Sentencia 1998-00056 de mayo 23 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 500012331000199800056 - 01 (24.574)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Manuel Antonio Cepeda

Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta, proferida el día 10 de diciembre de 2002, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. Con el recurso interpuesto se pretende la declaratoria de la responsabilidad de las entidades demandadas por la retención del vehículo de propiedad de la parte demandante.

1. Las pruebas aportadas al proceso.

— Certificación emitida por la empresa Sontransvargas Ltda., el 5 de julio de 1997 (fl. 19, cdno. 1), mediante la cual se certificó:

“Que un camión de las características de un Ford, modelo 53, en condiciones normales realiza mensualmente un promedio de cinco (5) viajes así:

Villavicencio - San José, transportando diez (10) toneladas con un valor de quinientos mil pesos m/cte., por viaje.

Para un promedio mensual en bruto de dos millones quinientos mil pesos m/cte.”.

— Constancia emitida por la empresa Incontrans Ltda., el 28 de julio de 1997 (fl. 20, cdno. 1), mediante la cual se hizo constar que:

“… el señor Manuel Antonio Cepeda, quien se identifica con la c.c. 19’257.915 de Bogotá, D.C., es propietario del vehículo SWB-054, marca Ford, modelo 53, color verde-blanco-rojo particular.

Que en nuestra empresa nos colaboró como transportador, transportando cargamento así:

Dos (2) viajes a Pto.-Arturo a $ 500.000 c/u---- V/total---1’000.000,oo.

Dos (2) viajes a S/Guaviare a $ 600.000 c/u---- V/total---1’200.000,oo.

Dos (2) viajes a Pto. Lleras a $ 200.000 c/u---- V/total--- 400.000,oo.

Valor total de los fletes mensualmente…………………. 2’600.000,oo.

Que los anteriores fletes los realiza en nuestra empresa mensualmente”.

— Original del acta de la diligencia de entrega de vehículo y elementos Nº 19, suscrita por la señora administradora de bienes de la fiscalía y el señor Manuel Antonio Cepeda, el 28 de mayo de 1997 (fl. 21, cdno. 1), en la cual se lee:

“En Villavicencio, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997), se hizo presente en la oficina de administración de bienes el Sr. Manuel Antonio Cepeda, identificado con la C.C. 19.257.915 de Bogotá, con el fin de reclamar el vehículo y elementos a relacionar, de acuerdo a lo ordenado mediante oficio 211 del 26 de mayo de 1997, emanado de la dirección regional de fiscalías de oriente, secretaría - Ley 30/86, en cumplimiento a lo dictado por el fiscal delegado ante el tribunal nacional mediante Resolución del 9 de mayo del año en curso, dentro del proceso 2067.

• “vehículo, camión, marca Ford, de placas SW-2054, chasis B75J31-49979, modelo 73 (sic), tipo estacas.

• 120 bultos de cemento gris y 85 bultos de cloruro de calcio.

Se hace entrega real y material a entera satisfacción”.

— Dictamen pericial rendido por los expertos Germán Arias Hernández y Hernán Burgos Moyano, el 5 de abril de 2000 (fls. 115 a 117, cdno. 1), realizado a solicitud de la parte demandante y decretado por el tribunal a quo mediante auto del 30 de septiembre de 1999 (fl. 93 a 96, cdno. 1), en el cual los peritos llegan a la suma de $ 58’429.542,17 (fl. 117, cdno. 1) como cuantificación de los perjuicios materiales causados a título de lucro cesante por la retención del automotor de placas SW-2054 desde el 13 de marzo de 1996 hasta el 28 de mayo de 1997.

— Copia auténtica del proceso 2067 adelantado por la Fiscalía General de la Nación, regional de oriente, contra el señor Alcides Rodríguez Ramírez en el marco de las investigaciones penales por los hechos objeto de esta demanda (fl. 122, cdno. 1), allegada al expediente en respuesta al oficio 4888 del 22 de octubre de 1999 enviado por el tribunal a quo a dicha entidad (fl. 99, cdno. 1).

La Sala valorará los documentos allegados al expediente como prueba trasladada por cuanto fueron aportados por la entidad demandada. Al respecto, esta Subsección ha sostenido(1):

“Y en cuanto a la Fiscalía General de la Nación, se observa que si bien dentro de su contestación a la demanda no hizo alusión alguna a los medios de prueba solicitados y/o aportados por los demás sujetos procesales ni tampoco solicitó la práctica de prueba alguna, lo cierto es que la aludida prueba trasladada fue aportada por dicha entidad, de conformidad con el auto de pruebas y el oficio librado para tal fin, cuestión que despeja cualquier duda en relación con el aporte al proceso de tal medio probatorio y su consiguiente mérito, puesto que, en suma, fue allegado por la propia entidad demandada”.

Las copias allegadas constan de 162 folios; entre los documentos se encuentra:

• Copia auténtica del memorial mediante el cual se inicia el incidente de entrega del vehículo automotor de placas SWB-054, presentado ante la Fiscalía General de la Nación, regional oriente, el 14 de julio de 1996, por el apoderado del señor Manuel Antonio Cepeda (fl. 1, cdno. 2).

• Copia auténtica del contrato de compraventa suscrito por Guillermo Romero Trujillo (vendedor) y Manuel Antonio Cepeda (comprador) del vehículo de placas SW-2054, fechado el 4 de diciembre de 1993 (fl. 4, cdno. 2).

• Copia auténtica de la licencia de tránsito 94-649449, expedida el 4 de julio de 1996, correspondiente al automotor de placas SWB 054 (fl. 5, cdno. 2), en la cual aparece como propietario del automotor el señor Manuel Antonio Cepeda.

• Copia auténtica del oficio 1517 emitido por el Instituto de Tránsito y Transporte del Meta, el 26 de agosto de 1996, en la que se certificó que el propietario del automotor de placas SW 2054 es el señor José Sacramento Ardila (fl. 8, cdno. 2).

• Copia auténtica del formulario único nacional 93-3847685 mediante el cual se solicitó el traspaso del automotor de placas SW-2054, por parte del señor José Sacramento Ardila (antiguo propietario) al señor Manuel Antonio Cepeda (nuevo propietario), con fecha de recepción el 4 de julio de 1996 (fl. 11, cdno. 2).

• Copia auténtica de unos recibos oficiales de caja 224244 y 219108, a nombre del señor José Sacramento Ardila en los que consta el recibo de una suma dineraria por concepto de traspaso del vehículo de placas SWB054 y la expedición de una licencia de tránsito (fl. 12, cdno. 2), de fecha 4 de julio de 1996.

• Copia auténtica de los resultados del estudio técnico practicado al vehículo de placas SW 2054, mediante el cual se constató que el automotor no reporta anotación alguna en el sistema de vehículos hurtados (fls. 14 a 15, cdno. 2).

• Copia auténtica del oficio 100 expedido por el señor Comandante de Policía de la Estación Fuente de Oro (Meta), el día 13 de marzo de 1996, mediante el cual se puso a disposición el retenido señor Alcides Rodríguez Ramírez (fl. 17, cdno. 2); en el documento se puede leer:

“El antes mencionado iba conduciendo el vehículo camión Ford, modelo 53 … en el cual transportaba 120 bultos de cemento gris marca Samper y 85 bultos por 25 kilogramos cada uno de una sustancia con las siguientes características: empaques con el siguiente logotipo Tetra Chemicals a division of Tetra Technologies Inc. Express anhydrous calcium chloride premium grade 94%-97% assay net weight 25 Kg (55.12 lbs).

Siendo aproximadamente las 22:00 horas del día 120396, en el perímetro urbano del municipio de Fuente de Oro, se le hizo el pare al vehículo antes mencionado y se le preguntó al señor Alcides Rodríguez Ramírez, conductor del vehículo sobre la clase de carga que transportaba, a lo cual manifestó que transportaba 180 bultos de cemento gris, se verificó la carga en mención y se halló en el interior del vehículo cemento reembolsado con una bolsa plástica color negro y lonas de fibra, pero así mismo debajo de la carga de cemento se hallaron más bultos, y al verificar los mismos se encontr[aron] unos bultos marcados con logotipo color azul anhydrous calcium chloride premium, al verificar su contenido se estableció que se trataba de una sustancia granulada de color blanco, que al manipularla producía bastante calor. Se le preguntó al señor conductor sobre la procedencia y destino de dicha sustancia a lo cual manifestó que desconocía que esa sustancia se encontraba dentro del vehículo, que a él solo lo habían contratado para transportar 180 bultos de cemento gris… como es claro esta sustancia sirve como precursor para el procesamiento de alcaloides y por su forma de camuflaje y la supuesta ignorancia del conductor, queda [en] entredicho el manejo lícito de dicha sustancia” (fl. 17, cdno. 2).

• Copia auténtica de un documento titulado “Acta que trata de la inmovilización e incautación de una sustancia”, emitido por el Comandante de Policía de la Estación Fuente de Oro (Meta), de fecha 12 de marzo de 1996 (fl. 18, cdno. 2); el documento dio cuenta de la incautación del vehículo automotor de placas SW-2054.

• Copia auténtica del oficio 101 del 13 de marzo de 1996 emitido por el Comandante de la Estación de Policía Fuente de Oro (Meta) dirigido a la personera municipal del municipio, mediante el cual se informó la retención del señor Alcides Rodríguez Ramírez (fl. 19, cdno. 2).

• Copia auténtica de un documento titulado “Acta que trata de la identificación técnica y pesaje de una sustancia”, diligencia realizada el 13 de marzo de 1996 (fl. 26, cdno. 2). En dicho documento se puede leer:

“En este estado de la diligencia el despacho le concede la palabra a los técnicos criminalísticos CTI regional, para que realicen el respectivo análisis y pesaje, los cuales manifestaron: Se nos colocó a disposición 85 bultos de una sustancia sospechosa, la cual se encontraba embala[da] debidamente en costales de fibra color habano, con la sigla Nitro Mag y sellados a mano con pita de color azul, en su interior se encontró un empaque de color blanco con letras azules cuyo contenido dice: ‘cloruro de calcio’ y que al observarla al parecer es su empaque original. Se tomaron 3 muestras al azar, para practicarles las diferentes pruebas concluyendo lo siguiente: Dentro de las propiedades obtenidas se pudo establecer que se trata de una sustancia de color blanco, granulosa y que al practicarle la prueba de solubilidad en agua dando solubilidad completa y presentando a su vez una reacción exotérmica, seguidamente se le aplicó el PH dándonos sustancia alcalina. Se determina que por falta de un reactivo apropiado o específico, no se puede determinar el tipo de sustancia de la cual se trata en esta inspección judicial, cabe anotar que todos sus empaques están debidamente sellados originalmente al parecer de fábrica” (fl. 26, cdno. 2).

• Copia auténtica de un oficio del 14 de marzo de 1996 mediante el cual el fiscal regional de oriente puso en custodia del supervisor de transporte y administrador de bienes de la fiscalía regional de oriente “el automotor de placas SW-2054, el cual conforme al informe policial 100 del 13 de los corrientes la cantidad de ciento veinte (120) bultos de cemento gris y ochenta y cinco (85) bultos de una sustancia sin identificar plenamente” (fl. 34, cdno. 2).

• Copia auténtica del oficio 109 Ley 30/86 -1- del 18 de marzo de 1996, dirigido al fiscal regional delegado antinarcóticos por el responsable unidad Ley 30/86, mediante el cual “se dispone la inmediata práctica de una nueva inspección judicial sobre las sustancias incautadas, con presencia de un agente del Ministerio Público, en ella se tratará de establecer si el producto encontrado corresponde a alguno de los relacionados en la referencia (Infracción art. 43, L. 30/86) y se precisará en lo posible su peso” (fl. 40, cdno. 2).

• Copia auténtica del acta de la diligencia de inspección judicial con perito realizada sobre el cargamento contenido en el automotor de placas SW2054, el 18 de marzo de 1996 (fl. 44, cdno. 2). En dicho documento se puede leer:

“Acto seguido se observa que la sustancia se encuentra dentro del camión de placas SW 2054, tipo estacas, cabina color verde, en regular estado, el cual se encuentra debidamente sellado con sellos de la fiscalía… A continuación el fiscal ordena levantar los sellos ubicados en la parte de atrás del camión con el fin de poder observar la sustancia y practicar la diligencia en mención. En el interior de la carrocería se encontraron 120 bultos de cemento gris marca Samper y 85 bultos de una sustancia blanca granulada, rotulada express parte superior shemilkas anhydrous calcium chloride. Premium grade. Net weith 55.2 Lbs. Empaque original. En la parte posterior información sobre el producto en cuanto a sus propiedades y precauciones. fórmula CA CL2, manufacturado Interplas Corporation Lolita Texas. Encima del empaque original viene una bolsa negra plástica y después empacado con costal de fibra rotulado Nitromag, amarradas con fibra de nylon color azul. La sustancia antes descrita viene revuelta con costales en los cuales en su interior vienen bolsas de cemento gris ya antes enunciado, igualmente empacado en bolsas negras plásticas de basura y posteriormente con costal de fibra. Rotulado cemento Samper 50 kilogramos empaque original. En este estado de la diligencia el despacho le concede el uso de la palabra a los técnicos criminalísticos del CTI, regional oriente, para que realicen la respectiva prueba de campo, toma de muestras y pesaje de la sustancia en mención, quienes manifestaron: se puso a disposición 85 empaques de color blanco rotuladas con cloruro de calcio, que contienen una sustancia de color blanco en forma de gránulos. Para la identificación preliminar se toman pequeñas muestras de 3 bultos al azar, se le hace la prueba de solubilidad, siendo completamente soluble en agua y reaccionando exotérmicamente con esta, se le aplica el reactivo para ácidos minerales tipo A, obteniendo un preliminar positivo para presencia de un cloruro, al arrojar un precipitado color blanco y según sus especificaciones del empaque, que se aprecia es el original, y las características organolépticas puede tratarse de cloruro de calcio… El cloruro de calcio se utiliza en industrias lácteas, no se conoce por parte de este funcionario otros usos ilícitos. El cemento obviamente se utiliza en la construcción” (fl. 44, cdno. 2).

• Copia auténtica del oficio SCL1-30 126 del 19 de marzo de 1996, mediante el cual el responsable secretaría Ley 30/86 de la Fiscalía General de la Nación, regional oriente, remitió cinco muestras al laboratorio especializado de estupefacientes de la Dijin en el marco del proceso 2067 (fl. 48, cdno. 2).

• Copia auténtica del auto del 20 de marzo de 1996, mediante el cual la unidad especializada en delitos de narcotráfico de la dirección regional de fiscalías de oriente de la Fiscalía General de la Nación, se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra el señor Alcides Rodríguez Ramírez (fl. 56 a 59, cdno. 2); en el documento se puede leer:

“A pesar de ello, vemos que no existe hasta esta oportunidad procesal, prueba alguna de la materialidad de la conducta que se le imputa, pues pese a lo extraño de su comportamiento, si se quiere sospechoso, el resultado preliminar arrojado sobre la identificación técnica efectuada a las sustancias descubiertas, permite inferir que las mismas no hacen parte de aquellas relacionadas legal y reglamentariamente como objeto de control estatal por su uso en la elaboración de estupefacientes.

Específicamente, en inspección judicial con perito idóneo en esas materias, se concluyó que el material químico transportado consiste aparentemente en 120 bultos de 50 kilos c/u de cemento gris para construcción y 85 bultos de 25 kilos c/u que contienen cloruro de calcio. Sustancias que efectivamente no se encuentran incluidas en la larga lista de insumos y productos controlados por el Consejo Nacional de Estupefacientes (art. 43, L. 30/86, y Res. 9/97).

De esta forma, se tiene que no existe prueba o principio de prueba alguno que hasta el momento permita inferir la materialidad de la conducta atribuida. Con lo cual se concluye que no se reúnen los presupuestos legales para dar aplicación al artículo 388 del Código de Procedimiento Penal” (fl. 58, cdno. 2).

• Copia auténtica del oficio 149-96- LE. RB, del 9 de abril de 1996, mediante el cual el laboratorio de estupefacientes de la regional Bogotá del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dio respuesta a la solicitud elevada por el fiscal encargado del proceso 2067, para que se pronunciara sobre los usos de las sustancias que se encontraron en el vehículo cuya retención es objeto de este proceso (fl. 68, cdno. 2); en dicho documento se puede leer:

“El cloruro de calcio se emplea en la fabricación de extinguidores, cemento, como refrigerante y desecador. También se emplea en casos de deficiencia de electrolitos y en hipocalcemias.

El cemento se emplea generalmente como material de construcción.

El cloruro de calcio y el cemento eventualmente pueden ser utilizados en el procesamiento de estupefacientes” (fl. 68, cdno. 2).

• Copia auténtica del resultado de los estudios químicos realizados por el laboratorio central de criminalística de la dirección de policía judicial sobre las muestras tomadas de las sustancias encontradas en el vehículo de placas SW-2054 cuya retención es objeto de esta controversia (fls. 75 a 77, cdno. 2); en dicho análisis se concluyó que “las muestras 1, 2 y 3, corresponden a cloruro de calcio y las muestras 4 y 5 contienen hidróxidos, óxidos, carbonatos, calcio y trazas de sulfatos” (fl. 77, cdno. 2).

• Copia auténtica del auto del 13 de febrero de 1997, mediante el cual la unidad de Ley 30/86 de la dirección regional de fiscalías de oriente de la Fiscalía General de la Nación declaró extinta la acción penal en el proceso 2067 por atipicidad de la conducta, ordenó precluir la investigación contra el señor Alcides Rodríguez Ramírez y entregar definitivamente el automotor marca Ford, de placas SW-2054 al señor Manuel Antonio Cepeda (fls. 127 a 130, cdno. 2); en el documento se puede leer:

“De acuerdo a lo anterior, vemos hasta el momento que no tiene encuadramiento típico concreto que atribuya competencia a esta fiscalía regional la conducta del imputado, pues no se ha establecido el elemento ilegalidad que exige el artículo 43 de la Ley 30/86, que permita atribuirle la supuesta consumación de dicho tipo penal. Ello en atención a que nos encontramos frente a un tipo penal en blanco, reconocido así jurisprudencialmente que exige la definición legal de muchos de sus aspectos, entre estos, el de la ilegalidad de las sustancias finalmente controladas en las distintas resoluciones proferidas al respecto por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Efectivamente se observa que no existe norma legal alguna que prohíba a ningún ciudadano colombiano, que porte o transporte o conserve cloruro de calcio, así sea en una región donde se sabe que es un lugar de producción de estupefacientes, puesto que no se exige en ningún ordenamiento o norma legal vigente, autorización o permiso alguno de autoridad competente que obligue a su tenedor al registro de su utilización, adquisición, consumo, porte o transporte y en general posesión de tal sustancia.

Tampoco se vislumbra en el paginario prueba legalmente allegada de la real o efectiva utilización de esta sustancia, en algún laboratorio para el procesamiento de estupefacientes por parte del sindicado o el propietario simplemente surge la hipótesis de su futuro uso, lo cual no es viable atender, por tratarse de una inferencia originada de las dudas e incertidumbres, las cuales únicamente deben resolverse a favor del sindicado.

(…).

Estando así las cosas, no queda otra alternativa que aceptar la objetividad de los hechos por los que se sindica al señor Alcides Rodríguez Ramírez y de las disposiciones legales existentes sobre la materia en este caso, el factor de ilegalidad del cloruro de calcio, lo cual configura la atipicidad como causal de preclusión de la investigación, al tenor de lo previsto en el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal.

Como consecuencia de lo anterior el despacho considera viable la entrega definitiva del camión marca Ford, de placas SW2054, chasis B75J31-49979, modelo 53, tipo estacas al señor Manuel Antonio Cepeda con C.C. 19.257.915 de Bogotá, quien de manera legal ha demostrado su propiedad, así mismo se dispone devolver la totalidad de las sustancias que fueron incautadas con dicho vehículo a quien previamente de manera legal acredite ser su propietario” (fl. 129, cdno. 2).

• Copia auténtica de la solicitud de entrega del vehículo objeto de esta controversia, elevada ante la dirección regional de fiscalías de oriente por el señor Manuel Antonio Cepeda, el día 3 de marzo de 1997 (fls. 137 a 140, cdno. 2).

• Copia auténtica de un auto del 14 de marzo de 1997, mediante el cual el fiscal delegado ante jueces regionales de la Fiscalía General de la Nación, regional oriente, indicó que “hasta tanto no se ejecutorie la determinación en que resolvió la entrega del vehículo solicitado por Manuel Antonio Cepeda, no es procedente acceder a la petición por éste formulada” (fl. 142, cdno. 2).

• Copia auténtica del oficio 211 Ley 30/86 del 26 de mayo de 1997, dirigido por el responsable de la secretaría Ley 30/86 a la señora administradora de bienes de la fiscalía seccional de Villavicencio para que “en cumplimiento de lo ordenado por el fiscal delegado ante el tribunal nacional, mediante resolución del 9 de mayo del año en curso, respetuosamente se lleve a cabo por intermedio de su despacho la diligencia de entrega del vehículo camión marca Ford, de placas SW2054… al señor Manuel Antonio Cepeda… ” (fl. 146, cdno. 2).

2. Los hechos probados.

En el presente proceso se encuentra plenamente probado que el día 13 de marzo de 1996, en las horas de la noche, el vehículo de placas SW2054 fue retenido por agentes de la Policía Nacional en inmediaciones del municipio de Fuente de Oro (Meta), puesto que los miembros de la fuerza pública consideraron que el cargamento que se llevaba en la parte trasera de dicho automotor podía corresponder a las sustancias controladas en los términos de la Ley 30 de 1986, se llegó a esta conclusión dado el desconocimiento que tenía el conductor del contenido del cargamento que llevaba y las inconsistencias encontradas en los documentos de transporte; inmediatamente el vehículo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, regional oriente, la cual inició una investigación que terminó con la preclusión de la misma por ausencia de tipicidad dado que las sustancias encontradas en el vehículo no hacían parte de aquellas cuya posesión, tenencia, porte y/o transporte se encuentran prohibidos por el ordenamiento jurídico.

El señor Manuel Antonio Cepeda, demandante en este proceso, instauró incidente de devolución del automotor ante la Fiscalía General de la Nación, regional oriente, actuación que se desató mediante auto del 13 de febrero de 1997 y, posteriormente, se confirmó en consulta el 26 de mayo del mismo año.

3. El análisis de la responsabilidad de las entidades demandadas.

Con el fin de desatar el recurso de alzada, la Sala hará, en primer lugar, un análisis de la posición de esta corporación respecto de la retención de vehículos automotores en el marco de la Ley 30 de 1986, para luego determinar la existencia de la responsabilidad de las entidades demandadas.

3.1. La jurisprudencia de la Sala respecto de la retención de automotores en el marco de la Ley 30 de 1986.

La Sala, en abundante jurisprudencia, se ha pronunciado sobre la responsabilidad del Estado generada con ocasión de la retención de bienes que supuestamente se han utilizado para el tráfico de sustancias controladas, según lo establecido por la Ley 30 de 1986 y normas concordantes, en aquellos casos en que el resultado de las investigaciones penales no permita imputar algún delito al investigado.

La Sala, ante un caso similar al que ahora se analiza, consideró(2):

“(…) encuentra la Sala que la situación a la que se vio avocado el demandante con ocasión de la incautación de su vehículo se origina en dos situaciones fácticas distintas, con sus respectivas implicaciones jurídicas: de una parte la responsabilidad estatal derivada de la imposición de una medida preventiva y punitiva de naturaleza jurisdiccional respecto de un bien privado y de otra parte la responsabilidad estatal derivada de sus obligaciones como depositario de bienes objeto de tales medidas.

(…).

“… situaciones como la descrita ameritan un estudio en concreto a efectos de determinar si las particulares circunstancias del caso dan lugar a concluir, o no, que el ciudadano en quien recaen tales medidas precautelativas en el ámbito punitivo efectivamente debe soportar sus consecuencias. Dadas las graves implicaciones que tales consecuencias comportan para los titulares de los bienes afectados, resultan predicables y por tanto plenamente aplicables los criterios que ha venido siguiendo esta corporación a propósito de la detención preventiva de personas.

Ha dicho la Sala que aun cuando el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado comporta la posibilidad de restringir la libertad personal con fines preventivos, en determinadas circunstancias esa detención bien puede llegar a ser calificada de injusta y por ende constitutiva de un daño antijurídico, incluso en aquellos eventos en los cuales la absolución del sindicado deviene de la aplicación del principio del in dubio pro reo por no haberle sido desvirtuada la presunción de inocencia que lo ampara constitucionalmente(3).

Como aspectos fundantes de dichos planteamientos ha esgrimido la Sala(4) que ‘carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas’ e invocando el postulado general contenido en el artículo 2º de la Constitución Política en cuanto a que uno de los fines esenciales de la organización estatal es la protección de las libertades y los derechos de todas las personas residentes en Colombia, precepto que también alude expresamente a sus bienes; ha recordado igualmente que

‘Entre las consideraciones acerca de la naturaleza del daño antijurídico se ha sostenido que, en cada caso, ha de corresponder al juez determinar si el daño va más allá de lo que, normalmente y sin compensación alguna, debe soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada y comportarse como un sujeto solidario. En ese orden de ideas, no pocas veces se ha concluido que constituye daño antijurídico aquel que se experimenta en el ámbito puramente material, por vía de ejemplo, cuando se devalúa un bien inmueble por la proximidad de un puente vehicular que ha sido construido y puesto en funcionamiento para el bienestar de toda la colectividad”.

Del mismo modo, la Sala ha reconocido la existencia de daños antijurídicos originados en situaciones distintas a la detención preventiva de personas, como cuando se restringen las libertades de locomoción y circulación e incluso ante la imposición de cauciones prendarias, cuando tales restricciones y medidas resultan injustificadas y el afectado con las mismas ‘no originó el hecho que dio lugar a la medida cautelar’. En dicha oportunidad expuso la Sala las siguientes consideraciones:

“Para la Sala es claro que si se exonera a un sindicado bajo el supuesto de que quedó establecido en el plenario que él no cometió el hecho del que se le acusa, la restricción a la libertad de locomoción y de residencia a la que se le sometió, le produjo un daño antijurídico que no estaba obligado a soportar y, por consiguiente, hay lugar a indemnizarlo. Lo que a juicio de la Sala compromete la responsabilidad de la administración en estos eventos es la antijuridicidad del daño padecido por la víctima, como que ésta no tiene el deber de padecerlo.

De manera que, las obligaciones derivadas de la medida cautelar dineraria (caución prendaria) la obligación de no cambiar de domicilio ni salir del país sin previa autorización de la autoridad judicial respectiva, a la postre pueden generar un daño antijurídico cuando se establezca, entre otras hipótesis que la conducta no fue cometida por el sindicado. En tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se hizo padecer al sindicado”(5).

Por esta misma senda argumentativa es perfectamente posible entonces llegar a la conclusión de que en el presente caso la imposición de la medida de incautación respecto del vehículo del señor Jacobo Arends González fue injustificada, más aún cuando resultó exonerado de la responsabilidad penal que le fue imputada en razón a la presunta ilicitud en la utilización de dicho automotor, lo cual conduce necesariamente a calificar de antijurídico el daño patrimonial consecuente” (se resalta).

En el mismo sentido, la Sala afirmó:

“Ahora bien, ocurre que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Decreto 2790 de 1990, para justificar la incautación de bienes vinculados a los procesos por los delitos previstos en el artículo 9º de dicho decreto(6), se exige la existencia de prueba sumaria sobre la vinculación del bien al delito:

‘ART. 53.—Los inmuebles, aviones, avionetas, helicópteros, naves y artefactos navales, marítimos y fluviales, automóviles, maquinaria agrícola, semovientes, equipos de comunicaciones y radio y demás bienes muebles, así como los títulos valores, dineros, divisas, depósitos bancarios, y en general los derechos y beneficios económicos o efectos vinculados a los procesos por los delitos a que se refiere el artículo 9º del presente decreto, o que provengan de su ejecución, quedarán fuera del comercio a partir de su aprehensión, incautación u ocupación, hasta que resulte ejecutoriada la providencia sobre entrega o adjudicación definitiva.

‘El superior de la unidad investigativa solo podrá ordenar la incautación u ocupación de bien mueble o inmueble cuando exista a lo menos prueba sumaria sobre su vinculación a delito de los mencionados en el artículo 9º de este decreto (…)” (se resalta).

“Por manera que la prueba sumaria exigida para justificar tal incautación en los términos del inciso segundo del Decreto 2790 de 1990, en realidad no existió, puesto que vino a consistir realmente en las inferencias elaboradas por los funcionarios que adoptaron tal medida, más que en la constatación de las circunstancias fácticas que al ser objetivamente valoradas hubieren podido resultar, por sí mismas, demostrativas del nexo que pudiere llegar a tener dicho vehículo con la actividad delictiva a la cual finalmente se le vinculó, pues, se insiste, la prueba de campo que en un principio determinó que las sustancias incautadas habrían de constituir o contener carbonato liviano —sustancia que habría de tener relación con alcaloides o ser precursora de los mismos— solo se surtió después de que los bienes fueron incautados”(7).

En reciente sentencia, la Sala consideró que el fundamento de la responsabilidad del Estado en este tipo de casos es el del daño especial. En efecto:

“Por consiguiente, la Sala estima que la imposición y subsistencia de la medida en contra de la parte demandante, consistente en la incautación del automotor por el término durante el cual se adelantó la investigación penal, sobrepasó la carga pública que estaban llamados a resistir los actores como consecuencia del ejercicio del ius puniendi por parte del Estado. Así ha discurrido la Subsección, al abordar el estudio de un caso similar:

‘En consecuencia, al haberse precluido el proceso penal en contra del señor Edberto Benavides, precisamente porque no se probó que el vehículo por él conducido estuviere siendo utilizado para el transporte de narcóticos y dado que la imposición y subsistencia de dicha medida, en el transcurso de más de un año durante el cual se adelantó la investigación penal, radicó, en suma, en la sospecha que en tal sentido tuvo en su momento el miembro del Comando de la Policía de Mocoa, se impone concluir que la incautación de dicho bien sobrepasó la carga pública que estaban llamadas a resistir las demandantes como consecuencia del ejercicio del ius puniendi por parte del Estado’”(8).

A la luz de la jurisprudencia anteriormente reseñada se tiene que la responsabilidad del Estado en casos de retención de automotores por supuesta violación de la Ley 30 de 1986, cuandoquiera que las investigaciones terminen con auto de preclusión de la investigación, encuentra su fundamento en el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas; es decir, en casos como el presente, el hecho de que el bien se retenga sin que se hubiere podido comprobar por las autoridades competentes la comisión de una conducta punible genera la responsabilidad patrimonial del Estado, puesto que se trata de una carga que los ciudadanos no están en la obligación jurídica de soportar.

3.2. El análisis de la responsabilidad de las entidades en el presente caso concreto.

Descendiendo las anteriores consideraciones al caso que ahora se examina, ha de tenerse en cuenta que si bien la detención del conductor del automotor y la retención del vehículo y de las sustancias allí contenidas se produjo porque, según la conducta del poseedor del vehículo automotor y la ausencia de documentos suficientes para justificar la proveniencia de aquellas, las autoridades consideraron que dichas sustancias podían constituir componentes de alcaloides o de estupefacientes y, por ende, la actuación podría llegar a enmarcarse dentro de las infracciones a la Ley 30 de 1986, lo cierto es que dentro de la investigación penal se pudo determinar técnicamente que las sustancias incautadas correspondían a cloruro de calcio, respecto del cual no existía ni existe limitación alguna para su transporte y comercialización.

En efecto, tal y como lo afirmó el fiscal de la unidad especializada en delitos de narcotráfico de la dirección regional de fiscalías de Oriente, encargado del caso, en el auto del 20 de marzo de 1996, mediante el cual se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra el señor Alcides Rodríguez Ramírez (fls. 56 a 59, cdno. 2):

“A pesar de ello, vemos que no existe hasta esta oportunidad procesal, prueba alguna de la materialidad de la conducta que se le imputa, pues pese a lo extraño de su comportamiento, si se quiere sospechoso, el resultado preliminar arrojado sobre la identificación técnica efectuada a las sustancias descubiertas, permite inferir que las mismas no hacen parte de aquellas relacionadas legal y reglamentariamente como objeto de control estatal por su uso en la elaboración de estupefacientes.

Específicamente, en inspección judicial con perito idóneo en esas materias, se concluyó que el material químico transportado consiste aparentemente en 120 bultos de 50 kilos c/u de cemento gris para construcción y 85 bultos de 25 kilos c/u que contienen cloruro de calcio. Sustancias que efectivamente no se encuentran incluidas en la larga lista de insumos y productos controlados por el Consejo Nacional de Estupefacientes (L. 30/86, art. 43, y Res. 9/97).

De esta forma, se tiene que no existe prueba o principio de prueba alguno que hasta el momento permita inferir la materialidad de la conducta atribuida. Con lo cual se concluye que no se reúnen los presupuestos legales para dar aplicación al artículo 388 del Código de Procedimiento Penal” (fl. 58, cdno. 2).

Por otro lado en el auto del 13 de febrero de 1997, el fiscal de la unidad de Ley 30/86 de la dirección regional de fiscalías de oriente declaró extinta la acción penal en el proceso 2067 (fls. 127 a 130, cdno. 2), por cuanto consideró que el transporte de las sustancias que hacían parte del cargamento encontrado en el automotor identificado con placas SW-2054 constituyó una conducta atípica; en efecto:

“De acuerdo a lo anterior, vemos hasta el momento que no tiene encuadramiento típico concreto que atribuya competencia a esta fiscalía regional la conducta del imputado, pues no se ha establecido el elemento ilegalidad que exige el artículo 43 de la Ley 30/86, que permita atribuirle la supuesta consumación de dicho tipo penal...

Efectivamente se observa que no existe norma legal alguna que prohíba a ningún ciudadano colombiano, que porte o transporte o conserve cloruro de calcio, así sea en una región donde se sabe que es un lugar de producción de estupefacientes, puesto que no se exige en ningún ordenamiento o norma legal vigente, autorización o permiso alguno de autoridad competente que obligue a su tenedor al registro de su utilización, adquisición, consumo, porte o transporte y en general posesión de tal sustancia.

Tampoco se vislumbra en el paginario prueba legalmente allegada de la real o efectiva utilización de esta sustancia, en algún laboratorio para el procesamiento de estupefacientes por parte del sindicado o el propietario simplemente surge la hipótesis de su futuro uso, lo cual no es viable atender, por tratarse de una inferencia originada de las dudas e incertidumbres, las cuales únicamente deben resolverse a favor del sindicado.

(…).

Estando así las cosas, no queda otra alternativa que aceptar la objetividad de los hechos por los que se sindica al señor Alcides Rodríguez Ramírez y de las disposiciones legales existentes sobre la materia en este caso, el factor de ilegalidad del cloruro de calcio, lo cual configura la atipicidad como causal de preclusión de la investigación, al tenor de lo previsto en el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal.

Como consecuencia de lo anterior el despacho considera viable la entrega definitiva del camión marca Ford, de placas SW2054, chasis B75J31-49979, modelo 53, tipo estacas al señor Manuel Antonio Cepeda con C.C. 19.257.915 de Bogotá, quien de manera legal ha demostrado su propiedad, así mismo se dispone devolver la totalidad de las sustancias que fueron incautadas con dicho vehículo a quien previamente de manera legal acredite ser su propietario” (resaltados son de la Sala, fl. 129, cdno. 2).

Así las cosas, la Sala puede afirmar, sin lugar a dudas, que realizados los análisis pertinentes por las autoridades competentes no se logró comprobar que las sustancias que hacían parte del cargamento del automotor retenido por la fiscalía correspondían a sustancias controladas en los términos de la Ley 30 de 1986, situación que llevó al fiscal encargado del caso a declarar la atipicidad de la conducta que dio lugar a la retención del bien inmueble, razón por la cual se encuentra comprometida la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada en el presente caso concreto.

En este orden de ideas, no son relevantes ni procedentes los argumentos de la parte demandada en el sentido de considerar que la conducta desplegada por sus funcionarios se ajustó en todo a las normas legales vigentes al momento de los hechos, por cuanto la responsabilidad de la conducta se deriva del hecho de la retención del automotor sin que se hubiera comprobado la existencia de una conducta punible, tal y como lo ha reiterado la Sala en las sentencias antes citadas.

Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia.

Ahora bien, respecto de la Rama Judicial no se encuentra argumento o razón alguna que le permita a la Sala declarar su responsabilidad puesto que las actuaciones que fueron objeto de esta demanda se realizaron por la Fiscalía General de la Nación, regional oriente.

4. La tasación de los perjuicios.

4.1. Los perjuicios materiales.

El actor pretende que, como consecuencia de la declaratoria de la responsabilidad de la entidad demandada por la retención del vehículo de su propiedad, se le condene al pago de los perjuicios materiales causados desde el momento de la retención el día 13 de marzo de 1996 hasta la entrega material del bien, realizada el 29 de mayo de 1997. Si bien la Sala accederá a la pretensión formulada por la parte actora en punto al reconocimiento de los perjuicios materiales, no lo hará a partir de la fecha de la retención del automotor por cuanto no se encuentra acreditada la propiedad del mismo a partir de dicho momento.

En efecto, con el fin de acreditar la propiedad del automotor en cuestión, se encuentran en el expediente las siguientes pruebas documentales:

— Copia auténtica del contrato de compraventa suscrito por Guillermo Romero Trujillo (vendedor) y Manuel Antonio Cepeda (comprador) respecto del vehículo de placas SW-2054, fechado el 4 de diciembre de 1993 (fl. 4, cdno. 2).

— Copia auténtica de la licencia de tránsito 94-649449, expedida el 4 de julio de 1996, correspondiente al automotor de placas SWB 054 (fl. 5, cdno. 2).

— Copia auténtica del oficio 1517 emitido por el Instituto de Tránsito y Transporte del Meta, el 26 de agosto de 1996(9), en la que se certificó que el propietario del automotor de placas SW 2054 es el señor José Sacramento Ardila (fl. 8, cdno. 2).

— Copia auténtica del formulario único nacional 93-3847685 mediante el cual se solicitó el traspaso del automotor de placas SW-2054 al señor Manuel Antonio Cepeda, con fecha de recepción el 4 de julio de 1996 (fl. 11, cdno. 2).

— Copia auténtica de unos recibos oficiales de caja 224244 y 219108, a nombre del señor José Sacramento Ardila, en los que consta el recibo de una suma dineraria por concepto de traspaso del vehículo de placas SWB054 y la expedición de una licencia de tránsito (fl. 12, cdno. 2), de fecha 4 de julio de 1996.

— Copia auténtica de la solicitud de entrega del vehículo objeto de esta controversia, elevada ante la dirección regional de fiscalías de oriente por el señor Manuel Antonio Cepeda, el día 3 de marzo de 1997(fl. 137 a 140, cdno. 2).

Para la Sala, la parte actora no acreditó de manera suficiente que el automotor objeto de esta controversia hubiere sido de su propiedad al momento de los hechos, por el contrario, de las pruebas allegadas al proceso se encuentra que el señor Manuel Antonio Cepeda se convirtió en propietario del bien a partir del 4 de julio de 1996, no obstante el hecho de que se hubiere firmado un contrato de compraventa cuyo objeto lo constituía el automotor en cuestión, el día 4 de diciembre de 1993.

La Sala se ha pronunciado sobre la prueba de la propiedad de los automotores; en una sentencia en la que se hizo un extenso estudio respecto del modo de adquirir el dominio de este tipo de bienes, se concluyó:

“Todo lo hasta ahora expuesto resulta de capital importancia para la resolución del asunto sub judice, pues en relación con el asunto tratado en este acápite pueden formularse las siguientes conclusiones:

(i) Si bien es cierto que el contrato de compraventa de vehículos automotores es consensual, comoquiera que no requiere de formalidad alguna para su perfeccionamiento, no lo es menos que la eficacia del mismo tanto frente a las autoridades públicas en materia de tránsito terrestre automotor como frente a terceros, pende del cumplimiento de la formalidad o solemnidad de la inscripción del negocio jurídico en el correspondiente registro, procedimiento este que se constituye, aún desde la normatividad expedida en 1970, en el modo a través del cual el título conduce a la transmisión de la propiedad en los negocios a los cuales no se aplica la legislación mercantil; una comprensión diferente, en virtud de la cual dicho registro tendría solamente propósitos de publicidad, no sólo contraviene el tenor literal de los preceptos que condicionan la eficacia del negocio a la realización del registro, sino también el espíritu mismo del sistema registral colombiano, construido a semejanza de los modelos alemán y austríaco —en los cuales el modo, el registro, resulta imprescindible para constituir o modificar el derecho real— y no del esquema consensual aplicado en Francia y en parte de la República italiana en esta materia;

(ii) En la medida en que el anotado registro tiene naturaleza claramente constitutiva y no meramente declarativa, tanto en materia civil como en materia comercial, desde los años 1970 y 1971, respectivamente, la tradición de este tipo de bienes solo se entiende surtida con la entrega material del automóvil y con la inscripción del título correspondiente en el registro nacional automotor, y

(iii) Como corolario de lo anterior, la propiedad o la realización de cualquier negocio jurídico que afecte un derecho real respecto de un vehículo automotor, solamente puede probarse con la acreditación tanto del título (contrato) como del modo (tradición tabular) del cual se deriva la calidad de propietario, usufructuario, acreedor pignoraticio, etcétera; las normas que expresamente establecen una tarifa legal de prueba en esta materia —D.L. 1250/70, arts. 43 y 44— excluyen la posibilidad de que las anteriores circunstancias puedan acreditarse mediante la sola aportación de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción, más allá de que el título o instrumento en cuestión solo surtirá efectos respecto de terceros —desde 1970, se insiste— después de efectuada la referida inscripción.

La especial naturaleza de los bienes de los que aquí se trata —vehículos automotores— siempre fue tenida en cuenta por el legislador nacional para expedir normas especiales que regularan el tráfico jurídico en la medida en que este involucrara la disposición de dicha clase de bienes, especialidad sustancial y normativa que, en consecuencia, excluye la aplicabilidad, a los negocios civiles que versaren sobre automotores, de lo preceptuado por el artículo 754 del Código Civil en punto a la tradición de cosas corporales muebles pues, como ampliamente se explicó, el sistema de registro colombiano, tradicionalmente y desde sus orígenes, ha asimilado al tratamiento dispensado a la propiedad inmueble en punto de las exigencias registrales, a los vehículos a motor. Lo dicho encaja perfectamente, por lo demás, con lo preceptuado por los artículos 749 y 759 del Código Civil, disposiciones cuyo tenor literal es el siguiente:

‘ART. 749.—Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas.

ART. 759.—Los títulos traslaticios de dominio que deben registrarse, no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho mientras no se haya verificado el registro en los términos que se dispone en el título del registro de instrumentos públicos’.

(…).

Trayendo al caso concreto las conclusiones arrojadas por los análisis efectuados en los apartados precedentes dentro del presente pronunciamiento, observa la Sala que el actor, al haber aportado solamente el referido contrato de compraventa calendado el 12 de septiembre de 1987, únicamente probó la celebración del negocio jurídico —título—, pero brilla por su ausencia en el plenario elemento demostrativo alguno que permita tener por acreditada la tradición del automóvil —modo—, requisito indispensable para probar la propiedad del bien decomisado y que debió acreditarse ora mediante la aportación del documento que diera cuenta de la realización del correspondiente registro —certificado de tradición del vehículo expedido por la autoridad administrativa competente—, ora allegando la licencia de circulación del automotor en cuestión, exigencia que, sin lugar a la menor hesitación, efectúa el ordenamiento jurídico colombiano desde el año 1970” (resaltados son de la Sala)(10).

A pesar de que al expediente se allegó copia auténtica del oficio 1517 emitido por el Instituto de Tránsito y Transporte del Meta, el 26 de agosto de 1996, en el cual se indicó que el señor José Sacramento Ardila era el propietario del automotor en cuestión para esa fecha (fl. 8, cdno. 2), el mismo oficio venía acompañado de una copia de un formulario de traspaso del bien a favor del señor Manuel Antonio Cepeda (fl. 11, cdno. 2), demandante en este proceso y de una copia de los recibos de caja en los cuales se indica el pago por parte del señor José Sacramento Ardila de los montos correspondientes al traspaso del dominio del automotor y de la expedición de una nueva licencia de tránsito (fls. 12 a 13, cdno. 2), fechados todos ellos el 4 de julio de 1996. De la misma manera, en el expediente obra copia auténtica de la licencia de tránsito 94-649449, correspondiente al automotor de placas SWB 054, expedida el 4 de julio de 1996, en la que aparece como propietario del vehículo el señor Manuel Antonio Cepeda (fl. 5, cdno. 2).

En este orden de ideas y a la luz del ordenamiento jurídico colombiano, el señor Manuel Antonio Cepeda solo se convirtió en propietario del automotor de placas SW-2054 (o, según la nueva nomenclatura, SWB-054) a partir del 4 de julio de 1996, por lo tanto, para la tasación de los perjuicios materiales se tendrá en cuenta esta fecha y no la de la ocurrencia de los hechos objeto de esta controversia.

La Sala estima procedente el reconocimiento de perjuicios materiales a título de lucro cesante, dado que a partir de la retención del automotor cesó la actividad económica que a través del bien ejercía su propietario.

En el dictamen pericial los expertos tasaron los ingresos mensuales que percibía el señor Manuel Antonio Cepeda en $ 2’600.000.oo mensuales por la explotación económica del vehículo (fl. 116, cdno. 1), prueba que no fue objetada por la parte demandada. Por lo tanto se tendrá en cuenta esta suma para efectos de determinar el monto de los perjuicios dinerarios alegados a título de lucro cesante.

 

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Se precisa que el exponencial (10.8) al cual se eleva la cifra dentro de la fórmula aritmética antes descrita, corresponde al número de meses trascurridos desde la fecha en que el señor Manuel Antonio Cepeda acreditó ser el propietario del automotor retenido (jul. 4/96) y la fecha en que el bien fue efectivamente entregado al demandante (mayo 29/97).

La anterior operación matemática arroja el siguiente monto:

S = $ 86’428.938

Por otro lado, la parte actora no acreditó dentro del expediente perjuicio material alguno a título de daño emergente, por lo tanto esta Sala no accederá a su reconocimiento.

4.2. Los perjuicios morales.

La parte actora solicitó la condena por concepto de perjuicios morales en la suma dineraria equivalente a mil gramos oro, por cuanto consideró que la retención de su automotor le causó “dolor, aflicción, congoja, angustia, tristeza, pesares presentes, pasados y futuros; daños y trastornos de la personalidad, malformaciones del carácter, etc.” (fl. 5, cdno. 1). La Sala debe reiterar, en esta oportunidad, que no es suficiente con que el demandante afirme haber sufrido un perjuicio moral, este debe ser acreditado en aquellos eventos en los que su existencia no se presume; en el presente caso, el actor no acreditó la existencia de su dolor, aflicción o congoja por los hechos objeto de esta demanda, como tampoco presentó pruebas de haber sufrido “trastornos de la personalidad o malformaciones del carácter”, razón por la cual, la Sala no accederá al reconocimiento de estos perjuicios en la condena.

5. Condena en costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Revócase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el día 10 de diciembre de 2002 y, en su lugar, dispónese lo siguiente:

“1. DECLARAR A LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL, administrativamente responsable por la retención ilegal del vehículo automotor de propiedad del demandante Manuel Antonio Cepeda.

2. CONDENAR A LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL, a pagar al actor la suma de $ 86’428.938 a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas”.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del febrero 9 de 2011, Exp. 17.490.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2009, Exp. 17.377.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009, Exp. 16.201.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, Exp. 16075, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(6) “ART. 9º—A los jueces de conocimiento de orden público corresponde conocer en primera instancia:

“(...).

11. De los procesos por los delitos contemplados en los artículos 32 y 33 de la Ley 30 de 1986, cuando la cantidad de plantas exceda de dos mil (2.000) unidades, la de semillas sobrepase los diez mil (10.000) gramos y cuando la droga o sustancia exceda de diez mil (10.000) gramos si se trata de marihuana, sobrepase los tres mil (3.000) gramos si es hachís, sea superior a dos mil (2.000) gramos si se trata de cocaína o sustancia a base de ella y cuando exceda los cuatro mil (4.000) gramos si es metacualona.

12. De los procesos por los delitos descritos en el artículo 34 de la Ley 30 de 1986, cuando se trate de laboratorios, o cuando la cantidad de droga almacenada, transportada, vendida o usada exceda de diez mil (10.000) gramos de marihuana, sobrepase los tres mil (3.000) gramos si se trata de hachís, sea superior a dos mil (2.000) gramos si es cocaína o sustancia a base de ella, o exceda los cuatro mil (4.000) gramos si se trata de metacualona.

13. De los procesos por los delitos descritos en los artículos 35 y 39 de la Ley 30 de 1986, y el aludido en el artículo 1º del Decreto 1198 de 1987”.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2011, Exp. 17490.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de enero de 2012, Exp. 18754.

(9) A pesar de que en este oficio del 26 de agosto de 1996, se indicó que el señor José Sacramento Ardila era el propietario del automotor en cuestión para esa fecha (fl. 8, cdno. 2), el mismo oficio venía acompañado de una copia de un formulario de traspaso del bien a favor del señor Manuel Antonio Cepeda (fl. 11, cdno. 2), demandante en este proceso y de una copia de los recibos de caja en los cuales se indica el pago por parte del señor José Sacramento Ardila de los montos correspondientes al traspaso del dominio del automotor y de la expedición de una nueva licencia de tránsito (fls. 12 a 13, cdno. 2), fechados todos ellos el 4 de julio de 1996. De la misma manera, en el expediente obra copia auténtica de la licencia de tránsito 94-649449, correspondiente al automotor de placas SWB 054, expedida el 4 de julio de 1996, en la que aparece como propietario del vehículo el señor Manuel Antonio Cepeda (fl. 5, cdno. 2).

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2009, Exp. 16837.