Sentencia 1998-00049/20709 de abril 9 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 08-001-23-31-000-1998-00049-01 [20709]

Magistrada Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: International Colombia resources corporation - Intercor(1) [NIT 860.069.804-2]

Demandado: Corporación eléctrica de la costa atlántica - Corelca(2) [NIT 890.103.010-6]

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Se controvierte la legalidad de los actos por los cuales Corelca S.A. ESP cobró a la demandante la contribución de solidaridad del sector eléctrico, correspondiente a los meses comprendidos entre mayo y agosto de 1997.

Se precisa que este asunto fue inicialmente repartido y tramitado por la Sección Primera y, por competencia, lo remitió a esta Sección, por auto del 8 de noviembre de 2013, decisión que fue puesta en conocimiento de las partes, por auto del 25 de marzo de 2014(9).

En los términos del recurso de apelación, la Sala debe determinar si la actora, en su calidad de usuario no regulado que compra energía a una empresa de energía regulada (Corelca), es sujeto pasivo de la contribución de solidaridad del sector eléctrico y, en caso afirmativo, si existe base gravable para determinar el tributo.

Sea lo primero advertir que, en cumplimiento de lo ordenado por el Gobierno Nacional, en el Decreto 3000 del 19 de agosto de 2011, modificado por los decretos 1735 del 17 de agosto de 2012, 0326 del 28 de febrero de 2013, 1768 del 16 de agosto de 2013, 2419 del 31 de octubre de 2013 y 2896 del 13 de diciembre de 2013, la demandada fue liquidada, según consta en el acta final de liquidación de Corelca S.A. ESP, protocolizada mediante la Escritura Pública 431 del 18 de febrero de 2014 de la Notaría Quinta del Círculo de Barranquilla(10) y la matrícula mercantil fue cancelada el 11 de febrero de 2014, según consta en el certificado expedido por la Cámara de Comercio de esa misma ciudad(11).

De lo anterior se colige que si bien en estas circunstancias la empresa demandada perdió su capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, lo cierto es que, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 20 del Decreto 3000 del 2011, una vez culminó el proceso liquidatorio de Corelca S.A. ESP, el Ministerio de Minas y Energía asumió “en la proporción a la participación accionaria de la Nación en el capital de esa empresa”, los procesos judiciales y reclamaciones en que la liquidada fuera parte, así como “las obligaciones derivadas de estos, en los términos del Decreto-Ley 254 de 2000 modificado por la Ley 1105 de 2006 y demás normas que lo modifiquen o adicionen, con cargo a los recursos que se apropien en el Presupuesto General de la Nación para el efecto”.

El presente asunto hace parte del inventario de procesos entregados al Ministerio de Minas y Energía(12), por lo que se procede a dictar sentencia teniendo en cuenta que, por disposición legal, este Ministerio sustituyó a la extinta Corelca S.A. ESP.

En cuanto al fondo del debate, la Sala destaca que se ha pronunciado sobre supuestos de hecho y de derecho idénticos a los aquí discutidos entre las mismas partes, por otros periodos, por lo que reiterará el criterio adoptado esas oportunidades(13).

1. Sujeto pasivo de la contribución eléctrica.

De acuerdo con el artículo 89 de la Ley 142 de 1994(14), la finalidad de la contribución eléctrica es subsidiar el consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3. Contribución que puede cobrarse en las facturas de los usuarios de inmuebles residenciales de los estratos 5 y 6 y en las de los usuarios industriales y comerciales, sin distinguir si son regulados o no.

La Ley 143 de 1994(15), en el artículo 3º, previó, entre otros deberes del Estado, dar mayor cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y sectores del país para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 y de los de menores recursos del área rural, así como asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para cubrir los subsidios otorgados a dichos usuarios, por medio de la contribución nacional prevista en el artículo 47 de la misma ley y partidas del presupuesto nacional, entre otras fuentes.

El mencionado artículo 47 consagró la contribución especial, en los siguientes términos:

“ART. 47.—En concordancia con lo establecido en el literal h) del artículo 23(16) y en el artículo 6(17) de la presente Ley, aplíquense los factores para establecer el monto de los recursos que los usuarios residenciales de estratos altos y los usuarios no residenciales deben hacer, aportes que no excederán del 20% del costo de prestación del servicio, para subsidiar los consumos de subsistencia de los usuarios residenciales de menores ingresos.

(...)

Los usuarios no regulados que compren energía a empresas generadoras de energía no reguladas deberán también pagar la contribución. 

Autorizase al Gobierno Nacional para que en concordancia con lo estatuido en la Ley de servicios públicos domiciliarios establezca el mecanismo especial a través del cual se definirán los factores y se manejarán y asignarán los recursos provenientes de los aportes.

Las empresas de electricidad recaudarán las sumas correspondientes a estos factores en las facturas de cobro por ventas de electricidad, estableciendo claramente el monto de las mismas.

(…) (Subraya la Sala)”.

Como se observa, la contribución fue establecida en términos similares a los previstos en la Ley 142 de 1994, pues se impuso a los usuarios residencialesde estratos altos y los usuarios no residenciales, sin distinguir entre usuarios regulados y no regulados. En consecuencia, debe entenderse que, unos y otros son sujetos pasivos del tributo cuando adquieren energía de empresas reguladas y no reguladas.

De otra parte, cuando la norma señala que los usuarios no regulados(18) que compren energía a empresas de energía no reguladas también deben pagar la contribución, solo quiso precisar que tales usuarios son sujetos pasivos, junto con los usuarios residenciales de los estratos 5 y 6 y los no residenciales.

Así mismo, no puede entenderse que el legislador haya excluido del gravamen a los usuarios no regulados que compran energía a las empresas reguladas, porque ello implicaría establecer una desigualdad injustificada que no corresponde al sentido y finalidad de la contribución que, se repite, es subsidiar las tarifas de los consumos de electricidad que cubran las necesidades básicas de los usuarios de menores ingresos; por tanto, la contribución recae sobre los servicios prestados por entidades reguladas o no, que contratan con usuarios regulados o no.

Ahora bien, el hecho de que los usuarios no regulados no estén sometidos a un régimen tarifario, no es razón suficiente para excluirlos del gravamen, pues el mismo legislador dispuso que todos los usuarios con capacidad para contribuir son sujetos pasivos del tributo, al exigir el cobro a todos los usuarios de los estratos 5 y 6 y a los industriales y comerciantes, es decir, a usuarios no residenciales.

Esta disposición fue reiterada en el parágrafo segundo del artículo 97 de la Ley 223 de 1995, que reguló la contribución del sector eléctrico, en los siguientes términos:

“ART. 97. (…) PAR.—Para los efectos de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico de que trata el artículo 47 de la Ley 143 de 1994 se aplicará para los usuarios no regulados que compren energía a empresas generadoras de energía no reguladas, para los usuarios residenciales de los estratos 5 y 6, y para los usuarios no residenciales, el 20% del costo de prestación del servicio”.

Por otra parte, la Ley 286 de 1996(19), en el artículo 5º, señaló como sujetos obligados al pago de la contribución a “los usuarios del servicio de energía eléctrica pertenecientes al sector residencial estratos 5 y 6, al sector comercial e industrial regulados y no regulados, (…)”.

De las disposiciones anteriores, la Sala concluye que tanto los usuarios regulados como los no regulados que adquieran energía de empresas reguladas o no reguladas están sometidos al gravamen. En consecuencia, por los meses de mayo, junio, julio y agosto de 1997, la actora estaba obligada a pagar la contribución eléctrica, en su calidad de usuaria no regulada que compra energía a entidad regulada.

2. Base gravable de la contribución eléctrica.

La Ley 142 de 1994, en el artículo 89.1, presumió que el factor aplicable para dar subsidios a los usuarios de menores ingresos no podía ser superior al 20% del valor del servicio y que debía estar discriminado en la factura.

La Ley 143 de 1994, en el artículo 47, dispuso que los factores que debían aplicarse para determinar el monto de los aportes no podían exceder del 20% del costo de prestación del servicio; y aunque en el artículo 23, literal h), el legislador facultó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas para definir los factores que debían aplicarse a las tarifas de cada sector de consumo, con destino a cubrir los subsidios a los consumos de subsistencia de los usuarios de menores ingresos, la base gravable ya estaba legalmente prevista como el “costo de prestación del servicio”.

La Ley 223 de 1995, en el artículo 97, estableció que la sobretasa o contribución especial sería del 20% del costo de prestación del servicio y, la Ley 286 de 1996 ratificó la obligación de pagar la contribución, cuyos valores serían facturados y recaudados por las empresas de energía eléctrica.

De conformidad con lo expuesto, para la época en que fueron expedidas las facturas demandadas, el legislador había previsto la base gravable de la contribución, que correspondía al valor o costo de la prestación del servicio, nociones que, en el contexto de la ley, corresponden al consumo del usuario obligado a pagar la contribución.

De otra parte, en cuanto a la Resolución 93 de 1998, por la cual la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijó a los usuarios no regulados la forma de calcular la contribución, la Sala precisa que no era aplicable al momento de la expedición de las facturas acusadas y cuando el Consejo de Estado analizó su legalidad precisó que la base gravable de la contribución de solidaridad había sido señalada por la Ley 223 de 1995, modificatoria de las leyes 142 y 143 de 1994 en “el 20% del costo de prestación del servicio”(20).

Por otra parte, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-086 de 1998, al estudiar la constitucionalidad del artículo 5 º de la Ley 286 de 1996, precisó que la contribución es un impuesto de destinación específica y señaló como elementos esenciales del gravamen, los siguientes:

“- Los usuarios de los sectores industriales y comerciales, y los de los estratos 5 y 6, se constituyen en los sujetos pasivos.

“- Las empresas que prestan el servicio público son los agentes recaudadores.

“- El hecho gravable lo determina el ser usuario de los servicios públicos que prestan las empresas correspondientes.

“- La base gravable la constituye el valor del consumo que está obligado a sufragar el usuario (...)”.

Lo anterior permite a la Sala sostener que no le asiste razón a la actora cuando señala que no existía base gravable de la contribución, puesto que el legislador la estableció desde el mismo momento en que creó el tributo.

En consecuencia, dado que la actora es sujeto pasivo de la contribución especial eléctrica y que en las facturas correspondientes a los meses comprendidos entre mayo y agosto de 1997 Corelca incluyó, por concepto del tributo, el 20% del valor del consumo de energía, las facturas y los actos que negaron su modificación se ajustaron a derecho, razón suficiente para confirmar la sentencia apelada que negó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confirmase la sentencia del 9 de junio de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, objeto de apelación.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Según el Certificado de la Cámara de Comercio, por Escritura Pública 5114 del 19 de noviembre de 2002 de la Notaría 42 de Bogotá, D.C., la sociedad International Colombia resources corporation – Intercor se fusionó con Carbones del Cerrejón S.A. y su denominación quedó Carbones del Cerrejón LLC (v. fl. 9 cdno. de recursos).

(2) Fue creada por la Ley 59 de 1967 como establecimiento público, reglamentada por el Decreto 383 de 1985, reestructurada en empresa industrial y comercial del Estado mediante el Decreto 2121 de 1992; luego, transformada en empresa de servicios públicos oficial, mediante el Decreto 2515 del 16 de diciembre de 1999, reformada en empresa de servicios públicos mixta, mediante Escritura Pública 1669 del 15 de septiembre de 2000 de la Notaría Novena de Barranquilla (v. fls. 92, 198 y 203 cdno. p.). Por orden del Gobierno Nacional (D.3000/11) fue liquidada, según consta en el acta final del 29 de enero de 2014, protocolizada por Escritura Pública 431 del 18 de febrero de 2014 (v. fls. 150 cdno. de recursos).

(9) Fl. 126 y 134 cdno. de recursos.

(10) V. fl. 150 cdno. de recursos.

(11) V. fl. 155 cdno. de recursos.

(12) Cfr. En el formato único de inventario documental el número de orden 374 que está en el folio 221 del cuaderno del recurso.

(13) Sentencias de 3 y 10 de octubre de 2007, expedientes 15393 y C.P. doctores Ligia López Díaz y Héctor J. Romero Díaz, respectivamente.

(14) Ley “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios”.

(15) Ley “Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia de energética”.

(16) ART. 23.—Para el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 20 de la presente ley, la Comisión de Regulación de Energía y Gas con relación al servicio de electricidad tendrá las siguientes funciones generales:/[…]/h) Definir los factores que deban aplicarse a las tarifas de cada sector de consumo con destino a cubrir los subsidios a los consumos de subsistencia de los usuarios de menores ingresos. Estos factores deben tener en cuenta la capacidad de pago de los usuarios de menores ingresos, los costos de la prestación del servicio y el consumo de subsistencia que deberá ser establecido de acuerdo a las regiones;

(17) “ART. 6º—Las actividades relacionadas con el servicio de electricidad se regirán por principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad./[…]/Por solidaridad y redistribución del ingreso se entiende que al diseñar el régimen tarifario se tendrá en cuenta el establecimiento de unos factores para que los sectores de consumo de mayores ingresos ayuden a que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los consumos de electricidad que cubran sus necesidades básicas”.

(18) Según el artículo 10 de la Ley 143 de 1994, es usuario regulado la persona natural o jurídica cuyas compras de electricidad están sujetas a tarifas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y, es usuario no regulado la persona natural o jurídica, con una demanda máxima superior a 2 Mw por instalación legalizada, cuyas compras de electricidad se realizan a precios acordados libremente.

(19) Ley “por la cual se modifican parcialmente las leyes 142 y 143 de 1994.

(20) Sentencia del 5 de mayo de 2000, Expediente 9783, C.P. Germán Ayala Mantilla.