Sentencia 1998-00029 de agosto 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Expediente: 30391

Radicación: 500012331000199800029 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil catorce

Actor: Carlos Julio Moreno

Demandado:Departamento del Meta y municipio de Villavicencio

Naturaleza: Acción de reparación directa

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. Competencia

6. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta en un proceso que, por su cuantía(2), tiene vocación de doble instancia.

II. Validez de los medios de prueba

7. En relación con la totalidad de los medios probatorios obrantes en el presente asunto, cabe señalar que al momento de rendir testimonio el señor Gustavo Adolfo Hurtado Ballesteros —quien fue el ingeniero encargado de la elaboración del puente tipo Bailey que se aseveró en la demanda como una de las causas del daño originado— ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, aportó varias pruebas documentales de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 228(3) del Código de Procedimiento Civil que, a pesar de que fueron allegadas en copias que no cumplen con las precisiones dispuestas en el artículo 254 ibídem, serán valoradas libremente por la Sala. Al respecto, conviene recordar que recientemente, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, cambió su posición en cuanto a la valoración de copias simples, para entender procedente su estimación siempre y cuando no se hubieran tachado de falsos a lo largo del proceso en el que se pretenden hacer valer. En este sentido, consideró:

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos. // Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(...).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v. gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad(4).

7.1. Por su parte, se anexaron a un dictamen pericial rendido por los expertos correspondientes durante el trámite de la primera instancia, ocho fotografías que revelan imágenes de la buseta de placas SAF 399 y de las condiciones topográficas del río Maizaro, las cuales ostentan mérito probatorio en tanto fueron tomadas por los peritos durante la realización de su gestión y en consecuencia, se puede determinar su lugar y época de registro. Lo anterior no ocurre con seis fotos que fueron aportadas por la parte demandante al momento de presentación del libelo introductorio, comoquiera que no existe certeza de que las mismas correspondan a los hechos por los cuales se demanda, toda vez que no es posible determinar cuál es su origen, o lugar y época de elaboración, en adición a que no fueron reconocidas o ratificadas en testimonios, o confrontadas con otros medios de prueba.

III. Los hechos probados

8. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

8.1. Mediante Resolución 106 del 24 de julio de 1995, la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Villavicencio, frente a la solicitud de la empresa “Transporte Rápido Los Centauros S.A.” para que se le adjudicaran “rutas, horarios y frecuencias de despacho”, le autorizó prestar el servicio de transporte público dentro de varias rutas del municipio de Villavicencio relativas al modo periférico de transporte(5), entre las cuales se encontraba aquélla descrita en la demanda, esto es, la ruta 10, de la siguiente manera (copia autenticada ante la Notaría Segunda del círculo de Villavicencio de la Resolución 106 de 1995, expedida por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Villavicencio; fls. 30-34, cdno. 1):

CONSIDERANDO

Que el día 27 de enero de 1995, la señora ELSA ALVÁREZ de MILLÁN identificada con la cédula de ciudadanía 21.228.858 expedida en Villavicencio (Meta), en su calidad de representante legal de la empresa denominada TRANSPORTE RÁPIDO LOS CENTAUROS S.A., presentó ante la Secretaría de Tránsito, petición para que se le adicione a la licencia de funcionamiento la modalidad del servicio PERIFÉRICO, habiendo radicado en la misma fecha el estudio técnico para el caso.

Que analizada la petición y verificado el estudio técnico por parte de funcionarios de la secretaría, la DIVISIÓN TÉCNICA OPERATIVA, conceptuó favorablemente sobre la adición a la respectiva resolución, produciéndose el acto administrativo mediante Resolución 19 del 10 de abril de 1995.

Que dentro del estudio técnico también solicitó la adjudicación de rutas, horarios y frecuencias de despacho, según las disposiciones que establecen los decretos 555 del 2 de febrero de 1991 y acorde al artículo 36 del 1787 de 1990.

Que en primera oportunidad, se le concedió una ruta para analizar el impacto de la misma comunidad, teniendo en cuenta en este caso el próximo cierre de la carretera Villavicencio-Bogotá, haciéndose necesario el recorrido hacia el sector y estudiándose la posibilidad para nuevas rutas, siendo indispensable en este caso, prestar un mejor servicio a las diferentes veredas del municipio de Villavicencio y atender así, la petición de la empresa RÁPIDO LOS CENTAUROS S.A. y de la misma comunidad de los diferentes sectores a cubrir. Que por los anteriores considerandos, este despacho.

RESUELVE:

ART. 1º—Asignar a la empresa TRANSPORTE RÁPIDO LOS CENTAUROS S.A. en la modalidad del servicio periférico, las rutas que a continuación se detallan:

Ruta: 10

Nombre de la Ruta: ASENTAMIENTO ANTONIO PINILLA, PLAZA DE MERCADO 7 DE AGOSTO, ASENTAMIENTO ANTONIO PINILLA.

Empresa: TRANSPORTE RÁPIDO LOS CENTAUROS S.A.

Servicio: TRANSPORTE PERIFÉRICO

TR: 45 minutos

TE: 15 minutos

FD: Cada 15 minutos

FE: 1.2

S 1998-00029 F1
 

Longitud del recorrido: 11.000 metros

Recorrido: ASENTAMIENTO ANTONIO PINILLA, CLL 35, CEMENTERIO, CRA. 23, CLL. 37C, LEY, AV. ALFONSO LÓPEZ, CRA. 33, AV. 40, PLAZA 7 DE AGOSTO, AV. 40, CRA 33, AV. ALFONSO LÓPEZ CRA. 37B, LEY CRA. 23, CLL. 35, ASENTAMIENTO ANTONIO PINILLA.

(...)(6).

8.2. El 13 de mayo de 1996, la Secretaría de Obras Públicas del Meta inició la construcción de un puente tipo Bailey sobre el río Maizaro, con el objeto de comunicar los barrios “San Carlos”, “El Rodeo”, “Marco Antonio Pinilla” y los “Maracaos”, por lo que se transportó al sitio de construcción varias piedras con la finalidad de elaborar los respectivos gaviones, siendo utilizado para ello una volqueta. La mencionada obra culminó el 31 del mismo mes y año, momento en que se inauguró dicho puente (copia simple del informe elaborado por el ingeniero encargado de la obra Gustavo Adolfo Hurtado Ballesteros y su testimonio rendido ante el Tribunal a quo; fls. 215-226; cdno. 1).

8.3. El 15 de mayo de 1996, el conductor de la buseta de placas SAF 399, marca Avia, modelo 1969, sufrió un accidente mientras atravesaba el río Maizaro ubicado dentro de la jurisdicción del municipio de Villavicencio, en un sector del afluente en el que regularmente había flujo vehicular según la población del lugar. El siniestro consistió en que el río se acrecentó de tal forma que cuando el vehículo se encontraba atravesándolo por su lecho, lo arrastró ocasionándole varias averías (testimonio del ingeniero Gustavo Adolfo Ballesteros, ingeniero encargado de la construcción del puente tipo Bailey mencionado, y dictamen pericial rendido ante el Tribunal a quo junto con las fotografías anexas a dicho estudio(7); fls. 215-222, 255-262, cdno. 1).

8.4. Los días 3 y 4 de julio de 1996, el señor Carlos Julio Moreno, en uso de su derecho fundamental a elevar peticiones respetuosas ante las autoridades estatales reconocido en el artículo 21 de la Constitución Política, radicó sendos memoriales en la Secretaría de Obras Públicas Departamentales del Meta y en la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Villavicencio, con la finalidad de que se le informara “que personal y por cuenta de quien se encontraba laborando o sacando material del caño ubicado a la entrada de los barrios Marco Antonio Pinilla, San Carlos, Los Maracaos y el Rodeo, para el día 15 de 1996. // Las obras que estaban ejecutando eran previas a la instalación de un puente militar de los denominados “Hamilton”, y que a la fecha se encuentra en funcionamiento en ese sector”. Como contestaciones a dichos requerimientos, la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Villavicencio le advirtió que para la fecha indicada no había realizado trabajo alguno en los asentamientos aludidos y por su parte, la Secretaría de Obras Departamentales del Meta le comunicó que (originales de los derechos de petición radicados por el señor Carlos Julio Moreno ante las Secretarías de Obras Públicas respectivas, y los pronunciamientos de la administración al respecto; fls. 23-26, cdno. 1):

[E]l día 15 de mayo de 1996 no se encontraba ninguna maquinaria del Departamento sacando material del caño Maizaro entre el barrio San Felipe y los barrios San Carlos, Rodeo, Pinilla y Maracaos.

El personal que se encontraba trabajando en la fecha mencionada estaba laborando en la construcción de gaviones para la conformación de los estribos respectivos al puente Bailey, y estaba a órdenes del ingeniero Gustavo Adolfo Hurtado Ballesteros.

Es de anotar que el inicio de las obras respectivas fue el día 13 de mayo de 1996 y sólo se contaba con una volqueta para el cargue de piedra por parte de la comunidad y para la movilización de personal.

IV. Problema jurídico

9. La Sala debe establecer si se configura la responsabilidad de las entidades demandadas por las averías ocasionadas a la buseta de placas SAF 399, marca Avia, modelo 1969, con ocasión del accidente de tránsito ocurrido en el afluente Maizaro, localizado dentro de la jurisdicción del municipio de Villavicencio, teniendo en cuenta que en la sentencia impugnada se denegaron las peticiones indemnizatorias elevadas en la demanda al determinarse que no había sido demostrada relación jurídica alguna entre el accionante y el vehículo que resultó deteriorado.

9.1. De esta manera, con observancia de lo expuesto en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, se impone verificar el material probatorio obrante en el plenario, para efectos de establecer si el señor Carlos Julio Moreno acreditó debidamente su condición de poseedor del bien mueble aducido, con lo que asimismo se inferiría su condición de víctima en el presente asunto y, en caso de ser así, corresponde analizar la incidencia que habría tenido el comportamiento del departamento del Meta y del municipio de Villavicencio en el origen del daño y de los perjuicios objeto del libelo introductorio, para lo que se hace indispensable dilucidar las circunstancias específicas en las que se desarrolló el siniestro, así como se debe estudiar la posible configuración de un hecho exclusivo de la víctima al exponerse indebidamente a que su buseta se hubiera visto menoscabada cruzando el río en mención por su lecho dada las condiciones climáticas de la época.

V. Análisis de la Sala

10. Se principia por recordar que el Tribunal de primera instancia en la sentencia denegatoria recurrida por el actor, coligió a la luz del material probatorio recaudado y practicado en el desarrollo del iter procesal, que éste no había acreditado su condición de damnificado con ocasión de los hechos sucedidos el 15 de mayo de 1996, en la medida en que no probó ser el propietario o el poseedor del vehículo que resultó averiado por las supuestas acciones y omisiones de las entidades demandadas, y en virtud de cuyo deterioro había accedido a la administración de justicia en ejercicio de la acción de reparación directa con el objeto de percibir la indemnización de los perjuicios de carácter material e inmaterial que a su parecer, se derivaron de dicha situación.

10.1. Asimismo, se debe tener en cuenta que el demandante, en el escrito de apelación de la decisión judicial referida, señaló estar de acuerdo con el juzgador a quo en cuanto a que no había demostrado ser el propietario del automotor referido, pero indicó que sí había acreditado ostentar la calidad de poseedor respecto del mismo, lo que a su juicio era suficiente para entender configurado el daño que se le había causado, el cual debía serle resarcido tanto por el departamento del Meta como por el municipio de Villavicencio siguiendo la argumentación contenida en el libelo introductorio y de acuerdo al material probatorio recaudado.

10.2. Con observancia de los anteriores planteamientos, la Sala se permite recordar que para efectos de edificar un juicio de responsabilidad patrimonial del Estado y de radicar en éste la obligación indemnizatoria respectiva, es necesario que la parte demandante acredite la causación de un daño antijurídico que le pueda ser atribuido a la entidad estatal correspondiente(8) —el artículo 90 de la Constitución Política contempló que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, es decir, el constituyente decidió establecer un fundamento expreso, general y primario de la responsabilidad tanto contractual como extracontractual del Estado, cuya producción requiere de dos elementos estructurales, a saber, el daño antijurídico y su imputabilidad(9)—, lo que implica que dicho extremo de la litis tiene como una primera carga demostrar la titularidad del derecho o del bien tutelado por el ordenamiento jurídico que asevera como lesionado, en tanto es evidente que a quien resultaría procedente resarcir a través de una decisión judicial con ocasión de un detrimento en específico es a la persona a la que se le originó el mismo y que demandó debidamente por ello, conexión conocida dentro de la dogmática del derecho de la responsabilidad como el carácter personal del daño.

10.3. En efecto, no se puede desconocer que para los litigios judiciales en los que se debate la responsabilidad patrimonial de una persona, el nexo del sujeto demandante con el derecho o bien que aduce afectado reviste esencial importancia, habida cuenta de que la titularidad mencionada permite identificarlo como el individuo destinatario de la indemnización pertinente al haber surgido verdaderamente en su patrimonio el derecho a percibirla(10), dado que se tendría certeza de que fue a él a quien se le ocasionó el daño respectivo, lo que adicionalmente facilita identificar cuál es la situación que con el acaecimiento de tal menoscabo se vio alterada en forma negativa, para efectos de que con la reparación se logre retornar a aquélla en un punto anterior al de ocurrencia de éste, delimitándose debidamente el resarcimiento que resulte pertinente de conformidad con el principio de reparación integral —la magnitud de la indemnización debe corresponder de manera exacta con la entidad de la lesión del derecho—.

10.4. En consecuencia, resulta diáfano que para resolver un litigio en específico, al juez de lo contencioso administrativo le compete entrar a dilucidar a partir de los elementos de convicción respectivos la existencia de una conexión entre el sujeto actor y el derecho o el bien que arguye como menoscabado, puesto que se reitera, sólo así podría hacerlo beneficiario de la restitución que solicita.

10.5. Ahora bien, conviene precisar que el aspecto denotado, referente a la misma existencia del daño en tanto el detrimento para entenderse configurado debe ser personal por quien depreca su restablecimiento, está íntimamente ligado a legitimación en la causa por activa al interior del asunto jurisdiccional correspondiente. Al respecto, la doctrina jurídica ha señalado:

Hablar de las condiciones de existencia del daño significa simplemente hablar de los elementos que son necesarios para que el daño exista.

(...).

Es así como se estima que, para que el perjuicio pueda calificarse de tal, debe ser personal y cierto. Estas son las dos características que lo definen y por ello se pasa a estudiarlas.

(...).

Que el perjuicio sea sufrido por la persona que solicita reparación es un principio elemental del derecho de la responsabilidad(11).

(...).

Es oportuno, entonces, anotar que el carácter personal del perjuicio se presenta en forma pura. Sólo hay que establecer que el hecho dañino causó un perjuicio a la persona que solicita la indemnización.

(...).

Es así como el carácter personal del perjuicio estará presente cuando el demandante relaciona el daño padecido con los derechos que tiene sobre el bien que sufrió menoscabo, debiendo establecer una titularidad jurídica sobre el derecho que tiene respecto del bien menguado. En este entendido se recuerda un concepto elemental del derecho de daños, claramente enunciado por De Cupis cuando afirma que “lo que el derecho tutela, el daño vulnera”(12), y por ello el demandante en un proceso debe establecer que tenía el derecho que vulneró el daño, como requisito para establecer que en efecto hubo lesión en su patrimonio. Es la lógica del artículo 2342 del Código Civil colombiano cuando enuncia que “puede pedir esta indemnización no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso”. Dentro de esta concepción se puede afirmar que, “en consecuencia, es claro que la lesión de un derecho constituye una condición de existencia del daño, necesaria para que proceda la indemnización. La lesión del derecho es entonces un elemento para apreciar el perjuicio reparable”(13).

Es así como carácter personal y legitimación por activa en la causa se confunden.

(...).

[C]on independencia de quien pida, el demandante debe aportar la prueba del título de su derecho para reclamar, es decir, la identidad entre resarcimiento pedido y derecho a obtenerlo, de conformidad con el ya citado artículo 2342 del Código Civil.

(...).

No se trata en este acápite de estudiar la forma como deben ser probados los derechos, pues ello es tema de un estudio sobre pruebas, sino simplemente de establecer el título que se invoca en la demanda debe, en efecto, ser establecido legalmente en el proceso.

Si el demandante invoca la calidad de propietario de un bien debe probar dicha calidad.

(...).

La lógica que viene de describirse respecto de la propiedad invocada como título es similar a la que se da cuando se presenta cualquier otro título.

(...).

Se debe también anotar que no se excluye la hipótesis de la acumulación alternativa de títulos para pedir, pues bien pueden presentarse casos en los cuales se invocan varios derechos simultáneamente.

(...).

También se observa en la jurisprudencia colombiana la tendencia a otorgar indemnización a pesar de que el título con el cual se compareció al proceso no se logre establecer, siempre y cuando se establezca otro título que permita dicho otorgamiento. Es lo que ocurre, por ejemplo, “en los casos de reparación de daños recaídos sobre muebles automotores, en los que si la parte actora se presenta como propietaria del vehículo y no logra demostrar ese carácter sino otro, como el de poseedora, es esta última condición la que puede fundamentar el reconocimiento a la pertinente indemnización”(14). Igual tendencia se observa cuando se invoca el título de pariente para efectos de obtener una indemnización por daño moral, sin lograr establecer dicha calidad. En tales casos la jurisprudencia, valiéndose de testimonios que permiten dar por establecido el sufrimiento de la persona a pesar de que “no demostró, con la prueba exigida legalmente, ser la madre de Etelberto”, porque no demostró que éste era hijo legítimo (el registro del matrimonio no existe) y ni siquiera que lo era extramatrimonialmente (...) procede a otorgar indemnización porque, “con todo, se le tendrá como tercero damnificado”(15) (16).

10.6. En cuanto a la legitimación en la causa, es preciso determinar que de conformidad con la jurisprudencia de la Corporación, existen dos clases: la de hecho y la material. La primera hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas —siendo o no partes del proceso—, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda(17). En este sentido, no siempre quien se encuentra legitimado de hecho tiene que estarlo materialmente, en consideración a que si bien puede integrar una de las partes de la litis, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto. Al respecto, se ha establecido:

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado —legitimado en la causa de hecho por pasiva— y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(18) (19).

10.7. Cabe destacar igualmente que la ausencia de legitimación en la causa no inhibe al juzgador para pronunciarse de mérito, en consideración a que ésta es un elemento de la pretensión y no de la acción, motivo por el cual, no se relaciona con un aspecto procesal sino sustancial del litigio(20). De esta manera, cuando no se encuentra acreditada la legitimación material en la causa de alguna de las partes procesales, el juzgador deberá denegar las pretensiones elevadas en la demanda puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o, el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados.

De conformidad de todo lo expuesto, la Sala observa que, en los casos en que se demanda con la finalidad de obtener la reparación por el daño o destrucción de un bien material, como sucede en el asunto concreto frente al deterioro de la buseta de placas SAF 399, le correspondería al demandante en principio probar la titularidad del derecho que adujo tener en relación con aquél para efectos de no sólo demostrar la existencia del daño aseverado como causado sino también su interés para demandar y dar inicio al proceso contencioso administrativo, lo que claramente no es óbice para que el juez de la reparación directa pueda ordenar el restablecimiento que corresponda de conformidad con las funciones que le son propias y los hechos que encuentre probados en el caso concreto, de haberse demostrado que el accionante ostentaba otra condición respecto del bien que de todas formas permita atribuirle la calidad de víctima —aspecto de mayor relevancia en el marco de un proceso judicial de responsabilidad—, situación que se podría presentar cuando en el libelo introductorio se invoca el carácter de propietario pero sólo se logra demostrar otro derecho subjetivo sobre la cosa, como lo es la posesión, el usufructo, la habitación, u cualquier otro interés o derecho que permita colegir que el actor efectivamente sufrió un detrimento, al ser cierto que tenía una conexión con el bien sobre el que ocurrió el hecho dañoso. En este mismo sentido, esta Corporación ha señalado:

1. La demanda. El 20 de agosto de 1986, el doctor JAIME ALFONSO TORNE FANDIÑO, por medio de apoderado judicial presentó demanda para que, frente a la Nación Colombiana, se dedujeran en su favor las siguientes pretensiones:

“Primera: Declárese a la Nación Colombiana, administrativamente, responsable de los daños causados al vehículo A.G. 6314 Marca Renault-6 Modelo 1971 Sedan Amarillo, Motor 132992 serie 7935652 tipo automóvil de propiedad del demandante y en el accidente causado el día 30 de abril de 1986 (...).

Estos medios de prueba generan certeza respecto de estas circunstancias:

— Que el demandante compró el carro a ARMANDO PÉREZ BRICEÑO.

— Que recibió el carro y pago, por él, un precio de $ 800.000.

— Que uso el carro como suyo y lo disfrutaba el día del accidente.

— Que no se hizo el traspaso a su nombre ante las autoridades de tránsito.

En otros términos se presentó una circunstancia conocido en el comercio de automotor como el “traspaso en blanco”, según la cual un propietario firma la solicitud de traspaso, documento que desfila por diversos compradores futuros sin que se haga efectiva la petición.

Para la Sala, sin entrar a establecer los requisitos necesarios para adquirir la propiedad de los vehículos automotores es claro que el demandante era poseedor del automóvil al tiempo de los hechos, en los términos del artículo 762 del Código Civil (...).

Las pruebas cuya relación se hizo antes son suficientes para demostrar los dos elementos tradicionales de esta figura.

Hecha esta precisión, la Sala ha reconocido en el poseedor el interés necesario para acceder ante esta jurisdicción dentro del contencioso subjetivo(21).

10.9. Una vez dilucidado lo anterior, se advierte que en el sub lite, tal como lo consideró el Tribunal a quo y lo aceptó la propia parte demandante, no se demostró en el marco del presente asunto el derecho de propiedad que aquél adujo tener sobre el vehículo objeto de su escrito inicial, interés en virtud del cual solicitó la indemnización de los perjuicios derivados de la pérdida del mismo ocasionada por las múltiples averías que le fueron producidas, en tanto si bien allegó una prueba documental en la cual consta el contrato de compraventa respectivo que habría celebrado para adquirir su dominio —original del contrato de compraventa celebrado entre el señor Nelson Rojas como vendedor y Carlos Julio Moreno como comprador; fl. 36, cdno. 1(22)—, no acreditó el modo por el cual se radicaría en su cabeza dicho derecho y por consiguiente, no es posible en un comienzo tener por cierta su legitimación en la causa por activa con base en la calidad de dueño del bien en comento.

10.10. En este punto, cabe recordar que de conformidad con la actual postura de esta Sección en relación con la forma de acreditar la titularidad del derecho de dominio sobre vehículos automotores, es necesario demostrar tanto el título como el modo mediante los cuales dicho derecho fue adquirido, y sin importar si resulta aplicable la legislación comercial o civil al acto jurídico correspondiente, la forma de probar el segundo elemento señalado consiste en evidenciar la inscripción del título en el registro automotor respectivo, comoquiera que se concluyó que éste no tiene una mera naturaleza declarativa sino constitutiva del derecho en comento. La Sala, modificando su postura anterior sobre el tema(23), señaló:

(i) Si bien es cierto que el contrato de compraventa de vehículos automotores es consensual, comoquiera que no requiere de formalidad alguna para su perfeccionamiento, no lo es menos que la eficacia del mismo tanto frente a las autoridades públicas en materia de tránsito terrestre automotor como frente a terceros, pende del cumplimiento de la formalidad o solemnidad de la inscripción del negocio jurídico en el correspondiente registro, procedimiento éste que se constituye, aún desde la normatividad expedida en 1970, en el modo a través del cual el título conduce a la transmisión de la propiedad en los negocios a los cuales no se aplica la legislación mercantil; una comprensión diferente, en virtud de la cual dicho registro tendría solamente propósitos de publicidad, no sólo contraviene el tenor literal de los preceptos que condicionan la eficacia del negocio a la realización del registro, sino también el espíritu mismo del sistema registral colombiano, construido a semejanza de los modelos alemán y austríaco —en los cuales el modo, el registro, resulta imprescindible para constituir o modificar el derecho real— y no del esquema consensual aplicado en Francia y en parte de la República italiana en esta materia;

(ii) En la medida en que el anotado registro tiene naturaleza claramente constitutiva y no meramente declarativa, tanto en materia civil como en materia comercial, desde los años 1970 y 1971, respectivamente, la tradición de este tipo de bienes sólo se entiende surtida con la entrega material del automóvil y con la inscripción del título correspondiente en el Registro Nacional Automotor, y

(iii) Como corolario de lo anterior, la propiedad o la realización de cualquier negocio jurídico que afecte un derecho real respecto de un vehículo automotor, solamente puede probarse con la acreditación tanto del título (contrato) como del modo (tradición tabular) del cual se deriva la calidad de propietario, usufructuario, acreedor pignoraticio, etcétera; las normas que expresamente establecen una tarifa legal de prueba en esta materia —D.L. 1250/70, arts. 43 y 44— excluyen la posibilidad de que las anteriores circunstancias puedan acreditarse mediante la sola aportación de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción, más allá de que el título o instrumento en cuestión sólo surtirá efectos respecto de terceros —desde 1970, se insiste— después de efectuada la referida inscripción.

La especial naturaleza de los bienes de los que aquí se trata —vehículos automotores— siempre fue tenida en cuenta por el Legislador nacional para expedir normas especiales que regularan el tráfico jurídico en la medida en que éste involucrara la disposición de dicha clase de bienes, especialidad sustancial y normativa que, en consecuencia, excluye la aplicabilidad, a los negocios civiles que versaren sobre automotores, de lo preceptuado por el artículo 754 del Código Civil en punto a la tradición de cosas corporales muebles pues, como ampliamente se explicó, el sistema de registro colombiano, tradicionalmente y desde sus orígenes, ha asimilado al tratamiento dispensado a la propiedad inmueble en punto de las exigencias registrales, a los vehículos a motor. Lo dicho encaja perfectamente, por lo demás, con lo preceptuado por los artículos 749 y 759 del Código Civil, disposiciones cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 749.—Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas.

ART. 759.—Los títulos traslaticios de dominio que deben registrarse, no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho mientras no se haya verificado el registro en los términos que se dispone en el Título Del Registro de Instrumentos Públicos” (resaltado del texto)(24).

10.11. Ahora, no obstante lo anterior, para la Sala se encuentra suficientemente acreditado que el demandante ostentaba la posesión del bien objeto de su demanda, circunstancia que para fines indemnizatorios lleva a reputarlo dueño a menos de que otra persona justifique serlo en los términos del artículo 762(25) del Código Civil, y teniendo en cuenta igualmente que en oportunidades anteriores esta Corporación ha reconocido a los poseedores un interés jurídico sustancial para demandar(26).

10.12. Se debe recordar que existen dos elementos estructurales que configuran la referida posesión; (i) el animus, presupuesto que se define como la concepción y conducta que tiene el poseedor de ser señor y dueño de la cosa poseída y, (ii) el corpus, consistente en la relación material o física que se tiene con aquella(27). Partiendo de que la Corte Suprema de Justicia ha manifestado en múltiples ocasiones que la única posesión válida es la material(28), y debido a que el animus, como elemento proveniente de la intención del poseedor, no puede ser apreciado objetivamente, este se infiere siempre y cuando el corpus se encuentre demostrado y por ende, en estos casos se debe entender acreditada la posesión.

10.13. La referida Corporación, al igual que el Consejo de Estado(29), ha indicado que el último elemento en mención se prueba demostrando la realización de actos materiales sobre la cosa poseída(30). En este sentido dijo:

[A]creditar la posesión pacífica, pública, inequívoca, “exclusiva y no interrumpida por el lapso exigido... sin efectivo reconocimiento de derecho ajeno y sin violencia o clandestinidad” (LXVII, 466), durante todo el término legal, el cual antes de la Ley 791 de 2002 era de veinte años y a partir de su vigencia se redujo a la mitad (C.C., arts. 2512, 2531 y 2532, modificado por el art. 1º de la L. 791/2002), probando sus elementos de la “tenencia física, material y real de una cosa, perceptible en su materialidad externa u objetiva por los sentidos (corpus) y el designio o intención de señorío (animus), ser dueño (animus domini) o hacerse dueño (animus remsibi habendi) de la misma, que por obedecer a un aspecto subjetivo es susceptible de inferir por la comprobación de actos externos razonable, coherente, explícita e inequívocamente demostrativos (Cas. civ. mar. 13/1937, XLIV, 713; jul. 24/1937, XLV, 329; mayo 10/1939, XLVIII, 18; nov. 9/1956, LXXXIII, 775; abr. 27/1955, LXXX, 2153, 83; ago. 22/1957, LXXXVI, 14; feb. 12/1963, CI, 103; jun. 24/1980, CLXVI, 50; Sentencia S-020 de 1995, Sentencia S-028 de 1995, Sentencia S-031 de 1995, Sentencia S-051 de 1996, Sentencia S-055 de 1997, Sentencia S-059 de 1995, Sentencia S-101 de 1995, Sentencia S-115 de 1995, Sentencia S-126 de 1995, Sentencia S-025 de 2002, Sentencia S-124 de 2003, Sentencia SC-149 de 2004) siendo admisible todo medio probatorio idóneo’ (XLVI, 716, y CXXXI, 185, Sentencia S-041 de 1997, Sentencia S-016 de 1998, Sentencia S-025 de 1998,Sentencia S-005 de 1999, Sentencia S-021 de 1998, Sentencia S-100 de 2001, Sentencia S-183 de 2001, Sentencia S-192 de 2001, Sentencia S-209 de 2001, Sentencia S-126 de 2003)” (Cas. civ. sentencia sustitutiva de 22 de julio de 2009, Exp. 68001-3103-006-2002-00196-01)(31).

10.14. En el presente asunto, la relación material y física que tenía el señor Carlos Julio Moreno con la buseta de placas SAF 399, marca Avia, modelo 1969, y la realización de actos materiales sobre el mismo presentándose adicionalmente como su propietario ante el público en general, se deduce del certificado de ingresos expedido el 18 de febrero de 1997 por la empresa Transporte Rápido Centauros(32), puesto que de conformidad con dicha prueba, el demandante se encontraba vinculado a esa sociedad y prestaba el servicio de transporte periférico con el vehículo en comento, de lo que resulta fácil inferir que todas las actuaciones que le correspondían ejercer en virtud de su trabajo con el bien objeto de la demanda demuestran su calidad de poseedor del mismo, máxime si pregonaba ser su propietario ante los demás a pesar de no haber acreditado esa condición en este proceso, relación jurídica en virtud de la cual se tiene por demostrado su interés en las resultas del proceso.

11. Con observancia de lo expuesto, esto es, probada la legitimación en la causa del demandante en su calidad de poseedor sobre el bien objeto de la demanda y por consiguiente, presunto propietario del mismo, se advierte que se encuentra debidamente probada la causación del daño a su respectivo derecho, consistente en los múltiples y graves deteriores sufridos por el referido mueble automotor el 15 de mayo de 1996, ocasionados mientras cruzaba por el lecho del río Maizaro —ver párrafo 8.3 y nota respectiva—.

12. Ahora bien, en cuanto a la imputación del mencionado detrimento a las entidades demandadas, conviene precisar que en el plenario obran diferentes elementos de convicción sobres las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el siniestro en el que se habría averiado la buseta que se hallaba en posesión del actor para dicha época, correspondientes a los testimonios de los señores Luis Gilberto Nieto Hernández —pasajero de la buseta al momento de ocurrencia del accidente—, José Javier Cruz Morera —conductor que conocía al demandante por su labor y que de conformidad con su dicho, se encontraba en el escenario de los hechos—, Alonso Cruz Morera —maestro de construcción que también afirmó conocer al demandante por ser conductor de la zona y que estaba en el lugar de los acontecimientos— y Gustavo Adolfo Hurtado Ballesteros —ingeniero contratado por el la Secretaría de Obras Públicas Departamentales del Meta, encargado de la construcción del puente Bailey—, y los documentos allegados por éste.

12.1. Con observancia de que la naturaleza de la mayoría de los medios probatorios aducidos que dan cuenta de lo acaecido el 8 de marzo de 1999 son de carácter testimonial, de manera previa a abordar su análisis, es necesario tener en cuenta las reglas de la sana crítica según las cuales, para el estudio de testimonios, debe realizarse una lectura integral de todos los elementos que rodean la declaración, así como las condiciones personales del deponente, todo ello con el objetivo de verificar las características que deben estar presentes en la versión juramentada, si es que con ella se pretende formar el convencimiento del juez. Dichos rasgos son la imparcialidad del testigo, la coherencia interna de sus dichos, la ciencia del conocimiento que tiene sobre los hechos y la coherencia externa del testimonio con los demás medios de prueba que obren en el plenario(33), y cualquier defecto presente en alguno o varios de dichos elementos de análisis, tiene virtud para minar la credibilidad del declarante y, por esa misma vía, dar al traste con la vocación probatoria del medio de convicción sometido a la crítica del juzgador. Frente a este punto ha dicho la Corte Suprema de Justicia:

Como es bien sabido, la atendibilidad de la prueba testimonial depende en buena medida de que las declaraciones rendidas sean responsivas, condición que ha de entenderse satisfecha cuando “... las respectivas contestaciones se relaten concienzudamente (sic)...” (G.J.T. CXI, pág. 54), relato que por lo tanto debe incluir la razón de la ciencia del dicho de los deponentes que, según conocida definición de la jurisprudencia, consiste en “... la expresión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho, y la explicación concerniente al lugar, modo y tiempo como el testigo tuvo conocimiento del mismo...” (Cas. civil, mar. 8/72), toda vez que solamente así, explicando de qué manera tuvo el declarante conocimiento del hecho acerca del cual testifica, podrá el juzgador apreciar la veracidad con que el testimonio se produce y si realmente dicho declarante tiene o no el conocimiento que se atribuye, resultado al que no es fácil arribar pues supone comprobar, ante esa información así suministrada, si el testigo declaró sobre hechos que pudieron caer sobre la acción de sus sentidos, si apoya o no su dicho en observaciones personales suyas, si la declaración resulta verosímil por no contrariar los dictados del sentido común ni las leyes elementales de la naturaleza y, en fin, si esa misma declaración, además de original y persistente, es consonante con el resto del material probatorio obrante en el proceso. Y en orden a verificar si el requisito mencionado se cumple, es decir si en un caso determinado los testigos dieron razón fundada de su dicho o no, preciso es no olvidar que las declaraciones efectuadas, sea para acogerlas o sea para desecharlas, han de tomarse en su integridad, evitando extraer frases aisladas o afirmaciones ocasionales que por lo común desorientan en el análisis, sentándose entonces un criterio de razonable ponderación crítica en el cual muchas veces ha insistido la Corte al destacar que, cuando de la prueba testimonial se trata, “... no se pueden analizar aisladamente unos pasajes de la declaración, sino que debe serlo en su conjunto para deducir su verdadera significación” (G.J.T. LXXXIX pág. 842), regla ésta que lleva a entender, por lógica inferencia, que la expresión de la ciencia del dicho de los testigos no es cuestión que dependa en modo alguno de exigencias rituales, toda vez que aun cuando lo normal es que aparezca explícita o formalmente referida, pues a ello tiende sin duda alguna el numeral 3º del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, “... no repugna que ella esté implícita en los términos de la exposición misma, tomada en su conjunto; y si tratándose de una declaración cuyos varios puntos, por razón de la materia están íntimamente enlazados entre sí, la razón de una de las respuestas podría entrarse en la contestación dada a otro de los puntos...” (G.J.T. CVI, pág. 140)(34).

12.2. Además, tal como se insinúa en la cita hecha, es necesario enfatizar que, según los mismos criterios de la sana crítica, la prueba testimonial debe ser analizada en forma integral y no aisladamente en cada una de sus partes y, además, debe ser percibida en conjunto con todos los demás medios de convicción que componen el acervo probatorio, para lo cual se debe tener en cuenta la posibilidad de que el dicho del testigo se vea mediatizado por la acción del tiempo transcurrido entre la época de ocurrencia de los hechos que se relatan, y el momento en que la declaración es vertida al proceso(35).

12.3. Por su parte, conviene advertir que ante la existencia de una contraposición de hipótesis que llegue a ser develada de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, ésta debe ser resuelta por el juzgador empleando los mismos postulados de la sana crítica ya referenciada, normada por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil(36), y definida por la jurisprudencia de esta Corporación como “la capacidad del juez para darle a las pruebas la mayor o menor credibilidad, según su conexión con los hechos a demostrar y su capacidad de convencimiento”(37) y en virtud del cual, “el juez goza de cierta libertad a la hora de apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse, como en el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas e indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar, en presencia o en ausencia de determinada prueba”(38). Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha dejado en claro que, en aplicación de las “reglas de las sana crítica”, el juez deberá valorar todos y cada uno de los elementos de prueba que tiene a su alcance y otorgarles el nivel de credibilidad que les corresponda, atendiendo siempre a los criterios de razonabilidad que rigen la interpretación judicial(39).

12.4. Asimismo, cuando en un caso particular existen diversas pruebas que apoyan diferentes versiones o hipótesis sobre los hechos, el juez deberá elegir entre ellas prefiriendo la versión que esté soportada con un mayor nivel de probabilidad lógica(40), labor en la cual será necesario observar cuál de las hipótesis del caso responde a una mejor inferencia lógica de las pruebas que las soportan, aplicando en este examen las llamadas máximas de la experiencia, que no son más que generalizaciones surgidas de los hallazgos generalmente aceptados por la ciencia o del sentido comúnmente admitido(41). Al decir de Taruffo, “(...) si se dan distintas hipótesis sobre el hecho contradictorias o incompatibles, cada una de las cuales con un grado determinado de probabilidad lógica sobre la base de las pruebas, la elección de la hipótesis que ha de ponerse en la base de la decisión se realiza mediante el criterio de la probabilidad prevaleciente (...). En el contexto de la probabilidad lógica y de la relación hipótesis/elementos de prueba, en el que es racional que hipótesis contradictorias o incompatibles adquieran grados de confirmación independientes sobre la base de los respectivos elementos de prueba, el único criterio racional de elección de la hipótesis que resulta más aceptable es el que se basa en la relación entre los distintos valores de probabilidad lógica y privilegia la hipótesis caracterizada por el valor más elevado. Debe escogerse, en resumen, la hipótesis que reciba el apoyo relativamente mayor sobre la base de los elementos de prueba conjuntamente disponibles. Se trata, pues, de una elección relativa y comparativa dentro de un campo representado por algunas hipótesis dotadas de sentido, por ser, en distintas formas, probables, y caracterizado por un número finito de elementos de prueba favorables a una hipótesis. No obstante, se trata también de una elección racional, precisamente por ser relativa, dado que consiste únicamente en individualizar la alternativa más fundamentada en una situación de incertidumbre definida por la presencia de distintas hipótesis significativas”(42).

12.5. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se principia por hacer referencia a las declaraciones de terceros traídos al proceso por la parte demandante, según cuyos testimonios, el departamento del Meta se encontraba extrayendo material del lecho del río Maizaro justo por donde usualmente transitaban los vehículos que ingresaban al barrio Marco Antonio Pinilla, sin haber señalizado el desarrollo de las labores que habían emprendido, por lo que cuando la víctima transitó por ahí con la buseta de placas SAF 399, se quedó atascado y posteriormente, debido a que creció su corriente, dicho vehículo se vio gravemente averiado. Así lo describió el señor Luis Gilberto Nieto Hernández, quien afirmó que se desplazaba para el momento de ocurrencia del siniestro dentro del vehículo automotor mencionado, en los siguientes términos (fls. 193-197, cdno. 1):

Sí, no tengo ningún parentesco con él, lo conocí cuando a raíz del problema de la colectiva nos tocó ayudarle a evacuar a la gente y a sacar la colectiva (...).

Eso fue el día 15 de mayo de 1996, yo cogí la buseta que iba para el barrio Marco Antonio Pinilla, siendo más o menos como las 9:30 de la mañana, del almacén Yep, llegamos a pasar el caño Maizaro, cogimos la ruta por el cementerio vía Catama, pasando por la urbanización bosques de Habajan, voltiamos (sic) a mano derecha que es la ruta que va hacia el Antonio Pinilla, pasaron más o menos 45 minutos desde el momento en que me monté en la buseta, de ahí llegamos al sitio caño Maizaro, y allí se encontraban unos señores con unas maquinarias del Departamento sustrayendo material del caño nosotros en la buseta el conductor como tenía que dejar los pasajeros, más o menos 6 cuadras adentro del paradero, el conductor se metió a pasar el caño como siempre lo hacía normalmente 6 o 5 veces al día porque era la ruta que él tenía, en el momento del paso como estaba trabajando la maquinaria, al estar suelto el material la buseta se quedó enterrada y él le dio hasta que la buseta no dio más y se apagó, nos bajamos a meterle piedras, palos con el fin de poderla sacar y en ese momento llegó una inmensa bombada de agua y arrasó con la buseta voltiandola (sic) dejándola inservible, nosotros los pasajeros y los vecinos al ver que el caño subía y subía su caudal conseguimos lazos cables, manilas, rompimos los vidrios de la buseta y procedimos a evacuar tres señoras y cuatro niños que se encontraban en la buseta ya que el resto que éramos hombres salimos por recursos propios, entre todos los compañeros de él, o sea los otros conductores que en ese momento llegaban cumpliendo la ruta y dos o tres pasajeros más esperamos que el caño bajara su caudal y procedimos a rescatar la buseta, más o menos como as las 2:30 P.M., ya que las volquetas se encontraban ahí y los cargadores no nos ayudaron en nada (...).

Desde la carretera central que va hacia Catama, hacia la derecha que es la entrada al barrió era totalmente destapada porque ya está pavimentada, barrosa y en parte se enterraban las colectivas y el caño había que pasarlo por su lecho, ya que no existía ningún puente.

(...).

PREGUNTADO: En esta diligencia ha manifestado que cuando llegaron sobre el caño Maizaro antes de cruzarlo había observado personal y maquinaria del departamento del Meta; como llegó a ese convencimiento de que tanto las personas como las cosas pertenecían o trabajaban en ese entidad pública. CONTESTÓ: Porque la maquinaria que se encontraba en el lugar tenía el nombre del Departamento del Meta maquinaria oficial.

(...).

PREGUNTADO: Antes de disponerse a atravesar el caño Maizaro observó usted que existieran señales que advirtieran que estaban removiendo material del río o personas que advirtieran sobre ese particular. CONTESTÓ: No se observaba ninguna señal preventiva ni que hubieran obreros trabajando en la vía, incluso un obrero que se encontraba ahí fue el que nos dijo que se podía pasar, ya que la otra colectiva había pasado como 10 minutos antes por ese mismo sitio.

(...).

Ese día llovió pero una llovizna suave, y para esa temporada del mes de mayo siempre llueve.

12.6. Una exposición similar de los hechos referidos fue narrada por José Javier Cruz Morera, quien aseveró encontrarse a la orilla del río al momento en que la víctima lo atravesaba con la buseta. Al respecto, manifestó (fls. 198-199, cdno. 1):

A decir la verdad de los hechos del caso de la buseta de don CARLOS, pues en el momento que la buseta yo estaba temprano en la orilla del caño, cuando unas volquetas del departamento y un cargador estaban sacando material por el paso de los vehículos que prestaban el servicio, cuando don CARLOS fue a pasar no sabía que en ese sitio habían hecho hueco y la buseta se atascó, eso fue a mediados de mayo, como el 15 más o menos, del año 1996, en el instante que la buseta estaba enterrada, había estado lloviendo, y en esas bajó una bombada de agua y volcó el carro que venía con pasajeros.

(...).

No señor no había ninguna señal, ni aviso que advirtieran el peligro, tampoco personas.

12.7. A su vez se encuentra como sustento de la tesis fáctica señalada, la declaración del señor Alfonso Cruz Morera, quien a pesar de manifestar que no estaba presente para el momento en el que la víctima se atascó al cruzar el caño Maizaro, señaló que al escuchar la conmoción de la gente sobre dicho acontecimiento se desplazó al lugar correspondiente y pudo observar que había una maquinaria perteneciente al departamento del Meta que se encontraba extrayendo “balastro” del río. En ese sentido, adujo (fls. 200-202; cdno. 1):

El asunto es sobre una buseta que se quedó pegada en el caño Maizaro, entrando al barrio Marco Antonio Pinilla, resulta que yo estaba haciéndole una obra a la señora CHAVELA, en el barrio San Carlos, y a mí me faltaban unos materiales y me fui para la avenida a comprarlos y ya comprados los materiales yo vi que me hacían bulla de que había una buseta enterrada en el caño, y cuando fui a pasar miramos la vaina y si la buseta ni para atrás ni para adelante, yo le dije el ayudante que ayudáramos a sacar la buseta y cuando nos dimos cuenta los compañeros del hombre, del mismo gremio de él, la fui a enganchar a ver si salía y ni halada con carros, entonces no pudimos y se creció más el caño y la creciente se la estaba llevando, como unos 15 metros (...).

Esa ruta pasaba carro por ahí continuamente por el caño sin ningún problema de nada y ese día pasó el señor con la buseta y se quedó en el caño, pero más antes como que habían (sic) unas máquinas del departamento sacando material de ahí.

(...).

Eran del departamento porque tenían un letrero que decía del departamento del Meta.

(...).

Pues yo cuando pasé las vi ahí pero no sé cuánto tiempo llevaban, estaban sacando balastro del caño.

(...).

Cuando pasé no miré ni aviso ni persona avisando que había maquinaria del departamento trabajando ahí.

12.8. De manera contraria a las afirmaciones de los anteriores testigos, quienes, de conformidad con lo que observaron, concluyeron que el accidente se había originado debido a la falta de advertencia al señor Carlos Julio Moreno sobre el removimiento del suelo del río que el departamento del Meta efectuó con el fin de construir el puente Bailey —tal como se aseveró por el actor en la causa petendi de la demanda—, el ingeniero Gustavo Adolfo Hurtado Ballesteros, encargado de dicha obra, fue enfático al indicar que (i) la construcción del puente se estaba realizando de manera distanciada al paso vehicular correspondiente —alrededor de 40 metros de distancia— y, (ii) para la fecha del accidente no se había removido material o piedras del lecho del afluente, en consideración a que para esos días sólo se estaba haciendo una excavación para ubicar la edificación mencionada y se estaban trayendo rocas de otro caudal en una volqueta para construir los gaviones respectivos, dado que el caño Maizaro carecía del material necesario para la hechura de éstos. No obstante lo anterior, estuvo de acuerdo con los demás declarantes en que para el mes de mayo de 1996 se habían presentado mucha lluvia, y que había escuchado que mientras la víctima transitaba por el río, éste se acrecentó dramáticamente ocasionándole averías al vehículo. En este sentido, manifestó (fls. 215-222, cdno. 1):

No tengo conocimiento pero supongo que es sobre la construcción de un puente Bailey, que une al barrio San Felipe con el barrio Los Maracos, sobre el caño Maizaro. Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte actora para que proceda a interrogar (...).

Lugar preciso de donde me encontraba y qué estaba haciendo el día 15, a la fecha no me acuerdo, mi función dentro de la Secretaría de Obras Públicas, como ingeniero, es de diversas labores y frentes de trabajo, es así que tenía fuentes de trabajo en el montaje del puente Bailey sobre el caño Maizaro, el manejo de la planta clasificadora en el municipio de Granada, y sin número de órdenes más, correspondientes a las vías del departamento, por lo tanto no puedo precisar el lugar donde me encontraba el 15 de mayo. PREGUNTADO: Sírvase informar aparte de usted qué persona y maquinaria del Departamento del Meta fue necesaria para la construcción e instalación del puente Bailey al que usted se refiere. CONTESTÓ: Para el montaje del puente Bailey fue necesario el trabajo de aproximadamente 10 a 12 obreros, un inspector, un cargador para el lanzamiento, y unas volquetas para hacer los aproches respectivos, también laboró un buldocer (sic) por el término de un día y una retroexcavadora, dicha maquinaria no fue permanente y si a bien tiene el apoderado yo tengo el informe de los días que laboraron dicha maquinaria, presentado por el inspector que tenía al frente de la obra, para precisar más aún los días que estos laboraron. El testigo entrega al Tribunal fotocopias sobre control de cuadrilla del mes de mayo del puente Bailey, así mismo entrega fotocopia sobre el informe presentado respecto del puente Pinilla, y memorando del personal que laboró, todo en 7 folios. Los primeros días de labores consistieron en la excavación manual y la hechura de gaviones, para la construcción de los estribos donde iba a descansar el puente, dichos trabajos se realizaron en conjunto con la comunidad, a quienes les facilitamos una volqueta, para que ellos cargaran la piedra respectiva a llenar. PREGUNTADO: Al cometer la construcción de la obra qué señales o dispositivos preventivos instalaron. CONTESTÓ: Señales preventivas no se consideraron necesarias ya que la obra se estaba ejecutando 40 metros aproximadamente río abajo del sitio por donde estaba pasando el flujo vehicular, lo cual no afectaba en ningún momento el transporte que allí pasaba, ni a la misma comunidad ya que ellos se turnaban por barrios para laborar en dicha construcción y en la alimentación del personal (...). Esporádica a su inicio ya que la construcción de unos gaviones no requería la parte técnica y permanente en el armado, montaje y lanzamiento del puente ya que indica precisión y riesgos con los trabajadores que tenía bajo mi cargo, desde el inicio de la armada del puente hasta su inauguración, mi permanencia fue permanente (...). PREGUNTADO: Indíquele al despacho si para la instalación del precitado puente fue necesario remover material del lecho del río. CONTESTÓ: Hasta la fecha citada del 15 de mayo que pregunta el apoderado no hubo necesidad de remover material del lecho del río, el día 18 de mayo, se hizo una canalización del río del caño Maizaro desde el puente Bailey aguas abajo, con el buldocer (sic) D6C-695-4055, operado por el señor Jorge Ávila, y el cual se varó en el trascurso del mismo día, hago claridad que la canalización se hizo del puente Bailey aguas abajo. La otra máquina que laboró de carga pesada, es el cargado FIAT FR210, operado por el señor JORGE UMAÑA, el cual empezó a laborar desde el 18 de mayo, hasta el 31 de mayo, y una retroexcavadora JCV 818-79070, que laboró el día 10 de mayo, laboró medio día el 21 de mayo, y laboró el 29, 30 y 31 de mayo. El testigo para señalar las fechas se auxilia de las fotocopias entregadas al despacho. Quiero aclarar que la retroexcavadora el día 10 de mayó laboró en el desmontaje de los paneles que estaban sobre el troque. PREGUNTADO: Tiene conocimiento de qué sitio la comunidad en las volquetas del departamento cargaron piedras para la construcción de los gaviones según su dicho. CONTESTÓ: La comunidad cargó la piedra del río Guatiquía, ya que en el sector no existe piedra suficiente para llenar los gaviones. PREGUNTADO: Se retiró material del lecho del río Maizaro, para la instalación de puente Bailey, en un contorno de 40 metros o más, si o no. CONTESTÓ: En un contorno de 40 metros no se retiró material del río Maizaro, se retiró material del mismo caño después del montaje del puente para sus aproches y a una distancia aproximada de 500 metros agua arriba, lugar donde se encuentran actualmente unos gaviones de una urbanizadora. PREGUNTADO: Qué conocimiento tiene sobre el acaecimiento de unos hechos sucedidos el 15 de mayo de 1996, cerca a (sic) las 10 de la mañana, cuando el conductor de una buseta de servicio público pretendía atravesar el río Maizaro en el sector al que ya hemos hecho referencia en esta diligencia y su vehículo se hundió y posteriormente fue arrastrado por la fuerza de las aguas. CONTESTÓ: Tengo conocimiento verbal por parte de los trabajadores y de la comunidad en general del accidente de la buseta, ya que este paso existía anteriormente y era la ruta obligada para la movilización de dicha comunidad, donde por cosas de la vida o del destino al momento en que él cruzaba, bajó la creciente y arrastró dicha buseta, a lo cual los trabajadores y la comunidad que se encontraba laborando prestaron ayuda inmediata y lograron sacar por las ventanillas al persona que se movilizaba en ella, de esto el testimonio más veraz es el de los trabajadores y el de la comunidad que allí estaba laborando, quiero dejar en claro que la época de mayo fue bastante lluviosa y el río Maizaro no avisa cuando baja la bombada, es así que por informaciones de la misma gente, antes de cruzar la buseta había cruzado un vehículo Toyota que hace las funciones de chiva y que prestaba el servicio urbano a ese sector (...).

12.9. Ahora bien, cabe señalar que las aseveraciones del referenciado ingeniero en cuanto a que para la fecha de ocurrencia del accidente —la cual coincide con los primeros días de labores para la edificación del puente— sólo se encontraban en la zona algunas volquetas destinadas al transporte de piedras, están soportados en la prueba documental allegada por el mismo deponente a la audiencia de recepción de testimonio, consistente en el cuadro de control de cuadrillas del mes de mayo suscrito por el inspector de la obra José Edgar Molano, en la cual se referenció la cantidad e identificación de máquinas empleadas para el desarrollo de la construcción (fls. 228-230, cdno. 1).

12.10. De conformidad con los medios de convicción reseñados, la Sala advierte que se encuentra ante una antinomia de hipótesis en relación con la sucesión de las circunstancias fácticas en que ocurrió el siniestro, la cual debe ser resuelta de acuerdo a los parámetros aludidos en esta providencia —ver párrafos 12.1 a 12.4—, contradicción que se relaciona principalmente con la conducta observada por una de las integrantes de la parte pasiva de la litis, esto es, con el departamento del Meta, y su vínculo con la producción del daño demandado.

12.11. En efecto, se observa que de una parte, las pruebas testimoniales de los declarantes traídos por el actor sostienen que la fuente del accidente tuvo que ver con que el departamento del Meta, a través de su Secretaría de Obras Públicas, no comunicó a la población por medio de la señalización necesaria que se estaban sustrayendo rocas del río Maizaro, por lo que cuando el demandante transitó por su suelo se quedó atascado y dado que momentos después la corriente de dicho afluente creció, se vio deteriorada la buseta respectiva, mientras que de otra parte, se tiene el testimonio del ingeniero encargado de la obra que si bien reconoce no haber advertido directamente el acaecimiento de los hechos objeto de la demanda, al narrar las condiciones en que ésta se realizó, es decir, que la construcción del puente se realizó de manera apartada al sitio por donde debían cruzar los vehículos y adicionalmente, que no se había extraído ningún tipo de material del lecho del río, descarta las afirmaciones de los deponentes referenciados así como la imputación del daño a la entidad demandada señalada.

12.12. Para efectos de desatar la mencionada discordancia, la Sala observa que no obstante los testigos que soportaron la primera versión de los hechos fueron generalmente contestes en cuanto a lo que manifestaron, se pueden observar incoherencias en sus declaraciones las cuales les resta toda credibilidad respecto de sus narraciones de lo acaecido, por lo que la hipótesis fáctica que fundamentan no puede tenerse por acreditada habida consideración de que en realidad, carecería de una base probatoria para ello.

12.13. Ciertamente, a partir de los testimonios rendidos por los señores Luis Gilberto Nieto Hernández, Javier Cruz Morera y Alfonso Cruz Morera, se advierte que dichos deponentes se encontraban presentes en el escenario de los hechos, que observaron al personal del departamento del Meta con la maquinaría respectiva realizando las labores de extracción de las rocas del lecho del río Maizaro e igualmente, que los dos primeros testigos justo en ese momento presenciaron el desenlace del accidente de manera directa, uno desde la misma buseta y el otro desde la orilla del caudal, para lo que afirmaron que el conductor de ésta no se había dado cuenta del desarrollo de las tareas emprendidas por los funcionarios del aludido ente territorial y por lo que a su parecer, ese desconocimiento se constituía en la razón de que se hubiera arriesgado a atravesar el afluente ocurriéndole el menoscabo demandado.

12.14. De la simple lectura común de los testimonios, resulta evidente que así como los declarantes se refirieron de manera muy parecida a lo ocurrido, también presentan en conjunto una incongruencia que a la luz de la sana crítica y las reglas de la experiencia las hacen inverosímiles para la Sala, en tanto no es creíble que dichos terceros, especialmente el que se encontraba al interior del automotor accidentado, se hubiesen percatado del despliegue de las actuaciones del departamento del Meta, pero que el señor Carlos Julio Moreno no lo hubiera hecho, máxime cuando de conformidad con la visión privilegiada que tenía como chofer es claro que le era factible ver que por donde iba a direccionar su vehículo se encontraban realizando unas labores que implicaban el manejo de artefactos de extracción, los cuales se destacan fácilmente por su tamaño.

12.15. Se observa que estos testigos, en su afán de poner de presente que les constaba que había sido el comportamiento observado por el departamento del Meta la causa de que la buseta del actor se atascara en el lecho del caño, no advirtieron la incongruencia que de sus dichos se derivaba, puesto que es diáfano que si ellos pudieron observar la realización de esos trabajos por donde pasaban los automotores correspondientes, a su vez le era dable a la víctima notarlas, dado que él iba a utilizar ese camino para hacer lo propio, incoherencia que es aún más ostensible a partir de la forma incompleta y contradictoria en que informaron el conocimiento que tenían de la realización de las obras y la supuesta ignorancia de la víctima al respecto.

12.16. Efectivamente, el señor Nieto Hernández aseveró al principio que, mientras se desplazaba al interior del medio de transporte señalado vio como unos señores se encontraban con una máquinas extrayendo material del río pero luego, cuando se le preguntó nuevamente y de manera específica sobre ello, cambió su versión e indicó que sólo había visto las máquinas y que en la vía no habían obreros e inmediatamente, a pesar de haber dado esa afirmación, volvió a decir que un trabajador del departamento le había comentado al conductor que podía transitar por el lugar por donde usualmente lo hacían los vehículos para ingresar al caserío, en tanto otro bus ya había pasado por el lugar minutos antes, constituyéndose dichas afirmaciones en contradictorias entre sí y lo que le quita toda credibilidad a dicho testigo.

12.17. De otra parte, se considera que las declaraciones de los dos señores Cruz Morera resultan incompletas y carentes de detalles específicos sobre la ocurrencia del accidente, lo cual conlleva a que se dude de la veracidad de su contenido, comoquiera que el señor José Javier Cruz Morera se limitó a colegir sin fundamento adicional alguno que el afectado no se había dado cuenta de que las máquinas que estaban laborando en el río habían efectuado un hueco en su lecho, sin informar con base en que hecho externo y apreciable por él le era viable realizar tal afirmación en cuanto a la percepción de la víctima, y el señor Alfonso Cruz Morera en un comienzo manifestó de manera titubeante que el ente territorial referenciado estaba sacando material de su suelo, lo que ante las preguntas del apoderado de la parte demandante terminó por confirmar de manera muy escueta y confusa, en consideración a que aseveró que cuando vio la maquinaria correspondiente, lo que sólo se puede inferir que ocurrió luego de acaecido el accidente —habida cuenta de que fue hasta que se enteró del siniestro que acudió al río, dado que antes había estado realizando tareas propias de su labor como constructor—, ésta continuaba sustrayendo piedras del suelo, circunstancia que resulta improbable ante la ocurrencia de un accidente que claramente bloqueaba el lugar de extracción.

12.18. Ahora bien, adicionalmente a la incoherencia denotada y a las contradicciones e insuficiencia de las declaraciones señaladas que les deja el carácter de meras especulaciones frente a la realidad de los acontecimientos, la Sala no puede perder de vista que si fuera cierto que la para el día de ocurrencia de los hechos el departamento del Meta se hubiese encontrado removiendo el suelo del río Maizaro por el lugar donde normalmente había tráfico vehicular, el mismo se habría tornado imposible toda vez que el paso estaría bloqueado u ocupado por el cargador y las volquetas mencionadas en los testimonios, situación absurda que sumada a las anteriores críticas conlleva a la Sala a descartar plenamente los medios de prueba en estudio, más aún cuando existe una versión de los hechos que resulta veraz y que descarta directamente lo dicho por los aludidos deponentes, la cual se encuentra debidamente sostenida en el testimonio del ingeniero Gustavo Adolfo Hurtado Ballesteros.

12.19. Al respecto, se debe recordar que el profesional encargado de la obra no sólo advirtió que la construcción del puente Bailey no se estaba realizando por donde se podía acceder vehicularmente al barrio San Antonio Pinilla, lo que de una simple desagregación lógica permite relevar al departamento del Meta del deber de señalizar su desarrollo dado que no debía haber ningún transeúnte por el lugar, sino que también aseveró que para el 15 de mayo de 1996 sólo se estaban empleando volquetas para transportar piedras de otro río al lugar de la construcción, lo cual sustentó en el control de cuadrillas suscrito por el inspector correspondiente y lo que , en comparación con la hipótesis argüida por los otros declarantes, resulta una justificación más acorde a la misma presencia de este tipo de maquinaria en el sitio denotado.

12.20. Teniendo en cuenta que la versión señalada sobre las condiciones del desarrollo de la edificación del puente se adecua lógicamente a una hipótesis viable, de cuyo medio de prueba no se advierte irregularidad o incongruencia alguna, para la Sala resulta claro que al no haberse encontrado demostrado que la realización de la obra se efectuó por el sector en el que transitó la víctima con su buseta y además, dado que se probó que no se sustrajeron rocas del lecho del río Maizaro, es evidente que el comportamiento del departamento del Meta no tiene conexión alguna con los hechos objeto de la demanda y por consiguiente, no prosperaran en su contra las pretensiones formuladas en la demanda.

12.21. Por su parte, en cuanto a la responsabilidad que se depreca del municipio de Villavicencio, se advierte que la misma no puede ser declarada con fundamento en los reproches contenidos en el libelo introductorio relacionados con el desarrollo de la obra referenciada por parte del departamento del Meta, puesto que como se señaló, la elaboración de dicha edificación no se constituyó en la causa adecuada del daño demandado, por lo que tampoco sería factible colegir que la ausencia de señalización o de supervisión de la misma por parte del municipio aludido se hubiera configurado en la causa de éste.

12.22. En efecto, dado que no se demostró el vínculo existente entre dicha construcción y que el vehículo de la parte demandante se hubiera visto averiado, es claro que a pesar de que se hubiesen instalado las señales preventivas —las que como se reseñó, no eran necesarias en cuanto por ese lugar aún no transitaba nadie— o se hubiera supervisado la obra, tal menoscabo se habría presentado de cualquier forma, por lo que resta analizar si se constituye en su fuente eficiente el hecho de que el mencionado ente territorial hubiese aprobado la ruta por la que la empresa a la que se encontraba afiliado el demandante tenía que prestar el servicio público de transporte periférico.

12.23. Sobre este punto, resulta pertinente señalar que como se indicó, ese tipo de servicio fue constituido con la finalidad de garantizar el acceso a lugares que presentan dificultades de tipo topográfico o de la estructura en las vías, y su concesión y autorización se realiza de manera posterior a la solicitud de la empresa interesada, la cual debe estar acompañada de los estudios técnicos que sean del caso para asegurar la debida y adecuada prestación de dicho servicio —ver párrafo 8.1 y notas respectivas—.

12.24. Con observancia de lo expuesto, la Sala advierte que no se desprende de medio probatorio alguno que a la parte demandante le correspondiera el deber de atravesar el río Maizaro por su lecho, habida cuenta de que esa especificación no se encuentra contenida en el acto administrativo mediante el cual se le asignó la ruta pertinente a la empresa a la que éste se encontraba afiliado, y para lo que cabe advertir que aquélla debió haber allegado o solicitado que se aportara en un debido despliegue de su carga probatoria —ver nota 8—, los estudios técnicos que la empresa Transporte Rápido Los Centauros S.A. efectuó para dicha asignación, con el fin de acreditar que el municipio de Villavicencio sí tenía que ver con que para el día de ocurrencia del accidente a la víctima sí le hubiera tocado movilizarse por el caño.

12.25. Ahora bien, sumado a que no se encuentra probado que la asignación de la ruta señalada hubiera incidido eficientemente en la causación del daño, en tanto no se demostró que el municipio de Villavicencio hubiera aprobado que los vehículos de la empresa a la que pertenecía el actor transitaran por el suelo del río Maizaro y, comoquiera que no se probó que la referenciada asignación se constituyera en un indebido cumplimiento del contenido obligacional por su parte, la Sala considera adecuado destacar que el daño objeto de la demanda se debió al hecho exclusivo de la víctima, lo que exonera de toda responsabilidad a la entidades demandadas.

12.26. Ciertamente, en consideración a que durante la época de los hechos se presentaron múltiples precipitaciones de conformidad con el testimonio del ingeniero Gustavo Adolfo Hurtado Ballesteros, la Sala puede inferir que tales condiciones climáticas favorecieron a que el caudal del río Maizaro se acrecentara, causando el daño demandado, y siendo esa consecuencia plenamente previsible y evitable para la parte demandante quien, pese a ello, por su propia voluntad se sometió al riesgo de que el afluente le apagara el motor de su vehículo y terminara por deteriorar su bien —tal como sucedió—, sin que esa decisión y conducta sea enrostrable o atribuible a la administración municipal —o departamental—, por cuanto (i) como se señaló, no se probó que el municipio de Villavicencio hubiera aprobado el despliegue de esa actuación por parte del señor Moreno, y (ii) a pesar de que la ruta hubiera sido asignada con la circunstancia en comento, únicamente le era dable al conductor ponderar cuándo abstenerse de prestar ese servicio periférico tal como habría sido solicitado por la empresa a la que se encontraba afiliado, comoquiera que le era exigible, dado el sector laboral en el que se desempeñaba, saber que las corrientes de los ríos aumentan en tiempo de lluvias y ello claramente puede afectar el funcionamiento de los vehículos y causarles daños.

13. En consecuencia, dado que no se acreditó que el comportamiento de las entidades demandadas hubiesen ocasionado el daño demandado sino que por el contrario, se probó que la fuente del mismo fue el actuar de la propia víctima, la Sala confirmará la sentencia denegatoria proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta.

VI. Costas

14. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, el 26 de noviembre de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE».

1 La demanda fue adicionada por la parte actora en el sentido de pedir que el Ministerio Público aportara al proceso una prueba documental relacionada con la diligencia de conciliación extrajudicial 100, aditamento que fue admitido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta mediante auto del 8 de junio de 1998,el cual fue debidamente notificado a las integrantes de la parte demandada y a la cual se le dio nuevamente el trámite pertinente de acuerdo a lo ordenado por el artículo 207 del CCA (fls. 48, 61- 64, 66, cdno. 1).

2 En la demanda se consideró que el valor de la mayor pretensión, correspondiente a la indemnización del lucro cesante a favor del señor Carlos Julio Moreno, ascendería a la suma de $ 28.000.000, descontando la estimación del daño emergente de la suma global que se solicitó como mínimo por concepto de la totalidad de perjuicios materiales aducidos como originados. Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en el año 1998 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 18.850.000.

3 “La recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas:
(...).
7. Los testigos podrán presentar documentos relacionados con los hechos sobre los cuales declaran, los cuales se agregarán al expediente y se darán en traslado común por tres (3) días, sin necesidad de auto que lo ordene”.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), actor: Rubén Darío Silva Alzate y otros, C.P. Enrique Gil Botero.

5 El Decreto 1787 de 1990, vigente para la época de los hechos y mediante el cual se dictó el estatuto nacional de transporte público colectivo municipal de pasajeros y mixto, determinó que el servicio de transporte público municipal podía ser clasificado según su radio de alcance, categorización dentro de la que incluyó al transporte periférico como aquél que se puede prestar dentro del perímetro urbano a zonas de difícil acceso debido a su topografía o infraestructura. De esta manera, el artículo 7 de la normativa en mención señaló: “El servicio público de transporte municipal a que se refiere el presente Decreto se clasifica:
a) Según su radio de acción en:
(...).
PERIFÉRICO. Cuando se presta dentro del perímetro urbano, área metropolitana o distrito especial y sirve zonas de condiciones topográficas y/o de infraestructura vial de difícil acceso. Se incluye dentro de este radio de acción a los conjuntos residenciales aislados de escasa demanda. La autoridad competente definirá para cada caso las zonas que estarán sujetas a esta denominación y el servicio se prestará entre la zona periférica y las rutas de servicio urbano o metropolitano. Este servicio se concibe única y exclusivamente como complementario al transporte masivo de pasajeros y se prestará con vehículos adecuados, homologados por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito”.

6 Ante la solicitud del Tribunal a quo, la Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Villavicencio, confirmó las directrices del acto administrativo aludido en cuanto a las direcciones y desplazamientos de la ruta periférica 10 allí enunciados, en los que no se observa que se hiciera mención alguna a la necesidad de cruzar por el lecho del río Maizaro (fl. 170, cdno. 1).

7 “Inspeccionado el rodante tipo buseta marca Avia modelo 1969 con número de motor 203E8864 de placas SAF399 se logró establecer su pésimo estado, tanto en la parte mecánica, eléctrica, chasis, carrocería, cojinería y sistemas de rodamiento, lo que permite deducir que en la actualidad es absolutamente inservible y podría llegar a costar más su reconstrucción que el valor comercial actual.
(...).
Los daños sufridos se hacen notables en la parte mecánica especialmente en el motor caja o transmisión, que al momento de la inspección ocular, se determinó que eran inservibles por la acción de las aguas, el lodo y arena. La transmisión trasera (conjunto de ejes, corona y speed) fue afectada por las aguas, pues se nota corrosión y en general deterioro. La parte eléctrica está inservible; la carrocería en general presenta abolladuras y evidente corrosión; se carece de cojinería y se evidencia que el chasis presenta oxidación y chitiaduras (sic) (...)”.

8 Artículo 177 del CPC: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Con base en la norma referida, esta Corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), actor: Ulises Manuel Julio Franco y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

9 “Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado, pues el artículo 90 señala con claridad que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.
Ahora bien, como se ve, el actual mandato constitucional es no sólo imperativo —ya que ordena al Estado responder— sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. Pero el artículo 90 no restringe esta responsabilidad patrimonial al campo extracontractual sino que consagra un régimen general, por lo cual la Corte no considera de recibo el argumento de uno de los intervinientes, según el cual la noción de daño antijurídico no es aplicable en el ámbito contractual. Por el contrario, para esta Corporación el inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no sólo la responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

10 Aspecto que se identifica con la función resarcitoria de la responsabilidad. Al respecto, la doctrina jurídica ha señalado lo siguiente: “El daño es la causa de la reparación y la reparación es la finalidad última de la responsabilidad civil”. Juan Carlos Henao. El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés. Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. 2007, p. 37. “Conocido es el paso de un modelo clásico de responsabilidad entendida como sanción derivada de la realización de un comportamiento prohibido , a un modelo que pone en el centro del debate le hecho dañoso y su función reparadora (...) de ahí que la función resarcitoria se muestre como fundamental dentro del derecho de la responsabilidad civil, pues responde a una necesidad que se podría decir lógica, de devolver a la víctima lo que ha perdido; prueba de ello es la pregonada necesidad de una “reparación integral”. Esta expresión, corolario de la función reparadora, refleja esa exigencia según la cual todo daño debe ser resarcido”. Édgar Cortés, Responsabilidad Civil y Daños a la Persona, el daño a la Salud en la Experiencia Italiana, ¿Un modelo para América Latina”, Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2009, pp. 61 y 62.

11 [2] Este enunciado se observa claramente en la doctrina. Así, en derecho colombiano, el profesor Tamayo Jaramillo sostiene “tradicionalmente doctrina y jurisprudencia enuncian que el perjuicio debe ser personal para que haya derecho a reparación. Ello significa que la víctima del daño o sus causahabientes pueden demandar reparación” (De la responsabilidad civil, cit., T. 2 p. 80). En derecho francés Laurent Richer afirma que el “conjunto de la doctrina considera el carácter personal del perjuicio como una condición de fondo de la existencia del derecho a reparación” (“Prejudice réparable”), en Répertoire de la Responsabilité de la Puissance Publique, cit., Nª 46).

12 [34] De Cupis. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, cit., p. 109.

13 [35] Deguergue. Jurisprudence et doctrine dans l`élaboration du droit de la responsabilité administrative, cit., p. 412.

14 [80] Consejo de Estado col., Sección Tercera, 22 de agosto de 1996, C.P. Betancur Jaramillo, actor: Mª Rubiela Restrepo de Madrid, Exp. 10204. Ver en el mismo sentido: 9 de septiembre de 1991, C.P. Montes Hernández, actor: Jaime Torne Fandiño, Exp. 6565.

15 [82] Consejo de Estado col., Sección Tercera, 6 de mayo de 1993, C.P. Uribe Acosta, actor: Mª Ortiz, Exp. 7646.

16 Juan Carlos Henao. El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés. Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. 2007, pp. 87, 88, 93, 102, 103, 111, 113, 114, 115.

17 “(...) la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho y material. Por la primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado; quien cita a otro y le atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. En cambio la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues sólo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda” (resaltado del original). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, Exp. 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452), actor: Reinaldo Posso García y otros, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

18 [6] A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “... si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de julio de 2011, Exp. 52001-23-31-000-1997-08625-01(19753), actor: Carlos Julio Pineda Solís, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

20 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), actor: Ulises Manuel Julio Franco y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y, sentencia del 1º de marzo de 2006, Exp. 15001-23-31-000-1992-02402-01(13764), actor: Alfonso Ahumada Salcedo y otros.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 1991, Exp. 6565, actor: Jaime Alonso Torne Fandiño, C.P. Juan de Dios Montes Hernández. En el mismo sentido se ha pronunciado esta Corporación al aseverar: “La Sala viene aceptando en los casos de reparación de daños recaídos sobre vehículos automotores, que si la parte actora se presenta como propietaria del vehículo y no logra demostrar ese carácter sino otro, como el de poseedora, es ésta la última condición la que puede fundamentar el reconocimiento de la pertinente indemnización. Así lo decidió por ejemplo en la sentencia del 20 de septiembre de 1991 (actor: Jaime A. Torne Fandiño, Exp. 6565). En ese negocio había prueba suficiente de la posesión ejercida por el demandante sobre el vehículo, lo que no sucede en el sub lite. No se allegó ni un solo medio probatorio dirigido a demostrar el hecho de la posesión o cualquier otro vínculo entre la demandante y el bien destruido o dañado.
Si dañó antijurídico es la lesión de un interés legítimo que la víctima no está obligada a soportar, a ésta le corresponde por lo menos acreditar ante el juzgador ese interés legítimo. En el presente caso no se demostró que a la actora le asista tal interés. Ni era propietaria, ni poseedora, ni tenía otro derecho sobre el vehículo de placas KE 5678. Así, no demostró estar legitimado en la causa”. Consejo de estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de agosto de 1996, Exp. 10204, María Rubiela Restrepo de Madrid, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

22 Cabe agregar que en el expediente no obra prueba alguna con fundamento en la cual se observe que el mencionado vendedor era el dueño del bien en comento y por el contrario, las copias autenticadas de tanto la tarjeta de propiedad de la buseta señalada y el permiso de operación expedido por la Secretaria de Tránsito y Transporte aportados por el mismo demandante, señalan como dueño al señor Pedro Hernández Herrera; folios 28, 29 del cuaderno 1.

23 En un principio, esta Corporación señaló que la inscripción de cualquier acto o negocio jurídico que afectara o modificara el derecho de propiedad sobre vehículos automotores no tenía una naturaleza constitutiva, sino simplemente declarativa. Posteriormente, se precisó que en los casos en que resulta aplicable el estatuto comercial, sólo es posible realizar la tradición mediante la inscripción del acto correspondiente ante la oficina de tránsito correspondiente, comoquiera que el artículo 922 del C. Co. lo establece así al señalar que “La tradición del dominio de los bienes raíces requerirá además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material de la cosa. / /PAR.—De la misma manera se realizará la tradición del dominio de los vehículos automotores, pero la inscripción del título se efectuará ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes. La tradición así efectuada será reconocida y bastará ante cualesquiera autoridades”.
En relación con lo expuesto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 2003, Exp. 17001-23-31-000-1995-5033-01(14176), actor: Sociedad Camperos de Occidental Ltda. y Javier Mejía, C.P. Ricardo Hoyos Duque y, sentencia del 31 de agosto de 2006, Exp. 41001-23-31-000-1993-07279-01 (19432), actor: Jorge Enrique Sánchez Rodríguez, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2009, Exp. 25000-23-26-000-1996-01798-01(16837), actor: Álvaro Peña Ortega, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

25 “La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. // El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo del 2000, Exp. 12497, actor: Juan de la Cruz Castillo Vargas y otro, C.P. María Elena Giraldo Gómez y, sentencia del 31 de agosto de 2006, Exp. 41001-23-31-000-1993-07279-01 (19432), actor: Jorge Enrique Sánchez Rodríguez, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

27 “El corpus es el poder físico o material que tiene una persona sobre una cosa. Son los actos materiales de tenencia, uso y goce sobre la cosa, como dicen PLANIOL y RIPERT. El poder de hecho sobre la posesión no significa que el poseedor tenga un contacto físico o material con el bien (...) El animus es el elemento psicológico o intelectual de la posesión. Consiste en la intención de obrar como señor y dueño (animus domini) sin reconocer dominio ajeno”. Luis Guillermo Velásquez Jaramillo. Bienes. Novena Edición, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 2004, p. 132.

28 “Al respecto, es preciso indicar, con la Corte que, en relación con los artículos 759 y 789 del C.C., “tendientes a atribuir al registro de títulos de la propiedad raíz, una función posesoria, prevalecen los textos relativos a la posesión que el Código Civil no califica, o sea, la material, la única y verdadera posesión. No existe, por lo mismo, en la legislación colombiana una posesión que consista en la inscripción de los títulos de los derechos reales inmuebles en el Registro Público, porque, como lo ha consagrado la jurisprudencia nacional que este fallo acoge y compendia, la inscripción de los títulos carece de contenido y alcance posesorios” (G. J. LXXX, p. 87). Posteriormente ratificó la Corte: “la única posesión real y jurídicamente eficaz es la posesión material, o sea, la que, conforme al artículo 762 del Código Civil consiste en la tenencia de una cosa con ánimo de señor o dueño. Esta posesión implica la aprehensión de un bien y el poder que se ejerce sobre él, mediante actos de goce y transformación. La llamada posesión inscrita no es en el fondo posesión, ya que la única verdadera es la material” (Sent. Cas. civil, mayo 30/63)”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de febrero de 2001, Exp. 6446, M.P. Jorge Santos Ballesteros.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, Exp. 05001-23-26-000-1995-00565-01(18615), actor: Jorge Iván Rojas Arbeláez y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

30 “Análogamente, en el asunto controvertido, la propia demandante tuvo conciencia de haber entregado la posesión a los promitentes compradores, quienes sabedores de tal condición realizaron actos de dominio conocidos por todos, como bien se aprecia en la testificación del señor Simpson, al referir que “esa posesión la ostentan desde febrero o marzo del año dos tres, (sic) porque he pasado por la casa y he visto obras en la fachada, me imagino ejecutados por el señor Vargas que la ocupa” (fls. 190 y 191), declarante que para dar firmeza a su dicho dejó copia de “una diligencia de descargos rendida por el señor Vargas”, sobre “las obras adelantadas en el inmueble ubicado en la carrera 13ª No. 127ª-53 de Bogotá” (fl. 188), además la actora aportó como anexo de la demanda copia del acta de visita de verificación por la posible infracción urbanística (fl. 86), ante las modificaciones realizadas por los demandados y de la misiva del asesor de obras sobre la actuación administrativa cumplida en relación con los trabajos en el inmueble de la carrera 13ª No. 127ª-53 (fl. 85), no pudiendo por ello, como lo hace la casacionista, predicar la clandestinidad ni ocultamiento en la posesión, bajo la premisa de que en el hecho 4º de la demanda, se afirmó sin explicación ninguna que “[m]ediante manipulaciones y engaños por parte de los promitentes compradores, obtuvieron la entrega material del inmueble (...)” (fl. 90)” (resaltado por la Sala). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de julio de 2010, Exp. 11001-3103-014-2005-00154-01, recurrente: Gladys Cepero Páez, M.P. William Namén Vargas.

31 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 2 de diciembre de 2011, Exp. 25899-3103-001-2005-00050-01, recurrente: María del Rosario Suárez Zabala y Mercedes Suárez Zabala, M.P. William Namén Vargas.

32 “A QUIEN INTERESE
REF.: Certificación de ingresos.
Por medio de la presente me permito certificar que el señor CARLOS JULIO MORENO, identificado con cédula de ciudadanía (...) es propietario de la buseta de placas SAF399, marca Avia, Modelo 1969, servicio periférico. Afiliado a esta empresa y su ingreso mensual es de NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE (900.000)”.

33 Al respecto ha dicho la Sección Segunda del Consejo de Estado: “Para apreciar el valor de convicción de las declaraciones de los testigos, debe tenerse en cuenta la razón del dicho, la concordancia entre unas y otras, la precisión o vaguedad de lo que exponen, su imparcialidad frente a su particular situación, y, por supuesto, deben desecharse los juicios de valor o conceptos referentes a las causas o efectos de los hechos que conocieron basados en simples deducciones personales”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 8 de abril de 1999, radicación 15258, actor: Jaime Cendales Melo.

34 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 11 de agosto de 1992. Dicha providencia aparece citada por la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia del 19 de julio de 2007, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón, radicación 68001-23-15-000-2006-02791-01(PI), actor: Tiberio Villarreal Ramos, demandado: Edelmira Loza Mancilla.

35 En palabras de la Corte Suprema de Justicia: “En la labor tendiente a apreciar tal prueba —se refiere a la prueba testimonial—, el juez debe obrar con especial cuidado, porque si no es factible exigir uniformidad a declarantes que dada la diversidad de sus condiciones personales perciben en forma diferente las circunstancias fácticas, ni reclamar especial grado de fidelidad cuando el tiempo transcurrido entre el hecho que se investiga y el que declara el testigo, impide reconstruir con nitidez el hecho objeto de investigación, tampoco puede catalogarse de sospechosa la versión de un grupo de personas que, en lo sustancial, narran hechos similares, porque es entendible que si el paso del tiempo borra los detalles y las particularidades, también puede aclarar el acaecimiento del hecho por probar, sin las aristas que en un momento determinado puedan enturbiar lo principal.
Adicionalmente, cabe recordar que la declaración del testigo no puede tomarse únicamente de una frase aislada, ni de las afirmaciones disgregadas de su declaración, sino que cada versión debe valorarse teniendo en cuenta la totalidad de las respuestas; amén de que deben ser apreciadas las condiciones sociales del deponente, porque mientras algunos adornarán con especial cuidado su exposición, otros rendirán un relato escueto sobre lo que se les interroga, todo lo cual conduce a que el juez debe velar por lograr un mesurado equilibrio en el estudio de las varias circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean el hecho investigado, de tal manera que no se vea precisado, como resultado de una severa crítica, a dejar sin valor testimonios que no podrían ser rendidos en otra forma”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de febrero de 2001, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno, Expediente 6353. En el mismo sentido puede consultarse del Consejo de Estado: Sección Cuarta, sentencia del 28 de enero de 2002, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, radicación 25000-23-26-000-2001-01551-01 (1791), actor: Irma Yolanda Páez Luna.

36 “ART. 187.—Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades descritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”.

37 Sección Cuarta, sentencia del 30 de enero de 1998, C.P. Delio Gómez Leyva, radicación 8661, actor: Sun Flowers Limitada.

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005, expediente 27946, radicación: 01001-03-26-000-2004(0028)00, actor: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, AEROCIVIL, demandado: Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A., C.P. María Elena Giraldo Gómez.

39 “3.1. Las reglas del criterio humano influyen en diversos aspectos de la actividad jurisdiccional, principalmente, en lo relativo a la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en la elaboración de presunciones, en la apreciación de la prueba con miras a la formación de la convicción del juez y, finalmente, para colmar aquellos preceptos jurídicos incompletos que deben ser complementados por el sentenciador. En tratándose de la estimación probatoria, la sana crítica apareja aquel modo de apreciar la prueba en el que el juzgador, “teniendo por derrotero únicamente las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia que, según su entender, sean aplicables a un determinado caso, goza de libertad para valorarla, cuidándose, claro está, de exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba. A tal sistema de valoración alude el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil” (cas. nov. 16/99).
Dicho sistema de valoración de las pruebas se encuentra estructurado sobre la libertad y autonomía del juzgador para determinar el peso de las mismas y obtener su propio convencimiento, bajo el apremio, únicamente, de enjuiciarlas por medio del sentido común, la lógica y las reglas de la experiencia, entendiendo por estas últimas, aquellos dictámenes hipotéticos de carácter general originados en el saber empírico, a partir de situaciones concretas, pero que, desligándose de éstas, adquieren validez en nuevas circunstancias o, lo que es lo mismo, “aquellas máximas nacidas de la observación de la realidad que atañe al ser humano y que sirve de herramienta para valorar el material probatorio de todo juicio” (cas. mar. 24/98). Si bien, como ya se ha dicho, el sistema de la sana crítica se finca sobre la libertad del juzgador en la actividad intelectiva que presupone la valoración de la prueba, éste, al realizar la labor que se le ha confiado no puede descarriarse hacia la arbitrariedad, pues la ponderación de las pruebas se encuentra sometida a la racionalidad nacida de las máximas de la lógica y las reglas de la experiencia”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de septiembre de 2004, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena, Expediente 7549.

40 En este punto se acoge la doctrina sentada por Michelle Taruffo, quien afirma: “... Pero la situación más complicada se da cuando existen diversos medios de prueba sobre el mismo hecho, pero “discrepantes” o “contrarios” entre ellos, porque algunos de ellos tienden a probar la verdad y otros tienen a probar la falsedad del enunciado acerca de la ocurrencia de ese hecho. En estas circunstancias, el juzgador tiene que elegir entre, al menos, dos versiones diferentes del hecho, una positiva y otra negativa, ambas apoyadas por una parte de los medios de prueba presentados. El problema es elegir una de estas versiones: la elección racional indicaría que debe elegirse la versión, positiva o negativa, que esté sustentada por pruebas preponderantes, es decir, por el grado relativamente superior de probabilidad lógica”. La Prueba, Madrid, 2008, capítulo V: “La adopción de la decisión final”, num. 98, página 141.

41 Dice al respecto Jordi Ferrer Beltrán: “Es interesante observar que en el esquema de razonamiento presentado, los supuestos adicionales están integrados por generalizaciones empíricas. Estas generalizaciones son la garantía de la inferencia que va de un hecho a otro y otorgarán mayor o menor fuerza a la inferencia en función del grado de corroboración que las propias generalizaciones tengan (...). Éstas pueden ser de muchos tipos e integran lo que los juristas suelen denominar “máximas de la experiencia” que incluyen conocimientos técnicos, leyes científicas o simples generalizaciones del sentido común”. La valoración racional de la prueba, Madrid, 2007, num. “2.2.2.3.1. La metodología de la corroboración de hipótesis”, página 133.

42 TARUFFO Michelle, La prueba de los hechos, Madrid, 2002, capítulo IV, num. 5º, página 325.