Sentencia 1998-00009 de julio 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Exp.: 24496

Rad.: 5000123310001998 000901

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Olivia Toro de Restrepo y otros

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Ejército Nacional

Naturaleza: reparación directa

Bogotá, veintinueve de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

9. El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia en los términos del Decreto 597 de 1988, debido a que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la reparación por concepto de daños materiales, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

II. Validez de los medios de prueba

10. Debido a que la parte actora aportó documentación en copia simple tendiente a demostrar los hechos que sirven de sustento a sus pretensiones, se debe precisar si esta puede ser valorada por la Sala.

10.1. En diversas oportunidades, el Consejo de Estado ha señalado que las copias de documentos públicos y privados solo pueden ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial, si reúnen las exigencias del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, a saber: (i) que hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial previa orden del juez donde se encuentre el original o la copia autenticada; (ii) que sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente; o (iii) que sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de una inspección judicial. De forma que para que puedan ser considerados como elementos de prueba válidos para acreditar los supuestos de hecho de interés para el proceso, los documentos públicos y privados deben allegarse en original o copia auténtica.

10.2. No obstante, esta corporación también ha considerado que, en ciertas circunstancias, las exigencias legales para la valoración de las copias simples pueden flexibilizarse con el fin de proteger los principios de lealtad procesal, equidad y buena fe(2). Esta situación ocurre cuando la parte contra la cual se aducen las copias conserva el original de los documentos y, por lo tanto, está en capacidad de efectuar un cotejo y de tacharlas de falsedad si ello fuera procedente. Así, en la sentencia 27 de octubre de 2011, se indicó:

Además, con fundamento en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil es posible, sin contrariar lo dispuesto en los artículos 244 y 268 ibídem, conferir valor probatorio a las copias simples, cuando la parte contra la cual se aducen conserva el original de las que señala fueron reproducidas y puede, por lo tanto, efectuar su cotejo y tacharlas de falsedad cuando no estén conformes, sin necesidad de que se practique la inspección judicial de que trata la norma.

En efecto, el artículo 255 citado prevé: “La parte contra quien se aduzca copia de un documento, podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia auténtica expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante inspección judicial, dentro de la oportunidad para practicar pruebas”.

Es cierto que la norma establece un trámite judicial para conferir autenticidad a las copias simples y es el cotejo con el original que se practique en una inspección judicial, a solicitud de la parte contra quien se aduce la prueba, el cual tiene como finalidad conferir certeza al documento que servirá como prueba, para así garantizar el derecho de defensa de quien no lo ha aportado.

Sin embargo, resultaría superfluo que la misma parte que tiene bajo su guarda los documentos originales, de los cuales la parte contraria afirma haber obtenido las copias que aporta, solicite inspección judicial para que se practique el cotejo, cuando esa misma parte puede practicar la confrontación sin intervención judicial y, en caso de encontrar disconformidad, proponer la tacha de falsedad de que tratan los artículos 289 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

La práctica del cotejo previsto en el artículo 255 citado debe quedar reservada para aquellos eventos en los cuales el documento original o la copia autenticada se encuentren en poder de un tercero y, por lo tanto, sin posibilidad de acceso por la parte en contra de la cual se aduce la prueba, para que sea la autoridad judicial la que disponga la exhibición del documento para asegurar su confrontación, con el fin de asegurar su derecho de defensa(3).

10.3. De acuerdo con lo anterior, las pruebas traídas en copia simple serán valoradas por la Sala en la medida en que corresponden a documentos expedidos por la demandada, debido a que se entiende que los originales deben necesariamente reposar en sus archivos, y a que las copias no fueron tachadas de falsedad pudiendo haber sido cotejadas en virtud del artículo 255 del Código de Procedimiento Civil. Estos documentos son: (i) el poligrama SB. 069 del 10 de enero de 1996, suscrito por el capitán Víctor Hugo Díaz, comandante de la octava compañía antinarcóticos con sede en Miraflores (fl. 127, cdno. 1); (ii) el informe de la situación de orden público en el departamento del Guaviare entre 1995 y 1999, expedido por la Policía Nacional (fls. 134-136, cdno. 1); (iii) los cuadros de estadísticas de los delitos en el Guaviare entre 1995 y 1999, aportados por el Centro de Investigaciones Criminológicas de la Dirección de Policía Judicial (fls. 137-152, cdno. 1); y (iv) el diario de operaciones de la unidad operativa mayor de la séptima brigada del Ejército Nacional, remitido por el comandante de esa brigada (fls. 154-168, cdno. 1).

10.4. Finalmente, se apreciarán las pruebas traídas en copia simple emanada de la Alcaldía municipal de Miraflores, Guaviare, dado que las respectivas copias auténticas fueron solicitadas en el escrito de demanda (fls. 11-12, cdno. 1), decretadas por el tribunal a quo (fls. 71, 76, cdno. 1) y finalmente requeridas por esta Sala (fl. 278, cdno. 2), sin que haya sido posible su obtención, al parecer debido a la “gran pérdida de memoria documental” que ha sufrido el municipio de Miraflores con ocasión de los ataques provenientes de grupos armados ilegales (fls. 285-286, cdno. 1).

Estos documentos son: (i) el Decreto 004 del 9 de enero de 1996, de la Alcaldía de Miraflores, Guaviare (fl. 24, cdno. 1); y (ii) la constancia de ingresos de Mauro Restrepo, suscrita por dicha alcaldía (fl. 30, cdno. 1).

III. Hechos probados

11. De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente, están debidamente acreditados en el proceso los siguientes hechos:

11.1. El señor Mauro Restrepo fue elegido alcalde del municipio de Miraflores, Guaviare, en los comicios del 30 de octubre de 1994, para el periodo comprendido entre el 1º de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1997, y tomó posesión del cargo el 2 de enero de 1995 (certificado de la Registraduría Municipal de Miraflores —fl. 27, cdno. 1—; acta de posesión dictada por el Juzgado Promiscuo Territorial de Miraflores —fl. 28, cdno. 1—).

11.2. El 9 de enero de 1996, el alcalde Mauro Restrepo, en vista de la difícil situación de orden público en el municipio, expidió el Decreto 004 con el propósito de “velar por la tranquilidad y el bienestar de la comunidad”, para lo cual ordenó el cierre de establecimientos públicos entre las seis de la tarde y las seis de la mañana (copia del D. 004 de ene. 9/96 —fl. 24, cdno. 1—).

11.3. Ese mismo día, dos individuos vestidos de civil entraron en el domicilio de Mauro Restrepo, hicieron una “requisa” a las personas allí presentes, entre ellas la esposa del alcalde, un asesor de la alcaldía y dos secretarios, y se llevaron al señor Restrepo a la parte trasera de la casa, en donde le dispararon con armas de fuego (poligrama SB. 069 suscrito por el comandante de la octava compañía antinarcóticos del departamento de policía del Guaviare —fl. 127, cdno. 1—), lo que le causó la muerte (copia auténtica del registro civil de defunción —fl. 294, cdno. 2).

11.4. Mauro Restrepo Oliveira nació el 22 de noviembre de 1940 (copia auténtica del certificado del notario de Mitú, Vaupés —fl. 16, cdno. 1—); su cónyuge fue Olivia Toro Gómez, nacida el 28 de marzo de 1940 (copia auténtica del registro civil de matrimonio —fl. 17, cdno. 1—); de esta unión son hijos Luz Stella Restrepo Toro, Alberto Restrepo Toro, Germán Restrepo Toro, Rosaura Restrepo Toro, Dolly Esperanza Restrepo Toro y Esmeralda Restrepo Toro (copias auténticas de los respectivos registros civiles de nacimiento —fls. 18, 19, cdno. 1; fls. 295-298, cdno. 2—).

11.5. El señor Mauro Restrepo Oliveira, como alcalde del municipio de Miraflores, Guaviare, percibía un salario mensual de $ 709.800 (constancia de la alcaldía municipal —fl. 30, cdno. 1—), con lo cual le ayudaba económicamente a su cónyuge Olivia Toro (declaración de Fabio Silva Carrillo —fls. 175-177, cdno. 1—).

IV. Problema jurídico

12. La. Sala debe determinar si la muerte del señor Mauro Restrepo Oliveira, alcalde del municipio de Miraflores, Guaviare le es imputable jurídica y fácticamente a las entidades demandadas por haber omitido sus deberes de protección de la vida e integridad de dicha persona.

V. Análisis de la Sala

13. La vida es el más preciado de los bienes humanos y un derecho esencial cuyo goce pleno es una condición ineludible para el disfrute de todos los demás derechos. Frente al derecho a la vida, el Estado tiene una obligación de doble naturaleza: por una parte, el deber de no privar arbitrariamente de la vida a ninguna persona (obligación negativa); y de otro lado, a la luz de su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, la adopción de medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)(4).

14. La obligación positiva con respecto al derecho a la vida, llamada deber de garantía, demanda del Estado una actividad de prevención y salvaguarda del individuo respecto de los actos de terceras personas teniendo en cuenta las necesidades particulares de protección, así como la investigación seria, imparcial y efectiva de estas situaciones(5):

Esta obligación implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.

15. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos —siguiendo lo dispuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos(6)— ha establecido que la responsabilidad del Estado frente a cualquier hecho de particulares se encuentra condicionada al conocimiento cierto de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades reales o razonables de prevenir o evitar ese riesgo(7). En armonía con la jurisprudencia interamericana, esta corporación ha dicho recientemente:

No se trata, no obstante, de radicar en el Estado una responsabilidad ilimitada frente a cualquier acto o hecho de los particulares (hecho de un tercero), pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo que es achacable directamente al Estado como garante principal(8).

16. Además, la corporación ha examinado en varias oportunidades la responsabilidad del Estado por hechos de terceros, en casos en los que si bien los agentes estatales no causaron el daño de forma directa, con su acción u omisión propiciaron o permitieron que personas ajenas a la administración lo causaran. Estas situaciones se presentan cuando una persona que está amenazada hace el respectivo aviso de las amenazas a las autoridades y, a pesar de ello, estas no la protegen(9) o adoptan unas medidas de protección precarias e insuficientes,(10) o cuando, si bien la persona no comunicó la situación de riesgo a la autoridad, la notoriedad y el público conocimiento del peligro que afrontaba hacían imperativa la intervención estatal para protegerla(11). Al respecto, esta Subsección ha señalado(12):

La jurisprudencia de la Sala ha admitido que el incumplimiento del deber especial de protección a cargo de las autoridades compromete la responsabilidad patrimonial del Estado. Con base en este criterio, ha indicado que cuando el daño es causado por un agente no estatal, la administración será obligada a reparar si existe prueba de que la víctima o la persona contra la cual estaba dirigido el atentado solicitó protección a las autoridades y que estas la retardaron, la omitieron o la prestaron de forma ineficiente(13).

Ahora, si el daño es previsible, dadas las circunstancias políticas y sociales del momento, no es necesario que la víctima solicite expresamente que se preserve su vida o su integridad personal para que surja a cargo del Estado la obligación de adoptar medidas especiales de protección y prevención. Basta con demostrar que las autoridades tenían conocimiento de las amenazas o del peligro que enfrentaba la persona(14).

17. En vista de ello, es preciso analizar si las entidades demandadas —Policía Nacional y Ejército Nacional— incurrieron en alguna de las conductas señaladas anteriormente, es decir, si a pesar de tener conocimiento de una situación de riesgo cierto e inmediato para el señor Mauro Restrepo Oliveira y de contar con posibilidades reales de evitar que dicho riesgo se concretara en un daño, omitieron prestar medidas de seguridad a su favor o las brindaron de forma inadecuada; así mismo, se analizará si el peligro que afrontaba el alcalde era de conocimiento público y amplia notoriedad, de manera que se hacía necesario adoptar medidas de seguridad, aún en ausencia de una solicitud expresa.

18. Sea lo primero señalar que, de acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, la Sala encuentra demostrado el daño, pues se probó que Mauro Restrepo Oliveira murió como consecuencia de los disparos con armas de fuego realizados por atacantes anónimos —párr. 11.3—. Acreditado el daño, es preciso determinar si existió una conducta irregular por parte de las autoridades y, de ser así, si hay un nexo de causalidad entre dicha conducta y el daño producido.

19. Se debe reconocer que la lectura del plenario no permite concluir que alguna autoridad haya provocado directamente la muerte del señor Restrepo Oliveira, pues no se tiene prueba alguna de que miembros de la Policía o del Ejército hayan participado en el ataque del cual fue víctima. Este hecho permitiría, en principio, eximir de responsabilidad a las entidades, dado que ninguno de sus agentes estuvo involucrado en dicho atentado.

20. Sin embargo, en vista de que la responsabilidad del Estado puede surgir frente a hechos de terceros cuando es precisamente la acción u omisión de alguna autoridad la que permitió o propició el hecho dañino, debe establecerse, se reitera, si la muerte del alcalde les es imputable a las entidades demandadas por no haber protegido su vida e integridad.

21. Este propósito exige esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Mauro Restrepo Oliveira, la situación de orden público en la zona, la naturaleza de las amenazas en su contra, el conocimiento que las entidades demandadas tenían de dicho riesgo y, en especial, las medidas que estas adoptaron para evitar que la situación riesgosa se concretara en un resultado fatal.

22. En primer lugar, se debe recordar que la muerte del señor Mauro Restrepo Oliveira el 9 de enero de 1996, entonces alcalde del municipio de Miraflores, Guaviare, se inscribe en un contexto de violencia derivada del conflicto armado, representada en los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales en una disputa por el control del territorio que, estimulados por el narcotráfico, produjeron diversas violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

22.1. En efecto, el Guaviare ha sido una de las regiones más afectadas por la violencia, el rezago económico y la debilidad institucional. A mediados de la década de 1950, el departamento recibió a miles de campesinos provenientes de Tolima, Huila, Meta, Cundinamarca y Boyacá, que huían de la violencia que desataron los bandos liberales y conservadores. Por esa época se impulsó un proceso de colonización para reducir la población en los principales centros urbanos y diversificar la economía nacional. Sin embargo, las escasas vías de comunicación con el resto del país y las distancias entre los lugares de producción y los centros de comercio, dificultaron el desarrollo de la agricultura(15).

22.2. El cultivo tradicional de plantas de coca por parte de los pueblos indígenas fue sustituido por la presencia creciente de traficantes de drogas protegidos por estructuras armadas, situación que se intensificó a comienzos de la década de 1980, con la llegada de la guerrilla de las Farc. Así lo describe el Programa Presidencial de Derechos Humanos:

En la década de los setenta, los comerciantes que impulsaron la bonanza marimbera en la Sierra Nevada de Santa Marta llevaron semillas a la Serranía de la Macarena y, posteriormente, hacia los ríos Guayabera y Guaviare. A diferencia de lo sucedido en la costa atlántica, no hubo bonanza marimbera en Guaviare; no obstante, los conocimientos de los indígenas sobre la planta de coca y las opciones que brindaba el terreno selvático y la abundancia de ríos caudalosos, permitieron que se desarrollara su cultivo y comercio. En este escenario, traficantes con amplia experiencia se ubicaron en el departamento junto con sus estructuras armadas, regulando la compra de insumos, la siembra y la comercialización del alcaloide, y movilizando su propia mano de obra desde otros lugares del país.

A finales de esta década, la sobreoferta de coca en el departamento produjo la caída en los precios de compra y venta, lo que condujo a que muchos traficantes y un buen número de población flotante abandonaran el Guaviare; otros cultivadores decidieron retomar la agricultura y obtener ganancias tanto de la economía legal como de la ilegal. A pesar de ello, a comienzos de los ochenta, se presentó una reactivación del negocio, pero esta vez con la participación del frente 1 de las Farc que había ingresado desde la región del Ariari en el Meta hacia San José.

La llegada de este frente guerrillero al departamento estuvo relacionada con la séptima conferencia de las Farc en la región del Guayabero, donde se acordó aumentar el número de frentes y combatientes, crear un cerco por la cordillera oriental, que separara al centro del país de la Orinoquía y la Amazonía y fortalecer sus finanzas a través del negocio de la coca y su comercialización hacia los países vecinos. El frente 1 de las Farc, uno de los primeros y más fuertes de esta agrupación guerrillera, fue enviado por órdenes del secretariado a ejercer dominio sobre todo el territorio del Guaviare, una vez se crearon en Meta nuevos frentes como el 7, 26, 27, 31, 39, 40 y 44(16).

22.3. En la década de 1990 la guerrilla de las Farc incrementó su poder en el departamento, apoyada en la economía ilegal y en el uso de la violencia armada; a mediados de ese decenio las tasas de homicidio subieron dramáticamente:

A lo largo de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, el frente 1 de las Farc, y en menor medida el frente 7, incrementaron su presencia en todos los municipios del Guaviare, convirtiéndose en el actor armado ilegal con mayor predominio. Durante este proceso, la violencia se convirtió en el principal medio de esta agrupación para hacer funcionar la economía ilegal, pues sirvió para negociar y disputarse territorios con los narcotraficantes de la región y permitió la efectividad del pago del gramaje por parte de los raspachines y procesadores. Para contrarrestar esta situación, el gobierno de Virgilio Barco creó en 1989 el batallón de infantería 10 “General Joaquín París”, adscrito a la séptima brigada del Ejército; con sede en San José del Guaviare.

Ante el progresivo dominio de la guerrilla, los traficantes de drogas reaccionaron creando grupos de seguridad privada que se enfrentaron a las Farc, dejando como consecuencia un incremento en la tasa de homicidio departamental, que pasó de 59 homicidios por cien mil habitantes (hpch) en 1995 a 132 hpch en 1996, y continuó aumentando en 1997, cuando alcanzó 143 hpch. Como respuesta, el gobierno de Ernesto Samper declaró por decreto presidencial que los departamentos del suroriente se convertirían en zonas especiales de orden público, lo que implicó nuevas medidas como la restricción del ingreso de insumos para el procesamiento de coca y se propuso la fumigación de los cultivos ilícitos en la región(17).

22.4. A comienzos de 1995, la presencia de la guerrilla de las Farc en el departamento del Guaviare era evidente, así como eran notorias las “reglas” que imponían a la fuerza:

Actualmente, saliendo de San José e internándose en el Guaviare hacia sitios como Retorno o Calamar, la presencia guerrillera se hace aún más evidente y en algunas regiones es casi cotidiana. Ella cumple, entre otras, funciones de control social, de acuerdo con su concepción de justicia y el contexto regional, que un buen sector de la población ve necesarias; pero también comete arbitrariedades y genera el temor que puede ocasionar iodo grupo armado sin un control mayor que el que les obliga a tener la opinión favorable de la población o de algunos sectores de esta para lograr su apoyo.

En términos generales, con su presencia las Farc han creado unas normes que pretenden garantizar: 1. la seguridad del grupo y su legitimidad; 2. cambiar gradualmente los cultivos de coca; 3. impedir el surgimiento del latifundio; y 4. garantizar un sistema tributario y financiero(18).

23. A su vez, surgieron en la zona grupos de autodefensas que, al enfrentarse con la guerrilla de las Farc y la fuerza pública con el fin de lograr el control del territorio, produjeron hechos atroces:

Los grupos de seguridad privada de ese entonces no estuvieron unificados bajo un mismo mando ni se dieron a conocer con una misma denominación; sin embargo, sentaron las bases para el ingreso de las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC al departamento, quienes entre 1997 y 1998 incursionaron a Maripipán (sic) (Meta), que limita con San José del Guaviare, con el fin de apoderarse de esta estratégica zona, con hechos atroces comas la masacres de Mapiripán y Puerto Álvira —corregimiento de este municipio—, que dejaron un elevado número de personas muertas y víctimas de desplazamiento forzado(19).

24. En este contexto de violencia generalizada derivada del conflicto armado se enmarca el atentado contra la vida del señor Mauro Restrepo Oliveira, alcalde del municipio de Miraflores, Guaviare. Se debe señalar que, tal como lo ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el contexto de violencia configura una situación general que incide sobre la situación particular de las víctimas y sobre el tipo de respuestas que debe brindar el Estado(20). Se trata de una suerte de “riesgo general” que a su vez califica la expectativa de respuesta del Estado ante el “riesgo particularizado” de la persona o, dicho de otra forma, el riesgo general contribuye a definir las características de previsibilidad y evitabilidad del riesgo particular. En esa medida, los datos del contexto son relevantes para definir el alcance de las obligaciones estatales de respeto, garantía y protección frente al derecho a la vida.

25. En el proceso contencioso que aquí se debate, están acreditadas las circunstancias que enmarcan el contexto de violencia general en el que se produjo el hecho particular, es decir, la muerte del señor Mauro Restrepo Oliveira.

25.1. Por un lado, la Dirección General de Orden Público y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, en respuesta a la solicitud de información por parte del tribunal, expuso la situación de orden público en el departamento del Guaviare y, en particular, en el municipio de Miraflores para la época de los hechos (fls. 132-133, cdno. 1):

En atención al oficio de referencia, me permito informarle que en el municipio de Miraflores, Guaviare, el principal factor de perturbación política, social y de orden público ha sido la presencia del narcotráfico a través de los cultivos ilícitos y el montaje de laboratorios para su procesamiento. El departamento del Guaviare es el principal productor de coca, con un 60% del total de áreas cultivadas en el país; a su vez, en Miraflores se cultiva el 60% del total del departamento.

El área es estratégica para la guerrilla porque constituye una de sus principales fuentes de recursos financieros, con dominio del bloque oriental de las Farc, bajo el mando de Jorge Briceño Suárez “El mono Jojoy”. Desde Miraflores, las Farc y los narcotraficantes han controlado el ingreso de insumos que salen desde el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio y las rutas de transporte por los ríos hacia San José del Guaviare.

Miraflores fue en 1996 la punta de lanza del gobierno para acometer la llamada “Operación Conquista”, en la que participaron fuerzas conjuntas del Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía, con el objetivo principal de atacar el tráfico de insumos químicos y de droga.

Así, se dice que el abandono estatal llevó a la población de Miraflores a convertirse en el pueblo de florecimiento de los dos grandes flagelos que afectan al país: narcotráfico y guerrilla.

Aunque directamente la estadística de la Policía Nacional no presenta datos en forma exclusiva de este municipio, sí nos informa que ha sido uno de los más afectados por los diferentes delitos que han perturbado al departamento: en el año 1995 se cometieron un total de 243 delitos y 444 en el año de 1996, siendo en su orden los de mayor frecuencia los cometidos contra la vida e integridad personal, contra el patrimonio económico, contra la libertad y otras garantías, y contra la seguridad pública. Así mismo, en 1995 se perpetraron 18 acciones subversivas contra la Policía Nacional y 5 en 1996, 7 casos .de terrorismo en 1995 contra 16 de 1996; en 1995 se registraron 57 casos de homicidio y 137 en 1996.

25.2. A este oficio se anexó el informe de la Policía Nacional sobre la situación de orden público en la región y, en especial, en el municipio de Miraflores entre 1995 y septiembre de 1999, que a continuación se reproduce (fl. 134-135, cdno. 1):

Las condiciones de vida de los habitantes del Guaviare no son las más adecuadas, por cuanto presentan deficiencias en la prestación de servicios básicos y estancamiento en el desarrollo de los factores socioeconómicos, por el escaso contacto e intercambio comercial con otros departamentos; convirtiéndolo en sitio donde se arraigan los fenómenos del narcotráfico y la guerrilla. De otro lado, su ubicación geográfica lo mantiene parcialmente aislado del resto del país, dificultando su acceso.

Los cultivos ilícitos son una característica predominante de esta región; la magnitud de la bonanza coquera y amapolera se convirtió en la atracción de grupos guerrilleros, quienes son los encargados de proteger los extensos cultivos. Miraflores se convirtió en la capital de la nueva bonanza cocainera, pasando a ser de la noche a la mañana el paraíso de la coca, desbordado por un floreciente comercio y una población flotante que en el pasado estuvo agobiada por la pobreza.

En el segundo semestre de 1996 el Gobierno Nacional anunció la fumigación con glifosato de extensas zonas donde se había comprobado el cultivo a gran escala de coca y amapola. El departamento del Guaviare y, de manera especial, la región de Miraflores fueron las áreas escogidas para la fumigación. Esta decisión provocó una reacción masiva de los cultivadores y recogedores de estas plantas, manifestada a través de marchas campesinas violentas, motivadas por los frentes guerrilleros de la región. Las extensas movilizaciones solo cesaron tras una prolongada negociación en la que el Gobierno se comprometió a invertir en obras de desarrollo a cambio de la suspensión de los cultivos ilícitos.

Sin embargo, y a pesar de continuar las labores de fumigación, el número de hectáreas cultivadas continúa en acenso. En 1994 había 20.000 hectáreas cultivadas, de las cuales se fumigaron más de 5.000; en 1995 el número de hectáreas cultivadas se disparó a 60.000 y en 1996, a pesar de haberse fumigado 26.000 hectáreas, continúan 50.000 sembradas. Se estima que solo en Guaviare existen 2.000.000 de hectáreas deforestadas y que cada año se destruyen 10.000.

En el mes de agosto de 1998 ocurrió el ataque a Miraflores, donde se encuentra ubicada la mayor base antinarcóticos de la Policía, además de un batallón del Ejército, 1.200 guerrilleros de las Farc atacaron durante 26 horas las posiciones oficiales, tras las cuales se llevaron a 100 miembros de la fuerza pública, dieron muerte a 50 e hirieron a 30. La base antinarcóticos y el batallón del Ejército fueron destruidos. Esta acción, además de su significado militar tuvo otro político, pues se trataba, de una parte, de recuperar el terreno perdido en la “Operación Conquista”, y de otra, tomar represalias por las fumigaciones de los cultivos de coca. Esta fue la primera vez que las Farc emplearon como arma de guerra los cilindros de gas.

25.3. En el mismo informe se detalla que de los 1779 hechos delictivos ocurridos en la región entre 1995 y 1999, el 61 % corresponde a delitos contra la vida y la integridad personal. Solo en 1996, año en el que murió el señor Mauro Restrepo Oliveira, se registraron 149 homicidios, 92 lesiones personales y 57 hurtos; de este conjunto de hechos ilícitos, al menos 34 se atribuyen a la guerrilla de las Farc (fls. 135-136, cdno. 1).

25.4. De forma más detallada, el diario de operaciones de la unidad operativa mayor de la séptima brigada del Ejército, remitido por el comandante de esa brigada a instancias del tribunal a quo, relata las operaciones militares realizadas en el municipio de Miraflores en los meses inmediatamente anteriores a la muerte del alcalde Restrepo, entre agosto y diciembre de 1995. Entre esas operaciones se cuentan incautaciones de armas y material explosivo, registro y control de áreas minadas (en los cuales murieron algunos militares y otros resultaron heridos), localización y destrucción de laboratorios de procesamiento de cocaína, incautación de materiales químicos, fumigación de cultivos ilícitos, detenciones y capturas de “raspadores de coca”, recuperación de un helicóptero derribado por la guerrilla, y combates con miembros de ese grupo armado ilegal (fls. 153-167, cdno. 1).

26. En el marco de esta compleja situación de orden público, desde finales de 1995 el alcalde Mauro Restrepo comenzó a recibir amenazas por parte de los grupos armados al margen de la ley, por lo cual, según lo relatan los testigos del proceso, solicitó protección a las autoridades.

26.1. Al respecto, José Durfay Gutiérrez Londoño, entonces conocido del alcalde Mauro Restrepo Oliveira, indicó que este le había informado que su vida corría peligro porque en la población de Miraflores se decía que él supuestamente sabía de la toma guerrillera del 7 de agosto de 1995 (fls. 85-88, cdno. 1):

Yo volví [a Miraflores] en el mes de octubre [de 1995] y negocié con él una propiedad; el 22 de diciembre de 1995 él vino aquí a Villavicencio para llevar unos repuestos de una planta eléctrica que se había quemado, y lo busqué para ver si me daba plata porque yo estaba muy mal acá, y me contó que estaba muy nervioso porque toda la gente de Miraflores lo estaba juzgando de que él sabía de la toma a ese pueblo, que ya ese cuento estaba regado por todas partes, y que él estaba corriendo peligro, que iba a ver si pedía que le pusieran a alguien que lo cuidara, y que estaba arrepentido de haber sido alcalde de allá; él se fue el 24 de diciembre y el 9 de enero oímos la noticia aquí, que por la noche habían matado a Mauro Restrepo Oliveira, que lo habían matado después del toque de queda, que era a las seis, y a él lo mataron a las siete de la noche.

26.2. Por su parte, Bernardo Toro Cemit, comerciante del municipio de Villavicencio, Meta, y antiguo compañero de estudios del señor Mauro Restrepo Oliveira, manifestó que debido a la situación de orden público que se vivía en Miraflores, el alcalde corría peligro, por lo que este les había solicitado protección a las autoridades (fls. 89-91, cdno. 1):

Analizo, digamos, si yo sabía que [Mauro Restrepo] había solicitado la protección de la autoridad para que lo protegiera en su cargo por la situación de orden público que había en ese tiempo en Miraflores. Él en varias oportunidades había solicitado que le asignaran un guardaespaldas o dos, porque allá es cosa seria. Preguntado. ¿Usted por qué sabía eso? Contestó. Porque en esa época yo vivía allá, inclusive antes de él lanzarse a la alcaldía yo vivía en Miraflores, y por cuestiones de amistad él me comentaba la presión que había. La cuestión es que el orden público allá es supremamente difícil para un funcionario del Gobierno porque uno estando en esos pueblos no se puede ni para allá ni para acá, por la cuestión de los muchachos del monte, entonces no sabe uno a qué atenerse, quién es el enemigo (...) Preguntado. ¿Usted cómo supo que él había solicitado vigilancia? Contestó. Yo supe que él solicitó vigilancia porque yo vivía en Miraflores cuando él salió como alcalde, y ya después él vio la presión que había en contra suya, digamos de los guerrilleros, entonces él le solicitó a la gobernación que le asignaran escoltas, uno o dos, para la protección de su vida pues él corría peligro, no sé por qué no hubo, entonces fue cuando sucedió ya el caso.

26.3. A su vez, Orlando Enrique Bernal Souza, entonces empleado de la Gobernación del Guaviare, declaró que el alcalde Mauro Restrepo le había comentado las amenazas en su contra, la solicitud de protección que había hecho a las autoridades y su deseo de renunciar a la alcaldía de Miraflores (fls. 92-94, cdno. 1):

Cuando él hizo campaña para la alcaldía me comentaba que quería ser alcalde de Miraflores, y le fue bien, ganó por elección popular, pero con el tiempo me comentó que estaba aburrido, en el sentido de que el orden público estaba pesado, me dijo que pensaba de pronto renunciar, porque él solicitaba ayudas, solicitaba una cantidad de protección y me decía que casi no le ponían mucho interés a las peticiones. Sí, él decía que le provocaba renunciar, que iba a ver si trabajaba hasta tal fecha y ponerse a trabajar independiente. Yo le decía que hablara con el gobernador: “usted fue elegido allá, termine su mandato”, pero él insistía mucho en que ya estaba un poco incómodo en el caso de los guerrilleros, que él de pronto salía al campo y se comprometía mucho, que iba a hacer tal obra, tal escuela o puesto de salud, y de pronto no recibía los recursos para invertir en esas obras, entonces por ahí venían los problemas, por no cumplir, y por eso me decía que iba a ver si renunciaba. “Si el Gobierno en el nivel central me presta más atención, sigo”. Entonces empezaron los problemas internos, que la guerrilla se iba a meter, entonces él decretó una ley seca, y me decía: “yo, como primera autoridad, pongo un decreto, estoy con la ley, y no sé cómo estaré con la otra parte, no tengo protección, estoy muy desprotegido, no tengo un apoyo, ni siquiera un celador”. Estas eran las charlas que nosotros teníamos, y cuando sucedió el caso, como que le hallé la razón en ese momento, pues sí estaba muy desprotegido.

27. La situación de riesgo para el alcalde se agravó a partir del mes de diciembre de 1995 cuando dispuso un “toque de queda” y ordenó el cierre de establecimientos públicos entre las seis de la tarde y las seis de la mañana en todo el municipio. El día 30 de este mes, según el informe presentado por el batallón de infantería 19 “Joaquín París” del Ejército Nacional, la octava compañía de antinarcóticos de la Policía Nacional se disponía a dar cumplimiento al “toque de queda” ordenado por la alcaldía cuando, al frente de la pista del aeropuerto municipal, detonó un artefacto explosivo (fl. 168, cdno. 1):

Mediante operación de registro y control de área en el municipio de Miraflores, Guaviare, frente a la pista del aeropuerto explotó un artefacto en momentos en que la octava compañía de antinarcóticos de la Policía procedía a efectuar el cierre de los establecimientos públicos en cumplimiento del toque de queda que se implantó en esa localidad, sin consecuencia alguna en las propias tropas.

28. Por último, el 9 de enero de 1996, luego de constatar “un balance de civiles, miembros de la Policía y del Ejército heridos en el curso de la semana” y con el objeto de garantizar la seguridad de la comunidad, el alcalde ordenó nuevamente el cierre de establecimientos públicos entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, esta vez mediante el Decreto 4 —párr. 11.2—. En esa misma tarde fue asesinado por sicarios anónimos en su residencia.

29. El análisis conjunto de estos medios de prueba le permite a la Sala comprobar, en primer lugar, que el señor Mauro Restrepo informó a distintas personas que, debido a las amenazas en su contra, tenía la intención de solicitar protección a las autoridades pertinentes, mas no está probado que efectivamente la haya solicitado. No obstante ser la primera autoridad de policía del municipio según el artículo 315 de la Constitución Política, el alcalde no dispuso del cuerpo uniformado para que le brindara la protección que requería. Al ser cuestionada sobre el particular, la Policía Nacional afirmó que el alcalde en ningún momento solicitó formalmente un “servicio de escolta” a la entidad (Oficio 02153 del jefe de la unidad seccional del departamento de policía del Guaviare —fl. 96, cdno. 1—; Oficio 1745 del comandante del departamento de policía del Guaviare —fl. 99, cdno. 1—; Oficio 274 del comandante de la zona oriental antinarcóticos del departamento de policía del Guaviare —fl. 100, cdno. 1—), ni al Departamento Administrativo Seguridad (DAS), seccional Meta (Oficio 15726 del director seccional del DAS en Meta.—fl. 96, cdno. 1—).

30. Este hecho, en principio, permitiría exonerar de responsabilidad a las entidades demandadas en vista de que no tenían conocimiento de la situación de riesgo en que se encontraba el alcalde y, por lo tanto, no les era exigible que adoptaran medidas de protección a su favor.

31. Sin embargo, como se ha señalado reiteradamente, en ciertas circunstancias resulta innecesario que la persona haya informado a las autoridades de las amenazas en su contra para que surja a cargo de estas el deber de protección. Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que existe un deber especial de protección en cabeza del Estado frente a personas que, por la naturaleza de sus funciones, el grupo político al que pertenecen o el contexto social en que operan, deben ser resguardadas de cualquier ataque en su contra, aún si no han solicitado formalmente protección a las autoridades.

31.1. Así, por ejemplo, en la sentencia que analizó la responsabilidad del Estado por la muerte del ex ministro Enrique Low Murtra, quien debido a sus acusaciones contra el cartel de Medellín había sido amenazado por las mafias del narcotráfico, se determinó que los organismos de seguridad del Estado —Policía Nacional y DAS— debían conocer el riesgo que corría su vida y, en consecuencia, estaban obligados a adoptar medidas para protegerlo, aún si no hubiera hecho una solicitud concreta de protección:

Quien a nombre del Estado, en cumplimiento de los deberes que un cargo público le impone, enfrenta una lucha en contra del crimen, la cual genera amenazas en contra de su vida e integridad personal, debe ser protegido por los organismos de seguridad del Estado, de por vida si ello es necesario, y sin que sea menester que medie una solicitud de protección; porque esa es precisamente la función de los organismos de seguridad, porque si se arriesga la vida para enfrentar una lucha que corresponde al Estado, tal acto debe ser compensado al menos, con la protección de la vida. Quienes al ocupar un cargo público, por servir a la comunidad exponen su vida frente a la lucha que el Estado libra contra las mafias del crimen organizado, tienen derecho como mínimo a que se les garantice la protección de su vida, sin que tengan que hacer solicitudes concretas al respecto(21).

31.2. En la decisión que declaró al Estado responsable por la muerte del dirigente político Jaime Pardo Leal, se estipuló que, debido a la naturaleza de sus actividades —era líder del partido “Unión Patriótica”, un colectivo perseguido y diezmado por grupos armados ilegales—, tanto a la Policía Nacional como a los órganos de seguridad les correspondía velar por su protección, sin necesidad de que mediara un requerimiento:

Ese deber, general y abstracto en principio, se particulariza y concreta cuando quiera que alguna persona invoque la protección de la fuerza de policía por hallarse en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad pública del inminente peligro que corre el ciudadano hace forzosa la intervención del organismo armado.

El carácter de líder de la oposición, presidente de un partido político perseguido y diezmado violentamente, debería, por esa sola circunstancia, ser suficiente para que el doctor Pardo Leal recibiera del Estado a través de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida, si no de manera absoluta, al menos en el mayor grado posible(22).

31.3. En el fallo que encontró responsable al Estado por la muerte del señor Luis Alfonso Herrera García, inspector de trabajo del municipio de Envigado, Antioquia, quien debido a las autorizaciones que otorgó desde el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social para el despido masivo de trabajadores en distintas empresas del departamento, fue amenazado y luego asesinado por sicarios anónimos, se decidió que en el contexto de un orden público turbado por la violencia no es necesario requerir a las autoridades para que estas actúen en función de proteger a quienes se sabe que se encuentran en peligro:

Lo que la Sala Plena ha sostenido de manera constante en esta materia de falla del servicio y consecuente responsabilidad administrativa es que en circunstancias de especial conmoción, de quebrantamiento del orden público, de perturbación de la normalidad ciudadana, de zozobra y peligro colectivos, en suma, de anormalidad en términos de convivencia social, no es indispensable que la autoridad sea requerida para que accione, prevenga el daño que pueda presentarse y sea capaz de precaver el hecho que pueda lesionar la vida, honra y bienes de los ciudadanos (...).

La relación del Estado frente al ciudadano implica, no solo necesariamente la existencia de poderes y deberes, que en el derecho anglosajón se denominan “obligaciones funcionales del Estado”, y que son verdaderas obligaciones jurídicas cuyo incumplimiento acarrea algún tipo de consecuencia o sanción. No podría ser de otra manera, para el caso objeto de juzgamiento, comoquiera que el deber del Estado se traducía en su poder y en la necesidad de proteger los derechos del ciudadano, en este caso la vida, aún sin que hubiera mediado solicitud por parte del señor Luis Alonso Herrera(23).

32. En el caso bajo examen, según quedó probado en el proceso, el señor Mauro Restrepo Oliveira cumplía sus funciones como alcalde en un contexto social dominado por la fuerte presencia de grupos armados ilegales que, basados en la economía ilegal del narcotráfico, intimidaban a la población civil, planeaban y ejecutaban atentados y amenazaban a las autoridades que no se plegaran a sus condiciones. En esa medida, el riesgo que afrontaba el señor Mauro Restrepo era evidente y notorio, de manera que debía ser reconocido y evitado por las autoridades sin necesidad de que este les diera el aviso respectivo.

33. La Sala reconoce que el alcalde, al ser la primera autoridad de policía en el municipio, estaba facultado para impulsar y promover las medidas de seguridad que requería para garantizar su vida e integridad.

No obstante, que no lo haya hecho —pues no está probado— no releva a la fuerza pública del deber adoptar las medidas del caso para asegurar su protección, pues, se reitera, cuando el riesgo es evidente y palmario, no es necesario que la persona que lo sufre, así sea el alcalde, solicite expresamente que se le proteja. La evidencia y la notoriedad del riesgo eran condiciones suficientes para que la fuerza pública adquiriera pleno conocimiento del mismo y, en consecuencia, coordinara e implementara un esquema de seguridad adecuado para el burgomaestre.

34. En un franco desconocimiento de sus obligaciones de protección y garantía del derecho a la vida, las entidades demandadas no tomaron las medidas necesarias para evitar que el altísimo riesgo que afrontaba el alcalde del municipio de Miraflores se concretara en un daño, a pesar de estar en condiciones de hacerlo. El comandante del departamento de policía del Guaviare admitió que el señor alcalde no tenía asignado un “servicio de escolta” a cargo de la entidad (Oficio 0254 del comandante del departamento de policía del Guaviare —fls. 25-26, cdno. 1), y el señor José Durfay Gutiérrez agregó que el burgomaestre no contaba con ningún esquema de seguridad (fl. 86, cdno. 1).

35. Para la época de los hechos la población de Miraflores se hallaba en un estado de abandono pasmoso. Según lo reconoció el propio comandante del departamento de policía del Guaviare, para enero de 1996, el municipio carecía de agentes efectivos de policía (Oficio 0254 del comandante de policía —fl. 25, cdno. 1—), y de acuerdo con el comandante de la zona oriental antinarcóticos de la misma institución, el personal activo destinado a dicha zona se limitaba a vigilar sus propias instalaciones (orden del comandante de la zona oriental antinarcóticos del departamento de policía de Guaviare —fl. 128, cdno. 1—).

36. La Sala recuerda que, por orden constitucional, las autoridades están constituidas para proteger la vida, honra y bienes de todas las personas residentes en el país, y que a la fuerza pública le corresponde defender la integridad territorial y la vigencia del orden constitucional, así como mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. En este caso, debido a la absoluta desprotección en que se dejó al alcalde de Miraflores, resulta evidente que ni el Ejército ni la Policía Nacional estuvieron a la altura de la importante misión que les encomendó la Carta Política, de manera que deberán responder patrimonialmente por los daños inferidos al señor Mauro Restrepo Oliveira y a su familia.

VI. Liquidación de perjuicios

37. Para fijar el valor correspondiente a la reparación del perjuicio moral, la Sala advierte que la condena se proferirá en el equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)”(24).

37.1. El juez administrativo tiene la potestad de determinar el monto a reconocer cuando se trata de perjuicios morales. Esta discrecionalidad está regida por: (i) la regla de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, dado que “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia”, mas no a título de restitución ni de reparación; (ii) el principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) el deber de estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto del daño y su intensidad; y (iv) el deber de estar fundada, cuando sea el caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(25).

37.2. En el presente caso, está acreditado que el señor Mauro Restrepo Oliveira fue cónyuge de Olivia Toro Gómez y padre de Luz Stella Restrepo Toro, Alberto Restrepo Toro, Germán Restrepo Toro, Rosaura Restrepo Toro, Dolly Esperanza Restrepo Toro y Esmeralda Restrepo Toro —párr. 11.4—. Esta Sala ha considerado que el parentesco puede constituir indicio suficiente de la existencia, entre miembros de una misma familia, de una relación de afecto profunda y del sufrimiento que experimentan unos con la desaparición o el padecimiento de otros(26).

37.3. Para cuantificar el valor a reconocer por concepto de reparación de los daños morales, se acude al criterio que fijó tal indemnización en 100 smlmv para los eventos de mayor intensidad y que abandonó la aplicación extensiva de las reglas sobre la materia establecidas en el Código Penal, por considerarlas improcedentes, con el propósito de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo que fijan, respectivamente, la reparación integral y equitativa del daño y la tasación de las condenas en moneda legal colombiana(27).

37.4. En virtud de lo anterior, por concepto de reparación de los daños morales, según las condiciones familiares debidamente acreditadas, se condenará a favor de todos los demandantes, por ser cónyuge e hijos de la víctima, el valor equivalente a 100 smlmv para cada uno(28).

38. Para la reparación de los perjuicios materiales, la Sala tendrá en cuenta que, al momento de su fallecimiento, el señor Mauro Restrepo devengaba .por concepto de salario la suma de $ 709.800, con lo cual le aportaba económicamente a su cónyuge —párr. 11.5—.

38.1. De acuerdo con las declaraciones de Libia María Rodríguez (fls. 173-174, cdno. 1) y Fabio Silva Carrillo (fls. 175-177, cdno. 1), la hija mayor, Luz Stella Restrepo Toro, convivía con sus padres; sin embargo, esta tenía más de 25 años para el momento de los hechos,(29) de manera que se presume que velaba por su sostenimiento. Los demás hijos superaban también esta edad(30). En el caso de Esmeralda Restrepo Toro, aunque contaba con 23 años(31) en el momento de la muerte de Mauro Restrepo, no está probado que estuviera adelantando estudios, por lo que la obligación alimentaría de su padre ya había cesado desde que el momento en cumplió (sic) 18 años. Por ese motivo, la Sala se abstendrá de reconocer a su favor una indemnización por concepto de lucro cesante.

38.2. Para la actualización del monto de los ingresos mensuales de la víctima se aplicará la fórmula Va x IPC final / IPC inicial, siendo Va el valor a actualizar ($ 709.800), IPC final el índice de las series de empalme correspondiente al mes anterior a la liquidación (113,74)(32) y el IPC final o histórico el índice de las series de empalme de la fecha de ocurrencia de los hechos (32,02)(33). Por lo tanto, el salario percibido mensualmente por el alcalde Mauro Restrepo, en valores actualizados, es de $ 2.521.319.

38.3. Para el cálculo del lucro cesante consolidado se procede a la liquidación de la siguiente forma: (i) se toma como base el salario devengado por la persona en su valor actual, es decir, $ 2.521 319; (ii) se adiciona el 25%, que equivale a las prestaciones sociales; (iii) se resta el 50%, que corresponde a la destinación para gastos personales; y (iv) se obtiene, en consecuencia, una suma final de $ 1.575.824, que equivale a lo dejado de percibir mensualmente por la señora Olivia Toro.

38.4. A este valor se le aplica un interés mensual de 0,004867 por los 210 .meses que transcurrieron desde la muerte del alcalde (ene./96) hasta la fecha (jul./2013).

38.5. El lucro cesante consolidado se cuantificará desde el momento de los hechos hasta la fecha de esta sentencia, teniendo en cuenta la vida probable(34) del occiso (23,4 años o 281,5 meses), que tenía entonces 55 años,(35) por ser inferior(36) a la vida probable de su cónyuge(37).

La fórmula se aplicará así:

S199800009ECUA1
 

38.6. En cuanto al lucro cesante futuro, igualmente, se le reconocerá a la cónyuge durante el resto de la vida probable del occiso (23,4 años o 281,5 meses). A los 281,5 meses se les restan los 210 meses del total del lucro cesante consolidado, para un resultado final de 71,5 meses de lucro cesante futuro.

La fórmula se aplicará así:

S199800009ECUA2
 

39. Finalmente, en lo relativo a la solicitud de reparación del perjuicio material en la modalidad del daño emergente, representado, según los demandantes, en los gastos funerarios en que incurrieron con ocasión de la muerte del señor Mauro Restrepo Oliveira, la Sala no encuentra probados estos desembolsos, de manera que se abstendrá de condenar por ese concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia del 13 de noviembre de 2002 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, y en su lugar dispone:

1. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Ejército Nacional por la muerte del señor Mauro Restrepo Oliveira.

2. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa a pagar a favor de Olivia Toro Gómez, Luz Stella Restrepo Toro, Alberto Restrepo Toro, Germán Restrepo Toro, Rosaura Restrepo Toro, Dolly Esperanza Restrepo Toro y Esmeralda Restrepo Toro, por concepto de reparación de los perjuicios morales causados con ocasión de la muerte de Mauro Restrepo Oliveira, el valor equivalente a 100 smlmv para cada uno.

3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa a pagar, por concepto de indemnización del daño material en la modalidad del lucro cesante, la suma de $ 668.716.128 a favor de Olivia Toro Gómez.

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Aplicar lo dispuesto en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. Expedir por secretaría copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) En la demanda presentada el 18 de diciembre de 1997, la pretensión de mayor valor, correspondiente al perjuicio material, fue estimada en $ 121.246.400. Por estar vigente al momento de la presentación de la demanda, se aplica el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 1997 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 13.460.000.

(2) Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 16 de abril de 2007, Expediente AG-25000-23-25-000-2002-00025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, y 10 de marzo de 2011, Expediente 15.666, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de octubre de 2011, Expediente 20.450, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de 1999, serie C 63, párr. 144; caso masacre de Santo Domingo vs. Colombia, sentencia de 30 de noviembre de 2012, serie C 259, párr. 188-190; caso masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, sentencia de 25 de octubre de 2012, serie C 252, párr. 145.

(5) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, serie C 4, párr. 166; caso masacre de Santo Domingo vs. Colombia, cit., párr. 189; caso masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, cit., párr. 144.

(6) Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Osman vs. Reino Unido, demanda 87/1997/871/1083, sentencia de 28 de octubre de 1998, párr. 115 y 116; caso Kilic; vs. Turquía, demanda 22492/93, sentencia de 28 de marzo de 2000, párr. 62 y 63; caso Öneryildiz vs. Turquía, demanda 48939/99, sentencia de 30 de noviembre de 2004, párr. 93.

(7) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de le masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, serie C 140, párrs. 123-124; caso Castillo González y otros vs. Venezuela, sentencia de 27 de noviembre de 2012, serie C 256, párrs. 128-129; caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, serie C 192, párr. 78.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, Expediente 30522, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 25 de mayo de 2011, Expediente 18747, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de noviembre de 2006, Expediente 16626, C.P. Alier Hernández Enríquez.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 1997, Expediente 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 1997, Expediente 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, Expediente 22373, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(13) [6] “Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, Expediente 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, Expediente 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, Expediente 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, Expediente 10.920, C.P. Jesús María Carrillo”.

(14) [7] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, Expediente 16.894, C.P. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 19 de junio de 1997, Expediente 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández, de 27 de marzo de 2008, Expediente 16.234, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, de 25 de febrero de 2009, Expediente 18.106, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 1º de abril de 2009, Expediente 16.836, C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.

(15) Alfredo Molano Bravo. Selva adentro. Una historia oral de la colonización del Guaviare, Bogotá, El Áncora Editores, 1999.

(16) Programa Presidencial para la Protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. “Diagnóstico departamental Guaviare 2003-2007”, en: [http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/DiagnosticoEstadisticoDepto/dd/2003-2007/guaviare.pdf].

(17) Ibídem.

(18) Fernando García M. “Coca, guerrilla y sociedad civil en el Guaviare: regulación de conflictos y otros controles”, en Colombia Internacional, 29, Bogotá, Universidad de los Andes, enero-marzo de 1995, pp. 18-29.

(19) Programa Presidencial para la Protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. “Diagnóstico departamental Guaviare 2003-2007”, en: [http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/DiagnosticoEstadisticoDepto/dd/2003-2007/guaviare.pdf].

(20) En algunos casos contra Colombia, la Corte Interamericana destacó la importancia del contexto del conflicto armado para determinar el alcance de las obligaciones del Estado en materia de respeto, garantía y protección de los derechos humanos. Ver, Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso masacre de Santo Domingo vs. Colombia, cit., párr. 187; caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, sentencia de 1º de julio de 2006, serie C 148, párr. 179; caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, serie C 134, párrs. 114 y 172.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 1997, Expediente 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 1997, Expediente 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, Expediente 16894, C.P. Enrique Gil Botero.

(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, Expediente 13232-15646, C.P. Alier Hernández.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, Expediente 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, Expediente 30522, C P (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 10 de marzo de 2005, Expediente 14808, CP Germán Rodríguez.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, Expediente 13232-15646, C.P. Alier Hernández Enríquez.

(28) El valor de esta reparación responde al precedente de esta Subsección en casos de indemnización por muerte a padres e hijos. Ver, entre otras, sentencia de 22 de noviembre de 2012, Expediente 23957, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 29 de octubre de 2012, Expediente 19062, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 14 de junio de 2012, Expediente 21884, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(29) Luz Stella Restrepo Toro, nacida el 6 de octubre de 1961 (fl. 18, cdno. 1), tenía 34 años para la fecha de los hechos.

(30) Alberto Restrepo Toro, nacido el 2 de septiembre de 1963, tenía 32 años; Germán Restrepo Toro, nacido el 14 de julio de 1965, tenía 30 años; Rosaura Restrepo Toro, nacida el 2 de octubre de 1967, tenía 28 años; y Dolly Esperanza Restrepo Toro, nacida el 12 de abril de 1969, tenía 26 años (fl. 19, cdno. 1; fls. 295-297, cdno. 2).

(31) Esmeralda Restrepo Toro, nacida el 6 de agosto de 1972 (fl. 298, cdno. 2), tenía 23 años para el momento de los hechos.

(32) IPC de junio de 2013.

(33) IPC de enero de 1996.

(34) Se acude a la Resolución 0585 de 1994 de la Superintendencia Bancaria, por ser la tabla de mortalidad de rentistas válidos vigente al momento de los hechos.

(35) Mauro Restrepo Oliveira, que nació el 22 de noviembre de 1940 (fl. 16, cdno. 1), tenía 55 años al momento de los hechos y su expectativa de vida era de 23,46 años.

(36) Siempre debe escogerse el menor tiempo entre la expectativa de vida probable de la víctima que producía el ingreso frente al tiempo que el perjudicado estuviera en condiciones de beneficiarse (su vida probable), pues con la primera ocurrencia de tales hechos el lucro cesaría naturalmente.

(37) Olivia Toro Gómez, que nació el 28 de marzo de 1940 (fl. 17, cdno. 1), tenía 55 años al momento de los hechos y su expectativa de vida era de 24,89 años.