Sentencia 1998-00016 de mayo 22 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUB SECCIÓN “A”

Rad.: 05001-23-31-000-1998-00016-01 (1466-11)

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Actor: Ángela Lucía Gómez Cadavid

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Bogotá, D. C., veintidós de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Se trata de establecer la legalidad de las decisiones disciplinarias emitidas el 28 de mayo de 1996 por la Procuraduría Metropolitana del Valle de Aburrá y el 19 de marzo de 1997 por la Procuraduría General de la Nación, mediante las cuales se sancionó disciplinariamente a la demandante Ángela Lucía Gómez Cadavid, con destitución en el ejercicio del cargo de Contralora Municipal de Girardota (Antioquia) e inhabilidad por el término de un año para desempeñar funciones públicas; así mismo, la Resolución 142 de octubre 30 de 1997, expedida por el Concejo Municipal de Girardota, mediante la cual se ejecutó la sanción.

Los reproches formulados en los recursos de apelación, consisten en: i) que en la actuación disciplinaria se estableció que la demandante actuó en el proceso ejecutivo de mínima cuantía, en representación de un tercero y esa circunstancia configuró la falta disciplinaria por la que fue sancionada; ii) que el trámite de la actuación debía sujetarse a lo dispuesto en la Ley 200 de 1995; sin embargo, la parte sustancial se debía continuar rigiendo por la Ley 13 de 1984 y su decreto reglamentario, tal como se hizo; iii) no se quebrantó el derecho al debido proceso, el principio de favorabilidad ni demás garantías que rigen la actuación disciplinaria, razón por la cual se hará el siguiente análisis en torno a lo decidido y analizado en los actos controvertidos.

De conformidad con el pliego de cargos formulado a la demandante el 30 de enero de 1996(4) los hechos que motivaron la investigación disciplinaria contra la señora Ángela Lucía Gómez Cadavid consistieron en haber participado en la audiencia de conciliación celebrada en el Juzgado Civil Municipal de Girardota, defendiendo los intereses del señor Ramón Saldarriaga en un proceso ejecutivo de mínima cuantía, cuando ya fungía como contralora de ese municipio.

Al expediente se aportó copia de la demanda que la accionante formuló ante el juzgado previamente mencionado, en la que se precisó que actuaba en nombre propio(5), de igual manera lo manifestó al solicitar una medida previa dentro de la misma actuación(6).

También reposa copia del título valor que se pretendía cobrar mediante el proceso ejecutivo(7) que al respaldo está endosado en propiedad a favor de la demandante, modalidad de endoso que transfiere la propiedad del título.

El auto que libró mandamiento de pago(8) se libró a favor de la demandante, directamente, porque fue ella quien a título personal incoó la acción ejecutiva.

Mediante auto de 28 de noviembre de 1994(9) dictado dentro del proceso ejecutivo en referencia, se citó a las partes a audiencia de conciliación a celebrarse el 20 de enero de 1995 y reprogramada para el 9 de febrero de ese mismo año(10).

En el acta levantada el día de la celebración de la audiencia, se señaló:

“Al iniciarse la audiencia se hizo presente la demandante Dra. Ángela Lucía Gómez Cadavid, titular de la C.C...

El despacho INSTA a las partes para que concilien sus diferencias, motivándolas y dándoles la información amplia y precisa sobre los alcances de esta audiencia.

Después de un diálogo acompañado de propuestas y contrapropuestas entre las partes y con la intervención de la suscrita juez, se concilió sobre lo siguiente…

APRUÉBASE en todas sus partes la conciliación celebrada… Entre los Srs.; Dra. Angela Lucía Gómez Cadavid en su calidad de endosataria en propiedad y Byron de Jesús Cataño Carmona, en su condición de demandado…”(11).

El cuestionamiento contra la demandante en el proceso disciplinario se contraía, como se señaló en el auto de cargos, a establecer su responsabilidad por la presunta falta disciplinaria en que pudo incurrir, al actuar en la audiencia de conciliación citada, en condición de representante de los intereses del señor Ramón Saldarriaga; no obstante, la demandante siempre manifestó dentro del proceso ejecutivo que su actuación no estaba encaminada a defender un derecho ajeno sino uno propio, pues así lo manifestó en todos los memoriales aportados al juzgado de conocimiento.

No obstante, la Procuraduría concluyó que la demandante, en el ejercicio de su profesión de abogada, intervino en la audiencia de conciliación previamente mencionada, con el ánimo de ejercer defensa de los derechos del señor Ramón Saldarriaga, conclusión a la que arribó con base en la manifestación realizada por la demandante dentro de la versión libre rendida ante el Procurador Provincial de Medellín, en el proceso disciplinario, en la que expresó:

“Con respecto aa (sic) litigio ó (sic) asesoría que le estaba haciendo a la señora Marta Alzate, yo le dije a ella misma que fuera e hiciera sus cosas en la notaría y en planeación por que (sic) yo ya no le podía hacer el trabajo en vista de que yo se lo inicie 6 meses antes y por papeles de planeación que faltaba y hubo que reformar los planos se demoro (sic) el trabajo inicial y yo ya no pude hacer el reglamento que fue para lo que ella me contrató, pero los papeles iniciales del trabajo los había hecho yo cuando estaba litigando y ella iva (sic) a la contraloría pero yo le decía que fuera directamente a hacer sus vueltas y ya. Y con la audiencia del juzgado civil eso lo tenía yo desde hace dos años atrás y la persona que me contrató ya me había pagado todo y el demandado se desapareció y no lo pudieron notificar en el juzgado y cuando apareció me llamaron a mí por que (sic) yo aparecía como apoderada y yo al señor demandado ni lo conocía y cuando apareció me dijo que él quería desembargar y que le arreglara ese problema, como la letra era mía y el señor estaba tan pobre y yo no quería perjudicarlo, le dije deme cualquier cosa y que la juez le ordene el desembargo…”.

De la versión anterior, la Sala concluye que si bien la demandante reconoció haber sido contratada por el señor Saldarriaga previamente y que no conocía al deudor del título valor que estaba ejecutando, también lo es que afirma que para la fecha de la audiencia de conciliación tantas veces citada, el título valor era suyo, incluso lo era desde el inicio de la acción ejecutiva, hecho que se corrobora con la radicación de la demanda en donde afirma actuar en nombre propio y no en nombre y representación del beneficiario inicial del título valor.

A juicio de la Sala, la Procuraduría no podía arribar a la conclusión de que el endoso del título valor era en procuración, para que la demandante en su condición de abogada reclamara derechos ajenos, pues para que el título se entendiera endosado bajo esa modalidad, era necesario que así se hubiera plasmado, al tenor de lo dispuesto en los artículos 658 y 659 del Código de Comercio; además, la demandante en el proceso ejecutivo siempre afirmó estar defendiendo derechos propios y no actuando en representación de un tercero y la actuación en esa condición —de titular del derecho— no solo la alegó en virtud del proceso disciplinario iniciado en su contra, sino desde el momento mismo de radicación de la demanda ejecutiva, cuando no tenía la calidad de empleada pública y por tanto, ningún interés en modificar u ocultar la condición en que actuaba en ese proceso.

La situación anterior, permite concluir a la Sala que la actuación de la demandante en el referido proceso ejecutivo no lo fue en condición de apoderada de un tercero sino a nombre propio y, en el evento de haberse originado duda a ese respecto, ella debió resolverse a favor de la demandante, en virtud del principio in dubio pro disciplinado, derivado del in dubio pro reo aplicable en materia sancionatoria penal y consagrado en el artículo 6º de la Ley 200 de 1995(12) —ya vigente al momento de imponerse la sanción y hacerse la valoración del material probatorio obrante en el proceso disciplinario— y que hace parte de las garantías que le asistían a la demandante, en protección de su derecho al debido proceso.

Precisado lo anterior, concluye la Sala que al momento en que la demandante asistió a la audiencia de conciliación celebrada el 9 de febrero de 1995(13) ante el Juzgado Civil Municipal de Girardota (Antioquia), teniendo la condición de servidora pública(14), acudió como parte dentro del proceso ejecutivo, como titular del derecho allí reclamado y por lo tanto, como única facultada para disponer del derecho allí pretendido, de modo que haber actuado en esa condición no la convertía en infractora de la ley disciplinaria.

Por lo tanto, al haber sido citada, en calidad de parte a la audiencia de conciliación, válidamente podía hacerlo directamente, no ejerciendo la representación de un tercero, sino como titular del derecho en litigio, pues en tal calidad, era la única que podía disponer de él dentro de dicha audiencia.

La Sala debe recordar que de conformidad con el inciso 3º del artículo 70 del Código de Procedimiento Civil el apoderado, de haberlo tenido o constituido para esa audiencia, no tendría facultad dispositiva del derecho en litigio, salvo que así se hubiera plasmado expresamente en el poder conferido para el efecto; por lo tanto, debía ella, en su condición de titular del derecho, acudir a la audiencia en calidad de parte, tal como lo hizo, con el objeto de disponer de su derecho.

Siendo así, la Sala considera que sí se logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto, razón por la cual confirmará la sentencia recurrida que accedió a las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del veintiuno (21) de junio de dos mil diez (2010) proferida por la Sala Décima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso promovido por Ángela Lucía Gómez Cadavid contra la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase».

La anterior providencia la estudió y aprobó la Sala en sesión de la fecha».

(4) Folios 38 al 42.

(5) Folio 18.

(6) Folio 32.

(7) Folio 20.

(8) Folio 22.

(9) Folio 27.

(10) Folio 28.

(11) Folio 29.

(12) “ART. 6º—Resolución de duda. En el proceso disciplinario toda duda razonable se resolverá a favor del disciplinado, cuando no haya modo de eliminarla”.

(13) Folios 29 y 30.

(14) Pues desde el 11 de enero de ese mismo año se desempeñaba como contralora de ese municipio, según consta a folio 3 del expediente.