche y dos días sin un dispositivo disperso, injustificado cuando el día 010900-MAR-98 se había tenido un contacto donde fue asesinado un soldado y otro quedó herido, facilitó al enemigo la ubicación de las propias tropas y el planeamiento de un ataque masivo y contundente, a una tropa que permanecía relativamente quieta esperando los abastecimientos. Lo anterior le permitió a la guerrilla la aproximación y cierre de cuadrillas para la operación de destrucción.

s. No se realizaban fintas de engaño (técnica de la oreja o de retaguardia), las cuales generan confusión al enemigo, por cuando se le esconde la verdadera dirección del ataque, y por el contrario se les puede colocar a cambio un señuelo para sorprenderlos en caso de que se esté siguiendo la patrulla.

t. Las bombas lanzadas por los aviones OV-10 son ineficaces, en virtud de que el personal sobreviviente al pedir apoyo y auxilio los confundían con la guerrilla, el avión disparaba sus bombas y este personal alcanzó a colocarse fuera del alcance de su acción, lo que significa que son excesivamente inoperantes. La guerrilla sabe evadir bien su acción.

u. Se instaló base de patrullaje móvil muy cerca de una casa, donde permanecía un personal de supuestos campesinos, los cuales desaparecieron momentos anteriores al asalto terrorista, no sin antes informar de la vulnerabilidad y ubicación general de las tropas.

v. Se subestimó al enemigo, al pensar que era improbable que la guerrilla pudiera realizar un ataque masivo contra todo un batallón de soldados profesionales, desconociéndose que la superioridad numérica se debilita con la indisciplina, y que a cambio la guerrilla explota cualquier vulnerabilidad.

w. La demasiada permanencia de los soldados en Peñas Coloradas (45 días aproximadamente), propicia y auspicia la indisciplina, se familiarizó con la población civil (población totalmente afecta a la guerrilla), permitiendo además conocer los nombres de los integrantes de las patrullas, porque en el momento del combate la tropa fue llamada por sus nombres propios.

x. No se efectuó repliegue hacia un área favorable o de mejores condiciones tácticas, frente a una acción guerrillera que fue contundente y masiva, y que evidencia una infinita superioridad numérica. No hubo conducción en el objetivo, para realizar una acción defensiva, que preservara una mayor cantidad de vidas de la unidad atacada.

y. El batallón de contraguerrillas 52, no era la unidad ideal para combatir las cuadrillas del bloque sur de las FARC, dada su inexperiencia en combate, y más cuando se disponía de los antecedentes de la operación Destructor (1997) en los llanos del Yarí, adelantada por la brigada móvil 2, en donde las unidades debieron retroceder.

z. Hubo improvisación en la incorporación de los soldados voluntarios de la brigada móvil 3, la cual se efectuó en un período muerto (no se hizo de inmediato a un licenciamiento), forzando a la postre una incorporación con baja calidad humana, alto índice de adicción a los narcóticos y mínimas condiciones y experiencia en el combate. La incorporación fue tan traumática que solo se incorporaron tres batallones de los cuatro proyectados.

aa. Falló en forma evidente y determinante la contrainteligencia, al permitir que el enemigo conociera las propias tropas: sistemas de operar, proceso de abastecimientos, vulnerabilidades tácticas, hábitos de permanencias en claros, empleo de caminos y bases de patrullaje cerca de casas de campesinos al servicio de la subversión. Dicho trabajo al parecer fue realizado por la informante la Mona, quien permaneció 27 días como guía de la unidad... La (sic) sujeto sale del área el 12-FEB-98 vía helicoportada, es decir 18 días antes del ataque guerrillero.

ab. Fue un gran error táctico por parte del comandante del batallón ordenar el día martes 03-MAR-98 conducir las tropas hacia el claro, el cual estaba totalmente controlado por el enemigo y la tropa había instalado la base frente al mismo, lo cual aumentó la vulnerabilidad del dispositivo y le facilitó las acciones de la guerrilla, en virtud de que en dicho sector fueron muchas las bajas de las propias tropas. Pensó que después de 16 horas de combate el enemigo ya se había replegado.

ac. Se subutilizó el escáner por el agotamiento de la batería, había adecuado suministro de baterías pero estas al parecer se gastaban en uso de radios comerciales, el cual hubiera sido de gran utilidad en el momento en que la guerrilla organizaba el desplazamiento y dispositivos de las cuadrillas para el asalto final. No se le dio trascendencia e importancia al citado equipo.

ad. El PDM de la brigada móvil n.°(sic) ubicado en Tres Esquinas, no influía en el desarrollo de las operaciones, debido al alargamiento de las líneas de abastecimientos y comunicaciones, y cualquier apoyo o refuerzo era limitante de gran consideración por la inexistencia de medios aerotácticos (solo recibía el apoyo de la BR12 de 15 horas quincenales para abastecimientos).

ae. En un área de mayor producción cocalera a nivel mundial, no se efectuó ninguna acción contra áreas de cultivos, insumos o laboratorios, la cual es de absoluto control por parte de la narcosubversión, refleja desconocimiento de las particularidades, peculiaridades y formas de financiamiento de la guerrilla. Se omitió dicha acción de control, esperando la colaboración de la población civil, lo cual fue una gran ingenuidad.

af. Fue un gran error que el batallón no contara con granadas de humo, de iluminación y bengalas, las cuales fueron evidentes su ausencia (sic) cuando la coordinación de fuego aerotáctico se hizo solo por radio, y dicho fuego en determinado momento comprometió la seguridad de las propias tropas.

ag. No se emplearon los lentes de visión nocturna, los cuales bien utilizados hubieran permitido abandonar el área hacia un sector que estuviera fuera del alcance del ataque nocturno inicial del fuego de morteros o un tirador bien ubicado le habría causado bajas a la subversión.

ah. No se inspecciona el material y las dotaciones que debe tener cada unidad de contraguerrillas, en razón a que no se justifica la falta de elementos tales como: carta del área, granadas de humo, de iluminación y bengalas, eso implica falencias en el procedimiento de comando.

ai. Participó el día 28.FEB.98 en un bazar en la escuela del Billar, instalando base de patrullaje ese mismo día en sectores contiguos a la escuela, lo cual no se justifica dadas las características del área y el enemigo que ejerce absoluto control sobre la región.

aj. Se emplearon con regularidad los caminos (llamados comunales), los cuales estaban controlados por la población civil afecta a la subversión; de igual manera se instalaron las bases de patrullaje cerca de casas y escuelas, lo cual era una gran vulnerabilidad para la seguridad de la tropa.

ak. No existía control sobre las lanchas que se desplazaban a lo largo del río Caguán, cuando evidentemente era mayor y constante su empleo en las horas nocturnas para el transporte de personal, material e insumos para las cuadrillas, las cuales ejercen un absoluto control sobre el área y todas las actividades de la población civil.

al. El comando de la BRIM 3 no designó en el lapso del 07 al 15-ENE-98, un oficial de la plana mayor como comandante encargado del batallón de contraguerrillas 52 cuando el titular salió de permiso, lo cual permite en cierta medida conocer el desempeño del personal y un conocimiento más directo del ambiente operacional.

am. Los indicadores de indisciplina del BCG 52 en el caserío de Peñas Coloradas tales como: consumo repetido de bebidas embriagantes, frecuentación de prostíbulos —las prostitutas la Negra y la Pereirana fueron vistas en el ataque guerrillero—, robos al comercio, deudas, atropellos a prostitutas, tiros indiscriminados (alarmas), reflejan una marcada ausencia de mando y control, que explican en gran proporción el fracaso operacional, dado que no existía disciplina individual ni disciplina táctica del conjunto. Lo anterior implica, mal trato a la población civil. Además la guerrilla obtuvo información sobre vulnerabilidades y planes de las propias tropas.

an. El mal trato a la población civil, se tradujo en que esta no dio información a las propias tropas, y con su silencio auspició el ataque guerrillero.

añ. Permanecieron del 24 al 26-FEB-98 en Mateguadua, lo cual le permitió al enemigo conocer los planes y dirección del desplazamiento de las propias tropas, dada la excelente red de informantes de que disponía en la región.

ao. Fue un error, táctico, de procedimiento de comando, y de falta de sentido común por parte de un suboficial al dirigirse a través de un sector de claros en dirección a Peñas Coloradas con 0-01-25, favoreciendo con esta actitud el secuestro de una cantidad equivalente a un pelotón (-), teniendo como antecedente que el citado suboficial conocía el área, habría podido permanecer protegido entre las matas de monte, y primero debió haber confirmado el aterrizaje de los apoyos helicoportados procedentes de Tres Esquinas.

ap. En las ORDOP se presentan inconsistencias tales como: la misión no es clara y específica; los objetivos no son definidos; no contempla la intención del comando superior, lo que implica que no existe interdependencia de las misiones; la maniobra no se determina con base en las capacidades del enemigo y de acuerdo con la disponibilidad del poder de combate propio; en las instrucciones de coordinación se reflejan detalles como: “revista y saludo del comandante de la brigada móvil 3”, las cuales son procedimientos que no tienen ningún carácter operacional ya que son funciones inherentes al cargo. En la ORDOP “Cazador” (25-FEB-98) existe una gran incongruencia, se dice que el enemigo se encuentra en la desembocadura de la quebrada El Billar y se ordena iniciar operaciones de registro y destrucción hacia la parte alta de la quebrada del mismo nombre; contrario a lo anterior la unidad inició el desplazamiento en columna desde Mateguadua hasta la escuela El Billar, a partir del 2707:00FEB-98 es decir treinta y seis (36) horas después de ordenada la misión.

aq. El 01-MAR-98 después del contacto donde resulta un soldado muerto y un herido, y habiendo recibido dos días de ración de campaña, las unidades permanecen en el mismo sitio, en actividades administrativas y con la base de patrullaje sin modificar del lugar; así mismo, se regaló un punto crítico (sector más alto del lugar) después del contacto armado donde se apareció un cambuche guerrillero suficientemente amplio y de ocupación reciente, lo que evidencia presencia enemiga en buena cantidad. No se tomó en consideración dicho antecedente, no se hizo ninguna maniobra ni cambios en la dirección de avance y por el contrario se regresó al sitio en donde estaban ubicadas las tres compañías.

ar. Hubo inadecuado manejo del personal de oficiales del estado mayor, en razón a que en el momento del ataque tres tenientes coroneles (B1-B2-B3) cumplían misiones de incorporación.

as. El personal de soldados llevaba encima de sus equipos un tarro rojo para transporte de gasolina, factor que sin el debido mimetismo se convierte en una gran vulnerabilidad en razón a que en el desplazamiento por un camino se pueden conocer los efectivos de las patrullas...

(...).

V. Conclusiones

A. Los errores del fracaso operacional se dieron en todos los niveles; en la parte táctica no hubo conducción de las unidades ni maniobra, fallas en las medidas de contrainteligencia y se subestimó al enemigo; en la parte operativa los comandantes no evaluaron el riesgo y la amenaza de un área táctica de primera prioridad, y se desconocieron las capacidades y antecedentes de los ataques efectuados por el bloque sur de las FARC en su área de influencia; así mismo la parte administrativa en la demora de abastecimientos, la no dotación de granadas de fusil, de iluminación, de humo y bengalas, se constituyeron en factores que incidieron en el fracaso operacional.

B. De igual forma fue un gran error debilitar el dispositivo al dejar solo 5 contraguerrillas (4 contraguerrillas salieron a licencia el 13-FEB-98) en el área, en un sector de absoluto control del bloque sur de las FARC, sin posibilidad de apoyo o refuerzo de una unidad cercana.

C. Una brigada móvil sin medios aerotácticos, terminan siendo mal empleadas sus unidades, al asignarle misiones de control militar de área como cualquier unidad fundamental de soldados regulares.

D. Haber permanecido por dos días en un mismo sector y con un dispositivo concentrado de las unidades, con el agravante de que se había tenido un contacto el día anterior 0109:00-MAR-98 con el resultado de un soldado asesinado y un soldado herido, fue la principal vulnerabilidad de carácter táctico que fue explotada por la guerrilla, en virtud de que tenía dominio y control total del área de operaciones.

(...).

L. Las fallas en las medidas de contrainteligencia por parte de las propias tropas, fueron capitalizadas en forma magistral por la subversión, en razón a que los objetivos son estudiados con rigorismo, y la operación de aniquilamiento la planea y la conduce para la fecha y época en que le garantice casi un 100% de éxito.

(...).

O. La inteligencia militar desconoce el verdadero dispositivo, composición y fuerza de cada una de las cuadrillas, los cuales no se actualizan ni se modifican, con base en antecedentes tales como: acciones exitosas en las cuales han aumentado su material de guerra, compra de equipos con recursos del narcotráfico, apoyo de municiones principalmente de Venezuela y Brasil donde existen (sic) un gran tráfico de municiones, aspecto último que es confirmado por la vainillas encontradas en el sitio del ataque. En conclusión, se desconocen las verdaderas capacidades de la cuadrillas y del bloque sur en su conjunto.

(...).

Q. El fracaso operacional podría haberse evitado si el BCG 52 no mostrara unos altos índices de indisciplina tales como: consumo de licor, atropellos a la población civil, robos, frecuentación de prostíbulos... excesiva familiaridad con la población civil, el empleo de caminos, instalación de bases de patrullaje cerca de casas, no realizar fintas o engaños, lo cual a la postre fue capitalizado por la guerrilla, en cuanto obtuvo información sobre vulnerabilidades de las propias tropas, realizando el ataque cuando los efectivos se encontraban al 50% y lo ejecutó en un sector previamente preparado para lograr su aniquilamiento.

R. Las tropas no se encuentran preparadas para conducir operaciones en la selva, en razón a que el paludismo y la leishmaniasis afectan la salud, los morteros son inoperables, los radios pierden su capacidad de enlace y el combate cuerpo a cuerpo es la técnica de enfrentamiento predominante, además es un área de absoluto control de la subversión (fl. 883 y ss., cdno. 108).

16.8. Las conclusiones del informe “Caso táctico El Billar” coinciden con otros medios de convicción que fueron recopilados en el presente trámite donde se pone a la luz que la brigada móvil 3 y especialmente el batallón de contraguerrillas 52, presentaron varios problemas operativos, entre los que predominan la carencia de material bélico e inexistencia de apoyo aerotáctico, la baja moral de las tropas, brotes de indisciplina y la conformación inadecuada de la unidad militar, entre otras, las cuales pueden ser reagrupadas en falencias de orden funcional y estructural:

16.8.1. El 19 de septiembre de 1997, la psicóloga, Ivonne Faride Nazar y la trabajadora social, Elizabeth Farfán, adscritas a la dirección central de sanidad del Ejército Nacional, evaluaron las condiciones psicológicas del personal que integraba la brigada móvil 3 y concluyeron que habían comportamientos extraños como lo es la baja moral de los integrantes de la unidad táctica. El informe redactado por estas profesionales fue dado a conocer al comandante de la cuarta división del ejército, donde se consignó:

La trabajadora social escogió al azar grupos de treinta o cuarenta soldados, realizando el trabajo de integración y adaptación, posteriormente se remitía (sic) a los soldados que se consideran necesarios para sicología.

(...).

Concepto general batallones 51-52-53

1. Se entrevistaron 100 soldados, donde se encontró que la gran mayoría de esta población son de extracción social muy baja, de hogares disueltos, los vínculos afectivos no existen (ilegible), son desarraigados, esto tiene el inconveniente de que todo lo dejan, el compromiso no existe porque nada les interesa.

2. Los soldados son adolescentes, mas sin embargo se encontró que tienen una relación de tipo timón libre, o tienen uno a tres hijos continuando un patrón de relación, similar a la de sus padres como el abandono.

3. Esta variable se observó de igual modo la incidencia tan alta de padres (papá padrastro, mamá madrastra), otros con alcoholismo. Que según la Organización Mundial de la Salud lo determinó como una enfermedad que no salta generaciones, es multicausal y multifactorial.

4. A nivel académico hay unos pocos que son bachilleres, en su mayoría no pasan de quinto elemental, o tercero de bachillerato, por falta de recurso económico, y otra razón que es más usual, deben trabajar, para ayudar a algún adulto ya sea padre, madre, abuela, o alguna amiga que se hizo cargo del muchacho, por la muerte de los padres o el abandono de los mismos.

5. A nivel de antecedentes, se encontró que la pérdida del conocimiento se registra en dos o tres casos, dos por peleas y uno por una hipoglicemia... suicidios y enfermedades mentales se registra (sic) más bajo que alto.

Enfermedades venéreas: se registraron preocupantemente por lo alto de su estadística, especialmente en el batallón 51 y 52. En el batallón 53 no hubo reporte.

6. Cuando se trabajó la variable del consumo de droga, coca, bazuco, hongos, no hubo reporte alguno.

La marihuana, sanax, otros calmantes y alcohol, se considera alto el consumo, la mayoría se iniciaron cuando prestaron servicio militar como regulares (sic) (anexo nombres al final). Este problema se observa básicamente en los batallones 51 y 52...

7. Se observan en estas variables, que las expectativas de ellos son “que el ejército les dé un ranchito”.

En la siguiente variable, por qué quieren estar en el ejército, la gran mayoría contestaron: “porque no tenían trabajo”, pocos contestaron “porque les gusta el ejército”, en esta variable se observa que no hay compromiso ni mística por lo que van a hacer, sino que esperan que el ejército les resuelva todo.

(...).

Recomendaciones

1. Para la próxima incorporación es importante realizar dichos trabajos con tiempo, organizadamente, dándole un enfoque bio-sico-social esto quiere decir integralmente cubriendo todos los aspectos del ser humano.

(...).

2. El grupo de los soldados consumidores de marihuana. Se pueden presentar dos recomendaciones:

a) Deben ser retirados.

b) Por la situación política del país, se sabe de la premura en organizar estas unidades, entonces si dichos soldados se aceptan con esta serie de problemas, que se consideran lastres posteriores para la institución. Se recomienda una vez se realicen las elecciones, deben ser manejados interdisciplinariamente para que reciban un reentrenamiento en un tiempo prudencial...

c) Es importante trabajar esta población a nivel del arraigo, compromiso y valores a través de talleres

d) La incidencia de soldados con antecedentes de enfermedades venéreas es alto por lo tanto se recomienda:

1. Manejo a nivel de educación sexual.

2. Controles por laboratorio (exámenes del VIH y Hepatitis B con firma autorizada del interesado para elaborarlos).

3. Controles por medicina general: la razón es afianzar el ítem del soldado con antecedentes de enfermedades venéreas, lo que se considera más vulnerables a una VIH positivo y este personal las fuerzas pensionan con el 100% lo que es conocido por ellos, por esta razón se debe estar muy atento a esta clase de problemas en detrimento de la fuerza... (fls. 1122 a 1125, cdno. 10)(22).

16.8.2. El 10 de noviembre de 1997, el comandante de la brigada móvil 3 informó, a partir del documento elaborado por las profesionales de la dirección de sanidad del ejército, al comandante de la cuarta división del Ejército Nacional, las condiciones físicas y psicológicas de los efectivos del batallón de contraguerrillas 52:

El comando del ejército ordena a las cinco divisiones que cada una debía incorporar 262 soldados desde los contingentes de 1993, o sea soldados que llevaran tres, dos y un año desacuartelados... Documentación incompleta faltando fichas médicas y exámenes de sanidad ordenados y que no se hicieron por parte de las unidades receptoras de los aspirantes. Muchos soldados fueron devueltos por haber sido voluntarios y dados de bajo por mala conducta. Se presentaron soldados con problemas judiciales con la fuerza... La calidad humana de los soldados se refleja en el informe realizado por las sicólogas enviadas por la dirección de sanidad donde conceptúa que hay un alto nivel de adictos a la droga y con enfermedades venéreas, informe ratificado por el examen que realizó la Cruz Roja. // Las unidades operativas menores no alcanzaron a cumplir con la cuota ordenada y se vieron en la necesidad de completarla, enviando los aspirantes sin una selección adecuada, obligando a aceptar solo aquellos problemas menos graves...

E. Estado actual de los soldados

El comando de la brigada considera que la situación que se presenta aún no se ha estabilizado entre otras por las siguientes razones:

— La época de Navidad que se avecina, teniendo en cuenta que todavía están (los integrantes de la brigada) en etapa de acoplamiento.

— La situación de incomunicación con sus familiares no obstante los esfuerzos que se hacen por contrarrestar esta situación (cartas y llamadas de los enlaces).

— La brigada no cuenta con médico, odontólogo y bacteriólogo, situación que afecta su atención especialmente en el área y en esta no hay infraestructura primaria para acceder a ella. Este aspecto afecta la moral de las tropas.

— La evacuación de un soldado del área de operaciones es demorada, lenta, dispendiosa y de muchas coordinaciones por no contar con los medios helicoportados, en tres ocasiones ha ocurrido este caso.

— Para poder cumplir el plan de bienestar y moral, un pasaje con empresa civil contratada vale $ 130.000,oo de ida y vuelta de Tres Esquinas a Neiva, teniendo que pagar otro tanto a sus zonas de origen, lo cual afecta la moral y dará posibles deserciones por no contar con los recursos para volver a Tres Esquinas...

... Recomendaciones... Asignar el AGAT a la brigada móvil, hacer una mejor selección del personal a incorporar por cumplir un plazo no se puede seguir incorporando una cuota asignada... Dar atención al informe recibido por la psicóloga de la dirección de sanidad (fl. 1127, cdno. 10 - oficio 366/BRIM-3 B1-109 calendado en Tres Esquinas (Caquetá)).

16.8.3. El 21 de noviembre de 1997, el comandante de la cuarta división precisó que la cúpula militar ya estaba al tanto de estas dificultades y recomendó, entre otras medidas, las siguientes: i) el comandante de la unidad militar menor desplegara la tarea de incentivar el valor de combate de los uniformados; ii) se restringa los permisos en vista que se avecinaba para aquella época las festividades de fin de año. La respuesta del comandante de la cuarta división fue:

En atención al estudio efectuado por ese comando sobre la incorporación de soldados voluntarios para integrar esa unidad operativa, el comandante de la cuarta división considera los siguientes factores como aspectos fundamentales para mejorar las condiciones existentes:

Desarrollar una intensa acción de comando, liderazgo y acción sicológica, con la finalidad de incluir en la mentalidad y actitud de los hombres, haciéndolos ver que toda organización en su fase inicial se presta para que exista alguna inestabilidad anímica en los integrantes del grupo, pero que en la medida en que se desarrollen los trabajos se robustece el espíritu de cuerpo y se consolidan los intereses generales.

Así mismo, se hace necesario hacerles ver e insistirles que la incorporación de soldados voluntarios se programó en el ejército con el exclusivo interés de contar con una fuerza compuesta por elementos experimentados en combate y disponible para operar justamente en áreas críticas como la asignada a la brigada móvil 3.

Si bien es cierto que las condiciones actuales limitan significativamente la comunicación personal o telefónica con los familiares; debe considerarse que las brigadas móviles no están radicadas definitivamente a un determinado sector y que de acuerdo a las condiciones que se presenten pueden ser cambiados de área. Para brindar comunicación comercial en áreas rurales distantes, pueden emplearse los servicios de empresas que hacen enlaces telefónicos a nivel nacional, a través de radios comerciales en la clasificación de “dos metros”. Esta comunicación siendo debidamente controlada para impedir la fuga de información relacionada con las operaciones, puede brindar oportunidad para que se establezca una comunicación interpersonal que permita conocer sobre el estado de la familia y levante la motivación de la tropa.

En consideración a la proximidad de las festividades de navidad y año nuevo, es recomendable restringir al máximo los permisos masivos y licencias, en razón a que se corre el riesgo de que especialmente el personal de soldados no retorne en el término fijado.

El comandante de la división ha planteado ya ante el comando superior la imperiosa necesidad de asignar partidas adicionales para apoyar el transporte de carga y de pasajeros en las unidades que como en el caso de la brigada móvil 3, tienen serias limitaciones por distancias y costos. Así mismo, se solicitó con carácter urgente la asignación de personal médico y de sanidad que requiere esa unidad.

El comandante de la brigada móvil 3 debe efectuar un detallado análisis de cada caso con mayor connotación en las áreas de drogadicción, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades endémicas de extrema gravedad como la hepatitis “B”, enfermedades mentales, etc. A fin de retirar mediante desacuartelamiento la mayor cantidad de casos posibles y prever su reemplazo coordinando la nueva incorporación de acuerdo a las normas vigentes... (fl. 1132, cdno. 10 - oficio 4771 DIV-4-G1-109 del 21 de noviembre de 1997).

16.8.4. El comandante de la brigada móvil 3, por medio del oficio 2263/BRIM-3-B3-375 del 24 de octubre de 1997, informó al director de operaciones del Ejército Nacional acerca de la necesidad del apoyo aéreo en la medida que estaba en peligro la existencia y seguridad de la unidad táctica (fl. 1139 y ss., cdno. 10). Esta petición fue ratificada días más tarde mediante el oficio 312/BRIM-B3-375 del 3 de noviembre de 1997 y puesta en conocimiento del comandante de la cuarta división del Ejército Nacional (fl. 1141, cdno. 10). Precisa el documento:

Me permito informar a mi general los inconvenientes presentados en la unidad por las limitaciones existentes en apoyos aéreos, lo que atenta contra la naturaleza misma de la unidad operativa menor y ha dificultado el cumplimiento de la misión impuesta; en atención a que se ha recibido solamente el apoyo de un helicóptero MI-17, el cual se encuentra asignado a la décimo segunda brigada.

Situación operacional: Por el desarrollo mismo de la situación, por las características del tiempo, el terreno y por las peculiaridades del enemigo, se hace necesario permanentemente estar reorientando el dispositivo y el esfuerzo de las tropas, lo que implica una movilidad constante para confirmar o desvirtuar las informaciones que desde diferentes fuentes han llegado en forma repetitiva sobre el enemigo, su movilidad y accionar delincuencial.

Evacuaciones: A la fecha, se han presentado dos situaciones que implicaron llevar a cabo la evacuación de soldados heridos, apoyo que fue prestado por falta de disponibilidad de los medios cuatro horas después de recibido el informe.

Abastecimientos y plan de bienestar: En desarrollo de esta actividad y para optimizar el empleo de la aeronave, hubo la necesidad de concentrar los batallones en un solo sector de sus respectivas áreas asignadas; contraviniendo normas de seguridad en el área de operaciones. A partir de los próximos abastecimientos se hace necesario iniciar el plan de bienestar, empleando una sola aeronave para aspectos operacionales.

Seguridad aeronaves: hasta el momento se ha contado con el avión AC-47, lo que es poco recomendable ya que por las características del tiempo, terreno y enemigo, esta actividad debe ser cumplida por un helicóptero artillado, que garantice un apoyo de seguridad más oportuno, flexible y que ofrezca mayor maniobrabilidad.

Por lo anteriormente enunciado, comedidamente me permito solicitar a mi general sus gestiones nuevamente ante el comando superior la asignación para la unidad de los medios aéreos necesarios, los cuales deben tener como base el puesto de mando de la unidad operativa menor, y considero hasta ahora, deben ser como mínimo: un helicóptero UH-60, un helicóptero MI-17, un helicóptero artillado... (fl. 1141, cdno. 10).

16.8.5. Mediante oficios 317, 345, 436, 787, 798, 870 y 871 del 5, 9 y 24 de noviembre de 1997, 27 y 30 de enero de 1998, 10 de febrero de 1998, respectivamente, el comandante de la brigada móvil 3 informó al comandante de la decimosegunda brigada acerca de la imperiosa necesidad de suministrar apoyo aéreo para el movimiento de personal y abastecimiento de la unidad operativa menor (fls. 1143 a 1145, cdno. 10). Asimismo, mediante oficio 898 BRIM-3 B-3365 del 13 de febrero y 2 de marzo de 1998, el comandante de la brigada móvil 3 urgió perentoriamente a la cúpula militar para que se proporcionaran los apoyos aéreos a disposición de la unidad operativa menor para el mes de marzo y abril, época en la que la unidad táctica fue aniquilada por la columna Teófilo Forero de las FARC (fls. 1150 y 1151, cdno. 10).

16.8.6. Mediante oficio 79/BRIM-B4-420 y 647/BRIM3-B4-412 del 18 de septiembre y 20 de diciembre de 1997, respectivamente, el comandante de la brigada móvil 3 informó al subjefe del estado mayor del Ejército Nacional acerca de la necesidad del material de guerra requerido para la operación de la brigada: bengalas, brújulas, ametralladoras, morteros, granadas de diferentes tipos, etcétera (fl. 1154 y ss., cdno. 10).

16.9. Los problemas funcionales y estructurales soportados por el batallón de contraguerrillas 52 al mando del mayor Jairo Aguilar Bedoya y relatados por el “Caso táctico El Billar” se hicieron aún más visibles al momento en que dicha unidad táctica incursionó en el área del caserío “Piedras Coloradas” desde finales de 1997 hasta inicios del mes de marzo de 1998. Al respecto, los testimonios que se recopilaron con ocasión de la investigación disciplinaria de los militares que participaron en el escenario de guerra son elocuentes y narran las falencias militares que se presentaron, así:

16.9.1. El capitán Germán Jaimes Beleño expuso las dificultades presentadas por la unidad táctica durante el tiempo que sostuvieron el contacto armado:

... Me presenté en la brigada móvil 3 el día 9 de enero... allí permanecí 3 días hasta el 12 cuando nos trasladamos en compañía de otros soldados a Tres Esquinas, donde hice presentación ante el comando de la brigada... El día 17 de enero y en cumplimiento de unos abastecimientos entré al área desembarcando en un sitio conocido como Peñas Coloradas donde recibí la compañía D... se continuó control de área e inteligencia y registro sobre la zona, luego el comando del batallón llamó a los comandantes de compañías y nos informó que debíamos iniciar movimientos sobre la quebrada El Billar... El día domingo la compañía Tovar inició un registro aguas arriba de la quebrada El Billar, logrando contacto con unos bandidos como a las nueve de la mañana donde resultó muerto el soldado Miranda Navia y herido en la mano el soldado Gómez Cerón, se informó al comando del batallón y al de la brigada, quien ordenó la evacuación del muerto y el herido enviando el helicóptero como a las cinco de la tarde. El día lunes no hubo movimiento, se permaneció en el sitio donde se había llegado el domingo. Yo hablé con mi compañía que era a la que pertenecía el soldado muerto, les dije que teníamos que recuperarnos; luego habló el señor mayor con ellos también manifestando algo similar a lo que yo les había dicho; como a las cuatro de la tarde le ordené al cabo Beltrán que con su escuadra reforzara los centinelas hacia el sector donde se encontraba Tovar 2 y regresara a las seis y media de la tarde; a las cuatro y dieciocho de la tarde se escucharon los disparos hacia el sitio donde yo había enviado al suboficial. Inmediatamente me dirigí con el teniente Sánchez al sector donde se encontraba el mayor número de fuego, encontrando al cabo primero Rincón herido en una pierna, luego empezó a combatir por todos los sectores donde se encontraban las compañías; la comunicación se perdió, era seguido el fuego de morteros. Encontré al teniente Gaitán herido en la espalda y con el teniente Sánchez y otros ocho o nueve soldados se estableció una base de fuego ya que era imposible moverse por lo que ya eran las siete de la noche, la oscuridad era total. A las diez de la noche el cabo Rincón murió desangrado. Luego llegó el avión fantasma lanzando bengalas de iluminación; como a las once y veinte de la noche nosotros efectuamos movimientos en arrastre bajo de cincuenta a cien metros para evitar ser blancos de las granadas de morteros, y era difícil como comandante de la compañía efectuar alguna reorganización porque cuando uno hablaba le caía lo que era una granada de mortero, de fusil y ametralladoras; escuché cuando alcanzaron a coger a unos soldados heridos y los fusilaron, durante el resto de la noche y la madrugada se continuó el movimiento logrando a las cinco y media de la mañana tomar contacto con más soldados, más tarde pude reunirme con mi mayor quien me manifestó que nos dirigiéramos con dirección hacia un claro donde al parecer iba a llegar apoyo, pero al llegar a este sitio, otra vez se recibió ataque de mortero, de M60, granadas de mano de los subversivos, en ese momento no volví a tener contacto con mi Mayor, mataron a los dos tenientes y nuevamente se perdió todo el contacto con los otros comandantes de compañías, ya se entró al combate individual, ya era casi cuerpo a cuerpo, ahí fue donde estuve peleando solo, a medida que iba avanzando iban apareciendo soldados y se nos iban agregando casi hasta las cinco de la tarde; se escuchaba el sobrevuelo de helicópteros, pero no los dejaban aterrizar; el martes como a las seis de la tarde mi grupo eran cerca de ocho soldados, se optó por no disparar si no era necesario ya que no sabíamos quién era quién. Porque al disparar de una vez nos caían granadas de morteros... seguía el bombardeo de los aviones, cada vez que sentíamos los aviones buscábamos protección, nos metíamos a la quebrada, llegó el viernes que fue idéntico, seguían disparando granadas de mortero... alcanzamos a buscar un claro y hacerle señas al helicóptero, la respuesta eran disparos, el sábado en horas de la tarde se tomó contacto con el capitán Pantoja y nos sacaron del área... (fls. 155 a 174, anexo 1).

16.9.2. En la declaración juramentada del teniente Édgar Gaitán Matiz se pone de presente las dificultades de comunicación entre las unidades tácticas, la ausencia de apoyo aéreo, la inferioridad numérica de efectivos y el abundante material de guerra con el que contaban los subversivos, lo que representó una desventaja militar para los uniformados:

... cuando llegué al sector ya habían evacuado al soldado muerto y al herido, nos regresamos y ubiqué mi gente, al día siguiente mi mayor fue a hablar con la compañía sobre lo que había sucedido, como al medio día me manda a llamar y me ordena efectuar un registro para recibir los víveres al día siguiente... me encontré con mi capitán y me dijo que a las 16:00 horas iba a sacar un zorro hacia la parte de atrás de la compañía “D” hasta las 18:30 horas, que le informara a mis centinelas para que supieran que se estaba realizando. Como a las 16:20 escuché unos disparos, de inmediato me dirigí con un gil hacia el sector donde estaban ocurriendo los hechos, le ordené al teniente Bonilla que con el resto del personal asegurara el sector donde él se encontraba, me encontré con mi capitán Jaimes el cual ya tenía herido al cabo Rincón, se estaba procediendo a sacarlo cuando el fuego se hizo más intenso con granadas y fuego de ametralladoras, en esos momentos fui herido en la espalda por una esquirla, llegó la noche y se continuaba combatiendo, nos volvieron a lanzar granadas donde me hirieron otra vez, ya en esas circunstancias era muy difícil maniobrar o reorganizar el personal, al otro día en la mañana me encontré con mi mayor y el resto del personal, a lo cual mi mayor ordenó salir al claro ya que iba a decirle al fantasma que bombardeara el sector de la maraña, al estar saliendo al claro nos estaban esperando y nos cogieron a fuego de ametralladora y granadas de morteros, con un personal mantuve una base de fuego pero la de granadas (sic) nos hicieron mover de dicho sitio, nos seguimos moviendo y como al medio día me encontré con mi capitán Jaimes y otro personal de mi compañía, ahí formamos una base de fuego pero las granadas que nos caían mataron a varios en ese sector, llegó la noche y escuchábamos quejidos y gente que hablaba, no nos acercamos porque no sabíamos si era guerrilla o tropa, al día siguiente nos ubicamos y comenzamos a bajar por la quebrada aguas abajo, para ubicar donde estaban aterrizando los helicópteros, no fue posible y nos devolvimos al sector donde habíamos estado combatiendo, vimos un avión fantasma que venía hacia el sector donde nos encontrábamos he hicimos humo para que nos ubicaran, dio vueltas un rato y luego se fue, al día siguiente hicimos lo mismo, nos dieron vuelta el fantasma y un Black Hawk, pero no nos recogieron, al día siguiente nos encontró el capitán Pantoja del batallón 51 como al medio día me sacaron en helicóptero a Tres Esquinas... (fls. 243 a 250, cdno. anexo 1).

16.9.3. En la declaración juramentada del soldado voluntario Alex Grajales Vanegas perteneciente al batallón de contraguerrilla 52 se narraron las deficientes condiciones de efectivos que integraban la unidad táctica, así como también la deficiente provisión de material de guerra:

Errores sí hay que eso las sabe desde el mando más alto hasta el último soldado, que éramos muy poquita gente para tanta guerrilla y que no teníamos buen armamento... éramos poquitos soldados para enfrentar la guerrilla porque yo tenía entendido que éramos 153 soldados... sobre el armamento un M79 no disparaba, la escopeta no disparaba, el MGL no tenía arma de acompañamiento, la M60 no tenía arma de acompañamiento y otras cuestión era que teníamos poca munición (...) (fl. 60, cdno. 10).

16.9.4. El soldado voluntario Luis Dagoberto Muñoz, orgánico del batallón de contraguerrillas 52, compañía D, puso de presente las dificultades a las que se enfrentó la unidad táctica debido a las precariedades en el material de intendencia:

... Nosotros le dijimos a mi mayor que porqué nos iban a meter tan poquitos si en diciembre no metieron tres batallones y lo único que escuché de respuesta fue que no los voy a meter a la selva y ese mismo día le dijimos a mi mayor que nos retrocediera porque nosotros no íbamos más adelante, nosotros estábamos pidiendo fusiles 7.62 y granadas de fusil pero mi mayor dijo hace días comunique esto pero no ha sido posible (fl. 101, cdno. 10).

16.9.5. Otro de los militares sobrevivientes del ataque militar, soldado Juan Uriel Berrio, orgánico del batallón de contraguerrillas 52 e integrante de la compañía D, manifestó:

... Después que sacaron las dos compañías la A y la B del batallón 52 allí fue cuando comenzamos a meternos hacia El Billar y pues nos dimos de cuenta que había una escuela de formación de la guerrilla por allá pues nosotros los soldados estábamos conscientes que necesitábamos más soldados que éramos poquitos... éramos poquitos soldados para enfrentar la guerrilla porque yo tenía entendido que éramos 153 soldados, no estoy seguro si éramos esa cantidad y el cambuchadero (sic) que vimos de esa guerrilla se pudo ver que era harta gente, yo suponía que era más cantidad que nosotros... sobre el armamento, un M79 no disparaba la escopeta no disparaba, el MGL no tenía arma de acompañamiento, la M60 no tenía arma de acompañamiento y otra cuestión era que teníamos poca munición (fls. 62 a 67, anexo 1)(23).

16.10. El ataque de las FARC, en el que murieron numerosos militares, fue propiciado por errores estructurales en los que incurrió el Ejército Nacional, que puso en riesgo la integridad física y la vida de los soldados como consecuencia de la improvisación y falta de planeación en la organización y operación de la unidad militar. Esta conclusión sobre la situación de la brigada móvil 3 se infiere de los testimonios rendidos por altos mandos del Ejército Nacional, quienes estaban al tanto del estado precario en el que funcionaba, particularmente, el batallón de contraguerrillas 52:

16.10.1. El 26 de noviembre de 1997, el director de operaciones del Ejército Nacional, brigadier general Jaime Cortes Parada, advirtió en un estudio técnico conocido como “estudio de estado mayor 11” sobre la perentoriedad de prescindir de las operaciones militares conducidas por la brigada móvil 3 en la jurisdicción de Cartagena del Chairá, El Billar, en razón de la ausencia de apoyo aerotáctico y la deficiencia en la inteligencia militar (fl. 643, anexo 3). Informa el documento lo siguiente:

Establecer la viabilidad para que la brigada móvil 3 continúe desarrollando operaciones en el medio y bajo Caguán o cambiarle de área donde ofrezca más posibilidades de éxitos... Las operaciones desarrolladas hasta el momento no arrojan los resultados esperados debido principalmente a la falta de medio helicoportados... No cuenta tampoco con equipos de inteligencia técnica que faciliten la orientación de las operaciones para integrarla a la inteligencia humana... La BRIM-3 cuando ingresó al Caguán no tenía conocimiento del área, los elementos esenciales de inteligencia eran muy pobres y por ende no había inteligencia de combate, debido a la no presencia de tropas hacia ocho (8) años en el área general...

Desde su activación no ha mostrado resultados operacionales significativos ante el mando y la opinión pública. No ha contado con suficientes elementos de apoyo aéreo para el desarrollo de las operaciones... La brigada móvil requiere de un AGAT de por lo menos dos helicópteros pesados para tener movilidad y así poder propiciar golpes contundentes a las cuadrillas.

16.10.2. El general Agustín Ardila Uribe sostuvo que la brigada móvil 3 tenía serias deficiencias en razón de la falta de apoyo aerotáctico, personal no calificado e insuficiente material de guerra para enfrentar la columna “Teófilo Forero”. Precisó el testigo con ocasión de las investigaciones disciplinarias adelantadas:

[E]n el año 1993, tuve la oportunidad de comandar la brigada móvil 2 y se la recibí al señor general Fernando Tapias, actual comandante general de las Fuerzas Militares. Los resultados fueron excelentes y operé en el área de la Motilonia, Catatumbo y la serranía de San Lucas, quiero hacer una comparación con los medios que contaba en esa época y los que recibió la brigada móvil 3. La brigada móvil 2 tenía su AGAT, compuesto por dos helicópteros Black Hawk, dos medianos y un artillado, lo cual facilitaba el desarrollo de operaciones, los abastecimientos, evacuación de personal y el mando y control, es la capacidad que le da a una brigada para constituirse en brigada móvil, si no cuenta con estos medios, no tiene el poder de disuasión, ya que las brigadas móviles se consideran el máximo poder de combate con que cuenta un comandante del ejército para operar en áreas críticas, la brigada móvil 3 no contaba con ese AGAT y dependía para su apoyo administrativo de un helicóptero MI, asignado a la BR-12 con sede en Florencia (Caquetá)... Desde el punto de vista de personal, tuve conocimiento de que no se llevó a cabo una selección adecuada tanto en el personal de cuadros, o sea, los oficiales y suboficiales, y a su vez que no fueron asignados los grados a los cargos que correspondían a las tablas de organización y equipo, las TOE, en cuanto al personal de soldados, hubo muchas deficiencias... aún se presentaron casos de impedimentos físicos y con muchos problemas de sanidad, la brigada móvil 3 en el momento de recibirla tenía faltantes y deficiencias en el material de guerra, es el caso de que no tenía granadas de fusil, habían unas armas de apoyo y acompañamiento defectuosas... (fls. 1579 a 1584, cdno. 11, acumulado).

16.10.3. El brigadier general Manuel Guillermo Franco Páez, en consonancia con lo anterior, precisó que la brigada móvil 3 no contó con apoyo aéreo y se incurrió en errores de planificación en la conformación de la unidad táctica. Al respecto, sostuvo el testigo:

[D]urante el año 1997 mientras desarrollaba el curso de altos estudios militares, tuve conocimiento del plan que tenía el ejército de organizar la brigada móvil 3, para el efecto se efectuó un primer alistamiento cuando en el mes de mayo se debía desacuartelar el contingente de soldados regulares, por motivos de presupuesto no se pudo organizar la brigada e incorporarla con este personal que salía de prestar servicio militar, posteriormente en el mes de agosto se contó con los recursos para la incorporación de soldados voluntarios y se inició con una campaña hacia soldados de otros contingentes, comentando en la misma escuela de guerra que se habían presentado soldados que se habían desacuartelado dos y tres años antes y que seguramente no era la mejor calidad humana para conformar esta unidad operativa por cuanto normalmente se efectuaba con soldados del último contingente y si faltaba un porcentaje menor este se hacía con soldados de otros contingentes, además los cuadros para esta unidad se extractaron de diferentes dependencias, entre ellas el comando general, comando ejército y otras unidades, por lo que se pudo deducir que era una situación precaria en cuanto a la calidad de personal, pero exigente por la situación que se vivía de conformar esa unidad operativa móvil y aprovechar los recursos que el gobierno había situado para desarrollar este plan, ese fue el conocimiento inicial que tuve de la conformación de la brigada móvil 3, posteriormente cuando recibí la brigada móvil 12 en Florencia en diciembre de ese mismo año, me pude percatar personalmente por las reuniones que teníamos con el señor coronel Galindo de los problemas de personal que se presentaron de mucho personal que no se presentó a integrar la brigada y también de los que por aspectos físicos o de preparación profesional no la podían integrar teniendo necesidad de pedir su relevo... En diciembre de 1997 la cuarta división contaba para apoyar sus unidades operativas con un helicóptero MI que estaba asignado a la brigada 12, otro helicóptero MI asignado a la séptima brigada y otro helicóptero que no recuerdo su denominación asignado a la brigada 24, estos helicópteros desempeñaban funciones administrativas para abastecer a las tropas de cada una de las brigadas, así mismo contaba con un helicóptero artillado el cual permanecía en la sede de la cuarta división y nos apoyó esporádicamente cuando la situación era muy compleja ya que el recorrido desde Villavicencio hasta la sede de la brigada 12 consumía entre 2 y 3 horas en ida y regreso, es decir teníamos un apoyo administrativo de 35 horas y un apoyo esporádico del artillado, quiero aclarar que de las 35 horas que tenía el helicóptero asignado a mi brigada de esas, debía apoyar con 12 horas a la brigada móvil 3 para mover los víveres desde Florencia, casi directamente a donde estaban operando sus unidades tácticas, otros apoyos como era evacuación de heridos, de enfermos o de muertos, la mayoría de las veces consumía horas que tenía asignada la brigada 12 para poderle dar ese apoyo a la brigada móvil 3 ya que esta no tenía asignado ningún helicóptero, cuando se iba a realizar alguna operación de movimiento de tropas se necesitaba recurrir al apoyo de ejército y al movimiento del helicóptero de la séptima brigada... La brigada móvil 3 no tenía asignado ningún helicóptero, coordinaba con mi comando para el apoyo en horas que en un principio del mes de enero de 1998 estuvieron restringidas a un total de 20 horas, posteriormente se normalizaron a 35 y ese apoyo lo daba directamente la brigada 12, es decir la brigada móvil no tenía ningún medio de apoyo aéreo a su cargo... En el aspecto de apoyo aéreo con el comando de la brigada 12 esta solicitud era casi a diario ya que yo tenía la misión del comando superior de apoyarlo con el helicóptero asignado a mi brigada y también el señor coronel comandante de la brigada móvil 3 fue reiterativo en todas las visitas de los comandos superiores donde una de su principales limitaciones era el movimiento tanto táctico, administrativo y de control y por lo tal dentro de sus necesidades la principal era la de la asignación de un AGAT propio para la brigada móvil (fls. 1549 a 1552, cdno. 11, acumulado 26029).

16.10.4. Y en el testimonio rendido por el brigadier general Gabriel Eduardo Contreras, comandante de la brigada 12, se dijo:

Para el funcionamiento de esta brigada [3] al igual que la creación de las otras brigadas móviles debía contar con una AGAT propio donde se contaran con helicópteros artillados y de transporte personal facilitándole al comandante su responsabilidad, el control del personal y el cumplimiento de la misión... La brigada [3]... dependía de mí... de las 35 horas doce me ordenaron y soy consciente y testigo de que el comandante de la brigada en las visitas en las cuales estuvo en Florencia, el comandante de la división, el comandante del ejército, jefe de operaciones manifestaba su problema al no tener un AGAT para apoyo inmediato (fls. 1535 a 1539, cdno. 11, acumulado 26029).

16.11. Por esta situación, el Ejército Nacional adelantó una investigación encaminada a establecer si con ocasión de los hechos ocurridos en febrero y marzo de 1998 en el área de la quebrada del Billar, jurisdicción del municipio de Cartagena del Chaira, Caquetá, los comandantes del batallón de contraguerrilla 52 y la brigada móvil 3(24), incurrieron en una falta disciplinaria por la comisión de presuntas irregularidades. El fallo disciplinario se profirió el 27 de noviembre de 2000 en el que, con base en los informes presentados por las profesionales de psicología de la dirección de sanidad del Ejército Nacional y el informe “Caso táctico del Billar”, concluyó que se trató de un hecho previsible. Finalmente hizo una admonición consistente en que el aparato militar no puede dejar al azar unos soldados, detrás de cuyo uniforme hay seres humanos, e incurrir en improvisaciones en el desarrollo de operaciones y conformación de unidades militares. Se consignó en la providencia:

Del caudaloso acervo probatorio recaudado en la presente investigación disciplinaria, puede concluirse a todas luces que los lamentables hechos acaecidos el día 2 de marzo de 1998, casi podría afirmarse, corresponden a una crónica de un fracaso operacional anunciado.

Pues bien, si se analiza con detenimiento varias de las declaraciones recepcionadas de los testigos que en otra forma tuvieron concomimientos de los mismos, coinciden en afirmar los múltiples problemas que se presentaban al interior del batallón de contraguerrillas 52.

Desde el entrenamiento mismo que se efectuara en Melgar, fueron vislumbrados brotes de indisciplina, insubordinación y en general una serie de irregularidades que poco a poco fueron saliéndose de control y manejo por parte de los comandantes en las diferentes escalas.

Obviamente estas situaciones se generaron indudablemente por la mala incorporación de los soldados voluntarios tal y como lo corroboraron los profesionales de la psicología.

Lo más lamentable es que hechos como el que aquí se investiga, ya habían ocurrido en años anteriores, lo cual hace más gravosa y más cuestionable por parte de este comando la conducta desplegada y las omisiones cometidas por las cabezas al mando de las tropas que conformaban el batallón de contraguerrillas 52 y obviamente su unidad mayor la brigada móvil 3 (...).

Brevemente este fallador considera que fue una situación cuyos resultados eran previsibles, que ingenuamente los comandantes cabeza de esta operación no podían siquiera pensar que con el déficit de personal y en las condiciones anteriormente expuestas, hubiese podido resistir el ataque certero por parte del enemigo, con deficiencia no solo de munición, sino también de organización y planeamiento de operaciones.

Es que en la actualidad no se puede dejar y exponer al azar a unas vidas humanas o simplemente improvisar en el desarrollo de operaciones para seguir sumando fracasos y derrotas a los ya obtenidos y los que es peor aún la pérdida de seres humanos que entregan y sacrifican sus vidas por defender la Nación.

(...).

No pueden considerarse por parte de este despacho como medidas preventivas necesarias para la defensa de la base, puesto, etc., en razón a que el comandante de la brigada móvil 3 tenía conocimiento pleno de las insuficiencias tanto de personal, munición, limitaciones de desplazamientos aéreos, problemas de indisciplina que hacían fácilmente la falta de mando y control del comandante del batallón de contraguerrillas 52 y, sin embargo, las órdenes se mantuvieron, el comandante permaneció, es decir, todo continuó igual a excepción de la orden que diera pocas horas antes de ocurrir los acontecimientos conocidos... —fls. 163 a 304, cdno. p.—.

16.11.1. Con fundamento en lo anterior, la autoridad disciplinaria separó a los militares referidos de los cargos de las Fuerzas Militares.

16.11.2. La decisión anterior dictada en primera instancia fue confirmada, al resolverse un recurso de apelación por el comando general de las Fuerzas Militares:

Si bien no se recibió una información extensa profunda sobre el dispositivo del enemigo en esa área, por lo menos se conocía la presencia de las cuadrillas XIV, XV cada una con aproximadamente con 120 hombres y la columna móvil Teófilo Forero con cerca de 80 hombres (...) de lo cual se deduce sin dificultad que se estaba enfrentando un número superior a trescientos subversivos (...). // En el área referida delinquían las cuadrillas XIV, XV y Teófilo Forero con un número aproximado de trescientos veinte hombres en armas (...). // La anterior información pareciera un vaticinio de lo que efectivamente ocurrió, es un reflejo del actuar del enemigo, por lo que no puede afirmarse que se ignorada el potencial delictivo de este, y que por esa causa no se pudo prever la magnitud del ataque de que fuera objeto el batallón de contraguerrillas 52 (...).

Respecto de los medios de transporte aéreo y de apoyo de fuego aerotáctico se observa que estos eran bastante limitados pues apenas se contaba con algunas horas de vuelo mensuales de un helicóptero MI-17 suministradas por la brigada 12 de las que le correspondían a esta unidad, y el avión fantasma en la base de Tres Esquinas, los cuales estaban bajo su directa disposición, sino que era necesario requerirlos a las unidades que los tenían asignados.

En cuanto a personal militar disponible para el desarrollo de las operaciones y para un apoyo de tropas la situación era igualmente crítica pues los batallones de contraguerrillas que se encontraban en el área estaban disminuidos a un cincuenta por ciento por causa del plan de moral y bienestar, la otra unidad integrante de la brigada estaba intervenida como reserva a órdenes del comandante del ejército en Larandia (Caquetá) y el batallón de C/G 54 agregada a la brigada de fuerzas especiales en el Putumayo (...). Examinados los anteriores medios probatorios aportados por el propio inculpado, se deduce que de haber iniciado unas operaciones ofensivas con tres batallones de contraguerrillas pasó a desarrollar las mismas con tan solo dos batallones reducidos cada uno a la mitad, queriendo con ello significar que si bien en principio la proporción de personal militar disponible para enfrentar las tres cuadrillas que delinquían en su jurisdicción era relativamente adecuada, dicha proporción se tornó inversa y por tanto desfavorable para la tropa que llegó a encontrarse en notoria desventaja respecto del enemigo...

e. [A]l no tener el AGAT debió obrar con más celo frente a esas limitaciones logísticas de la milicia, en un tipo de guerra irregular como la que actualmente está viviendo nuestro país, planeando adecuadamente las operaciones y evaluando todas las posibilidades con el fin de brindar el apoyo necesario, acorde con las diferentes circunstancias presentadas (...).

g. Igualmente el no cumplir con lo señalado en los reglamentos “Para el servicio de tropas en orden público rural, disposición 3 de 1988 y de combate de contraguerrillas, disposición 36 de 1987”, en lo que corresponde a lo indicado en el punto anterior de la misión-funciones-objetivos y deberes de los disciplinados (...).

16.11.3. En el concepto rendido por el comandante Infantería de Marina, brigadier general, Luis Eduardo Peñuela Anzola, al comandante de la Armada Nacional dentro de la investigación disciplinaria adelantada en contra del coronel Orlando Galindo Cifuentes, comandante de la brigada móvil, y Jhon Jairo Aguilar Bedoya, comandante del batallón de contraguerrillas 52, se afirmó que las irregularidades en la conformación de la unidad militar menor, la ausencia de inteligencia, la reducción de efectivos de la unidad menor a dos batallones, eran conocidas por todo el estamento militar (fls. 1262 a 1269, cdno. 11, acumulado 26029):

La situación general que se presentaba en el área era conocida por todo el estamento militar (...). La brigada móvil 3 fue activada como estaba previsto el 8 de octubre/97, pero se aprecian fallas significativas en el proceso de incorporación de los soldados voluntarios que conformarían los batallones de contraguerrillas 51, 52, 53 y 54, así como la unidad de apoyo de servicios para el combate, en el sentido que el personal del contingente que se licenció en ese momento no alcanzó y fue necesario el reclutamiento de soldados de contingentes anteriores por lo cual se incorporaron hombres sin seleccionar, con baja calidad humana, mínimas condiciones y experiencia en el combate y algunos de ellos con marcada adicción al licor y las drogas.

De igual manera, al momento de activarse la brigada móvil 3, solo hubo personal suficiente para conformar tres batallones de contraguerrilla, quedando pendiente la activación de un batallón, aspecto que fue superándose luego de entrar en operaciones la unidad operativa menor (...).

Menos de tres meses después de su activación, el 6 de enero/98, el comando del ejército dispone la segregación del batallón de contraguerrillas 54 para agregarlo a la brigada de fuerzas especiales rurales en Santa Ana Putumayo, por el ataque de las FARC al cerro de Patascoy, lo cual deja diezmada la unidad operativa menor, la cual queda al 50% de sus efectivos pues ya el batallón de contraguerrillas 51 había quedado como reserva del comando del ejército en el área de Larandia, quedando para cumplir con la misión solo los batallones de contraguerillas 52 y 53 (...).

Es de destacar que al inicio de sus operaciones, la unidad no disponía de información de inteligencia de combate evaluada por cuanto hacía mucho tiempo que el ejército no ejercía presencia y control en la zona, por lo cual se considera que antes de adoptar su dispositivo, el comandante de la brigada móvil 3 debió elaborar el “Análisis del área de operaciones” (...).

En cumplimiento a las políticas de moral y bienestar, las unidades de contraguerilla, si las circunstancias y la situación de orden público lo permiten, deben programarse para periodos de descanso, para lo cual el comandante de la unidad operativa menor, puede ordenar el regreso al cuartel general de un batallón completo para desarrollar actividades de descanso ... No obstante, de acuerdo con la situación operacional que se presentaba en el área no era prudente que el comandante autorizara licencia para dos compañías y además autorizara para que hiciera uso de las misma desde el área de operaciones, pero, habiendo tomado tal decisión, no podía ordenar tal como lo hizo que se efectuaran operaciones en esas condiciones de inferioridad numérica y si debió tener la iniciativa de replantear su dispositivo y actividades en la zona (...).

Para la fecha de los hechos 2 de marzo/98, las unidades de la brigada móvil 3 se encontraban disminuidas a dos batallones (-) como se indica:

UnidadT.O.E.EfectivosPorcentajeObservaciones
BCG NR. 52 19-53-324 07-15-132 39% Compañías A y B en licencia
BCG NR. 53 19-53-324 09-18-136 41% Compañías A y B en licencia

Para la misma fecha, ya la brigada móvil 3 no contaba con el batallón de contraguerrilla 51 ya que este se encontraba en el área de Larandia como reserva del comando del ejército. Tampoco contaba con el batallón de contraguerrilla 54 porque desde el 6 de enero/98, por orden del comando de la cuarta división se había agregado al batallón de fuerzas especiales rurales.

La compañía de apoyo de servicios para el combate con 03-10-15 estaba como seguridad del puesto de mando en Tres Esquinas, Caquetá. Es decir, la brigada se encontraba en el momento de los hechos al 21% de sus efectivos.

Como se aprecia, la unidad que finalmente fue atacada, constituida como batallón estaba reducida prácticamente a una unidad fundamental, pues dos de sus unidades se encontraban en licencia y las otras dos tenían un sinnúmero de novedades. Adicionalmente llevaban más de tres meses en el área lo cual ocasionó graves brotes de indisciplina, baja moral y falta de espíritu de combate, porque estaban más pendientes de sus abastecimientos y de que llegara su relevo para salir a licencia, que de la situación de orden público que se vivía en la zona (...).

Ya iniciado el ataque por parte de los bandoleros de las FARC, el comandante del batallón, evidenció una falta total de liderazgo y de acción para mantener la unidad (...).

b. El comandante de la brigada móvil 3 no verificó el estado de entrenamiento la actitud mental, la capacidad física, no se enteró de los problemas de las unidades para solucionarlos, no detectó los vacíos que pudieron presentarse durante el reentrenamiento, aspectos que debió afrontar al momento de recibir el personal que conformaría su unidad.

c. Las unidades de la brigada móvil 3 estaban muy dispersas y por lo tanto el apoyo mutuo que debían prestarse en un caso como el ocurrido, era prácticamente imposible.

d. Se subestimó la capacidad del enemigo lo cual tuvo su origen en la falta de inteligencia de combate, en el desconocimiento del cambio de estrategia de los grupos subversivos y en la falta de unidad de mando y acción para el combate.

e. Las órdenes de operaciones emitidas por el comandante de la brigada, fueron transmitidas por radio, aspecto que bien pudo facilitar el conocimiento del enemigo sobre el movimiento de las tropas y la misión que se les encomendaba.

f. No se puso en conocimiento del mando superior, las limitaciones de personal ni la forma como fue diezmada la brigada móvil 3 al segregarle dos batallones. Igual ocurrió con los dos batallones restantes (52 y 53), que se encontraban, en el momento del ataque, a menos del 50 de sus efectivos (...).

j. En esas condiciones el batallón de contraguerrillas 52 no era la unidad capacitada para combatir las cuadrillas del bloque sur de las FARC, dada su inexperiencia en el combate, la indisciplina de sus tropas y la improvisación con que se conformaron estas unidades que dieron lugar a la creación de la brigada móvil 3 (...).

16.12. El Juez Tercero de Instrucción Penal Militar declaró que no existía mérito probatorio para abrir investigación penal en contra de los comandantes del batallón de contraguerrilla 52 y la brigada móvil 3, que habrían tomado medidas inadecuadas para desplegar las operaciones militares en la quebrada “El Billar” a finales de febrero y comienzos de marzo de 1998, porque no se avizoró conducta dolosa de dichos oficiales en la conducción de las operaciones militares (fls. 332 y 333, cdno. 2, acumulado 28223).

16.13. En el escrito de demanda se allegó la copia de unos reportajes de prensa publicados por el “Espectador” en los que se recoge la narración de lo vivido por algunos de los soldados de la brigada móvil 3. Al respecto, en el artículo se reprodujo lo siguiente:

La guerrilla estaba también del otro lado del río, por eso más de un soldado se ahogó y más de uno se mató antes de que lo cogieran. Había señales de balazos bajo la barbilla. Eso no lo dijeron porque no les convenía, pero estaban allí como un animal de monte.

(...) Cada quien se defendió como pudo y cuando ya se veían cogidos se suicidaban. Algunos de los heridos, que tenían vendajes porque recibieron primeros auxilios, fueron rematados con tiros en la cabeza. No respetaron a nadie.

Ellos cometieron muchos errores. Cuando fueron atacados, medio batallón 52 se encontraba de vacaciones, con licencias. Y los demás se la pasaban con putas, que después se supo que eran guerrilleras. Ellas sabían a qué horas entregaban el turno y cuándo hacían el registro en la zona.

La brigada móvil fue todo un mierdero. Cuando reclutaron no hicieron un ESP, estudio de seguridad personal en el que preguntan qué clase de persona es uno. Iban cogiendo gente preguntando ¿Quién quiere ser voluntario? Los que entraron era gente que, de alguna forma, le estaba huyendo a la vida.

16.14. De conformidad con los testimonios recogidos dentro del proceso, la muerte de los militares Rafael Hernando Villalba Silva(25), Ricardo Rincón Suárez(26), William Rojas(27), Tulio Chía(28), Alberto Quiroga(29), Ubert Abellos Bolaños(30), Alexander Barbosa Muñoz(31), Walter Humbeiro Ortiz(32) y Harold Riascos Godoy(33) implicaron para sus familiares una situación de aflicción, congoja y gran dolor.

D. Problema jurídico

17. Previa acreditación de la configuración del daño, es indispensable establecer si existió una omisión imputable jurídicamente a la entidad demandada, que pueda tenerse como base constitutiva del juicio de responsabilidad por los daños irrogados a los demandantes con la muerte de los militares del batallón de contraguerrilla 52 de la brigada móvil 3 del Ejército Nacional, ocurrida en combates con la columna Teófilo Forero del grupo guerrillero FARC, el 3 de marzo de 1998 en inmediaciones de la zona rural de la quebrada del Billar, Cartagena del Chaira, Caquetá, o si, por el contrario, se presenta una causal de exoneración de responsabilidad del Estado como lo es el hecho exclusivo y determinante de un tercero, en este caso, en cabeza del grupo subversivo.

17.1. La Sala encuentra acreditado el daño con la muerte de los militares Rafael Hernando Villalba Silva, Ricardo Rincón Suárez, Tulio Chía, Alberto Quiroga, William Rojas Rojas, Alexander Barbosa Muñoz, Walter Humbeiro Ortiz Gallego, Ulber Abello Bolaños y Harold Enrique Riascos Godoy en hechos ocurridos en marzo de 1998 en inmediaciones de la zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá, cuando el batallón de contraguerrillas 52, adscrito a la brigada móvil 3, del que hacían parte, se enfrentó a varias cuadrillas de la columna Teófilo Forero del grupo guerrillero FARC. Lo anterior se probó mediante los informes administrativos por muerte, los registros civiles de defunción y los protocolos de necropsia de los militares fallecidos —v. supra. 16.6—.

E. Análisis de la Sala

18. A fin de abordar la imputación del daño probado en el presente proceso, la Sala estudiará, en primer lugar, el régimen de responsabilidad estatal por los daños causados a militares por actos violentos provenientes de terceros; en segundo lugar, la relevancia de la doctrina probable en los juicios de responsabilidad, ya que la Subsección B en sentencias recientes del 26 de junio del 2014(34), 29 de agosto de 2014(35) y 28 de mayo de 2015(36) se pronunció en asuntos que tuvieron los mismos supuestos fácticos que el presente caso, esto es, la muerte de militares adscritos al batallón de contraguerrilla 52 de la brigada móvil 3 en combates con las FARC ocurridos el 3 de marzo de 1998 en Cartagena del Chairá; y en tercer lugar, si esta regla de interpretación de las normas vigentes aplicada a una situación fáctica determinada es extensible al caso concreto.

19. El régimen de responsabilidad estatal por daños ocasionados a militares en ejercicio de sus funciones.

19.1. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable a los daños padecidos por los integrantes de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones, la jurisprudencia del Consejo de Estado de modo unánime a diferenciado el régimen de responsabilidad en función de un criterio subjetivo, esto es, los que son conscriptos y aquellos que se vinculan voluntariamente a la actividad militar y policial(37); por tanto, mientras que a los primeros el deber les es impuesto por el ordenamiento jurídico(38), los segundos tienen una relación especial de sujeción voluntaria, lo que significa que la asunción de los riesgos que se desprenden del ejercicio de la actividad militar o policial es asumida consciente y libremente.

19.2. Esta diferenciación relevante hecha desde un criterio subjetivo incide sobre los fundamentos de imputación que estructuran la responsabilidad del Estado. En ese orden, si el daño se produce respecto de quienes les ha sido impuesta la obligación de prestar el servicio militar, el Estado debe responder(39) (1) por falla del servicio, si la acción u omisión del Estado es ilegítima y el daño ocasionado tiene vocación de ser imputado a este; (2) por riesgo excepcional, si la actividad del Estado es, por el contrario, legítima y riesgosa, y el daño es producto de la concreción del riesgo que ella conscientemente crea para el cumplimiento de ciertos deberes legales y constitucionales asignados(40); y (3) por daño especial, si la acción del Estado es legítima, no es riesgosa y se ha desarrollado en cumplimiento de un encargo o mandato legal, en beneficio del interés general, pero con ella se ha producido un perjuicio concreto, anormal y particular que impone un sacrificio mayor a una persona o a un grupo de personas.

19.3. A diferencia de lo anterior, cuando se trata de ciudadanos que han ingresado libre y voluntariamente a la fuerza pública, los daños por constituir la concreción de un riesgo inherente y desprendible de la misma actividad no serán imputados al Estado y solo habrá lugar a la atribución de la responsabilidad cuando la causa de los mismos sea constitutiva de falla del servicio(41), o cuando se somete al militar o policía a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban soportar los demás miembros de la institución que ejerzan la misma actividad.

19.4. Ahora, bien sea que los ciudadanos se vinculen voluntariamente o en calidad de conscriptos a la institución castrense, no dejaran de ser titulares de derechos exigibles del Estado y en aquellos eventos en los que se omite la implementación de medidas técnicas y demás mecanismos necesarios para prevenir, reducir riesgos, o por no brindar a los integrantes de esos cuerpos armados el entrenamiento suficiente, incurre en responsabilidad por falla del servicio. Esto no quiere decir que el deber de prevención del Estado sea invencible y que esté conminado a evitar o mitigar afectaciones a derechos de quienes, especialmente, participan en la conducción de hostilidades, ya que resultaría insensato convertir a las obligaciones estatales en parámetros absolutos de condena.

19.5. En suma, si la víctima del daño es un servidor que ejerce una función de alto riesgo, relacionada con la defensa y seguridad del Estado, este debe soportar su materialización, a no ser que se advierta una falla o haya sido expuesto a un riesgo mayor al que normalmente debe afrontar.

19.6. Una vez trazado el panorama jurisprudencial de esta Sección, la Sala analizará si los daños padecidos por los militares son atribuibles a la entidad demandada bajo el título de imputación de falla del servicio por omisión, tal como lo señalan los actores en la demanda. Para ello, es indispensable, explicar previamente las razones teóricas por las cuales el daño, aunque fue causalmente producido por la guerrilla de las FARC, debe ser imputado al Estado.

20. Estima la Sala que la configuración de la responsabilidad del Estado es posible en aquellos eventos en los que el daño lo ha causado un tercero por el incumplimiento de sus deberes, es decir, que aunque no exista un vínculo causal de la administración con el daño, es viable plantear el juicio de imputación en términos estrictamente jurídicos en razón de una omisión.

20.1. La omisión no significa inactividad o inercia, sino por el contrario, es hacer algo diferente a lo ordenado por una obligación, esto es, que de un no hacer se desprenden unos efectos contrarios al deber ser. Es cierto que, como lo ha puesto de presente esta Subsección en varias ocasiones, una de las principales dificultades en el derecho de daños es pretender incluir la causalidad como fundamento para atribuir responsabilidad en casos de omisión, habida cuenta de que, desde el punto de vista teórico, establecer una relación causal entre la omisión y el daño es problemático(42), por cuanto la omisión no es una causa del daño, sino un parámetro de reproche, que trasciende en la estructuración del juicio de responsabilidad.

20.2. Al respecto, la doctrina ha adoptado soluciones de distinta naturaleza para superar estas dificultades como lo es la teoría de la conditio sine qua non o la causalidad adecuada; sin embargo, ha sido también infructuoso este esfuerzo en la medida que al intentar escoger una causa termina por normativizar la causalidad, lo que no resulta apropiado al valorar, sin integrar rigurosamente todos los elementos del universo ontológico - universo del ser, un hecho perteneciente exclusivamente a las ciencias naturales, el cual es impasible a criterios humanos o construcciones éticas(43), “la decisión sobre la existencia o no de la relación de causalidad es una cuestión de hecho, libre de valoraciones específicamente normativas”(44). Entonces, para superar el dilema de la causalidad entre la omisión y el daño, la doctrina ha propuesto la adopción de criterios normativos de imputación que, desde una perspectiva del deber ser, explican conceptualmente mejor la posibilidad de atribuir responsabilidad por un daño en cuya producción fáctica no tuvo participación el Estado(45), juicio que implica establecer en términos de imputabilidad jurídica y no de causalidad fenomenológica(46) si es posible imputar a la falla probada en el proceso o no, esto es, verificar las obligaciones y, posteriormente, su cumplimiento e incumplimiento e incidencia en la afectación del derecho o interés que consolidó el daño y que se reclama.

20.3. Desde esta perspectiva, lo que permite definir congruentemente por qué un determinado resultado dañoso, como el que se presenta en este caso, debe ser atribuido a persona distinta de la que lo ha causado fácticamente, tiene que ver con la verificación por parte del juez del ejercicio adecuado de las obligaciones a cargo de la entidad, pues esto permitirá determinar si hay razones normativas suficientes para atribuirle responsabilidad.

20.4. Siendo esto así, el actor no está exonerado de su carga probatoria, sino que debe acreditar que en la producción del daño, pese a que la demandada no participó materialmente, sí infringió con su omisión, deberes competenciales de hacer, que fueron relevantes en relación con el daño cuya indemnización se pretende. Así las cosas, la carga probatoria no se traduce en la demostración de un nexo de causalidad que, se insiste, no es posible probar materialmente en el caso de omisiones, sino en la necesidad de aportar elementos que hagan razonablemente inferir que, en las circunstancias del caso concreto, el incumplimiento de la carga obligacional contribuyó de modo relevante a la configuración del daño.

21. La aplicación de la doctrina probable a casos de responsabilidad estatal por daños causados por terceros a militares, en los que se evidencia deficiencias estructurales en el Ejército Nacional.

21.1. Las diferentes subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado al juzgar la responsabilidad estatal por los daños padecidos por militares en ataques guerrilleros, ha aplicado el título jurídico de imputación de falla del servicio que descansa en las fallas estructurales de planeamiento y ejecución de las operaciones militares.

21.2. Al respecto, esta Subsección se ha pronunciado de manera uniforme, constante y reiterada en varios casos de condiciones fácticas similares y ha declarado la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional por los daños padecidos por miembros de la fuerza pública, como consecuencia de ataques de la guerrilla que habrían podido ser evitados o mitigados de haberse tomado a tiempo las medidas necesarias, preventivas de cara a estructurar, planear y ejecutar de mejor manera las operaciones militares.

21.3. En efecto, con fundamento en las sentencias del 26 de junio de 2014(47), 29 de agosto de 2014(48) y 28 de mayo de 2015(49), esta Sala concluyó que los daños sufridos por los militares el 3 de marzo de 1998 en la quebrada El Billar, jurisdicción de Cartagena del Chairá, eran imputables a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a título de falla del servicio por omisión, toda vez que se demostró que el Estado infringió obligaciones de prevención que exigía a los altos mandos militares tomar todas las medidas necesarias para enfrentar un riesgo conocido, real e inminente y dotar al personal militar de las mínimas garantías de protección que les permitieran la correcta ejecución de tareas y misiones operacionales encomendadas.

21.4. Por otra parte, las diferentes subsecciones de la Sección Tercera se han pronunciado de manera uniforme en otros casos referentes a daños infligidos a militares, así: i) la sentencia del 25 de mayo del 2011 de la Subsección C declaró la responsabilidad del Estado y lo condenó por la muerte de varios militares en el ataque guerrillero a la base militar de “Las Delicias”, que tuvo lugar el 30 de agosto de 1996(50); y ii) la sentencia del 7 de abril del 2011 de la Subsección A, en la que declaró la responsabilidad del Estado por el ataque guerrillero a la base militar del cerro de “Patascoy”, el cual tuvo lugar el 21 de diciembre de 1997(51).

21.5. La Sala pone de presente que los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales, constituyen doctrina probable y, a diferencia de la forma en que se abordaba esta figura en el régimen jurídico de la Constitución de 1886, según lo recordó la Corte Constitucional en Sentencia C-621 del 2015, “la doctrina probable en la Constitución de 1991 tiene el valor de fuente normativa de obligatorio cumplimiento”.

21.6. La Corte Constitucional mediante Sentencia C-836 de 2001 declaró exequible el artículo 4º de la Ley 169 de 1896(52) y, a su vez, en la Sentencia C-621 de 2015 declaró exequible el inciso segundo del artículo 7º de la Ley 1564 de 2012(53), ambas referidas a la figura de la “doctrina probable” en materia judicial. Estas sentencias se adentraron a estudiar los fundamentos de esta figura, así:

La fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla y de su función como órgano encargado de unificar la jurisprudencia ordinaria; (2) de la obligación de los jueces de materializar la igualdad frente a la ley y de igualdad de trato por parte de las autoridades; (3) del principio de la buena fe, entendida como confianza legítima en la conducta de las autoridades del Estado; (4) del carácter decantado de la interpretación del ordenamiento jurídico que dicha autoridad ha construido, confrontándola continuamente con la realidad social que pretende regular.

21.7. Los fallos precitados le dieron a la doctrina probable un nivel jurídico relevante, cuya base consiste en “el derecho de los ciudadanos a que las decisiones judiciales se funden en una interpretación uniforme y consistente del ordenamiento jurídico” —C-836/2001—.

21.8. Para la Corte Constitucional la igualdad ante la ley y la igualdad de trato por parte de las autoridades obliga especialmente a los jueces, así:

Una decisión judicial que desconozca caprichosamente la jurisprudencia y trate de manera distinta casos previamente analizados por la jurisprudencia, so pretexto de la autonomía judicial, en realidad está desconociéndolos y omitiendo el cumplimiento de un deber constitucional —C-836/2001—.

21.9. No obstante, pese a la fuerza normativa de la doctrina probable, esta no es incontestable y no supone la petrificación del derecho, por ello se ha previsto, en virtud de la autonomía judicial, una serie de excepciones de apartamiento(54) tanto para los órganos judiciales de cierre como para los jueces de inferior jerarquía, que en todo caso deben ser argumentadas, con lo que se abre la posibilidad para que el juez de conocimiento aplique la técnica de la distinción (distinguish), es decir, que distinga el caso sometido a estudio del caso contemplado por la ratio decidendi pasada y, de ser procedente, el órgano judicial de cierre, efectúe un cambio jurisprudencial (overruling)(55) (56).

21.10. Según lo establecido en su largo recorrido jurisprudencial, la Corte Constitucional indicó en la Sentencia C-621 de 2015, que estudió la figura de la doctrina probable incluida en el inciso segundo del artículo 7º de la Ley 1564 de 2012, que una vez identificada la jurisprudencia aplicable al caso, la autoridad judicial solo podía apartarse de la misma mediante un proceso de contra-argumentación donde se manifestaran las razones del apartamiento, bien por:

(i) ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al caso concreto; (ii) desacuerdo con las interpretaciones normativas realizadas en la decisión precedente; (iii) discrepancia con la regla de derecho que constituye la línea jurisprudencial. De este modo, la posibilidad de apartamiento del precedente emanado de las corporaciones judiciales de cierre de las respectivas jurisdicciones supone, en primer término, un deber de reconocimiento del mismo y, adicionalmente, de explicitación de las razones de su desconsideración en el caso que se juzga.

21.11. Por otra parte, es necesario precisar que se ha previsto un control judicial estricto del respeto del precedente, cuya disciplina se hace efectiva mediante el recurso extraordinario de súplica —vigente en su momento y derogado por la L. 954/2005—, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia —en caso de desconocimiento de sentencia de unificación del Consejo de Estado— y la acción de tutela contra sentencias judiciales(57), con lo que se ha dado un soporte sólido a la fuerza normativa de la jurisprudencia(58) y se le ha reconocido un carácter de precedente mediante una interpretación amplia de la obligación de sometimiento de los jueces al imperio de la ley formulada por el artículo 230 de la Constitución(59).

21.12. En la Sentencia C-053 de 2015, la Corte Constitucional se pronunció sobre el rol trascendental del precedente de las altas cortes y recordó en lo atinente a la tutela contra providencias judiciales la causal de nulidad de sentencias por desconocimiento del precedente. Al respecto, la Corte reiteró:

Ahora bien, como se explicó líneas atrás, cuando el precedente emana de los altos tribunales de justicia en el país (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), adquiere un carácter ordenador y unificador que busca realizar los principios de primacía de la Constitución, igualdad, confianza, certeza del derecho y debido proceso. Adicionalmente, se considera indispensable como técnica judicial para mantener la coherencia del ordenamiento.

En la práctica jurídica actual, las instancias de unificación de jurisprudencia son ineludibles, debido a que el derecho es dado a los operadores jurídicos a través de normas y reglas jurídicas que no tiene contenidos semánticos únicos. Por tanto, el derecho es altamente susceptible de traer consigo ambigüedades o vacíos que pueden generar diversas interpretaciones o significados que incluso, en ocasiones deriva de la propia ambigüedad del lenguaje. Eso genera la necesidad de que, en primer lugar, sea el juez el que fije el alcance de este en cada caso concreto y, en segundo lugar, de que haya órganos que permitan disciplinar esa práctica jurídica en pro de la igualdad.

21.13. De esta manera, la carga argumentativa del juez contencioso administrativo que se aleja de la fuerza normativa de la doctrina probable implica un deber tal, que si no se lleva a cabo, a la luz de la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 5 agosto de 2014(60), produce un defecto sustantivo.

21.14. Para establecer si un fallo es vinculante a un caso futuro, se deben reunir tres condiciones: i) una semejanza entre los supuestos de hecho del caso actual y los que se decidieron en el pasado —premisa fáctica—; ii) si la consecuencia jurídica que se aplicó al caso anterior es pertinente para el caso que se va a decidir —premisa normativa—; y iii) si la regla fijada por la jurisprudencia se mantiene y no ha cambiado o evolucionado —vigencia de la premisa normativa—(61). De modo que es vinculante “aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que habrá que resolver que por su pertinencia para la solución de un problema jurídico (...), debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de dictar sentencia”(62).

21.15. Este sistema de disciplina judicial obedece a la concreción de premisas fundamentales, recordadas por la doctrina(63), como son: i) coherencia y unidad del sistema jurídico —si se ha decidido en el pasado un caso de acuerdo con una regla de derecho, es coherente que en el futuro sea obligatorio decidir del mismo modo un caso idéntico o similar—; ii) estabilidad del sistema jurídico —exigencia de permanencia en el tiempo de las reglas jurídicas relativas a la aplicación del derecho a los casos concretos y la uniformidad de su aplicación en el tiempo—; y iii) respeto del principio de seguridad jurídica y de igualdad —el derecho debe tratar del mismo modo a los sujetos implicados en casos idénticos o similares, anteriores, presentes y futuros—.

21.16. Para la Sala es relevante el valor normativo de la doctrina probable en razón de que en virtud de su carácter vinculante, el juez de instancia tiene la obligación de aplicar la regla de derecho anterior en las decisiones que atañen a casos posteriores con similares supuestos de hecho, de cara a hacer realidad las premisas de coherencia jurídica y de igualdad de trato en el ejercicio de la función judicial.

21.17. La Sala reitera para el presente caso la postura jurídica construida por las anteriores decisiones con base en las siguientes razones: i) Semejanza de los supuestos fácticos: existen semejanzas entre las premisas fácticas de las sentencias que juzgaron la responsabilidad estatal en el ataque guerrillero ocurrido el 3 de marzo de 1998 al batallón de contraguerrillas 52, de la brigada móvil 3, de la división cuarta del Ejército Nacional, destacada en inmediaciones de la vereda “El Billar”, jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, en la que resultaron muertos 62 militares, 2 desaparecidos y 43 militares secuestrados, y el caso presente, pues se trata de sentencias que provienen de una corriente ininterrumpida de precedentes(64) en los que se ha constatado que uniformados murieron en similares circunstancias a manos de la guerrilla por fallas en el planeamiento del operativo militar, aspectos que permitieron que el enemigo pudiera propinarle la pérdida de vidas humanas al Ejército Nacional en el contexto de las hostilidades; situación que impone para el caso presente reiterar la anterior regla de derecho por exigencia de igualdad de trato(65) - (66); ii) Diferenciación subjetiva. Se trata de un destinatario diferente a los beneficiados con las decisiones judiciales anteriores. iii) Adecuación y vigencia de la aplicación de la regla de decisión anterior al presente caso. La consecuencia jurídica que se aplicó para la resolución de los casos anteriores es susceptible de ser aplicada al presente caso y está vigente. iv) Lineamiento jurisprudencial constante: El Consejo de Estado declaró la responsabilidad a cargo de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a título de falla del servicio por omisión, por cuanto se acreditó que los daños padecidos por los soldados a manos de un tercero se originaron por un defectuoso funcionamiento del aparato militar.

21.18. En los anteriores pronunciamientos proferidos por el Consejo de Estado quedó acreditado que la derrota operacional estuvo precedida de graves errores tácticos y estratégicos de la brigada móvil 3 y del batallón de contraguerrillas 52, de los que estaban enterados con anticipación los diferentes eslabones de la línea de mando del Ejército Nacional y que la entidad demandada, pese a conocer las precariedades de dichas unidades militares y la inminencia de un ataque por parte del grupo guerrillero FARC, no llevó a cabo acción alguna que impidiera la ocurrencia del daño padecido por muchos militares, entre ellos, Rafael Hernando Villalba Silva, Ricardo Rincón Suárez, William Rojas, Tulio Chía, Alberto Quiroga, Ulber Abellos Bolaños, Alexander Barbosa Muñoz, Walter Humbeiro Ortiz y Harold Riascos Godoy.

21.19. En dicho horizonte fáctico, se ha considerado que i) se había incurrido en una omisión del deber de protección de la vida e integridad de los integrantes del Ejército Nacional al crear y poner en marcha una unidad militar menor con precariedad de efectivos, deficiencias de material bélico y de guerra, que se incurrió, además, en errores de planeamiento y ejecución de las operaciones militares, con lo que se los expuso a un riesgo previsible y resistible de sufrir un ataque armado de la guerrilla; ii) no se configuró la causal eximente de responsabilidad de un hecho exclusivo y determinante de un tercero, porque las fallas por omisión en las que incurrió la entidad demandada al no corregir las deficiencias que conocía con anticipación fueron relevantes en la producción del daño y muy posiblemente si el Estado hubiera desplegado el número de efectivos adecuado, brindado el apoyo aéreo-estático y provisto de suficiente material de guerra e intendencia el balance de lo ocurrido en la quebrada de El Billar, Cartagena del Chairá, habría sido otro.

22. Análisis del caso concreto.

22.1. Los criterios peviamente analizados son claramente aplicables al caso concreto para determinar la falla del servicio por omisión de la entidad demandada. Para tal efecto, la Sala profundizará en cada uno de los puntos reseñados en el acápite de hechos probados y que también sirvieron de fundamento para estructurar el juicio de imputación de otras decisiones similares: i) deficiencias estructurales y humanas en la conformación de la brigada móvil 3, adscrita a la cuarta división del Ejército Nacional; ii) insuficiencia del material de guerra; iii) déficit en la información de inteligencia al no tenerse conocimiento del número de cuadrillas guerrilleras que iban a ser enfrentadas ni de su condición geográfica, estratégica ni operacional en la zona de tres esquinas, Caquetá y, iv) falencias en medios de comunicación y flota aérea.

23. Deficiencias estructurales y humanas en la conformación de la brigada móvil 3 adscrita a la cuarta división del Ejército Nacional.

23.1. Las pruebas recopiladas en el expediente son contestes en señalar que la composición y la etapa de entrenamiento de los integrantes de la brigada móvil 3 fue deficiente; primero, por el bajo número de efectivos que la integraron, ya que, según el oficio 120783/CEDE-3-PO-375, dicha brigada debía contar con 181 oficiales, 495 suboficiales, 2.935 soldados voluntarios; sin embargo, el Ejército Nacional reconoció que no fue posible integrar los cuadros de la unidad militar menor en capacidad de 100% con respecto a lo dispuesto en las tablas de organización y equipo, TOE, por lo que los batallones de contraguerrillas de la brigada móvil 3 contaron con 15 oficiales y 37 suboficiales, equivalente al 79% y 70%, respectivamente de los efectivos con relación a las TOE (fl. 1458, cdno. 11)(67). Esta queja sobre el faltante de integrantes de la brigada móvil 3 fue unánime entre los sobrevivientes del batallón de contraguerrilla 52 —v. supra. párr. 16.9.3 y s.—, lo que coincide con los testimonios rendidos por el mayor general Agustín Ardila Uribe —v. supra. párr. 16.10.2—, el brigadier general Manuel Guillermo Franco Pérez —v. supra. párr. 16.10.3— y el informe “Caso táctico El Billar” —v. supra. párr. 16.11— donde se sostuvo que la unidad militar tenía serios faltantes; segundo, por el tiempo de entrenamiento(68) de los integrantes de dicha unidad —cuatro meses—, quienes en su mayoría eran soldados bachilleres o militares desacuartelados hacía 2 o 3 años —supra párr. 16.8.2—, máxime si se tiene en cuenta que se enfrentaban a la columna más sangrienta del grupo guerrillero FARC.

23.2. Adicionalmente, dados los elementos probatorios recaudados en torno a que meses antes del ataque guerrillero, los efectivos de la unidad militar presentaban una situación de baja moral, causado por problemas de orden físico y psicológico, es fácil inferir que, en el contexto de las hostilidades, el valor de combate es una herramienta imprescindible. Sobre este punto, son particularmente dicientes las pruebas emanadas del comandante de la brigada móvil 3 y de los diferentes batallones que la conformaban —entre ellos el batallón de contraguerrillas 52—, quienes estaban al tanto del estado de las compañías y se encargaban directamente de ejecutar las operaciones militares:

23.3. Los graves problemas de desarraigo, alcoholismo, enfermedades venéreas, adicción a sustancias psicoactivas y las manifestaciones permanentes de indisciplina fueron puestas en conocimiento del comandante de la brigada móvil 3, el 19 de septiembre de 1997 por una psicóloga y una trabajadora social, luego de haber entrevistado a los soldados que la conformaban. Ante el inusitado diagnóstico, las referidas profesionales de sanidad del Ejército Nacional recomendaron que: i) no se debían realizar incorporaciones improvisadas y ii) se debía retirar con prontitud a los militares con problemas de adicción a sustancias psicoactivas —v. supra. párr. 16.8.1—.

23.4. El comandante de la brigada móvil 3 informó al comandante de la cuarta división del Ejército Nacional sobre la situación que se presentaba, así: i) la unidad operativa menor está incompleta; ii) la brigada no cuenta con servicio médico, lo que afectaba la moral de la tropa; iii) la incomunicación total de los militares con sus familiares en vísperas de Navidad y fin de año afecta el valor de combate; iv) la evacuación de militares de la zona es casi imposible en razón de la ausencia de apoyo aéreo; v) los costos de desplazamiento de cada militar hacia sus lugares de origen es inaccesible(sic). Finalmente, lo exhortó a fin de que atendiera con prioridad las observaciones dadas a conocer por las profesionales de la salud —v. párr. 16.8.2—.

23.4.(sic) El comandante de la cuarta división se limitó a manifestar que la cúpula del Ejército Nacional estaba al tanto de la situación emocional de los integrantes de la unidad militar menor y que no era posible atender las dificultades por razones de orden financiero. Indicó al comandante de la división que se abstuviera de conceder permisos para que los soldados visitaran a sus familiares durante las festividades de Navidad y fin de año a fin de evitar deserciones —párr. 16.8.3—, lo que deja entrever que, más allá de ser una medida improvisada en contra de unos soldados que fueron calificados cruelmente por las profesionales de la salud como “lastres... para la institución”, incidió muy posiblemente en una crisis emocional que afectó el valor de combate que normalmente se debe tener en una hostilidad. Al respecto, basta señalar que, de acuerdo con el informe “Caso táctico El Billar” —literal (z)— hubo una clara improvisación en la incorporación de los soldados voluntarios de la brigada móvil 3 quienes tenían delicados problemas de orden físico y psicológico para integrar las filas militares —v. supra. párr. 16.7—.

23.5. Así fue como el problema de baja moral en las tropas fue un punto de quiebre que influyó en la derrota militar al momento de iniciar las hostilidades en Cartagena del Chairá. En efecto, el informe “Caso táctico El Billar” en los literales (am) y (Q) revela que el fracaso operacional pudo haberse evitado si el batallón de contraguerrillas 52 no hubiera manifestado brotes graves de indisciplina como lo son el consumo recurrente de licor, frecuentación de prostíbulos, atropellos y maltrato a la población civil, lo que a la postre, fue capitalizado por la subversión, en la medida que no solo obtuvieron información privilegiada de la ubicación y estrategias sino que los subversivos esperaron a que las unidades militares se encontraran reducidas en razón de los permisos, lo cual facilitó el aniquilamiento de la tropa.

23.6. Dentro del proceso disciplinario cuyas resultas fueron la destitución de los comandantes de la brigada móvil 3 y del batallón de contraguerrillas 52 se indicó que los errores cometidos en las operaciones militares llevadas a cabo en Cartagena del Chairá a comienzos de 1998 se evidenciaron desde el mismo momento de la incorporación por el mal reclutamiento y se aseguró que los resultados de la derrota militar eran previsibles, apreciación que es reforzada cuando se sostiene que hubo una clara deficiencia de la munición y del planeamiento de las operaciones —v. párr. 16.11—.

23.7. En este punto, la Sala no pasa por alto las delicadas afirmaciones hechas por el operador disciplinario para quien no es posible que se haya expuesto al azar unas vidas humanas e improvisar en la conducción de las operaciones, siendo inaceptable que se juegue con la vida de seres humanos que entregan y sacrifican la vida por cumplir la misión encomendada en la Constitución Política —v. supra. párr. 16.11—.

23.8. Aunado a estos factores, se destaca que para el momento de las hostilidades el 50% de los miembros del batallón de contraguerrillas 52 se encontraban en licencia, sin que se haya dispuesto de un apoyo adicional que contrarrestará dicha merma de militares, situación que influyó en la composición y despliegue táctico de guerra para enfrentar al enemigo, tal como se constató en el literal (i) del informe “Caso táctico El Billar” —v. supra. párr. 16.7—. Si bien, el Ejército Nacional llevó a cabo un plan de bienestar en favor de los uniformados al concederles masivamente permisos, no previó ninguna medida de contrachoque en coordinación con los altos mandos militares para suplir la ausencia de las compañías que quedaron desprovistas de efectivos desatendiendo la estabilidad de las operaciones militares iniciadas por el batallón de contraguerrilla 52, máxime si se tiene en cuenta que se trataba del lugar geográficamente más importante de la subversión. Dicha falencia fue tan significativa que el Ejército Nacional no designó en encargo a ningún oficial de planta en el período comprendido entre el 7 y el 15 de enero de 1998, tiempo en el que el comandante del batallón de contraguerrillas 52 solicitó permiso, con lo que se afectó sensiblemente la línea de mando operacional entre las compañías que componían dicha unidad táctica y se fomentó una indisciplina entre los uniformados —v. supra. párr. 16.7—.

24. Insuficiencia de material de guerra.

24.1. Por otra parte, si bien el comandante de la decimosegunda brigada del Ejército Nacional informó a este despacho mediante oficio 180751/CE-JEOPE-DIROP-375 del 9 de octubre de 2000 (fl. 14 y ss., cdno. 5, acumulado 26029) que el material bélico y de guerra era idóneo y suficiente para enfrentar a la columna Teófilo Forero de las FARC(69), lo cierto es que, de acuerdo con los hechos probados, había un déficit importante de municiones y armamento, circunstancia que, particularmente, fue conocida con anticipación por los altos mandos del Ejército Nacional, pero que no fue en ningún momento atendida, lo que puso a esta unidad militar en una situación de grave vulnerabilidad, tal como se puso de presente en el informe “Caso táctico El Billar” —v. supra. párr. 16.7—.

24.2. Mediante oficio 0079/BRIM—B4-420 y 0647/BRIM3-B4-412 del 18 de septiembre y 20 de diciembre de 1997, respectivamente, el comandante de la brigada móvil 3 informó al subjefe del estado mayor del Ejército Nacional que los militares destacados en la zona no tenían suficiente armamento para combatir y que el de dotación era defectuoso, solicitud que tampoco fue contestada, a tal punto que los mismos soldados sobrevivientes manifestaron que esta falencia agravó la situación y se convirtió en una ventaja militar en favor de la subversión y una debilidad manifiesta para los uniformados —v. párr. 16.9.3 y s.—.

24.3. En efecto, a las fallas cometidas en lo concerniente al deber de reclutar e incorporar personal idóneo y adecuado, se suman las acreditadas en la manera que se proveyó el material de guerra. Al respecto, basta señalar que, de acuerdo con el informe “Caso táctico El Billar”, ante la solicitud de urgente de aprovisionamiento, se revelaron las siguientes falencias: i) falta de granadas de fusil; ii) insuficiencia de la carga básica de cartuchos por fusil; iii) falta de brazaletes de identificación, bengalas de iluminación, granadas de humo; iv) falta de comunicación satelital; v) desconocimiento del plan de reacción y seguridad e, vi) inaplicación de la técnica de maniobra de contraguerrillas.

24.4. Estas deficiencias se convirtieron en una ventaja militar para la subversión y en una dificultad insuperable para los integrantes de la unidad militar menor que no pudieron desarrollar cabalmente las labores encomendadas por el alto mando del Ejército Nacional, lo cual fue confirmado por los testimonios rendidos por el capitán Germán Jaimes Beleño —v. párr. 16.9.1— y el teniente Édgar Gaitán Matiz —v. supra. párr. 16.9.2—, donde se dijo que el abundante fuego desplegado por los guerrilleros —morteros, granadas de mano y granadas de fusil—, no fue contrarrestado por los uniformados del batallón de contraguerrilas 52 por no tener suficientes recursos de guerra para el combate quienes se acantonaron en un solo punto.

25. Errores en la información de inteligencia.

25.1. La brigada móvil 3 careció de información de inteligencia, pues no se tenía conocimiento exacto del número de cuadrillas guerrilleras que iban a ser enfrentadas ni de su situación estratégica ni operacional, lo que constituyó una falla del servicio. El mencionado informe revela que los comandantes del Ejército Nacional no planearon la operación y las tropas fueron desplegadas improvisadamente en la zona rural de Cartagena del Chairá sin previo conocimiento de la situación del enemigo, lo que incidió en que las órdenes de operaciones entregadas a las unidades militares hayan sido infructuosas y confusas. En los literales (g), (k), (ap) y (O) del informe militar “Caso táctico El Billar”, se afirma que: i) la inteligencia militar desconoció la composición y fuerza de cada una de las cuadrillas del bloque sur de las FARC; ii) las tropas fueron enviadas sin tener en cuenta las condiciones de los blancos militares que condujo a un caos y desorden en la formulación y ejecución de las órdenes de operaciones; iii) se ignoró que las FARC cambiaron su estrategia táctica de guerra, de una guerra de guerrillas a una guerra de movimiento de posiciones, en la cual se emplean los principios de masa y sorpresa de cara a aniquilar por completo al adversario. Además, pone de presente el informe, las deficiencias de la contrainteligencia de la unidad militar, pues el grupo subversivo conoció la situación estratégica de la tropa a través de la infiltración de un guerrillero en las unidades militares que le permitió percatarse de los procedimientos de abastecimiento, la ubicación de las bases de patrullaje y las estrategias táctico-militares, entre otras —supra. párr. 16.7—.

25.2. La Sala advierte que el Ejército Nacional no podía desconocer que, para aquella época, el área de Tres Esquinas era el principal baluarte de las FARC y que una de sus conocidas estrategias que ya habían sido utilizadas en contra de otras unidades militares en materia de táctica de guerra era la de asegurarse una superioridad numérica y arreciar en masa durante el combate. Así lo demuestra lo ocurrido en las bases militares de “Las Delicias” y “Patascoy”, en donde, según lo descrito por amplios medios de comunicación, el número de efectivos de la guerrilla desplegado fue calculado entre 400 y 600 guerrilleros, además del abundante arsenal utilizado. Por tanto, con solo saber que para la época de los hechos en el área de Cartagena del Chairá estaba desplegada la columna Teófilo Forero y las cuadrillas XIV y XV, así como las condiciones en que fue instalada la brigada móvil, bastaba para prever que la confrontación armada implicaría la participación de numerosos combatientes, a lo cual se le restó importancia por la cúpula militar. Por tanto, las FARC aprovecharon la ventaja numérica, aunado a que la mayoría de efectivos de la fuerza pública no tenían experiencia militar —supra. párr. 16.7, literal y— con lo que el Ejército Nacional fue fácilmente doblegado.

25.3. Es evidente que, con un contingente de hombres mermado y un número importante de guerrilleros desplegados en el área, frente a la envergadura de la amenaza cuyos efectos desastrosos habían impactado en el pasado otras unidades militares, el Ejército Nacional no dotó de recursos humanos a los batallones de contraguerilla de la brigada móvil 3. En el proceso nada se acreditó sobre el reabastecimiento de efectivos, ni sobre la adopción de medidas de reclutamiento y ello ni siquiera ante la enorme evidencia de que la brigada no contaba con el número de militares exigido en la resolución que le dio origen y que por muchos generales fue tirada la alarma de que no era aconsejable ponerla a operar en esas condiciones —supra. párr. 16.10.1—.

25.4. A partir de lo expuesto hasta aquí está demostrado que el Ejército Nacional no adoptó medidas preventivas de reabastecimiento militar a efectos de evitar otra masacre militar. Lo anterior, en tanto está acreditado que las medidas adoptadas se enfocaron en insistir ciegamente que estaba prohibido el desacuartelamiento y que perentoriamente se debía cumplir con las operaciones militares encomendadas a la brigada móvil, no así, en evitar otra masacre como la sucedida en “Las Delicias” o “Patascoy”, con lo que se expuso a los militares a que, en caso de que esta se produjera, quedaran expuestos al poderío del grupo insurgente. En este sentido, el ejército esperó impasiblemente a que se asestara otro golpe donde cayeran otros tantos militares. Así las cosas y en atención a que la demandada no demostró que previamente a la instalación de la brigada móvil hubiera llevado a cabo trabajos de inteligencia que descifraran la composición y ubicación de los subversivos, la Sala concluye que, en relación con este punto, la entidad también incurrió en una falla del servicio.

26. Falencias en medios de comunicaciones y flota aérea.

26.1. La brigada móvil 3 no contó con el apoyo aerotáctico y de comunicaciones que era necesario para el buen desempeño de las operaciones militares, aspectos vitales en la medida que permitía garantizar la movilización de los integrantes de la mencionada unidad militar y mantener las comunicaciones entre las diferentes unidades militares:

26.2. Los diferentes medios de prueba revelaron la falta de apoyo aerotáctico, lo cual no permitió preservar las condiciones adecuadas y óptimas del desarrollo de las operaciones asignadas a la brigada móvil, pese a que el comandante de la brigada móvil 3 instó en diferentes oportunidades a la cúpula militar para que se corrigiera dicha falencia. En ese sentido basta indicar que, al margen de la superioridad numérica y el abundante fuego que incidieron en la derrota militar, lo cierto es que el comandante de la brigada móvil le notificó a la cúpula militar mediante oficios 317, 345, 436, 787, 798, 870 y 871 del 5, 9 y 24 de noviembre de 1997, 27 y 30 de enero de 1998, 10 de febrero de 1998, respectivamente —párr. 16.8.5— sobre la necesidad de asignación de unidades aéreas, herramienta vital para una brigada.

26.3. En el mismo sentido, mediante oficio 898 BRIM-3 B-3365 del 13 de febrero y 2 de marzo de 1998, a vísperas de la derrota militar, dicho comandante urgió angustiosamente a la cúpula militar para que se proveyeran los apoyos aéreos para el mes de marzo y abril de 1998 —v. supra. párr. 16.8.5—; no obstante, dichas peticiones, según lo allegado al presente proceso, no fueron atendidas por los mandos superiores del Ejército Nacional.

26.4. En ese orden, la brigada móvil 3 no contó el apoyo aéreo-táctico y de comunicaciones para desplegarse en la zona ni para evacuar a los heridos, falencia que comprometió la capacidad de dispersión de la unidad militar móvil en el terreno. Y es que en el informe “Caso táctico El Billar” se reveló que la fortaleza de una brigada móvil depende en gran parte del apoyo aéreo; sin embargo, lo cierto es que fue en ausencia de dicho apoyo que, abiertamente, los miembros de ese grupo subversivo arreciaron con la unidad militar, cuestión que está probada en el presente proceso al haberse demostrado que para el momento del enfrentamiento armado no hubo suficiente movimiento del batallón de contraguerrillas 52. Dicho de otro modo, fue porque el grupo guerrillero tomó el control total del área que, ante protuberantes falencias, aprovecho para aniquilar a los militares y que, por el abundante fuego en contra de los militares en un sitio específico del área de combate, hizo imposible que otras unidades militares acudieran en refuerzo. Al respecto, son relevantes las declaraciones juramentadas del capitán Germán Jaimes Beleño —v. supra. párr. 16.9.1— quién afirmó que cuando los aviones bombardeaban la zona, con frecuencia hacían blanco en las propias tropas del Ejército Nacional, y que resultó muy difícil la operación de evacuación de los uniformados de la zona de hostilidad, hechos que evidencian una carencia de comunicación, factor que incidió de modo negativo en la calidad del apoyo aéreo suministrado durante el combate en Cartagena del Chairá. Esta falta de apoyo aerotáctico y de comunicaciones fue ampliamente descrita en los testimonios del general Agustín Ardila Uribe y el brigadier general Manuel Guillermo Franco Páez, donde se afirmó lo siguiente: “La brigada móvil 3 (...) no tenía asignado ningún helicóptero, cuando se iba a desarrollar una operación de movimiento de tropas se necesitaba recurrir al apoyo de ejército y al movimiento del helicóptero de la séptima brigada (...) coordinaba con mi comando para el apoyo en horas que en un principio del mes de enero del 98 estuvieran restringidas a un total de 20 horas, posteriormente se normalizaron a 35 y ese apoyo lo daba directamente la brigada 12 [,] es decir [,] la brigada móvil no tenía ningún medio de apoyo aéreo a su cargo” —v. supra. párr. 16.10.3—.

26.5. En suma, se puso de presente desde noviembre de 1997, por parte del comandante de la brigada móvil 3, la falta de apoyo aerotáctico, lo que en ocasiones restringió el movimiento de tropas y obligó a los batallones a concentrarse en un solo sector, con lo que se desconocía las normas básicas de seguridad en el área de operaciones y ponía en riesgo la integridad de los miembros de las unidades militares —v. supra. párr. 16.8.4—, circunstancia que permite inferir que el alto número de bajas ocurridas en la zona de la quebrada “El Billar” se originó por una falla en el apoyo aéreo, pues esta unidad militar recibía esporádicamente el apoyo de un helicóptero Ml-17, el cual se encontraba asignado a otra brigada.

26.6. La brigada móvil 3 tampoco contó con adecuados equipos de comunicaciones y, tal como lo puso de presente el informe “Caso táctico El Billar”, carecía de un teléfono satelital que le permitiera tener un contacto permanente entre las tropas y los mandos superiores, lo cual, según dicho informe, era fundamental para operaciones propias de selva, dicha falencia fue decisiva a la hora que los guerrilleros desplegaron abundante fuego en contra de los uniformados - “Caso táctico El Billar”, literales (e), (h), (t), (ad) y (C).

27. Para la Sala no hay duda de que la masacre en la quebrada El Billar perpetrada por el grupo guerrillero FARC-EP el 2 de marzo de 1998, así como su prolongación hasta el 4 de marzo de 1998, fue posible porque la demandada incurrió, como se ha descrito, en protuberantes fallas del servicio, consistentes en no haber tomado oportunamente medidas de protección y prevención de cara a evitar o mitigar los efectos de la derrota operacional ocurrida en inmediaciones de la zona rural de Cartagena del Chairá el 3 de marzo de 1998, en la que fallecieron los militares Rafael Hernando Villalba Silva, Ricardo Rincón Suárez, William Rojas, Tulio Chía, Alberto Quiroga, Ubert Abellos Bolaños, Alexander Barbosa Muñoz, Walter Humbeiro Ortiz y Harold Riascos Godoy.

27.1. La Sala no pasa por alto que el deber de garantía a favor de los militares en virtud de las obligaciones internacionales como lo son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(70) o el artículo 2º de la Constitución Política(71) adquiere el carácter de reforzado y, en consecuencia, exige del ejército desplegar una actividad más diligente y efectiva, cuando se tiene conocimiento fundado sobre las amenazas que, dentro del contexto de la guerra, padecen también quienes tienen el deber de honrar los deberes asignados a la fuerza pública, en el artículo 217 de la Constitución Política, esto es, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. No cabe duda que el Ejército Nacional no solo conocía de las graves deficiencias en el aparato militar, las cuales fueron descritas anteriormente, sino que estaba enterado de los ataques armados propinados en el pasado a las bases militares de “Las Delicias” y “Patascoy” y sus consecuencias, por lo que ante este conocimiento previo de los riesgos en contra de la unidad militar menor desplegada en pleno corazón de las FARC-EP, tenía la obligación reforzada de adoptar medidas apropiadas conducentes a evitar que la situación indeseable padecida por otras unidades militares se repitiera o, en su defecto, pudiera menguarse y repelerse con mayor efectividad.

27.2. No obstante, la Sala advierte que, pese a tener conocimiento de las deficiencias estructurales de la unidad militar menor y de los antecedentes de masacres militares que podían anunciar su reproducción, el Ejército Nacional no adoptó ninguna medida para evitar o mitigar la pérdida de vidas humanas, a juzgar por el modo como se desarrollaron los operativos militares. En consecuencia, las fallas por omisión anteriormente enlistadas son suficientes para imputar responsabilidad a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por los daños ocasionados a los familiares de los militares fallecidos, razón por lo cual, en aras de preservar el principio de igualdad, la Sala reiterará el criterio fijado en las decisiones del 26 de junio de 2014(72), 29 de agosto de 2014(73) y 28 de mayo de 2015(74) por tratarse de un caso con supuestos fácticos similares y declarará la responsabilidad de las entidades demandadas.

28. Conclusión.

28.1. Con fundamento en los anteriores argumentos, la Sala concluye que la muerte de los militares, ocurrida el 3 de marzo de 1998 en jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, en medio de una incursión armada perpetrada por guerrilleros de las FARC-EP, es imputable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a título de falla del servicio por omisión, toda vez que de acuerdo con las consideraciones expuestas, el Estado faltó gravemente a su deber de proteger la vida e integridad física de los militares al no adoptar las medidas conducentes y eficaces para reducir o mitigar el riesgo al que estaban expuestos, con lo cual se les impuso, de manera ilegítima y contraria a derecho, una carga superior a la que debían soportar en su condición de militares.

E. Liquidación de perjuicios

29. Procede la Sala a determinar el monto de los perjuicios de conformidad con las pretensiones de la demanda y las pruebas que obran dentro del plenario.

29.1. Se precisa que aquellas sumas que fueron fijadas por el tribunal en gramos oro serán calculadas en el presente fallo en salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues en lo concerniente a la tasación de los perjuicios morales, debe recordarse que esta corporación recogió el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980 para establecer el valor de la condena por este perjuicio.

29.2. En torno a los perjuicios morales por la muerte o las lesiones personales padecidas por un ser querido, la Sala recuerda que, según los criterios fijados en la jurisprudencia, es suficiente acreditar el vínculo de parentesco para que se infiera de ahí su causación a los familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad(75) y primero civil, esto es, respecto de los padres, hermanos —mayores o menores—, abuelos, hijos y cónyuge o compañero(a) permanente de la víctima principal(76).

29.3. Igualmente, se advierte que para la indemnización del perjuicio moral, se tendrá en cuenta el nivel de cercanía afectivo existente entre la víctima directa y aquellos que actuaron en calidad de demandantes, de conformidad con lo decidido por el pleno de la Sección Tercera en sentencia de unificación de jurisprudencia(77):

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ver tabla
Reparación del daño moral en caso de muerte
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Regla general en el caso de muerte Relación afectiva conyugal y paterno-filial Relación afectiva del 2º grado de consanguinidad o civil Relación afectiva del 3er grado de consanguinidad o civil Relación afectiva del 4º grado de consanguinidad o civil Relación afectiva no familiar (terceros damnificados)
Porcentaje 100% 50% 35% 25% 15%
Equivalencia en salarios mínimos 100 50 35 25 15

30. Proceso 28223.

30.1. Resulta necesario precisar, ab initio, que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante dentro de este proceso está encaminado a que se modifiquen los montos de indemnización materiales e inmateriales reconocidos por el tribunal a los distintos grupos familiares por la muerte de Walter Humbeiro Ortiz Gallego, Ulber Abello Bolaños y Harold Enrique Riascos Godoy, por lo que los demás aspectos, están llamados a excluirse del litigio en esta instancia y, por lo anterior, se confirmará lo decidido en la sentencia de primera instancia. En ese orden, le corresponde a la Sala revisar en este proceso si hay lugar a disminuir, a favor de la entidad demandada, los perjuicios morales y materiales reconocidos por el a quo a algunos de los demandantes y establecer si deben reconocerse los materiales, en la modalidad de lucro cesante, negados a quienes acreditaron ser familiares de los militares fallecidos y que fueron privados de un ingreso patrimonial futuro.

30.2. Dentro de este proceso, el recurrente manifestó como motivos de inconformidad los siguientes:

1. Con respecto a Teodolinda García, abuela materna de Walter Ortiz Gallego, obran las declaraciones de Gladys María Velásquez López, quien manifieste que Walter lo conoció en Guarne viviendo con la abuela materna Teodolinda García y que luego se dio cuenta que las abuelitas materna Teodolinda García y paterna Eleonora tomaron la muerte de Humbeiro con mucha tristeza; Jhon Darío Sampedro Sampedro quien manifiesta que Walter vivía en Guarne con la abuelita materna y abuelita paterna y distribuida (sic) su tiempo entre las dos abuelitas y lo que recibí por su trabajo lo repartí con sus abuelitas.

2. Con respecto a los demandantes: Alejandro Abello Bolaños, Wilson Abello Bolaños y Wilder Abello Bolaños, hermanos de Ulbert Abello Bolaños es bueno resaltar que las declaraciones de: Nelsa Narváez Muñoz, Blanca Iris Lozada Perdomo, Nicolás Fernando Celis Granada (...) son preciso en señalar que Alejandro, Wilson y Wilder Abello Bolaños residían en la ciudad de Armenia (Quindío), donde residía y trabajaba Ulber antes de ingresar al ejército y la relación con Ulber era muy buena y que los acompañaron en el velorio y en el entierro, y se dieron cuenta del dolor (...).

William Bolaños también es hermano por el lado materno de Ulber Abello Bolaños, según registro civil que obra en el proceso.

3. Con relación a la demandante Yolima del Pilar Riascos, hermana de crianza de Harol (sic) Enrique Riascos, hay declarantes que dicen que Pilar ha convivido con ellos y la tratan como hija y hermana.

4. Con respecto a la demandante Ana Isabel Barbosa, abuela paterna del finado Alexander Barbosa Muñoz, en el proceso obra el registro civil de nacimiento de Rafael Barbosa, en donde consta que era hijo de Ana Isabel Barbosa.

3. (sic) Con respecto a los perjuicios materiales me permito manifestar lo siguiente:

a. Con respecto al fallecido Ulber Avello (sic) Bolaños hay declarante que dicen que Ulber Avello (sic) Bolaños estuvo trabajando antes de irse para el ejército y con la plata que ganaba le ayudaba a su mamá.

b. Con respecto al occiso Harold Enrique Riascos Gody (sic) obran testimonios que manifiestan que Harold Enrique apoyaba económicamente a la señora Flora y le hacía giros constantemente.

C. Petición

En n(sic) este orden de ideas y así las cosas, solicito al Honorable Consejero Ponente se sirva confirmar la sentencia en sus numerales 1º, 2º literales A, B, C, D, E, F y revocar el numeral 3º y entrar a reconocer a título de perjuicios morales el equivalente en pesos de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales para cada uno de los demandantes: Teodolinda García, Alejandro Abello Bolaños, Wilson Abello Bolaño (sic), Wilder Abello Bolaños, William Bolaños y Yolima del Pilar Riascos, en sus calidades de abuela materna y hermanos y/o como terceros afectados o damnificados de las víctimas Walter Ortiz Gallego, Ulber Abello Bolaños y Harold Enrique Riascos Godoy, y reconocer perjuicios materiales a los demandantes: María Luisa Bolaños y Flora Lorenza Godoy de Riascos, madres de Ulber Bolaños y Harold Enrique Riascos Godoy.

31. Grupo familiar de Walter Humbeiro Ortiz Gallego.

31.1. Frente al grupo familiar de Walter Humbeiro Ortiz Gallego, el apelante solicita el reconocimiento de perjuicios morales por la suma de 500 gramos oro para la señora Teodolinda García en su condición de abuela de Walter Humbeiro Ortiz Gallego, solicitud que fue denegada por el tribunal de primera instancia en razón a que no acreditó el vínculo de parentesco.

31.2. Al respecto, se encuentra demostrado en el plenario que Walter Humbeiro Ortiz Gallego —occiso— nació el 29 de enero de 1976 (fl. 11, cdno. 4), era hijo de los señores Carlos Humbeiro Ortiz Álvarez y Marta Elena Gallego García. Sin embargo Carlos Enrique Ortiz Madrid y Eleonora Álvarez de Ortiz fueron, tal como lo narran los testimonios(78) y al margen que no se haya aportado los registros civiles de nacimiento, los abuelos paternos y padres de crianza. En el presente proceso no obra el registro civil de nacimiento de la señora Marta Elena Gallego García —madre del occiso—, por lo que no se sabe con suficiente certeza si la demandante Teodolinda García era la madre de la primera y, en consecuencia, en esas condiciones, para la Sala subsisten dudas de la calidad de abuela materna del difunto. Pese a lo anterior, obran en el proceso testimonios(79) que permiten inferir la condición de damnificada por el deceso de su ser querido, así como se acredita los lazos afectivos, por lo que, tal como lo sugiere el actor en la demanda, podrá ser reconocida en el presente proceso como tercera damnificada.

31.3. De conformidad con lo anterior, la Sala reconocerá el equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la señora Teodolinda García Ortiz Gallego.

32. Grupo familiar de Ulber Abello Bolaños.

32.1. El apelante solicitó se reconociera también perjuicios morales en favor de Wilson y Wilder Abello Bolaños; Alejandro Abello Ramírez y William Bolaños. Tal como se sostuvo anteriormente, con la acreditación del parentesco es dable inferir la causación de un dolor moral a los familiares de los seres queridos fallecidos hasta el segundo grado de consanguinidad(80) y primero civil, esto es, respecto de los padres, hermanos —mayores o menores—, abuelos, hijos y cónyuge o compañero(a) permanente de la víctima principal.

32.2. Al respecto, está demostrado que el señor Ulber Abello Bolaños —occiso— nació el 4 de junio de 1976 (fl. 26, cdno. 4), hijo de los señores José Octavio Abello Franco y María Luisa Bolaños (nacida el 4 de agosto de 1948, fl. 21, cdno. 2). Ulber Abello Bolaños era hermano de Wilson, Wilder, Marisol, Francy Lorena y Katherine Abello Bolaños (nacidos el 22 de enero de 1970, fl. 23, cdno. 4; 21 de julio de 1973, fl. 25, cdno. 4; 27 de abril de 1979, fl. 27, cdno. 4; 22 de abril de 1981, fl. 28, cdno. 4; y 26 de diciembre de 1984, fl. 29, cdno. 4 respectivamente), Alejandro Abello Ramírez (nacido el 19 de junio de 1952, fl. 354, cdno. p.), William Bolaños (nacido el 31 de marzo de 1972, fl. 24, cdno. 4) y Dahiana Alexandra Quevedo Bolaños (nacida el 11 de octubre de 1987, fl. 30, cdno. 4).

32.3. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que habrá lugar a reconocer el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Wilson y Wilder Abello Bolaños; Alejandro Abello Ramírez y William Bolaños.

32.4. A propósito de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, el a quo no los reconoció a favor de la señora María Luisa Bolaños, progenitora de Ulber, porque, según el tribunal, de las declaraciones recopiladas en el proceso no se concluía la existencia del apoyo económico que el difunto le hubiera hecho a esta última y, por el contrario, todos fueron contestes en señalar que antes de regresar al ejército no tuvo un empleo que le proporcionara recursos permanentes y suficientes para sus propios gastos de lo cual coligió el tribunal que tampoco los tuvo para ayudar a su progenitora ni se demostró que lo hiciera mientras estuvo en el ejército.

32.5. La Sala encuentra, después de revisar las pruebas testimoniales, que no hay lugar a reconocer estos perjuicios a favor de la señora María Luisa, por no estar acreditado que dependía económicamente del difunto. En efecto, según lo precisado por esta Sala(81), si se tiene en cuenta que el lucro cesante es el ingreso que una persona deja de recibir por cuenta del fallecimiento de otro, solo habrá lugar a reconocerlo si, por prueba directa o por la presunción establecida sobre el particular, se demuestra que, en realidad, el demandante dependía económicamente y no se resumía a un esporádico aporte del difunto o que, sin que mediara dicha dependencia, esta última le aportaba un ingreso periódico, por lo que en ambos casos se origina un patrimonial futuro cierto, con vocación de ser reconocido. A partir de estos parámetros, cuando los medios de convicción allegados al expediente evidencian que dicha dependencia no existía, esto es, cuando se desvirtúa la presunción establecida sobre este punto y, adicionalmente, no se logra probar que el apoyo era periódico, el juez no puede tener por cierto un detrimento patrimonial que, a la luz de las pruebas, no se demostró.

32.6. En el caso concreto, la Sala encuentra que, de acuerdo con las pruebas testimoniales obrantes en el proceso(82), se precisó que el señor Ulber Abello Bolaños, hijo de la señora María Luisa Bolaños, demandante en este proceso, trabajó antes de ingresar al ejército dos meses en una camioneta y cuyo dinero lo utilizaba para sus gastos personales sin que esté probado que sus progenitores dependieran de este ingreso y estando en las filas militares el dinero que recibía lo ahorraba para obtener una licencia de conducción, lo cual implica que devengaba unos ingresos para cubrir sus necesidades y ahorrar para el futuro, y que, por el contrario y a falta de prueba que diga lo contrario, la señora María Luisa no dependía económicamente del difunto, sin perjuicio de que algunos testimonios opinaran de manera contradictoria que le colaboraba ocasionalmente pero sin que se predicara una dependencia(83). Por lo anterior, no hay lugar a reconocer a perjuicios materiales a título de lucro cesante a favor de la señora María Luisa Bolaños.

33. Grupo familiar de Harold Enrique Riascos Godoy.

33.1. El apelante solicita que se reconozca perjuicios morales a la demandante Yolima del Pilar Riascos, hermana de crianza de Harold Enrique Riascos; sin embargo, el tribunal de primera instancia negó dicho perjuicio en razón a que no se demostró el parentesco que los unía ni las relaciones de afecto que podrían dar lugar al reconocimiento de una indemnización por dicho concepto.

33.2. Al respecto, Harold Enrique Riascos Godoy —occiso— nació el 9 de agosto de 1971 (fl. 14, cdno. 1), hijo de los señores José Armendariz Riascos Torres (nacido el 30 de octubre de 1943, fl. 9, cdno. 1) y Flora Lorenza Godoy Preciado (nacida el 29 de abril de 1948, fl. 10, cdno. 1) quienes contrajeron matrimonio el 3 de noviembre de 1967 (fl. 12, cdno. 1). Asimismo, Harold Enrique Riascos Godoy era hermano de Galvis Janeth (nacida el 15 de noviembre de 1968, fl. 13, cdno. 1), Oscar Fernando (nacido el 30 de abril de 1974, fl. 16, cdno. 1) y Edwin Rubén Riascos Godoy (nacido el 17 de diciembre de 1977, fl.17, cdno. 1)(84). Igualmente, dentro de la relación familiar biológica, se encuentra probado con testimonios que Yolima del Pilar Riascos es hermana de crianza del señor Harold Enrique Riascos Godoy(85).

33.3. Por lo anterior, la Sala reconocerá lo equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la señora Yolima del Pilar Riascos.

33.4. El recurrente solicita el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Flora Lorenza Godoy de Riasco. El tribunal de primera instancia no reconoció el monto de indemnización solicitado por los señores José Armendaris Riascos Torres (padre del difunto) y Flora Lorenza Godoy (madre del difunto) por cuanto la prueba testimonial recaudada no dio cuenta de la presunta dependencia económica e indicó que el sustento económico estaba solventado por los ingresos que obtenía el padre de familia en su calidad de docente y si bien el subteniente fallecido ofrecía obsequios esporádicos a su progenitora o le enviaba ocasionalmente alguna suma de dinero, lo cierto es que —como lo sostiene la primera instancia— dichas afirmaciones provienen de la misma demandante, a las cuales se les debe restar fuerza probatoria.

33.5. A propósito de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante negados por el a quo, la Sala considera que, efectivamente, su causación no se encuentra probada en relación con quien demostró ser su progenitora, esto es, la señora Flora Lorenza Godoy de Riascos, en tanto que de los testimonios no se infiere que la señora Godoy haya dejado de percibir el lucro derivado del presunto sostén económico que el difunto le brindaba, por el contrario, el peso económico del hogar era garantizado por su esposo, el señor José Armendaris Riascos Torres(86), razón que conduce a la Sala a denegar dicho perjuicio.

34. Grupo familiar de Alexander Barbosa Muñoz.

34.1. Para el grupo familiar del difunto Alexander Barbosa Muñoz, el recurrente reclama el reconocimiento de perjuicios morales en el equivalente de 2.000 gramos oro a favor de la señora Ana Isabel Barbosa como abuela de Alexander. El tribunal de primera instancia los denegó porque, según los testimonios, no hay prueba de convivencia y las relaciones eran esporádicas y ocasionales, si se tiene en cuenta que el difunto vivía en la ciudad de Barranquilla y la abuela residía en otra ciudad, sin que esto dé fe del trato originado entre ellos, por lo que las pruebas no conducen al pleno convencimiento de que la señora Ana Isabel padeció algún sufrimiento por la muerte de Alexander.

34.2. Al respecto, está probado el vínculo de parentesco entre el difunto y Ana Isabel, de ahí que se pueda inferir el origen de una aflicción y congoja. El señor Alexander Barbosa Muñoz —occiso— nació el 10 de noviembre de 1977 (fl. 4, cdno. 4) y era hijo del señor Rafael Barbosa (nacido el 4 de agosto de 1947, fl. 3, cdno. 4). En el registro civil de nacimiento de este último —padre del occiso— figura que él era hijo de la señora Ana Isabel Barbosa, lo que implica que esta era abuela paterna del difunto (fl. 3, cdno. 4).

34.3. De conformidad con lo anterior, la Sala reconocerá lo equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la señora Ana Isabel Barbosa.

35. Proceso 26029.

35.1. Procede la Sala a fijar el monto de las condenas a cargo de la entidad demandada, de conformidad con el material probatorio recaudado y las razones de la apelación.

36. Grupo familiar de Rafael Hernando Villalba Silva.

36.1. La Sala reconocerá la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de los señores Alfonso Villalba y Bethsabe Silva Bustos, padres del soldado Rafael Hernando Villalba Silva, y de cincuenta (50) salarios mínimos a favor de cada uno de sus hermanos, los señores Carlos Alberto y Guillermo Alonso Villalba Silva (fl. 13, cdno. 6). También reconocerá el monto de cincuenta (50) salarios mínimos a favor de María del Carmen Bustos de Silva, en su condición de abuela materna del difunto.

36.2. La Sala no reconocerá el lucro cesante solicitado en la demanda debido a que, de acuerdo con la información suministrada por el mismo difunto ante el Ejército Nacional —prueba que se recuerda puede ser valorada en aquello que es adverso a los intereses de los demandantes—, el señor Alfonso Villalba, cónyuge de la señora Bethsabe Silva Bustos, era empleado de Coovisal, lo cual implica que ganaba un salario suficiente para cubrir las necesidades de su hogar y que, por lo tanto, en principio y a falta de prueba que diga lo contrario, los padres de Rafael Hernando no dependían económicamente de este último, sino que el matrimonio Villalba Silva solventaba, en función de sus ingresos, las necesidades de su hogar, por lo que no habrá lugar a reconocer lucro cesante a favor de los padres del difunto.

37. Grupo familiar de Ricardo Rincón Suárez.

37.1. La Sala reconocerá a favor de cada uno de los señores José del Carmen Rincón y Olga María Suárez Uribe, padres del soldado Ricardo Rincón Suárez, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y de cincuenta (50) salarios mínimos a favor de cada uno de sus hermanos, los señores José del Carmen y Pedro Pablo Rincón Suárez. También reconocerá el monto de cincuenta (50) salarios mínimos a favor de cada una de las señoras María Oliva Rincón de Gómez y María Antonia Uribe de Suárez, abuela paterna y materna, respectivamente.

37.2. En relación con los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante solicitados por los señores José del Carmen Rincón y Olga María Suárez Uribe, la Sala recuerda que los criterios señalados por la Sección Tercera en su jurisprudencia indican que, a partir de la regla de la experiencia según la cual los hijos habitan la casa paterna/materna hasta la edad de 25 años y contribuyen al sostenimiento económico del hogar, es posible inferir que la muerte del hijo menor de 25 años ocasiona a sus padres un lucro cesante(87). Así las cosas, es razonable suponer, tal como se ha hecho en casos similares esta Sección(88), que el soldado profesional tenía una vida productiva y contribuía con el sustento económico de sus padres hasta la edad de 25 años, que es cuando se presume que las personas abandonan el hogar paterno y materno para formar el suyo propio.

37.3. Así pues y acreditado como está que, en el momento de su muerte, el señor Ricardo Rincón Suárez contaba con algo más de 24 años de edad —supra párr. 14.3.2—, si se tiene en cuenta que nació el 19 de agosto de 1973, hay lugar a reconocer este perjuicio material a favor de sus padres, los señores José del Carmen Rincón y Olga María Suárez Uribe, hasta el momento en que aquél habría alcanzado efectivamente 25 años de edad, esto es, por un período de 5,05 meses.

37.4. En ese sentido, la Sala dará aplicación a la fórmula del lucro cesante consolidado, con el objeto de liquidar la indemnización debida a favor de los señores José del Carmen Rincón y Olga María Suárez Uribe, teniendo en cuenta como salario base de liquidación el reportado para el momento de su fallecimiento ($ 395.068). A dicha suma se adiciona el 25% correspondiente a las prestaciones sociales cuyo valor arroja una cifra de $ 493.835 y actualizada de $ 1.410.788 y se deducirá de dicho valor el 50%, que corresponde al valor aproximado que la víctima, por ser soltero y sin hijos, habría destinado a su sostenimiento y manutención, lo que arroja un total de $ 705.394. Esta suma será repartida entre los padres por partes iguales, por lo que la renta actualizada con base en la cual se establecerá la indemnización que corresponde a cada uno de ellos es de $ 352.697.

37.5. Se tiene que Ricardo Rincón Suárez ingresó a la institución castrense de manera voluntaria y para el momento de los hechos tenía un poco más de 24 años y si se considera que nació el 19 de agosto de 1973, el periodo a liquidar comprende un periodo de 5.05 meses contados desde el 3 de marzo de 1998 hasta la fecha de su cumpleaños 25 (ago. 19/98).

La indemnización se calcula con base en la siguiente fórmula:

1998-00003F1

Donde:

S = Valor de indemnización por el período

Ra = Renta actualizada

i = Interés técnico del 0.00467

n = Número de meses a indemnizar (5.05 meses)

1 = Constante

1998-00003F2A
 

37.6. Entonces, el monto de la indemnización debida por concepto de lucro cesante a favor de los señores José del Carmen Rincón y Olga María Suárez Uribe es de un millón setecientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y un pesos ($ 1.798.761), para cada uno de ellos.

38. Grupo familiar de Tulio Chía.

38.1. La Sala reconocerá la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la señora Agripina Chía, madre del soldado Tulio Chía, y de cincuenta (50) salarios mínimos a favor de cada uno de sus hermanos, los señores José Abel, César Augusto, María Ligia, Rosa Elvira y Luis Rafael Parra Chía, y de Víctor Julio, Flor María y Lorenzo Chía.

38.2. También accederá al reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en favor de la señora Agripina Chía ya que, tal como lo ha sostenido esta corporación, el soldado tenía una vida productiva y contribuiría con el sustento económico de su madre hasta alcanzar efectivamente la edad de 25 años, que es cuando se presume que las personas abandonan el hogar paterno para formar el suyo propio.

38.3. Así las cosas, la Sala dará aplicación a la fórmula del lucro cesante consolidado, con el objeto de liquidar la indemnización debida a la señora Agripina Chía, teniendo en cuenta el salario percibido para el momento de los hechos 440.422. A dicha suma se adicionará el 25% correspondiente a las prestaciones sociales ($ 550.528) y actualizada asciende a $ 1.572.748. De dicha suma se deducirá de dicho valor el 50%, que corresponde al valor aproximado que la víctima, por ser soltero y no tener hijos, habría destinado a su sostenimiento y manutención, quedando la base para la liquidación en la suma de $ 786.374 que será la renta actualizada con base en la cual se establecerá la indemnización para la señora Agripina.

38.4. Se tiene que Tulio Chía ingresó al Ejército Nacional en calidad de soldado regular desde el 16 de junio de 1994 y, posteriormente, el 1º de septiembre de 1997 como soldado voluntario. De manera que el periodo a liquidar comprende un lapso 18,01 meses contados desde el 3 de marzo de 1998 —fecha de los hechos— hasta la fecha en que alcanzaría 25 años, si se tiene en cuenta que nació el nació el 8 se septiembre de 1974 (8 de septiembre de 1999). La indemnización se calcula con base en la siguiente fórmula:

1998-00003F23
 

Donde:

S = Valor de indemnización por el período

Ra = Renta actualizada

i = Interés técnico del 0.00467

n = Número de meses a indemnizar (18.01 meses)

1 = Constante

1998-00003F4
 

38.5. Entonces, el monto de la indemnización debida por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora Agripina Chía es de catorce millones setecientos sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve pesos ($ 14.764.349).

39. Grupo familiar de Alberto Quiroga.

39.1. La Sala reconocerá la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de los señores Bárbara Quiroga Báez, madre del militar Alberto Quiroga, y Álvaro Rojas Rivera, padre de crianza; y de cincuenta (50) salarios mínimos a favor de cada uno de sus hermanos, Jorge Enrique Quiroga y Diana Rocío Rojas Quiroga. También reconocerá el monto de cincuenta (50) salarios mínimos a favor de Hermelinda Báez de Quiroga, abuela materna de Alberto.

39.2. En cuanto al reconocimiento del lucro cesante a favor de la señora Bárbara Quiroga Báez. La Sala considera que, al margen del valor probatorio de algunos testimonios que afirman sobre la colaboración esporádica que Alberto le brindaba a su madre(89), lo cierto es que este último en vida proveía a su esposa y a sus pequeños hijos los recursos necesarios para suplir sus necesidades, etc., por lo que el lucro cesante debería ser reconocido a favor de Sandra Liliana Rojas Panigua y Yessica Johana, Duvan Esneyder y Jonnatan Alberto Quiroga Rojas (fls. 134, 138, 139, 140, cdno. 7 - hoja de vida militar, registros civiles); no obstante, estas personas no pueden pedir para sí tal reconocimiento, porque no demandaron en el presente proceso, de ahí que no sea posible de oficio entrar a establecer el monto de la indemnización por este concepto.

39.3. Es cierto que, a partir de la regla de la experiencia según la cual los hijos habitan la casa paterna/materna hasta la edad de 25 años y contribuyen al sostenimiento económico del hogar, es posible inferir que la muerte del hijo menor de 25 años ocasiona a sus padres una privación del lucro cesante, pero en el caso concreto, Alberto, quien para el momento de los hechos tenía 33 años, dejó el hogar paterno y materno para unirse a la señora Rojas Panigua y formar el suyo propio, y por otro lado, sus padres, tal como lo acreditan las pruebas, no dependían económicamente de él.

39.4. Por lo anterior, no se reconocerá perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora Bárbara Quiroga Báez.

40. Grupo familiar de William Rojas.

40.1. La Sala reconocerá la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la señora Custodia Rojas, madre del militar William, y de cincuenta (50) salarios mínimos a favor de cada uno de sus hermanos, Carlos Josué, Luz Marina, Oscar, y Nancy Agudelo Rojas. También se reconocerá el monto de cincuenta (50) salarios mínimos a favor de Abel Rojas Cely, abuelo materno de William.

40.2. También accederá al reconocimiento del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora Custodia Rojas debido a que, tal como lo ha sostenido antes la Sección Tercera del Consejo de Estado en casos similares(90), es razonable suponer que el soldado voluntario contribuiría con el sustento económico de su madre hasta alcanzar la edad efectiva de 25 años, que es cuando se presume que las personas abandonan el hogar paterno para formar el suyo propio.

40.3. En ese sentido, la Sala dará aplicación a la fórmula del lucro cesante consolidado, con el objeto de liquidar la indemnización debida a la señora Custodia Rojas Rojas, teniendo en cuenta como salario base de liquidación lo que percibía para el momento de los hechos ($ 381.845), adicionado en un 25% correspondiente a las prestaciones sociales ($ 477.307), cuya actualización asciende a $ 1.363.571. De dicho valor se deducirá el 50%, que corresponde al valor aproximado que la víctima, por ser soltero y sin hijos, habría destinado a su sostenimiento y manutención, quedando la base para la liquidación en la suma de $ 681.786, que será la renta actualizada con base en la cual se establecerá la indemnización para el padre.

40.4. Se tiene que el señor William Rojas ingresó al Ejército Nacional como soldado voluntario, el 25 de septiembre de 1997. Esto significa que el periodo a liquidar comprende un lapso de 7.09 meses contados desde el 3 de marzo de 1998 hasta la fecha en la que alcanzaría los 25 años de edad (oct. 30/98). La indemnización se calcula con base en la siguiente fórmula:

1998-00003F5
 

S = Valor de indemnización por el período

Ra = Renta actualizada

i = Interés técnico del 0.00467

n = Número de meses a indemnizar (7.09)

1 = Constante

1998-00003F6
 

40.5. Entonces, el monto de la indemnización debida por concepto de lucro cesante a favor de la señora Custodia Rojas es de cuatro millones novecientos seis mil noventa y seis pesos ($ 4.906.096).

40.6. Así las cosas, la Sala revocará la sentencia del 11 de septiembre del 2003 y modificará la sentencia del 27 de mayo del 2004 en el sentido de incluir en la condena indemnización, por concepto de perjuicio morales y materiales, en la modalidad de lucro cesante.

F. Costas

41. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

I. MODIFICAR la sentencia del 27 de mayo del 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLÁRASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional responsable por los daños antijurídicos producidos con ocasión del fallecimiento de los soldados Alexander Barbosa Muñoz, Walter Humbeiro Ortiz Gallego, Ulber Abello Bolaños y Harold Enrique Riascos, en hechos ocurridos el 3 de marzo de 1998 en la quebrada del Billar, jurisdicción de Cartagena del Chairá, departamento de Caquetá.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar a los demandantes, como indemnización de perjuicios, las sumas de dinero que se mencionan en los siguientes acápites

A. Grupo familiar de Alexander Barbosa Muñoz

1. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor del señor Rafael Barbosa (padre de Alexander Barbosa Muñoz) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la época de ejecutoria de la presente providencia.

2. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de la señora Ana Isabel Barbosa (abuela de Alexander Barbosa Muñoz) la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la época de ejecutoria de la presente providencia.

B. Grupo familiar de Walter Humbeiro Ortiz Gallego

1. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor del señor Carlos Enrique Ortiz Madrid y Eleonora Álvarez García de Ortiz (padres de crianza de Walter Humbeiro Ortiz Gallego) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno a la época de ejecutoria de la presente providencia.

2. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de la señora Teodolinda García Ortiz Gallego (tercera damnificada) la suma equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la época de ejecutoria de la presente providencia.

C. Grupo familiar de Ulber Abello Bolaños

1. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de los señores José Octavio Abello Franco y María Luisa Bolaños (padres de Ulber Abello Bolaños) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno a la época de ejecutoria de la presente providencia.

2. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de los señores Wilson, Wilder, Marisol, Francy Lorena y Katherine Abello Bolaños; Alejandro Abello Ramírez, Dahiana Alexandra Quevedo Bolaños y William Bolaños (hermanos de Ulber Abello Bolaños) la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno a la época de ejecutoria de la presente providencia.

D. Grupo familiar de Harold Enrique Riascos Godoy

1. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de los señores José Armendaris Riascos Torres y Flora Lorenza Godoy de Riascos (padres de Harold Enrique Riascos) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno a la época de ejecutoria de la presente providencia.

2. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de los señores Janeth, Oscar Fernando, Edwin Rubén Riascos Godoy y Yolima del Pilar Riascos (hermanos de Harold Enrique Riascos) la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno a la época de ejecutoria de la presente providencia.

II. REVOCAR la sentencia del 11 de septiembre del 2003 proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLÁRASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional responsable por los daños antijurídicos producidos con ocasión del fallecimiento de los soldados Rafael Hernando Villalba Silva, Ricardo Rincón Suárez, Tulio Chía, Alberto Quiroga y William Rojas, en hechos ocurridos el 3 de marzo de 1998 en la quebrada del Billar, jurisdicción de Cartagena del Chairá, departamento de Caquetá.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar a los demandantes, como indemnización de perjuicios, las sumas de dinero que se mencionan en los siguientes acápites

A. Grupo familiar de Rafael Hernando Villalba Silva

1. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de los señores Alfonso Villalba y Bethsabe Silva Bustos (padres de Rafael Hernando Villalba Silva) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno a la época de ejecutoria de la presente providencia.

2. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de los señores Carlos Alberto y Guillermo Alonso Villalba Silva (hermanos de Rafael Hernando Villalba Silva) la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno a la época de ejecutoria de la presente providencia.

3. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de la señora María del Carmen Bustos de Silva (abuela materna de Rafael Hernando Villalba Silva) la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la época de ejecutoria de la presente providencia.

B. Grupo familiar de Ricardo Rincón Suárez

1. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de los señores José del Carmen Rincón y Olga María Suárez Uribe (padres de Ricardo Rincón Suárez) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno a la época de ejecutoria de la presente providencia.

2. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de los señores José del Carmen y Pedro Pablo Rincón Suárez (hermanos de Ricardo Rincón Suárez) la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno a la época de ejecutoria de la presente providencia.

3. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de las señoras María Oliva Rincón de Gómez y María Antonia Uribe de Suárez, (abuela paterna y materna, respectivamente) la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una a la época de ejecutoria de la presente providencia.

4. A título de indemnización de perjuicios materiales por lucro cesante, se ordena pagar a favor de los señores José del Carmen Rincón y Olga María Suárez Uribe (padres de Ricardo Rincón Suárez) la suma de millón setecientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y un pesos ($ 1.798.761), para cada uno de ellos.

C. Grupo familiar de Tulio Chía

1. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de la señora Agripina Chía (madre de Tulio Chía) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la época de ejecutoria de la presente providencia.

2. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de los señores José Abel, César Augusto, María Ligia, Rosa Elvira y Luis Rafael Parra Chía, y de Víctor Julio, Flor María y Lorenzo Chía (hermanos de Tulio Chía) la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno a la época de ejecutoria de la presente providencia.

4. A título de indemnización de perjuicios materiales por lucro cesante, se ordena pagar a favor de la señora Agripina Chía (madre de Tulio Chía) la suma de catorce millones setecientos sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve pesos ($ 14.764.349).

D. Grupo familiar de Alberto Quiroga

1. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de los señores Bárbara Quiroga Báez (madre de Alberto Quiroga) y Álvaro Rojas Rivera (padre de crianza) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno a la época de ejecutoria de la presente providencia.

2. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de los señores Jorge Enrique Quiroga y Diana Rocío Rojas Quiroga (hermanos de Alberto Quiroga) la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno a la época de ejecutoria de la presente providencia.

E. Grupo familiar de William Rojas

1. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de la señora Custodia Rojas (madre de William Rojas) la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la época de ejecutoria de la presente providencia.

2. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de los señores Carlos Josué, Luz Marina, Oscar, y Nancy Agudelo Rojas (hermanos William Rojas) la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno a la época de ejecutoria de la presente providencia.

3. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor del señor Abel Rojas Cely (abuelo materno de William Rojas) la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la época de ejecutoria de la presente providencia.

4. A título de indemnización de perjuicios materiales por lucro cesante, se ordena pagar a favor de la señora Custodia Rojas (madre William Rojas) la suma de cuatro millones novecientos seis mil noventa y seis pesos ($ 4.906.096).

III. NEGAR las demás pretensiones de las demandas.

IV. Sin condena en costas

V. ORDENAR dar cumplimiento a la sentencia en los términos y condiciones dispuestos en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

VI. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 del Código de Procedimiento Civil y 37 del Decreto 359 de 1995, para el cumplimiento de esta sentencia EXPÍDANSE COPIAS con destino a las partes, para que sean entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando, con facultades para recibir. Al respecto téngase en cuenta que el señor Rafael Barbosa revocó la facultad de recibir a su apoderado, el abogado Marcos Alfonso Núñez Buitrago (fl. 339, cdno. ppal.).

En firme este proveído, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero—Stella Conto Díaz del Castillo—Danilo Rojas Betancourth.

(1) La pretensión mayor, correspondiente a la indemnización por perjuicios morales a favor de los señores Alonso Villalba y Betsabé Silva de Villalba —familia Villalba Silva— Rincón Suárez; José Armendaris Riascos Torres y Flora Lorenza Godoy de Riascos —familia Riascos Godoy—; Rafael Barbosa y Ana Isabel Barbosa —familia Barbosa Muñoz - Ortiz Gallego - Abello Bolaños—; Agripina Chía —familia Chía - Quiroga – Rojas— se estimó para el momento de la presentación de la demanda —1999— en 2.000 gramos oro para cada uno, lo que equivalía a $ 36.120.760, monto que supera la cuantía requerida en el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988, que modificó el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispuso que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en el año 1999 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 18.850.000.

(2) Norma a cuyo tenor: “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

(3) Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, rad. 20104, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y de la Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2012, rad. 21507, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(4) La de 9 de febrero de 2012, rad. 20104, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(5) Ana Betilda Huertas precisó (fl. 558 y ss., cdno. 7, acumulado 26029): “Preguntado: Manifieste al despacho si usted si conoce o no al señor Alberto Quiroga, en caso afirmativo en dónde lo conoció, cuándo lo conoció y cómo lo conoció. Contestó: Yo lo conocí allá en el barrio porque cuando yo llegué a vivir allá ellos ya vivían ahí, como hace 16 años (...). Yo los conoció(sic) porque tienen una tiendita y venden cositas y yo siempre voy a comprar allá y nos hicimos amigos. Preguntado: Sírvase manifestar al despacho si le consta o no si Álvaro Rojas y Bárbara Quiroga tienen formado un hogar y desde qué fecha, por qué le consta. Contestó: Sí, desde cuando los muchachos estaban pequeñitos, hace 18 años que vivo allá y desde ese momento sé que ellos tienen un hogar (...). Preguntado: Sírvase manifestarle al despacho si entre Álvaro Rojas y Alberto Quiroga había un trato mutuo de padre e hijo. Contestó: Sí, porque Alberto quería mucho a don Álvaro y le decía papá. Preguntado: Sírvase manifestarle al despacho cómo eran las relaciones de familia entre Alberto Quiroga, sus hermanos, madre, padre y abuela. Contestó: De la abuela no lo sé, pero de la madre, padre, hermanos sí, ellos estaban pendientes de él, cada vez que podía él venía los visitaba y ellos siempre estaban unidos”. En similar sentido fue rendida la declaración de los señores María Margarita Parra (fls. 562 a 563, cdno. 7, acumulado 26029); Marcos Alfonso Núñez Buitrago (fl. 564 y siguiente, cdno. 7, acumulado 26029) quienes son contestes en afirmar que el señor Álvaro Rojas fue el padre de crianza del difunto.

(6) De conformidad con los testimonios practicados dentro del proceso, la muerte del señor William Rojas implicó para el señor Abel Rojas una situación de gran congoja y dolor. Del mismo modo, la prueba testimonial da cuenta de la cercana relación de afecto que existía entre Abel y el difunto. Al respecto, en la declaración juramentada de la testigo Leila Eulogia Burgos Guerrero, se dijo lo siguiente: “... Los padres son Obaldo y Custodia, los hermanos Carlos Josué, Luz Marina, Oscar y Nancy, el de los abuelos Abel Rojas Celis y María de Jesús Rojas... ellos eran muy unidos, muy caseros, desde chiquitos eran muy caseros y unidos, con los abuelos también, don Abel quería mucho a William. Preguntado: Sírvase manifestar al despacho si la muerte de William Rojas Rojas le afectó moralmente a sus abuelos. Contestó: Sí les afectó mucho, el viejito lloraba mucho, él inclusive no cree que esté muerto, porque él era el que le colaboraba a su mamá, él quería mucho a los abuelos” (fl. 544, cdno. 7, acumulado 26029).

(7) De conformidad con los testimonios practicados dentro del proceso los señores Carlos Humbeiro Ortiz Álvarez y Marta Elena Gallego García eran los padres de crianza de Walter Humbeiro Ortiz Gallego. En efecto, la declaración juramentada de la testigo Nora Patricia Orozco precisó: “... Sí conocí al señor Walter Humbeiro Ortiz Gallego en esta ciudad desde hace por lo menos 12 años, en razón de la vecindad. Lo conocí porque era sobrino de una amiga mía y frecuentaba mucho la casa de mi amiga, donde vive la abuelita de nombre Eleonora Álvarez y mucho más en vacaciones y los fines de semana. Sé que el papá se llamaba Humbeiro Ortiz, no sé el nombre de su madre, esta lo dejó desde muy pequeño, o sea que no tuvo madre, era donde la abuela Eleonora donde se crio y vivió. El abuelo paterno se llama Carlos Ortiz y la abuela materna se llama Eleonora Álvarez. Siempre hubo mucho apoyo por parte de los abuelos para el muchacho y le dieron un muy buen ejemplo... es cierto que Walter Humbeiro compartió el mismo techo con sus abuelos, hasta antes de ingresar al Ejército Nacional” (fls. 345 a 346, cdno. 2). En el testimonio juramentado de Mónica Estrada Miranda se afirmó: “... conocí al señor Walter Humbeiro Ortiz... viviendo en la casa de (sic) abuela de nombre Eleonora... El nombre del papá era Humbeiro. No conocí a su madre y su nombre menos... prácticamente los abuelos (Carlos Ortiz y Eleonora Álvarez) fueron quienes criaron a Humbeiro, le dieron educación, le dieron techo, alimentación y sus relaciones eran muy buenas (...)” (fl. 346, cdno. 2). En similar sentido fueron las declaraciones de Estella del Socorro Valencia Serna y César Augusto Mejía Correa (fls. 348 a 350, cdno. 2).

(8) De conformidad con los testimonios practicados dentro del proceso, la muerte del señor Walter Humbeiro implicó para la señora una situación de congoja y dolor. Así lo relata el señor John Darío Sampedro: “Walter vivía en Guarne con la abuelita materna y también con la abuelita paterna. Distribuía su tiempo con las dos abuelitas. Walter se sentía como en su casa, me refiero a las casas de sus abuelitas” (fl. 349, cdno. 2). En similar sentido narró su versión el señor César Augusto Mejía Correa: “Walter vivía en la casa de los abuelos paternos donde permanecía habitualmente y también iba a la casa de la abuela materna en Guarne” (fl. 350, cdno. 2).

(9) La señora Herlinda Velazco no está legitimada en la causa por activa por cuanto no se demostró dentro del presente proceso su vínculo con la familia del difunto Harold Enrique Riascos Godoy y aportó un certificado de bautismo donde se precisa que es hija de Evangelista Velasco (fl. 8, cdno. 1). Los testimonios tampoco dan cuenta de la existencia de un lazo estrecho de afecto y de proximidad. Además este punto no fue objeto de inconformidad por parte del recurrente.

(10) El testimonio juramentado de Eduardo Apolinar Melo Santander acredita que la relación biológica familiar también estaba completada por aquellas que se denominan de “crianza”: “Los padres de Harold son el señor José Armendaris Riascos de profesión educador, la madre es la señora Flora Godoy, los hermanos del difunto: Oscar Riascos, Eduin (sic) Efrén Riascos y Yaneth Riascos Godoy, respecto de los abuelos maternos y paternos no tengo conocimiento, sé que son oriundos de Tumaco (N). Ellos han convivido con una señorita de nombre Pilar, el apellido no lo conozco, pero la tratan como hija y como hermana, incluso conozco que está estudiante en Guayaquil (Ecuador), junto con el otro hermano que se llama Oscar... Todos vivían bajo el mismo techo, Harold era un joven muy culto y educado... la relación con sus padres y hermanos era muy fraternal” (fl. 144, cdno. 2 - pbas.). En similares términos fue vertido el testimonios de Welintong Preciado Guizamo (fl. 145, cdno. 2 - pbas.).

(11) En los autos de prueba se ordenó “se decretan las pruebas requeridas en los literales A, B, C (se oficiará a la Fiscalía General de la Nación - Secretaría común), E, F, H (num. 2º), I, J, L, LL, M, O, P, R, S, T...). “Líbrense sendos oficios a las entidades enumeradas por el apoderado de la actora en acápite de pruebas obrantes a folios 40 al 48 del expediente, numerales A la Z...”. “Líbrense sendos oficios a las oficinas relacionadas por el apoderado de la actora en el acápite de pruebas obrante a folios 27 al 35 del expediente, numerales A literales 1,2,3,5 y 6, B, C, D, E, F, literales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º, G, H, I, J, literal 1, K, L, LL, M, N, Ñ, O, P, Q y R, solicitando la documentación allí enunciada”.

(12) Al respecto, se precisó: “se unifican en el sentido de que cuando la demandada es la Nación, y es una entidad del orden nacional quien recaudó los testimonios con plena observancia del debido proceso, entonces puede afirmarse que la persona contra la que pretenden hacerse valer dichas pruebas, por ser la misma, tuvo audiencia y contradicción sobre ellas. En este caso, se entiende que la Nación es la persona jurídica en cuya cabeza radican las garantías que se pretenden preservar con las previsiones del artículo 229 del Código de Procedimiento Civil y, por lo tanto, también es plausible afirmar que tales prerrogativas no se transgreden cuando se aprecia el testimonio trasladado en las condiciones aludidas”. Consejo de Estado, sentencia de septiembre 11 de 2013, rad. 20601, Sala Plena de la Sección Tercera, C.P. Danilo Rojas Betancourth (considerando 12.2.23.3).

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre de 2013, rad. 20.601, M.P. Danilo Rojas Betancourth. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 23 de mayo de 2012, rad. 22.681, C.P. Carlos Alberto Zambrano, 14 de mayo de 2012, rad. 22.164, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, 17 de marzo de 2010, rad. 17.925, M.P. Myriam Guerrero de Escobar, y de 13 abril de 2000, rad. 11.898, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, entre otras.

(14) Ver, sobre el particular, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de mayo de 2012, rad. 11001-03-15-000-2011-01378-00(PI), M.P. Susana Buitrago Valencia y, recientemente, sentencia de 14 de julio de 2015, rad. (SU) 110010315000201400105-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro en la que, a la regla de valoración mencionada, se agregaron precisiones en los eventos en los que: i) los recortes de prensa dan cuenta de hechos notorios; y ii) en los que transcriben las declaraciones de funcionarios públicos.

(15) Sentencia de 30 de septiembre de 2014, rad. 11001-03-15-000-2007-01081-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro. El pleno de la Sección Tercera había unificado su jurisprudencia en el mismo sentido en sentencia de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, M.P. Enrique Gil Botero.

(16) Los fallos de primera y segunda instancia adelantados por los correctores disciplinarios de las Fuerzas Militares fueron remitidos al presente proceso del 11 de marzo de 2004 por el inspector general del ejército, Roberto Pizarro Martínez, mediante oficio 9676 CEIGE-DH-725 —fls. 163 a 304, cdno. p.—.

(17) Al respecto, véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 2 de junio de 1994, rad. 9047, M.P. Daniel Suárez Hernández; 19 de noviembre de 1998, rad. 12.124, M.P. Daniel Suárez Hernández, y 21 de septiembre de 2000, rad. 11.766, M.P. Alier Eduardo Hernández.

(18) El comandante del Ejército Nacional, mayor general Mario Hugo Galán Rodríguez, expidió la Resolución 802 del 10 de septiembre de 1997 por la cual trasladó y nombró comandantes de unidades tácticas, entre los que aparecen Edgar Ceballos Mendoza; segundo comandante y jefe de estado mayor de la brigada móvil 3; Gildardo Wanumen Camargo, comandante del batallón de contraguerrillas 53 de la brigada móvil 3; Jaime Niño Borraez, comandante del batallón de contraguerrillas 54 de la brigada móvil 3 y John Jairo Aguilar Bedoya, comandante del batallón de contraguerrillas 52 (fl. 708, cdno. 10).

(19) Oficio del 30 de marzo de 1998 donde se hace constar por el jefe de personal de la brigada móvil 3 los oficiales, suboficiales y soldados que hacían parte del batallón de contraguerrillas 52, entre los que aparecen las personas que fallecieron en la presente causa (fls. 566 y 684, cdno. 10).

(20) http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4129924 consultado 16/08/2017.

(21) En el expediente obra constancia expedida por el área de reconocimientos del Ministerio de Defensa Nacional en la que se reconoció pensión por muerte a los familiares del señor Alberto Quiroga (fl. 436, cdno. 7, acumulado 26029).

(22) Es importante mencionar que a folio 1126 del cuaderno 10 se observa un escrito firmado por la sicóloga y la trabajadora social que practicaron el estudio. En dicho folio se incluyen los nombres de los soldados que en las entrevistas de análisis dijeron ser consumidores regulares de marihuana o tener problemas psicosociales. Las suscriptoras recomiendan el retiro de dichos combatientes.

(23) En el proceso reposan abundantes testimonios de militares que integraron la brigada móvil 3 que dan cuenta de los errores de planeación en la creación de dicha unidad militar y el deficiente material de guerra del que fueron aprovisionados. Sin embargo, no se reseñaran minuciosamente todas las versiones entregadas en la medida que no es necesario y la Sala se limitara a mencionarlos. Al respecto obra los testimonios de: mayor Joaquín Pablo Hernández, comandante del batallón de contraguerrillas de la brigada móvil 3 (fls. 1781 a 1791, cdno. 1); mayor Gildardo Camargo, comandante del batallón 53 (fls. 1792 a 1802, cdno. 11); mayor Luis Bernardo Contreras Giraldo (fl. 2067 y ss., cdno. 11); teniente coronel Pedro Villamizar Camacho, integrante del comité de conformación de la brigada móvil 3 (fl. 1832, cdno. 11).

(24) Los fallos de primera y segunda instancia adelantados por los operadores disciplinarios de las Fuerzas Militares fueron remitidos al presente proceso del 11 de marzo de 2004 por el inspector general del ejército, Roberto Pizarro Martínez, mediante oficio 9676 CEIGE-DH-725 —fls. 163 a 304, cdno. p.—.

(25) La prueba testimonial da cuenta de la cercana relación de afecto que existía entre sus familiares. Ver declaraciones de María Filonila Salcedo (fls. 141 a 143, cdno. 9, acumulado 26029). En similar sentido fueron rendidas las declaraciones de los señores María Isabel Figueroa Vásquez (fl. 144 y ss., cdno. 9, acumulado 26029), Aydee Cuellas Lozada (fls. 147 a 150, cdno. 9, acumulado 26029), Luisa Polanía Barrios (fls. 150 a 151, cdno. 9, acumulado 26029) y Tránsito Naranjo Abelo (fls. 152 a 153, cdno. 9, acumulado 26029).

(26) Ver declaración juramentada de la testigo Bertha Yolanda Suárez (fl. 402, cdno. 9, acumulado 26029). En similar sentido fueron rendidas las declaraciones de la señora María Nube Mahecha (fl. 391 y ss., cdno. 9, acumulado 26029).

(27) Ver declaración juramentada de la testigo Leila Eulogia Burgos Guerrero (fl. 544, cdno. 7, acumulado 26029). En similar sentido fueron rendidas las declaraciones de los señores José Eduardo Castiblanco Pérez (fl. 544 y ss., cdno. 7, acumulado 26029); Nohora Beatriz Celys Flórez (fl. 566 y ss., cdno. 7, acumulado 26029); Orlando Castañeda Barriga (fls. 569 y 570, cdno. 7, acumulado 26029).

(28) Ver declaración juramentada de la testigo Orlando Amaya Cárdenas (fl. 548 y ss., cdno. 7, acumulado 26029). En similar sentido fueron rendidas las declaraciones de los señores Adelmo Rodríguez Camacho, Rumilde Rodríguez Camacho y Bárbara Cruz (fl. 550 y ss., cdno. 7, acumulado 26029).

(29) Ver declaración juramentada de la testigo Ana Betilda Huertas (fl. 558 y ss., cdno. 7, acumulado 26029). En similar sentido fue rendida la declaración de los señores María Margarita Parra (fls. 562 a 563, cdno. 7, acumulado 26029); Marcos Alfonso Núñez Buitrago (fl. 564 y s., cdno. 7, acumulado 26029).

(30) Ver declaración juramentada de los señores Blanca Iris Lozada Perdomo (fl. 158, cdno. 2, acumulado 28223); Nicolás Fernando Celis Granada (fl. 159, cdno. 2, acumulado 28223), Raúl de Jesús Valencia García (fl. 160, cdno. 2, acumulado 28223), Ancisar Ramírez Loaiza (fl. 161, cdno. 2, acumulado 28223), Robinson Nelson Machado Isaza (fl. 162, cdno. 2, acumulado 28223), Rosemberg Zapata Vélez (fl. 163, cdno. 2, acumulado 28223), Benjamín Vanegas Díaz (fl. 163, cdno. 2, acumulado 28223).

(31) Ver declaración juramentada de los señores Jorge Jaime Sánchez Durán (fl. 312 y ss., cdno. 2, acumulado 28223), Miguel Ángel Padilla Mendoza (fls. 318 a 320, cdno. 2, acumulado 28223), Augusto Arias (fls. 321 a 323, cdno. 2, acumulado 28223), Marco Freitie Cisneros (fls. 324 a 326, cdno. 2, acumulado 28223), Expedito Jiménez Bohórquez (fls. 327 a 329, cdno. 2, acumulado 28223).

(32) Ver declaración juramentada de los señores Gladys María Velásquez López (fl. 347, cdno. 2, acumulado 28223) y César Augusto Mejía Correa (fl. 350, cdno. 2, acumulado 28223).

(33) Ver declaración de los señores Weintong Preciado Guizamo (fl. 146, cdno. 2 —pruebas—).

(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio del 2014, rad. 24736, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto del 2014, rad. 31190, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(36) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de mayo del 2015, rad. 29842, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(37) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 7 de abril de 2011, exp. 20.333, y de 28 de julio de 2011, rad. 19.866, ambas con ponencia de Danilo Rojas Betancourth.

(38) El artículo 216 de la Constitución Política establece que “[t]odos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”. En similar sentido, el artículo 3º de la Ley 48 de 1993 dispone que “[t]odos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones públicas, con las prerrogativas y las exenciones que establece la presente ley”.

(39) Cfr. M´Causland, María Cecilia. “Responsabilidad del Estado por daños causados por actos violentos de terceros”, en La filosofía de la responsabilidad civil. Estudios sobre los fundamentos filosófico-jurídicos de la responsabilidad civil extracontractual, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013, p. 529.

(40) Esta Subsección precisó en una decisión relativamente reciente que “los casos que involucran daños derivados de ataques guerrilleros a bienes o instalaciones del Estado, plantean una nueva categoría de riesgo (...). Esta categoría de riesgo, que podría denominarse riesgo-conflicto, surge del reconocimiento de que, dada la situación de conflicto armado, el cumplimiento de ciertos deberes legales y constitucionales genera para la población civil un riesgo de naturaleza excepcional en la medida en que la pone en peligro de sufrir los efectos de los ataques armados que los grupos guerrilleros dirigen contra los bienes e instalaciones que sirven como medio para el cumplimiento de esos deberes y el desarrollo de dichas actividades”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de octubre del 2012, rad. 18472, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(41) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, rad. 19 900, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(42) En la sentencia de 29 de mayo de 2014, rad. 30108, con ponencia de quien proyecta esta providencia, se sostuvo: “el juicio de imputación de responsabilidad por omisión no depende ni se debe confundir con la causalidad, ya que esta última vincula de manera fenomenológica la causa con su efecto, mientras que el juicio de imputación vincula ciertas condiciones que interesan al ordenamiento jurídico con los efectos dispuestos por la norma (...) para que opere el juicio de imputación por falla del servicio por omisión, no es imperativo probar el nexo causal entre el daño y el hecho dañino, pues buscar el vínculo causal, como presupuesto del juicio de responsabilidad para acceder al débito resarcitorio, conduciría inevitablemente a un estadio de exoneración de la responsabilidad o a un regressus ad infinitum de la equivalencia de condiciones, como lo pretende la entidad demandada...”.

(43) Al respecto, ha dicho la doctrina nacional: “el primer elemento del ser, que ha sido usado tradicionalmente por la doctrina para el derecho de daños, es la causalidad. Este uso conlleva dos problemáticas: la primera es la inclusión de la causalidad en el esquema del derecho de daños, como elemento para imputar un daño. Frente a tal uso debe decirse que la causalidad es un elemento epistémico que pertenece a las ciencias causales o naturales, que se inscribe en el mundo del ser, y que es profundamente incompatible con el mundo normativo o del deber ser, todo ello por una sencilla razón que en este momento se adelanta: la única y verdadera causalidad, desde el punto de vista material o del ser, es la equivalencia de las condiciones, es decir, desde el punto de vista material (...). Empero, desde el planteamiento que hiciera Kelsen respecto al reemplazo de la causalidad por la imputación en términos jurídicos, la causalidad resulta impracticable por el evidente regreso al infinito que implica por razones obvias. Ahora bien, se han intentado soluciones “jurídicas” para superar este escollo, como la conditio sine qua non o la causalidad adecuada; no obstante, estas teorías en el fondo son un intento de normativización de la causalidad, que se hace sin rigor epistémico y trae serias decepciones, incoherencias, y problemáticas a la estructura del derecho de daños, como más adelante se expondrá. De otro lado, quienes apoyan la teoría de la causalidad podrían justificar su uso esgrimiendo que en todo caso, si el derecho así lo decide, puede traer elementos del ser al deber ser, y ello “juridizaría” estos elementos, como sucede hasta el momento con la causalidad. No obstante, a esta posibilidad debemos responder que cuando esto ha sucedido, en realidad lo que se ha hecho es construir una causalidad restringida o tergiversada, a la medida del derecho, que normativiza su contenido y que por lo tanto, niega finalmente el concepto de causalidad. Es decir, si el derecho decide traer la causalidad a sus lindes no puede después no aplicarla (esto es, no aplicarla técnicamente y con todos sus elementos materiales o del ser) o solamente usar su nombre, pues ello únicamente se puede considerar como un autoengaño que se provoca el jurista, para acomodar el rompecabezas del esquema del derecho de daños haciendo encajar a la fuerza una pieza redonda en un agujero cuadrado”: Domínguez Ángulo, Juan Pablo, El concepto normativo del daño, Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá, 2016, pp. 43 a 44.

(44) Pantaleón, Fernando, “Causalidad e imputación objetiva: criterios de imputación”, en AA. VV., Centenario del Código Civil (1889-1989), t. II, Madrid, 1990, p. 1562.

(45) En sentencia de 29 de agosto de 2013, exp. 29133, con ponencia de quien proyecta esta decisión, se indicó: “Los problemas de imputación de responsabilidad frente a eventos de omisión ha llevado a la doctrina a proponer fórmulas de solución más coherentes, como lo son los criterios normativos de atribución (...)”.

(46) En palabras de la Subsección: “En los fenómenos de omisión, no es relevante para el instituto de la responsabilidad establecer las causas, sino definir por qué un determinado resultado dañoso, como el que se presenta en este caso, debe ser atribuido a persona distinta de la que lo ha padecido o causado, lo cual se determina con arreglo a criterios jurídicos y no naturales”, sentencia de 29 de mayo de 2014, op. cit.

(47) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio del 2014, rad. 24736, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(48) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto del 2014, rad. 31190, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(49) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de mayo del 2015, rad. 29842, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(50) Esta sentencia, reiterada por las sentencias del 29 de agosto del 2012 de la Subsección A, rad. 17823, 21984, 21976, 21965 y 32010 (acumulados), M.P. Mauricio Fajardo Gómez; del 22 de noviembre del 2012, rad. 20250, M.P. Danilo Rojas Betancourth; 6 de diciembre del 2013, rad. 31980, M.P. Danilo Rojas Betancourth y 20 de febrero del 2014, rad. 24491, M.P. Danilo Rojas Betancourth, concluyó que al Estado le era imputable el resultado dañoso en el que murieron varios soldados, sin perjuicio de que la causa directa haya sido producida por el hecho de un tercero, en razón de la omisión del Estado en la adopción de medidas para prevenir y proteger la vida y la integridad física de los militares caídos en combate, pues pese al carácter previsible del riesgo por parte de la subversión y las deficiencias evidentes de las unidades militares, abandonó a su suerte a los militares quienes fueron asesinados a sangre fría por la guerrilla. Ver. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de mayo del 2011, rad. 15838, 18075, 25212 (acumulados), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(51) La sentencia del 7 de abril del 2011 de la Subsección A encontró responsable patrimonialmente al Estado y lo condenó al verificar que la fuente del daño resultó ser la omisión en la que incurrió la administración frente al cumplimiento de un deber constitucional, pues los comandantes de división de brigada y del batallón Batalla de Boyacá hicieron caso omiso de las recomendaciones de seguridad que debían emplearse y de las advertencias sobre la presencia de personal de las FARC, con lo que se cometieron así errores tácitos que facilitaron la toma del cerro de Patascoy, hecho en el cual fallecieron 10 militares, 18 fueron secuestrados y sobrevivieron 3 soldados. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de abril del 2011, rad. 19427, M.P. Gladys Agudelo Ordóñez.

(52) “Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como tribunal de casación sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores”.

(53) “(...) Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos (...)”.

(54) La Sentencia C-836 de 2001 declaró exequible el artículo 4º de la Ley 169 de 1896 sobre “doctrina probable” en materia judicial y precisó, en lo referente a los jueces de los órganos de cierre de la jurisdicción, que si quieren apartarse de ella, “están obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión”, al tenor de las siguientes excepciones: i) cuando pese a existir similitudes entre el caso que se debe resolver y uno resuelto anteriormente, “existen diferencias relevantes no consideradas en el primero y que impiden igualarlos”; en este caso, el juez inaplica el precedente a un caso posterior por considerar que las diferencias relevantes que se presentan entre el primero y el segundo merecen un tratamiento con una respuesta jurídica diferente; ii) cuando el precedente no es idóneo, es decir, la jurisprudencia que ha sido “adecuada en una situación social determinada, no responda adecuadamente al cambio social posterior”; iii) cuando el juez “puede considerar que la jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico”; y iv) finalmente, cuando el juez posterior se aparta del precedente, “por cambios en el ordenamiento jurídico positivo, es decir, debido a un tránsito constitucional o legal relevante”. La referida sentencia consagró también la posibilidad de que el órgano judicial de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa se aparten de su doctrina probable (precedente horizontal), en tres supuestos: i) cambios sociales que hagan necesario un ajuste en la jurisprudencia; ii) cuando encuentre que su jurisprudencia contradice “valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico” y iii) cuando exista un cambio relevante en el ordenamiento jurídico-legal o constitucional. Corte Constitucional, Sentencia C-836 del 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(55) Según Moreno Cruz, el juez posterior, luego de haber identificado la ratio decidendi del pasado, tiene la opción de apartarse de ella (por razones fácticas o de derecho) o aplicarla al caso presente, en dos posibles supuestos: “De un lado se abre el espacio para aplicar la técnica de la distinción (distinguishing), es decir, para que el juez del presente pueda distinguir el caso objeto de decisión en el presente del caso genérico disciplinado por la ratio decidendi del pasado y, en consecuencia, (sea cual sea el sistema del precedente judicial), la ratio decidendi “no pueda” (en cuanto no justificada) ser empleada, ser elegida, como la premisa normativa apta para subsumir el caso presente en el caso genérico por ella disciplinado. // De forma específica, el juez distingue porque considera que el caso del presente contempla cuestiones de derecho y/o circunstancias fácticas relevantes en el presente que no lo fueron en el caso del pasado y que si hubiesen estado presentes habrían conducido a una decisión diferente, en cuanto necesariamente la premisa normativa del silogismo decisional habría sido otra. Del mismo modo, el juez distingue porque considera que el caso del pasado contempló cuestiones de derecho y/o circunstancias fácticas que fueron relevantes en el pasado y que no concurren en el caso del presente, lo que impide adoptar la misma premisa normativa (...). De otro lado, se abre el espacio para extender el ámbito de aplicación de la ratio decidendi del pasado al caso presente cuando pareciera ser (al menos para algunos de los demás intérpretes) que, en principio, la ratio decidendi del pasado no sería aplicable. Es decir, el juez anula las diferencias que podrían parecer, a los ojos de algunos intérpretes, incluso evidentes: armoniza el caso del pasado con el caso del presente”. Moreno Cruz, Pablo, “Una (pequeña) caja de herramientas para el estudio de los sistemas de relevancia (más o menos) vinculante del precedente judicial. Revisitando lugares comunes”, en Contribuciones para el sistema de precedentes jurisprudencial y administrativo, José Luis Benavides (comp.), Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2014, pp. 64 a 66.

(56) En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se puede ilustrar un caso de distinguish: la Sentencia T-960 de 2001 inaplicó el precedente judicial invocado por el demandante y definido en la Sentencia SU-819 de 1999.

(57) El desconocimiento del sistema de precedentes jurisprudenciales es una de las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo señalado en la Sentencia C-590 del 2005. A título ilustrativo se mencionan las siguientes sentencias contra providencias judiciales de la Sección Segunda del Consejo de Estado: sentencia del 12 de julio del 2012, rad. 2011-01479-01 (prima de riesgo-factor salarial para liquidación de pensiones de detectives del DAS); sentencia del 26 de julio del 2012, rad. 2012-00621-00 (desvinculación de detectives del DAS - facultad discrecional lit. b), art. 66 del D. 2147/89); sentencia del 29 de septiembre del 2011, rad. 2011-00927-00 (reconocimiento del quinquenio). Recientemente, la Sección Primera del Consejo de Estado, sentencia del 13 de marzo del 2013, rad. 11001-03-15-000-2012-02074-00, conoció en sede de tutela de una sentencia de segunda instancia de un tribunal en la cual se desconoció la disciplina de precedentes en el tema relativo al deber de motivación de los actos discrecionales de desvinculación de personal de la carrera administrativa especial del personal del DAS.

(58) “[A] pesar de que el derecho colombiano tiene la estructura y los fundamentos de un sistema de derecho continental, después de una evolución posterior a la Constitución de 1991, tanto el derecho positivo como la práctica han llegado a reconocer que las sentencias judiciales tienen el carácter de precedente. Este carácter se fundamenta en una renovada interpretación del artículo 230 de la Constitución, según la cual, la jurisprudencia, que explicita el contenido normativo de las disposiciones jurídicas, forma parte del imperio de la ley que resulta vinculante para el juez. Esta interpretación, asimismo, es coherente con el respeto del principio de igualdad y con la búsqueda de coherencia y estabilidad en el ordenamiento jurídico”. Bernal Pulido, Carlos, “El precedente en Colombia”, en Revista Derecho del Estado, Nº 21, 2008, p. 93 (se subraya).

(59) La Corte Constitucional desde la Sentencia C-486 de 1993 ha reiterado que la expresión “ley” debe ser entendida en sentido material y no en sentido formal: “El cometido propio de los jueces está referido a la aplicación del ordenamiento jurídico, el cual no se compone de una norma aislada —la “ley” captada en su acepción puramente formal— sino que se integra por poderes organizados que ejercen un tipo específico de control social a través de un conjunto integrado y armónico de normas jurídicas. El ordenamiento jurídico, desde el punto de vista normativo, no puede reducirse a la ley. De ahí que la palabra “ley” que emplea el primer inciso del artículo 230 de la C.P. necesariamente designe “ordenamiento jurídico”. En este mismo sentido se utilizan en la Constitución las expresiones “marco jurídico” y “orden jurídico”.

(60) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación por importancia jurídica, 5 de agosto de 2014, rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(61) Corte Constitucional, Sentencia T-970 del 2012, M.P. Alexei Egor Julio Estrada, consideración jurídica 5.

(62) Corte Constitucional, Sentencia T-292 del 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, consideración 25.

(63) Cfr. Bernal Pulido, Carlos, “El Precedente en Colombia”, en Revista Derecho del Estado, Nº 21, 2008, p. 86.

Según Alexy, la teoría del precedente judicial desempeña las siguientes funciones: i) función de estabilización, se encarga de fijar en el tiempo determinadas reglas de decisión; ii) función de progreso, permite potencializar la creación y evolución del derecho, a través de un sistema jurídico coherente; iii) función de descarga, acepta la interpretación de un enunciado normativo, sin que sea menester volver al proceso racional de fundamentación de los enunciados normativos; iv) función técnica o pedagógica, se encarga de tornar más sencillo los procesos de aprendizaje del derecho; v) función de control, se encarga de verificar el sustento y la consistencia de los enunciados normativos utilizados en la interpretación jurídica; vi) función heurística o de invención, se encarga no solo de una uniformización en la interpretación del derecho, sino que suministra la base para la formulación de otros problemas jurídicos. Cfr. Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica, trad. M. Atienza e I. Espejo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, p. 246.

(64) Para Bustamante existen factores que funcionan como criterios prima facie de justificación de las conclusiones sobre la fuerza gravitacional de una norma jurídica extraída de un precedente judicial: “i) cuanto mayor sea el rango jerárquico del tribunal, tanto más fuerte será su decisión; ii) precedentes de órganos colegiados más elevados en el mismo tribunal tienen mayor peso; iii) en los juzgados colectivos solo hay un precedente en lo que concierne a las rationes decidendi sobre las cuales hay un consenso, o al menos la adhesión de la mayoría; iv) decisiones que provienen de una corriente de precedentes tienen un peso más elevado que precedentes aislados; v) conflictos de precedentes indican, ceteris paribus, que todos solo tienen una fuerza persuasiva”. Bustamante, Thomas Da Rosa de, “La interpretación y la fuerza gravitacional de los precedentes judiciales: fragmentos de una teoría del precedente judicial”, en Contribuciones para el sistema de precedentes jurisprudencial y administrativo, José Luis Benavides (compilador), Universidad Externado de Colombia, Bogotá, p. 123.

(65) Cfr. Gascón Abellán, Marina, La técnica del precedente y la argumentación racional, Tecnos, Madrid, 1993.

(66) “La primera característica de la teoría elaborada por el juez para justificar su decisión es la saturación de las premisas normativas (...). Una de las directivas de argumentación más interesantes de la teoría de la argumentación de Alexy, por ejemplo, es el denominado principio de saturación: ‘un argumento de determinada forma solo es completo si contiene todas las premisas pertenecientes a esa forma. A ello se llama el requisito de saturación’ (...) Así, como la saturación de los argumentos es algo que puede ocurrir en mayor o menor medida, podemos proponer la siguiente regla para la argumentación por precedentes: cuanto más saturadas estén las premisas utilizadas en la justificación de una decisión —es decir, cuanto más explicitadas y fundamentadas estén las transformaciones semánticas necesarias para justificar deductivamente esa decisión—, mayor será el peso o la fuerza de la norma adscrita que puede extraerse del precedente judicial”. Bustamante, Thomas Da Rosa de, ob. cit., p. 134.

(67) El mayor general Agustín Ardila Uribe, comandante de la cuarta división precisó (v. párr. 16.10.2) “[D]esde el punto de vista de personal tuve conocimiento de que no se llevó a cabo una selección adecuada tanto en el personal de cuadros, o sea, los oficiales y suboficiales, y a su vez que no fueron asignados los grados a los cargos que correspondían a las tablas de organización y equipo, las TOE, en cuanto al personal de soldados, hubo muchas deficiencias aún se presentaron casos de impedimentos físicos y con muchos problemas de sanidad, Ia brigada móvil 3 en el momento de recibirla tenía faltantes y deficiencias en el material de guerra, es el caso de que no tenía granadas de fusil, habían unas armas de apoyo y acompañamiento defectuosas, ya que según entiendo fueron requisicionadas de otras unidades para conformar la brigada móvil 3”.

Al respecto, el brigadier general Manuel Guillermo Franco Páez afirmó: “se habían presentado soldados que se habían desacuartelado dos y tres años antes y que seguramente no era la mejor calidad humana para conformar esta unidad operativa por cuanto normalmente se efectuaba con soldados del último contingente y si faltaba un porcentaje menor este se hacía con soldados de otros contingentes, además los cuadros para esta unidad se extractaron de diferentes dependencias, entre ellas el comando general, comando ejército y otras unidades, por lo que se pudo deducir que era una situación precaria en cuanto a Ia calidad de personal” —v. supra. párr. 16.10.3—

(68) Mediante oficio 120783/CEDE-3-PO-375 emanado del comandante del Ejército Nacional se dispuso la creación de la brigada móvil 3 (fl. 1442, cdno. 11), así: i) del 11 al 23 de agosto de 1997 —proceso de incorporación de los soldados voluntarios que conformarían la brigada móvil 3; ii) del 25 al 27 de agosto de 1997 —presentación de oficiales y suboficiales asignados a la brigada móvil 3 en las instalaciones de la décima brigada; iii) del 25 al 30 de agosto de 1997 —traslado de los soldados incorporados desde los sitios de concentración de las divisiones hasta el área de re entrenamiento en Tolemaida; iv) 1 de septiembre de 1997 —recepción de los soldados voluntarios por parte del comandante de la brigada móvil 3 en Tolemaida; v) 8 de septiembre al 4 de octubre de 1997 —reentrenamiento total de la brigada móvil 3; vi) 5 de octubre de 1997 —inicio de operaciones.

(69) “... Con relación al personal y material que conformaban el poder de combate del batallón de contraguerrillas 52 de la brigada móvil 3 que se enfrentó a los bandoleros en el sitio denominado el Billar, bajo Caguán, departamento del Caquetá, este era suficiente para resistir cualquier tipo de ataque por parte de la subversión y esperar recibir apoyos de acuerdo con el desarrollo de la situación. De donde se colige que el fatal insuceso contó con la negligencia de las víctimas para adecuar las maniobras necesarias y contrarrestar el ataque de la subversión” (fl. 14 y ss., cdno. 5, acumulado 26029).

(70) 2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

(71) ART. 2º—Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

(72) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio del 2014, rad. 24736, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(73) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto del 2014, rad. 31190, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(74) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de mayo del 2015, rad. 29842, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(75) El artículo 37 del Código Civil consagra: “Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí”.

(76) Las razones que sustentan el hecho indicador de que en razón del parentesco una persona es afectada moralmente, se fundamentan en que: a) la experiencia humana y las relaciones sociales enseñan que entre los parientes existen vínculos de afecto y ayuda mutua y b) la importancia que tiene la familia como núcleo básico de la sociedad (C.N., art. 42). Ver. Sección Tercera, sentencias de 10 de abril de 2003, rad. 13834, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; 10 de julio de 2003, rad. 14083, M.P. María Elena Giraldo Gómez; 12 de febrero de 2004, rad. 14955, M.P. Ricardo Hoyos Duque; 24 de febrero de 2005, rad. 14335, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; 10 de marzo de 2005, rad. 14808; 8 de marzo de 2007, rad. 15459, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; 23 de abril de 2008, rad. 16186, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; 19 de noviembre de 2008, rad. 28259, M.P. Ramiro Saavedra Becerra. De la Subsección “B”, ver por ejemplo, sentencia de 8 de febrero de 2012, rad. 23308, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(77) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 27709, C.P. Carlos Alberto Zambrano.

(78) De conformidad con los testimonios practicados dentro del proceso, los señores Carlos Humbeiro Ortiz Álvarez y Marta Elena Gallego García eran los padres de crianza de Walter Humbeiro Ortiz Gallego. En efecto, la declaración juramentada de la testigo Nora Patricia Orozco precisó: “... Sí conocí al señor Walter Humbeiro Ortiz Gallego en esta ciudad desde hace por lo menos 12 años, en razón de la vecindad. Lo conocí porque era sobrino de una amiga mía y frecuentaba mucho la casa de mi amiga, donde vive la abuelita de nombre Eleonora Álvarez y mucho más en vacaciones y los fines de semana. Sé que el papá se llamaba Humbeiro Ortiz, no sé el nombre de su madre, esta lo dejó desde muy pequeño, o sea que no tuvo madre, era donde la abuela Eleonora donde se crio y vivió. El abuelo paterno se llama Carlos Ortiz y la abuela materna se llama Eleonora Álvarez. Siempre hubo mucho apoyo por parte de los abuelos para el muchacho y le dieron un muy buen ejemplo... es cierto que Walter Humbeiro compartió el mismo techo con sus abuelos, hasta antes de ingresar al Ejército Nacional” (fls. 345 a 346, cdno. 2). En el testimonio juramentado de Mónica Estrada Miranda se afirmó: “... conocí al señor Walter Humbeiro Ortiz... viviendo en la casa de (sic) abuela de nombre Eleonora... El nombre del papá era Humbeiro. No conocí a su madre y su nombre menos... prácticamente los abuelos (Carlos Ortiz y Eleonora Álvarez) fueron quienes criaron a Humbeiro, le dieron educación, le dieron techo, alimentación y sus relaciones eran muy buenas (...)” (fl. 346, cdno. 2). En similar sentido fueron las declaraciones de Estella del Socorro Valencia Serna y César Augusto Mejía Correa (fls. 348 a 350, cdno. 2).

(79) De conformidad con los testimonios practicados dentro del proceso, la muerte del señor Walter Humbeiro implicó para la señora una situación de congoja y dolor. Así lo relata el señor John Darío Sampedro: “Walter vivía en Guarne con la abuelita materna y también con la abuelita paterna. Distribuía su tiempo con las dos abuelitas. Walter se sentía como en su casa, me refiero a las casas de sus abuelitas” (fl. 349, cdno. 2). En similar sentido narró su versión el señor César Augusto Mejía Correa: “Walter vivía en la casa de los abuelos paternos donde permanecía habitualmente y también iba a la casa de la abuela materna en Guarne” (fl. 350, cdno. 2).

(80) El artículo 37 del Código Civil consagra: “Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí”.

(81) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de marzo del 2015, rad. 37310, M.P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia del 8 de julio del 2016, rad. 31.987, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(82) La señora Nelsa Narváez Muñoz, en declaración rendida el 14 de julio de 1999, precisó que: “Él apenas estuvo trabajando con el hermano dos meses porque la camioneta fallaba mucho y ese dinero lo utilizaba para sus gastos personales y cuando se fue para el ejército como profesional estaba ahorrando la plata para cuando tuviera licencia, que yo sepa no ayudaba para la caso” (fl. 157, cdno. 2). El señor Nicolás Fernando Celis Granada precisó: “Cuando él estuvo en Isagas recién llegado del ejército no tenía propiamente trabajo sino que nosotros le dábamos propinas, antes de eso no sé si trabajaría en otra parte” (fl. 159, cdno. 2). Testimonio de Ancisar Ramírez Loaiza: “tuve conocimiento como ya lo dije que al terminar el servicio militar estuvo trabajando en Gasquin con lo que ganaba ayudaba para la casa, sobre todo a don Alejandro, vive en un barrio más abajo” (fl. 160, cdno. 2).

(83) Testimonio de Benjamín Venegas Díaz: “Preguntado: ¿Durante el tiempo que Ulver (sic) estuvo trabajando en Gasquin qué hacía con el dinero que recibía? Contestó: Él viajaba mucho a Córdoba donde la mamá y entiendo que le ayudaba (...)” (fl. 164, cdno. 2). Testimonio del Rosemberg Zapata Vélez: “Preguntado: ¿En alguna oportunidad tuvo conocimiento de que Ulver estuviera trabajando y en caso cierto qué hacía con el dinero que recibía? Contestó: Sí, él trabajaba vendiendo gas acá en Armenia, no sé en qué empresa, con lo que ganaba le colaboraba a la mamá” (fl. 163, cdno. 1).

(84) La señora Herlinda Velazco no está legitimada en la causa por activa por cuanto no se demostró dentro del presente proceso su vínculo con la familia del difunto Harold Enrique Riascos Godoy y aportó un certificado de bautismo donde se precisa que es hija de Evangelista Velasco (fl. 8, cdno. 1). Los testimonios tampoco dan cuenta de la existencia de un lazo estrecho de afecto y de proximidad. Además este punto no fue objeto de inconformidad por parte del recurrente.

(85) El testimonio juramentado de Eduardo Apolinar Melo Santander acredita que la relación biológica familiar también estaba completada por aquellas que se denominan de “crianza”: “Los padres de Harold son el señor José Armendaris Riascos de profesión educador, la madre es la señora Flora Godoy, los hermanos del difunto: Oscar Riascos, Eduin (sic) Efrén Riascos y Yaneth Riascos Godoy, respecto de los abuelos maternos y paternos no tengo conocimiento, sé que son oriundos de Tumaco (N). Ellos han convivido con una señorita de nombre Pilar, el apellido no lo conozco, pero la tratan como hija y como hermana, incluso conozco que está estudiante en Guayaquil (Ecuador), junto con el otro hermano que se llama Oscar... Todos vivían bajo el mismo techo, Harold era un joven muy culto y educado... la relación con sus padres y hermanos era muy fraternal” (fl. 144, cdno. 2 - pbas.). En similares términos fue vertido el testimonio de Welintong Preciado Guizamo (fl. 145, cdno. 2 - pbas.).

(86) En efecto, así lo manifestaron los señores Eduardo Apolinar Melo Santander —conoce a la familia Riascos Godoy hace 20 años en razón de su calidad de docente— (fls. 142 a 144, cdno. 2). Declaración coincidente con lo expresado por el señor Welintong Preciado Guizamano, concuñado de José Armendaris Riascos y tío del militar fallecido (fls. 144 a 146, cdno. 2).

(87) Entre muchas otras en las que se aplica este criterio ver: Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, rad. 27709, M.P. Carlos Alberto Zambrano.

(88) Véanse las sentencias de 4 febrero de 2010, rad. 15.061 y 15.527 (acumulados), M.P. Mauricio Fajardo Gómez, de 29 de agosto de 2012, rad. 17.823, 21984, 21976, 21965 y 32010 (acumulados), M.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 25 de mayo de 2011, rad. 15.838, 18.075, 25.212 (acumulados).

(89) En efecto, en el proceso se recopilaron algunos testimonios rendidos por los señores Pedro Pinzón Martínez, Pablo Enrique Yaya Cristancho y Marina Sánchez (fls. 556 a 565, cdno. 7). Los primeros indican que Alberto Quiroga ayudaba “a veces a la mamá y como tenía hogar (...) creo que de vez en cuando la apoyaba”, “a veces veía las cosas que le mandaban a ellos, a veces por giros y venía a visitarlos” y en el última el testigo indica que no tenía conocimiento.

(90) Véanse las sentencias de 4 febrero de 2010, exp. 15.061 y 15.527 (acumulados), C.P. Mauricio Fajardo Gómez, de 29 de agosto de 2012, exp. 17.823, 21984, 21976, 21965 y 32010 (acumulados), C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 25 de mayo de 2011, exp. 15838, 18075, 25212 (acumulados), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y de 22 de noviembre de 2012, exp. 20250, C.P. Danilo Rojas Betancourth.