Sentencia 1998-00026 de junio 6 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 88001-23-31-000-1998-00026-01(24133) (R-00026)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Ref.: acción de reparación directa

Actor: Victoriano Vargas Etrén y otros

Demandado: Hospital Timothy Britton de San Andrés, departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Ministerio de Salud

Bogotá, D.C., seis de junio de dos mil doce.

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia del 24 de octubre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que decidió lo siguiente:

“Declárase fundada la excepción propuesta por el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

“Niéganse las súplicas de la demanda.

“Abstiénese de condenar en las costas del proceso a la parte vencida (fls. 417 a 425, cdno. 4).

I. Antececedentes

1.1. La demanda.

El 7 de julio de 1998, los actores(1), mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron que se declarara responsables al Hospital Timothy Britton de San Andrés, al departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y al Ministerio de Salud, por la amputación del brazo derecho que sufrió el señor Victoriano Vargas Etrén, debido a una falla en la prestación del servicio médico hospitalario (fls. 45 a 64, cdno. 1).

Manifestaron que, el 7 de julio de 1996 el señor Vargas Etrén sufrió una caída en la calle y se incrustó un vidrio en el brazo derecho, razón por la cual fue trasladado al Hospital Timothy Britton de San Andrés, donde fue intervenido quirúrgicamente; pero, con el paso del tiempo, su estado de salud empeoró, pues el dolor que padecía se agudizó y, además, empezó a sufrir de un persistente estado febril.

Ante dicha situación, sus familiares solicitaron el traslado inmediato a otro centro asistencial de mayor nivel de atención, en la ciudad de Cartagena, pero el hospital no solo se opuso a ello, sino que se limitó a practicarle una fasciotomía, es decir, una operación consistente en hacer incisiones en la piel, para drenar la sangre, operación que no arrojó los resultados esperados, pues su estado de salud empeoró y el lesionado fue trasladado, por cuenta de su familia, a la ciudad de Cartagena.

A su ingreso al Hospital Universitario de Cartagena, el 16 de julio de 1996, se le diagnosticó “Herida en MSD infectada, más lesión vascular + necrosis antebrazo derecho”, es decir, el paciente presentaba un avanzado estado de infección, razón por la cual, para salvarle la vida, le fue amputado su brazo derecho, situación que les produjo a la víctima y a su grupo familiar innumerables perjuicios, que deben ser resarcidos por las demandadas, en la medida en que la pérdida del brazo derecho del señor Victoriano Vargas Etrén obedeció a una falla en la prestación del servicio médico asistencial.

En consecuencia, los actores solicitaron que se condenara a pagar el equivalente a 4000 gramos de oro, para la víctima directa del daño y el equivalente a 2000 gramos de oro, para cada uno de los integrantes de su familia, por concepto de perjuicios morales; asimismo, los actores pidieron, para el lesionado, el equivalente a 4000 gramos de oro, por concepto de perjuicios fisiológicos y, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las sumas que este dejó de percibir, pues debió abandonar su profesión de taxista; por concepto de daño emergente, los actores pidieron, para Piedad Cecilia e Italo Vargas Etrén, las sumas que sufragaron para atender los gastos médicos, quirúrgicos y hospitalarios de su hermano (fls. 46 y 47, cdno. 1).

1.2. La contestación de la demanda

El 13 de agosto de 1998, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina admitió la demanda y ordenó la notificación del auto admisorio a las demandadas y al Ministerio Público (fls. 75, 76, 82 a 86, cdno. 1).

1.2.1. El Hospital Timothy Britton de San Andrés Islas se opuso a las pretensiones de la demanda, pues, a su juicio, al señor Vargas Etrén se le suministró una atención médica adecuada y oportuna, de modo que ninguna falla en la prestación del servicio se configuró en este caso; además, según dijo, este es un centro asistencial de segundo nivel y, por lo mismo, no cuenta con todas las especialidades ni con los elementos técnicos que le permitan satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios. Agregó que la amputación del brazo derecho del paciente fue practicada en el Hospital Universitario de Cartagena y no en el Hospital Timothy Britton de San Andrés (fls. 82 a 86, cdno. 1).

1.2.2. El departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se opuso a las pretensiones de la demanda, por estimar que el Hospital Timothy Britton de San Andrés tiene personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y, por ende, cuenta con la capacidad suficiente para comparecer por sí mismo al proceso (fls. 117 a 122, cdno. 1).

1.2.3. La Nación-Ministerio de Salud contestó extemporáneamente (fls. 211 a 220, 230, cdno. 1).

1.3. Alegatos en primera instancia.

Vencido el período probatorio y fracasada la audiencia de conciliación, el 19 de octubre de 2000 se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto (fls. 137 a 140, 363, 364, 367, cdno. 1).

1.3.1. El apoderado de la parte actora solicitó que se condenara solidariamente a las demandadas al pago de los perjuicios causados a los actores, toda vez que se encuentra demostrado que Victoriano Vargas Etrén sufrió la amputación de uno de sus miembros superiores, debido a una falla en la prestación del servicio médico hospitalario (fls. 376 a 378, cdno. 1).

1.3.2. La apoderada del Hospital Timothy Britton de San Andrés pidió que se desestimaran las pretensiones de la demanda, en consideración a que los médicos del citado hospital actuaron oportuna y diligentemente en la atención médica dispensada a la víctima. Agregó que la prueba testimonial indica que el lesionado se encontraba en estado de embriaguez cuando sufrió el accidente que le afectó el brazo y que la víctima se negó inicialmente a que la trasladaran a un centro asistencial, para que le prestaran los primeros auxilios. Manifestó que, en el evento de resultar condenada al pago de perjuicios, se debe tener en cuenta que los demandantes no acreditaron los perjuicios que dijeron haber sufrido (fls. 369 a 375, cdno. 1).

1.3.3. El Ministerio de Salud alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, en atención a que este no administra el servicio de salud, ya que sus funciones están encaminadas a expedir normas a través de las cuales se establecen las directrices y políticas en esa materia; además, anotó que cada hospital es dueño de su organización interna y, por lo mismo, responsable de las actuaciones del personal a su cargo, de modo que ninguna responsabilidad le asiste con ocasión de los hechos que le fueron imputados (fls. 380 a 384, cdno. 1).

1.4. La sentencia recurrida.

Mediante sentencia del 24 de octubre de 2002, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina negó las pretensiones de la demanda, por estimar que el personal médico del Hospital Timothy Britton de San Andrés le suministró al paciente una atención médica adecuada y oportuna, de modo que ninguna responsabilidad en la prestación del servicio médico asistencial se configuró en este caso. Agregó que no obra prueba alguna en el plenario que demuestre que el citado hospital se hubiera negado a remitir al paciente a otro centro asistencial de mayor nivel de atención.

El a quo declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y del Ministerio de Salud (fls. 417 a 425, cdno. 4).

1.5. El recurso de apelación.

Dentro del término legal, el apoderado de la parte actora formuló recurso de apelación contra la decisión anterior, a fin de que la misma fuera revocada y se despacharan favorablemente las pretensiones de la demanda, por estimar que con las pruebas aportadas al proceso, se encuentra acreditada una falla en la prestación del servicio médico asistencial a cargo del Hospital Timothy Britton de San Andrés.

Aseguró que el procedimiento médico utilizado para contrarrestar el cuadro clínico que afectó al señor Victoriano Vargas Etrén no fue el indicado, pues, a pesar de que el paciente presentaba infección de hematoma, síndrome compartimental y sufrimiento vascular del músculo, los médicos del Hospital Timothy Britton de San Andrés se limitaron a lavarle la herida, cuando lo indicado y recomendado médicamente era haberle practicado inmediatamente una fasciotomía y así evitar el riesgo de una infección y, además, trasladarlo oportunamente a un centro asistencial de mayor nivel de atención, lo cual no se hizo (fls. 427 a 432, cdno. 4).

1.6. Alegatos en segunda instancia.

Mediante auto del 21 de noviembre de 2002, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina concedió el recurso de apelación formulado por el actor contra la sentencia anterior y, por auto de 10 de marzo de 2003, el recurso fue admitido por esta corporación (fls. 435 y 439, cdno. 4).

El 31 de marzo de 2003, el despacho corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto (fl. 441, cdno. 3).

1.6.1. El Ministerio de Salud solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, toda vez que no se demostró la falla en la prestación del servicio alegada por los actores y porque, además, el ministerio nada tiene que ver con procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios, teniendo en cuenta que esto le corresponde a cada uno de los hospitales o centros asistenciales, que cuentan con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa (fls. 442 a 448, cdno. 4).

1.6.2. Los demás guardaron silencio.

II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia del 24 de octubre del 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor de la demanda fue establecida en el equivalente a 4000 gramos de oro, para la víctima directa del daño, por concepto de perjuicios morales, esto es, $ 51’179.520(2) y la cuantía fijada por la ley, para la época de presentación de la demanda —jul. 7/98—, para que un proceso fuera de doble instancia, en acción de reparación directa, era de $ 18’850.000(3).

2.2. Caducidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En el presente asunto, el señor Victoriano Vargas Etrén sufrió amputación de su brazo derecho el 20 de julio de 1996, tal como se infiere de la certificación expedida por el Hospital Universitario de Cartagena (fl. 33, cdno. 1), y la demanda fue instaurada el 7 de julio de 1998, es decir, dentro del término que contempla el ordenamiento legal.

2.3. Caso concreto y análisis probatorio.

Se encuentra demostrado en el expediente que el señor Victoriano Vargas Etrén sufrió amputación supracondilia del brazo derecho, debido a una infección en la herida, con necrosis, que le dejó una pérdida de la capacidad laboral del 69.70%, conforme lo certificó el departamento de protección laboral del Instituto de Seguros Sociales de San Andrés Islas (fl. 303, cdno. 1).

Teniendo en cuenta lo anterior, no hay duda que se encuentra acreditado el daño sufrido por los demandantes, del cual se derivan los perjuicios cuyo resarcimiento se pretende en este caso.

También está acreditado que el señor Vargas Etrén ingresó al Hospital Timothy Britton de San Andrés el 7 de julio de 1996, a las 10:30 de la noche, ya que presentaba una herida con objeto cortante en región de pliegue de codo derecho, que comprometía piel, tejido celular subcutáneo, fascia, músculo, arteria, vena humeral y nervio mediano, con exposición ósea del húmero, según lo indica la historia clínica 13.522, remitida por el citado hospital el 6 de junio de 2002 al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (fls. 388 a 409, 413 a 415, cdno. 1).

Según el citado documento público, el paciente fue intervenido quirúrgicamente a las 11 de la noche el mismo día de su ingreso al Hospital Timothy Britton de San Andrés, para practicarle ligadura de las venas y de la arteria humeral derecha. El 10 de julio siguiente, fue sometido a una nueva cirugía, toda vez que se diagnosticó que padecía “Síndrome Compartimental”(4). Seguidamente a esta última intervención quirúrgica, se diagnóstico que el señor Vargas Etrén presentaba: “Herida miembro superior derecho más infección de hematoma, síndrome compartimental más sufrimiento vascular de músculo”, razón por la cual fue sometido a una tercera cirugía el 12 de julio y a una cuarta, el 14 de julio siguiente, pues la herida se encontraba infectada. La historia clínica reveló, asimismo, que el paciente fue intervenido por quinta vez el 14 de julio de ese mismo año, para practicarle un “Lavado quirúrgico más debridamiento tejidos”.

También quedó consignado en la historia clínica que la evolución del estado de salud del paciente fue tórpida, es decir, que nunca hubo realmente una mejoría; además, el documento en mención muestra la enorme preocupación del médico ortopedista que atendió al señor Vargas Etrén, por la suerte de su brazo derecho, al punto que se contempló la posibilidad de remitirlo a un hospital de tercer nivel de atención, para someterlo a la práctica de un estudio de diagnóstico complementario, tipo artrografía, y manejo de cirugía vascular, pero dicho traslado apenas se surtió el 16 de julio de 1996, esto es, transcurridos 9 días de haber ingresado al Hospital Timothy Britton de San Andrés.

En efecto, se encuentra acreditado que el señor Victoriano Vargas Etrén ingresó al Hospital Universitario de Cartagena en la fecha acabada de mencionar, remitido por el Hospital Timothy Britton de San Andrés, conforme lo señala la historia clínica 527043, elaborada por el primero de tales hospitales (fls. 294 a 301, cdno. 1). A su ingreso a dicho centro asistencial, se diagnosticó que el paciente presentaba: “Herida en MSD infectada, más lesión vascular + necrosis antebrazo derecho”, razón por la cual fue sometido a un tratamiento para contrarrestar la infección que lo aquejaba; sin embargo, como no se evidenció mejoría alguna, el 20 de julio de 1996 el Departamento de Ortopedia del Hospital Universitario de Cartagena le practicó “amputación supracondilea de MSD” y, el 22 de julio siguiente, fue dado de alta (fl. 33, cdno. 1).

Hasta acá, todo indica que el señor Victoriano Vargas Etrén fue atendido oportunamente en el Hospital Timothy Britton de San Andrés, teniendo en cuenta que, al poco tiempo de haber ingresado a dicho centro asistencial, fue intervenido quirúrgicamente, a fin de sortear con éxito el cuadro clínico que lo aquejaba, procedimiento que se repitió en otras cuatro oportunidades, sin obtener los resultados esperados. Así lo ratifica el dictamen pericial practicado en el proceso el 1º de marzo de 2005 por el Instituto de Ciencias de la Salud, CES (fls. 366 a 371, cdno. 3), pues este concluyó que el lesionado fue atendido oportunamente en el hospital demandado, toda vez que, antes de las 6 horas de haber ingresado a dicho centro asistencial, fue llevado a cirugía, procedimiento en el que le fue practicada ligadura de vasos humerales (venas y arterias).

No obstante, el dictamen pericial también concluyó que, dada la gravedad y complejidad de la lesión, el paciente requería atención médica en un hospital de tercer nivel(5), para que le practicaran urgentemente una arteriografía y fuera evaluado por un cirujano vascular, a fin de establecer el tratamiento a seguir y salvar la extremidad comprometida y, por lo mismo, su traslado tenía que realizarse lo más pronto posible, cosa que acá no ocurrió, razón por la cual fue imposible controlar la infección en el brazo derecho del señor Vargas Etrén y mucho menos evitar que este fuera amputado. Al respecto, la prueba pericial señaló que:

“Debido a la severidad y complejidad de la lesión que sufrió el señor Victoriano Vargas Etrén sobre el pliegue del codo derecho que requirió en el momento de agudo (sic) ligadura de las venas y arteria humeral derecha, hubiera sido lo ideal la pronta remisión de dicho paciente a un centro de III nivel que contara con la posibilidad de realizar una arteriografía para evaluar la viabilidad de la extremidad superior derecha y la posibilidad de tratamiento por cirujano vascular para tratar de corregir dicho problema.

Hay nexo causal entre la demora de la remisión a un centro de nivel superior y la pérdida de la extremidad superior derecha” (se resalta) (fls. 366 a 371, cdno. 3).

La Sala acogerá el anterior dictamen pericial, en la medida en que cumple fielmente las exigencias dispuestas por el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil(6), habida consideración que se encuentra fundamentado y razonado y fue practicado por un especialista en la materia, como lo es el doctor Jaime Alberto Velásquez Ortega, médico con especialidad en ortopedia y traumatología y en valoración del daño corporal y miembro del Instituto de Ciencias de la Salud, CES, organismo que se encuentra inscrito en la lista de auxiliares de la justicia (fl. 362, cdno. 3); además, las conclusiones que el dictamen arrojó son claras, precisas, lógicas y convincentes y están respaldadas con otros medios de prueba que obran en el plenario, como las historias clínicas de los Hospitales Timothy Britton de San Andrés y Universitario de Cartagena (fls. 245 a 261, 293 a 301, cdno. 1), a lo cual se suma que no fue objetado (al efecto, el despacho(7) corrió traslado del mismo el 30 de septiembre de 2005 —fls. 482 a 484, cdno. 4— y las partes guardaron silencio).

Así las cosas, no hay duda que el Hospital Timothy Britton de San Andrés fue negligente, por no haber trasladado oportunamente al señor Victoriano Vargas Etrén a otro centro asistencial de mayor nivel de atención, a fin de que pudieran salvarle la extremidad superior afectada, como lo concluyó la prueba pericial aludida. Es más, la accionada afirmó en la contestación de la demanda que, debido a que el Hospital Timothy Britton de San Andrés era de segundo nivel de atención, no contaba con todas las especialidades ni con los elementos técnicos que le permitieran satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios, de lo cual se infiere que era consciente de las falencias que tenía para enfrentar cuadros clínicos complejos, como el que presentó en su brazo derecho el señor Vargas Etrén, quien, por las razones atrás anotadas, requería una atención especial y esta solo era posible en un hospital de tercer nivel, razón más que suficiente para haber ordenado su traslado inmediato a otro centro asistencial que cumpliera con las especificaciones y exigencias requeridas, cosa que, como se vio, solo se hizo 9 días después de su ingreso al Hospital Timothy Britton de San Andrés, es decir, cuando la herida se encontraba en avanzado estado de infección, conforme se evidenció en la historia clínica del Hospital Universitario de Cartagena, el cual, a pesar de haber agotado todas las posibilidades que se encontraban a su alcance, para sortear con éxito la infección en la herida de la víctima, no tuvo alternativa distinta que amputar la extremidad afectada, para salvar su vida.

De otro lado, es indispensable aclarar que el supuesto estado de embriaguez del lesionado nada tuvo que ver con la pérdida de su extremidad, como pretendió insinuarlo en su defensa la entidad demandada, al señalar que la víctima se encontraba en estado de embriaguez cuando se lesionó, pues, como acaba de verse, la causa eficiente y determinante de la amputación del brazo del señor Vargas Etrén fue la negligencia del Hospital Timothy Britton de San Andrés, por no trasladarlo oportunamente a un centro asistencial de mayor nivel de atención.

En relación con la responsabilidad del Estado por la prestación del servicio médico de salud, le corresponde a la parte actora acreditar los supuestos de hecho que estructuran los fundamentos de dicha responsabilidad; es decir, debe demostrar la falla en la prestación del servicio médico hospitalario, el daño y la relación de causalidad entre estos dos elementos y, como se vio, la falta de traslado oportuno del señor Victoriano Vargas Etrén a un centro asistencial de mayor nivel de atención que el Hospital Timothy Britton de San Andrés, para que le fuera practicada urgentemente una arteriografía y fuera evaluado por un cirujano vascular, a fin de establecer el tratamiento a seguir y salvar la extremidad comprometida, fue lo que incidió definitivamente en el resultado dañoso y, por lo mismo, el citado hospital debe responder por los daños causados a los demandantes.

En cuanto al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Ministerio de Salud, los cuales también fueron demandados en el sub judice, el tribunal, como ya se vio (fls. 417 a 425, cdno. 4) declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva y negó las pretensiones de la demanda formuladas por los actores en su contra, decisión que no fue objeto de apelación, razón por la cual la Sala no hará pronunciamiento alguno al respecto, pues, como se sabe, el marco fundamental de competencia del juez ad quem lo determinan las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión recurrida.

Hechas las anteriores precisiones, la Sala revocará la sentencia del 24 de octubre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

III. Indemnización de perjuicios

3.1. Perjuicios morales.

La parte actora solicitó el equivalente a 4000 gramos de oro, para la víctima directa del daño y el equivalente a 2000 gramos de oro, para cada uno de los demás demandantes, por dicho concepto (fl. 46, cdno. 1).

Se demostró en el proceso que las lesiones de Victoriano Vargas Etrén fueron graves, pues el Departamento de Protección Laboral del Instituto de Seguros Sociales de San Andrés Islas estableció que la víctima sufrió una pérdida de la capacidad laboral del 69.70%, lo que equivale a una invalidez total, según la Ley 100 de 1993(8)(fl. 303, cdno. 1).

Se encuentra acreditado que Victoriano Vargas Etrén (lesionado) es el padre de Yosset Vargas Ramos, Ana Margarita, Marlis Isabel y Maydilim Vargas Trespalacios, conforme a los registros civiles de nacimiento visibles a folios 10 a 13 del cuaderno 1; asimismo, se encuentra acreditado que el lesionado es hijo de Itala Etrén Angulo, según el registro civil de nacimiento visible a folio 9 del cuaderno 1 y que sus hermanos son Anuar Julio Etrén, Piedad Cecilia, Odilo, Italo, Altagracia, Itala Isabel y Astrid Evelmis Vargas Etrén, conforme a los registros civiles de nacimiento visibles a folios 14 a 19 y 21 del cuaderno 1. También está demostrado que la señora Esther Ramos Arias es la compañera permanente de Victoriano Vargas Etrén, según la declaración de Nancy Ramos, visible a folios 196 a 199 del cuaderno 1.

Tratándose de lesiones que afectan la salud o la estética de una persona, resulta procedente el reconocimiento de perjuicios morales y su tasación depende, en gran medida, de la gravedad del daño sufrido, pues hay situaciones en las que este es de tal magnitud que, sin duda, afecta no solo a quien lo sufrió directamente, sino que puede llegar a afectar a terceras personas y, por lo mismo, quien pretenda su resarcimiento tendrá que demostrar únicamente el parentesco con la víctima, ya que este se convierte en un indicio suficiente que permite demostrar el perjuicio sufrido, siempre que no existan pruebas que indiquen lo contrario. En otras ocasiones, en cambio, puede ocurrir que el daño sufrido no revista gravedad alguna, al punto que no alcance a alterar el curso normal de la vida o las labores cotidianas de una persona y, por lo tanto, el tercero que pretenda obtener algún tipo de resarcimiento debe demostrar, además del parentesco con la víctima, el perjuicio sufrido(9).

Acreditado el parentesco de los demandantes con Victoriano Vargas Etrén, puede inferirse, aplicando las reglas de la experiencia, que los actores tenían un nexo afectivo importante con la víctima, nexo que determinó la existencia de lazos de alianza y solidaridad entre ellos y que, por lo tanto, aquellos sufrieran un profundo dolor y pesar con las lesiones graves que padeció Victoriano. Pueden considerarse suficientes, entonces, las pruebas del parentesco aportadas al proceso para tener demostrado el daño moral reclamado por los demandantes.

Conforme a lo anterior y siguiendo los parámetros trazados por la jurisprudencia de esta corporación en torno a la necesidad de tasar los perjuicios morales en salarios mínimos legales mensuales(10), la Sala condenará a la demandada a pagar, por dicho perjuicio, la suma de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para Victoriano Vargas Etrén, la suma de 40 salarios mínimos legales mensuales legales vigentes para cada uno de sus hijos, Yosset Vargas Ramos, Ana Margarita Vargas Trespalacios, Marlis Isabel Vargas Trespalacios y Maydilim Vargas Trespalacios y otro tanto para su compañera permanente, Esther Ramos Arias y para la madre de la víctima, Itala Etrén Angulo, y la suma de 20 salarios mínimos legales mensuales legales vigentes para cada unos de sus hermanos, Piedad Cecilia Vargas Etrén, Odilio Vargas Etrén, Italo Vargas Etrén, Altagracia Vargas Etrén, Itala Isabel Vargas Etrén, Astrid Evelmis Vargas Etrén y Anuar Julio Etrén.

3.2. Perjuicios materiales.

3.2.1. Daño emergente.

a. Por dicho concepto, los actores solicitaron que se condenara a la demandada a pagar, a favor de Piedad Cecilia e Italo Vargas Etrén, los gastos médicos quirúrgicos y hospitalarios que ellos sufragaron, para la atención de su hermano (fl. 47, cdno. 1).

Según la demanda, la señora Piedad Cecilia Vargas Etrén solicitó un crédito por $ 2’000.000, los cuales fueron respaldados con la suscripción de cuatro letras de cambio (fl. 50, cdno. 1).

Al efecto, obran en el expediente cuatro letras de cambio, por un valor de $ 500.000 cada una, giradas por la señora Nancy Ramos a nombre de Piedad Cecilia Vargas Etrén. No obstante, tales documentos, por sí solos, no permiten acreditar que esta última hubiera realizado pago alguno, por concepto de gastos médicos, quirúrgicos y hospitalarios, pues en el expediente no obra comprobante o factura alguna que demuestre que la citada señora incurriera en ese tipo de gastos y, por lo mismo, no es posible establecer relación alguna entre las sumas contenidas en las mencionadas letras de cambio y lo acá pretendido, de modo que la Sala negará dicha pretensión.

b. También se dijo en la demanda que el señor Italo Vargas Etrén vendió en $ 1’800.000 un vehículo de su propiedad, para atender los gastos relacionados con el tratamiento médico de su hermano y el sostenimiento de la familia de este último (fl. 50, cdno. 1); sin embargo, no obra prueba alguna en el plenario que dé cuenta de la venta del citado automotor y mucho menos existe prueba que demuestre que el señor Italo Vargas hubiera destinado suma alguna de dinero de la supuesta venta para cubrir tales gastos. En consecuencia, también se negará esta pretensión.

3.2.2. Lucro cesante.

Por dicho concepto, los actores solicitaron, para la víctima directa del daño, las sumas dejadas de percibir, teniendo en cuenta que el señor Victoriano Vargas Etrén, antes de la amputación de su extremidad superior, se dedicaba a la conducción de un taxi, profesión que tuvo que abandonar a raíz de los hechos acá narrados (fl. 46, cdno. 1).

De conformidad con los testimonios de Leiner Pérez Martínez y Nancy Ramos Arias (fls. 180 a 182, 196 a 199, cdno. 1), el señor Victoriano Vargas Etrén, antes de sufrir la amputación de su brazo derecho, conducía un taxi. Ahora bien, habida consideración que los actores no demostraron los ingresos que el lesionado devengaba en el ejercicio de dicha actividad, la Sala tendrá en cuenta el valor del salario mínimo legal mensual vigente para la época de los hechos(11), esto es, $ 142.125, para liquidar la indemnización debida o consolidada y la futura a la que tiene derecho.

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (suma devengada por la víctima) multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes de los hechos.

 

1998-00026 ecu1.bmp
 

 

Ra = $ 435.965

Puesto que la suma obtenida es inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente para este año, se tendrá en cuenta este último, esto es, $ 566.700. Se tendrá también en cuenta la incapacidad laboral del 69,70% sufrida por Victoriano Vargas Etrén, conforme lo certificó el Departamento de Protección Laboral del Instituto de Seguros Sociales de San Andrés Islas (fl. 303, cdno. 1), que equivale, como ya se dijo, a una invalidez total.

a. Indemnización debida o consolidada

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 7 de julio de 1996, hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 190,76 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

 

1998-00026 ecu2.bmp
 

 

1998-00026 ecu3.bmp
 

 

S = $ 177’547.910,5

b. Indemnización futura

Comprende el período transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia, hasta la vida probable de Victoriano Vargas Etrén. De conformidad con las tablas de supervivencia, su vida probable restante, a partir de los hechos, es de 49,12 años, para un total de 589,44 meses, teniendo en cuenta que, para la época de los hechos, Victoriano tenía 27 años, según el registro civil de nacimiento visible a folio 9 del cuaderno 1. A la suma anterior se le deben restar los 190,76 meses, correspondientes a la indemnización consolidada, que ya se liquidó, para un total a tener en cuenta para la indemnización futura de 398,68 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

 

1998-00026 ecu4.bmp
 

 

1998-00026 ecu5.bmp
 

 

S = $ 99’632.113,54

Sumados los valores de la indemnización debida y futura, se obtiene un valor a pagar total de $ 277’180.024, por lucro cesante.

3.3. Daño a la salud.

Los actores pidieron en la demanda que se condenara a la accionada a pagar al señor Victoriano Vargas Etrén el equivalente a 4000 gramos de oro, por concepto de perjuicios fisiológicos, teniendo en cuenta la alteración de sus condiciones de existencia, debido a la amputación de unas de sus extremidades superiores (fl. 46, cdno. 1).

Si bien la Sala, hasta hace poco, reconocía los perjuicios inmateriales, diferentes al perjuicio moral, bajo el concepto de “alteración a las condiciones de existencia”, en el asunto sub lite se reconocerá dicho perjuicio bajo la denominación de daño a la salud, pues, de conformidad con la jurisprudencia reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el daño a la salud es la categoría autónoma que resulta adecuada para indemnizar los perjuicios cuando el daño provenga de una lesión corporal, toda vez que dicha denominación comprende toda la órbita psicofísica del sujeto y está encaminado a resarcir económicamente una lesión o alteración a la unidad corporal de las personas(12).

Bajo esta perspectiva y en consideración a que el daño reclamado por el actor proviene de una lesión física, que le produjo la pérdida anatómica del miembro superior derecho, deformidad de carácter permanente y perturbación funcional del órgano de la aprehensión (fl. 207, cdno. 1), e implicó una pérdida de la capacidad laboral del 69.70% (fl. 303, cdno. 1), la Sala reconocerá a favor del señor Victoriano Vargas Etrén, por concepto de daño a la salud, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3.3.(sic) Condena en costas.

Teniendo en cuenta que, para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, resulta que ninguna actuó de esa manera, la Sala se abstendrá de imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 24 de octubre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y, en su lugar, se dispone:

a. DECLÁRASE la responsabilidad del Hospital Timothy Britton de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por los daños y perjuicios causados a Victoriano Vargas Etrén, debido a una falla en la prestación del servicio médico hospitalario.

b. CONDÉNASE al Hospital Timothy Britton de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

80 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para Victoriano Vargas Etrén; 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una de las siguientes personas: Esther Ramos Arias, Yosset Vargas Ramos, Ana Margarita Vargas Trespalacios, Marlis Isabel Vargas Trespalacios, Maydilim Vargas Trespalacios e Itala Etrén Angulo; 20 salarios mínimos legales mensuales legales vigentes, para cada una de las siguientes personas: Piedad Cecilia Vargas Etrén, Odilio Vargas Etrén, Italo Vargas Etrén, Altagracia Vargas Etrén, Itala Isabel Vargas Etrén, Astrid Evelmis Vargas Etrén y Anuar Julio Etrén.

c. CONDÉNASE al Hospital Timothy Britton de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a pagar a Victoriano Vargas Etrén, por concepto de daño a la salud, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

d. CONDÉNASE al Hospital Timothy Britton de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a pagar a Victoriano Vargas Etrén, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de doscientos setenta y siete millones ciento ochenta mil veinticuatro pesos ($ 277’180.024) m/cte.

e. NIÉGANSE los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente.

f. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda respecto del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y del Ministerio de Salud, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

4. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(1) El grupo demandante está conformado por: Victoriano Vargas Etrén, Yosset Vargas Ramos, Ana Margarita, Marlis Isabel y Maydilim Vargas Trespalacios, Esther Ramos Arias, Itala Etrén Angulo, Piedad Cecilia, Odilio, Italo, Altagracia, Itala Isabel y Astrid Evelmis Vargas Etrén y Anuar Julio Etrén.

(2) Según el Banco de la República, el valor del gramo de oro para la época de presentación de la demanda —jul. 7/98—, era de $ 12.794, 88

(3) Decreto 597 de 1988.

(4) El síndrome compartimental es una afección seria que implica aumento de la presión en un compartimento muscular. Puede llevar a daño en nervios y músculos, al igual que problemas con el flujo sanguíneo.

“Las capas gruesas de tejido denominadas fascia separan grupos de músculos entre sí en los brazos y en las piernas. Dentro de cada capa de la fascia se encuentra un espacio confinado, llamado compartimento, que incluye tejido muscular, nervios y vasos sanguíneos. La fascia rodea estas estructuras de manera similar como los alambres están cubiertos por un material aislante.

“La fascia no se expande, de manera que cualquier inflamación en un compartimento ocasionará aumento de presión en esa área, lo cual ejercerá presión sobre los músculos, los vasos sanguíneos y los nervios. Si esta presión es lo suficientemente alta, el flujo de sangre al compartimento se bloqueará, lo cual puede ocasionar lesión permanente a los músculos y a los nervios. Si la presión dura un tiempo considerable, la extremidad puede morir y puede ser necesario amputarla.

“La inflamación que lleva al síndrome compartimental ocurre a raíz de traumatismo, como un accidente automovilístico o una lesión por aplastamiento, o cirugía. La hinchazón también puede ser causada por fracturas complejas o lesiones a tejidos blandos debido a traumatismo (htt://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001224.htm).

(5) Según la Ordenanza 33 del 8 de diciembre de 1994 (fl. 42, cdno. 1), proferida por la Asamblea del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Hospital Timothy Britton de San Andrés es una Empresa Social del Estado, del orden Departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, del II nivel de atención.

(6) ART. 241.—Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

(...).

(7) Es preciso señalar que el dictamen fue incorporado en segunda instancia, mediante auto del 30 de septiembre de 2005, con fundamento en el inciso 4º del artículo 183 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, “cuando el proceso haya pasado al despacho del juez para sentencia, las pruebas practicadas por comisionado que lleguen posteriormente, serán tenidas en cuenta para la decisión, siempre que se hubieren cumplido los requisitos legales para su práctica y contradicción...”.

(8) Según el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, puede considerarse inválida una persona que hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral, entendida esta como el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse en su trabajo habitual (D. 917/99, art. 2º, lit. c).

(9) Consejo de Estado, sentencia del 16 de julio de 2008, Expediente 15.821.

(10) Consejo de Estado, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15646.

(11) 1996.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011, Expediente 38.22.